Sentencia 2011-00239/50988 de abril 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dr. María Adriana Marín

Rad.: 76-001-23-31-000-2011-00239-01 (50988)

Actor: O.E.O.C. y Otros

Demandado: Nación-Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá D.C., diecinueve de abril de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo.

La Sala decide el presente caso en virtud del acta 10 del 25 de abril de 2013, en la cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 10 de mayo de 2013, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en Auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(1).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(2).

En el proceso obra copia del acta de audiencia del 10 de diciembre de 2009, del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, en la que se precluyó la investigación penal a favor del señor O.E.O.C. (fl. 408 cdno.1)(3), por lo que al haberse presentado la demanda el 22 de febrero de 2011 (fls. 15 a 39 cdno.1), resultaría que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

4. La legitimación en la causa.

El demandante O.E.O.C. fue la víctima directa del daño alegado, esto es, la persona privada de la libertad; la señora M.D.J.C.C. acreditó ser su madre (fl. 3 cdno.1), los señores L.S.T.C., J.W.V.C., M.A., M.T. y L.G.T.C. acreditaron ser hermanos del señor O.C. (fls. 4 a 8 cdno.1), de donde se infiere que tienen un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados, por tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa.

Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones adelantadas por la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación - las cuales se acusan de ser las causantes de los daños cuya indemnización reclama la parte actora.

5. Problema jurídico.

La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para declarar a la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial- patrimonialmente responsables por los daños sufridos por los demandantes por la privación de la libertad del señor O.E.O.C., ordenada dentro de la investigación penal que se adelantó en su contra por el delito de hurto calificado agravado y que culminó con preclusión de la investigación ordenada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, con fundamento en que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia del inculpado.

5.1. El daño.

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado.

En el caso concreto, el daño alegado por los demandantes es la privación de la libertad del señor O.E.O.C. sufrida en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra.

La Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor O.E.O.C. fue procesado penalmente y, por ende, privado de su libertad desde el 31 de julio de 2008 hasta el 19 de marzo de 2009, tal como lo refleja la certificación expedida por el Inpec (fl. 10 Cdno.1).

Al proceso concurrieron, igualmente, los señores M.D.J.C.C., L.S.T.C., J.W.V.C., M.A., M.T. y L.G.T.C., quienes acreditaron ser la madre y los hermanos del afectado directo, según consta en sus registros civiles de nacimiento, por lo que se infiere que padecieron un daño como consecuencia de la privación de la libertad de su familiar (fls. 3 a 8 Cdno.1).

5.2. La imputación.

Establecida la existencia del daño es necesario verificar si el mismo es imputable o no a las demandadas, aspecto este que constituye el núcleo de los recursos de apelación formulados.

5.2.1. Valorado el conjunto material probatorio, ha de decirse que se encuentran acreditados en el presente caso los siguientes hechos:

El 29 de julio de 2008, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra del señor O.E.O.C., en el cual sostuvo (fls. 147 a 151 Cdno. pruebas):

En la tarde del 29 de julio de 2008 dos sujetos ingresaron al Centro Médico C.N., ubicado en la carrera XXX XX-XX de esta ciudad y, mientras uno de ellos esgrimió un arma de fuego a los pacientes que allí se encontraban, entre las que se hallaban Z.A.C.C. a quien despojó de una cartera pequeña en la que portaba $50.000 y documentos personales, H.M.M. a quien despojó de un bolso en el que portaba $12.000, un teléfono móvil y documentos personales, E.C., el otro sujeto, entre tanto, sustrajo de un consultorio un equipo médico denominado (sic) sacaban un computador portátil que introdujeron dentro de un vehículo automotor que los esperaba, en el que, junto con el conductor se hallaba el imputado en el puesto delantero del pasajero, quien les abrió a aquellos una de las puertas traseras del automotor, y en el cual los cuatro sujetos se dieron a la fuga, pero el incriminado fue capturado a los breves momentos en la carrera XXª con XX XX, por donde se dirigía a pie, por autoridades de la policía que luego de arribar al lugar de los hechos, donde se enteraron de lo ocurrido, iniciaron la búsqueda de los expoliadores, y a quienes un ciudadano les señaló a aquel como un individuo que se había bajado del mencionado vehículo en que huían, al que, además, le hallaron un revólver del que portaba la respectiva licencia.

El 30 de julio de 2008, el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, celebró audiencia preliminar de “control de legalidad de captura, control de legalidad de formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento” formulada por la Fiscalía General de la Nación, en la cual se dispuso la detención preventiva en establecimiento carcelario del señor O.E.O.C. por el delito de hurto calificado y agravado. Se escucha en el audio lo siguiente: (fl. 152 Cdno. pruebas, grabada en CD):

Control de legalidad de captura, se le concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que nos exprese los motivos por los cuales fue capturado el señor O.E.O.C.

(...)

Se legalice la captura del ciudadano O.E.O.C., la cual ocurrió ayer 29 de julio de 2008 a las 14:30 en la carrera XXª con XX de la ciudad de Cali, barrio S.F., según informe policivo suscrito por el agente C.F.M.Z., adscrito a la Policía Nacional, quien manifiesta lo siguiente: siendo las 14:25 horas cuando nos encontrábamos patrullando por el parque el perro, la central de comunicaciones reporta un caso de hurto en la carrera XX X X-XX, motivo por el cual nosotros nos desplazamos hacia ese sitio encontrando a la altura de la carrera XX X X-XX barrio XXXX, un grupo numeroso de personas quienes manifiestan que les habían robado el dermatron para detectar enfermedades, un computador portátil, un bolso con documentos, una cartera con documentos, indicándonos que habían volteado en la esquina para tomar la calle quinta, iniciamos inmediatamente la persecución logrando dar con la captura de uno de los sujetos descrito por los afectados a la altura de la carrera XXª con cuarta del barrio S.F., a quien se le practicó una requisa hallándole en su poder un revólver calibre 38, inmediatamente las personas lo señalan como el autor del hurto, se le leyeron los derechos del capturado y se trasladó a la URI para su judicialización. Es de anotar que el capturado el señor O.E.O. se movilizaba a pie en el momento de su captura, fue señalado por un ciudadano que no quiso aportar información por temor que le pasara algo, pero este nos informó que este sujeto se había bajado de un vehículo color gris sin dar más información, no fue posible ubicar las placas del vehículo ya que iba a gran velocidad. El sujeto capturado en el momento vestía una camiseta a rayas negro con habano, pantaloneta a cuadros color café y zapatillas blanca con negro. Seguidamente recibido el informe con el capturado (...) también se hace presente las siguientes personas ofendidas, la señora M.A.A.V., quien manifiesta lo siguiente: eso fue hoy 29 de julio de 2008 siendo las dos de la tarde, yo me desempeño como secretaria del centro médico C.N. ubicado en la dirección carrera XXX # X-XX cuando me encontraba en la farmacia escuché que estaban gritando del consultorio y salí de la farmacia y observe que el consultorio sacaban el dermatron que es un equipo del consultorio y un portátil del mismo consultorio que los estaban metiendo en un carro de color gris y observé a cuatro hombres, uno estaba en la silla del copiloto, el otro estaba de conductor y los otros dos estaban metiendo los equipos dentro del carro y de inmediato salieron en el carro los cuatro sujetos con los elementos, en ese momento pasaba una patrulla de la Policía a quienes se le dio aviso y estos persiguieron a los sujetos que iban en el carro mientras yo llamaba al 112 y como a los 15 minutos llegaron más patrullas de policía y es cuando traen a un señor de tez negra capturado y yo inmediatamente lo reconozco como la persona que estaba de copiloto en el carro donde se fueron los ladrones, igualmente quiero manifestar dentro del consultorio estaban 7 personas que son pacientes de ese consultorio, quien también algunos fueron afectados y también reconocen a este sujeto y el arma que este portaba, yo no me encontraba en consultorio me encontraba en la farmacia que está al lado del consultorio, los que vieron bien a los sujetos que ingresaron son los pacientes que estaban en la Sala de espera, yo solamente observe cuando estos estaban ingresando los elementos al carro, del consultorio solamente se llevaron el dermatron que es un equipo médico y un computador portátil que están avaluados en la suma de siete millones de pesos.

Se le recibe testimonio a la segunda afectada, señora Z.A.C.C., quien manifiesta lo siguiente: hoy 29 de julio de 2008 siendo aproximadamente las 2 de la tarde estábamos en el consultorio del doctor F.M. y entraron dos hombres de tez claro, uno estaba armado quien nos colocó el revólver y se llevó tres bolsos y a mí personalmente una cartera pequeña donde tenía $50.000 y los documentos de la cédula de ciudadanía, mientras este robaba los bolsos, el otro arrancó los equipos y se llevó el computador y otro equipo, inmediatamente apareció un carro de color gris y la persona que fue capturada por la policía fue la que les abrió la puerta a estos dos sujetos para que entraran los equipos y estos dos sujetos entraron en la parte atrás del carro y salieron y se fueron. El arma que le cogieron a él fue la misma con la que nos apuntara a nosotros que nos encontrábamos en la Sala de espera del consultorio, la persona que les abrió la puerta del carro es la misma que fue capturada por la policía, yo lo reconozco porque era de tez negra y estaba vestido de la misma forma con una camisa a rayas no me fije en el pantalón, en ese momento apareció una moto de la policía y se les aviso lo sucedido y ellos inmediatamente salen en persecución de estos hombres y es cuando lo capturan, la policía se devuelve con esta persona capturada inmediatamente los que estábamos ahí lo reconocemos como el que se encontraba dentro del carro que les abre la puerta y se llevan los elementos.

La tercera ofendida es la señora H.M.M., quien manifiesta lo siguiente: hoy 29 de julio siendo aproximadamente las 2 de la tarde me encontraba en el consultorio del doctor F.M. cuando un sujeto con un arma empezó a decir que le entregaran los celulares y los bolsos que tenían y cuando llego donde yo estaba el sujeto me apunto en la cabeza con el arma que tenía y me dijo entrégueme su bolso y su celular, se me llevó todo el bolso con mi cedula, la fotocopia de la cedula de D.E.R., $12.000,la biblia y un celular marca Nokia, después de recoger las carteras el otro sujeto arrancó el dermatron y un computador portátil y salieron con esos elementos y estaba afuera de color plateado y este sujeto que fue capturado fue el que abrió la puerta del carro y los otros se metieron allí con las cosas y salió el carro, cuando ellos salen aparece la policía y se prenden las sirenas y salen en persecución de ellos, cuando regresa la policía llega con ese capturado que es la misma persona que se encontraba en el carro y que fue el que les abrió la puerta a los otros para que ingresaran los equipos, los sujetos que ingresaron uno el que me coloco la pistola era crespo, cari redondo, de estatura media, joven, trigueño claro, tenía un pantalón como sudadera y el otro no lo alcance a ver pero en el carro estaban dos sujetos uno en el puesto del conductor y el otro estaba al lado que es la persona que fue capturada el que abrió las puertas del carro era de tez negra que vestía una camisa a rayas y yo no le vi el pantalón que es el que la policía capturó.

Así las cosas su señoría se puede concluir hasta este momento procesal que el ciudadano O.E.O.C. fue capturado en circunstancias de flagrancia de conformidad con el artículo 301 numeral 2 y 3 ya que por voces de auxilio la policía acude al sitio del hurto e inicia la persecución y da con su captura siendo reconocido por las personas afectadas, encontrándole que llevaba un arma de fuego de defensa personas en buen estado de funcionamiento tipo revolver calibre 38 (...) el joven O.E.O.C. cuenta con permiso salvoconducto para portar esta arma de fuego con fecha de vencimiento en el año 2010 (negrilla de la Sala).

El 18 de marzo de 2009, el Juzgado Veinticuatro Penal municipal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad provisional del señor O.E.O.C., por vencimiento de los términos (fl. 93 Cdno. pruebas).

El 10 de diciembre de 2009, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, a solitud de la Fiscalía General de la Nación, precluyó la investigación penal a favor del señor O.E.O.C., debido a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia (fl. 25 a 28 Cdno. pruebas, costa en DVD), decisión que se motivó en los siguientes términos:

Antes de continuar con el trámite de juicio oral, con todo respeto solicito preclusión de la investigación, toda vez que la Fiscalía a mi cargo a pesar de tener el pleno convencimiento de la autoría que por el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación punitivas por el señor O.E.O.C. quien no se encuentra presente. En este momento no se cuenta con los elementos materiales probatorios o evidencia física para demostrar la responsabilidad del aquí procesado por cuanto los testigos nombrados en el escrito de acusación han sido renuentes a comparecer a este juicio para rendir su versión sobre los hechos que motivaron el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, sustento mi petición en los informes suscritos por las investigadoras del CTI, señora S.M.O.B. de fecha 21 de octubre de 2009 y A.C.P.G. adscritas al despacho fiscal a mi cargo, en cumplimiento a órdenes de policía judicial impartida los días 20 de octubre y 7 de diciembre del corriente año donde se solicitó notificar la fecha de la audiencia de juicio oral, el cual inicio usted señora juez como titular del despacho de conocimiento (…)

Informe del 21 de octubre, se ordenó mediante orden de policía judicial a la señora S.M.O.B. instrucciones precisas de notificar la audiencia de juicio oral, ella dice resultados de la actividad investigativa con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida por su despacho, me permito informarle que me desplace a la calle …, ligar de residencia de la señora H.M.M., a quien le informé de la audiencia de juicio oral que se realizaría el día 23 de octubre a las dos de la tarde en el Juzgado Quinto Penal Municipal, manifestando la señora que ella no asistirá a esta diligencia porque la asesoraron para no hacerlo ya que ella teme por su seguridad y porque ella está cuidando una enferma y no le es posible asistir. Referente a la señor M.A.A.V., al llegar a la carrera …, fue atendida por una señora que se encontraba muy enojada quien informa que la señor M.A. no reside allí y que desconoce donde se puede ubicar, igualmente se le solicita a la referida señora que en caso de tener contacto con la misma que por favor le informe que para el día 23 de octubre del 2009 a las dos de la tarde se llevara a cabo audiencia de juicio oral en el Juzgado Quinto Penal Municipal, no fue posible obtener el nombre de la persona que la atendió. Posteriormente, se dirigió a la dirección…, con el fin de comunicar a la señora Z.A.C. sobre la diligencia en el en el Juzgado Quinto Penal Municipal pero la atendió un señor que le informó que la señora Z. no reside en esa unidad y que va cada dos meses a cancelar la administración.

Posteriormente se le dio orden de policía judicial a la investigadora adscrita a mi despacho la señora A.C.P.G., informando el 7 de diciembre de 2009, lo siguiente: resultado de la actividad investigativa, se entabla comunicación telefónica y se realiza desplazamiento a la casa de la señora H.M.M. quien manifestó: no voy a presentarme, vale más mi vida que lo que hizo ese muchacho, no es mi deseo comparecer a juicio, no me importa lo que pase con ese muchacho, no voy a prestar mi colaboración.

Se entregó citación en la casa de E.C., la que es recibida por su señora madre y manifestó: no creo que mi hija vaya ya que es ese día pidió un permiso espacial en su trabajo por un viaje.

(...)

Señoría por lo antes manifestado, esto me lleva a concluir que las personas citadas a declarar en este juicio no se hacen presentes por el físico temor a represalias, es por ello que nuevamente solicito la preclusión de este juicio.

Para resolver se considera:

Atendiendo la petición de la Fiscalía encuentra este despacho, que de conformidad con el parágrafo del artículo 332 es procedente dar aplicación al mismo atendiendo que fue imposible dar inicio a la práctica de pruebas toda vez que los testigos no pudieron ser traídos al juicio, de tal suerte que es procedente determinar su preclusión conforme al parágrafo que dice ‘durante el juzgamiento que sobrevenga causales contempladas en los numerales 1 y 3 el fiscal, ministerio público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión’.

Y además de ello no se puede desvirtuar la presunción de inocencia artículo 332 numeral sexto.

Como consecuencia de lo anterior, al darse la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal investigación y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia encuentra razonada y ajustada a derecho la solitud de extinción por causal elevada por la Fiscalía siendo por ello que el Juzgado la concede y cesa con efectos de cosa juzgada toda persecución penal en el presente caso (negrillas de la Sala).

Así las cosas, los presupuestos fácticos del sub lite podrían ser encuadrados, en principio, en el régimen de responsabilidad derivado de la privación injusta de la libertad que tiene lugar cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente preclusión de la investigación o una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado. No obstante, se procede ahora a analizar si dadas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento constitutivo del hecho exclusivo de la víctima, que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

El sustento de esta afirmación descansa en el contenido de las providencias proferidas por la Fiscalía General de la Nación y del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali en la investigación penal seguida en contra del señor O.E.O.C., dado que su lectura permite entrever la existencia de algunas situaciones que incidieron en la privación de su libertad, al margen de que la decisión final en este caso fuera prelucir la investigación a su favor.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que no toda preclusión u absolución en un proceso penal deviene en responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la investigación tuvo sustento probatorio y de ella se pudo desprender que la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la justicia ordinaria, se hubiere proferido sentencia absolutoria.

La jurisprudencia de esta Corporación(4) ha definido los parámetros que se hacen necesarios para considerar la presencia en un determinado evento del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado.

En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.

Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(5) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(6), de los cuales se extrae que el primero corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

La Corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder —activo u omisivo— de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. De ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. Puntualmente, esta Sección sostuvo(7):

‘Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

‘(…)

‘Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

‘De igual forma, se ha dicho:

“… para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

“Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)”(8)’.

En asuntos como el analizado, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se establece que el afectado con la medida de aseguramiento actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en las conductas ilícitas que dieron lugar a la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de la privación de la libertad, sin importar que con posterioridad sea exonerado de responsabilidad.

En este orden de ideas, se concluye que en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida que le privara de su libertad.

En ese entendido, a pesar de que la investigación penal precluyó a favor del señor O.E.O.C., debido a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, a la Sala no le cabe duda de que su conducta dio lugar a que, además de ser investigado, fuera objeto de una medida restrictiva de su libertad, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas por la justicia ordinaria, en orden a determinar si fueron acertadas o no.

Del material probatorio que reposa en el expediente se desprende que, el señor O.E.O.C. fue capturado en flagrancia y reconocido por las víctimas del hurto, así quedó establecido en la audiencia preliminar de “control de legalidad de captura, control de legalidad de formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento”, de la cual se extrae (fl. 152 Cdno. pruebas, grabada en CD):

(…)

Primera víctima:

Cuando traen a un señor de tez negra capturado y yo inmediatamente lo reconozco como la persona que estaba de copiloto en el carro donde se fueron los ladrones, igualmente quiero manifestar dentro del consultorio estaban 7 personas que son paciente de ese consultorio, quien también algunos fueron afectados y también reconocen a este sujeto y el arma que este portaba

(…)

Segunda víctima:

(…) la persona que fue capturada por la policía fue la que les abrió la puerta a estos dos sujetos para que entraran los equipos y estos dos sujetos entraron en la parte atrás del carro y salieron y se fueron. El arma que le cogieron a él fue la misma con la que nos apuntara a nosotros que nos encontrábamos en la Sala de espera del consultorio, la persona que les abrió la puerta del carro es la misma que fue capturada por la policía, yo lo reconozco porque era de tez negra y estaba vestido de la misma forma con una camisa a rayas no me fije en el pantalón

Tercera víctima:

(…) este sujeto que fue capturado fue el que abrió la puerta del carro y los otros se metieron allí con las cosas y salió el carro, cuando ellos salen aparece la policía y se prenden las sirenas y salen en persecución de ellos, cuando regresa la policía llega con ese capturado que es la misma persona que se encontraba en el carro y que fue el que les abrió la puerta a los otros para que ingresaran los equipos, los sujetos que ingresaron uno el que me coloco la pistola era crespo, cari redondo, de estatura media, joven, trigueño claro, tenía un pantalón como sudadera y el otro no lo alcance a ver pero en el carro estaban dos sujetos uno en el puesto del conductor y el otro estaba al lado que es la persona que fue capturada el que abrió las puertas del carro era de tez negra que vestía una camisa a rayas y yo no le vi el pantalón que es el que la policía capturó.

Asimismo, fue señalado por un ciudadano que sostuvo que el ahora demandante se bajó del vehículo en el que huían los ladrones.

Así, pues, es claro que el señor O.E.O.C. fue plenamente identificado por las víctimas del hurto como la persona que se encontraba de copiloto en el carro que huyeron los ladrones que ingresaron al centro médico y que les abrió la puerta para poder ingresar los elementos robados. Además, en el momento de la captura se le encontró el presunto revólver con el que intimidaron a las víctimas en el robo.

Así las cosas, es claro para la Sala que la conducta del señor O.E.O.C. fue determinante para iniciar la investigación penal en su contra y la restricción de la libertad que soportó, independiente de que con posterioridad se hubiera declarado la preclusión de la investigación, debido a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, pues como quedó demostrado los testigos no acudieron al juicio por temor.

En ese contexto, aun cuando se precluyó la investigación penal a favor del señor O.E.O.C., por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, en consideración de lo expuesto, la Sala concluye que la conducta del ahora demandante fue determinante en la producción del daño, entendido como la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario.

Teniendo en cuenta que el señor O.E.O.C. fue capturado en flagrancia y que las víctimas del robo lo identificaron como la persona que se encontraba de copiloto dentro del vehículo que huyeron los ladrones y que fue él quien les abrió la puerta para poder ingresar los elementos robados, considera la Sala, que ni a la Fiscalía ni a la Rama Judicial se les podía exigir una actuación diferente a la que, en efecto, desplegaron, esto es, la apertura de la investigación penal correspondiente y la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra. Se insiste: si bien al hoy demandante se le precluyó la investigación, su conducta sí resultó determinante para que se le impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva, circunstancia que rompió el nexo de causalidad entre el daño irrogado y su imputación al Estado.

En otras palabras, es evidente en el caso en cuestión, el señor O.E.O.C. obró con dolo, toda vez que, como quedó visto, su conducta se realizó con la intención de generar daño al patrimonio de otras personas.

En síntesis, como en la presente controversia se configuró la causal eximente de responsabilidad en la modalidad de dolo, toda vez que está demostrado que la conducta de la demandante fue la causa determinante en la ocurrencia del daño, se revocará la sentencia apelada, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

7. Condena en costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la Sentencia de 10 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1. Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3. El artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) establece que por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados. En el presente caso se notificó en audiencia del 10 de diciembre de 2009, sin que las partes presentaran ningún recurso de ley.

4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 10) de noviembre del 2017). C.P: Marta Nubia Velásquez Rico (E).

5. En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17.933, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Sentencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la Sentencia del 1 de agosto de 2016, Exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón.

6. “ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

7. Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38438. C.P: Hernán Andrade Rincón.

8. Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.