Sentencia 2011-00256 de abril 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2011-00256-00

Ref.: Acción de nulidad

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Federación Colombiana de Futbol

Demandado: Coldeportes

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

Al entrar a estudiar el fondo del asunto, la Sala advierte que la señora consejera doctora María Claudia Rojas Lasso, en escrito de 2 de abril del año en curso, visible a folio 168 del expediente, manifiesta que se declara impedida para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto existe “una relación de amistad” entre ella y el doctor Luis Bedoya, Presidente de la Federación Colombiana de Futbol, parte demandante en el proceso de la referencia, por lo que considera que se encuentra incursa en la causal de impedimento consagrada en el numeral 9º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:

“Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

“... 9. Existir enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado” (destacado fuera de texto).

A juicio de la Sala, el hecho manifestado por la doctora María Claudia Rojas Lasso no constituye la causal de impedimento alegada, toda vez que para que concurra la misma se requiere que la amistad sea íntima, lo cual no ocurre en el sub lite, pues de una simple amistad no se pueden derivar sentimientos profundos de afinidad y cercanía entrañables, que en un momento dado puedan comprometer la imparcialidad requerida en la resolución de asuntos judiciales sometidos a su consideración.

Siendo ello así, se declarará infundado el impedimento manifestado por la doctora María Claudia Rojas Lasso, para intervenir en el proceso de la referencia.

Resuelto lo anterior, la Sala procede a examinar el asunto que nos ocupa.

Se pretende en este proceso la declaratoria de nulidad de la Resolución 00284 de 2002, por medio de la cual el director general del Instituto Colombiano del Deporte —Coldeportes—, hoy Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, establece el trámite para las actuaciones derivadas de la aplicación de los artículos 4º, 11 y 16 del Decreto Reglamentario 00776 de 1996.

El acto acusado es del siguiente tenor:

“Resolución 00284 de 2002

(Feb. 25/2002)

“Por la cual se establece el trámite para las actuaciones derivadas de la aplicación de los artículos 4º, 11º y 16º del Decreto Reglamentario 00776 de 1996”.

El director general del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes.

En uso de sus facultades legales, especialmente las que le conceden los artículos 19 y 37 del Decreto-Ley 1228 de 1995 y considerando

El artículo 18 del Decreto-Ley 1228 de 1995, que regula el reconocimiento deportivo, bajo el capítulo quinto, “Normas comunes a los organismos deportivos”, determina que los actos que se expidan en relación con el reconocimiento deportivo, “están sujetos a los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, y demás condiciones, términos y requisitos que el reglamento establezca”.

De otra parte el artículo 19 del mismo decreto ley, establece que Coldeportes y los entes deportivos municipales suspenderán y revocarán el reconocimiento deportivo de los organismos deportivos, cuando estos incumplan las normas legales y estatutarias que los regulan y según la gravedad de la infracción.

La mencionada facultad está expresada en forma autónoma y directa en el mencionado decreto ley, sin perjuicio de que en el capítulo sobre inspección, vigilancia y control pueda el director de Coldeportes por esta vía ejercer igualmente esta facultad en virtud de la función delegada por el señor Presidente de la República mediante el Decreto 1227 de 1995.

A su vez el Decreto Reglamentario 00407 de 1996, mediante el cual se “reglamenta el otorgamiento de personería jurídica y el reconocimiento deportivo a los organismos deportivos que integran el sistema nacional del deporte”, estableció en el inciso segundo del artículo primero que: “El otorgamiento de personería jurídica y el reconocimiento deportivo a los clubes deportivos profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, a cargo de Coldeportes, se regirá por reglamentación especial”.

En desarrollo de lo prescrito en el artículo 18 del Decreto 1228 de 1995, y lo establecido en el inciso segundo del artículo primero del decreto mencionado en el numeral anterior, mediante el Decreto Reglamentario 0776 de 1996, el Presidente de la República, reglamentó de manera especial los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de la personería jurídica y el reconocimiento deportivo de los clubes deportivos profesionales, también llamados clubes con deportistas profesionales.

El artículo 14 del Decreto Reglamentario 0776, precisa que además de las atribuciones de inspección, vigilancia y control otorgadas por el artículo 37 del Decreto-Ley 1228 de 1995, el director general ejercerá las demás que le hayan sido otorgadas por las disposiciones legales vigentes.

Por su parte, el artículo 4º de la norma en mención, prescribe que el incumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo acarreará la sanción de suspensión de la personería jurídica hasta por un término de tres (3) meses, según sea la dilación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 37, numeral primero y 38 del Decreto-Ley 1228 de 1995 y si transcurrido el término de duración de la suspensión, aún no ha cumplido con el requisito de la inscripción, se le aplicará al club la revocatoria de la personería jurídica.

De igual forma, el artículo 11 del Decreto 0776, bajo el capítulo II, establece que el reconocimiento deportivo será suspendido cuando se incumplan las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias que rigen al club deportivo profesional y que afecten a los deportistas cuyo derechos deportivos se posean, a los particulares o personas jurídicas que adquieran títulos de afiliación, acciones o aportes, o en general a terceros y que la reincidencia en las violaciones anteriores dará lugar a la revocatoria del reconocimiento deportivo.

A su vez, el artículo 16 del decreto en mención, señala los comportamientos que se entenderán como faltas graves que se sancionarán con la suspensión del reconocimiento deportivo, cuando el club deportivo profesional incurra en ellas por primera vez, y en caso de reincidencia, con la revocatoria del mismo, unida a la cancelación de la personería jurídica, si se trata de clubes organizados como corporaciones o asociaciones. El mismo artículo determina que si se trata de personas naturales que formen parte del club, las posibles responsabilidades de la falta, Coldeportes solicitará la investigación o la avocará de plano, caso en el cual se procederá conforme al trámite establecido para las investigaciones. (sic)

Para el caso de las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias distintas a las que se refieren los artículos 4º, 11º y 16º del Decreto 0776 de 1996, existe un régimen sancionatorio específico, bajo los principios de la función delegada de inspección, vigilancia y control.

Por último, es necesario establecer el trámite interno de las actuaciones derivadas de las facultades plasmadas en los decretos mencionados, atinentes a la suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo y/o la personaría jurídica, en aquellos casos contemplados en los artículos 4º, 11º y 16º del Decreto 0776 de 1996, atendiendo con el mandato de cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento y en el Código Contencioso Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto, el director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes

Resuelve:

Primero: En los casos previstos en los artículos 4º, 11º y 16º del Decreto Reglamentario 0776 de 1996, para la imposición de la suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo y de la personería jurídica si fuere el caso, se procederá como se determina en los artículos siguientes:

Segundo: Cuando se trate de una situación contemplada en el artículo cuarto del Decreto 0776 de 1996, se requerirá al club mediante comunicación enviada al representante legal y a la dirección que aparezca registrada en Coldeportes, a efectos de que explique la razón de su incumplimiento. Para el efecto el auto donde se ordena iniciar las diligencias deberá señalar el término para que el club de respuesta al oficio en mención. Vencido dicho término el director mediante resolución motivada decidirá de fondo.

Si a pesar de decretada la suspensión, el club no procede a la inscripción correspondiente, el director mediante resolución motivada contra la cual procede el recurso de reposición en los términos y condiciones expresados en el Código Contencioso Administrativo impondrá la sanción prevista el en inciso final del artículo 4º del Decreto 0776 de 1996.

Tercero: En los casos previstos en los artículos 11º y 16º del decreto en mención, se procederá así:

a) Habiendo tenido conocimiento de la infracción, el director de Coldeportes, formulará escrito de observaciones, en el cual se fijará un término al club deportivo profesional, para que exprese su opinión y explique su actuación.

b) Vencido el término para contestar el escrito a que hace alusión el literal anterior, y no habiendo pruebas que practicar, el director de Coldeportes proferirá la decisión que corresponda, mediante resolución motivada contra la cual procede el recuro[sic] de reposición conforme a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo. En el evento de que fuese conducente la práctica de aquellas, la decisión se proferirá una vez practicadas las mismas.

Cuarto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase

Diego Palacios Gutiérrez

Director”.

De la lectura de los cargos que formula la actora al acto cuya nulidad solicita, para la Sala es claro que todos ellos están dirigidos y tienen que ver con la incompetencia que se predica respecto del director de Coldeportes para establecer el trámite o procedimiento administrativo que debe darse para efectos de aplicar la sanción de suspensión o revocatoria de la personería jurídica, prevista en el artículo 4º del Decreto Reglamentario 00776 de 1996, al igual que dicho trámite, en tratándose de la aplicación de la sanción de suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo, previsto en el artículo 11, y los comportamientos que se consideran como faltas graves, descritos en el artículo 16 del decreto en mención.

De consiguiente, la Sala resolverá el punto para determinar si competía al director de Coldeportes regular el procedimiento de que trata la resolución demandada o si, como lo sostiene la parte actora, estaba sujeto a reserva de ley y se expidió, por tanto, con violación del principio de legalidad.

Para efectos del análisis de dicho cargo, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

1. En virtud de la autorización que el artículo 84 de la Ley 181 de 1995(7) concedió al Presidente de la República para delegar en el director general de Coldeportes, en los gobernadores y en los alcaldes, el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la Ley 49 de 1993(8) y en la primera de las leyes citadas, mediante los artículos 1º 2º del Decreto 1227 de 1995(9), el Presidente de la República delegó en dicho funcionario, las funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, al igual que dichas funciones sobre los organismos deportivos y demás entidades que integran el mencionado sistema.

2. El inciso segundo del artículo 1º del Decreto 407 de 1996(10) estableció que el otorgamiento de personería jurídica y el reconocimiento deportivo a los clubes deportivos profesionales, organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, a cargo de Coldeportes, se regirá por reglamentación especial.

3. En el artículo 18 del citado Decreto-Ley 1228 de 1995(11) se estableció el “Reconocimiento deportivo” y los actos que se expidan en relación con el mismo, en los siguientes términos:

“ART. 18.—Reconocimiento deportivo. Para el fomento, protección, apoyo y patrocinio del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, se instituye el reconocimiento deportivo que será otorgado, revocado, suspendido o renovado, según el caso, por Coldeportes y los alcaldes a través de los entes deportivos municipales del sistema nacional del deporte.

Los actos que se expidan en relación con el reconocimiento deportivo están sujetos a los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, y demás condiciones, términos y requisitos que el reglamento establezca.

(...)” (destacado fuera de texto).

En su artículo 38 se estableció el régimen sancionatorio para los organismos deportivos y los miembros de dirección y administración de los mismos, en los siguientes términos:

“ART. 38.—Régimen sancionatorio. En ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control, el director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y las autoridades en las cuales se delegue esta función, previo el correspondiente proceso, podrán imponer a los organismos deportivos y a los miembros de sus órganos de dirección y administración, las siguientes sanciones:

1. Amonestación pública.

2. Multa hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. Suspensión o cancelación de la personería jurídica.

4. Suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo.

Lo anterior, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades disciplinarias, administrativas, civiles o penales respectivas, las acciones u omisiones que por su competencia les corresponda adelantar, que se deriven de los hechos investigados.

PAR. 1º—Las sanciones aquí previstas se impondrán de acuerdo con la gravedad de la violación al régimen legal o estatutario correspondiente, así como por la inobservancia de las instrucciones que en desarrollo de sus funciones imparta Coldeportes.

Para la aplicación de las medidas sancionatorias, se deberá garantizar el derecho de defensa, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

(...)” (destacado fuera de texto).

4. En desarrollo de lo previsto en las disposiciones de que dan cuenta los numerales anteriores, el Presidente de la República expidió el Decreto 00776 de 1996(12), mediante el cual se reglamentaron los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de personería jurídica y el reconocimiento deportivo de los clubes deportivos profesionales, al igual que el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre dichos clubes, atribuidas a Coldeportes y a la Superintendencia de Sociedades por la Ley 181 de 1995 y el Decreto-Ley 1228 de 1995, como reza en su artículo 1º.

5. Los artículos 4º, 11, 16 del citado Decreto 00776 de 1996, disponen, en su orden, lo siguiente:

“ART. 4º—Actualizaciones. Cuando se produzca una reforma de los estatutos de un club deportivo profesional, organizado como asociación o corporación, una nueva elección de representante legal o de los miembros del órgano colegiado de administración, o de los de control o de disciplinas u ocurra su reelección para un nuevo período estatutario, el organismo deportivo procederá a solicitar su inscripción ante Coldeportes.

La solicitud de que trata el presente artículo, se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la reforma o la elección, adjuntando copia autenticada del acta aprobada en la que conste tal evento.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo acarreará la sanción de suspensión de la personería jurídica hasta por un término de tres (3) meses, según sea la dilación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37, numeral primero(13) y 38 del Decreto-Ley 1228 de 1995. Si transcurrido el término de duración de la suspensión, aún no se ha cumplido con el requisito de inscripción dispuesto en este artículo, se le aplicará al club la revocatoria de la personería jurídica”.

“ART. 11.—Suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo. El reconocimiento deportivo será suspendido cuando se incumplan las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias que rigen al club deportivo profesional y que afecten a los deportistas cuyos derechos deportivos se posean, a los particulares o personas jurídicas que adquieran títulos de afiliación, acciones o aportes, o en general a terceros. La reincidencia en las violaciones anteriores dará lugar a la revocatoria del reconocimiento deportivo.

El término de suspensión podrá ser hasta por un (1) año, atendiendo la gravedad de la violación.

Cuando se trate de la violación de las disposiciones de los artículos 16 y 21 del Decreto-Ley 1228 de 1995 o las previstas en la Ley 181 de 1995 o sus reglamentarias que sean desarrollo de los objetivos rectores o de los principios fundamentales que la ley establece, aplicables estos organismos deportivos, se decretará la revocatoria del reconocimiento”.

“ART. 16.—Faltas graves. Los siguientes comportamientos se entenderán como fallas graves que se sancionarán con la suspensión del reconocimiento deportivo, cuando el club deportivo profesional incurra en ellas por primera vez y en caso de reincidencia, con la revocaría del mismo, unida a la cancelación de la personería jurídica, si se trata de clubes organizados como corporaciones o asociaciones.

1. Dejar de cumplir con su objeto social, en los términos del literal d) del artículo 3º de este decreto.

2. Desatender los requerimientos de las autoridades competentes para ajustarse a las disposiciones legales en materia de composición accionaría o de concurrencia de aportes.

3. Impedir en forma injustificada, la participación de los deportistas cuyos derechos son de su propiedad, en las selecciones deportivas nacionales que tenían reconocimiento de Coldeportes.

4. Incumplir con las obligaciones a su cargo, en relación con la disposición de los derechos deportivos de los jugadores que sean de su propiedad.

5. Incitar públicamente a la violencia a los espectadores en los eventos deportivos.

6. Realizar actos de agresión, irrespeto o desacato frente a las autoridades del deporte o a los representantes de las instituciones públicas.

PAR.—En caso de que la falta sea atribuible a una persona natural que forme parte del club, Coldeportes solicitará la investigación a la autoridad competente o la avocará directamente, pidiendo o aplicando según sea el caso, la suspensión o si se diere reincidencia, el retiro de los miembros de los órganos que conforman su estructura que por omisión o acción hubieren dado lugar a su ocurrencia”.

Ahora bien, en el encabezamiento de la resolución demandada, el director de Coldeportes invoca para su expedición “sus facultades legales”, sin precisar cuáles son ellas, y agrega que “... especialmente las que le conceden los artículos 19 y 37 del Decreto-Ley 1228 de 1995”, que disponen lo siguiente:

“ART. 19.—Cancelación del reconocimiento. Coldeportes y los entes deportivos municipales suspenderán o revocarán el reconocimiento deportivo de los organismos deportivos, cuando estos incumplan las normas legales o estatutarias que los regulan y según la gravedad de la infracción”.

“ART. 37.—Funciones. El director de Coldeportes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 181 y el presente decreto, tendrá las siguientes atribuciones sobre los organismos que conforman el sistema nacional del deporte:

1. Otorgar, suspender y revocar la personería jurídica.

2. Otorgar, suspender, revocar y renovar el reconocimiento deportivo.

3. Aprobar sus estatutos, reformas y reglamentos.

4. Verificar que cumplan las disposiciones legales y estatutarias, y que sus actividades estén dentro de su objeto social.

5. Resolver las impugnaciones de los actos y decisiones de los órganos de dirección y administración en los términos del Código Contencioso Administrativo.

6. Velar por la adecuada aplicación de los recursos que del presupuesto del sistema nacional del deporte y demás rentas nacionales, se destinen a los organismos deportivos, y a los entes deportivos departamentales, municipales y distritales.

7. Verificar que los entes deportivos departamentales, distritales y municipales den cumplimiento a los compromisos a su cargo, en relación con la participación en el diseño, ejecución y cumplimiento del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física” (destacado fuera de texto).

Como se evidencia de la lectura de las disposiciones del decreto con categoría de ley transcritas, en ellas se faculta al director de la mencionada entidad para suspender o revocar el reconocimiento deportivo y la personaría jurídica de los clubes deportivos profesionales, pero ni en ellas ni en las restantes normas de dicho decreto se establece el procedimiento específico que debe seguir la administración para obrar en tal sentido, pues en el articulado del referido decreto, más precisamente, en sus artículos 18 y 38, simplemente se dispone que “... los actos que se expidan en relación con el reconocimiento deportivo están sujetos a los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo y demás condiciones, términos y requisitos que el reglamento establezca”, y que “para la aplicación de las normas sancionatorias se deberá garantizar el derecho de defensa de conformidad con el Código Contencioso Administrativo”, respectivamente.

El artículo 150 de la Carta Política, en su numeral 2º, asigna de manera exclusiva a la rama legislativa del poder público la función de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones, dentro de ella los procedimientos administrativos.
Para la Sala, no admite discusión que la competencia para establecer los procedimientos administrativos que comprometan o condicionen las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso entre administración y administrado, en este caso, entre una entidad del Estado y los organismos que conforman el sistema nacional del deporte, corresponde a la órbita exclusiva y excluyente del legislador. Así lo ha sostenido en forma reiterada esta sección en las sentencias que la parte actora cita en su demanda, entre otras, al igual que lo ha precisado la Corte Constitucional, en los siguientes términos(14):

“Estima la Corte, que a partir de la expedición de la Constitución de 1991, con la salvedad hecha en relación con los procedimientos especiales que pueden existir en el orden distrital, departamental y municipal, todo procedimiento administrativo especial debe regularse a través de la ley, e incorporarse al Código Contencioso Administrativo como lo exige, con fines de sistematización, el aparte final del artículo 158 de la Constitución Política” (destacado y subrayas fuera de texto).

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sección Tercera de esta corporación en sentencia de 14 de abril de 2010(15), al abordar el estudio de legalidad, entre otros, del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008, en la cual hicieron las siguientes precisiones:

“La Sala, en primer lugar precisa que la competencia de establecer los procedimientos administrativos, con independencia de que estos sean generales o especiales corresponde de forma exclusiva al legislador y no a la autoridad administrativa. Esta conclusión, como lo señala la doctrina especializada, se desprende directamente del artículo 150 de la Constitución, si se tiene en cuenta que asigna como competencia exclusiva de la rama legislativa la expedición de códigos y sucede que los procedimientos administrativos contenidos en disposiciones especiales se consideran parte integrante del Código Contencioso Administrativo(16).

Por consiguiente, no es admisible que mediante reglamento se asigne la competencia a cada entidad estatal de establecer aspectos procedimentales que comprometan o condicionen las garantías propias del derecho fundamental del debido proceso reconocido a toda persona en el ordenamiento jurídico. Cuando se trata de la relación que se establece entre administración y ciudadano (relación extraorgánica), y se constata que la ley no ha definido los mínimos procedimentales, es indispensable acudir al procedimiento administrativo general consignado en el Código Contencioso Administrativo, norma supletoria para estos casos(17).

Sin embargo, la Sala debe precisar que los aspectos interorgánicos del procedimiento si pueden ser confiados a la potestad de autoorganización de cada entidad administrativa, tal como se señaló cuando se estudiaban los cargos formulados contra el artículo 89 del Decreto 2474 del 2008 —folios 58 y siguientes—. La determinación, por ejemplo, del trámite interno que deben seguir los funcionarios en las dependencias de la entidad cuando se adelanta un procedimiento administrativo de carácter sancionador no condiciona ninguna de las garantías del debido proceso, la eficacia de esta clase de normas se agota en el interior del aparato administrativo y por ende pueden regularse en los denominados manuales de contratación o de funciones” (destacado fuera de texto).

Las consideraciones de la sentencia en cita, analizadas a la luz del sentido y alcance del procedimiento administrativo de que trata el acto administrativo demandado, resultan suficientes para concluir que este no se enmarca dentro de una regulación netamente interorgánica, pues involucra a los clubes deportivos profesionales y a las personas naturales que formen parte de ellos, condicionando y regulando la forma como estos pueden ejercer su derecho de contradicción y defensa en pro de garantizar el respeto por el debido proceso, autorizando el señalamiento de términos para que los investigados puedan presentar descargos y estableciendo los recursos que proceden contra la decisión que corresponda.

Estas situaciones, a juicio de la Sala, vulneran el ordenamiento jurídico constitucional, pues el procedimiento que desarrolla el acto acusado abarca una regulación extraorgánica y en esa medida el derecho fundamental al debido proceso, lo cual es razón suficiente para declarar su nulidad, en tanto invade una competencia exclusiva del legislador.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala hace notar a la parte demandada, que independientemente de que se trate de regulaciones tendientes a la aplicación de las sanciones a las que se remite el acto acusado, o de disposiciones procedimentales para la aplicación de las mismas en ejercicio de las competencias y facultades de inspección, control y vigilancia delegadas a Coldeportes, todas ellas son de reserva de la ley, en razón de lo cual se encuentra vedada la posibilidad de que el mencionado organismo regule procedimientos administrativos sobre tales materias.

Corolario de lo expuesto es que el acto acusado incurre en violación del artículo 150, numeral 2º, de la Constitución Política, que hace innecesario el estudio de los demás cargos de violaciones normativas que se formulan en la demanda, y que conducirá a que se adopte la decisión de declarar su nulidad, como en efecto se dispondrá en la parte dispositiva de esta providencia.

Para concluir, la Sala pone de presente que la nulidad que se declarará del acto acusado no implica en momento alguno la imposibilidad para Coldeportes de dar aplicación a la normativa a que se remite el acto acusado, sino que para ello deberá proceder conforme a las disposiciones contenidas en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(18), en especial a sus artículos 47 a 52 que regulan el procedimiento administrativo sancionatorio.

Cabe resaltar que la Sala en sentencias de 5 de marzo de 2009 y 29 de noviembre de 2010 (Exps. 2002-00439-01 y 2005-00240-01, respectivamente, consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), que ahora se reiteran, frente a asuntos similares, precisó que cuando la ley no previó el trámite para la imposición de sanciones y ante la ausencia de norma especial, el trámite administrativo debe ser el dispuesto en la parte primera del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, en su orden, se dijo:

“... En este caso, según se advierte en la parte motiva de las resoluciones 03593 de 29 de junio de 1995, 04548 de 12 de noviembre de 1998 y 05145 de 11 de octubre de 2000, la ley no previó el trámite para la imposición de las sanciones por parte de las contralorías y ante la ausencia de norma especial el trámite administrativo debe ser el dispuesto en la parte primera del Código Contencioso Administrativo ...”. (destacado y subraya fuera de texto).

“... Como puede apreciarse la Ley 182 de 1995 le otorga las facultades sancionatorias y de reglamentación a la Comisión Nacional de Televisión que sean necesarias para el cabal funcionamiento de dicha entidad, pero estas facultades no llevan implícitas poderes de carácter legislativo, de ahí que al establecer en el acto acusado un procedimiento para efectos sancionatorios no contemplado en la ley, constituye un exceso en el ejercicio de sus facultades reglamentarias.

Igualmente, al no señalar dicha ley un procedimiento para tales fines, resulta claro que la Comisión Nacional de Televisión incurrió en exceso de poder, al establecer un procedimiento especial sancionatorio, que se reitera no se encuentra previsto en la ley reglamentada. Por lo tanto, el único procedimiento aplicable es el dispuesto en la parte primera del Código Contencioso Administrativo. ...” (destacado y subraya fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 284 de 25 de febrero de 2002, “Por la cual se establece el trámite de las actuaciones derivadas de la aplicación de los artículos 4º, 11º y 16º del Decreto Reglamentario 00776 del 29 de abril de 1996”, expedida por el director del Instituto Colombiano del Deporte —Coldeportes—.

2. DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por la señora consejera doctora María Claudia Rojas Lasso, para intervenir en el proceso de la referencia.

En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2014».

(7) “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte”.

ART. 84.—En los términos de los artículos 211 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá delegar en el director general del Instituto Colombiano del Deporte, en los gobernadores y en los alcaldes, el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la Ley 49 de 1993 y en la presente ley.

(8) “Por la cual se establece el régimen disciplinario en el deporte”.

(9) “Por la cual se delega la inspección, vigilancia y control del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y de los organismos del sistema nacional del deporte”.

ART. 1º—Deléganse en el director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, las funciones de vigilancia y control de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.

ART. 2º—Delegase en el director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que integran el sistema nacional del deporte”.

(10) “Por el cual se reglamenta el otorgamiento de personería jurídica y el reconocimiento deportivo a los organismos deportivos que integran el sistema nacional del deporte”.

(11) “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con el objeto de adecuarlos al contenido de la Ley 181 de 1995”.

(12) “Por el cual se dictan normas para el funcionamiento de los clubes deportivos profesionales”.

(13) “ART. 37.—Funciones. El director de Coldeportes, de acuerdo a lo previsto en el[sic] Ley 181 y el presente decreto, tendrá las siguientes atribuciones en relación con los organismos que integran el sistema nacional del deporte:

1. Otorgar, suspender y revocar la personaría jurídica.

(…)”.

(14) Sentencia C-252 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y Antonio Barrera Carbonell.

(15) Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2010, C.P. Enrique Gil Botero, Rad: 11001-02-26-0000-2008-00101-00.

(16) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Acto Administrativo. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003.

(17) Artículo 1º del Código Contencioso Administrativo: “… los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta primera parte que sean aplicables”.

(18) Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.