Sentencia 2011-00275 de agosto 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Nº de referencia: 110010325000201100275 00

Nº Interno: 0984-2011

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Demandante: Andrés Giobany Castaño Gallo

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mi catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

El presente asunto es competencia en única instancia del Consejo de Estado(7), porque se controvierte una sanción disciplinaria administrativa consistente en la destitución del cargo e inhabilidad general por 10 años, expedida por una autoridad nacional, como es la Policía Nacional.

Problema jurídico.

No existen unos verdaderos cargos frente a las causales previstas en el artículo 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo, pero del texto de la demanda se puede extraer que el cuestionamiento está dirigido a resolver si los operadores disciplinarios se extralimitaron en sus funciones al “convertirse en jueces de la República”, provocando una falsa motivación en el acto sancionatorio porque no había prueba que demostrara su culpabilidad toda vez que actuó como policía judicial dentro de los parámetros que la Ley 909 de 2004 señala.

Para resolver el problema planteado la Sala seguirá el siguiente esquema: 1. Actuación disciplinaria; 2. Régimen disciplinario de la Policía Nacional. 3. El papel del operador disciplinario. 4. La policía judicial en la Ley 906 de 2004 y 5. Solución al caso concreto.

1. Actuación disciplinaria.

— Actos demandados:

— Fallo de primera instancia de 5 de septiembre de 2007, proferido por el jefe de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, por medio del cual destituyó al actor de la institución y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años(8).

En los considerandos del acto administrativo se le señaló, entre otras, que por ser un técnico en automotores, sabía de las inconsistencias que se presentaban en el vehículo inmovilizado y, por lo tanto, que estaba en presencia de un acto ilegal por el cual debía proceder de acuerdo a las normas, sin justificación alguna; que su actuar omisivo se refleja en las irregularidades que cometió al diligenciar el SPOA, como no identificar al particular que estaba con la persona que manejaba el vehículo, la no revisión de antecedentes de la placa, la cual tenía dos requerimientos vigentes, y no consignar la información real de lo acontecido en ese momento, lo que demuestra plena conciencia y voluntad en la omisión de sus funciones.

La falta endilgada la tipificó en el artículo 34, numerales 9º y 30-e) de la Ley 1015 de 2006, esto es, como gravísima a título de dolo, pues su trayectoria y capacitación de policía judicial lo hacía conocedor del procedimiento.

Las razones para sancionarlo se describieron así:

i) Omitir los requerimientos judiciales que tenía el vehículo inmovilizado.

ii) No dejar a disposición de las autoridades al patrullero López Gómez William de Jesús, persona que conducía el auto.

iii) Retardar la puesta a disposición del referido vehículo ante el Fiscal 157 Seccional, ya que había sido inmovilizado el 29 de julio y puesto a órdenes el 1º de agosto de 2006.

iv) Registrar información imprecisa dentro del informe ejecutivo rendido a la fiscalía, al escribir que la fecha de presentación del mismo era el 30 de julio y la fecha de iniciación del registro era el 29 de julio de 2006, fechas que no eran exactas.

v) En el formato de noticia criminal aparece como fecha de recepción y puesta a disposición de la Fiscalía el 30 de julio, contrario a la fecha de recibo de la Fiscalía 157 Seccional que fue el 1º de agosto de 2006; también la fecha de elaboración del estudio técnico es imprecisa pues aparece hecho el 26 de julio cuando fue hecho el 29 del mismo mes y, además, no registró el antecedente que tenía la placa BRQ-582, con respecto a las solicitudes de las fiscalías 156 y 33 Seccional de la Unidad Cuarta de Patrimonio Económico Hurto Automotores, registradas el 1º de diciembre de 2005.

vi) Registró información imprecisa y contraria a la realidad en el acta de inventario 01, pues aparece como fecha de elaboración el 29 de julio de 2006, “registrándose usted mismo como conductor o propietario del vehículo inmovilizado, no registrando la firma de la persona a quien le fuera inmovilizado el automotor”.

vii) También registró información imprecisa en las diligencias del proceso penal, ya que no consignó la presencia del primo del patrullero, presente en el lugar de los hechos.

— Fallo de segunda instancia de 25 de octubre de 2006 (fls. 385-405)(9), emitido por la inspectora delegada de la regional 6 de la Policía Nacional, que confirmó el fallo anterior, al no encontrar desvirtuados los cargos imputados.

Hizo un recuento del proceso, sus pruebas y alegatos para concluir que, existía un caudal probatorio que revelaba la responsabilidad disciplinaria de los implicados y particularmente del actor, toda vez que era un perito idóneo en la materia y al notar la irregularidad que se presentaba con el vehículo inmovilizado era incomprensible que no hubiera culminado el procedimiento con la respectiva judicialización del caso, esto es, dejando el vehículo y a la persona capturada a disposición de las autoridades competentes.

Se refirió a la confusión en las fechas, creyendo posible que ocurriera lo alegado por el demandante en cuanto a que eran formatos que estaban en la base de datos y que pudo olvidar cambiar la fecha, sin embargo, indicó que no era admisible que “al momento de elaborar el inventario del vehículo, de su puño y letra le coloque como fecha 29 de julio de 2006, la misma fecha del procedimiento y no aparezca la firma del conductor o propietario del vehículo a quien se lo inmovilizaron, sino que por el contrario se registre el nombre del SI. Andrés Giobany Castaño”, esto por cuanto como él mismo lo indicó, su conocimiento en el trámite era muy amplio; igualmente se refirió a las fechas y horas en que se puso el vehículo a disposición de la fiscalía para concluir que, de acuerdo a lo probado sí fue impreciso y no ajustado a la realidad.

— Del proceso disciplinario.

El 31 de julio de 2006 (fls. 2-12), se presentó una queja ante el jefe de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por el Patrullero William de Jesús López Gómez en el que manifestó que tras haberle contado a su compañero González que quería comprar un carro, este lo había puesto en contacto con el PT Rojas quien le había ofrecido dos carros, unos de cinco millones y el otro de tres millones y medio. Al preguntarle porque tan baratos, contestó “porque estos carros los chocan, y que los automotores les montaban las plaquetas de los carros de los siniestros y que ellos montaban los carros al sistema y quedaban bien”. Pasados unos días le comentó a su compañero que ya tenía la plata para comprarlo pero, al llamar al PT Rojas, les había dicho que ya los había vendido; posteriormente su compañero le dijo que “él conocía bastantes manes de automotores, al otro día llamó a otro policía de apellido Fernández, a él le decían Chichi” y le contó del carro que quería comprar. Este señor a los pocos días los llamó y les dijo que tenía un Corsa Evolution 2003 verde plateado pero que como estaba en buen estado valía más, que si quería él me prestaba la plata. Después de la negociación y cuando tenía la plata, quedamos en encontrarnos para entregar el carro, sin embargo, después de varias llamadas entre el Chichi y quien traía el carro, al fin no se pudo “hacer la vuelta” pero “me dijo que me prometía que me conseguía un carro que él era muy serio”. Pasados 5 días llamó a decir que tenía un Renault Clío el cual quedó de entregar en un parqueadero por la Raya de Itagüí que González sabía donde era.

Narró que, una vez comprado, lo guardó en un parqueadero porque no sabía manejar y que su compañero le había dado una clase; posteriormente, llamó a un primo de su esposa para que le enseñara por lo que se desplazaron a las pistas de Niquía, estando allí “llegó un tipo de la Sijin, en un taxi sin placas y nos apuntó con una pistola, nos ordenó abrir el capó y manifestó que el carro era regrabado”, cuando le pregunté que como así, “él dijo que era el subteniente Castaño, técnico de automotores, acto seguido dijo que el carro era robado que él sabía como era la vuelta”, posteriormente el subteniente llamó a un sargento de la URI de Copacabana quien después de llegar y llamar a alguien al que se refería como “Ríos y decirle que a quien le había vendido el carro, que había cogido a un patrullero con ese carro, que qué le pasaba, que ya con esta le debía dos, me dijo que no me iba a embalar, que me iba a colaborar pero que ya había perdido”. Indicó que posteriormente lo trasladaron hacia la URI de Copacabana, “entraron el carro hacia la parte de atrás, durante el recorrido el sargento me dijo que diera las gracias que no estaba muerto, que dejara las cosas así porque detrás de esto se manejaba una red muy brava, que no hiciera reclamos a nadie, ni a ellos ni a los que me vendieron el carro porque si reclamaba me podrían matar”. Señaló haberle contado al sargento Castellanos quien le dijo que hablara con “mi capitán de la Sijin de parte de él o si no con el SI Grajales de automotores”. Cuando llegó a la Sijin, y estaba hablando con ellos,” llegó el SI. Castaño y me dijo que por eso es que los matan por desleales, me calentastes (sic) con mi capitán, se entró rabioso”. Que posteriormente había hablado con el mayor quien había mandado llamar al sargento y al SI. Castaño quienes no lo dejaron hablar, que el mayor le dijo a Castaño “que la próxima hiciera el procedimiento como era” y al quejoso le dijo “a mi no ve va a involucrar a mis policías de la Sijin y respete a los policías de la Sijin patrullero igualaó (sic) y le prometo que lo voy a mandar para la cárcel”(10). Indicó que se salió de la oficina y llamó a un fiscal amigo y le contó rápidamente lo que había pasado.

A la pregunta sobre que procedimiento siguieron los funcionarios de policía judicial cuando inmovilizaron el carro, contestó que “no hicieron ninguna documentación del vehículo, solamente me dijeron que eso moría ahí que no me pusiera a hablar”.

Después de presentada la queja, el jefe de la oficina de control disciplinario de la Policía Nacional, dictó auto de apertura de indagación preliminar con el fin de verificar la veracidad y circunstancias en que ocurrieron los hechos narrados, ordenando establecer la identidad de los presuntos responsables para después notificarlos (fls. 14-17). De folios 124 a 128, obra auto de 15 de agosto de 2006 por medio del cual se identificaron los presuntos responsables y se ordena notificar, entre otros, al demandante, la cual obra a folio 151.

El 25 de agosto de 2006 (fl. 169), el jefe de la oficina de control disciplinario dictó “auto decretando ruptura de la unidad procesal” al detectar que en la instrucción del proceso se habían presentado dos presuntas conductas: una era el proceder de los funcionarios de policía judicial adscritos a la URI Norte que involucra al SS. Gutiérrez, SI. Castaño Gallo y al PT. Ruiz Osman; y otra eran las diligencias relacionadas con la venta del vehículo el cual debería ser procesado en trámite diferente.

El 29 de agosto de 2006 (fls. 178-227) y después de hacer un resumen de los hechos, de las pruebas testimoniales y documentales recaudadas, de la prueba técnica en la que hubo reconocimiento fotográfico de los implicados, de los argumentos de las defensas, aclarando que tanto el Sargento Segundo José Jairo Gutiérrez y el SI. Andrés Giobany Castaño Gallo no fueron presentados ni tampoco rindieron versión libre de los hechos, se dictó el auto de apertura de investigación disciplinaria y citación a audiencia a los implicados por “no cumplir, el actor, con las actividades inherentes a su cargo o su función y realizar actividades contrarias a los lineamientos institucionales”. La falta se le endilgó como gravísima a título de dolo y se ordenó tramitar la actuación por el procedimiento verbal previsto en la Ley 734 de 2002, citando para el 31 de agosto de 2006 para audiencia.

Como normas violadas se le citó el artículo 34, numerales 9º y 30 de la Ley 1015 de 2006, el primero por: “usted, en su calidad de servidor público, […] participó en el procedimiento de inmovilización del vehículo Renault Clío de placas BRQ-582, el cual según los registros obrantes en el expediente, presenta borrados y/o alterados los sistemas de identificación, así mismo la placa que portaba el mencionado automotor presenta antecedentes de requerimiento judicial por parte de las fiscalías 156 y 333 Seccional de la Unidad Cuarta de Patrimonio Hurto Automotores Bogotá, presuntamente OMITIENDO dentro de su función […] dejar a disposición de la autoridad competente al señor patrullero López Gómez William de Jesús quien era la persona que conducía el velocípedo. De igual forma se desprende dentro de las pruebas […] que usted RETARDÓ la puesta a disposición del referido vehículo…”.

El numeral 30 por cuanto “siendo la persona que ingresó la información al SPOA […] presuntamente registró información imprecisa y contraria dentro del informe ejecutivo rendido a la Fiscalía 157 Seccional, pues se describe en dicho documento que la fecha de presentación del mismo fue el día 30072006 a las 10:00 am y que la fecha de registro de iniciación fue el 29072006 a las 17:45 pm. De igual forma aparecen en el formato único de noticia criminal, presuntos registros de información contraria e imprecisa, pues en dicho documento aparece como fecha de recepción y puesta a disposición de la fiscalía el día 30/07/2006 a las 07:00 horas, contrario a la nota de fecha de recibo por parte de la Fiscalía 157 Seccional, en la cual se describe que la fecha y hora de recepción de las diligencias fue el día 01082006 a las 8:50 horas.

Aunado a lo anterior, presuntamente registró información imprecisa y contraria a la realidad de los hechos, pues al parecer consignó como fecha de elaboración del estudio técnico el día 26072006, observándose dentro del expediente que el procedimiento fue efectuado el día 29072006 a las 17:45 horas, al igual que no describe el antecedente que registra la placa BRQ-582 de Bogotá […] con fecha de grabación del registro 01222005.

Sumado a esto, […] registró información imprecisa y contraria a la realidad, en el acta de inventario número 01, pues ella aparece con fecha de elaboración el día 29 de julio de 2006, registrándose usted mismo como conductor o propietario del vehículo inmovilizado, no registrando la firma de la persona a quien le fuera inmovilizado el automotor, al igual registró información imprecisa […] ya que no consignó la información relacionada con la presencia en el lugar de los hechos del señor Juan Fernando Galeano […] quien estaba en compañía del PT. López Gómez William de Jesús al momento que le fue inmovilizado el vehículo”.

Para cada uno de estos numerales, se le relacionó las pruebas en que se fundamentaban.

El 31 de agosto de 2006, se dio inicio a la audiencia dentro de la investigación disciplinaria Sijur 2006-93 en las instalaciones de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá(11), en la cual el coordinador de la URI Copacabana, SS Gutiérrez José Jairo, relató que el 29 de julio, estando en la URI, lo llamo el SI. Castaño Gallo y le indicó que fuera a las pistas de Niquía, cuando llegó le contó que ese vehículo que observaba no tenía sistemas, que las placas no correspondían al vehículo y que el muchacho era un patrullero de la policía que no tenía los papeles del carro; le había ordenado al SI. Castaño “llevar el carro a la URI, verificar el vehículo, es decir todo lo atinente al caso y continuara con este, y que esperara que el patrullero trajera los documentos el día lunes 31 de julio”; ese lunes, como a las 11:00, llegó el patrullero López sin los papeles diciendo que “el carro se lo había vendido un patrullero de la candelaria, que le colaborara y le entregara el carro”; “que el carro era un llamado Buque, que dejáramos así y que había una plata para el subteniente y para el suscrito para que le entregara el vehículo a lo cual yo le respondí de manera alterada que respetara que yo no estaba acostumbrado a trabajar así y que el procedimiento se estaba realizando…”.

Declaró que cada funcionario de policía judicial es autónomo en sus decisiones y que una vez conocen de un caso, deben realizar ellos mismos todo el procedimiento; que él no interfirió en el caso; a la pregunta de si cuando llegó al lugar había llamado a una persona de apellido Ríos para preguntar a quien le había vendido el carro, contesto que era mentira, que él llamó al patrullero Ríos Vanegas Fabián para preguntarle sobre un caso del día anterior, situación ajena al patrullero. Indicó haberle informado verbalmente al fiscal que llevaría el caso, esperando a que el patrullero llevara los papeles ese lunes, y que solo hasta cuando se presentó en la URI y les ofreció plata fue que llamó a sus superiores (mayor Ricardo Bustamante) para informarles lo que estaba pasando; que el carro se puso a disposición del fiscal el día martes en horas de la mañana; que la revisión técnico mecánica la había realizado el mismo subteniente en la URI, porque era técnico y que, repetía, era el subteniente quien debía realizar todo el procedimiento concerniente sin que él tuviera ninguna injerencia.

Posteriormente y dentro de la misma diligencia, el demandante (fl. 236) rindió su versión libre de los hechos indicando que: el 29 de julio, yendo hacia la URI Norte en compañía del patrullero Osma Ruíz, a la altura de las pistas de Niquía, observó un vehículo que portaba unas placas que no le correspondían por lo que procedió a detenerlo; que una vez verificado que los sistemas de identificación no correspondían, llamó al jefe de la unidad(12) quien se trasladó al lugar; que al pedir los documentos del carro, el patrullero les informó que dicho automotor había sido devuelto por la fiscalía y que las constancias las entregaría el lunes; posteriormente trasladaron el vehículo a la URI donde fue inmovilizado para posteriormente identificarlo dentro de los actos urgentes y así ponerlo a disposición de la autoridad competente; indicó haber iniciado el proceso de identificación con el retiro de varias piezas del vehículo para encontrar el número de seguridad (que no encontró) lo que hacía necesario reactivar químicamente la numeración del chasis pero, por no tener los elementos para ello, se haría el lunes 31. Narró que ese lunes, en la mañana, se había presentado el patrullero para entregar los papeles del vehículo, sin embargo y estando en presencia del sargento Gutiérrez, del patrullero Osman Ruíz y el demandante, les ofreció dinero; esta circunstancia fue puesta en conocimiento del fiscal coordinador de la unidad por el sargento, dejándole a disposición dicho vehículo; esa misma tarde se terminó el informe pero le fue entregado al fiscal el día siguiente cuando llegó a las oficinas, pues ya se había ido de la URI.

A la pregunta de por qué no relacionó en el informe a la persona que estaba con el patrullero (el primo), adujo que la persona que manejaba era el patrullero y que él se había hecho responsable por lo cual no lo consideró necesario; a la pregunta de cómo supo que la placa no correspondía al vehículo, contestó que por su experiencia “las características del vehículo son de un modelo inferior a las placas que porta”; que sí verificó que las placas tenía una solicitud de dos entidades fiscales referenciando la placa pero no la marca o modelo del carro lo que hacía necesario que en días hábiles verificara si ese era el carro que solicitaban las autoridades, pues en el sistema no aparecía; que el procedimiento legal lo inició el mismo 19 de julio como a las 17:30 con los actos urgentes necesarios para identificar el vehículo y comparar la versión del patrullero al momento de la inmovilización, y que el carro fue puesto a disposición del fiscal cuando el patrullero ofreció plata a su superior el lunes 30.

A la pregunta de por qué en el inventario del vehículo no aparecía la firma de la persona a la que se le inmovilizó, contestó que el formato no lo exigía, solo pedía el nombre y la firma del parqueadero y que como el patrullero no se había quedado al mismo, él lo firmó por ser quien realizó el proceso; igualmente indicó que no realizó el acta de inmovilización por la promesa del patrullero de entregar los papeles el lunes siguiente; que el lunes se había puesto en conocimiento del fiscal la novedad y que como en la tarde ya no estaba, los documentos se le entregaron el martes en la mañana; que el informe no lo pudo entregar antes por estar en otro procedimiento con un capturado; a la pregunta de porque no denunciaron al patrullero o lo capturaron por el ofrecimiento de dinero contestó que “la denuncia como tal, hace parte del mismo informe que se presentó y la no captura obedece que pese al ofrecimiento de dinero nunca lo enseñó” por eso se puso por mi Sargento en conocimiento de sus superiores y del fiscal. Se le preguntó porque en el informe ejecutivo no hizo referencia a esa conducta a lo que contestó que el sistema SPOA solo permite registrar inicialmente un solo delito, que era el fiscal, con su clave, el que podía agregar otros y que era en el informe donde se puso a disposición el vehículo donde se pone de presente tal situación pues, reiteró, “en el informe ejecutivo se consignan los resultados y las actuaciones de los resultados de los actos urgentes que se llevan a cabo, con motivo de la investigación”.

Se le preguntó por qué en los informes no hizo referencia a la presencia del primo del patrullero en el momento de la inmovilización, a lo que contestó que fue un error involuntario y que en sus declaraciones ante la fiscalía lo había aclarado; reiteró en varias ocasiones el sistema SPOA en la URI Norte presentaba muchas fallas pues su conexión era por antena por lo que el ingreso de la información era lenta y siempre posterior; aclaró que cuando ingresó los datos al SPOA sobre el peritaje técnico, lo reescribió sobre un formato con fecha “julio 26 de 2006”, que fue un error humano por cuanto este se había realizado el 30 de julio, que esto en nada afectaba su contenido, pues posteriormente se pudo verificar con otro dictamen que se hizo de otro perito.

Dicha diligencia continuó el 1º de septiembre de 2006 (fls. 254-260), en las mismas oficinas, en la que se dio traslado para alegar de conclusión a las partes. El apoderado del demandante consideró que la conducta realizada por éste se dio desde los preceptos de la buena fe y que eso se podía verificar con el comportamiento ejemplarizante que siempre había presentado y que lo llevaban a suponer que el actuar de cada representante de la institución era trasparente en todo momento y lugar. Consideró sospechoso y una forma de intentar librarse de su responsabilidad, que el patrullero William López decidiera presentar una queja dos horas después de los hechos ocurridos. Acto seguido se fijó como fecha para fallo el día martes 5 de septiembre de 2006, a las 14:00 horas.

Del trámite de policía judicial

El 29 de julio de 2006, 17:45:00 (fl. 24) se creó por parte de Andrés Giobany Castaño el reporte de inicio, caso noticia: 052126000201200601714, tipo de noticia: actos urgentes, delito: Receptación artículo 447 C.P. de automotor, en donde se establece por el actor, la verificación de un “Renault Clío, color gris, al cual no le corresponden las placas que porta. Ver noticia criminal”.

Posteriormente se generó el formato único de noticia criminal (fls. 28-32), en el cual se estableció: fecha: 30 de julio de 2006; hora: 07:00:00; Copacabana, Antioquia; número único: 052126000201200601714; tipo de noticia: actos urgentes; tipo de delito: receptación de automotor; y se indican los datos del indiciado; datos de los hechos, fecha, hora, lugar, narración de los hechos y firma.

El 30 de julio de 2006, 10:00 a.m. (fl. 25), se crea el reporte de informe ejecutivo con destino al Fiscal 157 Seccional URI Norte donde se narra todo lo sucedido, las fechas y las actividades realizadas por el funcionario.

A pesar de estas copias citadas, a folio 176 obra un escrito de la Fiscalía General de la Nación dirigido a la oficina de control disciplinario en el que informa que una vez revisado el SPOA sobre el caso 052126000201200601714, se encuentra lo siguiente:

“Caso de noticia: 052126000201200601714

Delito: Receptación artículo 447 CCP de automotor

Caso averiguación: N

Tipo diligencia Indagación con indiciado conocido

Unidad receptora URI Norte

Estado activo

Etapa indagación

Fecha denuncia 30/07/2006 07:00

Reg. reporte inicio 31/07/2006 22:02

Reg. noticia criminal 31/07/2006 22:09

Usuario Acastaño

[…]”

A folios 33 y 36, se presentan copias de un informe de novedad dirigido a la Fiscalía 157 Seccional Delegada URI Norte, de fechas 30 y 31 de julio de 2006, horas: 08:00 y 18:00, respectivamente, firmados por el demandante, en donde narra los hechos, informa en donde se incautó el vehículo, a quien y sus características, y en el segundo narra la situación presentada el lunes posterior, cuando el patrullero les hace un ofrecimiento de dinero por el carro.

Igualmente a folio 35, obra un oficio dirigido al mismo fiscal por el actor, en el cual refiere los resultados del estudio técnico realizado al Renault Clío, 2004, color beige, placas originales BRQ-582, informando además, que el número de motor y chasis fueron borrados, por lo que “el rodante materia de estudio queda sin identificación técnica original a la fecha y recomienda reactivar químicamente los guarismos de chasis para identificar este rodante”.

El inventario del vehículo en el cual se anota que “presenta sus sistemas de identificación alterados”, obra a folio 38.

Pruebas testimoniales(13).

El señor Jaime Albeiro Álvarez, a folio 45, rindió testimonio en las instalaciones de la URI Norte, manifestando que cuando recibió el turno el sábado a las 18:00 horas, observó el vehículo en mención en la parte trasera de la unidad, en la zona asignada exclusivamente al personal de policía judicial de la Sijin o del CTI, lo que lo hizo suponer que el carro pertenecía a esas entidades pues esos parqueaderos eran exclusivos de ellos; indicó que el guarda que le entregó el turno no le dio información de ese vehículo porque los carros que se quedan en “consigna”, quedan en el patio principal previo registro de quien lo ingresa, la hora, marca y motivo por el que está inmovilizado.

El mayor Juan Alberto Libreros Morales (fl. 58) manifestó que el lunes 31 de julio había hablado con el sargento Gutiérrez de la URI Norte, quien le había manifestado que el día sábado habían incautado un vehículo que era hurtado, conducido por un patrullero de la Estación de Policía Candelaria. Que ese lunes se había presentado solicitando le devolvieran el carro y había ofrecido dinero; que no habían informado antes por colaborarle al patrullero. Manifestó que después de entrevistarse con el patrullero López, en presencia del mayor León y ante lo delicado de la situación, tomaron la decisión de informar al coronel Rodríguez quien, después de oírlos, llamó al Mayor Pérez, jefe de disciplina y al teniente Carrillo de la Sipol para que se apersonaran del caso.

El mayor Juan Carlos León Montes, a folio 62, relató la historia que el patrullero López les había contado. Indicó que ante la gravedad de la situación, ordenó ubicar al patrullero González en su oficia (compañero del quejoso). Una vez se presentó lo interrogó por el carro del patrullero López indicándole que él lo había acompañado a recogerlo porque no sabía manejar y que no sabía donde lo había adquirido.

El señor SV. Edgard Castellano Puentes(14), a folio 72, manifestó haberle dicho al patrullero López que fuera a la Sijin y preguntara por el capitán Guevara y le contara lo que estaba pasando. Cuando nuevamente lo llamó el patrullero le informó que se había encontrado con el SI. Castaño quien lo había tratado muy mal y que lo había amenazado de muerte.

El mayor Ricardo Alfredo Bustamante Jiménez(15) (fl. 119) narró haber recibido una llamada del sargento Gutiérrez el 31 de julio informándole del vehículo incautado el sábado 29, que pertenecía a un patrullero de la Estación de Policía Candelaria y que por ayudarle no habían informada nada. Que ese lunes había hablado con el patrullero López quien le había contado lo sucedido; que durante la conversación entraron el sargento Gutiérrez y el subteniente Castaño quienes manifestaron que el patrullero les había ofrecido plata para que no pusieran a disposición el vehículo y les había dicho que dejaran las cosas así; ellos le manifestaron que ya lo habían dejado a disposición del fiscal encargado.

El patrullero Jorge Hernán González Díaz(16), a folio 138 y 143, rindió versión libre de los hechos, contando nuevamente la historia del patrullero López, agregando que no tenía conocimiento de que esos carros tuvieran problemas, que los policiales Rojas y Fernández le habían dicho que eran carros siniestrados que cuadraban unos policías de la Sijin; que había actuado de buena fe, y que los dos habían sido engañados por sus compañeros.

El patrullero Carlos Augusto Fernández Raigosa(17), a folio 147 rindió versión libre de los hechos indicando no conocer al PT López, creer que trabajó con el PT González pero no mantenían conversación alguna y que el PT Rojas era un compañero de trabajo sin relación con él. Confirmó que lo apodaban “chichi” pero que muy pocos compañeros lo hacían y que todo lo sucedido era una calumnia, pues no conocía al quejoso y que nunca le había vendido nada.

El patrullero Fabián de Jesús Ríos Vanegas(18), a folio156, expuso que el sargento Gutiérrez lo había llamado al celular y le había dicho “que se fuera ya mismo para la Sijin que había un patrullero que manifestaba que yo le había vendido un carro”; que cuando llegó y en compañía del sargento Gutiérrez habían buscado al patrullero a quien le preguntó si lo conocía y que porqué decía que le había vendido un carro; él le manifestó que “yo a usted no lo conozco y en ningún momento me ha vendido un carro, solamente a mí me dijeron que a usted lo habían visto en esa carro”; indicó que sí conocía al patrullero González y que los dos pusieron una denuncia por injuria contra López; concluyó que nunca había tenido un carro de su propiedad.

El patrullero y conductor Ruiz Osman Adrian, persona que iba con el demandante cuando inmovilizaron el Clío, a folio 164, manifestó que “venía con el SI. Castaño de las instalaciones de la Sijin Meval, cuando a la altura de las pistas de Niquía, me manifestó que ingresara a las pistas ya que había observado un vehículo que no le cuadraba …, inmediatamente mi cabo se les identificó como policía, les dijo quieto con el arma apuntándoles”; posteriormente el SI le pidió los papeles del carro a quien se identificó como el dueño, quien le manifestó no tenerlos porque la persona que se lo había vendido, que era un patrullero que le decían Chichi, los tenía pero que el lunes él los llevaban a la URI; que no sabía porque el cabo no metió dentro de la diligencia al familiar que estaba con el señor López, y que él solamente se limitó a conducir el vehículo.

Otras pruebas

A folio 270, obra copia de la hoja de vida del demandante en la que consta las felicitaciones obtenidas durante su carrera.

A folios 431 y 459, se encuentran las respuestas de la coordinadora de antecedentes Sijin Meval y la asesora jurídica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el que certifican que el demandante “no aparece con antecedentes penales y contravencionales”(19).

A folio 453 se allegó el oficio del coordinador equipo operativo y de capturas de la Fiscalía General de la Nación en el que informa que a la fecha (sep. 4/2009) el actor tiene una medida de aseguramiento vigente por el delito de homicidio, tortura y concierto para delinquir, de la Fiscalía 54 Especializada de Medellín. Igualmente a folio 458 el jefe de la oficina de información y estadística de la Fiscalía General indicó que sí figura con registros vigentes en su contra en la base de datos SIAN; que es solicitado por la Fiscalía 54 Especializada de Medellín, y que tiene una investigación de la Fiscalía 122 Seccional de Bello en el radicado del SPOA 052126000101200601714 por el delito de receptación el cual está activo y en etapa de indagación.

Trámite ante la Fiscalía General de la Nación

A folio 463 obra un oficio de 1º de agosto de 2006 en el que el Fiscal 157 Seccional informa al director seccional de fiscalías de Medellín, de la puesta a su disposición del vehículo Renault Clío, placas BRQ-582 que tenía los guarismos de identificación totalmente borrados; indica que ese día se presentó un mayor de la Sipol quien le informó de una investigación disciplinaria que se estaba iniciando contra todos los implicados en ese caso; que para ellos no era claro porque no se había puesto el vehículo el mismo día a su disposición y se había retenido a la persona que lo tenía. Que conforme con lo anterior y dadas las circunstancias, se estaba remitiendo el caso a los fiscales de Bello para que continuaran con la investigación con personal ajeno a la URI Norte mientras se desarrollaba el proceso disciplinario y penal.

De esta nueva investigación, se anexaron copias del “programa metodológico” de 2 de agosto de 2006 en donde se hace una hipótesis delictiva-narración de los hechos y se entrevistó al demandante quien nuevamente presenta su historia (fls. 465-468). Posteriormente, el 24 de agosto de 2006 se anexa un formato único de noticia criminal, Caso Noticia: 050016000208200609962, en el que se le toma los datos al denunciante William de Jesús López Gómez quien también cuenta lo sucedido (fls. 469-471).

Por lo anterior, el Fiscal 228 Delegado ante los Jueces del Circuito de Bello, Antioquia, el 7 de septiembre de 2006 (fl. 472), remitió oficio a la Fiscalía 222 del caso noticia arriba citado(20), en el que informa que si bien no era la intención del denunciante, se descubrió una organización delincuencial en la que hacían parte gran número de miembros de la Policía Nacional, dedicada a la comercialización de automotores de ilícita procedencia, del cual el denunciante adquirió uno a sabiendas, por lo que remitió dichas diligencias al Fiscal 222 para que fueran anexadas a las que tiene el carácter de indiciado el señor López Gómez.

2. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.

En razón a la naturaleza específica de sus funciones, la Constitución Política otorgó al legislador la facultad para establecer un régimen especial de carácter disciplinario aplicable a los miembros de la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), en los términos del inciso 2º del artículo 217 de la Carta que prescribe: “[l]a ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario, que les es propio” (resaltado fuera de texto).

En relación con los miembros de la Policía Nacional, el inciso primero del artículo 218 ibídem estableció que “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

Por su parte, el artículo 224 de Ley 734 previó: “La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública”.

No obstante la especificidad del régimen disciplinario propio de la fuerza pública, y su prevalencia, nada impide que también sean destinatarios de las disposiciones disciplinarias aplicables a los demás servidores del Estado, en cuanto ellas resulten procedentes. Así lo ha precisado esta corporación en varias providencias(21).

En conclusión, la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución del siguiente modo: en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial, contenido en la Ley 1015 de 2006 y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones de la citada normativa sino también los principios y las pautas del Código Disciplinario Único (L. 734/2002).

En ese orden de ideas, el procedimiento seguido en el sub judice, está ajustado a las normas. Se adelantó por el trámite verbal conforme a lo señalado en la Ley 734 de 2002.

3. El papel del operador disciplinario.

Se ha dicho que el derecho disciplinario por pertenecer a una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado y particularmente por ser el más afín a las reglas y principios del derecho penal y del procedimiento, tiene garantías y prerrogativas de más alto nivel, como el debido proceso, el principio de legalidad, la tipicidad, el derecho de defensa, contradicción, observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, presunción de inocencia, responsabilidad disciplinaria en la modalidad de dolo o culpa y proscrita la objetiva, causales de exclusión de responsabilidad, reformatio in pejus, entre otras.

Dentro de ese contexto le corresponde al investigador buscar la verdad real y para ello el Estado tiene la carga de la prueba, tal y como lo dispone el artículo 128 del CDU.

Lo anterior implica que debe recurrir a todos los medios que tenga a su alcance para probar el hecho imputado y demostrar la existencia de la falta disciplinaria y por tanto, debe investigar con igual rigor tanto lo favorable como lo desfavorable al disciplinado —artículo 129 del CDU—.

Bajo ese entendido puede concluirse a diferencia de lo que expone el actor que los funcionarios administrativos que adelantan un disciplinario no se diferencian de los jueces en el ejercicio de su actividad judicial cuando de investigar y encontrar la verdad se trata, tampoco lo es, cuando hacen su análisis sobre los elementos dogmáticos de la falta, pues ello garantiza que la decisión que se tome sea imparcial, seria, motivada y conforme al caudal probatorio allegado. Entonces, de ninguna manera puede considerarse como una causal de nulidad el que un funcionario administrativo investigue exhaustivamente y analice a profundidad el asunto bajo estudio hasta el punto de parecer “un juez”.

4. La policía judicial en la Ley 906 de 2004.

Señala el actor que el operador disciplinario confundió en su decisión la actividad desplegada por el disciplinado en las actuaciones objeto de sanción, porque se no se tuvo en cuenta que actuó bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004 y no de la Ley 600 de 2000.

Para resolver este cuestionamiento la Sala revisará las funciones de la policía judicial para luego analizar en el caso concreto, si la actuación del disciplinado se ajustó a sus deberes y responsabilidades y, de otro lado, si el estudio de los hechos y las pruebas se ajustan a la decisión sancionatoria.

La policía judicial ha sido definida como la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal, y en ejercicio de las mismas dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados(22). Ejercen esta función según el artículo 201 de la Ley 906 de 2004, los servidores investidos de la misma pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas.

Como es sabido la Ley 906 de 2004 cambio el sistema penal tradicional para convertirlo en acusatorio o inquisitivo. Allí la policía judicial tomo gran importancia por su papel investigativo dado que es quién aporta las pruebas físicas para la determinación de los hechos objeto del proceso y, así mismo coadyuva para comprobar si el razonamiento judicial es o no correcto. De esa manera su actividad está dirigida a: a) esclarecer los hechos, b) descubrir los elementos materiales probatorios y evidencia física, c) individualizar a los autores y partícipes del delito, d) evaluar y cuantificar los daños causados y e) asistir y proteger a las víctimas(23).

En el sistema anterior, los informes de la policía judicial eran muy importantes para la investigación, pero en el acusatorio más que esto, es relevante y fundamental la prueba directa, por ello la manera como se adquiere y recauda cobra enorme preeminencia y su obtención exige un método el cual tiene que regirse por los requisitos legales y bajo la observancia de los procedimientos adecuados.

Revisada la página web de la Fiscalía General de la Nación(24) encontramos un manual de procedimientos de fiscalía en el sistema penal acusatorio(25) que corrobora lo precedentemente expuesto. El numeral 1.5 refiere las actuaciones de la policía judicial respecto de una noticia criminal así:

“Iniciar el procedimiento de cadena de custodia respecto de los elementos materiales probatorios o evidencia física allegados en ese momento o en las actuaciones inmediatas. Analizar la necesidad de realizar actos urgentes de investigación y, si quien recibe la noticia criminal cumple funciones de policía judicial, actuar de inmediato para evitar la pérdida o alteración de elementos materiales probatorios o evidencia física, como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver y entrevistas. El informe ejecutivo que sobre ellos presentará al fiscal delegado, deberá reunirlos requisitos establecidos en el manual de policía judicial. Dar aviso inmediato, a través de cualquier medio expedito, a la Fiscalía General de la Nación, dejando constancia en el formato de reporte de iniciación, poniéndose en contacto inmediato con el fiscal delegado que asuma inmediatamente la dirección, coordinación y control de la investigación. En los casos de noticia criminal acompañada de captura en flagrancia, diligenciará los formatos de captura y acta de derechos del capturado.

Formato de policía judicial FPJ 2. 5 Formatos de Policía Judicial FPJ 7 y FPJ 8.

Sobre el tema, pueden consultarse las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, radicados 25920 y 29416, donde se resalta la importancia en el cuidado sobre los protocolos de cadena de custodia, al igual que las resoluciones 1890 de 2000, 2869 de 2003, 6394 de 2004 y 2770 de 2005, emanadas de la Fiscalía General la Nación. Consúltese Sección 3”.105425-Procedimientos.indd 24 25/09/2009 09:39:34 a.m.”.

Sobre la actividad de la Policía el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal dispone:

“Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de policía los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia física como los mencionados en este código, en desarrollo de registro personal, inspección corporal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial”. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-789 de 2006, en el entendido de que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva. El texto resaltado fue declarado INEXEQUIBLE, en la misma providencia.

Dentro de las labores que la policía judicial puede realizar sin autorización previa están las situaciones de flagrancia:

“ART. 213.—Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de policía judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo.

El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia física descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano”.

La fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización”.

Todo lo dicho demuestra que la actividad que ejerce la policía judicial es reglada conforme a las normas y disposiciones para tal fin, en donde se prevé el método y procedimiento, siempre bajo la tutela de la Fiscalía General de la Nación.

Dentro de ese marco se analizará el caso concreto.

5. Caso concreto.

Censura el actor la decisión por arbitraria toda vez que allí se aduce que el vehículo se dejó a disposición solo hasta el 01/08/2006 sustentado en el oficio 408 donde aparece como recibido por parte del patio único de automotores del municipio de la Estrella en esa fecha, no obstante, el disciplinador olvidó que el hecho se dio a conocer el 29 de julio y que en el oficio se decía que había sido inmovilizado ese día. También olvidaron que los funcionarios de policía judicial tienen clave personal para acceder al SPOA y crear la noticia criminal y que en el nuevo sistema se investiga para capturar y no como en la Ley 600 de 2000, que se capturaba para investigar, por ende no era necesario dejar a disposición al PT. López Gómez, ya que este estaba individualizado e identificado y, además, ejecutados los hechos urgentes por el ST. Castaño Gallo, como son: incautación y recuperación de los elementos: 29-07-2006, se inmoviliza un vehículo Renault Clío, color gris; verificaciones: fecha 30-07-2006, se efectúa estudio técnico al vehículo incautado; Inmovilización de vehículos: fecha 30/07/06, se realiza informe dejando a disposición el vehículo inmovilizado relacionando los datos de la persona a la cual se incauta; Informe ejecutivo; fecha 30/07/06, se presenta el informe ejecutivo con el resultado de las actuaciones. Lo que seguía era otra fase de investigación como es el programa metodológico, en donde en conjunto con el fiscal se decide si se imputa o no cargos.

Aseveró, que toda la actuación fue legal, transparente y ajustada a derecho y sin embargo, se le sancionó por una queja tendenciosa y a quien se le aplicó todo el procedimiento legal.

Afirmó, que cuando se reporta el inicio de una investigación, el único que puede acceder e ingresar al SPOA es él y que Castaño Gallo creo la noticia criminal 052126000201200601714 con fecha 29 de junio de 2006, entonces no puede considerarse que hubo información oculta.

Los fallos sobre los puntos resaltados resolvieron lo siguiente:

Las faltas cometidas por el SI. Castaño Gallo Andrés, son gravísimas, pues se encuentran tipificadas en la Ley 1015 de 2006, artículo 34, numerales 9º y 30 literal e); a título de dolo, porque era conocedor del procedimiento por su trayectoria y capacitación en policía judicial, por tanto sabia del deber que le imponía la ley y la obligación de actuar diligente y puntualmente; de esa manera al omitir poner a disposición de la autoridad competente al uniformado López Gómez Willian de Jesús y registrar información imprecisa y contraria a la realidad en las diligencias judiciales que presentó retardadas al despacho judicial relacionadas con la puesta a disposición del vehículo inmovilizado, incurrió en los preceptos relacionados.

En efecto, tanto la primera como la segunda instancia disciplinaria resaltan la idoneidad del SI Castaño Gallo en estos trámites, al ser un técnico automotor y pertenecer a la policía judicial por 5 años como el mismo disciplinado lo admite, experiencia que lo convertía en un funcionario de alto nivel en estas lides. Es por ello que no se explican el incumplimiento de su deber al encontrar un vehículo que rápidamente identificó como ilegal y no puso ni lo reportó de manera inmediata como era su obligación.

La misma situación de irregularidad es esquiva al entendimiento, cuando el actor no retiene a quien podía estar incurso en un delito al tener en su poder un vehículo ilegal. Sus explicaciones como lo analizaron los falladores no tienen suficiente respaldo dado el contexto en que se presentaron los hechos y la denuncia puesta por el patrullero López Gómez Willian de Jesús, que según las circunstancias y los tiempos que se manejaron soportan la situación fáctica allí expuesta.

De acuerdo a lo anterior, encuentra la Sala que los fallos disciplinarios no realizaron una valoración caprichosa o irrazonable de las pruebas, habida cuenta que está probado que el SI Castaño Gallo retardó la puesta a disposición del vehículo Renault Clío de placas BRQ 582 que fue encontrado con varias irregularidades, entre ellas, la regrabación del motor y la falta de correspondencia entre el número de las placas y el modelo del carro, toda vez que fue inmovilizado el 29/07/06 a las 17.45 p.m. y lo dejó a disposición de la fiscalía el 01/08/06 a las 8.50 horas, es decir por fuera del tiempo reglamentario para ello. Y de otro lado, como ya se dijo, no judicializó al conductor del citado carro cuando debió hacerlo al encontrarlo en posesión de un vehículo que a todas luces era ilegal; lo anterior aunado a que no registró el antecedente de la placa del vehículo referido, ya que en la bases de datos del CAD Meval, presentaba requerimiento por parte de la Fiscalía 156 y 33 Seccional de la Unidad Cuarta de Patrimonio Económico Hurto Automotores, y finalmente, que se registró él como conductor o propietario del vehículo inmovilizado en lugar del PT López Gómez William quien además estaba en compañía de Juan Fernando Galeano sobre el cual no se hizo mención alguna.

Las pruebas son claras y contundentes sobre esos tópicos, lo mismo que son concordantes los testimonios recibidos sobre la situación fáctica que rodeo el hecho, demostrando una adecuada tipicidad que concretó en los numerales 9º y 30 literal e) del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 que dicen:

“9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

30. Respecto de documentos:

e) Abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el deber le impone por razón del servicio, cargo o función o registrarlos de manera imprecisa o contraria”.

Respecto de la primera causal el fallo señaló respecto de la conducta punible:

“…este cargo respecto de la conducta punible descrita en el artículo 414 del Código Penal (L. 599/2000) Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones… toda vez que usted señor subintendente, para el día 29 de julio de 2006, en horas de la tarde, cuando se desplazaba hacia la Unidad de Reacción Inmediata de Copacabana, cuando pasaba por el sector conocido como las pistas de Niquía del municipio de Bello, observó que un vehículo que se encontraba en lugar (sic) presentaba algunas fallas, por lo cual procedió a parar el vehículo y hacer descender a sus ocupantes, y luego de una revisión evidencia que el automotor presenta los números de identificación borrados, por lo cual le comunica esta novedad a su superior sargento Gutiérrez, quilen llega al lugar de los hechos y conoce del procedimiento y usted señor subintendente como servidor público e investigador judicial, al haber notado la irregularidad que presentaba el vehículo en mención, omitió haber culminado el procedimiento, como era el de judicializar el caso y dejar a disposición de autoridad competente el vehículo inmovilizado y la persona capturada, actividad que no realizó con la respectiva coordinación del sargento Gutiérrez, máxime si usted es un perito idóneo en la materia, por cuanto ostenta el título de técnico de automotores, más que nadie conoce el procedimiento a realizar en estas eventualidades”.

La exigencia de la ilicitud material de la conducta considerada como injusto disciplinario, impone a la autoridad administrativa disciplinaria el imperativo de establecer, como elemento de la imputación, el nexo entre la conducta investigada y la infracción al deber funcional que se proyecta en menoscabo a la función pública(26) tal y como lo hizo el investigador disciplinario en el sub lite, sin que ese análisis lo convierta en un juez penal, ni su decisión una condena de tal naturaleza como lo alegó el actor. Lo que quiso el Legislador frente a esa causal fue ubicar la intervención disciplinaria en el ámbito de lo público, en cuanto referida a conductas que tengan trascendencia pública, y capacidad de afectación de la función pública(27).

Respecto de las imprecisiones adujo:

Numeral 30, “Respecto de los documentos” Literal e) …este cargo por cuanto usted señor Subintendente, fue quien realizó el reporte en el SPOA del caso conocido con el vehículo Clío ya tantas veces citado, que fuera conducido por el patrullero Lopez Gómez, registrando varios datos de manera imprecisa y contraria a la realidad, a saber: inicialmente se registra el reporte de noticia criminal con el número 052126000201200601714 de acuerdo al usuario Acastaño y bajo el nombre y número de identificación que corresponde a Andres Guibany (sic) Castaño Gallo, apareciendo como fecha de registro el 31/07/2006 y con fecha de recibido por la fiscalía agosto 1º/2006 a las 08:50 horas…, a partir de éste reporte en el informe ejecutivo que se ingresara al sistema aparece con fecha de presentación del caso el 30/07/2006 a las 10 AM… fecha y hora que desde todo punto de vista son contrarias a la realidad, por cuanto se dijo anteriormente, los datos solo fueron ingresados al SPOA con fecha 31-07-2006 y las diligencias recibidas por el despacho competente el 01/08/2006 a las 8:50 horas.

Acepta el operador disciplinario sobre este punto que pudo existir un error por un usar un formato y no haberle cambiado la fecha, pero la contradicción existente no se salva cuando al momento de elaborar el inventario del puño y letra le coloca como fecha 29 de julio de 2006, la misma fecha del procedimiento y sin embargo no aparece la firma del conductor o propietario del vehículo a quien se lo inmovilizaron, sino que se registra el nombre del SI Andrés Giobany Castaño, lo cual es inconcebible dada su experiencia e idoneidad en estos casos. En conclusión,
resalta el fallador que hay contradicción entre el informe, el SPOA y el formato único de noticia criminal, tal y como lo indica el material probatorio allegado.

Estas conclusiones están debidamente sustentadas probatoriamente como se dejó ver en el aserto de las pruebas, por tanto, no hay decisiones de hecho, ni violatorias del derecho en las decisiones demandadas, confirmando así la legalidad de las mismas en materia de tipicidad de la falta.

Lo mismo puede señalarse respecto del análisis de la culpabilidad y antijuridicidad, pues estos elementos fueron debidamente motivados y sustentados de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y a los requerimientos legales para tal fin.

Finalmente, no se puede dejar de resaltar en el asunto bajo estudio que dada la delicada tarea que cumplen los miembros de la Policía Nacional dentro del sistema democrático al ser garantes de los derechos y libertades ciudadanas y en particular del aseguramiento de una convivencia pacífica y su apoyo como Policía Judicial en la lucha contra el crimen, su ejercicio funcional exige controles cuidadosos y rigurosos para lograr el respeto y observancia al ordenamiento jurídico, con la correlativa responsabilidad por las acciones u omisiones mediante las cuales infrinjan las normas que regulan el debido desempeño de sus funciones.

En virtud de lo analizado, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos demandados, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Andrés Gyobany Castaño Gallo contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(7) La Sección Segunda, en sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente NI. 1203-2010, Actores: Carlos Alberto Velásquez Martínez y Hernán Vargas Méndez, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, señaló que “atendiendo la redacción de la norma (CCA, art. 131), y la especialidad del asunto, el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los que se controviertan sanciones que impliquen retiro definitivo del servicio”.

(8) Folios 369-384.

(9) Notificado personalmente el 1º de noviembre de 2006.

(10) No está claro cuál mayor era, pero, por posterior declaración se estaba refiriendo al mayor Ricardo Alfredo Bustamante (fl. 120) quien declaró a folio 11 de este proyecto.

(11) Folios 229-253.

(12) Sargento Gutiérrez.

(13) Todos los interrogatorios se encuentran cortados en sus últimos renglones.

(14) A quien llamó el quejoso para contarle lo que estaba pasando.

(15) Quien le dijo al denunciante que no involucrara a sus policías.

(16) Compañero del quejoso y quien lo puso en contacto con los vendedores.

(17) Llamado chichi.

(18) A quien llamó el SS Gutiérrez a preguntarle a quien le había vendido el carro.

(19) 21 de Septiembre de 2009.

(20) 050016000208200609962.

(21) Entre otras, en las sentencias de 26 de julio de 2012, proferida por la Sección Segunda. Subsección B, dentro del expediente 1541-2011, demandante Jhonatan Mauricio Román Giraldo, Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 22 de marzo de 2012 dictada por la misma subsección dentro del expediente 0029-2011. Demandante: Cecilia Sanabria Borda. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Sentencia de 19 de mayo de 2011, expedida por la misma Subsección dentro del expediente 2157 de 2005, demandante: Remberto Enrique Corena Silva, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia C-819 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.

(22) Artículo 200 de la Ley 909 de 2004, y la Resolución 918 de 2012. Publicada en el Diario Oficial 48.468 de 21 de junio de 2012.

(23) Artículo 205 de la Ley 909 de 2004.

(24) www.fiscalia.gov.co.

(25) De fecha 25 de septiembre de 2009. Es muy posible que los formatos hayan cambiado.

(26) C-819-2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(27) Ibídem.