Sentencia 2011-00193 de abril 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-25-000-2011-00193-00(0667-11)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez

Actor: Amabiel de Jesús Bran Bran

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa.

El actor en el escrito de demanda, con base en los artículos 152 del Código Contencioso Administrativo y 238 de la Constitución Política, solicitó la suspensión provisional de los fallos disciplinarios acusados.

Dado que la mencionada suspensión no fue resuelta en el auto de admisión de la demanda, sin que el demandante se pronunciara sobre el particular, el proceso siguió su trámite con el auto que decreto pruebas y ordenó el traslado para alegar, siendo remitido al despacho por la secretaría de esta corporación a fin proferir sentencia.

Teniendo presente que, en esta oportunidad procesal, una decisión sobre la suspensión provisional no surtiría efecto alguno en la medida en que el expediente se encuentra a despacho para decidir en única instancia y de manera definitiva sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados, y a fin de evitar una dilación innecesaria del proceso contencioso administrativo, es procedente decidir de fondo la causa.

2.2. El problema jurídico.

Se trata de establecer si los fallos disciplinarios de 27 de febrero y de 19 de mayo de 2006, proferidos por la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia y la Procuraduría 111 Judicial Penal de Medellín, que impusieron al demandante sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de 11 años, vulneraron su derecho al debido proceso en cuanto a la garantía del juez natural y el in dubio pro disciplinado.

2.3. Los actos demandados.

a) Fallo de primera instancia, Resolución 2 de 27 de febrero de 2006, proferida por la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia, que impuso al demandante sanción de destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de 11 años.

b) Fallo de segunda instancia de 19 de mayo de 2006, proferido por la Procuradora 111 Judicial Penal de Medellín, que confirmó la sanción impuesta al demandante.

2.4. Lo probado en el proceso.

2.4.1. De folios 441 a 492 del cuaderno principal, obra Auto 26 de 2 de marzo de 2004, proferido por Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, por el cual, se abrió investigación disciplinaria en contra del demandante por la queja interpuesta por el Contralor General de Antioquia, en la cual, se hacía alusión a presuntas irregularidades relacionadas con: a) la contratación de la recolección y tratamiento de basuras realizada con la cooperativa Coopisan; b) la celebración de los convenios interadministrativos 4742 y 4723 con la cooperativa Coomunicipios; y c) la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales, desde el 1º al 31 de enero de 2002 sin que se justificara la labor contratada.

2.4.2. A folio 20 del cuaderno principal, obra diligencia de versión libre del demandante, de fecha 3 de junio de 2004, en la cual, respecto de la queja presentada por la Contraloría General de Antioquia, expuso que: a) adjudicó varios contratos a la empresa Coopisan para la recolección de basuras en el municipio de Santa Fe de Antioquia, dado que esta gozaba de buena reputación y contaba con todos los requisitos e instrumentos para prestar el servicio; b) el manejo de basuras por ser un tema de salud pública requería atención inmediata, por lo tanto, los contratos se hicieron sin proceso de selección, pero mediante contratación directa de conformidad con la Ley 80 de 1993; c) en la administración municipal de los años 1998 a 2000 se elaboraron dos proyectos para la construcción del acueducto El Tunal y la urbanización Llano de la Mesa (hoy llamada Guillermo Gaviria Correa), y durante su periodo como alcalde, hizo la gestión nacional y departamental correspondiente, en consecuencia firmó los convenios 4742 y 4723 de 2002 con la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia, Coomunicipios, para la ejecución de aquellos proyectos, aclarando que para esa época no estaba en vigencia el Decreto 2170 de 2002, entonces, los convenios se firmaron bajo la Ley 80 de 1993, d) como alcalde municipal tuvo como asesor jurídico al Dr. Miguel Alejandro Paneso, para que atendiera los casos que se encontraban en los juzgados y lo asesora en todos los aspectos jurídicos.

2.4.3. A folio 23 del cuaderno principal, obra auto de 10 de mayo de 2005 de la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia, por el cual se profirió pliego de cargos en contra del actor, por haber vulnerado el numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993(8) —obligación de escoger los contratistas a través de licitación o concurso público—, y los artículos 17, 18 y 71 del Decreto 111 de 1996(9) —violación del régimen de apropiación presupuestal—.

2.4.4. De folios 95 a 96 del cuaderno principal, obra auto de 11 de enero de 2006, expedido por la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia, que corrió traslado a las partes para que presenten sus alegatos por escrito. Esta providencia fue notificada a través de estado de 12 de enero de 2006.

2.4.5. De folios 49 a 94 del cuaderno principal, obra fallo de primera instancia, Resolución 2 de 27 de febrero de 2006, proferida por la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la cual, absolvió al demandante por el cargo de violación del régimen de apropiación presupuestal y lo sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar funciones públicas por el término de 11 años, por haber realizado contratos sin que mediara proceso de licitación. Esta providencia fue notificada al actor el 30 de marzo de 2006.

2.4.6. De folios 66 a 97 del cuaderno principal, obra fallo de segunda instancia de 19 de mayo de 2006, proferido por la Procuradora 111 Judicial Penal - Regional Antioquia, en el cual, se confirmó la sanción impuesta en el fallo de primera instancia. Esta providencia fue notificada personalmente al demandante el 5 de junio de 2006.

III. Análisis de la sala

3.1. Sobre las excepciones.

La excepción de “inexistencia de causa”, en la cual se argumenta que los actos demandados se encuentran ajustados a la legalidad, por cuanto al actor no se le vulneró norma constitucional o derecho fundamental alguno, llevan la discusión al problema jurídico principal que exige al juzgador determinar si los cargos planteados por el demandante anulan la presunción de legalidad de los fallos disciplinarios acusados, siendo necesario el estudio de los argumentos de la acusación presentados en la demanda.

En este orden de ideas, la referida excepción de fondo, no fue estructurada como un verdadero medio de defensa procesal que permita enervar las pretensiones de la demanda sin tener que entrar al estudio de los cargos, sino que deben tomarse como parte del razonamiento de la defensa al analizar los argumentos del demandante, es decir, al momento de resolver el problema jurídico.

Lo anterior no quiere decir que la Sala desechará u omitirá el estudio de los razonamientos expuestos por la entidad demandada en esta excepción, sino que por las razones indicadas, serán objeto de estudio al resolver los cargos planteados por el demandante.

Respecto de la denominada excepción genérica, no se observa hecho o circunstancia alguna que permita enervar las pretensiones del libelo y omitir el estudio de los cargos de la demanda.

En atención a lo expuesto la Sala declarará no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

3.2. Los cargos del demandante.

3.2.1. Sobre la violación del juez natural.

El demandante argumenta que en el proceso disciplinario se le violó el principio del juez natural, por cuanto: a) el fallo de primera instancia fue proyectado por un funcionario del despacho de la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, que no tenía competencia para ello; y b) no hay constancia en el expediente de que la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia que firmó tal providencia, haya revisado previamente el proveído como era su deber.

La garantía del juez natural en materia disciplinaria implica que el juzgamiento de las conductas tipificadas como falta será efectuado, independiente de la persona o institución en concreto, por los funcionarios y órganos que tienen competencia disciplinaria.

De conformidad con el artículo 76, numeral 1º, literal a), del Decreto 262 de 2000, las procuradurías distritales y provinciales, dentro de su circunscripción territorial, tienen entre sus funciones, conocer en primera instancia, salvo que la competencia esté asignada a otra dependencia de la procuraduría, los procesos disciplinarios que se adelanten contra los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento.

En virtud de lo anterior y dado que la falta imputada al señor Amabiel de Jesús Bran Bran fue cometida cuando se desempeñaba como Alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, entidad territorial que no es capital de departamento, la competencia para conocer en primera instancia del proceso disciplinario adelantado en su contra radicaba en la Procuradora Provincial de Antioquia Santa Fe de Antioquia.

De las pruebas que obran en el expediente, se desprende que la primera instancia de la investigación adelantada contra el demandante fue realizada por la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia y las piezas procesales del trámite disciplinario, a saber, el auto de apertura de investigación disciplinaria (fls. 17 a 19), el pliego de cargos (fls. 23 a 45) y el fallo de primera instancia (fls. 49 a 65) fueron suscritas por la titular del despacho(10).

En ese sentido, ningún defecto se observa en relación con la competencia de primera instancia del fallador disciplinario, pues el titular del mencionado despacho desde el inicio de la investigación dirigió la misma y la finalizó con la decisión de sanción correspondiente sobre la cual obra la firma del quien para ese momento obraba como procuradora provincial.

Ahora bien, el hecho de que el fallo disciplinario de primera instancia haya sido proyectado por un funcionario del despacho de la procuradora provincial, a saber, un profesional universitario grado 17, como puede leerse al final de la referida providencia, de manera alguna afecta la garantía del juez natural, pues este servidor público obró en cumplimiento de sus funciones legales, encargándose de adelantar gestiones de preparación y colaboración para la toma de la decisión final, sin que de ninguna manera puede entenderse que es el responsable de las providencias expedidas y menos aún el director de la investigación disciplinaria que culminó con la sanción impuesta al demandante.

En atención a lo probado en el proceso(11) el señor Emilio José García Jiménez, quien proyectó el fallo de primera instancia, se desempeñaba en la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia como profesional universitario grado 17. De conformidad con el artículo 13 de la Resolución 450 de 12 de diciembre de 2000 proferida por el Procurador General de la Nación(12), tenía entre sus funciones la de “Adelantar las investigaciones disciplinarias desde su inicio hasta el proyecto de fallo de primera instancia”.

En ese orden de ideas, no le asiste razón al demandante en los argumentos del cargo estudiado, pues no solo quien tomó la decisión en primera instancia era el competente para hacerlo —la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia—, sino que el servidor público que proyectó la misma —el profesional universitario grado 17 adscrito a ese despacho— actuó en ejercicio de las funciones que el ordenamiento jurídico le confería, más aun cuando obra en el expediente prueba de las comisiones escritas otorgadas por el titular del despacho para tal labor.

Si bien, el demandante argumenta que el mencionado profesional universitario habría perdido la competencia para realizar la proyección del fallo de primera instancia, en la medida en que no fue comisionado expresamente para tal diligencia por la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia que firmó la providencia de primera instancia, a saber la doctora Liliana Clara Sierra, tal razonamiento cae por su propio peso en la medida en que, como se expuso previamente, el referido funcionario al estar adscrito al mencionado despacho realizaba tal labor en razón de las competencias asignadas por el manual de funciones de la Procuraduría General de la Nación —Res. 450 de 2000—.

Finalmente, la afirmación del demandante relacionada con la falta de revisión del proyecto de fallo de primera instancia por parte del titular del despacho de la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, no pasa de ser más que una mera especulación, en la medida en que no aporta elemento probatorio alguno que demuestre su dicho. Por el contrario la firma sobre el fallo en cuestión por parte del titular del despacho hace presumir necesariamente el conocimiento y revisión de dicha providencia. Por lo anterior el cargo es infundado.

3.2.2. Sobre la violación al derecho de defensa por indebida notificación del auto de traslado a alegatos.

Como fundamento de este cargo el libelista señala que el fallador disciplinario de primera instancia erradamente notificó por edicto(sic) el auto que dio traslado a alegatos, omitiendo el trámite previo de envío de una comunicación anunciado la existencia de la mencionada providencia. Según el actor, esta falla en la publicación del referido auto le impidió conocer a tiempo el terminó otorgado por el investigador disciplinario para presentar alegatos y en consecuencia el ejercicio de tal derecho.

El Código Disciplinario Único —L. 734/2002— señala que la notificación de las decisiones disciplinarias puede ser personal, por Estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente (art. 100)(13), y circunscribe la notificación personal a los autos de apertura indagación preliminar, de investigación disciplinaria, de pliego de cargos y al fallo (art. 101)(14).

Así mismo, la referida normatividad indica que para la notificación de las decisiones interlocutorias (art. 103)(15), a más tardar al día siguiente de proferidas, debe librarse una comunicación con destino a la persona que deba notificarse, y si aquella no se presenta en la secretaría del despacho dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá la notificación por estado o edicto, según sea el caso.

Ahora bien, el auto que ordena la apertura de la etapa de alegatos dentro del proceso disciplinario, no se encuentra expresamente señalado en el artículo 101 del Código Disciplinario Único, para efectos de notificación personal; en consecuencia a dicha providencia, no le es aplicable el artículo 103 —notificación de decisiones interlocutorias— de la misma normatividad, en la medida en que, este hace alusión al trámite necesario para agotar dicha forma de notificación.

Adicionalmente, el trámite señalado en el artículo 103 del Código Disciplinario Único, al que hace alusión el actor, indicando que fue pretermitido al momento de la notificación del auto de apertura a alegatos, no es aplicable a dicho evento, en la medida en que tal providencia es de sustanciación, es decir no tiene naturaleza interlocutoria.

Lo anterior dado que las decisiones interlocutorias son aquellas que deciden asuntos esenciales y primordiales del proceso(16), y en contraposición, las de sustanciación son consideradas como simples actos de impulso o trámite procesal(17).

En este orden de ideas, dentro del proceso disciplinario el auto que da traslado alegatos de conclusión a los sujetos procesales, solo debe notificarse por estado, en la forma establecida por el artículo 105 del Código Disciplinario Único, que remite al Código de Procedimiento Civil (art. 321)(18), sin que sea aplicable el trámite previo de comunicación propio de las decisiones interlocutorias o el agotamiento de procedimiento diferente alguno(19).

De las piezas procesales allegadas al expediente —fallo de primera instancia—(20), así como del dicho del demandante(21) se observa que la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, mediante auto de 11 enero de 2006 dio traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, notificando dicha providencia por estado el día 12 del mismo mes y año, con lo cual, de acuerdo a lo señalado en líneas previas, el operador disciplinario de primera instancia se ajustó a la normatividad aplicable. En virtud de lo expuesto el cargo debe ser desechado.

3.2.3. Sobre la falta de certeza para proferir fallo sancionatorio y la violación al principio in dubio pro disciplinado.

A juicio del demandante, el fallador de primera instancia omitió dar aplicación al artículo 142 del Código Disciplinario Único, en cuanto a la aplicación del principio in dubio pro disciplinado. Esto dado que, en la referida providencia se plasmó una frase que dejó ver la existencia de duda sobre la culpabilidad del investigado, la cual debía ser resuelta a favor del disciplinado con fallo absolutorio.

El artículo 9º de la Ley 734 de 2002(22), aplicable al caso de autos en razón de la época en que fue cometida la falta imputada al demandante, señala que toda duda razonable debe resolverse a favor del disciplinado cuando no haya modo de eliminarla.

Una expresión de lo anterior es el denominado principio in dubio pro disciplinado que emana de la presunción de inocencia, pues implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

En ese sentido para la aplicación del referido principio la duda que se observe en el trámite sancionatorio debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso(23), pues mal se haría en aducirla cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que el encartado es responsable de los hechos que se le imputan.

Bajo las consideraciones precedentes, sin que sea procedente en este momento realizar una nueva valoración probatoria, toda vez que esta no es la instancia adecuada para ello y los argumentos del demandante no están encaminados en ese sentido pues el fundamento de su acusación radica únicamente en una frase utilizada por el fallador sancionatorio(24), es evidente que para la autoridad disciplinaria la prueba recaudada en el proceso sancionatorio que terminó con la imposición de la sanción, fue suficiente para eliminar toda “duda razonable” respecto de la responsabilidad del demandante en los hechos investigados.

El cúmulo de evidencia recaudada —entre estas la versión libre del disciplinado— uniformemente indicaron al fallador disciplinario que el demandante ostentando la calidad de Alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, ordenó verbalmente a la cooperativa “Coopisan” la recolección y tratamiento basuras de dicho municipio y luego suscribió con esta de manera directa contratos sin acudir al proceso de licitación que para tales efectos consagra el estatuto de contratación estatal —L. 80/93—.

En este orden de ideas, la duda deprecada y la aplicación el principio in dubio pro disciplinario no tuvo sustento en el trámite sancionatorio ni lo tiene en esta instancia judicial, más allá del dicho general y disperso del demandante, el cual no es suficiente para enervar la presunción de legalidad y acierto que ampara la sanción.

Si bien al demandante le asiste el derecho a disentir de la sanción disciplinaria proferida en su contra así como de las razones en los cuales se sustentó, a fin de presentar una interpretación de los hechos y la evidencia favorable a sus intereses, esto no pasa de ser una simple apreciación subjetiva que no tiene la virtud de lograr la anulación de los actos administrativos demandados, motivo por el cual el cargo bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.

Corolario de lo expuesto y de conformidad con las documentales que obran en el expediente, se concluye que el demandante infringió las normas disciplinarias; en consecuencia, los fallos que le impusieron la sanción cuya nulidad demanda en el sub-lite, deben mantenerse, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda incoada por el señor Amabiel de Jesús Bran Bran contra la Procuraduría General de la Nación.

DECLARÁNSE, no probadas las excepciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente».

(8) Dado que la cooperativa Coopisan, desde el 1º de enero hasta el 25 de marzo de 2003, prestó los servicios de recolección y tratamiento de basuras, sin contrato y sin que existiera el respectivo proceso de selección.

(9) Los pagos efectuados en desarrollo de los contratos 4, 5 y 2 de 2001, que se hicieron con recursos que se encontraban destinados para otros fines.

(10) El auto de apertura de investigación disciplinaria de 2 de marzo de 2004, fue suscrito por la Procuradora Provincial de Antioquia, doctora Gudiela Duque Giraldo. El pliego de cargos de 10 de mayo de 2005 fue suscrito por el Procurador Provincial de Santa Fe de Antioquia (E), doctor Faustino Álvarez Esquea. El fallo de primera instancia de 27 de febrero de 2006 fue suscrito por la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia doctora Liliana Claros Guerra.

(11) En el expediente obran comisiones otorgadas por la Procuradora Provincial de Santa Fe de Antioquia, al doctor Emilio José García Jiménez, profesional universitario grado 17, adscrito a dicha dependencia, para que evalúe las diligencias y proyecte las providencias que sean del caso. Ver folios 46 y 51 del cuaderno principal.

(12) Por la cual el Procurador General de la Nación adoptó el manual de funciones y requisitos específicos de los empleos de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación.

(13) Ley 734 de 2002, artículo 100. Formas de notificación. La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser: personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

(14) Ley 734 de 2002, artículo 101. Notificación personal. Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.

(15) Ley 734 de 2002, artículo 103. Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si esta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos. En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.

(16) Diccionario Jurídico Colombiano. Bohórquez Botero, Luis Fernando. Editorial Jurídica Nacional. Pág. 95. Citando al Dr. Hernando Devis Echandía. “El Dr. Hernando Devis Echandía explica: “son autos interlocutorios los que contienen alguna decisión judicial sobre el contenido del asunto litigioso que se investiga y que no corresponde a la sentencia, o que resuelven alguna cuestión procesal que puede afectar los derechos de las partes o la validez del procedimiento, es decir, que no se limitan al mero impulso procesal o gobierno del proceso. Son ejemplos los autos que resuelven un incidente o admiten o rechazan la demanda, o determinan la personería de alguna de las partes o de sus representantes, o niegan el decreto o práctica de una prueba, o señalan una caución, o decretan embargos, o desembargos, o admiten la intervención de un tercero o la rechazan”.

(17) Diccionario Jurídico Colombiano. Bohórquez Botero, Luis Fernando. Editorial Jurídica Nacional. Pág. 95. Citando al Dr. Hernando Devis Echandía. “El Dr. Hernando Devis Echandía explica: Los autos de sustanciación son los que se limitan a disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso progresivo a la actuación; se refieren a la mecánica del procedimiento, a impulsar su curso, ordenar copias y desgloses, citaciones y actos por el estilo”.

(18) Código de Procedimiento Civil, artículo 321. “Notificaciones por estado. La notificación de los autos que no deba hacerse personalmente, se cumplirá por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. La inserción en el estado se hará pasado un día de la fecha del auto, y en ella ha de constar: 1. La determinación de cada proceso por su clase. 2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte, bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión: y otros. 3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. 4. La fecha del estado y la firma del secretario. El estado se fijará en un lugar visible de la secretaría y permanecerá allí durante las horas de trabajo del respectivo día. De las notificaciones hechas por estado el secretario dejará testimonio con su firma al pie de la providencia notificada. De los estados se dejará un duplicado autorizado por el secretario; ambos ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel”.

(19) Corrobora la anterior conclusión, la modificación introducida al artículo 105 del Código Disciplinario Único, por el estatuto anticorrupción —L. 1474/2011—, la cual, si bien por la época en que fue fallado el asunto —año 2006— no era aplicable, deja clara la intención del legislador de disponer la notificación por estado del auto que ordena el traslado a alegatos de conclusión. Para los efectos se transcribe la norma en mención:

Ley 734 de 2002, artículo 105. Notificación por estado. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil. “<Inciso adicionado por el artículo 46 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegatos de conclusión”.

(20) Ver folio 55 del expediente, fallo disciplinario de primera instancia.

(21) Ver folio 9 del expediente, escrito de demanda: “Veamos, como la procuraduría le violó dicho derecho: en enero 11 de 2006 se dio traslado para alegar y se dijo que el expediente quedará a disposición de los sujetos procesales por el término de 10 días hábiles. Se ordena notificar y lo hacen por medio de un estado, fijado el 12 de enero de 2006”.

(22) En el mismo sentido puede verse la Ley 734 de 2002 invocada por el demandante. Ley 734 de 2002, artículo 9º. “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla” (resaltado fuera de texto).

(23) Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996. Ver también, Lingüística Forense, Lengua y Derecho: Conceptos, Métodos y Aplicaciones. Series Monográficas 8. Editado por M. Teresa Turell. Barcelona 2005. Pág. 57; Relativismo y Racionalidad. Autores varios. Editado por Luis Eduardo Hoyos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá - Colombia 2005. Pág. 161.

(24) Fallo disciplinario de primera instancia: “Alcalde Popular de Santa Fe de Antioquia 2001 -2003, dirigió su voluntad el 25 marzo 2003 a suscribir los contratos de prestación de servicios 4, 5, 6 y 7 de 2003, con una vigencia hasta el 31 marzo 2003, lo cual no deja duda que fueron suscritos con la intención de adjudicar el cumplimiento de un objeto contractual que ya se había agotado, cumplido, desarrollado, y adjudicado a voluntad, al simple capricho de la administración, sin agotar el correspondiente proceso de selección que entre el uno de enero y el (sic) de marzo 2003, no obstante el disciplinado tenía pleno conocimiento de que debía votar un proceso de selección para adjudicar el correspondiente contrato, así lo quiso y determinó su voluntad a suscribir los diferentes contrato de prestación de servicios, dando lugar a que la presunta falta disciplinaria endilgada al señor Bran Bran pudo haber sido cometida bajo la modalidad de dolo”. Folio 62 del expediente.