SENTENCIA 2011-00230/55432 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2016

 

Sentencia 2011-00230/55432 de septiembre 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 19001 23 31 000 2011 00230 01 (55432)

Actor: Lotería del Cauca

Demandado: Luis Albeiro Villaquirán Burbano

Asunto: Acción de repetición (sentencia)

Bogotá D.C., primero de septiembre del dos mil dieciséis.

En atención a la prelación dispuesta por la Sección Tercera para las acciones de repetición mediante acta número 15 de 5 de mayo de 2005, decide la Subsección C, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de abril de 2015, en la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda y pretensiones.

La Lotería del Cauca mediante apoderado, presentó escrito de demanda el 9 de mayo de 2011 (fls. 49 A 58 cdno. 1), en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo 86 Código Contencioso Administrativo, contra el señor Marco Antonio Pinzón Castiblanco, con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:

“1. Declarar al señor Luis Albeiro Villaquiran Burbano, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 10.750.426 expedida en Popayán, vecino y residente en la carrera 4 Nº 2-110 en esta ciudad, en su calidad de ex gerente de la empresa Lotería del Cauca, patrimonialmente responsable por el dolo o culpa grave que le corresponda por el pago que la empresa Lotería del Cauca, se vio obligada a realizar a la doctora María Cristina Revelo Avila, en un todo de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia N.(sic) del 10 de junio de 2010 del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, donde se declara la Nulidad de la Resolución 2 del 4 de enero de 2005 del gerente de la Lotería del Cauca de la época, quien declaró insubsistente el nombramiento de la Doctora Maria Cristina Revelo Ávila, en el cargo de jefe oficina jurídica, Código 1010, Grado 02, de la empresa Lotería del Cauca”.

Como consecuencia de la anterior declaración la empresa Lotería del Cauca, solicita que se ordene(sic) las siguientes o similares condenas.

1. Condena por acción de repetición al señor Luis Albeiro Villaquiran Burbano, de condiciones civiles anotadas, al pago de las sumas dinerarias que la empresa Lotería del Cauca, se vio obligada a cancelar a la doctora María Cristina Revelo Avila, según comprobantes de pago 1268, 1625 y 158 de 2010, que ascienden a la suma de cuatrocientos nueve millones sesenta y un mil seiscientos cincuenta pesos m/l ($409.061.655), más la correspondiente indexación e intereses de mora”.

2. Hechos de la demanda.

Como sustento de las anteriores pretensiones, la parte demandante narró los siguientes hechos:

Mediante Resolución 2 del 4 de enero de 2005, se declaró insubsistente a la doctora María Cristina Revelo Ávila, en el cargo de jefe de la oficina jurídica, código 110 grado 2; decisión que le fue comunicada ese mismo día.

El cargo que había ocupado la doctora María Cristina Revelo Ávila, fue reclasificado por la Junta Directiva de la Lotería del Cauca, mediante Acuerdo 1 del 12 de enero de 2005, al de jefe de la oficina jurídica código 215 grado 3, con una mayor remuneración.

El 24 de enero siguiente, por Resolución 28 de esa fecha, el Gerente de la Lotería del Cauca, en aquella época, doctor Luis Albeiro Villaquirán; designó en remplazo de la doctora Revelo Avila a la abogada Cielo de Fátima García

La doctora Maria Cristina Revelo Ávila, promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a que se declarara la nulidad de la Resolución 2 del 4 de enero de 2005 mediante la cual ella había sido declarada insubsistente.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el 10 de junio de 2010, declaró, en sentencia de segunda instancia, la nulidad de la Resolución 2 del 4 de enero de 2005 y condenó a título de restablecimiento del derecho a la Lotería del Cauca, a pagar a la doctora Maria Cristina Revelo Ávila, todos los beneficios económicos hasta el momento en que la misma fuera reintegrada al servicio.

En cumplimiento del anterior fallo, la gerente de la Lotería del Cauca, mediante Resolución 634 de 2010, ordenó reintegrar a la doctora Maria Cristina Revelo Ávila, al cargo de jefe de oficina jurídica; y dispuso autorizar el pago de la suma de cuatrocientos tres millones doscientos seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos mcte. ($404. 206.452), suma que fue reliquidada a cuatrocientos nueve millones sesenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/l. ($409.061).

Después de realizados todos los pagos ordenados en la sentencia antes mencionada, el Comité de Conciliación de la empresa Lotería del Cauca, decide que es viable adelantar la respectiva acción de repetición en contra del Luis Albeiro Villaquirán Burbano, gerente de tal empresa en la época en que ocurrieron los hechos que originaron la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la doctora Maria Cristina Revelo Ávila.

Se sostiene en el libelo que del contenido del fallo mediante el cual se decidió la acción de nulidad y restablecimiento se infiere que Luis Albeiro Villaquirán Burbano, al expedir el acto administrativo declarado nulo, mediante el cual se declaró insubsistente a Maria Cristina Revelo Ávila, obró con desviación de poder.

2.1. Fundamentos de derecho.

Invocó el artículo 90 Constitución Política de 1991, y los artículos 1º, 4º, 8º y 11 de la Ley 678 de 2001.

3. Actuación procesal en primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de auto del 15 de julio de 2011 admitió la demanda (fl.61 cdno. 1).

El apoderado del demandado contestó la demanda por medio de escrito radicado el 9 de mayo de 2012, en este se opuso a todas las pretensiones y respecto de los hechos señaló que unos son ciertos, otros no lo son y los demás no le constan (fls. 73 a 91 cdno. 1).

Como razones de la defensa señala el demandado, que en el momento en que ejercía el cargo de Gerente de la Lotería del Cauca, y cuando en tal condición expidió el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia que posteriormente fue declarado nulo, lo hizo para el mejoramiento del servicio y no para fines distintos. Argumentó, además, que no se encuentra probado el elemento subjetivo necesario para la prosperidad de la acción de repetición, esto es, el dolo o la culpa en su actuar; pues los mismos no se pueden tener por probados con la sentencia que declaró la nulidad del acto.

Finalmente, se afirma que tampoco se encuentra demostrado el pago total y efectivo de la condena impuesta en el fallo con base en el cual se presentó la demanda de repetición.

Por medio de auto del 27 de noviembre de 2012 el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, abrió el proceso a etapa probatoria (fls. 100 y 101 cdno. 1).

El 25 de abril de 2014 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales (fl.120 cdno. 1).

El apoderado de la parte demandada alegó de conclusión por medio de escrito presentado el 14 de mayo de 2010 reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en que se nieguen las pretensiones de la demanda (fls. 126 a 145 cdno. 1).

Por su parte, el apoderado de la Lotería del Cauca radicó los alegatos finales el mismo 14 de mayo 2010, señalando que los medios probatorios obrantes en el expediente llevan a concluir que Luis Albeiro Villaquirán Burbano incurrió en un actuar doloso en la modalidad de desviación de poder, (fls. 122 y 125 cdno. 1), razón por la cual solicita se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda.

El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 30 de abril de 2015 en la cual negó las súplicas de la demanda. Fundamentó esta decisión en que no se logró probar el pago efectivo de la condena, toda vez que solamente se allegaron las resoluciones mediante las cuales se ordenó el pago a la señora Revelo Ávila, y sus comprobantes de egreso; pero no las constancias de consignación efectiva de los dineros a nombre de dicha señora o a su apoderado, o en su defecto certificación de recibido a satisfacción, o cualquier otro documento que demuestre que la entidad se encontraba a paz y salvo por todo concepto en relación con la condena que le fue impuesta. (fls. 181 a 196 cdno. 1).

Contra lo así decidido se alzó la parte demandante mediante escrito del 26 de mayo de 2015 (fls. 165 a 184 C.P.). La parte recurrente en apelación sustentó el recurso interpuesto, en que, a su juicio, sí se encuentra demostrado el pago, toda vez que dentro del expediente reposan los actos administrativos que ordenaron el pago y las correspondientes órdenes de egreso; manifiesta entonces que le resulta inaudito que estos documentos no se haya tenido por probado el pago, pues la lógica jurídica, la libertad probatoria y el principio de la buena fe, permiten inferir dicho pago.

Por medio de auto del 15 de julio de 2015 el Tribunal Administrativo del Cauca concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia (fl.174 cdno. ppal.)

El 13 de octubre de 2015 esta Corporación admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. (fl.188 cdno. ppal.).

A través de auto del 24 de noviembre de 2015 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor (fl.190 cdno. ppal.). Esta oportunidad sólo fue utilizada por el Ministerio Público quien rindió concepto mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2016 (fls. 192- 196 cdno. ppal.); las partes guardaron silencio.

7. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público en su concepto escrito manifiesta que si se encuentra probado el pago, toda vez que aparece la firma de la beneficiaria del mismo en las órdenes de egreso, dejando constancia de haber recibido efectivamente el pago; sin embargo solicitó la confirmación del fallo de primera instancia, por cuanto a su juicio no se acreditó la calidad de servidor público del demandado en la época en que ocurrieron los hechos, pues el que se le hubiera tenido por tal en la sentencia en que se condenó a la Lotería del Cauca, no prueba ese hecho, comoquiera que era necesario allegar el nombramiento y el acta de posesión, así como la constancia del periodo durante el cual se desempeñó como gerente de la entidad demandante.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de abril de 2015, con fundamento en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 - modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. Normatividad aplicable.

Precisa la Sala que en el sub lite, los hechos que dieron origen a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 10 de junio de 2010, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento adelantada por la señora María Cristina Revelo Ávila, se produjeron el 4 de enero de 2005 fecha en la cual se expidió la Resolución 2 que declaró insubsistente a dicha señora en el cargo de jefe de la oficina jurídica de la Lotería del Cauca.

De tal manera que, en los aspectos de orden sustancial y procesal son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

3. Elementos para la procedencia de la acción de repetición.

La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias(1) los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(2).

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes:

i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.

ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación(3), una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto(4).

ii) El pago efectivo realizado por el Estado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación.

iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

4. Medios probatorios.

Obran dentro del plenario los siguientes medios de prueba:

1. Copia auténtica de la Resolución 2 de 4 de enero de 2005, Por la cual se declara insusbistente un funcionario de la lotería del Cauca, en cuyo artículo único se consignó:

“Declárase insubsistente a parti de las =:00 horas del día siete (7) de enero de 2005, a la doctora María Cristina Revelo, quien desempeña el cargo de Asesora Jurídica (sic) Código 110 Grado 02 de la Lotería del Cauca”.(sic)

2. Copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el 10 de junio de 2010, dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora María Cristina Revelo Avila contra la Lotería del Cauca, a través de la cual se resolvió:

“1. REVÓCASE la sentencia proferida el 9 de marzo de 2009 por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar se dispone:

— DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 2 del 4 de enero de 2005, expedida por el Gerente de la Lotería del Cauca, en la que se resolvió Declarar insubsistente el nombramiento hecho en el cargo de Asesora Jurídica Código 110 Grado 2, de dicha entidad, a la señora María Cristina Revelo Ávila.

— Consecuencia de la anterior declaración y titulo (sic) de restablecimiento del derecho ordénase a la lotería del Cauca reintegrar a la señora Maria Cristina Revelo Ávila, al cargo de jefe de la Oficina Jurídica Código 124 Grado 3 antes Asesor Jurídico Código 110 Grado 2, o a otro de igual o superior jerarquía.

— CONDÉNASE a la Lotería del Cauca a pagar a titulo de indemnización a las señora Maria Cristina Revelo Ávila, los sueldos y prestaciones dejados de devengar desde cuando fue retirada del servicio por declaración de insubsistencia de su nombramiento, hasta cuando sea efectivamente reintegrada al servicio, entendiéndose que para todos los efectos legales, que no hubo solución de continuidad. Folio 15 cdno. 1.

3. Copia auténtica de la providencia en que se corrigió la decisión anterior, en el siguiente sentido.

“1. CORREGIR el inciso tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 10 de junio de 2010, proferida en el proceso de la referencia, por alteración o cambio de palabras en la denominación y código del cargo al cual se ordenó reintegrar a la accionante María Cristina Revelo Ávila.

2. En consecuencia y para todos los efectos, se tiene que el reintegro ordenado a la Lotería del Cauca en el numeral 1º de la citada providencia a favor de la señora María Cristina Revelo Ávila, corresponde al cargo de jefe de la oficina jurídica Código 215 Grado 3, antes asesor jurídico Código 110 Grado 2, o a otro de igual o superior jerarquía que exista en la planta de personal de la entidad. Folio 18 cdno. 1.

4. Copia auténtica de la Resolución 634, del 10 de septiembre de 2010, mediante la cual se dispuso darle cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, relacionada en los dos numerales anteriores. En la parte resolutiva de esté acto administrativo se dispuso:

“ART. 1º—ORDENAR el pago de la suma de cuatrocientos tres millones doscientos seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($403.206.452) m/cte, a la señora María Cristina Revelo Ávila, identificada con la cédula de ciudadanía 34.550.382 expedida en Popayán, correspondientes a la indemnización de salarios y prestaciones sociales dejado de percibir desde el 7 de enero de 2005 hasta la fecha, contenidos en la liquidación 3384 del 10 de septiembre de 2010, la cual hace parte integral de la presente Resolución, de conformidad con lo ordenado en la Sentencia de fecha 10 de junio de 2010 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.

ART. 2º—Autorizar a la Tesorería General de la Empresa, para el pago de la suma descrita en el artículo anterior, previo los descuentos contenidos en la liquidación Nº 3384 del 10 de septiembre de 2010, parte integral de la presente resolución y los determinados por la ley, a que hubieren lugar.

ART. 3º—El presente pago se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1454 de fecha 10 de septiembre de 2010, correspondiente al presupuesto de la presente vigencia. fl. 23 cdno. 1.

5. Copia auténtica de la Resolución 775 del 12 de noviembre de 2010, por la cual se hace una corrección a la Resolución 634 y se ordena su pago. En este documento se consignó:

El gerente de la lotería del Cauca, en uso de sus atribuciones legales, y en especial las que le confiere el Decreto Ordenanzal 530 de 2 de mayo de 1995 y, CONSIDERANDO:

Mediante Resolución 634 de fecha 10 de septiembre de 2010, se ordena el pago de la indemnización de salarios y prestaciones sociales a la doctora Maria Cristina Revelo Ávila, dejados de percibir desde el 7 de enero de 2005 hasta la fecha en que se produce su reintegro, en cumplimiento del fallo judicial de fecha 10 de junio de 2010 emanado del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, Fallo corredigo meidante fehca de 13 de julio de 2010.

Al efectuar la operación matemática entre el valor real y el valor pagado, arroja una diferencia de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (4.746.185) MCTE, diferencia ésta, que debe reconcoer y pagar la Empresa a la Dra. MARÍA CRISTINA REVELO ÁVILA, junto con el interés moratorio correspondiente…

Por lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ART. 1º—Corregir la liquidación de la indemnización de salarios y prestaciones sociales N. 03384 de fecha 10 de septiembre de 2010, que hace parte integral de la Resolución 634 de fecha 10 de septiembre de 2010, conforme a la parte considerativa d ela presente Resolución así.

Valor pagado prima de navidad19.076.127
Corrección valor prima de navidad23.822.312
Diferencia a cancelar4.746.185
Intereses moratorios tasa 22.41 (62 dias)183.179
Total a pagar4.929.364” (fl. 24-25 cdno. 1)”.(sic)

6. Copia auténtica de la Resolución 11 del 12 de enero de 2011, en las que se corrige y adiciona la Resolución 634 de 2010, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Corregir y adicionar la liquidación de la indemnización de salarios y prestaciones sociales Nº 03384 de fecha 10 de septiembre de 2010, que hace parte integral de la Resolución 634 de fecha 10 de septiembre de 2010, conforme a la parte considerativa de la presente Resolució, así:

Intereses a la cesantía liquidados año(sic)

Año 2007 por valor de594.504
Más indexación de los intereses conforme al IPC311.483
Saldo a pagar 860.987
Intereses moratorios (22.41% anual) del 10 
De septiembre de 2010 al 11 de enero de 201164.852
Total a pagar925.839.

ART. 2º—ORDENAR el pago de la suma de novecientos veinticinco mil ochocientos treinta y nueve pesos ($925.839) mcte., a la doctora María Cristina Revelo Ávila, identificada con la cédula de ciudadanía 34.550.382, expedida en Popayán, jefe Oficina Administrativa, Financiera y Recursos Físicos, por concepto de la corrección aritmética y adición determinada en el artículo primero de la presente resolución”. (fls. 26-27 cdno. 1).(sic)

7. Copias auténticas de las siguientes comprobantes de egreso, emitidos por la Lotería del Cauca; todos ellos cuentan con la firma de la beneficiaria de dichos pagos y relacionan el cheque mediante el cual se realizaron los mismos. Tales comprobantes de egreso son:

— Comprobante 168, del 10 de septiembre de 2010, por un valor de $320.064.863, por concepto de pago liquidación de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir según Resolución 634 de 2010 y liquidación 3384 de 2010, dinero que fue pagado, según se consignó en este comprobante, mediante los cheques Nº C9851597 y C9851600 (fl. 28 cdno. 1).

Comprobante de Egreso 1625, del 19 de noviembre de 2010 por un valor de 4.929.364.00 por concepto de corrección aritmética liquidación indemnización y prestaciones sociales Dra. María Cristina Revelo, según Resolución 775 de 2010, dinero que fue pagado, según consta en la mismo comprobante de egreso, mediante el cheque Nº C2298 (fl. 29 cdno. 1)

— Comprobante de egresos No.158 del 8 de febrero de 2011, por un valor de $925.839, por concepto de pago corrección y adición a la Resolución 634 de 2010, prestaciones sociales de la Dra. María Cristina Revelo, en cumplimiento de falllo Judicial y la Resolución 11 de 2011 (fl. 30 cdno. 1).

6. El caso en concreto.

Así las cosas, se analizará en el sub judice si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del señor Luis Albeiro Villaquirán, es decir, si se cumplen los requisitos de la acción de repetición antes señalados, de acuerdo con el material probatorio recaudado.

Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente) la Sala tendrá por acreditado, de acuerdo con el materia probatorio incorporado al expediente, que el demandado se encontraba, por la época de los hechos que dieron lugar a este proceso, vinculado a la Lotería del Cauca como gerente de tal empresa. Lo anterior teniendo en cuenta que durante las diferentes etapas procesales, el apoderado del demandado no manifestó que su poderdante no hubiese estado vinculado a la Lotería en calidad de gerente de la misma.

Por el contrario, a lo largo del proceso aceptó tal calidad, como lo señaló en la contestación de la demanda en los siguientes términos: “(…) Si bien es cierto el doctor Luis Albeiro Villaquirán Burbano, para la época de los hechos, materia de este instructivo, era servidor público de la lotería del Cauca, más exactamente era su Gerente y Representante legal, ello no infiere(sic) que por ese solo hecho se le pueda atribuir la conducta generadora de responsabilidad patrimonial” fl. 88 cdno.1.

Así las cosas, tenemos que si bien no existe una certificación emitida por parte de la Lotería del Cauca, en donde se señale que el señor Luis Albeiro Villaquiran era el gerente, la afirmación hecha por el apoderado de la parte demandada, que se acaba de transcribir, permite concluir que se trata de un hecho no controvertido, que por lo mismo no requiere de prueba.

Por lo antes expuesto el primer requisito para la prosperidad de la acción de repetición se encuentra demostrado.

Para acreditar el segundo de los requisitos (condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), la Subsección observa que dentro del proceso obra copia auténtica de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 10 de junio de 2010, dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora María Cristina Revelo Ávila contra la Lotería del Cauca; providencia en la cual se accedió a las súplicas de la demanda (fls. 3 a16 cdno. 1).

Así las cosas, se cumplió con el segundo de los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición.

Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó los siguientes medios probatorios:

1. Resolución 634 “Por la cual se da cumplimiento a un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca”, del 10 de junio de 2010, proferida por la Lotería del Cauca, que da cuenta que se ordenó dar cumplimiento al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, conforme a la liquidación que había realizado la Oficina de Talento Humano de esta entidad.

2. Obra igualmente la copia auténtica de los comprobantes de egreso expedidos por la Lotería del Cauca, que corresponden a los pagos ordenados en la sentencia, y a las providencias que posteriormente corrigieron los errores aritméticos. Cada uno de estos comprobantes, como se dejó relacionado en el capítulo de las pruebas, está suscrito por quien recibió el pago, esto es, por la señora María Cristina Revelo Ávila.

Así pues, la Sala encuentra que tales medios de prueba son suficientes para dar por demostrado que la entidad demandada cumplió con la carga de probar que las mencionadas sumas han sido recibidas por el beneficiario o su mandatario, razón por la cual se puede tener por cierto que la demandante cumplió con el deber de cancelar la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 10 de junio de 2010.

Ahora bien, la Subsección considera pertinente traer a colación lo que se ha puntualizado por parte de la Sección Tercera frente al tema del pago, ya que el artículo 1625(5) del Código Civil, se establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación esta llamada a ser cumplida y por lo tanto, a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(6). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(7), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(8) de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare).

Conforme a lo anterior, en los términos del artículo 1626 del Código Civil, el pago es la ejecución de la prestación debida y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757(9) ibídem. En consecuencia, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza en relación con la extinción de la obligación.

Y tal como lo ha manifestado la Sección,

“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago,(10) y en derecho comercial, el recibo(11), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha.(12) (…)”(13).

Por su parte, en reiterada jurisprudencia de la Sala, se ha indicado que el pago puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, lo esencial es que el elemento de convicción, permita inferir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena ha recibido lo adeudado y, a tal efecto, el interesado puede, bien allegar el documento pertinente suscrito por quien recibió el pago en el cual conste tal circunstancia o bien el paz y salvo expedido por el beneficiario o la declaración de éste en el mismo sentido.

A este respecto la Sala ha precisado(14):

“(…) Lo anterior, por cuanto quien alega haber efectuado un pago, debe probar plenamente que así fue (art. 1626 y 1757, C.C.)(15), siendo insuficiente su sola afirmación en tal sentido; conforme lo dispone el C.P.C. (art. 232), en principio la prueba de los pagos realizados debe constar por escrito(16), pero en casos como el presente, no basta que la entidad pública, parte demandante en el proceso, interesada en obtener la condena del demandado, aporte documentos emanados de sus propias dependencias, tales como el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, la liquidación de la misma y la orden de pago al acreedor o beneficiario, si en ellos no consta la manifestación expresa de éste sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación.

“En las anteriores circunstancias, y ante la ausencia de la prueba del pago efectivo de la indemnización a la que fue judicialmente condenada la entidad demandante, requisito que es fundamental para la prosperidad de las pretensiones, como que es el que habilita a la Administración para repetir en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, resulta imposible acceder a las mismas (…)”(17). (resaltado por la Sala)

En el mismo sentido se pronunció la Sala en reciente sentencia del 8 de julio de 2009(18):

“…En relación con el caso concreto es necesario resaltar, tal y como se expuso en sentencia proferida por la Sala el 1º de octubre de 2008(19), que si la responsabilidad cuya declaratoria se pretende se deriva directamente del pago de una condena judicial por parte la entidad pública por razón de la actuación dolosa o gravemente culposa de los demandados, lo mínimo que se debe acreditar es la realización efectiva de dicho pago, para lo cual se requiere una constancia de la cancelación de la indemnización que hubiere emanado de la beneficiaria y/o acreedora que hubiere recibido dicho pago, (…) pues dicha prueba constituye el elemento determinante para la procedencia de esta clase de acciones, dado que el pago concreta el daño que da origen a la acción”.

En este orden de ideas, la entidad demandante en el sub lite acreditó el pago, puesto que el comprobante de egreso tiene la firma de la beneficiaria del pago, circunstancia que prueba plenamente el pago efectivo de la obligación. Es decir, la entidad no se limitó a aportar solamente su propia certificación, sino que aportó constancia o manifestación que expide el acreedor aseverando que recibió efectivamente el pago, que como lo ha dicho esta Sala puede ser la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor,o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma.

Por último, respecto del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa, la Sala ha explicado en diferentes oportunidades(20) que, para efectos de determinar la culpa grave o dolo, se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos, en este caso, las disposiciones la Ley 678 de 2001, que define en sus artículos 5º y 6º, las presunciones de dolo y de culpa grave:

ART. 5º—Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

ART. 6º—Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

El Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(21) y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77(22) y 78(23) del Código Contencioso Administrativo. Así, dijo(24) que, para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.

Es igualmente necesario, tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(25) y en la ley.

Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades, diciendo(26):

“En términos generales las presunciones no son un juicio anticipado con el cual se desconoce la presunción de inocencia, toda vez que se trata de un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración de las instituciones procesales, con el fin de convertir en derecho lo que simplemente es una suposición fundada en hechos o circunstancias que generalmente ocurren, ante el riesgo de que la dificultad de la prueba pueda significar la pérdida de ese derecho afectando bienes jurídicos de importancia para la sociedad…

Por ello, la presunción constituye un medio indirecto y crítico para alcanzar la verdad, ya que se trata de un criterio que la ley o el juez se forma sobre la certeza de un hecho por su lógica conexión con otro hecho diferente y conocido como cierto.”…

De lo anterior se colige, que la presunción reviste un carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que de una circunstancia o causal resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción, invirtiéndose la carga de la prueba al demandado, el cual deberá probar la inexistencia del hecho o de las circunstancias del cual se infieren para liberar su responsabilidad patrimonial. Como lo ha dicho la Corte, la presunciones persiguen finalidades constitucionalmente valiosas pues al facilitar el ejercicio de la acción de repetición que es una acción de naturaleza civil, en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes, permiten alcanzar los objetivos de garantizar la integridad del patrimonio público y la moralidad y eficacia de la función pública (C.P. arts. 123 y 209).

La entidad actora, tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión, insistió en que el demandado debería ser condenado al pago de lo solicitado por cuanto en el fallo en el que se declaró la nulidad expresamente se determinó que la causal era la de desviación de poder. Por lo expresado, considera la entidad demandante que se ocasionó un detrimento patrimonial al Estado por parte del señor Luis Albeiro Villaquirán Burbano.

De acuerdo con las pruebas debidamente allegadas al plenario, se observa que en la parte considerativa de la sentencia del 10 de junio de 2010, mediante la cual se declaró la nulidad de la Resolución 2 de enero 4 de 2005, se precisó que la discrecionalidad con la que cuenta el nominador de un cargo de libre nombramiento y remoción para desvincular a quien lo desempeñe, sin motivación, no implica que este pueda ser desproporcionado a los hechos que le dieron origen y siempre debe propender por el mejoramiento del servicio; y se determinó igualmente que los indicios son prueba idónea para desvirtuar la legalidad del acto administrativo por medio del cual se declara la insubsistencia de un empleado que ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción.

Después de haber hecho estas precisiones, al aplicarlas al caso concreto, en dicha providencia el juez que declaró la nulidad del acto administrativo de insubsistencia, menciona y valora algunos testimonios que daban cuenta que el aquí demandado en su condición de gerente solicitó a varios funcionarios pedir vacaciones para poder cumplir compromisos políticos; conjuntamente con la valoración de las declaraciones que daban cuenta que la doctora Revelo Ávila, recibía permanentes felicitaciones en público por su desempeño; aunado a los actos administrativos que reposaron en aquél expediente que daban cuenta que dicha doctora fue encargada en varias ocasiones de la Gerencia de la Lotería del Cauca. Estos medios probatorios constituyeron indicios que, vistos en conjunto, le permitieron al Tribunal inferir que la declaratoria de insubsistencia de dicha funcionaria, obedeció a móviles diferentes al mejoramiento del servicio, así lo concluyo:

“Así las cosas, a juicio de la Sala, las circunstancias que roderaron la situación anterior a la insubsistencia, constituyen indicio serio de que lo que se buscó no fue el mejoramiento del servicio, sino el retiro de un funciorio para satisfacer intereses de carácter político, razón suficiente que demuestra la configuración de la causal de nulidad de desviación de poder que enerva definitivamente la legalidad de la Resolución 2 de 04 de enerto d e2005, por medio de la cual la señora María Cristina Revelo Ávila fue declarada insubsistente del cargo que desempeñaba en la Lotería del Cauca”.(sic)

Lo anterior muestra que el motivo por el cual se declaró la nulidad de la citada resolución fue la desviación de poder, causal que conforme a lo previsto en el artículo 5 de la ley 678 de 2001, hace presumir en el funcionario que expidió el respectivo acto administrativo la culpa grave y el dolo. Presunción que puede ser desvirtuada, pero que como bien se explicó en la parte teórica de esta providencia, tiene como consecuencia que traslada la prueba al demandado; es decir, correspondía en el sub judice al señor Luis Albeiro Villaquiran Burbano, desvirtuar esa desviación de poder que había sido declarada en aquél proceso en el que él no fue parte. Procede la Sala a examinar el acervo probatorio obrante, tendiente a tal propósito. Al respecto encuentra la Sala que en la contestación de la demanda, no se solicitaron o aportaron pruebas documentales; solamente se solicitó la declaración de diversos testigos, de los cuales fueron decretados únicamente tres; uno de ellos posteriormente desistido por el apoderado del señor Villaquiran.

Así las cosas, sólo se encuentran practicados los testimonios de Giovanni Larrarte Vásquez y de la Cielo de Fátima García Ocampo, esta última quien remplazó en su cargo a la persona que fue declarada insubsistente. Entra entonces la Sala a examinar dichas declaraciones, a fin de constatar si en su contenido se encuentran elementos que permitan desvirtuar la presunción de dolo o culpa grave por parte del aquí demandado.

En la declaración rendida por el señor Larrarte Vásquez, nada se encuentra sobre los motivos que pudo haber tenido Luis Albeiro Villaquiran para haber declarado insubsistente a María Cristina Revelo Ávila; cuando se le pregunta por dichos motivos dice, reiterativamente, no saber; ahora bien, cuando a este mismo testigo lo indagaban por si sabe las causas por las cuales fue nombrada la señora Cielo de Fátima García Ocampo afirmó: al parecer era una abogada que había trabajado con el Dr. Villaquirán Burbano por ende era de su entera confianza, por lo cual dijo presumir, que ese había sido el motivo.

En lo que respecta a la declaración de la doctora García Ocampo, su declaración apunta a destacar que el cargo que ostentaba la doctora Revelo Ávila, a quién ella remplazó, y que su designación obedeció a la confianza que Villaquiran Burbano le tenía. Expresamente dijo:

“Precisamente los motivos en este movimiento se constituyen en la naturaleza del cargo, es decir, de libre nombramiento y remoción, que implica un margen de confianza en el desempeño de las misiones asignadas a esta clase de cargos y el mejoramiento del servicio”

Los anteriores medios probatorios nada prueban sobre el mejoramiento del servicio que supuestamente pudo haber ocurrido con la declaratoria de insubsistencia de la doctora María Cristina Revelo Ávila; lo que sí demuestran es un grado de amistad entre el demandado Villaquiran Burbano y la doctora García Ocampo, circunstancia que lejos de desvirtuar la presunción que se había derivado de la desviación de poder, lo que hace es confirmarla; pues aparece palmario que el motivo que se tuvo para nombrarla fue su amistad con el entonces gerente de la Lotería del Cauca, y la mayor confianza que éste tenía en la persona que reemplazó a quien fuera declarada insubsistente; pero no se acreditan razones tendientes al mejoramiento del servicio.

De manera que la desviación de poder quedó confirmada con las pruebas aducidas por la misma parte demandada, toda vez que éstas evidenciaron motivos de carácter subjetivo, la amistad con el gerente; y no motivos objetivos de carácter institucional. Como consecuencia de ello se prescindió de una persona que contaba con todos los requisitos para ejercer el cargo y que había demostrado idoneidad en el desempeño del mismo. Dicho de otra manera, son cosas diversas los sentimientos de amistad y confianza que un funcionario tenga hacia alguna persona; de la necesidad objetiva del servicio para designar a dicho individuo, y tales sentimientos de amistad y confianza no pueden invocarse como razones que justifiquen el nombramiento de una persona en un cargo público, ni siquiera en el evento en que tal designación se haga en un cargo de libre nombramiento y remoción. Así las cosas, quedó demostrado en el sub judice que el gerente de la Lotería del Cauca actúo por motivos subjetivos; no institucionales que apuntaran al mejoramiento del servicio que tal entidad prestaba.

No puede confundirse confianza en un servidor público con razones objetivas del servicio, las primeras son de índole personal e individual, motivaciones subjetivas esencialmente; las segundas, las del servicio, institucionales objetivas y relacionadas sustancialmente con los fundamentos constitucionales previstos en los artículos 2º, 123 inciso 2 y 209 de la Carta, que llaman a la prevalencia del interés general en el ejercicio de los poderes públicos. Las razones del servicio son de interés general; la confianza o no en un servidor público es de índole personal individual, por lo tanto, éstas no pueden prevalecer sobre aquéllas.

Por el análisis efectuado al material probatorio, para la Sala la conducta estudiada se enmarca dentro del dolo, al tenor de lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, consistente en una desviación de poder. Este dolo se tiene por acreditado con base en las pruebas que relacionó el juez que declaró la nulidad, y confirmado con el escaso material probatorio que aportó el demandado al proceso tendiente a desvirtuarlo. Se tiene entonces que el señor Villaquiran Burbano incumplió la carga que sobre él pesaba, de desvirtuar la presunción que se había establecido en su contra, desde que el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca había declarado la nulidad, por desviación de poder, del acto administrativo expedido por él.

7. Liquidación de la condena.

Para efectos de la condena, la Sala tendrá en cuenta las órdenes de egreso que se reseñaron en el acápite de pruebas, y se reconocerán los montos allí establecidos; pues, los mismos coinciden con la condena que se estableció en contra de la Lotería del Cauca. De esos valores se excluirán únicamente las cifras que se pagaron por concepto de intereses moratorios, toda vez que al demandado no le son imputables tales intereses, pues los mismos se generaron por errores en que incurrió la entidad demandante.

Así las cosas, se encuentra probado que la Lotería del Cauca pagó los siguientes montos: $320.064.863, de los que da cuenta el comprobante de egreso No. 168 del 10 de septiembre de 2010; $4.746.185, pago que se acreditó con la orden de egreso 1625, del 19 de noviembre de 2010, excluidos los intereses moratorios; y $860.987, cuyo pago se probó con la orden de egreso 158 del 8 de febrero de 2011, excluyendo igualmente en este caso los intereses moratorios. Como los pagos se hicieron en meses distintos, cada una de ellas se actualizará con la fórmula matemática utilizada por esta corporación para el efecto, así:

Va = Vi (If / Ii)

Donde,

Va: valor actual

Vi: valor inicial, equivalente a la suma efectivamente pagada.

If: índice final, equivalente al último IPC conocido a la fecha en que se profiere este fallo, julio de 2016, esto es, 133.27

Ii: índice inicial, equivalente al IPC en la fecha en que se realizó el pago,

En este orden de ideas,

a. Al actualizar la suma pagada en el comprobante de egreso número 168 de 10 de septiembre de 2010, se tiene.

Vi = $320.064.863

If = IPC de julio de 2016, esto es, 133,27

Ii = IPC de septiembre 2010, es decir, 104,45

Va = Vi (If / Ii)

Va = 320.064.863.oo (133,27 / 104,45)

VA = 408.377.638,02

b. Al actualizar la suma pagada en el comprobante de egreso número 1625 del 19 de noviembre de 2010, se tiene:

Vi = $4.746.185

If = IPC de julio de 2016 esto es, 133,27

Ii = IPC de noviembre 2010, es decir, 104,56

Va = Vi (If / Ii)

Va = 4.746.185.oo (133,27 / 104,56)

VA = $6.049.388,62

c. Al actualizar la suma pagada en el comprobante de egreso número 158 del 8 de febrero de 2011, se tiene:

Vi = $860.987

If = IPC de julio de 2016, esto es, 133,27

Ii = IPC de febrero de 2011, es decir, 106,83

Va = Vi ( If / Ii )

Va = 860.897 (133,27 / 106,83)

VA = $1.073.965,58

Así las cosas el total de la condena es:

$ 408.377.638,02

$ 6.049.388,62

$ 1.073.965,58

Total: $ 415.500.992.22

8. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 30 de abril de 2015, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE al señor Luis Albeiro Villaquiran Burbano, responsable patrimonialmente del pago que la empresa Lotería del Cauca se vio obligada a hacer en cumplimiento de la sentencia del 10 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, como consecuencia de la nulidad de la Resolución 2 del 4 de enero de 2005.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE al señor Luis Albeiro Villaquiran Burbano, a pagar a la Lotería del Cauca la suma de cuatrocientos quince millones quinientos mil novecientos noventa y dos pesos con veintidós centavos. m/cte ($415.500.992.22).

3. Sin condena en costas.

4. FIJAR para el cumplimiento de esta sentencia, el plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a su ejecutoria.

5. En firme esta providencia devuélvase el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—presidente de la Sala—

Guillermo Sánchez Luque. 

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión que se adoptó en la providencia del 1º de septiembre de 2016, disiento de algunas consideraciones allí consignadas.

Uno de los elementos esenciales para que un cargo sea clasificado como de libre nombramiento y remoción es la confianza que debe recaer en el empleado. Por ello, a mi juicio, la existencia de una mayor confianza del nominador hacia un empleado nuevo que reemplaza a quien ocupaba el cargo de libre nombramiento, no es —en principio— contraria al mejoramiento del servicio.

Guillermo Sánchez Luque 

1 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, expediente 22099; 6 de diciembre de 2006, expediente 22056; 3 de octubre de 2007, expediente 24844; 26 de febrero de 2009, expediente 30329; 13 de mayo de 2009, expediente 25694; 28 de abril de 2011, expediente 33407, entre otras.

2 Sentencia de 28 de abril de 2001, expediente 33407.

3 La Ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente.

4 Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente 30327.

5 ART. 1625.—Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1. Por la solución o pago efectivo. 2. Por la novación. 3. Por la transacción. 4. Por la remisión. 5. Por la compensación. 6) Por la confusión. 7. Por la pérdida de la cosa que se debe. 8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 9. Por el evento de la condición resolutoria. 10. Por la prescripción.

6 Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión etc.

7 Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

8 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.

9 Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta.

10 Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

11 Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

12 El Inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, señala que “Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión.”

13 Sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 18621.

14 Sentencia del 11 de febrero de 2010, expediente 16458.

15 ART. 1626.—“El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
ART. 1757.—“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

16 ART. 232.—“(…) Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”

17 Sentencia de 27 de noviembre de 2006, expediente 29002.

18 Sentencia del 8 de julio de 2009, expediente 22120.

19 Sentencia 1º de octubre de 2008, expediente 22.613.

20 Sentencia del 30 de agosto de 2007, expediente 29.223; 26 de febrero de 2009, expediente 30329; 22 de julio de 2009, expediente 25659.

21 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, expediente 8483; 21 de octubre de 1994, expediente 9618; 12 de abril de 2002, expediente 13922; 5 de diciembre de 2005, expediente 23218.

22 Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001.

23 Sentencia C-430 que dictó la Corte Constitucional el 12 de abril de 2000.

24 Sentencia del 31 de agosto de 1999, expediente 10865.

25 El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

26 Sentencias C-374 de 2002, C-423 de 2002 y 455 de 2002.