Sentencia 2011-00201 de octubre 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001 03 25 000 2011 00201 00 (0675-2011)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Ariel de Jesús Sánchez Mosquera

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Única instancia - autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones del Consejo de Estado

1. Competencia.

El presente asunto es competencia en única instancia del Consejo de Estado en virtud del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, porque se controvierte una sanción disciplinaria administrativa impuesta al señor Alfonso Romero Cárdenas por la Procuraduría General de la Nación, consistente en la destitución del cargo de docente e inhabilidad general por doce años, pretensión que no implica cuantía(59).

2. Problemas jurídicos a resolver.

La demanda de la referencia plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos:

2.1. ¿Se violó el derecho al debido proceso del señor Sánchez Mosquera cuando el inspector delegado especial de la dirección general de la Policía Nacional (a) se abstuvo de reconocer en forma instantánea la personería de la apoderada sustituta Eliana Sandoval, y (b) se abstuvo de resolver la solicitud de aclaración interpuesta por esta abogada, en su lugar dando trámite al recurso de apelación posteriormente interpuesto por el apoderado original?

2.2. ¿Se violó el derecho al debido proceso del señor Sánchez Mosquera por la aludida insuficiencia de las pruebas con base en las cuales se le sancionó?

2.3. ¿Se dio una interpretación jurídica errónea al tipo disciplinario consagrado en el artículo 48-42 de la Ley 734 de 2002, al haberse asumido que el tráfico de influencias es una falta de mera conducta, y no de resultado?

2.4. ¿Se violó el debido proceso del señor Sánchez Mosquera por la forma como se contabilizó el término de traslado para presentar alegatos de conclusión, dándole aplicación al Código de Procedimiento Civil en una materia que tiene regulación expresa en el Código Disciplinario Único?

2.5. ¿Se violó el debido proceso del señor Sánchez Mosquera por el hecho de que el fallo disciplinario de primera instancia supuestamente no acogió algunas de las “directrices” trazadas por el director general de la Policía Nacional al haber anulado, con anterioridad, parte de las actuaciones procesales?

Antes de proceder a la resolución de estos problemas jurídicos, considera pertinente la Sala detenerse a precisar su postura sobre la naturaleza jurídica de los actos mediante los cuales se ejerce la potestad disciplinaria de la administración pública en sus ámbitos interno y externo, y sobre el alcance del control jurisdiccional al que dichos actos están sujetos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3. La naturaleza de los actos disciplinarios y su sujeción plena a control jurisdiccional.

3.1. El control disciplinario como manifestación por excelencia de la función administrativa.

La potestad disciplinaria constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción misma, a más de su ejercicio, deben estar orientados a garantizar la materialización de los principios propios del Estado social de derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las autoridades(60). El ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, por tanto, se orienta a asegurar la apropiada gestión de la administración pública para que esta pueda materializar los fines estatales para cuya consecución fue creada. De allí que el derecho disciplinario, según ha explicado la Corte Constitucional, “busca entonces la buena marcha y el buen nombre de la administración pública y por ello sus normas se orientan a exigir ‘... a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones’(61). Por ello ha precisado la jurisprudencia, que el derecho disciplinario ‘... está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan’(62)(63).

Existen dos grandes ámbitos de ejercicio de la potestad disciplinaria: el ámbito interno de la propia administración pública, y el ámbito externo del control preferente por la Procuraduría General de la Nación. El ámbito natural y originario de la potestad disciplinaria es, evidentemente, el interno, puesto que se trata de una potestad implícita en la definición misma del aparato administrativo estatal diseñado por el constituyente(64). Ahora bien, el ámbito externo —y excepcional— es el del organismo autónomo establecido por la Carta Política para cumplir con esta trascendente función.

3.2. La naturaleza administrativa de las funciones y actos disciplinarios, tanto de la administración pública como de la Procuraduría General de la Nación­.

Para el Consejo de Estado resulta indudable que los actos de control disciplinario adoptados por la administración pública y por la Procuraduría General de la Nación, es decir, aquellos actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria en sus ámbitos interno y externo, constituyen ejercicio de función administrativa, y por lo tanto son actos administrativos sujetos al pleno control de legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contencioso administrativa. No se trata de actos que manifiesten la función jurisdiccional, ni mucho menos de una función sui generis o nueva del Estado, sino —se reitera con énfasis— de actos administrativos que tienen, por definición, control judicial. La única excepción a la naturaleza administrativa de los actos de la Procuraduría es la que indica la propia Constitución en su artículo 277, inciso final, según el cual “para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial”. Según lo ha explicado sin ambigüedades la Corte Constitucional, es una excepción de interpretación restrictiva, aplicada a un tema muy específico y particular(65).

3.3. El control ejercido por la jurisdicción contencioso administrativa es pleno y no admite interpretaciones restrictivas.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa sobre los actos administrativos disciplinarios proferidos por la administración pública o por la Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que se plantee expresamente en la demanda, ni por interpretaciones restrictivas de la competencia de los jueces que conforman la jurisdicción contencioso administrativa.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (C.N., art. 228) y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (C.N., art. 4º), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

Esta postura judicial de control integral del respeto por las garantías constitucionales contrasta abiertamente con la posición doctrinal y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, de conformidad con la cual las atribuciones del juez contencioso administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes recurren a la justicia, posición —hoy superada— que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada en lo contencioso administrativo. Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda - Subsección “B” de esta Corporación, recurriendo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y dando aplicación directa a los mandatos de la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades garantistas del juez contencioso administrativo en materia de control de las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el principios de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos establecidos en la Constitución(66).

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso administrativo no puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance(67).

El hecho de que el control que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa sobre los actos disciplinarios es un control pleno e integral, resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa —en nulidad o nulidad y restablecimiento— son, en principio, los medios judiciales idóneos para proteger los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable —que por regla general no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría—. Se puede consultar a este respecto la Sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más que meramente formal por la jurisdicción contencioso administrativa sobre estos actos administrativos.

La postura seguida consistentemente en la jurisprudencia del Consejo de Estado revela que en la inmensa mayoría de los casos esta corporación ha entrado a valorar de fondo, en el contencioso de nulidad y restablecimiento, tanto las actuaciones procesales como las pruebas mismas obrantes en el proceso disciplinario y el razonamiento jurídico y probatorio de la Procuraduría o de las autoridades disciplinarias. Incluso en las mismas pocas sentencias en las que el Consejo de Estado ha dicho enfáticamente que no es una tercera instancia disciplinaria, asumiendo una posición que en principio podría leerse como más restrictiva sobre el alcance de sus propias competencias, en últimas ha entrado de todas formas a analizar de fondo la prueba y su valoración porque se alega que se desconocieron garantías procesales de importancia fundamental. En todos estos casos, el Consejo de Estado se pronuncia de fondo en detalle y proveyendo pautas jurídicas detalladas para justificar su razonamiento. Así que una lectura restrictiva del alcance del control jurisdiccional tampoco encuentra sustento en la jurisprudencia previa del Consejo de Estado, que se ha centrado, al afirmar que no es una tercera instancia, en delinear la especificidad propia del control jurisdiccional, diferenciándola del ejercicio de la función administrativa disciplinaria pero sin restringir su alcance, y por el contrario efectuando en esos casos concretos un control integral de las decisiones de las autoridades disciplinantes a la luz de la Constitución.

En efecto, en reiterados pronunciamientos el Consejo de Estado ha aclarado que el proceso contencioso administrativo no puede constituir una tercera instancia para reabrir el debate probatorio que se surtió en el proceso disciplinario. No obstante, se resalta, esta jurisprudencia no puede ser interpretada en el sentido de limitar las facultades de control del juez contencioso administrativo, ni de impedirle realizar un examen integral de las pruebas con base en las cuales se adoptaron las decisiones administrativas disciplinarias sujetas a su control. Por el contrario, el sentido de estos pronunciamientos del Consejo de Estado es que el debate probatorio en sede jurisdiccional contencioso administrativa debe ser sustancialmente distinto y contar con elementos valorativos específicos, de raigambre constitucional, que son diferentes a los que aplica la autoridad disciplinaria. No es que al juez contencioso administrativo le esté vedado incursionar en debates o valoraciones probatorias, sino que los criterios de apreciación con base en los cuales puede —y debe— acometer la valoración de las pruebas son sustancialmente diferentes, y se basan en los postulados de la Constitución Política.

En este sentido, el Consejo de Estado ha subrayado, y desea enfatizar en la presente providencia, que la diferencia fundamental que existe entre la actividad y valoración probatoria del fallador disciplinario, y la actividad y valoración probatoria del juez contencioso administrativo —en virtud de la cual el proceso judicial contencioso no puede constituir una tercera instancia disciplinaria—, no implica bajo ninguna perspectiva que el control jurisdiccional de las decisiones disciplinarias sea restringido, limitado o formal, ni que el juez contencioso carezca de facultades de valoración de las pruebas obrantes en un expediente administrativo sujeto a su conocimiento; y también ha explicado que el control que se surte en sede judicial es específico, y debe aplicar en tanto parámetros normativos no solo las garantías puramente procesales sino también las disposiciones sustantivas de la Constitución Política que resulten relevantes.

Se concluye, pues, que no hay límites formales para el control judicial contencioso administrativo de los actos administrativos proferidos por las autoridades administrativas disciplinarias y la Procuraduría General de la Nación, salvo aquellos límites implícitos en el texto mismo de la Constitución y en las normas legales aplicables. Las argumentaciones de la Procuraduría a través de sus representantes y apoderados que puedan sugerir lo contrario —v.gr. que el control judicial es meramente formal y limitado, o que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría tienen naturaleza jurisdiccional— no son de recibo por ser jurídicamente inaceptables y conceptualmente confusas.

4. Aludida violación del debido proceso por la falta de reconocimiento instantáneo de la abogada sustituta, y la falta de respuesta a su solicitud de aclaración.

Argumenta el abogado del señor Sánchez Mosquera que se violó el derecho al debido proceso de su cliente cuando el inspector delegado especial de la dirección general de la Policía Nacional (a) se abstuvo de reconocer en forma instantánea la personería de la apoderada sustituta Eliana Sandoval, y (b) se abstuvo de resolver la solicitud de aclaración interpuesta por esta abogada pocas horas después de presentar la sustitución de poder, en su lugar dando trámite al recurso de apelación interpuesto posterior y súbitamente por el apoderado original.

Para determinar si en efecto se presentó tal violación al debido proceso, es procedente recapitular brevemente la actuación del señor abogado Miguel Arcángel Villalobos y de la apoderada sustituta Eliana Sandoval, los días 4 y 5 de agosto de 2008:

(1) El 4 de agosto de 2008, el señor Miguel Arcángel Villalobos sustituyó el poder que había recibido del señor Sánchez Mosquera ante la Secretaría de los Juzgados Administrativos de Bogotá, en la abogada Eliana Patricia Sandoval.

(2) La abogada Sandoval radicó el poder sustituto ante la secretaría de la Inspección Especial Delegada el mismo 4 de agosto de 2008 a las 16:44 horas. No se hizo reconocimiento de su personería ni se libró acta de posesión en ese momento, pero se le recibieron los documentos en la Inspección, para trámite.

(3) El día siguiente, 5 de agosto de 2008, a las 08:50 horas, la abogada Sandoval presentó ante la Inspección Especial Delegada un escrito con una “solicitud de aclaración” del fallo disciplinario, anexando al mismo una copia del poder de sustitución ya radicado la tarde anterior. Como se indicó, no se trata en términos sustantivos de una solicitud de aclaración, sino de un recurso contra el fallo, en el que se presentan distintos argumentos de fondo para oponerse a la sanción y pedir su modificación, sin pedir que se aclare como tal aspecto alguno de la decisión.

(4) El mismo 5 de agosto de 2008, a las 14:47 horas, el abogado Miguel Arcángel Villalobos, reasumiendo el poder, presentó recurso de apelación contra el fallo disciplinario, encabezándolo con una “petición especial” consistente en que antes de conceder el recurso de apelación, el despacho respondiera a la solicitud de aclaración presentada por la abogada Eliana Sandoval, y que se notificara esta decisión de acuerdo a los artículos pertinentes del Código Disciplinario Único, luego de lo cual pedía se concediera el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

(5) El 7 de agosto de 2008, la Inspección Delegada Especial aceptó el recurso de apelación, y negó su “petición especial” explicando que “en ninguna parte del fallo motivo de apelación aparece mencionado el nombre de la persona que indica el apoderado como ‘la Dra. Eliana Patricia Sandoval’”.

(6) El 8 de agosto de 2008 se envió el expediente al inspector general de la Policía Nacional, para dar trámite al recurso de apelación.

(7) El mismo 8 de agosto de 2008, después de que se enviara el expediente a la segunda instancia, se halló y procesó, entre la documentación que estaba en curso de ser tramitada por la inspección, el documento de sustitución de poder presentado por la abogada Sandoval, así como su solicitud de “aclaración” del fallo disciplinario. Se dejó constancia procesal de que se había efectuado este hallazgo, y se remitió tanto el poder sustituto como la petición de aclaración al inspector general de la Policía Nacional.

(8) En el fallo disciplinario de segunda instancia se abordó expresamente el tema de la sustitución del poder y la “petición de aclaración” de la abogada Sandoval; en cuanto a la sustitución, invocando lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), el inspector general de la Policía Nacional consideró que era improcedente por no existir una autorización expresa de parte del procesado. En cuanto a la petición de aclaración, se consideró que no se habían dado las condiciones del artículo 121 de la Ley 734 de 2002 para aclarar los fallos, por lo cual se procedió a resolver la apelación.

Con base en este recuento, la Sala concluye que el abogado del demandante, al igual que la abogada Eliana Patricia Sandoval, pretenden desconocer tanto las condiciones prácticas para las que opere una sustitución de poder, como la dinámica ordinaria de organización del trabajo y procesamiento de la correspondencia y documentación recibida por la inspección delegada especial de la dirección general de la Policía Nacional; y que con ello buscan una dilación del proceso a través de una maniobra procedimental francamente mal realizada.

En efecto, el abogado del demandante y la abogada Sandoval pretendían obtener una tramitación y reconocimiento inmediatos y automáticos de la sustitución del poder por parte de la inspección delegada especial que adelantaba el trámite del proceso disciplinario, en forma tal que habiendo presentado la sustitución el 4 de agosto de 2008 quince minutos antes del cierre del horario ordinario de funcionamiento de los despachos públicos en el país, buscaban que se realizara ipso facto el reconocimiento de la personería de la abogada Sandoval, y en ese entendido, sin que se hubiese efectuado tal reconocimiento formal de su personería, la abogada presentó al otro día, minutos después de que se abriera el despacho de la Inspección al público, un escrito presentado formalmente como una “solicitud de aclaración” pero que contenía, materialmente, una impugnación sustantiva del fallo.

La regla general establecida en la ley procesal, aplicable a los procedimientos disciplinarios, es que para que un abogado pueda actuar procesalmente se requiere el reconocimiento expreso de su personería por parte de la autoridad que conduce el proceso. Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil(68), aplicable a este tema en virtud de lo dispuesto en los artículos 96 de la Ley 734 de 2002 —según el cual las formalidades no reguladas en él se regirán por lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo— y 267 del Decreto 1 de 1984 —en virtud del cual los aspectos no regulados en el Código Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza de estos procedimientos y actuaciones—. Este fue, de hecho, el procedimiento que se siguió inicialmente con el abogado Miguel Arcángel Villalobos, quien fue objeto de un auto reconociendo su personería y dándole posesión el 23 de diciembre de 2004, antes de iniciar sus actuaciones como apoderado del señor Sánchez.

No tuvieron en cuenta estos dos abogados que (a) como se acaba de indicar, en virtud del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, para efectos de poder ejercer el derecho de postulación en cualquier proceso administrativo, disciplinario o judicial, los abogados requieren haber sido reconocidos por el conductor del proceso, a través de la adopción de un acto de reconocimiento de su personería, y de la expedición de un acta formal de posesión que conste en el expediente; y (b) los operadores disciplinarios, en este caso el inspector delegado especial de la dirección general de la Policía Nacional, y sus asistentes, no son máquinas computarizadas de reacción instantánea sino seres humanos, que deben tramitar y evacuar usualmente grandes cantidades de documentos, memoriales y correspondencia en su quehacer cotidiano, por lo cual no era razonable, sensato ni realista esperar que una sustitución de poder fuese procesada en forma inmediata y prioritaria, faltando pocos minutos para el cierre de este despacho público.

Lo que sucedió, lógicamente, fue que el trámite de esta sustitución del poder siguió su cauce normal, y el documento fue formalmente procesado tres días después, el 8 de agosto de 2008, momento en el cual ya había sido concedido el recurso de apelación y remitido el expediente al superior funcional. No ve la Sala cómo un trámite de tres días de duración pueda constituir una violación de la ley con incidencia sobre el debido proceso; al contrario, se demuestra en este caso que la secretaría de la inspección evacuaba con agilidad su carga normal de trabajo administrativo y procesal. Si bien resulta poco organizado que se hubiera dado trámite al recurso de apelación presentado el mismo día por el abogado Villalobos antes de que se hubiese reconocido la personería de la apoderada sustituta, en forma tal que el expediente fue remitido a la inspección general de la Policía antes de que se tramitara la sustitución del poder, ello no constituye en criterio de la Sala una irregularidad de entidad suficiente como para viciar de nulidad el proceso, ya que en últimas no tuvo ninguna incidencia negativa sobre el ejercicio del derecho de defensa del señor Sánchez. En efecto, el señor Sánchez Mosquera pudo, a través de su apoderado original, presentar ante la segunda instancia suficientes y extensos argumentos para impugnar la decisión disciplinaria, y sus argumentos y posturas fueron examinados y rebatidos por el Inspector General de la Policía Nacional al confirmar en todas sus partes la decisión.

Más aún, observa la Sala que la “petición especial” con la cual el abogado Villalobos encabezó el recurso de apelación —con cuya presentación reasumió intempestivamente el poder que había sustituido el día anterior— era manifiestamente improcedente, y dejaba traslucir sin ningún tipo de disimulo la voluntad de dilatar, a como fuese lugar, el trámite y culminación de este procedimiento disciplinario, ya que se estaba solicitando que primero se profiriera una decisión sobre la “aclaración” y que esta se sometiera al trámite de notificación, antes de conceder la apelación en el efecto suspensivo. Se nota, de paso, que era contradictorio en sí mismo el que se hubiese pedido tal aclaración previa de un fallo que se estaba apelando, puesto que el desenlace de dicha “aclaración” —en el hipotético caso de que fuera procedente— podría desembocar en una modificación del fallo recurrido, con lo cual se caería el sustento del recurso de apelación. En cualquier caso, se trataba de una “petición especial” presentada claramente por fuera de los cauces ordinarios de un proceso disciplinario, y que a su turno se derivaba de la torpe maniobra dilatoria en la cual había incurrido la apoderada sustituta, asumiendo que podía litigar automáticamente en forma inmediata luego de presentar la sustitución de poder, y disfrazando un recurso de apelación bajo la terminología de una “solicitud de aclaración”. Semejante innovación procesal, fundamentada en una maniobra dilatoria mal estructurada, no podía ser aceptada bajo ninguna circunstancia por el operador disciplinario, el cual obró correctamente cuando descartó en forma expresa su procedencia.

Nota la Sala, adicionalmente, que para abundar en garantías del derecho de defensa del señor Sánchez Mosquera, el inspector general de la Policía Nacional, al desatar el recurso de apelación, se pronunció en forma expresa tanto sobre la “petición especial” como sobre la sustitución del poder, en ambos casos descartando su legalidad y procedencia con base en sólidos argumentos jurídicos. Es decir, pese a que se trataba de una petición evidentemente improcedente, y de una maniobra a todas luces dilatoria, la autoridad disciplinaria de segunda instancia no obstante se pronunció en términos sustantivos sobre la misma, explicando las razones por las cuales no le dio curso. Con ello, considera el Consejo de Estado, se garantizó en forma extraordinaria el debido proceso del señor Ariel de Jesús Sánchez.

Si bien —nota la Sala— el inspector general invocó una norma del Código de Procedimiento Penal para rechazar la procedencia de la sustitución del poder, siendo que la norma aplicable, como se vio, es la del Código de Procedimiento Civil, no por ello se lesionó el derecho de defensa o el debido proceso, puesto que —se enfatiza— objetivamente se concedió una segunda instancia en el curso de la cual los argumentos sustanciales de la defensa fueron evaluados en forma detallada y suficiente.

También se recuerda que dado que el inspector general profirió fallo de segunda instancia el 15 de agosto de 2008 abordando los argumentos sustantivos de la apelación, ya no era competente para pronunciarse sobre la “solicitud de aclaración” presentada por la abogada Sandoval, como tampoco lo era el fallador disciplinario de primera instancia. Incluso en el supuesto hipotético de que dicha “aclaración” fuera en principio procedente, la adopción de un fallo de segunda instancia marcaba un desarrollo procesal definitivo que privó a ambas autoridades disciplinarias de cualquier competencia ulterior en relación con este caso.

Finalmente, y desde otra perspectiva, nota la Sala que fue la conducta inusual del propio abogado Villalobos, al reasumir súbitamente el poder que había sustituido el día anterior e interponer recurso de apelación inmediatamente después de la petición presentada irregularmente por la abogada Sandoval, la que generó el problema de trámite que se está ventilando en sede judicial. Si el abogado Villalobos no hubiera realizado este extraño y sorpresivo acto procesal, se habría procedido con toda probabilidad a tramitar la sustitución de poder presentada por la señora Sandoval, reconocer su personería, y adoptar un pronunciamiento sobre su “solicitud de aclaración” en primera instancia. Sin embargo, la inesperada conducta procesal del abogado Villalobos (probablemente motivada por un desacuerdo con la actuación de la señora Sandoval y una intención de evitar el vencimiento del término de ejecutoria del fallo de primera instancia sin apelar) causó la confusión de trámite reseñada —el envío del expediente al superior para surtir el recurso de apelación, y el posterior hallazgo en la secretaría del fallador de primera instancia de los documentos presentados por la abogada Sandoval—. Por lo mismo, el hecho de que el abogado Villalobos se esté valiendo de este insuceso de trámite para invocar una supuesta nulidad del proceso equivale, en últimas, a alegar su propia culpa en beneficio suyo, en términos jurídicamente insostenibles (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Tampoco tuvo en cuenta el abogado, al reasumir intempestivamente el poder el mismo día en que la abogada sustituta intentó actuar, la expresa prohibición que trae el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, según la cual “en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una persona”.

Por las anteriores razones, el cargo no prospera.

5. Supuesta violación del debido proceso por insuficiencia probatoria.

El demandante ha alegado que los fallos disciplinarios proferidos en su contra se fundaron en pruebas insuficientes, a saber, los testimonios de los señores Saab Cabrera y Jhon Israel Ladino, los cuales considera débiles y meramente conjeturales. En tal medida considera violado su debido proceso.

Sea lo primero recordar que, según lo ha reiterado esta Sala, la autoridad disciplinaria cuenta con una potestad de valoración probatoria amplia, que le habilita para determinar, en ejercicio de discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso disciplinario suficientes pruebas como para forjarse la certeza y convicción respecto de la ocurrencia —o no ocurrencia— de determinados hechos. Así se deduce del texto mismo de las disposiciones generales sobre recaudo y valoración de pruebas del Código Disciplinario Único:

(a) según el artículo 128, que consagra el principio de necesidad de la prueba, “[t]oda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa”; de allí se deduce necesariamente que el funcionario público que ejerce la potestad disciplinaria y adopta las decisiones correspondientes debe necesariamente basar sus determinaciones sustantivas en la apreciación conjunta e integral de las evidencias que se hubieren recaudado, proceso de valoración para el cual se ha de entender suficientemente habilitado por la ley;

(b) el mismo artículo 128 consagra la regla según la cual en el ámbito del proceso disciplinario, “la carga de la prueba corresponde al Estado”, carga que específicamente recae sobre el funcionario que adelanta el proceso disciplinario correspondiente, y que necesariamente presupone, para efectos de su adecuado cumplimiento, que la autoridad disciplinaria pueda valorar y sopesar las pruebas obrantes en el proceso con miras a determinar si en su integridad son suficientes para producir en su fuero interno la certeza y convicción hacia las cuales se orienta la noción misma de “carga de la prueba”, es decir, si dicha carga se cumplió;

(c) el artículo 129 establece que “[e]l funcionario buscará la verdad real”, para lo cual debe “investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad”, y “podrá decretar pruebas de oficio” —se desprende necesariamente de este precepto que el funcionario que ejerce la potestad disciplinaria debe entenderse suficientemente habilitado para establecer cuándo el recaudo probatorio le permite visualizar “la verdad real”, mediante la valoración ponderada y razonada de las evidencias recogidas—;

(d) el artículo 141 consagra en términos específicos el deber del funcionario disciplinante de apreciación de las pruebas según la sana crítica, al disponer que “las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, y que “en toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta” —disposiciones que claramente presuponen la existencia de una potestad de valoración y apreciación de la suficiencia probatoria en un momento dado del proceso—;

(e) según el artículo 142, “[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”, regla de la cual infiere la Sala que el funcionario competente para adoptar un fallo disciplinario debe entenderse habilitado para establecer cuándo las pruebas generan en su entendimiento la suficiente certeza como para concluir que algo sucedió, y que es jurídicamente relevante para deducir la responsabilidad disciplinaria de un servidor público;

(f) el artículo 132 faculta al operador disciplinario para rechazar pruebas, en el evento en que las considere inconducentes, impertinentes o superfluas; de allí que se entienda que la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria tiene el poder de determinar la conducencia, pertinencia y sustantividad de las pruebas pedidas por las partes u obrantes en el expediente;

(g) el artículo 160A establece que la decisión del cierre de investigación procede cuandoquiera que las pruebas recaudadas sean suficientes para la formulación de cargos disciplinarios, determinación que compete al funcionario que adelanta el proceso: “Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que solo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación. // En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”; norma de la cual se deduce claramente que el operador disciplinario tiene un margen de valoración discrecional para determinar si las pruebas que se han recaudado son o no suficientes para generar la certeza necesaria como para formular un pliego de cargos en contra del funcionario disciplinado.

Se tiene, así, que fue claramente voluntad del legislador el dotar a las autoridades que ejercen la potestad disciplinaria, como la Procuraduría, de una facultad de valoración y apreciación probatoria —o facultad de libre formación del conocimiento del operador disciplinario— que incluye el poder para determinar cuándo se ha logrado recaudar un nivel de pruebas suficiente como para concluir con certeza y convicción que se pudo haber cometido una falta.

Sobre este punto, vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una tarifa probatoria legal; de hecho el propio Código Disciplinario Único consagra, en su artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. De manera tal que no es aceptable exigir que se haya recaudado un tipo determinado de prueba —por ejemplo un testimonio o un documento— para efectos de sustentar un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión expresa del legislador, en cualquiera de los medios de prueba admitidos por el sistema legal colombiano —e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del artículo 130 ibídem—(69).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que el cargo no está llamado a prosperar, puesto que el ejercicio de valoración probatoria que realizó el Inspector delegado especial de la Policía se mantuvo dentro del margen propio de sus competencias, y se sustentó en claros y sólidos argumentos que se transcribieron, en lo pertinente, en la sección 4.1.19 de la presente providencia.

Más aún, observa la Sala que no es cierto, como afirma el demandante, que el fallo disciplinario se hubiera basado únicamente en los dos testimonios de los señores Saab Cabrera y Ortegón Ladino, puesto que como se puede apreciar en el extracto de esta decisión arriba transcrito, el inspector delegado especial tuvo en cuenta otros testimonios para arribar a la conclusión de que el señor Ariel de Jesús Sánchez, a saber, los de Claudia Catherine Ortegón y Fernando Iván Valderrama, declaraciones que fueron valoradas íntegramente y en su conjunto.

Por otra parte, los distintos argumentos que ha planteado el actor en su demanda para controvertir la solidez de los testimonios en su contra, ya fueron planteados en términos prácticamente idénticos en sede del proceso disciplinario, específicamente en los descargos del señor Sánchez Mosquera, y fueron expresamente examinados y rebatidos en los fallos disciplinarios tanto de primera como de segunda instancia.

Por las anteriores razones el cargo será rechazado.

6. Aludida violación del debido proceso por errónea interpretación del tipo disciplinario.

El demandante alega que en los fallos disciplinarios que le sancionaron se dio una interpretación jurídica errónea al tipo disciplinario consagrado en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002, al haberse asumido que la utilización indebida del cargo, función o jerarquía para influir sobre otro servidor público es una falta de mera conducta, y no de resultado; en su criterio, este tipo disciplinario requiere, para configurarse en casos concretos, no solamente que se realicen actos tendientes a influir en un servidor público, sino que dichos actos produzcan el resultado buscado, a saber, conseguir una actuación, concepto o decisión de parte de la autoridad objeto de la influencia.

La Sala discrepa de esta lectura del tipo disciplinario en comento. Dispone el artículo 42.48 de la Ley 734 de 2002 que constituirá falta gravísima el “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita”.

Se desprende del tenor literal de esta norma que el verbo rector de la conducta allí tipificada es “influir”, y que dicho verbo rector está cualificado por dos elementos, uno objetivo —el hecho de que la influencia se realice “prevaliéndose” de un cargo, una función o una jerarquía determinadas y verificables— y uno subjetivo —la finalidad o propósito que se busca con los actos de influencia, a saber, la consecución de una actuación, concepto o decisión que le pueda beneficiar directa o indirectamente—. No es necesario traer a juicio elementos hermenéuticos adicionales para concluir que yerra el demandante cuando pretende que este tipo disciplinario se interprete como un tipo de resultado que exige la adopción efectiva de la actuación, concepto o decisión por parte del servidor público influido, y la obtención efectiva del beneficio, para configurarse; tal interpretación es contraria al texto mismo de la norma.

En criterio de la Sala, si hubiera sido voluntad del legislador exigir la obtención efectiva de la actuación, concepto o decisión y del beneficio de allí derivado como uno de los elementos que configuran el tipo disciplinario, no habría utilizado las palabras “para conseguir...”, sino “y conseguir”, o alguna otra forma conjuntiva semejante. La utilización de la palabra “para” revela que este elemento del tipo disciplinario corresponde a la finalidad con la que actúa el servidor público que incurra en el verbo rector principal, esto es, influir, verbo que debe interpretarse en el sentido de ejercer actos tendientes a influir sobre determinado servidor público, actos de cualquier índole, con los elementos cualificadores objetivo y subjetivo que se acaban de indicar.

Si se hubiese de seguir la interpretación de este tipo disciplinario que hace el abogado Villalobos, el ámbito de aplicación de la norma se reduciría a un mínimo, y se haría nugatorio su propósito esencial en tanto instrumento jurídico de lucha contra la corrupción en el sector público.

Por las anteriores razones, el Consejo de Estado concluye que no se incurrió en ilegalidad alguna en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia cuando interpretaron el artículo 48.42 del Código Disciplinario Único como un tipo disciplinario de mera conducta y no de resultado. El cargo no prospera.

7. Aludida violación del debido proceso por el conteo incorrecto del término de fijación de un edicto notificatorio.

Debe la Sala establecer si se violó el debido proceso del señor Sánchez Mosquera por la forma como se contabilizó el término de traslado para presentar alegatos de conclusión, dándole aplicación al Código de Procedimiento Civil en una materia que tiene regulación expresa en el Código Disciplinario Único.

En esencia, el abogado del señor Sánchez ha atacado por vía judicial el hecho de que se le hubiese notificado el auto que corría traslado para presentar alegatos de conclusión mediante un estado que duró fijado un día en la secretaría general de la inspección delegada especial de Policía; en su criterio, dicho estado debió haberse fijado durante tres días, en virtud de la normatividad que considera aplicable.

Observa la Sala que el señor abogado Villalobos no presentó alegatos de conclusión dentro de la oportunidad correspondiente en el proceso disciplinario, y que el argumento bajo examen evidentemente apunta a controvertir la forma como se realizó el conteo del término de traslado con el que contaba para llevar a cabo esta actuación, posiblemente con miras a revivirlo.

Alega el abogado Villalobos que el cálculo del tiempo que duró fijado el estado se realizó con base en la norma incorrecta, puesto que se invocó para el efecto el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, siendo que existe una regulación expresa del tema en el artículo 103 del Código Disciplinario Único.

El artículo 103 de la Ley 734 de 2002, que precisa el mecanismo de notificación personal de las decisiones de fondo adoptadas en un proceso disciplinario ordinario, establece:

“ART. 103.—Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si esta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos. // En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada”.

Ahora bien, el artículo 105 de la misma Ley 734 de 2002 disponía a la fecha del proceso (antes de su modificación por la L. 1474/2011):

“ART. 105.—Notificación por estado. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil”.

El abogado Villalobos ha insistido en su demanda en que el auto que corrió traslado para presentar alegatos de conclusión era una providencia interlocutoria o de fondo, por lo cual debía someterse al procedimiento de notificación establecido en el artículo 103.

Sin embargo, para la Sala es claro que el auto que corre traslado para rendir alegatos de conclusión es una providencia de mero trámite, puesto que en ella no se adopta decisión de fondo alguna con respecto al objeto del proceso, sino que se toma una determinación de índole procesal encaminada a iniciar el conteo de un término con el que cuentan las partes para realizar una actuación igualmente procesal. Se recuerda a este respecto que, de conformidad con el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, los autos dictados en un proceso pueden ser de trámite o interlocutorios, es decir, de fondo.

Más aún, para la fecha en la que se surtió este procedimiento, no había norma alguna en el Código Disciplinario Único (como la hay hoy, luego de la reforma de la L. 1474/2011) que estableciera un procedimiento o un término para correr traslado para alegatos de conclusión; de allí que el inspector delegado hubiese recurrido a una interpretación armónica de todo el Código Disciplinario Único, trayendo a colación el artículo 92-8 del mismo (que consagra el derecho de las partes a presentar alegatos de conclusión) y efectuando un ejercicio de remisión normativa a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, para concluir que el término a aplicar para este traslado era de diez días. En otras palabras, el funcionario conductor del proceso disciplinario realizó un esfuerzo interpretativo correcto para efectos de materializar al máximo el derecho de defensa del señor Sánchez Mosquera.

Tratándose de un auto de trámite o sustanciación, y no de un auto interlocutorio o de fondo que requiriese notificación personal, el inspector delegado obró correctamente cuando dio aplicación al artículo 105 del Código Disciplinario Único, que remite al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil para efectos de realizar la notificación por estado.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Estado observa que, según se reseñó en las secciones 4.1.12 y siguientes de la presente providencia, el inspector delegado especial que adelantaba la investigación procuró por medios extraordinarios notificar en forma personal de la decisión de correr traslado para presentar alegatos de conclusión al abogado Villalobos, sin estar en la obligación legal de hacerlo; en efecto, además de la fijación del estado como tal, el 24 de junio de 2008 se envió una comunicación al abogado Villalobos informándole que se iba a fijar el estado el 27 de junio de 2008 durante un día —comunicación que tiene una nota de recibo—, y asimismo se le envió el mismo 24 de junio de 2008 una citación para que compareciera el 26 de junio de 2008 a la Inspección para notificarse de esa y otras decisiones adoptadas en el proceso.

De igual forma, nota el Consejo de Estado que transcurrido parcialmente el término de traslado para presentar alegatos, y estando todavía vigente el mismo, el señor Ariel Sánchez Mosquera, investigado, compareció personalmente ante la inspección delegada especial de la dirección general de la Policía y se negó a notificarse personalmente de las providencias pendientes de notificación, incluido el auto que corrió traslado para presentar alegatos de conclusión. Es evidente que se trató de una decisión con fines dilatorios del proceso, que resta fuerza o credibilidad a la posición del abogado Villalobos, quien argumenta una violación sustancial de su derecho de defensa; por el contrario, existiendo la oportunidad para que ejerciera dicho derecho de defensa presentando oportunamente alegatos, y habiéndose tomado medidas extraordinarias para comunicarle que el término estaba corriendo, el abogado Villalobos por razones que se desconocen, al igual que su cliente Ariel de Jesús Sánchez, se abstuvieron de ejercer materialmente su defensa y recurrieron a conductas procesales reprochables —negarse a proceder a la notificación personal— que ahora invocan en su favor en sede judicial para buscar que se anule la actuación.

En últimas, nota la Sala que pese a que no se presentaron alegatos de conclusión por esta conducta negligente de la parte investigada y su apoderado, de todas formas el inspector delegado especial, en el fallo disciplinario de primera instancia, buscó materializar al máximo el derecho de defensa del señor Sánchez Mosquera, extrayendo con cuidado los argumentos de defensa que obraban en su escrito de descargos y en otras actuaciones procesales, para examinarlos y rebatirlos en forma detallada. De esta forma, ningún menoscabo sufrió el derecho de defensa sustantivo del señor Sánchez Mosquera, en virtud de la forma diligente en que el inspector delegado especial condujo el proceso y de la correcta aplicación que hizo de la ley procesal y sustantiva.

El cargo no prospera.

8. Aludida violación del debido proceso por no acatamiento de una directriz del fallador disciplinario de segunda instancia.

Finalmente, el abogado Villalobos argumenta que se violó el debido proceso del señor Sánchez Mosquera por el hecho de que el fallo disciplinario de primera instancia supuestamente no acogió algunas de las “directrices” trazadas por el director general de la Policía Nacional al haber anulado, con anterioridad, parte de las actuaciones procesales.

Observa a este respecto la Sala que, tal como se reseñó en las secciones 4.1.8 y siguientes de la presente providencia, el proceso disciplinario adelantado por el inspector general de la Policía Nacional fue llevado hasta la adopción de un fallo sancionatorio el 13 de julio de 2006; no obstante, el 18 de abril de 2007 el director general de la Policía Nacional resolvió declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de cargos, por considerar que se había realizado una errónea subsunción típica de la conducta del señor Sánchez Mosquera, por haber efectuado un ejercicio de remisión normativa inadecuado. Declarada la nulidad, el proceso se rehízo en todas sus etapas.

En criterio del Consejo de Estado, el alegato del abogado no está llamado a prosperar, puesto que la ley disciplinaria no exige, como condición de validez de las actuaciones y decisiones de las autoridades que ejercen la potestad disciplinaria, el dar cumplimiento a las “directrices” trazadas en segunda instancia por sus superiores funcionales.

En efecto, la eficacia jurídica de la decisión del director general de la Policía Nacional, como autoridad disciplinaria de segunda instancia, se agotaba en la anulación de lo actuado en primera instancia y en la orden de retrotraer el procedimiento hasta el momento previo a la adopción del auto de cargos; su competencia como autoridad de segunda instancia no incluía, desde ninguna perspectiva, el dictar pautas, directrices u órdenes a la autoridad disciplinaria de primera instancia para que esta, siguiéndolas, diese término al proceso según una instrucción predefinida de su superior. Por lo tanto, el inspector delegado especial, al acatar la anulación de lo actuado, rehacer el procedimiento y culminarlo con la decisión sancionatoria que se examina, no estaba obligado a seguir ninguna pauta o directriz de su superior funcional, ya que obraba autónomamente en ejercicio de la potestad disciplinaria que le era propia.

De hecho sería contrario al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa el que la autoridad disciplinaria de segunda instancia pudiese “predeterminar”, mediante la emisión de directrices de obligatorio cumplimiento, el desenlace de un proceso disciplinario determinado, desenlace que debe depender por completo de la valoración que haga la autoridad competente de las pruebas que obren en el proceso, a la luz de la ley disciplinaria, para llegar a una conclusión autónoma sobre la responsabilidad que pueda asistir al procesado.

En consecuencia, el cargo formulado por el demandante está estructurado sobre una falsa premisa jurídica. No ha de prosperar la demanda, tampoco por esta razón.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República, por mandato de la Constitución y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, publíquese, notifíquese y cúmplase».

(59) Ver, entre otras, la decisión adoptada el 27 de marzo de 2009 por la Sección Segunda, con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve, así como el Auto proferido por la misma Sección Segunda el 4 de agosto de 2010, con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve, los cuales siguen la línea jurisprudencial establecida por la sección segunda de esta corporación desde el auto del 12 de octubre de 2006, Expediente 0799-06, radicación 110010322400020050033300, actor: Eduardo de Jesús Vega L., C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(60) En este sentido, en la Sentencia C-155 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte Constitucional argumentó: “El derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del Estado social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines del Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido instituidas las autoridades públicas”.

(61) Sentencia C-417 de 1993.

(62) Sentencia C-417 de 1993.

(63) Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(64) Ha aclarado la Corte Constitucional a este respecto que “en el terreno del derecho disciplinario estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad que tiene la administración pública de imponer sanciones a sus propios funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca de manera general el logro de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública, cuales son el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” (Sent. C-125/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra]; y que “la administración pública goza de un poder disciplinario para someter a sus servidores y obtener de ellos la obediencia, disciplina, moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes y demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública, a fin de que se cumpla con el propósito para el cual han sido instituidos, como es el servicio al Estado y a la comunidad, en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (C.N., art. 123)” (Sent. C-095/98, M.P. Hernando Herrera Vergara).

(65) Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(66) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación 76001-23-31-000-2000-02501-01 (1146-05). Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(67) Ver las sentencias C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), o T-060 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).

(68) Código de Procedimiento Civil, artículo 67: “Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que este sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”.

(69) Ley 734 de 2002, artículo 130: “Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. // Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica. // Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales”.