Sentencia 2011-00206 de septiembre 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2011-00206-01 (19581)

Consejero Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Makro Supermayorista S. A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Auto

Bogotá, D. C., veintitrés de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

Corresponde a la Sala resolver el recurso ordinario de súplica interpuesto por la sociedad demandante contra el auto que negó una prueba en segunda instancia. Debe así verificarse si se cumplen los presupuestos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo o si por tratarse de un concepto de la Superintendencia de Sociedades debe dársele o no valor probatorio.

El artículo 230 de la Constitución Política indica que los jueces al proferir las providencias solo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Para el asunto que ocupa la Sala, se observa que el Concepto 220-056366 de 16 de julio de 2012, expedido por la Superintendencia de Sociedades, hace parte integral de la doctrina que tiene esa entidad en relación con las materias que son de su competencia, concretamente con las referidas a las sociedades mercantiles. Así por ejemplo, esa superintendencia, como organismo técnico(7), en el citado concepto respondió la inquietud planteada sobre el tratamiento contable de la transferencia patrimonial en los procesos de escisión.

Ahora bien, la demandante, en el recurso, aclaró que más que una prueba lo que pretende es que el fallador tenga en cuenta los argumentos jurídicos expuestos en el citado concepto por la Superintendencia de Sociedades, como máxima autoridad doctrinaria en materia comercial.

En efecto, se precisa que como la doctrina constituye un criterio complementario de interpretación del juez, no es necesario reconocerle valor probatorio, y será a criterio del juzgador si la analiza al momento de dictar la correspondiente sentencia y, de ser razonable, si la aplica al caso discutido.

Significa que no puede tenerse como prueba los conceptos que integran la doctrina porque tienen el carácter de criterios auxiliares de la actividad judicial, es decir que solo son un apoyo para proferir la decisión de fondo que corresponda, la cual debe estar debidamente fundamentada en las leyes que conforman el ordenamiento jurídico aplicables al caso controvertido.

Además, el criterio plasmado por la Superintendencia de Sociedades no puede tenerse como una prueba porque con él no se puede demostrar un hecho en particular, debatido en este proceso, simplemente se está refiriendo al tema de manera general y abstracta.

En consecuencia, el Concepto 220-056366 de 16 de julio de 2012, dado su carácter de criterio auxiliar, no requiere ser probado ni que se le reconozca valor probatorio. En ese entendido, no es procedente la solicitud de la demandante de que se tenga como prueba documental, pues será en la sentencia que ponga fin a este proceso que, a discreción del juez colegiado, sea estimado.

Con fundamento en lo anterior la Sala confirmará el auto de 27 de septiembre de 2012, objeto del recurso ordinario de súplica.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto de 27 de septiembre de 2012, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. ACÉPTASE la renuncia al poder presentada por la doctora Sandra Patricia Moreno Serrano como apoderada especial de la parte demandada en el proceso de la referencia. En consecuencia, notifíquese al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

3. REMÍTASE el expediente al despacho sustanciador para que continúe con el trámite del proceso.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(7) Adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y de Turismo.