Sentencia 2011-00295 de febrero 21 de 2013

 

Sentencia 2011-00295 de febrero 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 11001-03-25-000-2011-00295-00

Número interno: 1096-2011

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Geovany Alberto Restrepo Ortiz

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados por medio de los cuales la oficina de control disciplinario interno DEANT del Departamento de la Policía Nacional de Antioquia le impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de doce años y seis meses al señor Geovany Alberto Restrepo Ortiz, en calidad de Patrullero de la Policía Nacional, se ajustan o no a la legalidad.

Actos demandados

1. El fallo disciplinario de primera Instancia de 20 de diciembre de 2010 proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno DEANT del Departamento de Policía Nacional de Antioquia, dentro de la investigación DEANT 2010-0166, mediante el cual sancionó con destitución e inhabilidad general al actor por el término doce (12) años y seis (6) meses al patrullero Geovany Alberto Restrepo Ortiz por los hechos del día 21 de agosto de 2010 (fls. 35 a 58).

2. El fallo de Segunda Instancia de 26 de enero de 2011 expedido por el Inspector Delegado Regional Seis, por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la anterior, confirmando el fallo que lo sancionó con destitución e inhabilidad general por doce años y seis meses (fls. 90 a 106).

3. Resolución 711 de 11 de marzo de 2011 emitida por el director general de la Policía Nacional, a través de la cual ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al demandante, registrando en su hoja de vida el correctivo disciplinario principal consistente en destitución y la inhabilidad general por el término de doce años y seis meses (fl. 108).

Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta que el problema jurídico planteado se refiere a la sanción disciplinaria de destitución impuesta por la oficina de control disciplinario interno DEANT, de la Policía Nacional al señor Geovany Alberto Restrepo Ortiz, en calidad de Patrullero de la Policía Nacional, la Sala procederá a su estudio en el siguiente orden: 1. Hechos probados, 2. Régimen disciplinario aplicable, 3. Falta disciplinaria endilgada, 4. Estudio de los cargos.

1. De lo probado en el proceso.

Trámite del proceso disciplinario

Mediante auto de 3 de septiembre de 2010 la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional (fls. 2 y 3), ordenó abrir indagación preliminar contra el patrullero teniendo en cuenta el informe 2361 de agosto de 2010, suscrito por el capitán John Leonardo Chávez Campaña, Comandante Distrito de Policía de Támesis, mediante el cual pone en conocimiento la novedad presentada por el patrullero Geovany Alberto Restrepo Ortiz, quien presuntamente el día 21 de agosto de 2010, a las 02:15 horas, estando uniformado y en estado de embriaguez, dejo perder su arma de dotación revólver marca Smith And Wesson, calibre 38 largo, serie Aeb6921 con seis cartuchos para el mismo, afirmando que había sido atacado por varios sujetos, quienes lo golpearon y hurtaron el arma.

El informe anterior se sustentó en los siguientes hechos:

• A eso de las 02:15, cuando el subintendente William Alfonso Chica Uribe, se encontraba reforzando el servicio de cierre de establecimientos en el municipio de Támesis, fue informado del hurto de un revólver a un policía.

• En forma inmediata se dirigió al parque principal en compañía de la patrulla de vigilancia en la hora y fecha señalada, se encontró al señor patrullero Geovany Restrepo Ortiz, inscrito al grupo EMAS del Distrito, quien para la época reforzaba la estación de Policía de Támesis, uniformado y en compañía del señor patrullero Wilton Ariza Zapata, escolta de la alcaldesa municipal, el patrullero Restrepo informó que se encontraba por fuera del establecimiento San Remo, que de improviso llegaron dos sujetos que lo golpearon por detrás, lo tiraron al suelo y le hurtaron el revólver de dotación personal con seis cartuchos.

• Al encontrarse con el patrullero Geovany Restrepo Ortiz en el parque principal, se percató de que su estado anémico no era normal, hablaba incoherencias, parecía en estado de embriaguez, pues no tenía una idea clara de los hechos.

• Se dispuso labores de búsqueda de los individuos, se informó por vía telefónica al capitán sobre la novedad, posteriormente se trasladaron al comando de la estación donde se entrevistaron con el capitán.

En la diligencia de declaración rendida por el señor capitán Leonardo Chávez Campaña dentro de la investigación disciplinaria seguida en contra del actor, manifestó que fue él quien suscribió informe de 21 de agosto de 2010, que es su firma y se ratifica en todo su contenido, que el patrullero Restrepo Ortiz, se encontraba reforzando la estación de Policía de Támesis, por solicitud del comandante de Estación, y por ser fin de semana con el fin de evitar situaciones de orden público, para esa actividad se envía personal del EMAS para que apoye el cierre de establecimientos (fls. 44 a 45, cdno. de anexos).

El arma que se perdió fue recuperada el día de los hechos en horas de la tarde, dado la presión que se ejerció con actividades de vigilancia, fue dejada en el cementerio en perfectas condiciones y con los cartuchos.

El auto de apertura de investigación disciplinaria de 29 de noviembre de 2010, fue notificado personalmente el 2 de diciembre de 2010 (fls. 47 y 75, cdno. 2).

El 20 de diciembre de 2010, se llevó a cabo en la oficina de control interno disciplinario, la audiencia de versión del patrullero Geovany Alberto Restrepo Ortiz, en la que manifestó que no era su voluntad rendir declaración ni que lo asistiera un abogado (fls. 81-85); en la misma diligencia se le formuló pliego de cargos después de un análisis del material probatorio, y se determinó que los hechos tuvieron ocurrencia en vigencia de la Ley 1015 de 2006 y constituyen faltas gravísimas establecidas en el artículo 34 numerales 21 y 26 de la citada norma, respecto de los Bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instituciones superiores mediante las siguientes conductas, el segundo cargo: consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio.

El actor, actuando en causa propia dio contestación al pliego de cargos formulado (fl. 185, cdno. 2), seguidamente se le concedió el uso de la palabra para que solicitará o aportará pruebas tendientes a su defensa, ante lo cual manifestó que no; cerrado la etapa probatoria, en esta misma diligencia y una vez descorrido el traslado para alegatos de conclusión, se comunica a las partes que el día 20 de diciembre de 2010 a las once y treinta (11:30) horas se tomará la decisión de fondo y se dará lectura del fallo, quedando enterado.

Mediante fallo de Primera Instancia proferido, en la fecha y hora antes señalada (fls. 86 a 104), la oficina de control disciplinario interno Departamento de Policía de Antioquia declaró probado y no desvirtuado los cargos endilgados al demandante conforme a los hechos ocurridos el 21 de agosto de 2010, lo responsabilizó disciplinariamente por transgredir el artículo 34, numeral 21 literal d y el artículo 34 numeral 26 de la Ley 1015 de 2006 y como consecuencia lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de doce (12) años seis (6) meses.

Contra la decisión anterior el demandante interpuso recurso de apelación (fls. 106 a 136, cdno. 2), que fue resuelto mediante fallo proferido el 26 de enero de 2011 por la Inspección Delegada Regional Seis (fls. 140 a 155), confirmando la decisión. Argumentó que no puede hablarse de duda razonable y presunción de inocencia, en tanto postulados han cedido su fuerza vinculante ante la realidad probatoria, la cual ofrece certeza sobre la ocurrencia material de las conductas investigadas y sobre la responsabilidad disciplinaría del procesado, en los comportamientos reprochables, así como también permite declarar que a la luz de las normas disciplinarias, le son concurrentes los presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.

2. Régimen disciplinario aplicable a los miembros de la Policía Nacional.

La Ley 1015 de 2006 por medio de la cual se expidió el régimen disciplinario para la Policía Nacional, determinó que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, la Policía Nacional tiene la facultad de ejercer control disciplinario de los miembros de la Institución que incurran en las faltas descritas en dicha normativa.

Respecto de los destinatarios del régimen disciplinario contemplado en la Ley 1015 de 2006, el artículo 23 estableció lo siguiente:

“Son destinatarios de esta ley el personal uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo (resalta la Sala)(sic).

PAR. 1º—Al personal que desempeña cargos en la Justicia Penal Militar, tratándose de faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdiccionales propias del respectivo cargo, le serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama jurisdiccional por la Procuraduría General de la Nación, salvo que se trate de conductas relacionadas con el ejercicio de la función policial, caso en el cual serán investigados por las autoridades disciplinarias que señala esta ley.

PAR. 2º—Los estudiantes de las seccionales de formación de la Policía Nacional, deberán regirse por el manual académico expedido por el director general de la Policía Nacional, salvo que se trate de conductas relacionadas con el ejercicio de la función policial, caso en el cual serán investigados por las autoridades disciplinarias que señala esta ley”.

Al actor le es aplicable lo dispuesto en el presente estatuto en cuanto a la clasificación y descripción de la falta investigada, pues la ley se sancionó el 7 de febrero de 2006 y comenzó a regir tres meses después, es decir, el 7 de mayo de 2006, y los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2010.

También se observa que el actor al momento en que ocurrieron los hechos materia de investigación ostentaba el grado de patrullero de la Policía Nacional según se desprende de la hoja de datos personales que obra a folio 77 del cuaderno 2 del expediente y se encontraba en servicio activo (fl. 79, cdno. 2).

El régimen disciplinario de la Policía Nacional contenido en la norma citada, plantea un marco sustancial que establece la clasificación y descripción de las faltas y las respectivas sanciones que se imponen a quienes las cometan, pero en relación con la parte procedimental se remite a la norma general de la siguiente manera:

“ART. 58.—Procedimiento. El procedimiento aplicable a los destinatarios de la presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo modifiquen o adicionen”.

De lo anterior se infiere que las faltas que cometan los miembros de la Policía Nacional en servicio activo, son establecidas en el presente estatuto, pero el procedimiento para comprobar los hechos determinados en cada caso concreto es el estipulado en la Ley 734 de 2002, de acuerdo con el principio de integración normativa a que hace referencia el artículo trascrito.

Falta disciplinaria

En el sub lite se encuentra demostrado que los hechos por los cuales fue iniciada la investigación disciplinaria en contra del Patrullero Geovany Alberto Restrepo Ortiz ocurrieron el 21 de agosto de 2010, fecha en la que estando uniformado y en estado de embriaguez dejo perder su arma de dotación (fls. 1 a 3).

En esas condiciones la norma aplicable en el sub lite es la Ley 1015 de 2006, tal como se dispuso en el trámite del proceso disciplinario, por ser el régimen de los miembros de la Policía Nacional.

En relación con las faltas gravísimas endilgadas al demandante como miembro de la Policía Nacional, el artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 establece lo siguiente:

“Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(...).

26. Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica, durante el servicio.

(...).

9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

(...)”.

Las pruebas allegadas al proceso evidencian que el señor Geovany Alberto Restrepo Ortiz incurrió en las faltas disciplinarias descritas, pues como se logró establecer, estando uniformado en estado de embriaguez dejo perder el arma de dotación, tal como se desprende del análisis probatorio realizado por la oficina de control disciplinario interno Mebog de la Policía Nacional en el fallo disciplinario de 20 de diciembre de 2010 (fls. 86 a 104).

Igualmente dentro del proceso quedó acreditado que el Policial para la fecha de los hechos se encontraba en servicio de apoyo al cierre de establecimientos comerciales, en el municipio de Támesis y con las declaraciones vertidas en el trámite disciplinario la pérdida de su arma de dotación con sus respectivos cartuchos, el estado de embriaguez que arrojó como resultado positivo de acuerdo con el diagnostico emitido por la ESE Hospital San Juan de Dios (fls. 13 y 14 cdno. 2).

La falta disciplinaria en la que incurrió el actor está calificada por la norma como gravísima y además se estableció que fue cometida a título de dolo y en tal sentido le era aplicable la sanción establecida en el artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 la cual establece lo siguiente:

“Clases de sanciones y sus límites. Para el personal uniformado escalafonado, se aplicarán las siguientes sanciones:

1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima destitución e inhabilidad general por un término entre diez (10) y veinte (20) años.

(...)”.

En conclusión, resulta evidente que el señor Giovanny Alberto Restrepo Ortiz incurrió en la falta disciplinaria que se le endilgó, y la misma fue tipificada y sancionada conforme a lo dispuesto en las normas aplicables al caso.

Estudio de los cargos

1. El demandante afirma que el procedimiento disciplinario llevado a cabo en su contra está viciado de nulidad por cuanto en el auto de apertura de investigación convalidó las diligencias allegadas al despacho, como fueron los oficios elaborados por el oficial subalterno y sus anexos, entre ellos el examen médico, el cual se obtuvo con la vulneración de los derechos fundamentales y legales al actor, por lo tanto el juez disciplinario realizó un procedimiento ilegal desviando su poder, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones y motivando falsamente los actos posteriores como las actas de citación a audiencia y el fallo de primera instancia.

2. El operador disciplinario, convalido pruebas que al parecer no se encontraban en el proceso, sin haber sido notificado el auto de apertura de indagación preliminar, ya que el despacho había realizado una serie de actos de práctica probatoria a espaldas del investigado, como la convalidación y la solicitud de pruebas documentales.

Observa la Sala que el demandante en el presente cargo se remite a los aspectos generales del régimen probatorio incluidos en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo, el régimen disciplinario de la Policía Nacional consagrado en la Ley 1015 de 2006, en su artículo 58 establece que el procedimiento aplicable para los destinatarios de dicho régimen, es el contemplado en el Código Disciplinario Único.

En tal sentido, el artículo 177 de la Ley 734 de 2002 respecto del procedimiento verbal establece lo siguiente:

“Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes”.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella”.

De acuerdo con el artículo anterior, es claro que el proceso disciplinario se adelantó bajo las ritualidades del procedimiento verbal, previsto en la norma citada, de acuerdo con el auto de citación a audiencia (fls. 7 a 34) donde una vez analizado el material probatorio allegado al diligenciamiento se concluyó que se reunían los requisitos para citar a dicha diligencia y formular pliego de cargos según el artículo 175 de la codificación ya enunciada.

Es precisamente el material probatorio arrimado al proceso, la base para establecer el diligenciamiento y la necesidad o no de abrir pliego de cargos, etapa con la cual se garantizó el debido proceso y derecho de defensa del disciplinado, ya que en dicha actuación el ente investigador fue respetuoso de los principios constitucionales, al indagar al disciplinado sobre: “... Acto seguido el despacho le concede el uso de la palabra al señor patrullero Geovany Alberto Restrepo Ortiz, con el fin si lo considera necesario desean (sic) solicitar o aportar pruebas tendientes a su defensa ente lo cual manifestó que no, quedando de esta forma cerrada la etapa probatoria...” (fls. 35 a 39).

En relación con los medios probatorios el artículo 130 de la Ley 734 de 2002 establece:

“Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

Con lo anterior se demuestra que las pruebas allegadas y posteriormente valoradas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas y tachadas por el demandante, quien se limitó a guardar silencio, sin controvertirlas, facultando plenamente al ente disciplinario en la libre valoración y apreciación bajo el principio de la sana crítica y en conjunto al momento de proferir las decisiones de fondo.

Así entonces, ante esta situación se hace imprescindible recordar que la valoración de la prueba no está delimitada o tasada por una tarifa legal, sino que por el contrario está configurada para la administración de justicia dentro de un sistema racional donde es el juez(4) quién da valor a las pruebas según las máximas de la lógica, la ciencia y la experiencia.

Así las cosas, deviene evidente que la valoración hecha por los operadores disciplinarios no fue de ninguna manera caprichosa o arbitraria, pues tal como se puede observar en el contenido de los fallos siempre se acataron los cánones básicos de la lógica, la experiencia y la ciencia dentro de un criterio de libre convicción. Así mismo, siempre se atendió a los principios contemplados por la Corte Constitucional(5), pues el proceso y las decisiones cumplieron con los criterios objetivos, racionales, serios y responsables en cuanto a la valoración probatoria.

Pero además de lo anterior, debe quedar claro que el control de legalidad que sobre la decisión disciplinaria se haga se limita ahora a cuestiones de mera forma, ya que no debe olvidarse que no es una función propia del juez contencioso valorar nuevamente la prueba.

En tal sentido los cargos relacionados con la falsa motivación, desviación de poder y valoración probatorio no prosperan.

Por todo lo anterior se concluye que no existe vulneración alguna de los derechos de defensa y debido proceso por la irregularidad manifestada por el demandante.

Por las razones expuestas las pretensiones de la demanda serán despachadas en forma desfavorable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Niéganse las pretensiones de la demanda presentada por el señor GEOVANY ALBERTO RESTREPO ORTIZ contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Entiéndase en sentido lato.

(5) En sentencia T-233 de 2007.