Sentencia 2011-00301 de mayo 5 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000 23 15 000 2011 00301 01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo

Demandado: Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil once.

Decide la Sala la impugnación presentada por el demandante contra el fallo de 24 de febrero de 2011, proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de tutela de la referencia, que negó el amparo solicitado.

I. Antecedentes

1. Derechos fundamentales invocados en protección.

Actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta política, el señor Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo, invocó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, educación y libre desarrollo de la personalidad, así como de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad, que consideró transgredidos por la Universidad Nacional de Colombia al implementarle la normatividad contenida en los acuerdos 8 y 14 de 2008, que adoptaron el nuevo estatuto estudiantil y el plan de transición, lo que ocasionó que no se le generaran el número de créditos necesarios para terminar el programa académico de ingeniería industrial al cual se inscribió en el año 2005, y en consecuencia, que perdiera la calidad de estudiante.

La anterior pretensión la fundamenta en los siguientes,

2. Hechos.

2.1. El actor se inscribió y fue admitido en la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, D.C., al programa de ingeniería industrial en junio del año 2005, fecha para la cual regía el Acuerdo 101 de 1977 del consejo superior universitario de dicho ente.

2.2. Durante los períodos comprendidos entre los semestres 2008-II y 2009-I, se llevó a cabo una reforma académica, con ocasión de la expedición de los acuerdos 33 de 2007, 8 de 2008 y 14 de 2008, a los que la universidad no les dio una adecuada publicidad, pero pese a ello, rigen actualmente para todo el estudiantado.

2.3. Posteriormente, se expidió la Resolución 55 de 2009 del rector de la Universidad Nacional, “Por la cual se reglamenta la doble titulación en pregrado en la Universidad Nacional de Colombia”, promoviéndose como una de las ventajas de la reforma académica para los estudiantes.

2.4. En razón de lo anterior, en el segundo semestre del año 2009, el demandante decidió inscribir materias en la carrera de estadística, con el fin de obtener una doble titulación, utilizando los 80 créditos adicionales que aparentemente se le generarían en virtud de lo contemplado en el Acuerdo 33 de 2008.

2.5. Durante los semestres 2009-II y 2010-I inscribió casi de manera exclusiva materias en la carrera de estadística, período durante el cual, el SIA (Sistema de información académica), le generó créditos normalmente. Hasta diciembre de 2009, se habían generado 42 créditos adicionales gracias a la aprobación de 21 créditos correspondientes a las materias cursadas en dicho semestre. En total, inscribió 20 créditos del programa académico de estadística durante tres semestres.

2.6. Al terminar el primer período académico del 2010, le hacían falta 21 créditos por cursar para finalizar el plan de estudios de ingeniería industrial. No obstante, el 16 de junio de 2010 el SIA le informó que su cupo de créditos era de 17, que restados a los pendientes, daba como resultado -4. Adicionalmente le informó, que el número total de créditos adicionales era de 14 y no los 80 a los que considera tener derecho.

2.7. De acuerdo con la reglamentación actual de la universidad, el actor debe perder su calidad de estudiante por no tener un número de créditos disponibles igual o mayor al número de créditos pendientes.

2.8. En enero de 2011, al ingresar al sistema de información de la universidad, se percató de que su historia académica se encontraba bloqueada, lo cual significa que fue expulsado sin siquiera haber sido notificado de tal hecho.

2.9. Por lo anterior, solicita al Juez Constitucional que se ordene al ente demandado que en virtud del principio de favorabilidad, le genere los créditos adicionales correspondientes al programa de ingeniería industrial, y que disponga su reintegro de manera inmediata como estudiante de la Universidad Nacional de Colombia.

3. Contestación de la solicitud de tutela.

A través de auto de 15 de febrero de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción en referencia, y ordenó notificar a la Universidad Nacional de Colombia (fl. 65).

3.1. De la Universidad Nacional de Colombia - Oficina jurídica sede Bogotá D.C.

Sostuvo, que en virtud de la autonomía universitaria se expidió el estatuto estudiantil contenido en el Acuerdo 8 de 2008, el cual entró a regir el primer período académico del año 2009.

Explicó, que en su artículo 11 se señala que cada estudiante de pregrado tendrá un cupo de créditos para la inscripción de asignaturas, el cual corresponde al plan de estudios para el que fue admitido, más un cupo adicional; este último, será la mitad del mínimo de créditos que contempla el plan de estudios y hasta un máximo de 80 créditos. Agregó, que el cupo adicional se obtiene gradualmente, sumando 2 créditos por cada crédito aprobado.

Así mismo indicó, que el artículo 44 ibídem señala como una de las causales de pérdida de la calidad de estudiante, no disponer del cupo de créditos suficientes para inscribir las asignaturas del plan de estudios pendientes de aprobación.

De otro lado anotó, que el artículo 2º del Acuerdo 14 de 2008 por el cual se adopta el régimen de transición, dispone que el cupo de crédito para los estudiantes de pregrado, se hará de la siguiente manera:

“A cada estudiante se le otorgará un cupo inicial más un cupo adicional de créditos para inscripción. El cupo inicial será igual al número de créditos aún no aprobados del plan de estudios, más el 10% de estos. El cupo adicional será igual a la mitad del cupo inicial y se obtiene gradualmente sumando dos créditos por cada crédito aprobado. Este cupo adicional no puede exceder de 80 créditos”.

De lo anterior, concluyó que la norma no establece en ningún momento que el cupo adicional se adquiera de forma automática como lo interpreta el accionante, sino que se obtiene de forma gradual, para lo cual es indispensable que el estudiante previamente haya aprobado los créditos inscritos.

En relación con el caso concreto del señor Santamaría Acevedo, sostuvo que este contaba con 28 créditos de su cupo inicial, por lo que su cupo adicional no podía exceder de 14 créditos.

Por último manifestó, que la universidad no ha incurrido en vulneración alguna de derechos fundamentales del ex estudiante, y que la acción de tutela no puede concebirse como un mecanismo que sirva para corregir o enmendar el supuesto desconocimiento de la normatividad y su compromiso por responder a sus obligaciones académicas.

3.2. De la Universidad Nacional de Colombia - Decanatura de la facultad de ingeniería.

Respecto del estudiante Santamaría Acevedo, arguyó que le fue aplicado el régimen de transición contemplado en el Acuerdo 14 de 2008, otorgándosele un cupo inicial de 28 créditos, provenientes de la sumatoria de los créditos aún no aprobados del plan de estudios (25 créditos iniciales, más 3 créditos equivalentes al 10% de estos), y que como créditos adicionales se le otorgaron 14, que corresponde a la mitad del cupo inicial.

Agregó, que inscribió 10 créditos en el período 2009-I, que al cursarlos y aprobarlos ganó el máximo de cupo de créditos adicionales que podía obtener, es decir 14 créditos. Que continuó inscribiendo créditos en el segundo período de 2009, en el primer y segundo período 2010, de los cuales ya no se generarían créditos adicionales, pues ya había llegado a su tope.

Indicó, que el estudiante demandante inscribió 12 créditos en el programa de estadística (diferente al cual se matriculó), sin haber cursado y aprobado los créditos exigidos para el idioma inglés del programa de ingeniería industrial, desperdiciando los créditos necesarios para culminar su plan de estudios. Así, de conformidad con el artículo 44 del Acuerdo 8 de 2008, el señor Santamaría Acevedo perdió su calidad de estudiante por no disponer de cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas pendientes de aprobación, situación ante la cual, puede solicitar su reingreso al programa curricular que venía adelantando, según el artículo 46 ídem.

Finalmente afirmó, que contra la decisión de pérdida de la calidad de estudiante, el actor contaba con la posibilidad de acudir a los recursos de la vía gubernativa, de los cuales no hizo uso.

4. Fallo impugnado.

Por medio de fallo de 24 de febrero de 2011, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó el amparo deprecado, al considerar que al demandante le fueron correctamente aplicadas las normas universitarias que regulan lo concerniente a la doble titulación y a los créditos adicionales.

En este sentido, consideró que el error del petente radicó en la forma unilateral y descontextualizada de interpretar las normas, escudándose en su aparente desconocimiento.

5. Impugnación.

Inconforme con lo decidido, el demandante impugna la decisión de primera instancia (fl. 115).

Expresa, que no es válida la afirmación del ente demandado según la cual, omitió hacer uso de los recursos de la vía gubernativa contra la decisión de retirarle la calidad de estudiante, pues en su caso, no existe claridad en relación con la existencia de los actos administrativos proferidos por la universidad que contengan tal determinación.

Reitera, que la ausencia de una adecuada publicidad por parte del ente universitario de los actos que contienen el nuevo reglamento estudiantil, dio como resultado su indebida aplicación y la inducción a error, lo cual condujo a que perdiera su calidad de estudiante por no disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de estudios pendientes de aprobación.

Recibido el expediente en el despacho, sin que se observe causal de nulidad que lo invalide, procede la Sala a desatar la presente controversia.

II. Consideraciones

1. Competencia.

Le corresponde a esta Sala conocer la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.

2. Cuestión Previa - Procedencia de la acción de tutela.

La Carta Política de 1991 en su artículo 86, contempla la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Por su parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, prevé que este mecanismo solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

Sea lo primero indicar, que las actuaciones de la Universidad Nacional censuradas pueden catalogarse como actos académicos, frente a los cuales, la jurisprudencia contenciosa(1) y de la Corte Constitucional(2) han indicado que no son susceptibles de contradicción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en consecuencia, la acción de tutela se erige procedente para analizar la trasgresión de derechos fundamentales en torno a su contenido. Sobre la improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de estas actuaciones, ha señalado el Consejo de Estado:

“1. Que de lo contrario se desmoronarían los centros educativos oficiales, pues todos sus actos (fijación de calendario estudiantil, exámenes de admisión, horario de clases, llamamiento a lista, programas, cuestionario de exámenes, calificaciones, grados, sanciones estudiantiles etc. etc.) pasarían inmediatamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; esos planteles se verían cohibidos para el desarrollo de sus fines por temor a los litigios, y tendrían que dedicar tiempo y esfuerzos requeridos por dichos fines a la atención de los procesos; de institutos educativos se tornarían en centro querellantes, cambio que en parte alguna prevé la legislación.

2. Que se implantaría una diferencia desprovista de todo fundamento entre los planteles públicos, cuyas sanciones académicas estarían sujetas a la jurisdicción, y a los privados, cuyas sanciones académicas escaparían a aquella, consecuencia de lo cual sería mayor autoridad académica y mayor orden en estos, menor en aquellos. En ninguna norma legal se ha querido establecer tal desventaja.

3. Que los centros educativos tanto públicos como privados, están sometidos a la inspección y vigilancia de la Rama Ejecutiva del Estado, ante la cual pueden ejercer los estudiantes cuando consideren injustas e ilegales las sanciones que se les haya impuesto”(3).

Por lo anteriormente expresado, la Sala abordará el estudio del fondo del asunto planteado, teniendo en cuenta que los motivos de inconformidad expresados por el actor frente a la actuación de la Universidad Nacional de Colombia se circunscriben a la forma como se le aplicó el nuevo estatuto estudiantil, en relación con la asignación de créditos para cursar y culminar el programa académico de ingeniería industrial.

3. Planteamiento del problema jurídico.

De conformidad con los antecedentes fácticos del caso, debe la Sala establecer si las actuaciones de la Universidad Nacional de Colombia, relacionadas con la aplicación de las normas contenidas en el Acuerdo 8 y 14 ambos de 2008, que consagran estatuto estudiantil y el plan de transición, respectivamente, han dado lugar a la trasgresión de los derechos y principios fundamentales invocados por el petente, en razón de la pérdida de la calidad de estudiante, por no contar con los créditos necesarios para culminar el plan de estudios de ingeniería industrial.

Para tales efectos, la Sala abordará el estudio de la problemática, comenzando con un recuento de los hechos relevantes que originaron la presente acción de tutela, para posteriormente analizar si la aplicación del reglamento estudiantil en el caso concreto, configuró la vulneración de los derechos fundamentales del actor.

4. Hechos relevantes que dieron origen a la presente acción de tutela.

El señor Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo, cursaba normalmente su pénsum académico de la facultad de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2005.

Mediante el Acuerdo 219 de 2008, se modificó la estructura del plan de estudios del programa curricular de ingeniería industrial, contemplando en su artículo 3º que tendría un total de 168 créditos exigidos.

Al comenzar el primer semestre de 2009, comenzaron a regir los acuerdos 8 y 14 de 2008, mediante los cuales se adoptó el estatuto estudiantil y se adoptó el plan de transición.

Los artículos 47 y siguientes del Acuerdo 8, establecieron la posibilidad para que los estudiantes de pregrado obtuvieran un segundo título de pregrado. En efecto, señala el parágrafo 1º del artículo 48, lo siguiente:

“PAR. 1º—Los estudiantes de pregrado con la opción de doble titulación conservarán su historia académica. No tendrán derecho a nuevas reservas de cupo automáticas adicionales y solo dispondrán del cupo de créditos para inscripción no usado en el primer programa curricular cursado” (se resalta).

En razón de lo establecido en esta norma, el demandante decidió inscribir materias en el programa académico de estadística, a partir del segundo semestre de 2009.

Ahora, en relación con el cupo de créditos a que cada estudiante tiene derecho, disponen los artículos 11 y 12 ibídem:

“ART. 11.—Durante su permanencia en la universidad, cada estudiante de pregrado tendrá un cupo de créditos para inscripción de asignaturas. Este cupo corresponde a los créditos que contempla el plan de estudios para el que fue admitido más un cupo adicional.

El cupo adicional de créditos será la mitad del mínimo de créditos que contempla el plan de estudios para el que fue admitido y hasta un máximo de ochenta (80). El cupo adicional se obtiene gradualmente, sumando dos (2) créditos por cada crédito aprobado.

PAR.—Los créditos adicionales que como resultado del proceso de clasificación en la admisión deba aprobar un estudiante de pregrado, se sumarán por una única vez al cupo adicional de créditos para inscripción.

ART. 12.—Los créditos de las asignaturas inscritas por los estudiantes de pregrado en cada período académico se contabilizarán como créditos inscritos y se descontarán del cupo de créditos para inscripción”.

A su vez, establece el artículo 2º del Acuerdo 14:

“ART. 2º—Cupo de créditos. El cálculo del cupo de créditos del que trata el artículo 11 del Acuerdo 8 de 2008 del consejo superior universitario, para los estudiantes que cursan programas curriculares de pregrado, se hará de la siguiente manera:

a. A cada estudiante se le otorgará un cupo inicial más un cupo adicional de créditos para inscripción.

b. El cupo inicial será igual al número de créditos aún no aprobados del plan de estudios más el 10% de estos.

c. El cupo adicional será igual a la mitad del cupo inicial y se obtiene gradualmente sumando dos créditos por cada crédito aprobado. Este cupo adicional no puede exceder de 80 créditos”.

Para el período 2009-I, al petente le hacían falta por cursar 25 créditos de la carrera de ingeniería industrial. Es así, que en aplicación del régimen de transición establecido en el Acuerdo 14, se le otorgó un cupo inicial de 28 créditos, provenientes de la sumatoria de los créditos aún no aprobados de su plan de estudios, más el 10% que por aproximación equivalían a 3 créditos. Es decir, que el máximo número de créditos adicionales que podía obtener, era de 14.

Sumando el cupo de créditos inicial, más los adicionales, se obtiene que el actor contaba con un total de 42 créditos.

Como bien lo afirma el petente en el escrito de tutela, durante los semestres 2009-II y 2010-I inscribió casi de manera exclusiva materias de la carrera de estadística, sin percatarse de que con ello, estaba utilizando inadecuadamente los créditos necesarios para culminar su plan de estudios de ingeniería industrial. Fue por esta razón, que para el segundo semestre del año 2010 el SIA le informó, que sus créditos pendientes eran 21, pero que su cupo de crédito solo era de 17.

Lo anterior desembocó, en que se configurara para el actor una de las causales de pérdida de la calidad de estudiante, contempladas en el artículo 44 del nuevo estatuto, que dispone:

“ART. 44.—Pérdida de la calidad de estudiante en pregrado. Un estudiante de pregrado pierde la calidad de estudiante por alguna de las siguientes razones:

1. Culminar exitosamente los planes de estudio en los que fue aceptado.

2. No cumplir con los requisitos exigidos para la renovación de matrícula, en los plazos señalados por la universidad.

3. Presentar un promedio aritmético ponderado acumulado menor que tres punto cero (3.0).

4. No disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de estudios pendientes de aprobación.

5. Recibir sanción disciplinaria de expulsión o suspensión impuesta de acuerdo con las normas vigentes” (se resalta).

Si bien es cierto, la normativa transcrita es absolutamente diáfana en establecer las causas o motivos que convergen en tan grave consecuencia, razón por la que no es aceptable que el actor excuse su equivocación o descuido en la indebida interpretación del reglamento, estima la Sala, que en este caso es necesario realizar una ponderación entre el derecho fundamental a la educación y el principio de autonomía universitaria, a fin de establecer si la aplicación de los reglamentos estudiantiles, ocasionaron la vulneración de los derechos fundamentales del discente.

5. Derecho fundamental a la educación vs. autonomía universitaria.

5.1. El artículo 67 de la Carta Política, instituyó como derecho fundamental el de la educación, siendo este, un derecho de responsabilidad del Estado, la comunidad y la familia. En este sentido, la educación deberá cumplir una misión primordial cual es la de dar los medios necesarios para acceder al conocimiento, de acuerdo con unos niveles de calidad que propenda por una mejor formación moral, intelectual y física de los educandos(4).

En relación con el derecho fundamental a la educación, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Desde el preámbulo enunciado en nuestra Carta Fundamental, el Constituyente de 1991 destacó el valor esencial de la educación al consagrar como elementos que caracterizan el Estado social de derecho, la igualdad y el “conocimiento”, cuyos bienes afianzan y consolidan la estructura de un marco jurídico tendiente a garantizar la existencia de un orden político, económico y social justo, en aras de la prevalencia del interés general sobre el de los particulares (C.P., art. 1º).

De ahí que dentro del contexto constitucional, la educación participa de la naturaleza de derecho fundamental propio de la esencia del hombre y de su dignidad humana, amparado no solamente por la Constitución Política de Colombia sino también por los tratados internacionales.

Además de su categoría como derecho fundamental plenamente reconocido como tal en el ordenamiento jurídico superior y por la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la educación constituye una función social que genera para el docente, los directivos del centro docente y para los educandos y progenitores, obligaciones que son de la esencia misma del derecho, donde el Estado se encuentra en el deber ineludible e impostergable de garantizarla realmente como uno de los objetivos fundamentales de su actividad y como servicio público de rango constitucional, inherente a la finalidad social del Estado no solamente en lo concerniente al acceso al conocimiento, sino igualmente en cuanto respecta a su prestación de manera permanente y eficiente para todos los habitantes del territorio nacional, tanto en el sector público como en el privado”(5).

En efecto, el derecho a la educación debe entenderse como factor de desarrollo humano, su ejercicio es uno de los elementos indispensables para que el ser humano adquiera herramientas que le permitan en forma eficaz desempeñarse en el medio cultural que habita, recibir y racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos a medida que se desarrolla como individuo; es por ello que la educación cumple una función social que hace que dicha garantía se considere como un derecho-deber que genera para las partes del proceso educativo obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse porque realizan su núcleo esencial.

Estas obligaciones correlativas constituyen entonces condiciones indispensables para el goce efectivo del derecho a la educación. Dentro de la órbita de su autonomía, los establecimientos educativos, como las universidades, deben proporcionar una educación acorde con las políticas que fije el Estado, y a su turno, los educandos tienen el derecho de adquirir los conocimientos propios y adecuados para su desarrollo personal, pero así mismo, se les exige el cumplimiento de las metas académicas, y del régimen interno administrativo y disciplinario adoptado en la comunidad educativa a la que pertenecen.

5.2. Ahora, en relación con el principio de autonomía universitaria, se tiene que este consiste en la capacidad que tienen los centros educativos de nivel superior, para autodeterminarse y para cumplir con la misión y objetivos que les son propios, y se fundamenta en la libertad que tienen las universidades para regular las relaciones que surgen en desarrollo de la actividad académica, pudiendo establecer un conjunto de disposiciones que regirán en su interior, en todos sus aspectos académicos, administrativos y financieros.

Con todo, este principio no puede constituirse en un derecho autónomo y absoluto. Es así, como encuentra sus límites en el orden público, el interés general y el bien común. Al respecto ha señalado la Corte Constitucional, que la autonomía universitaria ostenta límites claramente definidos por la propia Constitución, entre ellos, el respeto por los derechos fundamentales(6).

En desarrollo del mentado principio, las instituciones de educación superior estipulan su propio régimen o reglamento interno, el cual será aplicable a las distintas situaciones que surjan con ocasión de su actividad, tanto en el campo administrativo como en el disciplinario. Sin embargo, esta atribución tampoco es absoluta; se encuentra limitado por el derecho fundamental a la educación, en cuanto los requisitos y medidas en él contenidos, no lo restrinjan de modo injustificado, desproporcionado o arbitrario. La vulneración se configuraría, en el caso de que analizados los requisitos a la luz de una situación particular, impidan u obstruyan su ejercicio, haciéndolo del todo nugatorio.

Ahora bien, la educación, en su dimensión de derecho-deber, dentro del propósito de asegurar las condiciones apropiadas para el desarrollo adecuado de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, permite que se exija a sus titulares el cumplimiento de los reglamentos académicos y que se les impongan las sanciones derivadas de su inobservancia. No obstante, la jurisprudencia ha precisando que la imposición de sanciones o de medidas restrictivas resulta constitucionalmente admisible, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas al fin que persiguen, y su aplicación no conduzca a la negación de un derecho fundamental, en este caso, del derecho a la educación y de aquellos que le son afines y complementarios.

Teniendo la educación el carácter de derecho fundamental, es claro que la inobservancia de las obligaciones académicas, disciplinarias o administrativas previstas en el reglamento, si bien pueden conducir a la imposición de las sanciones allí previstas, en ningún caso puede conllevar la afectación de su núcleo esencial, entendiendo por tal, aquel “ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” y que, por tanto, se entiende desconocido cuando el derecho “queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, dificultan irrazonablemente su ejercicio o lo privan de protección”(7).

6. Caso concreto.

Definido lo anterior, y teniendo en cuenta la situación concreta del señor Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo, la Sala observa que deberá revocar la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues si bien comparte lo relativo a que el ente universitario aplicó debidamente sus estatutos, considera que esta actuación desbordó el ámbito de su autonomía universitaria, al someter al estudiante a una consecuencia que corresponde a una carga desproporcionada, esto es, la pérdida de su calidad de estudiante, lo que de paso vulnera su derecho fundamental a la educación.

Así, aunque en principio resulte cierto que por un error el actor interpretó de una forma equivocada las normas que establecían la posibilidad de acceder a un segundo programa, y las que señalaban la forma de obtener y utilizar los créditos académicos, la sanción a que fue sometido por dicho error, es excesiva, en la medida en que entorpece o pone en riesgo la culminación de los estudios universitarios de un educando que se encuentra en la etapa final de su carrera, y que haciendo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y de libertad de profesión, pretendió enriquecer su nivel de conocimientos y formarse en diversos campos académicos e intelectuales, optando por un segundo título profesional.

En este contexto, el supuesto fáctico precitado no puede ser equiparable al de un estudiante que por simple dejadez o desidia incumple las expectativas trazadas por la universidad y en consecuencia presenta un bajo rendimiento académico, o con la del que infringe el reglamento disciplinario al cometer conductas pasibles de las sanciones de expulsión o suspensión. Y es claro, que emplear en el caso del señor Santamaría Acevedo, el numeral 4º del artículo 44 del Acuerdo 8 de 2008 cuya consecuencia jurídica consiste en retirarle la calidad de estudiante, resulta contrario al Ordenamiento Superior, razón por la cual, la aludida norma será inaplicada por este juez constitucional.

Por las anteriores razones, esta Sala revocará el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la protección deprecada, y en su lugar, amparará el derecho a la educación del señor Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo, en razón de lo cual inaplicará por inconstitucional y con efectos inter partes, el numeral 4º del artículo 44 del Acuerdo 8 de 15 de abril de 2008, que establece como causal de pérdida de la calidad de estudiante, no disponer de un cupo de créditos suficiente para inscribir las asignaturas del plan de estudios pendientes de aprobación.

Así mismo, ordenará a la Universidad Nacional de Colombia que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, realice las gestiones administrativas internas necesarias para retrotraer la situación académica del estudiante Santamaría Acevedo, al momento previo en que este inscribió créditos en la carrera de estadística, de manera que se le permita contar con el cupo de créditos necesarios para culminar el plan de estudios de ingeniería industrial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

I. REVÓCASE la sentencia de 24 de febrero de 2011 proferida por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó el amparo solicitado. En su lugar se dispone,

II. AMPÁRESE el derecho fundamental a la educación del señor Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo.

III. INAPLÍQUESE POR INCONSTITUCIONAL Y CON EFECTOS INTER PARTES, el numeral 4º del artículo 44 del Acuerdo 8 de 2008, expedido por las directivas de la Universidad Nacional de Colombia.

IV. ORDÉNASE a la Universidad Nacional de Colombia, que en el término improrrogable de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, realice las gestiones internas necesarias para RETROTRAER LA SITUACIÓN ACADÉMICA del señor Gustavo Adolfo Santamaría Acevedo, al momento previo en que inscribió créditos en la carrera de estadística, de manera que se le permita contar con el cupo de créditos necesario para culminar el plan de estudios de la carrera de ingeniería industrial.

V. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

VI. REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Publíquese.

Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero, comisión de servicios.

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de marzo de 1984 N.I. 4555, M.P. Samuel Buitrago H.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-187 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Ídem, num.1º.

(4) En reiterados fallos la Corte Constitucional ha considerado que la educación es un derecho de carácter fundamental. Entre otras, pueden consultarse los siguientes: T-000/92, T-543/97, T-239/98, T-050/99, T-974/99, T-202/2000, T-944/2000, SU-1149/2000, T-380/2003.

(5) T-423 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-310 de 1999.

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2009, M.P. Jaime Araújo Rentería.