Sentencia 2011-00211 de octubre 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 270011102000201100211 01 / 2767 F

Aprobado según Acta 76 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el Título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

Por lo anterior, la Sala se referirá exclusivamente a los motivos de disenso expuestos por el apelante en torno al fallo sancionatorio materia de examen, pues, como se desprende del parágrafo único del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, la competencia del superior solo se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede esta superioridad, a pronunciarse sobre la decisión adoptada el 16 de mayo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Choco, en la cual sancionó al doctor Arsenio de Jesús Valoyes Pino, en calidad de juez primero civil municipal de Quibdó, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo término para el ejercicio de la función pública, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

1. El caso en concreto.

La conducta desplegada por el disciplinado, consistió en ordenar el embargo de los recursos que administra Caprecom EPS, pertenecientes al sistema general de participación en salud, en el trámite del proceso ejecutivo radicado con el número 2009-00368, adelantado en su despacho por Cooservipacífico, en contra de Caprecom EPS.

Con esta conducta el disciplinado, conforme lo consideró el A quo, infringió deber previsto en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Que sobre los deberes de los funcionarios y empleados, establece, como deber:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

En este punto hay que señalar que examinado el dosier, no existe la menor duda que efectivamente el doctor Arsenio de Jesús Valoyes Pino, en su condición de juez primero civil municipal de Quibdó, en el trámite del proceso ejecutivo singular, distinguido con la radicación 2009-00368, adelantado por Cooservipacifico, en contra de Caprecom EPS, por auto interlocutorio número 929 del 17 de marzo de 2010, decretó el embargo y retención de los dineros, créditos que fuesen propiedad de Caprecom, que tuviese o llegare a tener en los diferentes bancos de la ciudad, AV. Villas, Bancolombia, Bogotá, BBVA y Popular, hasta la suma de $ 30.000.000.00, recursos pertenecientes al sistema general de seguridad social en salud.

En ese orden, es preciso señalar, que de acuerdo a la Ley 314 de 1996, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, es un establecimiento público creado mediante la Ley 82 de 1912, que en virtud de la Ley 314 de 1996, se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonio independiente, y en consecuencia su régimen presupuestal y de personal, es el de las entidades públicas de esta clase.

Su objeto, es el operar en el campo de la salud como entidad promotora de salud (EPS) y como institución prestadora de salud (IPS), acorde con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de tal forma que puede ofrecer a sus afiliados el plan obligatorio de salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado y planes complementarios de salud (PCS) en el régimen contributivo.

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, es un establecimiento público, que se adecúa a las políticas del nivel nacional a la realidad nacional, administrando recursos provenientes del sistema general de participaciones girados por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001; y tiene como objetivos primordiales, el promover programas y proyectos con el fin de mejorar la salud de la población.

El artículo primero de la Ley 715 establece:

“El sistema general de participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley”.

El artículo 91 de la Ley 715 de 2011, citada establece que:

“Los recursos del sistema general de participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera”.

Por ello el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, en su inciso cuarto, textualmente señala:

“Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta”.

En el caso concreto, se observa que en el trámite del proceso ejecutivo singular de la referencia, se tuvo como título base las facturas de venta por concepto de servicio de vigilancia privada, mediante las cuales el gerente de la Cooperativa de Seguridad y Vigilancia del Pacífico “Coopservipacífico”, puso en conocimiento al director seccional de Caprecom, la relación de facturas pendientes de pago, lo cual es indicativo que la actividad que originó la obligación fue por concepto de vigilancia privada que se le prestó a Caprecom EPS.

De forma que estando la actividad que originó la obligación relacionada con funcionamiento, solo estos eran embargables, y si estos recursos no eran suficientes, la opción para la entidad acreedora era embargar recursos de la salud, pero ello está sujeto a las limitación de las medidas a los porcentajes señalados por la ley, como lo dispone el artículo 684 en su numeral 2º que establece:

“ART. 684.—Modificado. D.E. 2282 de 1989, art. 1º, numeral 342. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse: 2. Los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público, o por medio de concesionario de estos; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje”.

Como acertadamente señala el a quo, el disciplinado al momento de decretar la medida cautelar, debió limitarla a los porcentajes señalados por la ley, como se lo exige la preceptiva legal antes citada y como por mandato constitucional se lo impone el artículo 230 de la Carta Superior cuando consagra: “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley....”.

En ese orden el disciplinado inobservó con su conducta los artículos 684 del Código de Procedimiento Civil, 19 del Decreto 111 de 1996 y 91 de la Ley 715 de 2001, desconoció que Caprecom EPS, en una entidad del orden nacional, y que el mandato legal aludido solo permite embargar hasta la tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, pero advirtiendo que el total de embargos que se decreten en su contra en todo el país no puede exceder de dicho porcentaje, y por consiguiente la orden impartida por el disciplinado debía, establecer ese límite; límite de orden legal y que está referido a la totalidad de los embargos que se decreten.

En este sentido el auto interlocutorio número 929 del 17 de marzo de 2010, mediante el cual el disciplinado decretó el embargo y retención de los dineros y créditos que fuesen propiedad de Caprecom, que tuviese o llegare a tener en los diferentes bancos de la ciudad, desconoció que los recursos pertenecientes al sistema general de seguridad social en salud, tienen el carácter de inembargables, y la excepción debe obligatoriamente limitarse a los porcentajes señalados por la ley.

Establecida existencia de la falta disciplinaria de la cual el apelante, alega ausencia absoluta, y referida con precisión a la naturaleza de Caprecom EPS, de los recursos que maneja, y de las normas que los protegen por estar destinados a la prestación de un servicio público, es necesario analizar los fundamentos del apelante en razón a la autonomía de las decisiones judiciales adoptadas en el ejercicio de su cargo, que él considera le es reconocida por la Constitución.

En primer término habrá que señalarle al apelante que efectivamente la autonomía funcional que le otorga la Constitución y la ley, a los jueces de la República es uno de los pilares de la administración de justicia. Sin embargo la Corte Constitucional y la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, han señalado en forma reiterada que esa autonomía funcional no es absoluta.

Constitucional en Sentencia T 571 del 27 de julio de 2007, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, se estableció:

“Los límites a la autonomía.

Sin embargo, también ha señalado que la autonomía judicial que se protege, en materia de interpretación, no es del todo absoluta. Existen criterios objetivos que permiten fijar un límite legítimo a la interpretación judicial, en la medida en que orgánicamente establecen premisas generales que no pueden ser libremente desechadas por el fallado. Esos criterios objetivos son:

a). El juez de instancia está limitado por el precedente fijado por su superior frente a la aplicación o interpretación de una norma concreta;

b) El tribunal de casación en ejercicio de su función de unificación puede revisar la interpretación propuesta por los juzgados y tribunales en un caso concreto, y fijar una doctrina que en principio será un elemento de unificación de la interpretación normativa que se convierte precedente a seguir;

c) Sí bien, ese criterio o precedente puede ser refutado o aceptado por el juzgado de instancia, lo claro es que no puede ser desoído abiertamente en casos iguales, sino que debe ser reconocido y/o refutado por el juez de instancia o tribunal, bajo supuestos específico;

d) el precedente, no es el único factor que restringe la autonomía del juez. Criterios como la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, exigen que los pronunciamientos judiciales sean debidamente fundamentados y compatibles con el marco axiológico, deóntico y el cuerpo normativo y constitucional que compromete el ordenamiento jurídico;

e) Finalmente el principio de supremacía de la Constitución obliga a todos los jueces a interpretar el derecho en compatibilidad con la Constitución. El deber de interpretar de manera que se garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes de la constitución, es entonces un límite, si no el más importante, a la autonomía judicial”.

De otro lado, esta superioridad, tiene establecido, que la libre y autónoma interpretación que hagan los funcionarios judiciales de la normatividad sustancial o procesal, no es disciplinable, salvo que su actuar sea flagrante y abiertamente contrario al mandato legal.

y en ese sentido el criterio mayoritario de la corporación, es que dicha premisa no es absoluta, y no puede serlo cuando la contrariedad con el mandato contenido en el precepto regulador es tal, que no puede pretenderse su desconocimiento con el pretexto de una interpretación caprichosa basada en un criterio de autonomía, que desborda el mandato legal.

Examinado el caudal probatorio existente en el dosier, establecida la falta y la responsabilidad del disciplinado, y verificados los argumentos del impugnante los cuales no están llamados a prosperar, será necesario confirmar la decisión del a quo que se debate.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR sentencia proferida el 16 de mayo de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Choco, por medio de la cual se impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo término para el ejercicio de la función pública, al doctor Arsenio de Jesús Valoyes Pino, en su condición de juez primero civil municipal de Quibdó, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a la secretaría judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor

Notifíquese y cúmplase».