Sentencia 2011-00294/1092-2011 de octubre 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 110010325000201100294-00

Nº Interno: 1092-2011

Actor: Raúl Renowitzky Comas

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Bogotá D.C., nueve de octubre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones

El problema jurídico está orientado a determinar la legalidad de los actos acusados(1), expedidos por la Procuraduría General de la Nación, por medio de los cuales le fue impuesta sanción de destitución e inhabilidad por el término de 10 años para ejercer cargos públicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Del control de legalidad practicado por la jurisdicción contencioso administrativa a las decisiones disciplinarias.

El Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016, expediente 1210-11. M.P. William Hernández Gómez, sobre el control judicial integral de las decisiones disciplinarias expresó:

“[…] El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.

[…] Respecto a las decisiones proferidas por los titulares de la acción disciplinaria, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ejercerse contra dichos actos, hace las veces del recurso judicial efectivo en los términos de la Convención Americana, por cuanto el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo implica que puede y debe verificar: (i) La procedencia de la intervención de la jurisdicción contenciosa para examinar el control de decisiones disciplinarias; (ii) la existencia de un control integral y pleno de tales decisiones y de los procedimientos seguidos para el efecto; y, consecuencialmente (iii) la posibilidad de la jurisdicción de emprender exámenes sobre la actividad probatoria(2). […]

[…] El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1. La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria; 2. La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo; 3. La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial; 4. La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley; 5. Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza; 6. El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante dé los derechos; 7. El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria; 8. El juez de lo contencioso administrativo es garante dé la tutela judicial efectiva. […]

Ahora bien, el juez de lo contencioso administrativo tiene competencia para examinar todas las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1437. Si bien, prima facie, el juicio de legalidad se guía por las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto, que en virtud de la primacía del derecho sustancial, el juez puede y debe examinar aquellas causales conexas con derechos fundamentales, con el fin de optimizar la tutela judicial efectiva, de máxima importancia al tratarse del ejercicio de la función pública disciplinaria que puede afectar de manera especialmente grave el derecho fundamental al trabajo, el debido proceso, etc. […]

[…] En ejercicio del juicio integral, tal y como acontece en el presente caso, el juez de lo contencioso administrativo puede estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria […]”.

Las actuaciones administrativas surtidas dentro del proceso disciplinario, son las que a continuación se relacionan:

El 21 de febrero de 2007, la Viceprocuraduría dispuso apertura de investigación disciplinaria en contra de varios servidores públicos, entre ellos, Raúl Renowitzky Comas, conforme a lo ordenado por el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, a fin de esclarecer los hechos objeto de investigación, a su vez dispuso la práctica de pruebas (fl. 22).

El 18 de febrero de 2008, el ente de control disciplinario formuló pliego de cargos al señor Raúl Renowitzky Comas en su condición de secretario de hacienda del distrito de Barranquilla, en los siguientes términos:

“[…] Los señores secretarios de hacienda […] omitieron dar cumplimiento, durante el período en que cada uno de ellos ejerció como tal, a lo dispuesto en la cláusula décimo octava del contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000, cuyo objeto era la asesoría técnica de administración y coordinación integral de la gestión tributaria, en cuanto no ejercieron la supervisión del contrato en orden a verificar la correcta ejecución y cumplimiento de las actividades del contratista por medio de un coordinador […]”.

“[…] Contrato de consultoría suscrito entre el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla y la firma métodos y sistemas, en cuya cláusula décimo octava se lee: “La supervisión del presente contrato será ejercida por la secretaría de hacienda distrital quien verificará la correcta ejecución y cumplimiento de las actividades del contratista por medio de un coordinador designado por el secretario de hacienda, quien deberá coordinar básicamente las reuniones de verificación de estado y avance del proyecto e informes periódicos, si es el caso […]”. En términos generales el coordinador será quien verifique el cabal desarrollo y ejecución del contrato […]” (fl. 27).

El 3 de marzo de 2008, el demandante presentó descargos, argumentando su inocencia (fls. 52 a 64).

Fallo de primera instancia de fecha 31 de agosto de 2009, por virtud del cual la Viceprocuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsable á señor Raúl Renowitzky Comas, en su calidad de secretario de despacho - secretario de hacienda del distrito de Barranquilla para la época de los sucesos. En consecuencia, se le impuso sanción principal de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, al respecto señaló (fls. 22 a 78).

“[…] El investigado señor Raúl Renowitzky Comas, desempeñó el cargo de secretario de hacienda del Distrito de Barranquilla del 1º de enero de 2004 al 15 de diciembre de 2004 de conformidad con la constancia expedida por la secretaría dé gestión de talento humano […].

“[…] La relación pormenorizada con su texto de los documentos aportados por el investigado a fin de demostrar que sí ejerció la supervisión del contrato de consultoría GP-CN-CONS-001 de 2000, en asocio con el jefe del departamento de impuestos distritales lejos de desvirtuar la omisión endilgada la reafirma, dado que la simple lectura de lo resumido con anterioridad lleva a la convicción plena que las diferentes comunicaciones entrecruzadas por el secretario de hacienda del distrito y jefe del departamento de impuestos distritales y la firma Métodos y Sistemas a pesar de que en ellas se reseñaba que las actividades desarrolladas por esta última obedecía al contrato en mención, se limitaron a llevar adelante una orden especifica impartida por la secretaría de hacienda en oficio DIVDID-OF-3096-04 según se desprende del oficio 4013-04 de dar inició al procedimiento de cobro coactivo para las vigencias de 1999-2000, mediante las emisiones y notificación de los respectivos mandamientos de pago por concepto de impuesto predial unificado a los inmuebles que en la base de datos registraron a esa fecha notas crédito aplicadas por prescripción en las vigencias en mención […]”.

“[…] En gracia de discusión, si como lo asevera el encartado la supervisión la hubiere ejercido a través del jefe del departamento de impuestos distritales en calidad de coordinador, no se encuentra indicio o prueba documental que así lo demuestre, pues el coordinador designado por el secretario de hacienda para ejercer la supervisión de conformidad con el contrato de consultoría en la cita, debía coordinar básicamente las reuniones de verificación de estado y avance del proyecto e informes periódicos si fuere del caso y era la persona que representaría la gerencia de proyecto de inversión distrital, constituyéndose en el intermediario entre el distrito y el contratista, a través del cual se tramitaría todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato y si se verifica la documentación existente ninguna lleva a la convicción del ejercicio por parte del jefe de impuestos distritales de esa gerencia de proyectos de inversión distrital, de la coordinación de reuniones periódicas para la verificación del estado y avance del proyecto […]”.

“[…] Finalmente, ha de puntualizarse que los documentos allegados por el jefe del departamento de impuestos para el año 2006, señor José Manuel Verdugo López, demostrado su desempeño como coordinador en nada puede servir de defensa a quien era el secretario de hacienda para la vigencia de 2004, dado que para esa anualidad no se encuentran documentos suscritos por él demostrativos del ejercicio de la coordinación y más aún cuando aquel no se desempeñaba como jefe de impuesto en la época del disciplinable […]”.

El apoderado del investigado Raúl Renowitzky Comas, interpuso recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia (fl. 178).

El 25 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión de primera instancia, en efecto consideró: (fls. 80 a 137).

“[…] El concepto de división de trabajo en la actividad contractual que presentan los apoderados no es de recibo para este despacho como eximente de responsabilidad, toda vez que se está en presencia de una actividad administrativa de tal relevancia que implica no solo la corresponsabilidad por los actos de los subordinados sino su pleno dominio y conocimiento por parte del secretario de hacienda distrital y más cuando este tenía el deber contractual de ejercer la supervisión y control general sobre la ejecución del contrato de consultoría 001 de 2000, dada su complejidad y amplitud del objeto convenido y para ejecutar tal labor debía desplegar su accionar diligente lo que no hizo, según la defensa, por corresponder tal labor al jefe del departamento de impuestos del distrito de Barranquilla. Pero lo cierto es que dicho funcionario subordinado del secretario de hacienda, dada la ubicación de esa dependencia de la estructura orgánica de la administración no le correspondía el control total de la labor de seguimiento a la ejecución debida de la consultoría, solo en lo que respecta con su rol funcional, amén de que la cláusula contractual era clara que dicho deber era del superior jerárquico (secretario de hacienda).

Para inferir la existencia del principio de confianza como lo pregona la defensa según la tesis esbozada el obrar del jefe de impuestos distrital debería ser autónoma e independiente del deber asignado al secretario de hacienda de lo cual éste esperaría que aquel actuase conforme a las expectativas regladas a así no le sería imputable a los secretarios de hacienda las omisiones del jefe del departamento de impuestos. Pero lo cierto es que existía un nexo causal entre secretario de hacienda y jefe de departamento donde el primero debió haber ejercido las normas mínimas de control, supervisión y vigilancia el deber asignada a su subordinado […]”.

De las pruebas valoradas dentro de la investigación disciplinaria.

Documentales:

Copias de las actas 1, 2 y 3 de marzo de 2003 a través de las cuales la firma Métodos y Sistemas presenta informe cuatrimestral, sobre la evolución del contrato de interventoría 001 de 2000 (fls. 154, 165 y 176).

Oficio OAT-7423-06 suscrito por el jefe de la oficina de impuestos, mediante el cual solicita a la empresa Métodos y Sistemas revisar los pagos respecto del impuesto de industria y comercio realizado por algunos contribuyentes de la ciudad de Barranquilla (fl. 211).

Oficio OAT-5292-06, suscrito por el jefe de la oficina de administración tributaria, requiriendo a la firma Métodos y Sistemas ejecutar ajustes al sistema tributario a fin de automatizar el procediendo de fiscalización a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio extemporáneos (fl. 214 cdno. original).

Oficio OAT-3201-06, emitido por el jefe de la oficina de administración tributaria dirigido a Métodos y Sistemas, dando instrucciones para la emisión de medidas cautelares dentro de los procesos de cobro administrativo coactivo, iniciados por el no pago oportuno del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Barranquilla (fl. 216).

Oficio OAT-2381-06 del jefe de la oficina de administración tributaria dirigido a Métodos y Sistemas, comunicando algunas situaciones procedimentales con relación a los actos administrativos para efectos de iniciar proceso de fiscalización y cobro coactivo por el no pago del impuesto de industria y comercio (fl. 222).

Oficio IVDID-OF-4013-04 de 13 de octubre de 2004, direccionado a Métodos y Sistemas por el secretario de hacienda del distrito Raúl Renowitzky Comas, mediante el cual reitera la solicitud de dar inició al procedimiento de cobro coactivo para las vigencias 1999-2000 mediante la emisión y notificación de mandamientos de pago por concepto de impuesto predial unificado a los inmuebles que en la base de datos registran a la fecha notas de crédito aplicables por prescripción en las vigencias mencionadas (fl. 55).

Oficio 0835-2004 del 26 de octubre de 2004, mediante el cual el secretario de hacienda hace llegar al representante legal de Métodos y Sistemas los inventarios firmados por los contribuyentes que se comprometen a pagar con sus propios recursos el valor de la actualización catastral de las zonas urbanas y rurales del distrito (fl. 56).

Oficio DIVDID-OF-4624-04 de 29 de octubre de 2004, dirigido al gerente de Métodos y. Sistemas, por el señor Renowitzky Comas en su calidad de secretario de hacienda, mediante el cual expresa que para garantizar la interrupción de la prescripción de la acción de cobro coactivo hace entrega de instrucciones de cómo se debe proceder en estos casos (fl. 56).

Constancia suscrita por la secretaría de gestión de talento humano, donde certifica que el señor Rendwitsky Comas, se desempeñó como secretario de hacienda de Barranquilla del 1º de enero de 2004 al 15 de diciembre de 2004 (fl. 53 cdno. original).

Informe final de la Contraloría General de la República, con relación al contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000, suscrito entre el distrito de Barranquilla y la firma Métodos y Sistemas, de donde se aprecia que el ente de control conceptuó que dicho contrato se ejecutó y cumplió a cabalidad y que en la misma forma se atendieron las recomendaciones que en momento alguno formuló respecto de la implementación de un plan de mejoramiento de la supervisión del mismo (fl. 278).

Copia del contrato de transacción SIP-CONS-001-2001 del 19 de diciembre de 2001, modificatorio de la estructura integral que regirá el contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000 del 29 de noviembre de 2000, (fl. 10, cdno. 2).

Luego de haber hecho el anterior recuento, le incumbe a la Sala entrar a resolver sobre el fondo del asunto, así:

A juicio del demandante existen pruebas que demuestran que el secretario de hacienda de Barranquilla a través del jefe de impuestos, ejerció vigilancia y control sobre el contrato de consultoría GP-CM-CONS 001-2000 de 29 de noviembre de 2000 suscrito con la firma Métodos y Sistemas.

Argumento que se concreta a partir del 4 de enero de 2002, cuando el secretario de infraestructura pública de Barranquilla, designó como supervisor o auditor al jefe de impuestos para que ejerciera control sobre el citado contrato, labor que debía prolongarse sucesivamente en los servidores que ocuparan dicho cargo, de manera tal que cuando el demandante llegó a la secretaría de hacienda en el año 2004, dicha labor venía siendo ejercida por este funcionario tal y como lo prueban las comunicaciones cruzadas con la firma contratante, situación que no fue tenida en cuenta por el operador disciplinario al proferir los actos enjuiciados.

A efecto de resolver el inconformismo planteado, observa la Sala en primer lugar, que la conducta endilgada al investigado en el auto de cargos se circunscribió al incumplimiento de la cláusula décima octava del contrato de consultoría GP-CM-CONS-001 de 2000, suscrito entre el distrito de Barranquilla y la firma Métodos y Sistemas, cuyo objeto era la modernización de la gestión tributaria de la ciudad, cláusula que textualmente señalaba que:

“La supervisión del presente contrato será ejercida por la secretaría de hacienda. distrital quien verificará la correcta ejecución y cumplimiento de las actividades del contratista, por medio de un coordinador designado por el secretario de hacienda, quien deberá coordinar básicamente las reuniones de verificación de estado y avance del proyecto e informes periódicos, si es del caso. El coordinador representará a la gerencia de proyectos de inversión distrital y será intermediario entre éste y el contratista y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. En términos generales el coordinador será quien verifique el cabal desarrollo y ejecución del contrato y dará visto bueno a los informes de avance […]”.

En segundo término aprecia está Corporación, que el accionante afirma que ejerció junto al jefe de impuestos dé Barranquilla la supervisión del citado contrato, como quiera que a partir del 4 de enero de 2002 este era el funcionario encargado de verificar el cumplimiento del mismo, como en efecto lo hizo, tal y como lo prueban las comunicaciones cruzadas con la firma contratante, situación que fue desconocida por el ente de control.

De lo probado.

En el caso particular, está demostrado que el contrato de consultoría GP-CM-CONS-001 de 2000, suscrito con la firma Método y Sistemas, en la cláusula décima octava, consagró claramente que la supervisión sería ejercida por la secretaría de hacienda de la ciudad de Barranquilla, por medio de un coordinador designado por el secretario de esa dependencia, quien debería coordinar básicamente las reuniones de verificación de estado y avance del proyecto e informes periódicos, así mismo representaría a la gerencia de proyectos de inversión distrital y sería intermediario entre éste y el contratista y por su conducto se tramitarían todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

Ahora bien, revisado el material probatorio que acompaña la investigación, no existe elemento alguno que demuestre que el secretario de hacienda de Barranquilla doctor Raúl Renowitzky Comas, durante el periodo comprendido del 1º de enero de 2004 al 15 de diciembre de 2004 haya designado, supervisor o coordinador conforme lo consagra la aludida cláusula o qué realizara junto al jefe de impuestos de Barranquilla de la época, informes y/o actas de interventoría o de vigilancia que expresarán los avances, el estado del contrato, o que coordinara reuniones de verificación y cumplimiento de la actividad contractual realizada por el contratista. Por tanto no es cierto como lo afirma el accionante en la litis de la demanda, que se cumplió a cabalidad lo convenido en la misma.

Por otro lado, si se aceptare que la supervisión del contrato se encontraba a cargo del jefe de impuestos del distrito de Barranquilla desde el 4 de enero de 2002 como lo afirma el actor, tampoco coexiste prueba en el proceso de que el funcionario ejecutara acciones de auditoria o de vigilancia tendientes a ejercer control sobre el cumplimiento de la labor asignada respecto del contrato. Recuérdese que el secretario de hacienda del distrito, tenía la obligación de designar a un coordinador y junto a él, debía rendir oportunamente los informes de interventoría y de avances, como lo imponía la cláusula y si se cotejan las pruebas aportadas, ninguna de estas señalan que la supervisión haya sido realizada en estos términos.

A su vez un análisis pormenorizado e integral del acervo probatorio, lleva a concluir que los escritos cruzados entre el secretario de hacienda, el jefe de impuestos y la firma Métodos y Sistemas, tenían como único propósito impartir instrucciones para ajustar el pago respecto de quienes se encontraban en mora en la cancelación del impuesto de industria y comercio para los años 1999-2000 en la ciudad de Barranquilla y buscar fórmulas para implementar el respectivo cobro coactivo, entre otros y no tenían como; finalidad realizar un sistema de vigilancia y auditoria constante del contrato; si bien estas acciones forman parte de la supervigilancia del contrato, también lo es que no es propiamente una interventoría o un control como el exigido en la respectiva clausula a la Secretaría de Hacienda y al coordinador. No hay que olvidar que la vigilancia hacía relación a la presentación periódica de informes sobre el estado y avance de la obra tendiente al buen desempeño del contrato, actos que son los que en esta oportunidad se echan de menos.

Resulta igualmente necesario destacar el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2007, el cual concluyó que el actor omitió realizar la supervisión del contrato de consultoría, al respecto precisó: “que durante el desarrollo del referido proyecto, no se encontró la existencia de informes de interventoría del seguimiento efectuado, donde se expresara y exigiera al contratista la implementación de la auditoria de sistemas y la realización de pruebas al sistema SIT, que garantizaran la integridad, oportunidad, confidencialidad y complejidad de los datos y registros de los recaudos efectuados por concepto de los impuestos distritales, confrontándolos con lo reportado con la fiducia”.

En suma, no son acertadas las aseveraciones hechas por el accionante en la litis de la demanda por no tener fundamento alguno, resultando inversamente del examen del material probatorio aportado al proceso, que, estaba en cabeza de la secretaría de hacienda distrital de Barranquilla la revisión de las actividades del contratista consultor y dentro del ámbito de dicho control debía coordinar las reuniones de verificación de estado y avance del proyecto, con la carga de presentar informes periódicos y designar un coordinador que se ocupara de la verificación de su cabal desarrolló y ejecución, función que no fue realizada ni por el jefe de impuestos del distrito de Barranquilla ni por el coordinador que debía ser nombrando y que no se hizo, en otras palabras incumplió un deber al no realizar el control ordenado en la nombrada cláusula.

En lo referente al inconformismo formulado por el accionante, consistente en cómo se le pudo pagar al contratista las cuentas, si no fue con el visto bueno del jefe de impuestos quien recibió a satisfacción el objeto del contrato y hacía las veces de interventor. Precisa la Sala que estudiados y analizados los argumentos esbozados en el concepto de violación, se encuentra que tal afirmación no hace parte del cargo endilgado. Pues apréciese qué el reproche formulado por la procuraduría fue puntual y se limitó a censurar únicamente la omisión en la que incurrió el actor al no supervisar el contrato de consultoría GP-CM-CONS-001 de 2000 en los términos allí señalados; en otras palabras por haber contravenido lo dispuesto en la cláusula décima octava y no por aspecto relacionado con la terminación, cumplimiento y pago del convenio los cuales tienen relación con la estructura general, por ende los hechos son totalmente diferentes a los aquí indagados.

Si bien es cierto, el interventor tiene entre sus funciones rendir el informe final de ejecución del contrato, cuyo propósito es liquidar y pagar el valor del mismo, lo es también que corresponde a una etapa contractual posterior al cumplimiento del objeto y al deber consagrado en la señalada cláusula de ejercer la supervisión del mismo; por lo tanto este hecho no es parte integrante de los cargos endilgados al accionante ni fue esencia del debate probatorio en el curso del proceso disciplinario, como quiera que el reproche estuvo encaminado a la omisión de vigilancia durante la ejecución del contrato, bajo ese entendido no es pertinente pronunciase por respeto al principio de igualdad, legalidad, debido proceso y derecho de defensa de las partes, artículos 29 de la Constitución Política y 6º de la Ley 734 de 2002, al ser un argumento nuevo respecto del cago(sic) endilgado.

Bajo este entendido el órgano de control tipificó la conducta como falta disciplinaria en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, como quiera que no solo se comprometió el buen funcionamiento de la administración pública, sino que además se puso en riesgo el patrimonio público, y el interés general, análisis compartido por la Sala.

Finalmente, señala el demandante que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, como quiera que el informe presentado por la Contraloría General de la República, certifica que el secretario de hacienda y la administración de Barranquilla cumplieron lo pactado en el contrato GP-CM-CONS-0001-2000, lo que permite concluir que no se presentaron retardos ni aplazamientos en la ejecución del mismo.

Al respecto, encuentra la Sala que a raíz del informe de la Contraloría General de la Republica rendido en el mes de diciembre de 2005 en relación con el contrato de asesoría y apoyo de la gestión tributaria de Barranquilla, tenía como objeto la restructuración de la metodología para la supervisión del contrato y la contratación de la auditoría externa. Por tanto en el caso particular queda claro, que el plan de mejoramiento trazado entre el Distrito y la firma consultora fue consecuencia del informe entregado por la Contraloría, más no obedeció a la vigilancia realizada por el accionante o por el jefe de impuestos derivada de la cláusula décimo octava del contrató.

Aunado a lo anterior, también observa la Sala que el informe hace referencia es la estructura general del contrato en cuanto al cumplimiento y ejecución del mismo y no propiamente al cargo endilgado, pues no hay que olvidar que el reproche disciplinario hace relación a la omisión en la supervisión del contrato por parte del actor, situación que fue analizada y estudiada así durante el desarrollo de la investigación, por lo que la Sala halla garantizado el principio de congruencia al existir relación directa entré lo fáctico, jurídico, el pliego de cargos y la parte motiva con la resolutiva, escenario que permitió trazar la responsabilidad respecto del servidor público Raúl Renowitzky Comas.

Bajo el anterior criterio, los actos demandados no fueron expedidos con falsa motivación, como quiera que tienen origen en las pruebas aportadas, el cual acata los principios de legalidad, de certeza probatoria y de responsabilidad de los hechos en cabeza del actor, es decir los actos obedecen a una realidad fáctica y jurídica vigente aplicable a los hechos objeto de investigación.

Por las anteriores razones el cargó no está llamado a prosperar.

Para la Sala los actos acusados se tramitaron con absoluto respeto de las garantías constitucionales y legales que lo gobiernan, la demandada le brindó al petente la oportunidad de presentar descargos, pruebas y controvertir las aportadas, sin que lograra desvirtuar su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

En consecuencia, se denegarán las pretensiones invocadas por el señor Raúl Renowitzky Comas, contra la Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por el señor, Raúl Renowitzky Comas, contra la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 Actos de primera y segunda instancia de 31 de agosto y 25 de noviembre de 2009, proferidos por la Viceprocuraduría y la Procuraduría General de la Nación.

2 Sentencia C-500 de 2014.