Sentencia 2011-00293 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 76001-23-31-000-2011-00293-01(51908)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Lusdid Ruiz García y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otro

Referencia: Acción de reparación directa - sentencia

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso que, por su cuantía (f. 22 c.1)(3), tiene vocación de doble instancia.

7.1. Se precisa en este punto que al presente caso le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009(4) en el que se autoriza a las salas, secciones o subsecciones de las altas cortes, otorgar prelación a los procesos en los siguientes eventos: por razones de seguridad nacional, para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, en caso de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o asuntos de especial trascendencia social. Se resuelve con prelación el presente caso, en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sesión llevada a cabo el 26 de enero de 2017, tal como consta en el acta Nº 02 del mismo año.

II. Hechos probados

8. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El señor Oscar Alfonso López Quintero perteneció al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia y se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004, proceso en el que se le asignó el número 470 dentro del listado oficial. Como resultado del programa de desmovilización el señor López Quintero recibió por parte del Fondo de Programas Especiales para la Paz la suma de $ 7 402 000 por concepto de ayuda humanitaria. El desmovilizado no ingresó al programa de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos al margen de la ley de la Presidencia de la República de Colombia (original del certificado expedido el 20 de julio de 2012 por el alto asesor Presidencial de Seguridad Nacional, encargado de las funciones del despacho del Alto Comisionado para la Paz, f. 225-226, c.1; certificación expedida por el jefe jurídico de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, f. 230-234, c.1.).

8.2. Ante la Tercera Brigada del Ejército Nacional, el 27 de noviembre de 2009, reiterada el 10 de febrero de 2010, el señor Oscar Alfonso López Quintero radicó permiso para porte de arma de fuego de defensa personal en la modalidad de revalidación, el cual fenecía el 7 de diciembre de 2009 para un arma tipo revólver, marca llama, calibre 38 largo, capacidad de 6 cartuchos, número de serie IM9423U. Justificó la necesidad de la renovación del permiso en su calidad de comerciante dedicado a la compra y venta de materiales para la construcción la cual implicaba el manejo continúo de altas cantidades de dinero en efectivo. La solicitud fue negada por parte de Ejército Nacional en uso del poder discrecional que le otorga el artículo 3º del Decreto 2535 de 1993 (copias de las solicitudes de revalidación, f. 27-31; 36-41, c.1; respuesta al derecho de petición del 25 de febrero de 2010, expedido por el jefe del Estado Mayor y Segundo comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, f. 42, c. 1.).

8.3. El 19 de enero de 2010, el señor Oscar Alfonso López Quintero solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali, brindarle protección policiva con ocasión del atentado del que fue objeto el 11 de diciembre de 2009, aunado a las amenazas de muerte que por medio telefónico recibió y la presencia de personal desconocido en las inmediaciones de su lugar de trabajo y domicilio. En respuesta a este requerimiento, el comandante de Servicios Especiales Mecal, el 14 de mayo de 2010, recibido el 22 del mismo mes y año, informó que la comunicación había sido enviada a la estación de policía del municipio de Yumbo, en donde se expusieron las medidas de autoprotección en los desplazamientos, en el lugar de residencia y trabajo (original de la solicitud de protección, f. 43, c.1; oficio Nº 594 del 14 de mayo de 2010, f. 45, c.1.).

8.4. El 13 de mayo de 2010 fue asesinado el señor Oscar Alfonso López Quintero aproximadamente a la 8:00 p.m. en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, por un proyectil de arma de fuego. La Fiscalía General de la Nación inició investigación preliminar en aras de identificar e individualizar a los posibles autores o participes del homicidio perpetrado, la cual fue archivada ante la imposibilidad de dar inició a la etapa instructiva por carencia de medios de prueba (registro civil de defunción, f. 5, c.1; inspección técnica del cadáver, f. 260-264; informe pericial de necropsia, f. 268-271, c.1, constancia de archivo de diligencias, f. 279-281, c.1.).

8.5. Como acciones preventivas de protección la Policía Nacional refirió que la patrulla del sector al menos en tres oportunidades, esto es, el 21 de febrero, el 3 de marzo y el 10 de mayo de 2010, pasó revista a la dirección que aparecía como de residencia del señor López Quintero, sin que fuere posible su ubicación en ese lugar. Así mismo, informó que (copia del informe suscrito por el comandante del Quinto Distrito de Policía de Yumbo, f. 244-247; copia del libro de población, 248-250, c.1.):

Para el 11-12-09 a eso de las 10:20 en la CR.1N # 11B-Bolívar cerca de su residencia cuando se pasaba revista al sector la patrulla adscrita al cuadrante escucha unos disparos y observa a dos personas disparándole a otra, por lo que se emprende la persecución de los agresores y es aprehendido el joven William Andrés Muñoz Chara (…) a quien se le encontró en su poder 2 armas de fuego [se precede a su descripción] misma con la que le había ocasionado lesiones al señor Oscar Alfonso López Quintero. Dicho menor quedó a disposición del fiscal 71 de Infancia y Adolescencia de Cali.

8.6. El señor Oscar Alfonso López Quintero era hijo de Alba Nubia Quintero, padre de Lina Marcela y Lisbeth López Mosquera, hermano de Jennifer, John Fernando, Jorge Andrés López Quintero así como de Sherly Carolina Valencia y compañero permanente(5) de Lusdid Ruiz García, y padre de crianza de Luisa María Redondo Ruiz y Elkin Alejandro Carmona Ruiz hijos de aquella (copia de los registros civiles de nacimiento, f. 4, 6-14, c.1.).

III. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala establecer si, como lo consideró el a quo, la muerte del señor Oscar Alfonso López Quintero no le es imputable a las entidades públicas demandadas, pues dentro de las limitaciones de los recursos puestos a su alcance, prestaron las medidas de protección en aras de salvaguardar su vida e integridad personal o si, como lo estima la parte demandante, es responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Ejército Nacional al desconocer su calidad de desmovilizado de la cual se originó una obligación de especial protección.

IV. Análisis de la Sala

10. A propósito de la calidad de desmovilizado que según lo dicho por la parte demandante ostentaba el señor López Quintero, la Sala encuentra acreditada tal condición con fundamento en el oficio expedido por el alto comisionado para la paz —párrafo 8.1.—, documento en donde consta que el 18 de diciembre de 2004, el mencionado señor inició su proceso de desmovilización del Boque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia al cual perteneció.

10.1. Así mismo, al interior del expediente la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas —ACR— informó que el señor López Quintero no ingresó al proceso de reintegración posterior a su desmovilización colectiva, razón por la cual no se hizo acreedor a los beneficios contemplados en este programa.

10.2. En sentido, la Sala encuentra que la víctima una vez culminó su proceso de dejación de armas, el cual puede entenderse concluido en el mes de mayo de 2006, pues fue el último mes en que recibió la ayuda humanitaria representada en un estipendio de $ 358 000 mensuales(6), decidió no ingresar al proceso de reincorporación ofrecido por el gobierno nacional, programa que además de brindar una ayuda económica otorgaba beneficios de protección y seguridad encabezados por el Ministerio de Defensa o del Interior en coordinación con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— y la Policía Nacional, sin que se conozca la existencia de amenazas en su contra derivadas de su pertenencia a grupos al margen de la ley.

10.3. Por lo anterior, la Sala estima que no existe ninguna medio de prueba que permita concluir que el asesinato del señor López Quintero tenga su origen en su condición de exparamilitar, al contrario de lo dicho por los actores y el tiempo transcurrido entre la fecha de desmovilización y la ocurrencia del asesinato se aprecia que móviles distintos pudieron rodear su homicidio. En primer lugar, los demandantes afirmaron que la víctima, luego de abandonar el grupo al margen de la ley, se dedicó a la comercialización de materiales para la construcción, oficio que implicaba el traslado de importantes sumas efectivas de dinero y que hacía necesario el porte de armas de fuego en aras de repeler cualquier ataque de la delincuencia común, actividad de la que es posible entrever un riesgo para la vida e integridad del comerciante.

10.4. Ahora, como segundo elemento que rompe la relación causal entre el homicidio del señor López Quintero y su calidad de desmovilizado, la Sala encuentra que entre la fecha en que culminó su proceso de dejación del grupo al margen de la ley, 18 de diciembre de 2004, y el día de su muerte, el 13 de mayo de 2010, transcurrieron alrededor de 5 años y cuatro meses, tiempo considerablemente prolongado para relacionar el homicidio con alguna animadversión surgida a raíz del proceso de reincorporación.

10.5. Aunado a lo anterior, y revisada la solicitud de protección elevada por el señor Oscar Alfonso López Quintero a la Policía Nacional en el año 2009, aquel no hizo mención alguna a su ex militancia en la organización paramilitar de la cual pudiese originarse el riesgo reportado, al contrario en el texto de su denuncia se indicó que el requerimiento se formulaba en su calidad de ciudadano víctima de amenazas.

10.3. Así la cosas, la Sala considera que el asesinato del señor Oscar Alfonso López Quintero en principio, al menos que la autoridad competente determine lo contario, no guarda relación con el proceso de desmovilización por el cual optó. Esta aseveración adquiere relevancia a la hora de revisar la intensidad de la obligación que en materia de protección le fue asignada a las entidades demandadas, pues en tratándose de personas que ostentan una calidad especial, como es el caso de los desmovilizados, dado el nivel de riesgo extraordinario que enfrentan obligan al Estado adoptar medidas especiales de protección de cara a evitar la concreción del riesgo que sobre ellos se cierne.

11. De otro lado, en lo que tiene que ver con el juicio de responsabilidad, la Sala tiene acreditado el daño, en tanto la prueba documental aportada al expediente demuestra el fallecimiento de Oscar Alfonso López Quintero —ver párrafo 8.4.—.

11.1. La copia de los registros civiles de nacimiento y los testimonios aportados al proceso —los cuales demuestran que Alba Nubia Quintero era su madre, Lina Marcela y Lisbeth López Mosquera eran sus hijas, Lusdid Ruiz García su compañera permanente, Luisa María Redondo Ruiz y Elkin Alejandro Carmona Ruiz sus hijos de crianza y Jennifer, John Fernando Jorge Andrés López Quintero así como de Sherly Carolina Valencia eran sus hermanos también permiten tener por probado que todos estos demandantes sufrieron un daño moral por su fallecimiento, conforme a las reglas de la experiencia.

11.2. En este punto, cabe reiterar lo dicho por la Sala en anteriores oportunidades, en el sentido de que la prueba del parentesco así como de las relaciones afectivas resultan idóneas y suficientes para demostrar el perjuicio moral respecto de los padres, hijos, compañera permanente, hijos de crianza y hermanos comoquiera que ellas por sí solas son indicativas del afecto que existe entre los miembros de una misma familia y, por consiguiente, del dolor que produce en cada uno de ellos la pérdida de sus familiares más cercanos(7).

12. La parte actora sostiene que el daño es imputable a la administración a título de falla del servicio por omisión. En concreto, afirma que la muerte de Oscar Alfonso López Quintero se produjo como consecuencia de la falta de protección que debió brindarle la Policía Nacional una vez conoció la existencia de un atentado perpetrado en su contra cuatros meses antes a la fecha de su muerte y las constantes amenazas de las que era objeto. Así mismo, asegura que la negativa del Ejército Nacional de revalidar el permiso de porte de arma de fuego facilitó la consumación de la agresión en contra de la víctima.

12.1. Luego de acreditada la existencia del daño antijurídico padecido por los actores, la Sala determinará si el mismo le es imputable a las entidades demandadas, tarea que en primera medida exige la verificación de la carga obligacional asignada a cada una de las entidades públicas accionadas.

13. En relación con la imputación, la Constitución Política de 1991 establece en su artículo 11 el derecho fundamental a la vida, el cual es inherente a la persona humana y constituye la base sobre la cual descansan los otros derechos. Frente al mismo, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente(8) de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(9).

13.1. La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(10):

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

13.2. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(11)— ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(12). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta Corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(13).

13.3. Además, la Corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, con su acción u omisión propiciaron o permitieron que personas ajenas a la administración lo causaran. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace la denuncia respectiva ante las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(14), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(15). Al respecto, esta Subsección ha señalado(16):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(17).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(18).

13.4. De conformidad con los hechos narrados y las pruebas aportadas al expediente se tiene acreditado que el señor Oscar Alfonso López Quintero, luego de ser víctima de un atentado el 11 de diciembre de 2009 en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, comunicó al comandante de Policía de esta ciudad acerca de su ocurrencia, así como la existencia de amenazas de muerte vía telefónica y la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones de su domicilio y, en consecuencia, solicitó se le brindara protección policial, denuncia que fue recibida por la entidad pública el 20 de enero de 2010 —ver párrafo 8.3.—.

13.5. Frente a esta solicitud el 14 de mayo de 2010, el comandante de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali informó al solicitante del envió de la comunicación a la estación de policía de Yumbo, mediante la cual además resaltó las medidas de autoprotección consideradas por la Corte Constitucional en muchas de sus providencias, en aras de evitar la concreción del riesgo presentado. No obstante, esta respuesta fue recibida hasta el 22 del mismo mes y año, momento para el cual el señor López Quintero ya había sido asesinado.

13.6. Ahora bien, la entidad demandada intentó demostrar la diligencia en la prestación del servicio de protección en favor de la víctima mediante el aporte del libro de población en el que consta que personal de la Policía Nacional realizó para los días 21 de febrero, 6 de marzo y 10 de abril de 2010 visitas al lugar de trabajo y residencia del señor López Quintero sin que fuera posible su localización.

13.7. Así mismo, rindió un informe a través del cual pretendió evidenciar el perfil criminal de la víctima, sindicándolo de al menos, la comisión de ocho homicidios con arma de fuego, información que extrajo de la diligencia de declaración rendida por Jhon Alexander Mendoza un presunto testigo presencial de los hechos.

13.8. Por último, informó que el día en que se perpetró el atentado en contra del señor López Quintero, esto es, el 11 de mayo de 2009, en cumplimiento de su deber de vigilancia, logró dar captura a un menor de edad quien presuntamente perpetró el ataque y lo puso a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

13.9. En relación con las tres visitas realizadas al lugar de domicilio del occiso, la Sala estima que las mismas no demuestran una intervención oportuna ni eficaz por parte de la Policía Nacional no solo por el espacio de tiempo transcurrido entre la práctica de una y otra, —un mes aproximadamente—, sino además por tratarse de un mero procedimiento de rutina, que no denota labor investigativa alguna ni la evaluación del riesgo que esta persona enfrentaba, obligaciones que producto de la presentación de la denuncia nacieron para la entidad.

13.10. Ahora, frente al informe rendido mediante el cual la Policía Nacional pretende demostrar las actividades ilícitas y el perfil criminal de la víctima, factores que originaron su deceso en una suerte de ajuste de cuentas, la Sala encuentra que si bien existe un informe rendido por el comandante del Distrito de Policía de Yumbo que dio cuenta de que para el 23 de mayo de 2007 el señor Oscar Alfonso Quintero fue capturado como presunto autor responsable de los delitos de homicidio en concurso con tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones de defensa personal, lo cierto es que este argumento además de no justificar la inobservancia de sus deberes Constitucionales y legales en cuanto a protección se refiere, constituye una agravio para los aquí demandantes, por cuanto en el plenario no obra prueba alguna que permita tener por desvirtuada su presunción de inocencia, actuación que vulnera sus derechos fundamentales de defensa, debido proceso y buen nombre, máxime teniendo en cuenta que al momento de su asesinato se encontraba en libertad de lo cual se infiere que no se había expedido en su contra sentencia condenatoria, por cuanto esta aseveración es rechazada por la Sala de manera enérgica.

13.11. Por último, referente a la captura en flagrancia del menor de edad quien presuntamente perpetró el ataque en contra del señor López Quintero días antes a su asesinato, la Sala encuentra que esta actuación de manera alguna denota diligencia por parte de la Policía nacional en la labor de protección que la víctima había demandado antes de su deceso, al contrario pese a conocer de la inminencia y alto nivel de riesgo que enfrentaba la víctima, no adoptó medidas eficaces y serias de cara a evitar la concreción de la amenaza que sobre él se cernía.

13.12. De conformidad con lo anterior, la Sala condenará a la Policía Nacional por el daño antijurídico consistente en la muerte de Oscar Alfonso López Quintero, toda vez que: i) la víctima puso en conocimiento ante el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali el atentado del que fue objeto el 11 de diciembre de 2009, aunado a las amenazas de muerte que por medio telefónico recibió y la presencia de personal desconocido en las inmediaciones de su lugar de trabajo y domicilio; ii) las tres visitas realizadas por personal motorizado de la entidad, con un intervalo de aproximadamente un mes entre cada una de ellas, resultaron insuficientes de cara a conjurar el riego alertado, pues no se demostró que el objeto de las mismas hubiese sido adelantar una evaluación del alto riego al que se enfrentaba el occiso, sino un mero procedimiento de rutina que no respondió a la solicitud de protección elevada; iii) la captura en flagrancia del presunto perpetrador del atentado realizado en contra del señor López Quintero cuatro meses antes de su homicidio, no guarda relación con la obligación originada en la presentación de la denuncia y la solicitud de protección formuladas, pues fue precisamente en la consumación de aquella agresión que se originó para la entidad el deber de brindar medidas oportunas y eficaces de seguridad en favor de aquel y; iv) no constituye una excepción a la obligación de protección atribuida a la Policía Nacional la existencia de una orden de captura en contra de la víctima, la que en medida alguna lo ubica como responsable de la comisión de una conducta punible, la que en gracia de discusión podría configurar un hecho exclusivo de la víctima, sino porque pese a la controversia penal suscitada en su contra, gozaba de los mismos derechos y prerrogativas que en materia de seguridad contempla el ordenamiento colombiano, máxime teniendo en cuenta que en su calidad de ciudadano acudió a la entidad competente para formular su denuncia.

14. En lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejército Nacional la que según los demandantes se configuró por la no revalidación del permiso de porte de armas solicitado por el señor López Quintero, omisión que contribuyó a la concreción del riesgo advertido, la Sala encuentra una vez analizada la normatividad que rige la materia que la entidad no incurrió en ninguna irregularidad en la prestación de ese servicio de la cual se derive su responsabilidad patrimonial, por las razones que pasan a explicarse:

14.1. Con la expedición de la Constitución Política de 1991(19), se mantuvo la vigencia y legitimidad del monopolio de las armas en cabeza del Estado quien tiene la potestad exclusiva de autorizar su uso por parte de particulares mediante la obtención del correspondiente permiso, decisión que reviste un carácter meramente discrecional.

14.2. Así mismo, en uso de su facultad extraordinaria el presidente de la República expidió el Decreto 2335 de 1993, a través del cual se fijaron las normas y requisitos para la tenencia y porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, normatividad que se fundó, entre otros principios, en la discrecionalidad de la autoridad competente para otorgar el respectivo permiso. La Corte Constitucional al realizar el estudio de exequibilidad del artículo 3º del referido decreto concluyó:

Los actos discrecionales están por lo tanto sometidos al control jurisdiccional en ejercicio de las acciones pertinentes, cuando se considera que ellos son violatorios de la Constitución o de la ley. Así, la discrecionalidad en cabeza de la administración no faculta al funcionario para imponer sus caprichos ni para incurrir en arbitrariedades: ella estriba en la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción dentro de los límites fijados por la ley, uno de los cuales surge del fin que debe presidir toda actividad administrativa, cual es la prevalencia del interés público. En consecuencia, un fin extraño a él es ilícito y susceptible de ser anulado y controvertido judicialmente, como se anotó. No debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional. En lo arbitrario se expresa el capricho individual de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. El poder discrecional por el contrario, está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión en cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, así como sus derechos y libertades.

El legislador sí puede regular los permisos requeridos para la posesión y porte de armas, municiones de guerra y explosivos, sin que dicha facultad sea el ejercicio de una actuación arbitraria o caprichosa, ni el desarrollo de una potestad absolutamente discrecional. A juicio de la Corte, el régimen de concesión de permisos para poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, contenido en el artículo 3º del Decreto 2535 de 1993, corresponde a una materia que puede ser adoptada por el legislador, según se desprende de lo prescrito en el artículo 223 de la Constitución Política, al señalar la prohibición de poseerlas o portarlas “sin permiso de autoridad competente”, prohibición que está fundada en el derecho a la paz y en el deber de los ciudadanos de propender al logro y mantenimiento de la misma (artículo 95 numeral 6º de la CP.), con la finalidad del Estado de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (artículo 2º CP.). El grado de discrecionalidad que a las autoridades respectivas se otorga para la expedición de los permisos para poseer o portar armas, municiones de guerra o explosivos, no entraña entonces ningún vicio de inconstitucionalidad.

Es al Gobierno nacional a quien corresponde expedir, a través de la autoridad competente, la autorización para portar armas, como así lo consagra la norma cuyo aparte fue demandado, y que en criterio de esta Corporación es exequible, pues no excede ni vulnera el ordenamiento constitucional.

14.3. Bajo estos supuestos normativos y jurisprudenciales de los que se sigue que la potestad discrecional que le asiste a la autoridad competente en este caso la de orden Militar, para otorgar, revalidar o suspender los permisos de posesión de armas no contraviene el ordenamiento jurídico, la Sala estima que la actuación desplegada por el comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional consistente en negarse a revalidar el permiso para el porte del arma de fuego elevado por el señor Oscar Alfonso López Quintero —ver párrafo 8.2.— no comportó una falla en la prestación del servicio en lo que a esta función se refiere, pues fue precisamente en el ámbito de esta facultad que consideró, una vez realizada la evaluación respectiva, sujeta a lo establecida por la normatividad vigente, la inconveniencia de revalidar dicha autorización.

14.4. Aunado a lo anterior la Sala considera que la no revalidación del permiso para el porte del arma de fuego de propiedad del señor López Quintero no guarda relación con el daño antijurídico que aquí se reconoce, en tanto no puede establecerse una causalidad entre la imposibilidad del porte y uso del arma privada derivado de la negativa del Ejército Nacional y el asesinato del familiar de los demandantes, pues no logra evidenciarse que el uso del arma de fuego hubiese evitado la consumación del ataque que segó la vida Oscar Alfonso López Quintero.

VI. Liquidación de perjuicios

15. Los demandantes solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales en favor de compañera permanente, hijos, madre y hermanos de la víctima en cuantía de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los tres primeros y en 50 para el último grupo nombrado.

15.1. En torno a los perjuicios morales por la muerte o las lesiones personales padecidas por un ser querido, la Sala recuerda que, según la jurisprudencia de esta Corporación, basta la acreditación del parentesco para que pueda inferirse su causación a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad(20) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos —mayores o menores—, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) la importancia que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad (artículo 42 de la Constitución Política)(21).

15.2. Así pues y acreditado como está que los demandantes se encuentran emparentadas con el señor Oscar Alfonso López Quintero, la Sala estima procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio a favor de Alba Nubia Quintero, Lina Marcela y Lisbeth López Mosquera, Jennifer, John Fernando, Jorge Andrés López Quintero así como de Sherly Carolina Valencia, Lusdid Ruiz García, Luisa María Redondo Ruiz y Elkin Alejandro Carmona Ruiz —ver párrafo 8.4—.

15.3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el quantum de la condena se tiene que, de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, se reconocen en estos eventos(22), la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la compañera permanente, hijos y madre de la víctima y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos. Así las cosas, el monto de la liquidación por perjuicios morales en favor de Lusdid Ruiz García, Lina Marcela y Lisbeth López Mosquera, Luisa María Redondo Ruiz y Elkin Alejandro Carmona Ruiz así como para Alba Nubia Quintero será de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En su condición de hermanos de la víctima Jennifer, John Fernando, Jorge Andrés López Quintero y Sherly Carolina Valencia Quintero serán indemnizados en cuantía de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

16. De otro lado, los demandantes solicitaron, bajo la tipología de perjuicio inmaterial denominado daño a la vida de relación, consistente en la pérdida de su padre y “el impacto que tiene de ellos (sic) la falta de sostenimiento moral, como fuente de socorro y de afecto espiritual, que la muerte ha transformado en soledad y desasistencia” la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de sus tres hijas menores de edad, Lina Marcela, Lisbeth López Mosquera y Luisa María Redondo Ruiz.

16.1. Sobre el particular, es preciso advertir que lo solicitado no es susceptible de ser reconocido como daño a la vida de relación, pero que, sin embargo, sí se adecúa a la modalidad de perjuicios que la jurisprudencia de esta Corporación ha denominado vulneración relevante de bienes o derechos constitucional o convencionalmente amparados.

16.2. En efecto, recientemente el Consejo de Estado ha precisado que la afectación o vulneración de derechos de este tipo —fuera de los daños corporales o daño a la salud—, son susceptibles de ser protegidos por vía judicial. De modo que quienes los sufren tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, en casos en los que la lesión sea de extrema gravedad, al reconocimiento de una indemnización pecuniaria de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(23):

De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidasdereparaciónnopecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”.

Reparación no pecuniaria
Afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados
CriterioTipo de MedidaModulación
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparadosMedidas de reparación integral no pecuniarias. De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los mismos, se ordenarán medidas reparatorias no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.

Indemnización excepcional
exclusiva para la víctima directa
CriterioCuantía Modulación de la cuantía
En caso de violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cuya reparación integral, a consideración del juez, no sea suficiente, pertinente, oportuna o posible con medidas de reparación no pecuniarias satisfactorias.Hasta 100 SMLMVEn casos excepcionales se indemnizará hasta el monto señalado en este item, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado.

16.3. No obstante lo anterior, tras revisar el expediente, se encuentra que la parte demandante no acreditó las alteraciones o afectaciones a derechos fundamentales a las que se vieron sometidas las menores Lisbeth, Lina Marcela López Mosquera y Luisa María Redondo Ruiz que ameriten ser indemnizadas bajo esta tipología de perjuicios, en tanto el dolor derivado de la desaparición de su padre se encuentra subsumido en la categoría de perjuicios de orden moral que fueron concedidos en precedencia a favor de estas demandantes.

17. De otro lado, y a propósito de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante los que de acuerdo a los demandantes deben ser calculados sobre un ingreso base de liquidación que asciende a la suma de $ 6 800 000 producto de la actividad económica desarrollada por el señor Oscar Alfonso López Quintero consistente en la administración de un establecimiento de comercio en la ciudad de Yumbo (Valle del Cauca), así como por su condición de propietario de dos vehículos de transporte de carga, lucro que debe ser reconocido a favor de su compañera permanente al menos durante la vida probable de la víctima, y en favor de sus tres menores hijas de edad hasta la fecha en que cada una cumpla sus 25 años de vida, tal cual lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación.

17.1. Frente a este requerimiento la Sala considera que la indemnización por esta tipología de perjuicio, no corresponde al dinero que presuntamente dejó de percibir derivado de su derecho de dominio sobre estos vehículos de servicio público(24), el que no debió verse afectado por el hecho de su muerte, por no corresponder al ejercicio de una labor personal prestada por este, bienes e ingresos que en cualquier caso formaron parte de la masa sucesoral que debió ser administrada por sus herederos o por quien estos designaran, hasta el momento de su correspondiente liquidación y adjudicación.

17.2. Ahora bien, el ingreso que sí constituye base para el cálculo del perjuicio material solicitado es el correspondiente a su labor como administrador del establecimiento comercial matriculado como Ferropinturas Carmona, salario que según lo certificado por contador público ascendía a la suma de $ 2 800 000 mensuales, el que actualizado a la fecha de esta sentencia nos arroja un valor de $ 3 733 423

IPC final

16.2.1. Ra= va* ---------------------------

IPC inicial(25)

138.07

Ra= 2 800 000 * ---------------------

103.55

Ra= $ 3 733 423

17.3. Así las cosas, la Sala tomará como ingreso básico de liquidación el valor certificado correspondiente al sueldo básico el cual asciende a la suma de $ 2 800 000 aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, suma que será actualizada conforme el criterio de reparación integral utilizado por esta Corporación en lo que tiene que ver con las indemnizaciones de perjuicios materiales. Así entonces, el ingreso básico de liquidación corresponde a la suma de $ 4 666 778 sobre el cual se liquidará el lucro cesante. De este valor, se resta un 25% correspondiente a lo que el señor López Quintero destinaba para sus gastos personales, de lo cual se obtiene el valor de $ 3 500 084 m/cte, cifra que destinaría al sostenimiento de Lusdid Ruiz García, Lina Marcela y Lisbeth López Mosquera, Luisa María Redondo Ruiz.

17.4. Frente al límite temporal resulta necesario verificar, además de los parámetros jurisprudenciales que normalmente se consideran, lo relativo al acrecimiento de la indemnización por el lucro cesante “(…) a que tienen derecho quienes, debido a la solidez del grupo y el deber ser del buen padre de familia, amén de que dejaron de percibir la ayuda económica de la persona por cuyo fallecimiento se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado, habrían asistido a no ver menguado el apoyo sino robustecido, culminada la necesidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar”, el cual fue establecido en reciente sentencia de unificación jurisprudencial(26) y que, necesariamente, debe implementarse(27). No obstante, la Sala en atención al límite impuesto por los mismos demandantes, en lo que a la cuantía de este perjuicio se refiere, en caso de encontrar acreditada la procedencia de un monto mayor, solo reconocerá las siguientes sumas: $ 646 692 824 a favor de la compañera permanente, $ 95 033 644 para su menor hija Lisbeth López Mosquera, $ 135 527 443 en favor de Lina Marcela López Mosquera y $ 136 125 930 para Luisa María Redondo Ruíz, cifras que ya fueron actualizadas de conformidad con el último índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo de Estadística —DANE(28)—.

17.5. Teniendo en cuenta que para el 13 de mayo de 2010, fecha del asesinato del señor Oscar Alfonso López Quintero (nacido el 12 de abril 1974, f. 4), este había cumplido 36,08 años de edad, se deduce que le restaban 40,53 años de vida probable(29) y a su compañera permanente Lusdid Ruíz García (nacida el 18 de noviembre de 1969, f. 6), de 40,05 años, le quedaban 38,29 años más de expectativa de vida.

17.6. Siendo así, la compañera permanente supérstite hubiera recibido la ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que el periodo faltante para que todos los hijos no discapacitados cumplan la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 40,53 años, o sea, 486,36 meses, la expectativa de vida del fallecido Oscar Alfonso López Quintero, pues como estadísticamente hubiera vivido menos que su compañera permanente, a partir de entonces esta no recibirá apoyo de aquel, así lo sobreviviera. De los 40,53 años ya se han consolidado (Tcons) 7,56 —90,83 meses— (desde el 13 de mayo de 2010, hasta el 7 de diciembre de 2017(30)), quedando futuros (Tfut) otros 32.96 —395,53 meses—.

17.7. Ahora bien, teniendo en cuenta que la hija Lisbeth López Mosquera (nacida el 3 de abril de 1994) tenía 16.11 años de edad al momento del asesinato de su padre, se deduce que le faltaban 8.89 años —106.70 meses— para cumplir 25 años, a Lina Marcela López Mosquera (nacida el 16 de febrero de 2000) que contaba con 10.24 le restaban 14.76 años —177,13 meses—, para alcanzar la misma edad, así como Luisa María Redondo Ruiz quien para el momento de la muerte de su padre de crianza tenía 10.13 años (nacida el 24 de marzo de 2000, f. 9, c. 1.), esto es, le faltaban 14,86 años —178.40 meses— para llegar a la edad de autonomía económica.

17.8. Entonces, durante los primeros 106,70 [90,83 meses de lucro cesante consolidado (Pd1) y 15,87 meses futuros Pd2], mientras Lisbeth López Mosquera cumple 25 años de edad, se asignará la mitad de la renta consolidada dejada de percibir por el fallecido en ese periodo a la compañera permanente, y la otra mitad, a las tres hijas. En los siguientes 70,43 meses futuros (Pd3), mientras Lina Marcela López Mosquera cumple 25 años, se asignará el 50% de la renta dejada de percibir en ese periodo a la madre más una tercera parte de la porción que le habría correspondido a Lisbeth, y a Lina Marcela López Mosquera y a Luisa María Redondo Ruiz, una tercera parte del valor a distribuir en este periodo más una tercera parte de la porción del acrecimiento. Ahora en lo que tiene que ver con Luisa María Redondo Ruiz se tiene que los 1,27 meses siguientes, todos correspondientes al periodo futuro, tiempo en que se distribuirá el ingreso en 50% más los dos terceras partes correspondientes a Lisbeth y Lina Marcela a favor de la compañera permanente y las dos terceras partes restantes en favor de Luisa María Redondo Ruiz más su porción, descontando los gastos personales que habría tenido el fallecido.

17.9. Retomando lo referido en el párrafo 16.3., en el que se estableció que el ingreso básico de liquidación actualizado del señor Oscar Alfonso López Quintero Hernando Torres Parada ascendía a la suma de $ 3 500 084 m/cte

17.10. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado, así:

(1+i)n

Rc = Ra x ----------------------

i

17.10.1. Donde i = al interés mensual legal (0,004867) y n= Tcons. Desde la fecha en que ocurrieron los hechos (13 de mayo de 2010) hasta el mnes de octubre de 2017 (correspondiente al último IPC publicado a la fecha de la sentencia), Tcons = 90,83 meses.

(1+0,004867)90.83

Rc = $ 936 3 500 084 * ----------------------------

0,004867

Rc = $ 398 591 409

17.10.2. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (90,83 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 398 591 409 destinada al apoyo que el compañero permanente y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar.

17.11 Así mismo, se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:

((1+i)n-1)

17.11.1. Rf = Ra x ------------------

i(1+i)n

17.11.2. Dónde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut). Desde el 7 de diciembre de 2017 hasta completar la expectativa de vida probable del fallecido, Tfut = 395,53 meses.

((1+0,004867)395,53 -1)

Rf = $ 3 500 084 x --------------------------------------

0,004867(1+0,004867)395,53

Rf = $ 613 753 798

17.11.3. Es decir que durante el tiempo futuro (395,53 meses), los parientes dejaron de percibir una renta total de $ 613 753 798 que el fallecido, si viviese, habría destinado al grupo familiar.

17.12. Se procede al cálculo del lucro cesante con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada, en los periodos del acrecimiento, así:

17.12.1. En los primeros 90,83 meses de lucro cesante consolidado (Pd1), mientras Lisbeth López Mosquera los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo. Al efecto, se calcula el valor mensual de la renta consolidada (Rc/Tcons) y el valor resultante se multiplica por el número de meses del periodo a asignar. Así:

Vd = (Rc/Tcons) x Pd1

Vd = $ 398 591 409

17.12.2. Así, el valor de la renta consolidada a distribuir en el primer periodo, de 90, 83 meses, es de $ 398 591 409. De los cuales se asigna el 50% a la compañera permanente, señora Lusdis Ruiz García, esto es, la suma de $ 199 295 704 y la otra mitad dividida en partes iguales, o sea la suma de $ 66 431 901, a cada uno de sus tres hijas, Lisbeth, Lina Marcela, Luisa María.

17.12.3. En resumen, la liquidación del lucro cesante consolidado es la siguiente:

Liquidación del lucro cesante consolidado

 Consolidado primeros 90,83 meses (pd1)Total lucro cesante consolidado
Valor de la renta a distribuir$ 398 591 409$ 398 591 409
Lusdis Ruiz García$ 199 295 704$ 199 295 704
Lisbeth López Mosquera$ 66 431 901$ 66 431 901
Lina Marcela López Mosquera$ 66 431 901$ 66 431 901
Luisa María Redondo Ruíz$ 66 431 901$ 66 431 901
Total lucro cesante consolidado $ 398 591 409

17.13. En los primeros 15,87 meses de lucro cesante futuro (Pd2), mientras Lisbeth López Mosquera cumple sus 25 años de edad, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo. Esto es:

Vd = (Rc/Tcons) x Pd2

$ 613 753 798 x 15,87 m 

Vd = ---------------------------------------

395,53 m

Vd = $ 24 625 876

17.13.1. De este valor se le asigna la mitad, es decir, $ 12 312 938 a la compañera permanente y el 50% restante para cada uno de los tres hijos en partes iguales, la suma de $ 4 104 312.

17.13.2. Durante los siguientes 70.43 meses mientras Lina Marcela López Mosquera cumple sus 25 años de edad, la renta se distribuirá de la siguiente manera:

Vd = (Rf/Tfut) x Pd3

613 753 798 x 70 43m 

Vd = -----------------------------------

395 53m 

Vd = $ 109.287 993

17.13.3. Así, el valor de la renta a distribuir para la compañera permanente asciende a la suma de $ 63 751 328 correspondiente al valor de su propia cuota adicionado por la cuota que correspondía a Lisbeth López Mosquera quien a estas alturas ya cumpliría sus 25 años. Para Lina Marcela y Luisa María el valor de su renta es de $ 22 768 331.

17.13.4. En los últimos 1,27 meses de lucro cesante futuro (Pd4), mientras Luis María Redondo Ruíz, se asigna el valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo. Esto es

Vd = (Rf/Tfut) x Pd4

613 753 798 x 1,27m 

Vd = ----------------------------------

395 53m 

Vd = $ 1 970 690

17.13.5. En este último periodo, mientras Luisa María alcanza los 25 años de edad, el valor correspondiente a la compañera permanente es de $ 1 313 793, el que resulta de la sumatoria de su propia cuota y las 2/3 de las menores Lisbeth y Lina Marcela y la cuota parte para Luisa María es de $ 656 896

17.14. En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:

Liquidación lucro cesante futuro

 Futuros primeros 15.87 mesesFuturos 70.43 mesesFuturos últimos 1,27 mesesFuturos últimos 307,96 mesesTotal lucro cesante futuro
Valor de la renta a distribuir$ 24 625 876$ 109.287 993$ 1 970 690$ 477 869 239$ 613 753 798
Lusdis Ruiz García$ 12 312 938$ 63 751 328$ 1 313 793$ 238 934 239$ 316 312 298
Lisbeth López Mosquera$ 4 104 312$ 0$ 0 $ 4 104 312
Lina Marcela López Mosquera$ 4 104 312$ 22 768 331.$ 0$ 35 849 838$ 26 872 643
Luisa María Redondo Ruíz$ 4 104 312$ 22 768 331.$ 656 896 $ 27 529 539
Incremento gastos personales del occiso (50%) no acrecido$ 0$ 0$ 0$ 238 934 239$ 238 934 239
Total renta distribuida$ 24 625 874$ 109 287 990$ 1 970 690$ 477 869 239$ 613 753 793

17.15. Siendo esta la liquidación final de la indemnización por el lucro cesante a cada uno de los actores:

ActorTotal lucro cesante
Lusdis Ruiz García$ 515 608 002
Lisbeth López Mosquera$ 70 536 213
Lina Marcela López Mosquera$ 93 304 544
Luisa María Redondo Ruíz$ 93 961 440

VII. Costas

18. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional, por la muerte de Oscar Alfonso López Quintero, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional al pago, por concepto de perjuicios de orden moral a favor de:

• Lusdid Ruiz García 100 smlmv

• Lisbeth López Mosquera 100 smlmv

• Lina Marcela López Mosquera 100 smlmv

• Elkin Alejandro Carmona Ruiz 100 smlmv

• Luisa María Redondo Ruiz 100 smlmv

• Alba Nubia Quintero 100 smlmv

• Jennifer López Quintero 50 smlmv

• John Fernando López Quintero 50 smlmv

• Jorge Andrés López Quintero 50 smlmv

• Shirley Carolina Valencia Quintero 50 smlmv

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional al pago, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, tanto en su periodo consolidado como futuro con sujeción a la parte motiva de esta providencia, a favor de:

ActorTotal lucro cesante
Lusdis Ruiz García$ 515 608 002
Lisbeth López Mosquera$ 70 536 213
Lina Marcela López Mosquera$ 93 304 544
Luisa María Redondo Ruíz$ 93 961 440

4. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

7. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

8. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

9. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 La Sala encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía equivale a la suma de $ 2 064 017 216 (f.82-84, c.1.) la cual resulta superior a los 500 s.m.l.m.v., exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2011 (4267 800 000), teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

4 “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.” // “Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.” // “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio…”.

5 Para acreditar tal condición al interior del proceso contencioso administrativo se rindieron los siguientes testimonios: La señora Francis Deibi Torres, quien aseguró conocer a los demandantes hacía aproximadamente 6 años desde el momento de su relato (11 de abril de 2012), al ser indagada por la relación existente entre la víctima y la señora Lusdid Ruiz García indicó: “Lo afirmo porque inicialmente conozco a Lusdid Ruiz, hace aproximadamente seis años, y conocí el proceso de noviazgo con él y conozco que era el compañero permanente de ella y a partir de ese instante era la persona que se encargó de brindarle una estabilidad en su hogar, inclusive a sus hijastros porque ella tiene dos hijos que no son de él. Él los tomó como sus hijos velaba que todo marchaba bien con ellos, así como lo hacía con sus dos niñas”. En el mismo sentido intervino el señor Guillermo Parra Rivas, que aseguró conocer a la señora Lusdid Ruiz hacía varios años, señaló: “Porque soy conocido de Lusdid hace mucho tiempo, cuando ella se conoció con Alonso, se ennoviaron y terminaron viviendo juntos, entonces ya tenían el negocio”.

6 Así lo certificó la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, folio 230-232, cuaderno 1.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 29 de julio de 2013, exp. 24.496, C.P. Danilo Rojas Betancourth, de 5 de abril de 2013, exp. 25.956, C.P. Danilo Rojas Betancourth, de 12 de julio de 2001, exp. 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 21 de septiembre de 2000, exp. 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 2 de octubre de 1997, exp. 11027, C.P. Juan de Dios Montes, entre otras.

8 Se aclara que el uso del término arbitrariamente resulta fundamental para efectos de diferenciar casos en los que la privación de la vida ha sido despenalizada por nuestro ordenamiento jurídico, como ocurre con las tres situaciones en las que el aborto no debe ser considerado como delito (Corte Constitucional, C-355 de 2006), o los eventos en los que la muerte digna no da dar lugar a la configuración de un delito para el médico que asiste al enfermo terminal hasta su muerte (Corte Constitucional, Sentencia C-239/97).

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párr. 188-190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C Nº 252, párr. 145.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C Nº 4, párr. 166; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

11 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Osman vs. Reino Unido, demanda Nº 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; caso Kiliç vs. Turquía, demanda Nº 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda Nº 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 13-124; caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, párr. 128-129; caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 78.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde de El Castillo-Meta, ocurrida el 3 de junio de 1992, en jurisdicción del municipio de Granada. En esa oportunidad señaló la Corporación: “En el presente caso el riesgo en que se encontraba la vida del alcalde afectado era evidente para las autoridades y su reacción fue sin duda precaria; no resulta adecuado aducir que se hicieron advertencias previas de que no se movilizara fuera del municipio, cuando se desconoce si ello correspondió a un estudio previo y riguroso de seguridad; menos aún, se puede afirmar que se le dio protección, pues la solicitud de la víctima se tramitó después de su asesinato; tampoco se puede alegar que se trataba de una situación de imposible manejo, cuando a la información sobre la misma ni siquiera se le dio un adecuado trámite de archivo y correspondencia”. Sentencia del 31 de mayo 2013, rad. 199903222 (30522), C.P. Danilo Rojas Betancourth (E), por la muerte del personero del municipio de Guarne, Antioquia, ocurrida el 25 de septiembre de 1997. Meses antes, el funcionario alertado por un tercero de que se preparaba un atentado para acabar con su vida, denunció ese hecho ante la Unidad Seccional de la Fiscalía de Guarne, solicitando que se le brindaran medidas de protección. Vía fax, también dio aviso de la situación a varias entidades y en la tarde se reunió en su oficina con tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes le hicieron recomendaciones de seguridad. Ese mismo día, fue abordado por desconocidos, quienes con armas de fuego cegaron su vida. La Corporación condenó a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no adelantó las funciones a su cargo en materia de protección de víctimas y no informó a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado la situación de riesgo real e inminente en que se encontró el personero.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia de 30 de octubre de 1997, exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en la que se condenó al Estado por el homicidio del candidato presidencial para el partido Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987. Se consideró que el carácter de líder de la oposición y presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debían ser elementos suficientes para que la víctima recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida. Sentencia de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, donde se condenó a Policía Nacional y el DAS por la muerte del ex ministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico. Se determinó que los organismos de seguridad del Estado debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección. Sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero, fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos. Sentencia del 29 de julio de 2013, rad. 199800009 01 (24496), C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde se condenó al Estado por el asesinato del alcalde del municipio de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 9 de enero de 1996, perpetrado por miembros de grupos armados al margen de la ley que ingresaron en su domicilio. El alcalde no tenía asignado un servicio de escolta a cargo de la entidad ni contaba con un esquema de seguridad. Si bien no quedó demostrada la solicitud expresa a las autoridades sobre la asignación del personal de seguridad, las circunstancias del contexto que se vivían en ese municipio con la disputa de las FARC y el paramilitarismo sobre el dominio político y territorial, permitieron inferir la previsibilidad del riesgo al que estuvo expuesto el funcionario. Sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 2001-00150 (30814), C.P. Danilo Rojas Betancourth, por la muerte del alcalde de Vista Hermosa-Meta, perpetrada por sicarios el 19 de septiembre de 1999, en la época en que se dispuso parte del municipio como zona de distensión decretada por el gobierno nacional para adelantar diálogos con la guerrilla de las FARC. Aunque la Sala careció de elementos probatorios que permitieran determinar el conocimiento previo de amenazas concretas y particulares en contra de la vida de la víctima, resultó evidente que las circunstancias que envolvían el ejercicio de sus funciones como alcalde lo ubicaba en una situación que ameritaba que el Estado pusiera especial atención a su protección.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

18 [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

19 “ART. 223.—Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.
Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale”.

20 El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

21 Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, exp. 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, exp. 14083, C.P María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, exp. 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, exp. 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, exp. 14808; 8 de marzo de 2007, exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, exp. 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, exp. 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. de la Subsección B, ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 23308, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

22 Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

24 Certificación suscrita por el contador público Rafael Cerón Bustamante, obrante a folio 22 del cuaderno 1.

25 15 de febrero de 2010, última fecha certificada por el contador público.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 15 de abril de 2015, exp. 2000-03838 (19146), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

27 Si bien se siguen los parámetros fijados por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación en cuanto al acrecimiento de los perjuicios por el lucro cesante, lo cierto es que no se comparte la aplicación de dicha figura. En cuanto a los argumentos que fundamentan la posición adoptada, puede consultarse el salvamento parcial de voto realizado a dicha providencia.

28 Los índices utilizados para realizar la respectiva actualización, corresponden a los certificados para el mes de octubre de 2017, último disponible para la fecha de esta sentencia y el de marzo de 2011, fecha en que se presentó la demanda.

29 Resolución 497 de 1997, vigente para e momento de los hechos.

30 Fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia.