Sentencia 2011-00210 de julio 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 19001-23-31-000-2011-00210-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Milo Anacona Álvarez

Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil once (2011)

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando hayan sido vulnerados o amenazados por las autoridades públicas o por los particulares en los casos expresamente señalados. Procede a falta de otro medio de defensa judicial a menos que se utilice como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable.

Del mismo modo, la Acción de Tutela no es procedente para dirimir derechos litigiosos que provengan de la interpretación de la ley, tampoco para resolver conflictos judiciales cuyas competencias se encuentren claramente señaladas en el ordenamiento jurídico colombiano, pues con ello se llegaría a la errada conclusión de que el juez de tutela puede sustituir al juez ordinario, con excepción de los casos en los cuales se configura una violación de los derechos fundamentales, y sea inminente la existencia de un perjuicio irremediable, como ya se anotó.

V.2. Pretende el demandante que se le amparen los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, los cuales considera vulnerados por la difusión de volantes con información falsa por parte de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, en el municipio de San Sebastián departamento del Cauca, en los que se invita a Alias “Milo” a desmovilizarse del frente 13 de las FARC, alias que coincide con el nombre de pila del accionante.

Sea lo primero manifestar que la honorable Corte Constitucional sobre el derecho al buen nombre y a la honra se ha pronunciado en múltiples oportunidades, decantando al máximo ambos conceptos. Sobre el punto en comento, la Corte mediante providencia T-229 de 1994, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, definió el derecho al buen nombre y a la honra así:

El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida. Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas-informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen. Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. Entre otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad (...) a él es aplicable íntegramente lo dicho en esta providencia en el sentido de que no puede alegar desconocimiento o vulneración de su buen nombre quien, por su conducta —en este caso la mora en el pago de las cuotas de administración— da lugar a que se ponga en tela de juicio su credibilidad” (resaltado fuera de texto).

En el mismo sentido, mediante Providencia T-040 de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, sostuvo lo siguiente:

“la jurisprudencia constitucional ha establecido que sí se entiende lesionado el derecho fundamental al buen nombre cuandoquiera que se difunden afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad: “el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.

La Sentencia T-494 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) reiteró esta regla al establecer que “son atentados al derecho al buen nombre todas aquellas informaciones contrarias a la verdad, que, sin justificación alguna, distorsionen el prestigio social que tiene una persona”.

En el mismo sentido, la Sentencia T-228 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) precisó que “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen” (resaltado fuera de texto).

3.3. En relación con el derecho a la honra, ha explicado la jurisprudencia constitucional que éste concepto, “aunque en gran medida (es) asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles”, y se define como el derecho a “la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”, por lo cual su salvaguarda es necesaria para preservar “el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad. Al igual que el derecho al buen nombre, el derecho a la honra “debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”. En la Sentencia T-603 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), la Corte explicó:

“Como derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene una esfera social amplia, trasciende a un circulo grande de personas y su radio de acción y conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad. Pero se considera importante calcular que este derecho personalísimo es el resultado de la valoración individual que se han formado de ella, respecto de los actos y ejecuciones que por ser acordes con la ley y los buenos modales, le brindan la certeza a quien así se comporta de contar con la aceptación general de los demás y le prodigan en su nombre serios y ponderados conceptos de valoración individual que la hacen merecedora de la fe, la confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar en su manera de ser y con su gestión personal”.

Vale la pena precisar, como se ha hecho en anteriores pronunciamientos de la Corte, que la honra es una noción cercana a la de “honor”, pero no se confunde con ella, dado que está fundamentalmente relacionada con la percepción externa que se tiene de una persona con base en su conducta y sus características personales. Sin embargo, retomando lo expresado en una providencia anterior, en la Sentencia C-489 de 2002 antes citada la Corte precisó que del núcleo esencial de este derecho “hace parte tanto la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona”, por lo cual “para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta”.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la violación del derecho a la honra se produce cuando se expresan conceptos u opiniones que generan un daño moral tangible al sujeto afectado. En la Sentencia C-392 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte señaló que “no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación deshonrosa”, puesto que para ser visualizadas como tales, las afirmaciones que se expresen deben tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”.

Ahora bien, a folio 12 del expediente obra una copia simple del volante repartido por el Ejército Nacional en el municipio de San Sebastián en el departamento del Cauca, en el cual claramente se puede advertir la siguiente información:

“MILICIANOS DEL FRENTE 13

DE LAS ONT - FARC

DEL CORREGIMIENTO DE Valencia

San Sebastián

Alias “Milo”

¡DESMOVILÍZATE YA!

¡Su Familia te Espera!

Llama ya a los Cel.: 3146218296/3162826497

3012985142/3202011810/146

EJÉRCITO NACIONAL.

Claramente se advierte que el volante hace alusión a Alias “Milo”.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el sustantivo alias de la siguiente manera:

ALIAS.

(Del lat. alĭas).

1. m. Apodo o sobrenombre.

2. adv. Por otro nombre. Alfonso Tostado, alias el Abulense.

(…)

A su turno, el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia de la Lengua, lo define de la siguiente manera:

Alias.

Se usa pospuesto al nombre verdadero de una persona y delante de su sobrenombre o apodo, con el sentido de ‘por otro nombre’: «Yo estaba buscando a Marcos González Alcántara, alias el Negro» (Ibargüengoitia Crímenes [Méx. 1979]). Como sustantivo masculino significa ‘apodo o sobrenombre, esto es, nombre que suele añadirse o sustituir al nombre verdadero de una persona y que se basa en alguna característica física o moral de esta’: «Por su porte enfático se había ganado el alias de “el Marqués”» (Tomás Orilla [Esp. 1984]). Su uso es especialmente frecuente en el lenguaje policial, para referirse al apodo o sobrenombre de los delincuentes. A menudo el nombre usado como alias se escribe con resalte tipográfico, en cursiva o entre comillas. La voz alias es invariable en plural (→ plural, 1f): los alias. No debe confundirse con seudónimo (‘nombre falso usado por un artista en lugar del suyo propio’; → seudónimo): «José Irazu, que literariamente utiliza el alias de Bernardo Atxaga, fue galardonado ayer tarde con el Premio Nacional de Narrativa» (Abc [Esp.] 1.6.89). El artículo que suele anteceder a los alias debe escribirse con minúscula inicial.

Ahora bien, a folio 3 del expediente obra una copia simple del documento de identificación del demandante, en el que se aprecia que el nombre es el de Milo Anacona Álvarez.

En el derecho civil colombiano, el nombre es un atributo de la personalidad jurídica y puede definirse como el conjunto de letras que sirven para identificar e individualizar a una persona; este concepto tiene dos acepciones:

a) Nombre de pila

Es el que le ponen los padres al hijo cuando lo van a registrar ante una notaría; se le denomina como nombre de pila.

b) Nombre patronímico

Es el mismo apellido, el cual hace referencia al nombre de la familia que distingue a la persona, es decir son los apellidos de los padres del individuo.

En ese orden de ideas, en atención a la jurisprudencia y las definiciones anteriormente transcritas, para la Sala resulta evidente que no hay vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante, toda vez que los volantes difundidos por la Vigésimo Novena Brigada de las Fuerzas Militares, claramente expresan que se trata de un ALIAS, persona de la cual se desconoce su nombre, el cual resultó coincidencialmente igual al nombre del actor. Se advierte que la parte demandada no vulneró derecho fundamental alguno, toda vez que en los volantes no se está identificando ni individualizando al actor como tal, simplemente hace referencia a una alias Milo, que como ya se anotó en acápites anteriores, es el sobre nombre o apodo que puede llevar cualquier persona, y que frente al caso de autos coincide con el del demandante.

Así las cosas, y como quiera que el volante no individualiza ni caracteriza de manera alguna al demandante, y en ese sentido la información falsa o errónea no lo afecta, considera la Sala como ya se anotó, que no hay vulneración de derechos fundamentales, razón por la que se procederá en la parte resolutiva de esta providencia a revocar el fallo de instancia, y en su lugar se exhortará al Ejército Nacional de Colombia, que en adelante y en la medida de lo posible, introduzca información concreta (Nombres, apellidos, imágenes) que permitan individualizar a la persona que pretendan persuadir con la entrega de los volantes, en el ejercicio de su función de luchar contra los grupos armados al margen de la ley.

Por lo demás advierte la Sala que de acuerdo con las certificaciones expedidas por las autoridades civiles e indígenas del municipio de San Sebastián del departamento del Cauca (fls. 6-8), el actor es una persona ampliamente reconocida y respetada en su comunidad, en la que ha desempeñado altos cargos y ha ostentado altas dignidades, situación que difícilmente puede ser desconocida por la comunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo impugnado por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

EXHÓRTASE al Ejército Nacional de Colombia, para que en la medida de lo posible, introduzca información concreta (Nombres, apellidos, imágenes) que permitan individualizar a la persona que pretendan persuadir con la entrega de los volantes, en el ejercicio de su función de luchar contra los grupos armados al margen de la ley.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de julio de 2011.»