SENTENCIA 2011-00280/20337 DE MAYO 11 DE 2017

 

Sentencia 2011-00280/20337 de mayo 11 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000201100280-01 (20337)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Compañía Colombiana de Cerámica S.A. Colcerámica S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Referencia: cobro coactivo - falta de título ejecutivo

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D. C., once de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante –adhesiva– y demandada contra la sentencia del 23 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que declaró la nulidad de los actos demandados, declaró probada la excepción de falta de título ejecutivo y ordenó a la DIAN terminar definitivamente el procedimiento de cobro coactivo seguido a la demandante.

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, debe la Sala determinar si en el proceso de cobro coactivo administrativo prosperan las excepciones de: i) Falta de título ejecutivo ii) Pago de la obligación iii) Interposición de demanda y iv) Si se violaron el debido proceso, derecho de defensa, el derecho a la administración de justicia y los principios que rigen la actuación administrativa

2. Falta de título ejecutivo.

2.1. Para la demandante, los actos administrativos demandados están viciados de nulidad porque el título ejecutivo, para hacer exigible la suma de $208.331.000, está compuesto por las declaraciones privadas del impuesto sobre la renta del año gravable 2005 presentadas el 27 de abril de 2006 y el 20 de febrero de 2008, así como la Resolución 608-0817 de 6 de julio de 2006, con la cual se ordena compensar el saldo a favor incluido en la declaración de renta del año gravable 2005 con la retención en la fuente de los periodos 1 y 3 de 2006, sin tener en cuenta que en estos documentos no se encuentra determinada la obligación a cargo y pendiente de pago de la sociedad.

2.2. La DIAN por su parte alega que si bien esos actos por sí solos no constituyen título ejecutivo, al estar interrelacionados y conectados entre sí, originan una obligación a cargo del deudor, constituyéndose en un título ejecutivo complejo, que sirvió de fundamento para iniciar el proceso de cobro, razón por la cual se profirió el mandamiento de pago.

2.3. El inicio de un proceso ejecutivo de cobro coactivo, implica necesariamente la preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo(8), esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

2.4. La obligación debe ser clara porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse de la simple revisión del título ejecutivo, expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer, y debe ser exigible porque no está sujeta al cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido(9).

2.5. En desarrollo de lo anterior, el artículo 828 del estatuto tributario discrimina los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo(10), y que sirven de soporte jurídico para que la administración proceda a iniciar el proceso mediante la emisión del correspondiente mandamiento de pago, en el que se ordena al deudor solucionar las obligaciones pendientes a favor de la entidad fiscal.

En lo que concierne al análisis del presente asunto, interesa precisar que la norma establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, “Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación” y “Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas liquidas de dinero a favor del fisco nacional”.

2.6. Según la forma en que se constituyan los títulos pueden ser simples o complejos, serán simples cuando la obligación consta en un solo documento del que se deriva la obligación clara, expresa y exigible. Y es complejo cuando la obligación consta en varios documentos que constituyen una unidad jurídica, en cuanto no pueden hacerse valer como título ejecutivo por separado(11).

2.7. En el caso en estudio se observa que mediante el Mandamiento de Pago Nº 302-003 del 21 de febrero de 2011 proferido por la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, se pretende el cobro de $208.331.000(12), por concepto de COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE, teniendo en cuenta lo siguiente:

“CONSIDERANDO:

1. Que la sociedad Compañía Colombiana de Cerámicas S.A. - Colceramicas S.A. - NIT 860.002.536-5 presentó declaración privada el día 27 de Abril de 2006, con autoadhesivo Nº 07191290040037, en la cual determinó un saldo a favor de $2.594.349.000, suma que fue compensada mediante Resolución 608-0817 de fecha 6 de julio de 2006, con la cual se cancelaron las obligaciones correspondientes a Retención en la Fuente del año gravable 2006, periodos 1 y 3.

2. Que la sociedad Cerámicas S.A. - Colceramicas S.A. - NIT 860.002.536-5 presentó declaración privada de corrección identificada con el autoadhesivo Nº 0712627012435 9 del 20 de febrero de 2008, mediante la cual corrigió la declaración de Renta del año 2005, autoadhesivo Nº 07191290040037 del 27 de Abril de 2006, disminuyendo el saldo a favor a $1.741.894.000, lo que arrojó una diferencia de $852.455.000, por concepto de COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE, saldo sobre el cual fueron liquidados los respectivos intereses por mora desde la fecha en que cada una de las obligaciones fueron exigibles y hasta que se verificó un pago el 20 de febrero de 2008, que una vez aplicado dicho pago, quedó un saldo del valor a reintegrar por COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE de doscientos ocho millones trescientos treinta y un mil pesos ($208.331.000) m/cte., más los intereses de mora que se causen hasta la fecha del pago.

3. Que del análisis de los documentos señalados en los numerales 1 y 2, se establece que la sociedad Cerámicas S.A. - Colceramicas S.A. - NIT 860.002.536-5, adeuda a la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, la suma de doscientos ocho millones trescientos treinta y un mil pesos ($208.331.000) m/cte., más los intereses, sanciones, actualizaciones y costas que se causen hasta el momento de su pago, conforme con los artículos 634, 635, 836-1 y 867-1 del estatuto tributario.

…”.

2.8. En atención al mandamiento de pago, el título ejecutivo está constituido por la declaración del impuesto sobre la renta y complementario correspondiente al año gravable 2005, presentada el 27 de abril de 2006, con autoadhesivo Nº 07191290040037, la declaración de corrección presentada por el contribuyente el 20 de febrero de 2008 con autoadhesivo Nº 07191290040037 y la Resolución 608-0817 de 6 de julio de 2006, mediante la cual se compensa el saldo a favor con las obligaciones correspondientes a retención en la fuente de los periodos 1 y 3 de 2006.

2.9. En concordancia con lo anterior y en aras de establecer si en el presente asunto se conformó un título complejo del que se derive una obligación clara, expresa y actualmente exigible, la Sala observa:

1. En la declaración inicial del impuesto de renta del año gravable 2005, presentada por la sociedad el 27 de abril de 2006, se registró un saldo a favor de $2.594.349.000.

2. En la declaración de corrección a la anterior declaración presentada por la contribuyente el 20 de febrero de 2008, se registró un saldo a favor de $1.741.894.000, sanciones $77.496.000, intereses de mora $137.178.000, impuesto 774.959.000, y pagó la suma de $989.633.000.

3. En la Resolución 608-0817 de 6 de julio de 2006, se reconoció a favor de la sociedad la suma de $2.594.349.000, la que compensó con las obligaciones a cargo del contribuyente por concepto de retención en la fuente de los meses de enero y marzo de 2006.

De los documentos relacionados no se desprende la existencia de una obligación expresa, porque no se señala de manera nítida, y manifiesta en la liquidación privada y su corrección suma que adeude la sociedad, como tampoco en la resolución de compensación, es decir, no está en forma precisa la suma que se está cobrando por $208.331.000.

La obligación tampoco es clara porque no aparecen determinados los elementos de la obligación ni son fácilmente inferibles de la simple revisión de los títulos y, por ende, no es exigible.

Además, debe precisarse que la administración sostiene que la suma que se cobra por $208.331.000, se deriva de lo siguiente:

“(…)

la diferencia entre las declaraciones presentadas por el contribuyente arroja la suma de $852.455.000, a esta suma debe aplicársele el pago efectuado por la sociedad con el sticker Nº 712627012435 el día 20 de febrero de 2008 de conformidad con el artículo 804 del Estatuto Tributario. (…). De suerte que el pago realizado por el contribuyente por la suma de $989.633.000 fue aplicado en forma proporcional de la siguiente manera:

Menor saldo a favor: $ 852.455.000

Intereses $ 457.259.000

Total a reintegrar…..$1.309.714.000

Pago:989.633.000%  
ConceptoSaldo inicialesArt. 804 ET
%
Aplicación de pagoSaldos
Final (HA)
Impuesto:852.455.00065.09%644.124.000208.331.000
Sanción 00.00%00
Interés457.259.00034.91%345.509.000111.750.000
Total 1.309.714.000100.00%989.633.000320.081.000
Saldo a liquidar 320.081.000

(…)

Al solicitar la compensación o realizar los pagos de dicha suma de dinero que corresponden a la declaración de Renta del año gravable 2005, el actor no puede pretender la aplicación del beneficio consagrado en la Ley 1175 de 2007, pues la misma como se ha explicado, es aplicable únicamente a impuestos, tasas o contribuciones, mas no a sumas de dinero que el declarante si bien está obligado a reintegrar, no constituyen un impuesto como tal.

De ahí, que el mandamiento de pago sobre el cual se fundamenta tanto la resolución que resolvió las excepciones propuestas como la resolución que la confirmó, se basa en la diferencia resultante entre la liquidación privada inicial, suma que fue devuelta y/o compensada improcedentemente, y la liquidación de corrección que disminuye el saldo a favor, después de haber aplicado en forma proporcional el pago realizado por la sociedad, sin ningún tipo de beneficio del 30% de rebaja de intereses como lo pretende el actor, al manifestar que la obligación se encuentra cancelada, cuando la liquidación de la obligación demuestra lo contrario.(13)

(…) (Negrillas fuera de texto).

La anterior transcripción demuestra que la discusión entre la sociedad y la Administración es sí la demandante en la declaración de corrección podía reducir al 30% los intereses generados por el pago realizado en la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2005, en aplicación del beneficio consagrado en la Ley 1175 de 2007.

El señalado cuestionamiento fue decidido por la Sección(14), en el proceso entre las mismas partes, en el que se demandó el Oficio Nº 00 31 161-0111 de 18 de marzo de 2009, mediante el cual negó la petición, por la cual la sociedad solicitó la actualización de la cuenta corriente y que no poseía saldos por pagar, en tanto las sumas adeudadas por concepto de impuesto de renta año 2005 fueron pagadas con la presentación de la declaración de corrección. El anterior oficio fue confirmado con las Resoluciones Nos. 311-009 1 de junio de 2009 y 6126-002 de 12 de agosto de 2009.

Al respecto, dijo la Sala:

(…)

4.3.2. Con fundamento en los hechos expuestos, se encuentra que el contribuyente, en la declaración de corrección, disminuyó el saldo a favor del año 2005, que previamente había sido compensado por la Administración, para liquidar un mayor valor por concepto de impuesto, y aplicarse una sanción por corrección y la reducción de intereses moratorios de que trata la Ley 1175 de 2007.

4.3.3. De esta manera, el contribuyente en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 588 del estatuto tributario(15), aumentó el impuesto a cargo inicialmente declarado de $11.057.962.000 a la suma de $11.832.921.000, y pagó por concepto de impuesto la diferencia resultante, esto es, $774.959.000. Por consiguiente, este pago tuvo por objeto satisfacer una obligación tributaria principal, es decir, el impuesto que no fue pagado en la declaración inicial.

4.3.4. En efecto, la Sala ha señalado que cuando el contribuyente obtiene la devolución o compensación del saldo a favor y, luego mediante una declaración de corrección, lo disminuye, y liquida un saldo a cargo, el pago se efectúa en cumplimiento de una obligación tributaria sustancial(16).

A su vez, precisó que no se trata del reintegro de sumas devueltas, pues, es perfectamente viable, y ocurre con frecuencia, que el menor saldo a favor resulte por el incremento del impuesto a cargo. Si la corrección de la declaración se realiza para aumentar el impuesto a cargo, es claro que con la declaración inicial, el contribuyente no pago la totalidad del impuesto que correspondía y, por tanto, debe cancelar a la administración ese mayor impuesto que no entró a las arcas del Estado en la oportunidad pertinente(17)”.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se trata del reintegro de sumas compensadas, sino del pago del impuesto, puesto que el saldo a favor registrado en la declaración de corrección resulta del incremento del impuesto a cargo.

4.3.5. Por consiguiente, la sociedad cumplió con el requisito exigido por la Ley 1175 de 2007, relativo al “pago en efectivo del total de la obligación principal”.

4.3.6. Ahora bien, en cuanto al requisito de “pago de los intereses y sanciones actualizadas”, en el expediente consta que el contribuyente al presentar la declaración de corrección en bancos realizó el pago de intereses por la suma de $137.178.000 y por sanción de corrección el valor de $77.496.000(18).

4.3.6.1. En relación con el pago de la sanción de corrección, la Sala precisa que las partes no plantearon controversia alguna.

4.3.6.2. Sin embargo, frente al pago de los intereses moratorios, el contribuyente discute la base de liquidación que tuvo en cuenta la DIAN en los actos demandados ($852.455.000)(19), por cuanto en la misma se incluyó la sanción por corrección.

Al verificarse esa situación en el expediente administrativo, se advierte que si a los intereses liquidados por la administración en $457.259.000 se le aplica el 30% del beneficio de la Ley 1175 de 2008, los intereses quedan en $137.178.000, que es el monto que la demandante dice deber.

En consideración a lo anterior, se encuentra que la liquidación de intereses moratorios realizada por la administración tomando como base la sanción por corrección, fue la misma utilizada por el contribuyente en la declaración de corrección.

Por consiguiente, no tiene fundamento alguno los argumentos expuestos por el accionante, máxime cuando en la demanda pretende a título de restablecimiento del derecho que se mantengan los valores determinados en la liquidación privada.

En todo caso, la Sala aclara que el artículo 634 del estatuto tributario(20) solo prevé la liquidación y pago de intereses moratorios, por cada día de retardo en el pago de impuestos, anticipos y retenciones a cargo del contribuyente, por lo que no es pertinente que se liquiden sobre sanciones, porque así no lo previó la norma citada(21).

Finalmente, debe señalarse que la anterior situación no desvirtúa el cumplimiento del requisito de pago de intereses, puesto que como se observó los intereses fueron liquidados en la misma forma como lo hizo la administración en los actos demandados. Por consiguiente, no existe controversia alguna por ese concepto.

4.3.7. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la Sala observa que i) la sociedad es contribuyente del impuesto de renta, ii) la obligación principal corresponde a un impuesto que se encuentra en mora por las vigencias objeto del beneficio (impuesto de renta año 2005), iii) el pago de la obligación principal, las sanciones, e intereses reducidos, se realizó dentro de los 6 meses siguientes a la entrada de vigencia de la Ley 1175 de 2007, iv) el beneficio no se solicitó por obligaciones contenidas en acuerdos de pago suscritos al amparo del artículo 7º de la Ley 1066 de 2006.

Por consiguiente, los intereses de mora causados sobre el mayor impuesto liquidado por el año 2005, podían ser reducidos de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007 en la suma de $137.178.000.

4.3.8. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos demandados.

4.3.9 En cuanto al restablecimiento del derecho, para la Sala resulta procedente acceder a la pretensión de la accionante, relativa a que se declare que la sociedad no adeuda suma alguna a la DIAN por concepto de impuesto de renta del año 2005, ni por intereses de mora.

Si bien esa declaración corresponde al proceso de determinación del impuesto, lo cierto es que en el caso del contribuyente no se encuentra en discusión la liquidación del tributo realizada en la declaración de corrección, sino la aplicación de los pagos efectuados en la misma, que como se observó se realizó conforme a la Ley 1175 de 2007.

(…).

De manera que, los intereses reducidos (30% de conformidad con la Ley 1175 de 2007), registrados por la sociedad en la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2005, se encontraban debidamente liquidados en la suma de $137.178.000.

Puesto de presente lo anterior, la Sala advierte que si bien en el proceso 250002327000201000011-01 (19020), no se demandaron directamente los actos que sirvieron de título ejecutivo para la expedición del Mandamiento de Pago Nº 302-003 de 21 de febrero de 2011, sí se cuestionó la obligación que se está cobrando en el mencionado mandamiento. De manera que lo decidido en tal pronunciamiento incide en el proceso de cobro coactivo.

Así las cosas, queda desvirtuada la obligación que se está cobrando en el Mandamiento de Pago Nº 302-003 del 21 de febrero de 2011, dado que en la sentencia se precisó que la aplicación de los pagos efectuados en la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2005, se realizaron conforme a la Ley 1175 de 2007, y que la sociedad no adeuda suma alguna por concepto de impuesto de renta de esa vigencia, ni por intereses generados por ese tributo.

Por lo expuesto prospera la excepción de falta de título ejecutivo, la Sala se releva del estudio de los demás cargos invocados por la demandante en el recurso de apelación adhesiva.

2.10. Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia apelada que ordenó la nulidad de los actos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 23 de mayo de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.

2. Se RECONOCE personería para actuar a la abogada Angie Alejandra Corredor Herrera, como apoderada judicial de la U.E.A. DIAN, de conformidad con el poder que obra a folio 611 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

8 Código de Procedimiento Civil. Artículo 488. Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

9 Auto de 30 de mayo de 2013, Exp. 18057, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

10 Artículo 828. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:
1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.
2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
3. Los demás actos de la administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.
4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.
5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.

11 Cfr. Sentencia de esta Sección de 30 de mayo de 2013, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Exp. 18057.

12 Folio 33 exp.

13 Contestación de la demanda, fls. 411-415, c.p.

14 Sentencia de 10 de septiembre de 2014, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Expediente 2500002327000201000011-01 (19020).

15 “ARTÍCULO 588. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y se liquide la correspondiente sanción por corrección.
Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según el caso.
(…)”

16 Sentencia del 29 de noviembre de 2012, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 18568.

17 Ibídem.

18 Folio 77 c.p.

19 Este valor se determinó de la diferencia entre el saldo a favor inicial de $2.594.349.000 y el corregido por el contribuyente de $1.741.894.000. Este último valor incluye la sanción por corrección en la suma de $77.496.000. Fl 78 c.p.

20 ARTÍCULO 634. Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Incisos 1º y 2º modificados por el artículo 3º de la Ley 788 de 2002. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.

21 En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencias del 18 de junio de 2014, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 20187 y del 10 de febrero de 2011, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 17909.