Sentencia 2011-00228 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Tercera interesada: María Ofelia Sánchez Zuluaga

SE. 0025

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico

De conformidad con el recurso de alzada interpuesto por la entidad demandante le corresponde a la Sala determinar, si la actuación desplegada por la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, tendente a obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, estuvo precedida de buena fe que inhabilite restablecer el derecho de la UGPP.

A fin de desatar la litis se hará alusión en primer lugar a la normativa que regula la pensión gracia, luego al principio de buena fe, y a la Sentencia T-218 de 2012 en la que la Corte Constitucional decidió un asunto similar, referido a esta figura, para finalmente analizar las pruebas y resolver el caso concreto.

De la pensión gracia

En principio, la Ley 114 de 1913 otorgó a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4º, una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, siempre que comprueben «que no reciben actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional».

Dicha pensión, fue concebida como una compensación o retribución en favor de los maestros de primaria del sector oficial, que percibían una baja remuneración y por consiguiente, tenían un poder adquisitivo precario y menor frente a aquellos educadores cuyos salarios y prestaciones estaban a cargo de la Nación, situación causada por la debilidad financiera de los departamentos y municipios para atender las obligaciones salariales y prestacionales que les fueron asignadas por virtud de la Ley 39 de 1903 que rigió la educación durante la mayor parte del siglo(6).

En consecuencia, un maestro de primaria podía recibir simultáneamente pensión de jubilación departamental y nacional con base en la Ley 114 de 1913, pero en ningún caso dos pensiones de índole nacional.

Posteriormente, con la expedición de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se hizo extensiva esta prerrogativa a otros empleos docentes, al consagrar la posibilidad de computar para tal efecto los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, pero con nombramientos departamentales o municipales, interpretación que surge de la causa que inicialmente motivó la consagración legal de este beneficio y de la prohibición de recibir dos pensiones nacionales que a consecuencia de ello quedó estipulada en la Ley 114 de 1913 como requisito, exigencia que conserva aún su vigencia, pues la citada Ley 116, en su artículo 6º señaló precisamente que tal beneficio se concretaría «...en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan ...», lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral 4º de esta ley.

Sobre los alcances de la Ley 37 de 1933, ha sido reiterada la jurisprudencia de la corporación al precisar que la referida norma lo que hizo simplemente fue extender a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, pero sin cambio alguno de requisitos(7).

Con la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando y asumiendo financieramente los departamentos y municipios, redefiniéndose entonces la educación oficial como un servicio público a cargo de la Nación.

Dicho proceso de nacionalización se adelantó de manera progresiva entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980, quedando perfeccionado desde tal fecha. Lo que implicó además, que los costos salariales y prestacionales del cuerpo docente territorial fueran asumidos completamente por la Nación a partir del 31 de diciembre de 1980, pues de ello se trataba; lo que elevaría a los docentes territoriales a un plano de igualdad salarial y prestacional respecto de los nacionales, que conduciría por ende a la desaparición de las precarias condiciones económicas que justificaban la previsión legal de la pensión gracia y su otorgamiento, una vez perfeccionado tal proceso.

Así, con ocasión del proceso de nacionalización en comento y la posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, se expidió la Ley 91 de 1989 a través de la que el legislador no solo creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización(8), sino que además buscó amparar la expectativa que en cuanto a pensión gracia ostentaban todos aquellos docentes que siendo territoriales (es decir, sujetos de su otorgamiento conforme a la finalidad con la que se previó inicialmente dicha prestación gratuita), quedaron inmersos dentro de la mencionada nacionalización a 31 de diciembre de 1980, fecha en la que culminó el mencionado proceso, consagrando un régimen de transición para éstos que les permitiera mantener dicho beneficio hasta la consolidación de su derecho protegiendo dicha expectativa frente al coyuntural cambio que implicaba la extinción del derecho a la pensión gracia, y precisando además, que para los demás docentes, es decir los vinculados con posterioridad a tal fecha, tan solo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.

Ahora, en cuanto a la correcta interpretación del contenido de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena Contenciosa en sentencia del 27 de agosto de 1997(9) definió su ámbito de aplicación frente al extinto derecho a la pensión gracia para los educadores que gozaban de una expectativa válida en cuanto a la misma con ocasión del mencionado proceso de nacionalización, en virtud del que en principio la perderían, precisando con toda claridad el alcance del régimen de transición que ésta contenía, en el sentido de que:

i) No existe derecho alguno a la pensión gracia para los docentes nacionales, como quiera que no fueron sujetos de su creación o previsión legal; ii) la vigencia del derecho a la pensión gracia para aquellos docentes territoriales o nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando reúnan la totalidad de requisitos consagrados en la ley para tal efecto; iii) la conclusión de dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980; como también, iv) la excepción que en cuanto a la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional —pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación— en virtud de la Ley 91 de 1989, es limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 para hacer efectivo dicho beneficio.

Ahora, a fin de determinar en cada caso la clase de vinculación que ostenta el personal docente que aspira a acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1º definió quienes son docentes nacionales, y quienes ostentan vinculación nacionalizada y territorial, así:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional; Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, particularmente en el artículo 10(10); Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975(5(sic)).

Del principio de buena fe

Conforme al artículo 83 de la Carta Política, la conducta de los particulares y de las autoridades públicas debe estar gobernada por el principio de buena fe, que se presume frente a las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir, en las relaciones jurídico-administrativas; presunción legal que admite prueba en contrario(11).

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación, el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una «persona correcta (vir bonus(12). La buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada»(13).

El numeral 2º del artículo 136 del Decreto 1 de 1984 señala, que no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe; presunción que admite prueba en contrario, por lo que, a quien la echa de menos le corresponde comprobar que el particular actuó de mala fe.

En este punto se hace necesario traer a colación la providencia T-218 de 2012, en la que la Corte Constitucional decidió un asunto similar al de la referencia y sin controvertir la cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2006(14), consideró que «...tal providencia está maculada por un fraude que corrompería la administración de justicia». Esto, principalmente porque en ese caso se hizo evidente la falta de competencia del juez segundo civil del circuito de Magangué, para conocer y decidir las acciones de tutela instauradas por más de 80 docentes, en la medida en que además de desconocer el principio de subsidiariedad ninguno de los accionantes contaba con cédula de ciudadanía de Magangué o Bolívar; ni tampoco tenían su residencia en ese departamento, sino que prestaron sus labores en localidades diferentes y distantes de dicho municipio(15).

Lo anterior sumado a que no se analizaron los elementos probatorios aportados al proceso necesarios para determinar si los accionantes cumplían con los requisitos establecidos en la ley para hacerse acreedores de la pensión gracia, prestación económica vitalicia a cargo del Estado. Por lo que en conclusión dicha decisión judicial adoptada en sede de tutela fue producto de un fraude global, razón por la cual la dejó sin efectos al considerar además, que no constituía título válido cuyo cumplimiento pudiera ser exigido a través de las vías legales.

Por todo lo anterior puede señalar esta Sala de Subsección que en el presente asunto se está ante un caso de contornos similares al anteriormente referido y analizado por la Corte Constitucional, en el que se presentan importantes elementos a través de los cuales llegó a la conclusión de la configuración de un fraude global para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, aun sin configurarse legalmente el derecho cuya declaración se pretendía por la totalidad de los actores conforme a las normas que lo consagran.

De lo acreditado en el proceso

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se tiene que la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga nació el 5 de noviembre de 1953, según su cédula de ciudadanía, por lo que cumplió 50 años de edad el 5 de noviembre de 2003 (fl. 31, cdno. ppal.)

La Secretaría de Educación y de Cultura del departamento del Tolima, certificó que la tercera interesada laboró por más de 25 años como docente nacional en forma continua en el Instituto de Educación Tecnológica Félix Tiberio Guzmán, ubicado en el municipio de Espinal, entre el 24 de abril de 1979 y el 23 de noviembre de 2004 (fls. 34 y ss., cdno. ppal.).

El 20 de abril de 2005 la docente presentó ante CAJANAL petición de reconocimiento y pago de pensión gracia, la cual fue resuelta negativamente mediante Resolución 30429 de 30 de septiembre de 2005, por no acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación solicitada, especialmente el referido al tiempo de servicio y la calidad de la vinculación (fls. 71 y ss., cdno. ppal.).

La tercera interesada en asocio con 140 personas instauró acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, que conoció y decidió el Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena), mediante sentencia de 7 de abril de 2006, en la que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por los accionantes y como consecuencia ordenó reconocerles y pagarles de manera definitiva la prestación solicitada, porque consideró que en todos los casos estaban acreditados los 20 años de servicios docente con vinculación territorial (fls. 88 y ss., cdno. ppal.)

En cumplimiento de la referida orden judicial, CAJANAL profirió la Resolución 41277 de 18 de agosto de 2006, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia efectiva a partir del 5 de noviembre de 2003 a favor de la tercera interesada (fl. 155 y ss., cdno. ppal.).

Del caso concreto

Según la documental referida es evidente que la tercera con interés en las resultas del proceso, prestó sus servicios como docente nacional durante más de 20 años en el Instituto de Educación Tecnológica Félix Tiberio Guzmán, ubicado en el municipio de Espinal y perteneciente al orden nacional; situación frente a la cual en ningún momento presentó reparo alguno.

Significa lo anterior, que en el presente caso la vinculada no reúne los requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, porque los 20 años de servicio exigidos por las normas que gobiernan dicha prestación, deben ser laborados en su totalidad bajo vinculación territorial o como docente nacionalizado en virtud de la Ley 43 de 1975, más no como docente nacional, en razón de la incompatibilidad que subsiste frente al pago simultáneo de la pensión gracia y la pensión ordinaria de jubilación.

Sin duda alguna tal situación fue la que motivó al a quo a declarar la nulidad de la Resolución 41277 de 18 de agosto de 2006 proferida por CAJANAL a través de la cual en acatamiento a un fallo de tutela ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la que la jubilada no tenía derecho y que tampoco se constituyó en un derecho adquirido, como lo afirma, pues para la configuración del mismo(16), se requiere consolidar los requisitos establecidos en la ley que le permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento, a fin de que pueda ser objeto de protección al tenor de lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política, sin que en este caso se acreditaran los presupuestos contemplados en la ley que permitieran su válido reconocimiento.

Ahora bien, en lo que concierne a la mala fe que en sentir de la entidad actora, le asistió a la tercera interesada al impetrar la acción de tutela en lugar diferente al de su trabajo y domicilio, se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado(17) asumir el conocimiento de este mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento de Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido en Bogotá(18).

Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar(19) por dicho concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó(20).

En consecuencia, para que se haga efectivo el reembolso de las sumas que la tercera interesada percibió, la administración deberá suscribir un acuerdo de pago, que preste mérito ejecutivo, que deberá atender a las condiciones socio-económicas de la obligada, de tal manera que los plazos y montos pactados para el efecto no menoscaben su mínimo vital.

Finalmente dadas las circunstancias anómalas descritas, la Sala modificará el numeral 3º de la sentencia apelada por lo que en consecuencia se ordenará poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación, las actuaciones antes referidas para efectos de que se investigue cualquier conducta delictuosa y disciplinaria en que los servidores públicos, abogados y particulares involucrados en el trámite de la acción constitucional referenciada hubieren podido incurrir.

Para el efecto, la secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, deberá remitir a las autoridades señaladas copia de la presente providencia, de las piezas procesales pertinentes de la acción de tutela 0063-06 tramitada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena), así como de la Resolución 41277 de 18 de agosto de 2006, proferida por CAJANAL obrantes a folios 88 y siguientes del cuaderno principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral 3º de la sentencia de 10 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por CAJANAL EN LIQUIDACIÓN hoy UGPP, por lo que en su lugar se dispone:

TERCERO: ORDÉNESE a la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, reintegrar a favor de CAJANAL o de su sucesora procesal, las sumas que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia que le fue reconocida a través de la Resolución 41277 de 18 de agosto de 2006, debidamente indexadas conforme lo dispone el artículo 178 del Decreto 1 de 1984, previa certificación que para tal efecto emita la referida entidad, de conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.

2. ADICIÓNASE la sentencia de 10 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por (CAJANAL EN LIQUIDACIÓN) hoy (UGPP), en el sentido de ordenar remitir copias de esta providencia y de las piezas procesales indicadas en la parte considerativa de este proveído a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria y a la Fiscalía General de la Nación, a efecto de que adelanten la investigación pertinente ante la presencia de cualquier conducta delictuosa y disciplinaria en la que los servidores públicos, abogados y particulares involucrados en el trámite de la acción constitucional hubieren podido incurrir, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de esta decisión.

3. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia de 10 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por CAJANAL EN LIQUIDACIÓN hoy UGPP.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

6 Sentencia C-479 de 1998. Corte Constitucional.

7 Sentencia de 16 de junio de 1995, expediente 10665, C.P. Dra. Clara Forero de Castro.

8 Artículos 3º y 4º.

9 «3. El artículo 15, Nº 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece: “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”. // “4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. (...)” // (...) 6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, Nº 2, art. 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia... siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley».

10 Ley 43 de 1975, artículo 10. «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria; ni tampoco podrán decretar la construcción de planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.»

11 Sentencia C-071 de 2004.

12 Sentencia T-475 de 1992.

13 Ibídem.

14 La Corte Constitucional en sede de revisión, conoció el asunto en el que dentro de una primigenia acción de tutela, los accionantes acreditaron ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué que se desempeñaron como docentes en el sector oficial por 20 años, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y que tenían una edad superior a 50 años. En consecuencia, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2006 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué les fueron concedidas las pretensiones en torno a que CAJANAL les reconociera y pagara la pensión gracia.

De otro lado, la Corte precisó que los allí accionantes no allegaron resolución de nombramiento que pudiera dar cuenta de la entidad territorial responsable de la vinculación, así como del lugar de trabajo y del tiempo de servicio prestado, pues se limitaron a anexar (además del poder, la cédula y la solicitud correspondiente) resoluciones proferidas por CAJANAL que denegaban el reconocimiento prestacional. Añadió, que muchos actos administrativos resultaban ilegibles, la información era insuficiente o carente de claridad, no contenían referencia alguna a años de servicio y no especificaron la entidad responsable de la vinculación, pues en algunos, ni siquiera se acreditaba la calidad de docente.

En cuanto al presunto domicilio de cada uno de los gestores del amparo, se verificó la ciudad en que fueron otorgados los poderes otorgados a los abogados y el domicilio de los poderdantes, para corroborar que ninguno de los actores tenía relación domiciliaria con el municipio de Magangué, con lo que no se vislumbraba mayor cercanía con esa región.

15 La Sala del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, Sala Jurisdiccional Disciplinaria Dual de Descongestión, el 17 de noviembre de 2010, declaró disciplinariamente responsable, a Arnedys José Payares Pérez, Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué) por incurrir en falta gravísima dolosa y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por espacio de diez (10) años, al desconocer la procedibilidad de la acción constitucional.

16 Al respecto consideró la Corte Constitucional en Sentencia C-147 de 1997 que «Como reiteradamente lo ha señalado esta corporación, siguiendo las orientaciones de la doctrina y la jurisprudencia, configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona» (resaltado de la Sala).

17 Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 «... son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud...». Y, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos ...».

18 Folios 71 y siguientes, cuaderno principal.

19 A folio 87 cuaderno principal obra certificación expedida por el Fopep en la que se indica que luego de incluirse en nómina al señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, fue suspendido el pago de la pensión.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1º de septiembre de 2014, radicación 3130-13, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y siguientes del Decreto 1 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto».