Sentencia 2011-00249/22573 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 63001 23 31 000 2011 00249 01

Número interno: 22573

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Hotel Campestre Las Heliconias Ltda.

Demandado: UAE-DIAN

Sanción por no enviar información - año 2006

Consejero Ponente (E):

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

3.1. Problema jurídico.

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN impuso a la demandante sanción por no enviar información exógena por el año gravable 2006.

En concreto y en los términos del recurso de apelación, la Sala determina si existió prescripción de la facultad sancionatoria de la DIAN, de acuerdo con el artículo 638 del estatuto tributario. De no ser así, si la administración determinó en forma clara y precisa el hecho sancionable imputable a la actora y si procede la sanción del artículo 651 del estatuto tributario y en qué términos.

3.2. Prescripción de la facultad sancionatoria.

La DIAN impuso a la actora la sanción del artículo 651 del estatuto tributario porque no suministró la información de que tratan los literales a), b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario(18). La última norma en mención autoriza al Director General de la DIAN para requerir información a las personas, sean contribuyentes o no, con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

En virtud de dicha autorización, el Director General de la DIAN expidió la Resolución 12807 de 26 de octubre de 2006 por la cual estableció, para el año gravable 2006, el grupo de obligados a suministrar la información a que se refieren los literales a) b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario. Asimismo, fijó el contenido y características técnicas para la presentación de la información y los plazos para la entrega de esta.

Según el literal a) del artículo 1º de la mencionada resolución, estaban obligados a presentar dicha información exógena, las personas naturales, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando los ingresos brutos del año gravable 2005, hubieran superado los mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000).

Conforme con el artículo 18 de la Resolución 12807 de 26 de octubre de 2006, el plazo para que la actora presentara la información exógena del año gravable 2006, vencía el 2 de abril de 2007, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT(19).

Es un hecho aceptado por las partes que la demandante estaba obligada a suministrar la información exógena por el año gravable 2006, solicitada en la Resolución 12807 de 26 de octubre de 2006. También es un hecho que no se discute, que la actora no entregó la información dentro del plazo que tenía para ello.

En consecuencia, la demandante incurrió en una de las infracciones sancionables del artículo 651 del estatuto tributario, que prevé lo siguiente:

“ART 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de [Decreto 4715 de 26 de diciembre de 2005: doscientos noventa y seis millones seiscientos cuarenta mil pesos ($ 296.640.000)], la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

[…]” (subraya la Sala)

Conforme con el primer inciso de la norma transcrita, las personas obligadas a suministrar información tributaria y aquellas a quienes la administración les haya solicitado información o pruebas, pueden ser sancionadas si incurren en las siguientes conductas, que son distintas: i) cuando no suministran la información requerida en el plazo fijado para ello; ii) cuando presentan la información requerida pero el contenido tiene errores y iii) cuando entregan información distinta de la requerida.

La actora no suministró la información exógena que debía entregar por el año gravable 2006 dentro del plazo que tenía para ello, esto es, hasta el 2 de abril de 2007. Tampoco la entregó en oportunidad posterior.

Sobre la prescripción de la facultada sancionatoria, el artículo 638 del estatuto tributario, dispone lo siguiente:

“ART. 638.—Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del estatuto tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar” (subraya la Sala).

De acuerdo con la anterior disposición, cuando las sanciones son impuestas mediante resolución independiente, como en el presente caso, la DIAN previamente debe formular pliego de cargos, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas.

En Sentencia de 21 de agosto de 2014, la Sala reiteró su criterio en el sentido de que para iniciar el conteo del término de los dos años para notificar el pliego de cargos debe considerarse si la conducta sancionable está vinculada o no a un período fiscal determinado(20). En la citada sentencia, la Sala hizo las siguientes precisiones:

“3.3. En ese orden de ideas, el dies a quo debe contabilizarse a partir de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del período gravable que corresponda al hecho sancionable, es decir:

a) Cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido.

b) Cuando la conducta sancionable sí se vincula a un período fiscal específico, en tanto es producto, para citar un caso, de irregularidades en la contabilidad de un período determinado, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada toda vez que de ella se deriva la conducta sancionable.

3.4. La finalidad del artículo 638 del estatuto tributario no es otra que otorgarle a la administración tiempo suficiente para identificar, investigar, fiscalizar y sancionar las eventuales irregularidades u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables y de terceros.

La interpretación, que se reitera en esta sentencia, favorece la seguridad jurídica, principio que “apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación”(21).

Así, en la referida sentencia se reiteró el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de tiempo atrás, según el cual cuando se trata del incumplimiento del deber de suministrar información exógena, como en este caso, para contar el término de dos años que tiene la administración para notificar el pliego de cargos, debe considerarse el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable y no la vigencia fiscal investigada(22).

Además, en Sentencia de 7 de mayo de 2015, la Sala reiteró lo siguiente(23):

“Así, cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable.

Por el contrario, si la conducta sancionable se vincula a un período fiscal determinado, por ejemplo, en caso de irregularidades en la contabilidad, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada, toda vez que de ella se deriva la conducta sancionable”.

Por lo anterior, en relación con la sanción por no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello, que es la que se analiza en el caso sub examine, el término de prescripción debe contarse a partir de la fecha en que el contribuyente presentó, o debía presentar, la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del año en el que venció el plazo fijado para entregar la información solicitada.

Como se precisó, en el caso en estudio la demandante incumplió el deber de suministrar información exógena por el año gravable 2006, porque debió entregar dicha información hasta el 2 de abril de 2007 y no lo hizo.

Lo anterior significa que el hecho irregular sancionable, consistente en no entregar la información exigida dentro de los plazos establecidos en la Resolución 12807 de 2006, ocurrió durante el año gravable 2007, por lo que, conforme con lo expuesto, el término de prescripción de la facultad sancionatoria debe contarse desde la fecha en la que la demandante presentó la declaración de renta por ese año gravable, esto es, desde el 29 de abril de 2008(24).

Por ende, la administración tenía hasta el 29 de abril de 2010 para notificar el pliego de cargos. Como este acto se notificó por correo el 27 de agosto de 2009(25), no se configuró la prescripción de la facultad sancionatoria de la DIAN, como lo alega la demandante. No prospera el cargo.

3.3. Violación del principio de legalidad de las sanciones.

La actora sostiene que se violó el principio de legalidad de las sanciones porque en el pliego de cargos y en el acto sancionatorio no especificó el hecho sancionable. Ello, por cuanto, de manera general, en ambos actos se refirió a “información o pruebas no suministradas, información suministrada en forma extemporánea, errores en la información y que la información no corresponde con lo solicitado”.

El pliego de cargos es la imputación que hace la administración al contribuyente cuando este incurre en un supuesto hecho sancionable y debe notificársele para que pueda ejercer su derecho de defensa.

La Sala ha sostenido que las sanciones deben imponerse por los mismos hechos planteados en el pliego de cargos, puesto que si se sanciona por hechos distintos se desconoce el debido proceso, dado que el administrado no tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa(26).

En el caso en estudio, la DIAN formuló a la actora pliego de cargos por las siguientes razones(27):

“[…] La subdirección de gestión de fiscalización tributaria remite listado de seleccionados del programa omisos informantes año 2006, reportando al contribuyente Hotel Campestre Las Heliconias Ltda., con NIT 801.003.935-0, por no enviar información en medios magnéticos por el año gravable 2006 estando obligado a ello, omisión que se encuentra ratificada mediante consulta realizada el 09 de Julio de 2009 en el sistema informático de la DIAN - servicio de análisis de operaciones. De acuerdo con el artículo 18 de la Resolución 12807 del 26 de octubre de 2008 el citado contribuyente debía presentar la información de acuerdo a los últimos dígitos del NIT (35), el día 2 de abril de 2007, obligación que a la fecha no ha cumplido.

Al no enviar la información solicitada, el contribuyente está lesionando los intereses de la DIAN, ya que la información se solicita con la finalidad de que la entidad efectué estudios y cruces de información para el debido control de los tributos.

[…]

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este despacho propone dar aplicación a la sanción, por no enviar información, prevista en el artículo 651 del estatuto tributario, al contribuyente Hotel Campestre Las Helicondias Ltda., con NIT 801.003.935-0” (subraya la Sala).

Por su parte, la sanción impuesta por Resolución 012412010000033 de 11 de marzo de 2010, se motivó en lo siguiente(28):

“Si bien es cierto el contribuyente Hotel Las Heliconias Ltda. con NIT 801.003.935-0, el día 28 de septiembre de 2009 dio respuesta al pliego de cargos, no subsanó la omisión de presentación de la información exógena ni demostró el pago reducido de la sanción, situación que se confirmó, una vez revisados los Servicios Informáticos electrónicos, presentación por envío de archivos y consulta de solicitudes de envíos por parte de la división de gestión de asistencia al cliente, por lo cual se constato (sic) que no aparecen registros del año 2006 de dicha sociedad.

Además, establece el artículo 651 del estatuto tributario, que las personas y entidades obligadas a suministrar informaciones tributarias, y aquellas a las que se les haya solicitado informaciones, o pruebas, que no las suministren dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores, o no corresponda a lo solicitado, se les aplicará una multa que dependerá de factores determinados por la misma norma.

[…]

Teniendo en cuenta que la información a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario por el año gravable 2006 no fue suministrada, se procede a dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del literal a) del artículo 651 del estatuto tributario, y por lo tanto se tienen en cuenta los valores registrados en la declaración de renta y complementarios correspondientes al año gravable 2006, identificada con sticker 9100000654604 presentada el día 16 de mayo de 2007, así como los valores registrados en las declaraciones de retención en la fuente de los 12 periodos del año gravable 2006, toda vez que la información se debió suministrar en medios magnéticos, así:

Acciones y aportes. Renglón (38) Base correspondiente a información solicitada por el literal a) del art. 6310
Costos. Renglón (55) Base correspondiente a la información solicitada por el literal e) y literal k) del art. 6310
Deducciones Renglón (61) Base correspondiente a información solicitada por el literal e) y literal k) del art. 631655.185.000
Ingresos Brutos Renglón (49) Base correspondiente a información solicitada por el literal f) del art. 631546.336.000
Pasivo. Renglón (43) Base correspondiente a información solicitada por el literal h) del art. 6313.373.618.000
Deudores por concepto de créditos activos. Cuentas por cobrar Renglón (37) Base correspondiente a información solicitada por el literal i) del art. 631415.952.000
Descuentos tributarios. Renglón (75) Base correspondiente a información solicitada por el literal d) del art. 6310
Retenciones año gravable 2006. Renglón (85) Base correspondiente a información solicitada por el literal c del art. 63114.532.000
Retenciones en la fuente practicadas año gravable 2006. Renglón total retenciones de las declaraciones de retención presentadas en los 12 periodos del año 2006 por el contribuyente. Base correspondiente a información solicitada por el literal b) del art. 6316.431.000
Patrimonio Bruto. Renglón (42) Base correspondiente a información solicitada por el literal k) del art. 6314.057.212.000
Ingresos no Constitutivos de Renta. Renglón (51) Base correspondiente a información solicitada por el literal k) del art. 6310
Renta Exenta. Renglón (67) Base correspondiente a información solicitada por el literal k) del art. 6310
Inventario. Renglón (39) Base correspondiente a información solicitada por el literal k) del art. 6310
Total base9.069.266.000
Tarifa inciso Segundo literal a del art. 651 del estatuto tributario5%
Valor sanción453.463.300
Vr. máximo de la sanción - 15.000 UVT, valor UVT $ 20.974 art. 1º Res 15652/2006314.610.000
Sanción propuesta314.610.000

[…]

RESUELVE:

“ART. 1º—Imponer sanción por no enviar información al contribuyente Hotel Campestre Las Helicondias Ltda. con NIT 801.003.935, por valor de trescientos catorce millones seiscientos diez mil pesos ($ 314.610.000) […]” (subraya la Sala).

Así, la DIAN sancionó a la actora con multa de $ 314.610.000 por el mismo hecho propuesto y definido en el pliego de cargos: no presentar, en los plazos establecidos para ello, la información exógena a que se refiere el artículo 631 del estatuto tributario, en concordancia con el artículo 2 literal a) de la Resolución 12807 de 2006.

Por lo tanto, desde la formulación del pliego de cargos, el actor conoció el hecho sancionable, que fue la omisión de informar dentro de los plazos previstos para ello, y la base sobre la cual se impuso la sanción por no enviar información, que, por lo demás, permaneció inmutable en la resolución sanción.

Es de anotar que el valor de la sanción impuesta fue modificado por la DIAN en el acto que resolvió el recurso de reconsideración solo para limitar su monto a $ 296.640.000, por ser la sanción máxima permitida para la vigencia fiscal 2006. No prospera el cargo.

3.4. Violación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y gradualidad de las sanciones.

En criterio de la actora, la DIAN no tuvo en cuenta los principios de razonabilidad, proporcionalidad y gradualidad de las sanciones porque le impuso la máxima sanción sin tener en cuenta si hubo daño o no a la administración.

De acuerdo con los artículos 651 literal a) del estatuto tributario y 1º del Decreto 4715 de 26 de diciembre de 2005, para el año gravable 2006 serán sancionados con multa hasta de $ 296.640.000, quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

En este caso, la DIAN aplicó el criterio del numeral 1º, comoquiera que tenía conocimiento del valor de la información no suministrada por la actora, con fundamento en los datos de las declaraciones de renta y retenciones presentadas por esta por el año gravable 2006. Cabe precisar que la base para tasar la sanción no fue cuestionada por la demandante, quien tampoco demostró la existencia de una base diferente.

La sección ha señalado que cuando el artículo 651 del estatuto tributario utiliza la expresión “hasta el 5%”, otorga a la administración un margen para graduar la sanción. Sin embargo, esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria, pues deben tenerse en cuenta los criterios de justicia y equidad, al igual que los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción(29).

Al respecto, la Sala ha sostenido lo siguiente(30):

“6. Gradualidad de la sanción

6.1. La Sala ha reiterado que “es evidente que cuando el artículo 651 del estatuto tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria”, por tanto corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 1998(31).

6.2. Ahora bien, aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de la misma inciden en las facultades de fiscalización y control, para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido(32).

6.3. Es así, porque mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

6.4. Este criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente(33) para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquellos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora.

6.5. En el caso en estudio, está probado que el demandante no entregó información alguna, impidiendo la gestión de fiscalización que tiene a cargo la DIAN, por lo que resulta ajustado al ordenamiento jurídico que la administración le impusiera al demandante la máxima sanción legal establecida en el artículo 651 literal a) del estatuto tributario” (subraya por la Sala).

En el mismo sentido, en relación con el perjuicio causado a la administración por no suministrar la información solicitada por esta, la Sala ha precisado lo siguiente(34):

“Respecto al perjuicio ocasionado al Estado, la Sala ha sostenido(35) que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos, lo que permitiría aseverar que el tipo sancionatorio no es de resultado, sino de mera conducta, en la medida en que la omisión en que incurre el responsable de la información exógena infringe o desconoce la razón de ser de la norma, que apunta precisamente a un eficaz y eficiente ejercicio de la potestad de fiscalización tributaria”.

En consecuencia, la falta de entrega de información genera un daño a la administración, pues impide la gestión de fiscalización que esta tiene a cargo, motivo por el cual es procedente que la administración imponga al infractor la máxima sanción establecida en la ley.

En el caso en estudio, la DIAN impuso la máxima sanción porque la actora no suministró la información exógena que debía entregar. Para justificar la sanción impuesta, en el acto sancionatorio precisó que la infracción en que incurrió la actora implicó una negligencia de su parte, que afectaba el desarrollo de sus funciones y la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de estas(36).

Comoquiera que la actora no entregó la información solicitada por la DIAN, ni en el plazo legal ni con ocasión del procedimiento sancionatorio, procedía la máxima sanción impuesta en los actos acusados, pues, además, se advierte su total falta de colaboración con la administración, quien tiene a su cargo el debido control de los tributos en interés general.

Cabe advertir que desde el inicio de la actuación administrativa, la DIAN informó a la actora que tenía derecho a acogerse a la reducción de la sanción. Sin embargo, la demandante no cumplió los requisitos exigidos por el artículo 651 del estatuto tributario para ser acreedora a la reducción de la sanción al 10% o al 20% de la sanción impuesta(37).

Lo anterior, porque debía subsanar la omisión, esto es, presentar la información solicitada, pagar el valor de la sanción reducida y, en general, presentar un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el que acreditara que la omisión fue subsanada y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida. Sin embargo, como se ha advertido tantas veces, la actora no presentó la información solicitada en el trámite sancionatorio.

En consecuencia, al imponer la máxima sanción, la DIAN respetó los principios de gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones. No prospera el cargo.

Por todo lo anterior, la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, por lo cual se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Conforme con el memorial del folio 14 del c.p. 2, RECONÓCESE personería a Patricia del Pilar Romero Angulo como apoderada de la DIAN y de acuerdo con el memorial del folio 76 del c.p.1 se le acepta la renuncia como apoderada de dicha entidad.

Teniendo en cuenta que por escrito del folio 54 del c.p.1 la demandada designó como nueva apoderada a Margarita Villegas Ponce, se le reconoce personería para actuar en representación de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(18) “Estatuto Tributario, artículo 631. Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de Impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:
a. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que sean socias, accionistas, cooperadas, comuneras o asociadas de la respectiva entidad, con indicación del valor de las acciones, aportes y demás derechos sociales, así como de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles.
b. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido.
c. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor de la retención y ciudad donde les fue practicada.
[…]
e. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior diez millones de pesos ($ 10.000.000); con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable.
f. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso.
[…]
h. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor.
i. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, con indicación del valor del crédito.
[…]
k. La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias”.

(19) El NIT de la actora es 0801003935-0.

(20) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 20110.

(21) Corte Constitucional, Sentencia T-284 de 1994.

(22) Sentencias de 11 agosto de 2000, C.P. Daniel Manrique Guzmán, Exp. 10156; de 17 de agosto de 2006, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp.14790; de 8 de noviembre de 2007, C.P. Ligia López Díaz, exp.15600; de 26 de noviembre de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo, Exp. 17435 y de 10 de julio de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 20161.

(23) Exp. 20871, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(24) La fecha de presentación de la declaración no se discute por las partes.

(25) Folio 57 c.a.

(26) Entre otras, ver sentencias de 6 de agosto de 1998, C.P. Delio Gómez Leyva, Exp. 9886; de 14 de abril de 2000, C.P. Germán Ayala Mantilla, de 2 de noviembre de 2001, C.P. Ligia López, Exp. 12283 y de 10 de julio de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 19212.

(27) Folios 48 a 57 c.a.

(28) Folios 73 a 81 c.a.

(29) Entre otras, ver sentencias de 20 de abril del 2001, Exp. 11658, C.P. Delio Gómez Leiva, de 20 de febrero y 4 de abril del 2003, Exps. 12736 y 12897, de 15 de junio del 2006, Exp. 2003-00453-01, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, de 26 de marzo del 2009, Exp. 16169, C.P. Héctor J. Romero Díaz, 3 de julio de 2013, Exp. 18763, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 6 de noviembre de 2014, Exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 19 de febrero de 2015, Exp. 20079, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(30) Sentencia de 26 de mayo de 2016, Exp. 20925, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(31) Sentencias de 20 de abril del 2001, Exp. 11658, 20 de febrero y 4 de abril del 2003, Exps. 12736 y 12897, 15 de junio del 2006, Exp. 2003-00453-01, y 26 de marzo del 2009, Exp. 16169.

(32) Se reitera el criterio expuesto por la Sala en Sentencia del 3 de junio de 2015, Exp. 20476 C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(33) La Circular 0131 de 2005 incluyó la actividad de colaboración desplegada por el contribuyente, así sea en forma extemporánea, entre los criterios para graduar la sanción.

(34) Sentencia de 1º de junio de 2016, Exp. 21128, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(35) Sentencia de 16 de marzo de 2001, Exp.11681, C.P. Delio Gómez Leyva.

(36) Folios 73 a 81 c.a. Es de anotar que artículo 1 literal a) de la Resolución 11774 de 2005 “Por medio de la cual se regula la aplicación de la sanción establecida en el artículo 651 del estatuto tributario” dispone que se aplica la sanción máxima “[c]uando se trate de información exigida y no suministrada”.

(37) Estatuto Tributario, artículo 651. Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:
[…]
La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma”.