Sentencia 2011-00252/2708-2015 de diciembre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-25-000-2011-00252-01(2708-15)

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Demandado: María Estella Rodríguez Villate

Acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 1 de 1984.

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver en esta sentencia se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿Es susceptible de control jurisdiccional la Resolución 41255 del 18 de agosto de 2006 expedida por Cajanal EICE en cumplimiento de una sentencia de tutela?

De ser afirmativa la respuesta,

2. ¿La señora María Estella Rodríguez Villate acreditó los requisitos para ser acreedora del derecho a la pensión gracia?

En caso negativo,

3. ¿La señora Ana Sofía Matiz de Hernández debe reintegrar las mesadas pensionales?

Primer problema jurídico

¿Es susceptible de control jurisdiccional la Resolución 41255 del 18 de agosto de 2006 expedida por Cajanal EICE en cumplimiento de una sentencia de tutela?

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Subsección estima necesario abordará el tema del control de legalidad de los actos expedidos por la administración en cumplimiento de acción de tutela para luego referirse al asunto concreto.

1. Del control de legalidad de los actos expedidos por la administración en cumplimiento de acción de tutela.

De conformidad con el artículo 50 del CCA “Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”. De manera que el acto administrativo definitivo produce efectos jurídicos al crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas, en tanto que el de ejecución da cumplimiento a una decisión judicial o administrativa(7), sin que pueda afirmarse que de aquel surgen situaciones jurídicas diferentes a las ordenadas en la sentencia.

Empero, sobre este punto es importante señalar que la jurisprudencia(8) ha establecido que procede el estudio judicial de los actos de ejecución, en forma excepcional, cuando la decisión de la administración: i) excede lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate judicial(9).

Ahora bien, frente a los actos de ejecución expedidos en cumplimiento de una acción de tutela, es importante recordar que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos fundamentales, mientras que la competencia para conocer de la legalidad de los actos administrativos es el juez de lo contencioso administrativo, en consideración a lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el hecho de que el acto demandado hubiera sido expedido en cumplimiento de una orden emitida por un juez de tutela no es un obstáculo para que el juez natural emita un pronunciamiento de fondo. Al respecto, esta subsección(10), manifestó:

“[…] Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En esas condiciones, la Entidad solamente contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto que ella misma expidió, y al haber rechazado la demanda con el argumento de que el acto administrativo no es demandable, vulneró los derechos de la entidad demandante, cercenándole la oportunidad de controvertir en sede judicial la legalidad del acto que ella misma expidió […]”.

Más adelante, esta misma Subsección, reiteró dicha posición(11) y la Subsección B(12), agregó lo siguiente:

“[…] Aunque resulta probado que la resolución objeto de controversia tiene la connotación de un acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta ser de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contenciosa, quien es competente para estudiar la legalidad de los actos administrativos.

Adicional a lo anterior, debe decirse que una interpretación en contrario, esto es, la imposibilidad de controvertir la legalidad de la Resolución 41503 de 18 de agosto de 2006 prohijaría abiertamente la imposibilidad de que la administración, acuda al juez natural para cuestionar la legalidad de un acto administrativo que compromete recursos de naturaleza pública, lo que la situaría en una posición de orfandad jurídica ante la ausencia de un mecanismo judicial para controvertir sus propios actos”.

De lo anterior se colige que el acto administrativo a través del cual se da cumplimiento a una orden de tutela, si bien es cierto que en principio es un acto de ejecución, también lo es, que esta jurisdicción ha admitido como subregla, la procedencia del control de legalidad ante el juez natural, basado en la diferencia de la naturaleza del objeto de las acciones de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho, y que es este último el llamado a verificar si el acto se ajusta al ordenamiento jurídico y efectuar un pronunciamiento con efectos ex tunc.

2. Asunto concreto.

Dentro del sub examine se encuentra probado que el 11 de agosto de 1998 la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, mediante Resolución 21464 negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación a la señora María Estella Rodríguez Villate bajo el argumento de que no laboró en primaria (ff. 30-34). Decisión que fue confirmada a través de la Resolución 2508 del 28 de mayo de 1999, que al resolver el recurso de apelación formulado en su contra por la hoy demandada agregó que tampoco cumplía con el requisito del tiempo de servicio, dado que su vinculación siempre fue nacional (ff. 41-46).

Posteriormente, la accionada, junto con otros docentes, formuló acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, al considerar que las resoluciones antes referidas vulneraban sus derechos al debido proceso, igualdad y seguridad social, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

El 7 de abril de 2006 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga, Magdalena, amparó los derechos constitucionales al debido proceso e igualdad de Ana Sofía Matiz de Hernández, en consecuencia, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, reconocerle una pensión gracia de jubilación a partir de la ejecutoria de la providencia que así lo dispuso (ff. 48-75). En los siguientes términos:

“[…] Vistas así las cosas en este orden de ideas y descendiendo al caso concreto, se tiene por un lado, revisado cuidadosamente la actuación que cada uno de los accionantes se han desempeñado en distintas épocas al servicio de la docencia oficial, por espacio de más de 20 años. En segundo término, probado está así mismo que han superado la edad de los 50 años de edad. En tercer lugar, así mismo está demostrado que los años servidos a la docencia, lo fueron en estricto acatamiento del desempeño ejemplar de estas tareas, razón por la cual ninguno de ellos ha sido sancionado disciplinariamente. Por último y en cuarto lugar, se encuentra establecido que la vinculación al magisterio, lo fue hasta antes del día treinta y uno del mes de diciembre de 1980.

Ahora bien, en el caso bajo estudio aparece que los docentes accionantes han solicitado a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la que les fue negada tal y como se desprende de las resoluciones autenticadas arrimadas a la actuación y que así aparecen relacionadas en el acápite de las pruebas, lo que quiere decir que la Caja Nacional de Previsión Social al desconocer que los educadores accionantes tienen derecho a que se les aplique el régimen especial establecido por la ley, lo que implica que su inobservancia ya sea por la manera deliberada o por ignorancia, sin lugar a dudas constituye una flagrante violación al debido proceso por incurrir en vías de hecho.

Es que los aspirantes a la pensión gracia tienen derecho a que se les resuelva su situación dentro del marco normativo correspondiente, preferenciándose (sic) así el derecho sustancial. Y si ello no ocurre, y se les afectan derechos fundamentales válido es recurrir a la tutela con base en el artículo 86 de la Carta Política.

[…] Hay que decir que los aquí accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial eficaz para la protección inmediata de los aludidos derechos fundamentales, los que una vez consolidados deben ser reconocidos por la entidad que de acuerdo a las normas tienen a su cargo tal reconocimiento.

Por consiguiente, tenemos entonces que con el actuar de la entidad accionada, al negarse a reconocer la pensión de jubilación gracia a la cual tienen derecho los accionantes, desconociendo mandatos tan claros como los arriba señalados; sin lugar a dudas constituye, per se, además de la utilización de una vía de hecho, una flagrante violación al debido proceso y al derecho a la igualdad, por ende se tutelarán tales derechos en beneficio de los accionantes, más no ocurrirá lo mismo con el mínimo vital planteado en el contexto de la tutela, habida cuenta el Despacho considera que el hecho de que los accionantes, se encuentren activos y laborando y devengado el salario correspondiente, esta circunstancia desvirtúa la inminencia, la urgencia y la gravedad de las medidas eventualmente a tomar para conjurar el prejuicio (sic) irremediable que se anuncia […]”.

En cumplimiento de la orden judicial impartida por el Juez Primero Laboral del Circuito de Ciénaga, Magdalena, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal (hoy UGPP), por medio de la Resolución 41255 del 18 de agosto de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de pensión gracia de jubilación a favor de la señora María Estella Rodríguez Villate en cuantía equivalente a $ 419.262 a partir del 10 de enero de 1995 (ff. 76-81).

De acuerdo con lo anterior, la Sala colige que en principio el acto administrativo a través del cual la administración ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, al ser expedido con ocasión de la orden judicial adoptada el 7 de abril de 2006 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga, Magdalena, tiene la connotación de acto de ejecución, el cual escapa al control que ejerce esta jurisdicción, en los términos de los artículos 135 y 138 del CCA.

No obstante, conforme a la tesis adoptada por esta corporación según la cual aquellos actos emitidos en cumplimiento de una tutela podrán demandarse ante esta jurisdicción, dadas las diferencias sustanciales que existen entre la acción de tutela y la ordinara, anteriormente analizada, debe concluirse que, contrario a lo señalado por la parte demandada en el escrito de apelación, para el caso concreto, si bien la Resolución 41255 del 18 de agosto de 2006 fue expedida por la entidad demandante en cumplimiento de una orden judicial, tal circunstancia per se no impide que el juez natural, esto es, el contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho defina su legalidad por solicitud de la administración.

Ahora bien, la Subsección estima oportuno hacer claridad sobre dos aspectos puestos de relieve por el apoderado de la señora Rodríguez Villate, por una parte, el relacionado con que la oportunidad para que la administración expusiera sus razones de defensa transcurrió en la acción de tutela que originó el acto demandado y por otra parte, el argumento de que el medio de defensa al que debió acudir era el previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual debe tramitarse como un recurso extraordinario de revisión.

En relación con el primer punto, debe señalarse que como lo advirtió el agente del Ministerio Público en su intervención, existía un estado de cosas inconstitucional, que afectaba a la entonces Cajanal, situación reconocida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1234 de 2008, y que no puede ser ajena ni omitida por esta Corporación, máxime si se tiene en cuenta que ella llevó a la adopción de un plan de contingencia que permitiera sortear dicho evento.

En lo atinente al segundo punto, es importante tener en cuenta que el recurso extraordinario de revisión bajo la causal de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no está prevista para la acción de tutela, por lo cual no le asiste razón a dicho argumento, además de que su procedencia está sujeta a que se verifique que: i) el reconocimiento pensional se haya obtenido con violación al debido proceso, o ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables, lo cual no se da en el sub lite.

Conclusión: La Resolución 41255 del 18 de agosto de 2006 expedida por Cajanal EICE (hoy UGPP) es un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, que pese haberse proferido en cumplimiento de una orden judicial de tutela, ello por sí solo no impide que el juez de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, estudie su legalidad por solicitud de la administración.

Segundo problema jurídico

¿La señora María Estella Rodríguez Villate acreditó los requisitos para ser acreedora del derecho a la pensión gracia?

La pensión de jubilación gracia

1. La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

2. Posteriormente, el artículo 6º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

3. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

4. Asimismo, el artículo 2º del Decreto 2277 de 1979 definió la profesión de docente de la siguiente manera:

“[…] Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo […]”.

5. Luego, la Ley 91 de 1989 en su artículo 15, ordinal 2º, limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al señalar textualmente que:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]”.

6. Finalmente, la disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(13), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:

“[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […]”.

Caso concreto

En el presente asunto está demostrado que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénega, Magdalena, el 7 de abril de 2006 profirió acción de tutela en la que ordenó amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social de la señora María Estella Rodríguez Villate y subsiguientemente condenó a Cajanal EICE (hoy UGPP) a reconocer y pagar la pensión gracia, entidad que para el efecto emitió la Resolución 41255 del 18 de agosto de 2006, la cual es objeto de demanda en el sub lite.

En relación con los requisitos que se deben acreditar para dicho reconocimiento, en el plenario que María Estella Rodríguez Villate nació el 10 de enero de 1945(14) (ff. 23 y 24) con lo que se verifica que cuando elevó la petición de reconocimiento de la pensión, el 26 de noviembre de 1997 (f. 18) tenía 50 años de edad.

Sin embargo, en cuanto al tiempo de servicios, la Secretaría de Educación de Bogotá certificó los siguientes tiempos con el Ministerio de Educación Nacional (f. 26):

NovedadActoFechas
Nombramiento en el Inem de KenedyResolución 765 del 29 de abril de 1970Desde 14 de mayo de 1970 al 20 de mayo de 1970(15)
Nombramiento en interinidad como profesora de secundariaResolución 1277 del 1 de abril de 1971Desde el 1 de marzo de 1971
Confirmada como profesora de secundaria Resolución 3047 del 8 de julio de 1971Desde el 12 de agosto de 1971
Licencia no remuneradaResolución 6586 del 23 de octubre de 1972Desde 2 hasta el 31 de octubre de 1972.

En ese orden, la señora Rodríguez Villate no era beneficiaria de este derecho pensional en razón al tipo de vinculación, dado que la totalidad del tiempo de servicios que acreditó es nacional.

De lo expuesto hasta acá, queda claro que a la demanda, conforme lo ha señalado en reiterada jurisprudencia esta corporación(16), no le asistía derecho a la pensión gracia al no reunir los requisitos exigidos por las normas que consagran tal prestación y por el tratamiento jurisprudencial que se había prodigado al tema.

Conclusión: La señora María Estella Rodríguez Villate no reúne la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia, comoquiera que su vinculación como docente ha sido nacional.

Tercer problema jurídico

¿La señora María Estella Rodríguez Villate debe reintegrar las mesadas pensionales?

De la Buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política prevé que: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

Por su parte, el artículo 768 del Código Civil en relación con el principio de buena fe, prescribe:

“ART. 768.—BUENA FE EN LA POSESIÓN. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio.

Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.

Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena fe.

Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”.

En lo atinente, el ordinal 2º del artículo 136 del CCA señala, que no habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe; presunción que admite prueba en contrario, por lo que, a quien la echa de menos le corresponde comprobar que el particular actuó de mala fe.

En el presente asunto se advierte que la actora no demandó la nulidad de la Resolución 21464 del 11 de agosto de 1998, sin embargo, y aunque su domicilio y el último lugar donde se prestó el servicio docente fue la ciudad de Bogotá, tal y como se desprende de la certificación de la Secretaría de Educación de dicha ciudad (f. 26) y de las direcciones indicadas en el folio 289; María Estella Rodríguez Villate junto con otros docentes instauró acción de tutela ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénega, Magdalena, a fin de obtener el reconocimiento pensional, lo cual obtuvo por medio de la sentencia del 7 de abril de 2006.

En consideración a ello, le asiste razón a la entidad cuando afirma que la servidora actuó de mala fe, siendo improcedente la aplicación de la disposición prevista en el ordinal 2º del artículo 136 del CCA, como quiera que está acreditado que la aquí demandada aunque ya había obtenido un pronunciamiento en sede administrativa contenido en las Resoluciones 21464 de 1998 y 2508 de 1999, que inicialmente denegaron la pensión, frente a las cuales se abstuvo de iniciar cualquier acción ordinaria para controvertir su legalidad, de forma intencional y consciente presentó acción de tutela en un lugar diferente al domicilio y sin el lleno de los requisitos que prevé la ley, esto es, 20 años de servicio.

De lo expuesto, queda claro que la actuación de la demandada se enmarca dentro del concepto de mala fe o “fraude global”(17) como lo decantó esta Subsección(18) en un caso de similares circunstancias:

“[…] el principio de la buena fe, que como ya se dijo no es un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía. Además, como ya quedó dicho el mismo principio no puede analizarse de manera aislada sino en armonía con el máximo ordenamiento constitucional precisamente por cuanto cumple una función esencial en la interpretación jurídica.

Entonces, si la línea de aplicación del inciso 2º del numeral 2º del artículo 136 del Decreto 1 de 1984, por parte de esta Corporación, ha obedecido en mayor medida a salvaguardar a los particulares que en marco de la buena fe han percibido prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones tomadas de manera errónea por la administración, por la convicción del ciudadano en que el acto emanado está sujeto a legalidad; empero, no puede tener cabida en este caso tal previsión normativa pues es evidente, como lo consideró la Corte Constitucional en el caso análogo, que se dieron una serie de dudosas actuaciones de tipo global para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, cuya final destinataria fue la actora. En consecuencia, no puede aceptarse que se aplique en el sub lite tal beneficio jurídico cuando se ha obtenido lucro a través de una acción reprochable.

Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar(19) por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 1 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto.

Para hacer efectiva la devolución de las sumas que han sido sufragadas a la demandada, deberá la administración suscribir con esta un acuerdo de reembolso, que preste mérito ejecutivo, en condiciones tales que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de indignidad a la obligada, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus condiciones socio económicas.

Además, en procura de lograr el cumplimiento de lo pactado y dependiendo de las circunstancias en que se halle la obligada, la entidad podrá establecer la exigencia de las garantías que considere necesarias.

[…]”.

En ese orden, procede la devolución por parte de María Estella Rodríguez Villate de las sumas que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento pensional. Para el efecto, la UGPP deberá suscribir con la demandada un acuerdo de reembolso, que preste mérito ejecutivo, “en condiciones tales que los montos y plazos acordados para tal efecto no pongan en condiciones de indignidad al obligado, para lo cual deberá tenerse en cuenta sus condiciones socio económicas”(20). Adicionalmente, y según las circunstancias en que se encuentre aquella, la entidad podrá establecer qué garantías serán procedentes.

Decisión de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, la Sala considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 24 de marzo de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra María Estella Rodríguez Villate, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta los parámetros aquí señalados para la devolución de las sumas a reintegrar por la demandada.

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 24 de marzo de 2015, en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP contra María Estella Rodríguez Villate, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta los parámetros aquí señalados para la devolución de las sumas a reintegrar por la demandada.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

7 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Providencia del 30 de marzo de 2006, expediente: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784).

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 923 de 7 de diciembre de 2011.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, expediente: 410012333000201200103-01 (3986-2013), demandante: Universidad Surcolombiana.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de marzo de 2014, expediente: 18001-23-33-000-2013-00054-01(2529-13)

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 11001-03-15-000-2011-01385-00(AC).

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2012, radicación: 41001233100020040161401 (6538-05), Actor: Gloria Lucía Cuellar Núñez.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 4 de mayo de 2016, radicado: 25000-23-25-000-2011-00161-02 (3709-14).

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de l997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

14 Conforme la copia de la cédula de ciudadanía y la certificación expedida por el Notario Primero del Círculo de Duitama.

15 Renuncia aceptada por Resolución 934 del 25 de mayo de 1970.

16 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de abril de 2005. Radicado: 05001-23-31-000-2000-02349-01 (991-04), actor: José Fernando Gómez Blandón.
Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 12 de mayo de 2014, dentro del proceso radicado 68001 23 31 000 2007 00605 01 (1631-13), y de 23 de abril de 2009, radicado: 25000-23-25-000-2005-08503-01(1848-08), del 26 de marzo de 2009 de la Sección Segunda, Subsección B, Radicado: 25000-23-25-000-2006-05328-01(1166-08).

17 Corte Constitucional en Sentencia T-218 de 2012.

18 Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación - Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz Mery Melo Melo.

19 A folio 167 C. 1. obra certificación expedida por el FOPEP en el que se indica que luego de incluirse en nómina a la actora, fue suspendido el pago de la pensión.

20 Expediente 4595-14. Actor: Caja Nacional de Previsión Social.