Sentencia 2011-00310 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 11001-03-25-000-2011-00310-00

Expediente: 1175-2011

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Henry Junior Plata Sepúlveda

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se trata de establecer si los actos administrativos acusados, proferidos por el Ejército Nacional, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al actor con destitución, son ilegales por haberse expedido con falsa motivación, desconocimiento del debido proceso y favorabilidad, falta de adecuación típica de la conducta; o si por el contrario se ajustan al ordenamiento jurídico.

Actos acusados

1. Fallo de primera instancia de 3 de octubre de 2005, proferido por el director general de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, mediante el cual sancionó con destitución del cargo de capitán al demandante y accesoriamente la pérdida del derecho a concurrir a sitios de recreación de las Fuerzas Militares, porque exigió sumas de dinero con el fin de tramitar la expedición de una libreta militar (fls. 48-87).

2. Fallo de segunda instancia de 7 de noviembre de 2006, proferido por el comandante general de las Fuerzas Militares, mediante el cual confirmó la decisión anterior (fls. 33-46).

3. Auto de 12 de marzo de 2007, proferido por el director general de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, mediante el cual aclaró los artículos 1º y 2º del fallo de primera instancia de 3 de octubre de 2005, en el sentido de indicar que el oficial investigado y sancionado es el capitán Henry Junior Plata Sepúlveda (fls. 20-22).

4. Auto de 9 de abril de 2007, proferido por el comandante general de las Fuerzas Militares, mediante el cual confirmó el auto de 12 de marzo del mismo año, mediante el cual se aclararon los artículos 1º y 2º del fallo disciplinario de primera instancia de 3 de octubre de 2005 (fls. 28-30).

5. Resolución 1524 de 5 de mayo de 2007, mediante la cual el Gobierno Nacional, ejecutó la sanción impuesta al accionante (fls. 23-24).

De lo probado en el proceso

Del tiempo de servicio

De folios 211 a 215 obra extracto de la hoja de vida del capitán Henry Junior Plata Sepúlveda, expedido por el jefe de desarrollo humano de la dirección de personal de la Policía Nacional, donde consta que prestó sus servicios a la institución desde el 5 de junio de 1993 hasta el 11 de mayo de 2007.

Además le figuran 24 felicitaciones, la condecoración de orden al mérito militar “José María Córdoba”, en la categoría de caballero otorgada el 6 de agosto de 1997; y el distintivo de instructor de lanceros en única categoría de la cual se hizo acreedor el 20 de febrero de 1998.

De los hechos materia de investigación disciplinaria

Mediante informe de actividades de 22 de abril de 2003 (fls. 3-4, cdno.·2), el auditor de procesos del Ejército Nacional [capitán Carlos Arturo Villegas Flórez], puso en conocimiento del director de reclutamiento y control de reservas de la institución, las actividades que se cumplieron en el Distrito Militar Nº 59 el 22 de abril hasta el 16 de mayo del mismo consistentes en:

• Al coronel ® de la Policía Nacional Alfredo Rojas Peña, al cual el capitán Plata le había liquidado la suma de $ 1.920.000 pidiendo que entregara el dinero, que él como comandante del distrito se comprometía a tenerle la libreta militar en corto tiempo, toda vez que se estaba adelantando una jornada especial en el Coliseo el Salitre.

• El 6 de mayo de 2003, el coronel ® al ver que el comandante había sido relevado se presentó al distrito y expuso que él, le entregó al capitán Plata la suma de dinero y que no le solucionaron nada.

• Se le explicó al coronel ® que de acuerdo al reporte del sistema le podían liquidar al hijo, lo cual aceptó, para lo cual se comprometió a volver con toda la documentación y que el capitán Plata le devolviera el dinero.

• Es así como el 19 de mayo de 2003 le entregaron al capitán ® el recibo que contenía la liquidación de acuerdo a la Ley 48 de 1993 que ascendía a la suma de $ 640.000.

• A los hermanos Epifanio y Rodrigo·Cañón Gómez, el capitán Plata los estafó por la suma de $ 400.000.

• Los referidos hermanos entablaron demanda contra el capitán Plata, ya que al presentarse al Distrito Militar se les explicó cuál era la situación de cada uno de acuerdo al reporte del sistema y qué pasos debían seguir, ya que uno estaba reportado como “pendiente por clasificar”, y el otro no figuraba reportado en el sistema.

• El 15 de mayo de 2003 se presentó igualmente la señora Mercedes Rivera Rodríguez en el Distrito Militar con el fin de reclamar la libreta militar de su hijo Jonathan Wilmer Sandoval Rivera, manifestando que el capitán Plata la había liquidado por $ 500.000, y que él le había dicho que le entregara el dinero para legalizarle la libreta.

• Una vez se revisó el reporte del Simpre constató que los recibos se expidieron por un valor de $ 250.000 y que las copias de los recibos con los cuales se reclamaba la libreta militar, adujo la referida señora que los tenía el capitán Plata.

• Por lo anterior quedó de cancelar la libreta militar, según el reporte del “Simpre”, es así como los recibos figuran pagos, pero a la fecha no está reportada para la elaboración del documento y la señora sin las copias no puede reclamar.

• Por tanto le indicó que fuera al banco y pidiera la certificación de pago de los recibos para solucionar el problema.

• De otra parte, se observa que son muy pocos ciudadanos a los que se les expidió el correspondiente recibo, y tampoco están reportados en el sistema, razón por la cual, se les explicaron los pasos a seguir.

• Finalmente la situación narrada se le puso en conocimiento al nuevo comandante del Distrito Militar 59, para que solucionara el problema de los ciudadanos.

El 29 de agosto de 2003 el auditor de procesos del Ejército Nacional [capitán Carlos Arturo Villegas Flórez], fue requerido por el funcionario instructor de la investigación disciplinaria Nº 004/03, con el fin de que ampliara y ratificara el anterior informe (fls. 35-37, cdno. 2), destacándose los siguientes aspectos como hechos nuevos:

• Días después de lo anteriormente narrado, se presentó el coronel ® Alfredo Rojas con la documentación requerida y se le liquidó la cuota compensatoria por un valor de $ 640.000, y manifestó que el capitán Plata ya le había devuelto el $ 1.920.000, pero que él no entendía la diferencia del valor que en ese momento se le daba.

• Se le explicó que de acuerdo a la ley, tenía derecho a un 50% de descuento por ser oficial retirado y tener hijos menores de 19 años, cosa que él no sabía.

• Los jóvenes Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez se presentaron ante la Fiscalía Seccional de Soacha - Cundinamarca e instauraron denuncia 1178 en contra del capitán Plata por estafa.

• Con relación a la señora Mercedes Rivera Rodríguez, en forma verbal manifestó que ella le había entregado al capitán Plata la suma de $ 500.000 para que éste le cancelara los recibos de cuota de compensación militar y Decreto 2350, cuando verificó en el “Simpre” constató que fue liquidada por $ 200.000 más $ 50.000 del Decreto 2350.

• Se le explicó que el valor restante [$ 250.000] debía reclamárselos al capitán Plata, ante lo cual, manifestó la señora Mercedes que no había sido posible volver a hablar con él.

• Señala igualmente que conoció de otros casos, pero las personas nunca se presentaron a reclamar o explicar qué había sucedido, motivo por el cual, en la denuncia y ahora en su ratificación, prefiere no hacer referencia a los mismos.

Del proceso disciplinario

Mediante auto de 29 de mayo de 2003 el director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, dio apertura formal a la investigación disciplinaria 004/03 en contra del capitán Henry Junior Plata Sepúlveda, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante del Distrito Militar Nº 59 de Soacha (fl. 12, cdno. 2).

El 13 de octubre de 2004, el director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, resolvió formular cargos contra el capitán Henry Junior Plata Sepúlveda, por haber incurrido en las faltas disciplinarias gravísimas contenidas en la Ley 836 de 2003, artículo 58, numerales 18 y 20, consistentes en “ejercer oficios o recibir beneficios de actividades ilícitas o incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución” y “exigir dinero o dádivas por servicios oficiales que esté obligado a cumplir”, conductas en que incurrió a título de dolo (fls. 284-308, cdno. 2).

Por auto de 11 de noviembre de 2004 se abrió el proceso a pruebas y accedió a la práctica de algunas de las solicitadas por el apoderado del disciplinado y otras fueron negadas (fls. 323-329, cdno. 2).

El director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, mediante auto de 3 de diciembre de 2004 declaró oficiosamente la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario a partir del auto de cargos, teniendo en cuenta que se incurrió en una irregularidad de carácter sustancial, consistente en haberle aplicado la Ley 836 de 2003, cuando debió darse aplicación a la Ley 1797 de 2000 (fls. 335-336, cdno. 2).

El 10 de diciembre de 2004, el director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, resolvió formular cargos contra el capitán Henry Junior Plata Sepúlveda, por haber incurrido en las faltas disciplinarias gravísimas contenidas en el Decreto 1797 de 2000, artículo 56, numerales 21 y 23, consistentes en “ejercer oficios o recibir beneficios de actividades ilícitas o incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución” y “exigir dinero o dádivas por servicios oficiales que esté obligado a cumplir”, conductas en que incurrió a título de dolo (fls. 340-367, cdno. 2), para lo cual, tuvo en cuenta las siguientes pruebas entre otras:

• Oficio de 22 de mayo de 2003, suscrito por el auditor de procesos del Ejército Nacional, informando los hechos anteriormente narrados (fls. 3-4, cdno. 2).

• Denuncia 1178 instaurada ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca por el señor Epifanio Cañón Gómez contra el disciplinado por haber exigido dinero para tramitarle a él y su hermano la libreta militar (fls. 6-8, cdno. 2).

• Extracto de la hoja de vida del capitán Henry Junior Plata Sepúlveda (fls. 21-25, cdno. 2).

• Fotocopia de los expedientes de los jóvenes Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez, y Jonathan Wilmer Sandoval Rivera, así como el volante del sistema de información de reclutamiento de cada uno (fls. cdno. 3).

• Diligencia de ampliación de denuncia presentada por el auditor de procesos del Ejército Nacional (fls. 35-37, cdno. 2).

• Declaración rendida por el sargento viceprimero Edison Enciso Zamora, quien manifestó que durante el tiempo que fue orgánico del DIM-59, estaba como comandante el capital Henry Junior Plata Sepúlveda, que su labor consistía en manejar, además dijo no conocer a los señores Alfredo Rojas Peña, Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez y Mercedes Rivera Rodríguez y que no tuvo conocimiento de irregularidades (fls. 180-181, cdno. 2).

• Declaración del señor Germán Mazuera Aguirre (fl. 189, cdno. 2), quien señaló que siendo orgánico del Distrito Militar 59, se desempeñaba en la sección de reclutamiento y planes, que para entonces se desempeñó como comandante el capitán Plata, que conoció a un teniente coronel Peña pero que a los demás no, finalmente dijo que no tuvo conocimiento de irregularidades cometidas por capitán porque cuando él tenía que atender a alguna persona, lo hacía en privado en su oficina.

• Declaración de la señora D3 Zandra Liliana Morales Bastidas, quien dijo ser orgánica del Distrito 59 y se desempeñaba en la sección de atención al usuario cuando el comandante era el capitán Plata y señaló no tener conocimiento de irregularidad alguna (fl. 195, cdno. 2).

• Declaración de la señora María Mercedes Rivera Rodríguez, quien indicó que tiene un hijo Jonathan Wilmer Sandoval Rivera y que ya definió su situación militar; explicó que fue al Distrito Militar 59, llevó los papeles que le solicitaron y le dijeron que tenía que presentar los recibos. Señaló que no conoce al capitán Plata, que nunca le entregó dinero y que canceló la cuota que le dijeron en el Banco Ganadero. Además manifestó que tuvo muchos inconvenientes para reclamar la libreta, porque nadie le daba razón y se le habían perdido los recibos ya cancelados, motivo por el cual, tuvo que poner el denuncio para que el banco le expidiera una certificación de haber cancelado la cuota (fls. 205-207, cdno. 2).

• Declaración rendida por el coronel ® Alfredo Rojas Peña (fls. 218-222, cdno. 2), quien señaló que durante los primeros meses del año 2003 fue al Distrito Militar de Soacha a averiguar respecto al trámite de la libreta militar de su hijo Juan Camilo Rojas Plaza, en razón a que había hecho diligencias en diciembre de 2002 y no tenía conocimiento de los resultados.

Precisó que acudió porque su hijo ya se encontraba en la universidad y la respuesta del suboficial que lo atendió, fue que los documentos presentados se habían extraviado, una vez recaudó nuevamente la documental solicitada se los entregó al capital Plata, quien efectuó la liquidación por la suma de $ 2.000.000, además que él hacía el trámite aprovechando la jornada especial que se realizaba.

Por lo anterior envió un personal de su confianza [señor Jairo Mahecha Suárez], pero como el capitán Plata ya no se encontraba y al frente queda el comando de Policía, por intermedio de un teniente le hizo llegar la suma señalada.

Al mes siguiente le informaron que el capitán Plata estaba de vacaciones, motivo por el cual, fue a hablar directamente con el capitán que estaba en ese momento a cargo de la oficina, quien revisó la liquidación y le dijo que estaba mal. Además le indicó que el capitán Plata se encontraba en la ciudad de Villavicencio y a la semana siguiente estaba nuevamente en Bogotá para que se comunicara con él y resolviera el impase.

Afirma que el capitán Plata lo citó en la Universidad Militar para devolverle el dinero.

• Declaración rendida por el señor Jairo Mahecha Suárez (fls. 223-226, cdno. 2), en que manifestó conocer al coronel ® Alfredo Rojas Peña y dijo que Juan Camilo [hijo del coronel] estudió en el Colegio de la Policía, que en el sorteo salió para el Distrito Militar 59, razón por la cual el coronel ® Rojas le pidió que fuera con el joven a tramitar la libreta militar.

En el Distrito Militar 59 le recibieron toda la documentación y le señalaron que se presentara en 15 días.

En la segunda oportunidad que se presentó, lo hizo con el coronel ® Rojas y fueron atendidos por el sargento Enciso, quien les presentó al capitán Plata, éste le dijo al coronel ® que tocaba hacer la liquidación y que ascendía a la suma de $ 1.920.000 y se ofreció a sacar la libreta militar al día siguiente en una jornada especial que adelantaba el Ejército Nacional.

Por lo anterior el mismo día volvió y le dejó el dinero con el teniente López, quien se lo entregó al capitán Plata.

Volvió al distrito militar en diferentes oportunidades y siempre le indicaban que el capitán Plata no se encontraba, razón por la cual regresó otro día con el coronel ® Rojas siendo atendidos por el capitán Villegas a quien le comentaron el caso, se comunicaron con el capitán Plata y les dijo que estaba en Villavicencio.

A la semana siguiente se encontraron en la Universidad Militar Nueva Granada y le devolvieron la plata y los documentos.

• Declaración rendida por la señora María Ludairne Amaya González, quien señaló que conoce al capitán Plata, desde cuando era digitadora en el Distrito Militar 59 y el referido oficial era el comandante. Manifestó igualmente que manejaba el usuario de grabación de actas, en el cual se efectuaba el proceso de reclutamiento; que inscribió al joven Rodrigo Cañón Gómez porque venía reportado en una de las actas, la que directamente no era posible efectuar la inscripción (fls. 243-245, cdno. 2).

• La versión libre rendida por el capitán Henry Junior Plata Sepúlveda (fls. 258-261, cdno. 2), quien señaló que de junio de 2002 a abril de 2003 se desempeñó como comandante del Distrito Militar Nº 59 y que personal orgánico eran los sargentos Mazuera y Enciso, así como las señoras Zandra y Ludairne Amaya.

Indicó que participó en dos· jornadas de reclutamiento, una de las cuales se realizó en el Palacio de los Deportes el segundo semestre de 2002 y la otra en el Coliseo de Soacha el primer semestre de 2003.

Detalló el procedimiento a seguir para definir la situación militar y aclaró que para liquidar la cuota de compensación militar de un joven se toma como base la hoja de inscripción, se piden los certificados de ingresos y egresos de los padres, si alguno no vive entonces el correspondiente certificado de defunción, luego se verificaban los datos. Si por algún motivo uno o ambos padres no tiene bienes raíces, Catastro avala dicha información; también se solicita fotocopia de las cédulas de los tres, la hoja que certifica si están pendientes de clasificar.

Para los regulares solo se pide certificado de ingresos y egresos de la empresa donde labora y la hoja que certifique pxc. El procedimiento para el personal de bachilleres se constatan los ingresos y egresos de los padres, de manera que el 30% de lo que sumen esos dos ingresos, más el 1% del valor de las propiedades del papá o la mamá, corresponderá al valor de la cuota de compensación militar, CCM.

Manifestó no conocer a los jóvenes Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez, por tanto, las afirmaciones de que les exigió dinero para tramitarles la libreta militar, son falsas.

La información suministrada por el capitán Villegas en calidad de comandante del Distrito Militar 59, es falsa y fue quien les sugirió presentar la denuncia penal por estafa.

Aduce que los datos personales suministrados por los denunciantes son totalmente falsos, refiere igualmente que mientras permaneció en el distrito nunca tuvo buenas relaciones con el capitán Villegas.

Afirmó que tampoco conoce a la señora Mercedes Rivera, que al coronel ® Rojas lo tiene presente porque siempre se presentaba en el DIM-59 y porque debía liquidarle la cuota de compensación militar, CCM del hijo, lo cual, nunca pudo hacer porque no radicó los documentos en su totalidad, pues faltaba lo de Catastro de la esposa.

En la segunda oportunidad que se entrevistó con el coronel ® Rojas éste le pidió que liquidara la CCM con su catastro, para hacerse una idea de cuánto tenía que pagar, a lo que accedió y dio como valor, la suma de $ 1.900.000 aproximado y le señaló que no podía liquidarla hasta tanto tuvieran el catastro de la esposa.

En la tercera oportunidad que se entrevistó con el coronel ® Rojas, le señaló que su viaje a Estados Unidos era inminente, por lo que requería de su colaboración en la liquidación y que le enviaba un emisario con el dinero.

Es así como al cabo de unas semanas el teniente comandante de la Sijin de Soacha, le manifestó que el coronel Rojas, le había entregado a un escolta suyo, un dinero por valor de $ 1.900.000 para liquidación de la CCM del hijo, con la orden de entregárselos a él personalmente.

Tal situación lo sorprendió y pensaba no recibir el dinero, pero que el teniente le señaló que debía darle cumplimiento a la orden recibida por un superior, razón por la cual lo recibió y trató de comunicarse con el coronel al celular, pero no contestaba.

Semanas después salió trasladado por radiograma al Batallón de Contrainteligencia Nº 38 y en el primer permiso ubicó al coronel Rojas para devolverle el dinero.

Afirma que cree que el señor Jairo Mahecha, era el escolta del coronel ® Rojas y lo conoció porque iba con él al Distrito.

Una vez se enteró del regreso del coronel Rojas, lo citó en la Universidad Militar Nueva Granada, con el propósito de devolverle el dinero [$ 1.900.000] y se disculpó porque no pudo colaborarle con la liquidación de la CCM.

Afirmó que no está facultado para recibir dinero del público y reconoce haber cometido un error de procedimiento al recibir del coronel Rojas la suma de $ 1.900.000, pero que de buena fe.

El 2 de febrero de 2005, nuevamente el proceso disciplinario se abrió a pruebas y el director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, accedió a la práctica de las declaraciones del coronel ® de la Policía Nacional Alfredo Rojas Peña, teniente Hernán Darío López Valencia y los señores Rodrigo y Epifanio Cañón Gómez, además de determinar la cuota de compensación militar, CCM del joven Juan Camilo Rojas Plazas, y negó la recepción de la declaración del señor Jairo Mahecha Suárez y los sargentos Enciso y Mazuera, así como la del coronel Vigoya Arango (fls. 323-329, cdno. 2).

El 13 de junio de 2005 el director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, cerró la investigación disciplinaria, por considerar que todas las pruebas ordenadas fueron ya recaudadas y en consecuencia ordenó continuar con la etapa siguiente [traslado para alegar], para luego proferir fallo dentro del término de ley (fl. 519, cdno. 2).

El director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, por auto de 11 de julio de 2005, declaró de oficio la nulidad del auto de 13 de junio de 2005, por el cual se dispuso el cierre de la investigación disciplinaria, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente de tramitar la prueba pericial consistente en la liquidación de la cuota de compensación militar del ciudadano Juan Camilo Rojas Plaza, proceder que atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa (fls. 536-538, cdno. 2).

De folios 570 a 572 del cuaderno 2 obra el peritaje correspondiente a la liquidación de la cuota de compensación militar, CCM del joven Juan Camilo Rojas Plaza, según el cual asciende a la suma de $ 590.0000.

El 13 de septiembre de 2005 el director de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, ordenó correr traslado para que la defensa proceda a presentar los alegados de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002 (fl. 578, cdno. 2).

El apoderado del disciplinado [capitán Henry Junior Plata Sepúlveda), presentó alegatos de conclusión (fls. 580-585), sintetizando la defensa, en los siguientes argumentos:

• El análisis de los cuestionados hechos objeto del proceso disciplinario, se debe hacer confrontando los pronunciamientos efectuados en el auto de cargos, a fin de determinar que los mismos no tienen fundamento en las pruebas obrantes en el expediente.

• Se afirmó que: “El señor capitán Henry Jr. Plata Sepúlveda, es presuntamente responsable de realizar gestiones en su condición de comandante del Distrito Militar Nº 59, para definir irregularmente la situación militar de los jóvenes Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez [...]”, sin embargo, esto no se pudo constatar, pues los señores Cañón Gómez no asistieron a declarar.

• La exigencia de dinero nunca se probó, razón por la cual, debe permanecer incólume la presunción de inocencia del investigado, pues el informe presentado por el capitán Villegas, tampoco es prueba de ello, como quiera que se trata de un testigo de oídas y sus afirmaciones no pueden ser tenidas en cuenta.

• Se dice que: “[...] pedir y recibir al señor coronel ® Alfredo Rojas Peña, la suma de $ 1.900.000, con el fin de definir su situación militar y entregar la tarjeta militar a su hijo joven Juan Camilo Rojas Plazas […]”, como prueba de ello, se esgrime la declaración del señor Jairo Mahecha Suárez, según el cual, el actor se ofreció “[...] para sacar la libreta al día siguiente en una jornada especial […]”, y afirma que “[...] éste le dijo al coronel que tocaba hacer la liquidación, la cual ascendía a $ 1.980.000 [...]”, cuando en realidad la suma correspondía a $ 1.920.000.

• Otra situación no confirmada, es el hecho de que el capitán Villegas dijo que la liquidación que hizo el actor fue muy alta; pero en el trámite del proceso disciplinario, no se hizo de manera clara el estudio contable de la liquidación de la cuota, con base en los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal existente entre el coronel Rojas y su esposa.

• Estima que los hechos investigados debieron tener una connotación muy diferente a la que se le ha dado en el proceso disciplinario, pues han sido mal interpretados, pues basta con analizar que el coronel Rojas habla aun el capitán Plata, luego de darse cuenta que los papeles se habían presentado por su hijo con anterioridad y se habían perdido.

• Recuerda el contenido del dictamen pericial, sobre la liquidación de la cuota de compensación militar, en que el resultado que da, coincide con el liquidado por el capitán Plata, pues al momento en que rindió versión libre olvidó decir, que se dividiría por tres, que es el número de hijos del coronel Rojas. Lo cual, si quedó explicado en la declaración que rindió ante el juez penal militar.

• Por tanto, no se estructura la falta disciplinaria contenida en el numeral 21 del artículo 56 del Decreto 1797 de 2000, razón de más para absolver al investigado.

El 3 de octubre de 2005 el director de reclutamiento y control de reservas de las Fuerzas Militares, resolvió sancionar al señor Plata Sepúlveda con destitución del cargo de capitán y accesoria de la pérdida del derecho a concurrir a los sitios sociales de la institución (fls. 48-87), para lo cual tuvo en cuenta los siguientes argumentos:

• El oficial Plata valiéndose de la condición que ostentaba al momento de los hechos [comandante del Distrito Militar Nº 59], recibió de parte del coronel ® Rojas la suma de $ 1.900.000, con el supuesto fin de colaborarle en el trámite de la liquidación de la cuota de compensación militar, de su hijo Juan Camilo Rojas Plata, realizando procedimientos deshonestos y contrariando el ordenamiento jurídico, motivo por el cual su conducta se calificó como dolosa.

• Para ello efectuó una preparación y selección de los medios requeridos para adelantar la comisión de la conducta.

• Ejerció varias actividades ilícitas e incompatibles con las tareas propias de la institución castrense y recibió una suma de dinero, con lo cual persiguió un lucro.

• Lo anterior se demostró con las declaraciones, así como de la versión libre del disciplinado.

• La consumación del ilícito, por haber recibido $ 1.900.000 con el fin de tramitar lo concerniente a la libreta militar del joven Juan Camilo Rojas a pesar de que la entrega de la libreta militar no se materializó.

• Si bien es cierto que el comportamiento del oficial había sido bueno, no se tuvo en cuenta para atenuar la sanción impuesta que el capitán Plata tiene una preparación suficiente para haber desempeñado en el cargo de comandante del Distrito Militar Nº 59 con honestidad y probidad.

El demandante por conducto de apoderado impugnó el fallo de primera instancia (fls. 636-638, cdno. 2), solicitó revocar la sanción de destitución y pérdida del derecho de asistir a los sitios sociales de la institución, argumentando lo siguiente:

• No está probado el actuar disciplinario que sirvió de sustento a la tipificación de la falta que le fue impuesta, toda vez que el proceder lícito del actor [expedición de la libreta militar] fue truncado; además su actitud fue de colaboración con un oficial superior de otra institución.

• Nunca tuvo la intención de apropiarse de dineros ajenos al realizar funciones propias de su cargo.

• Tampoco ejerció actividades ilícitas en el ejercicio del cargo de las cuales hubiera obtenido algún provecho.

• Está demostrado que el capitán Plata cuenta con una buena hoja de vida mientras ha servido a la institución, con lo que se puede constatar su rectitud y honestidad.

• Por lo anterior solicitó se sustituya la sanción de destitución por la de suspensión en el ejercicio del cargo de conformidad al artículo 59-2 del Decreto 1797 de 2000.

El comandante general de las Fuerzas Militares el 7 de noviembre de 2006 profirió fallo de segunda instancia (fls. 33-46), en que resolvió confirmar la sanción de destitución, teniendo en cuenta que:

• De acuerdo a las pruebas aportadas al proceso disciplinario, el oficial recibió dineros de un coronel ® de la Policía Nacional, en circunstancias y procedimientos que no le estaban permitidos.

• Esa receptación de dinero fue contraria a derecho, lo cual se probó en primera instancia, pues el disciplinado quiso definir la situación militar de un joven, con lo cual se aprecian los medios y el fin, que al ser confrontadas con los procedimientos legalmente establecidos para ello, no corresponde.

• Con relación a los medios, se debe tener en cuenta que las circunstancias de no estar liquidada en su totalidad la cuota de compensación militar, de no haberse recibido en su totalidad los documentos y recibir el dinero por fuera de los causes(sic) normales, fue probado en el trámite de la actuación administrativa.

• La sanción se confirma teniendo en cuenta que para las faltas gravísimas dolosas, no existe la posibilidad de graduar las penas porque de acuerdo al artículo 44-1 de la Ley 734 de 2002 la sanción que corresponde en dichos eventos es la separación absoluta de las Fuerzas Militares en concordancia con el artículo 13 del Decreto 1797 de 2000.

De la denuncia penal

Por los hechos materia de investigación los señores Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez el 16 de mayo de 2003, presentaron denuncia por estafa contra el capitán Henry Junior Plata Sepúlveda, ante la Fiscalía Seccional de Soacha - Cundinamarca, radicación 1178 (fls. 6-8, cdno. 2).

El Juzgado Doce de Instrucción Penal Militar el 19 de abril de 2005, decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el capitán Plata Sepúlveda, teniendo en cuenta que en su contra cursan otras tres investigaciones penales, y si bien dos se encuentran en la etapa de instrucción, de igual manera atentan contra la administración y la fe pública, razón por la que encuentra es fundada la medida que toma (fls. 463-483, cdno. 2).

Análisis de la Sala

De la nulidad de los actos de ejecución

El actor solicitó la nulidad del Decreto 1524 de 5 de mayo de 2007, por el cual el Gobierno Nacional, dispuso la ejecución de la sanción de destitución y la pérdida del derecho a concurrir a sitios de recreación de las Fuerzas Militares.

La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno frente a esta resolución que ejecuta la sanción impuesta al actor, porque la Policía Nacional no está tomando una decisión, sino que simplemente está dando cumplimiento a la decisión adoptada mediante los fallos disciplinarios, es decir, que no contiene la voluntad de la administración, sino que se trata de un acto administrativo de trámite.

En consecuencia la Sala se inhibirá de efectuar análisis alguno respecto de su legalidad.

De la adecuación típica de la conducta

Para fundamentar el cargo se aduce que el operador disciplinario decidió que en materia de tipicidad, la imputación de la falta al capitán Plata Sepúlveda, era la definida en el numeral 21 del artículo 56 del Decreto 1797 de 2000, consistente en: “Ejercer oficios o recibir beneficios de actividades ilícitas o incompatibles con el buen nombre de la institución”, pero ninguna prueba del “beneficio” recibido por el disciplinado se recaudó en respaldo de la misma, ni se comprobó ni precisó en qué consistió el “oficio” ejercido por el actor y que presuntamente es incompatible con el buen nombre de la institución.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional(3), el régimen disciplinario exige el elemento de tipicidad, que debe ser entendido como la adecuación de la conducta a la descripción del tipo descrito en la ley.

En el presente caso, al demandante se le imputó la falta contenida en el numeral 21 del artículo 56 del Decreto 1797 de 14 de septiembre de 2000, por el cual se expidió el reglamento del régimen disciplinario de las Fuerzas Militares, cuyo contenido literal es el siguiente:

“ART. 56.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas: [...].

21. Ejercer oficios o recibir beneficios de actividades ilícitas e incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución. [...]”.

La conducta por la cual el Ejército Nacional resolvió abrir la investigación disciplinaria en contra del capitán Plata Sepúlveda consistió en que como comandante del Distrito Militar Nº 59 durante el año 2003, recibió sumas de dinero de varios ciudadanos para que les definiera su situación militar.

En el trámite de la investigación disciplinaria el director de reclutamiento y control de las Fuerzas Militares demostró que el actor para definirle la situación militar a un ciudadano, [Juan Camilo Rojas Plaza] le recibió dinero [$ 1.900.000] al coronel ® de la Policía Nacional Alfredo Rojas Peña en circunstancias y procedimientos que no están previstos en la ley que reglan el servicio de reclutamiento y movilización, además que desconoció las funciones que debía desempeñar como comandante.

Es así como el actor le indicó al coronel ® Rojas que el costo aproximado de la tarjeta militar era de $ 1.900.000, sin tener soporte documental alguno; con posterioridad el nuevo comandante del Distrito Militar 59 liquidó la cuota de compensación militar del ciudadano Juan Camilo Rojas Plaza, dando como valor la suma de $ 590.000. Finalmente se constató a través de los testimonios y la versión que rindiera el disciplinado que una vez se presentó la queja en su contra, éste procedió a citar al coronel ® fuera de las instalaciones de la institución [Universidad Militar Nueva Granada] para devolver el dinero recibido.

De lo anterior se infiere que el accionante efectuó una selección de los medios requeridos para la realización de la conducta, toda vez que era el funcionario encargado de definir la situación militar del ciudadano Juan Camilo Rojas Plaza, pues para ese momento se desempeñaba como comandante del Distrito Militar Nº 59.

Además en ejercicio de sus funciones recibió dinero, por tanto, persiguió un lucro personal, lo cual se demostró con las declaraciones del coronel ® Alfredo Rojas Peña y del señor Jairo Mahecha Suárez (fls. 218-222 y 223-226, cdno. 2) que dan cuenta como le entregaron la suma de $ 1.900.000 al capitán Plata Sepúlveda para que tramitara la libreta militar del joven Juan Camilo Rojas Plaza, hecho que fue aceptado por el actor en la versión que rindiera en el trámite de la investigación disciplinaria, alegando que se trataba de una aproximación y que en todo caso, había devuelto el dinero en su totalidad (fls. 258-261, cdno. 2).

Por lo anterior la conducta se calificó como gravísima cometida a título de dolo, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar.

De la violación al debido proceso

Indicó el actor que la sanción de destitución del cargo de capitán del Ejército Nacional, se hizo sin que en el proceso disciplinario obraran pruebas que le permitieran al investigador llegar a tal conclusión.

Al respecto dirá la Sala que el artículo 29 de la Constitución Política, respecto al debido proceso indica que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha entendido(4), que los derechos de contradicción y controversia tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo disciplinario, es decir, desde la indagación preliminar pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento(5).

La Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en el artículo 6º determina:

“ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.

El respeto al debido proceso administrativo reconoce el derecho de contradicción que le asiste al funcionario investigado desde la etapa de la indagación preliminar, cuando el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 dispone que: “Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados”, para lo cual, el investigado tendrá derecho a conocer las diligencias y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de otras.

AI respecto la Corte Constitucional en Sentencia-C-036 de 2003, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, dijo:

“(...) 3.5. La Corte, en aquella ocasión, consideró que la facultad discrecional consagrada en esta disposición a favor de la autoridad disciplinaria de decidir si considera necesario o no oír en exposición espontánea al servidor público investigado, viola el derecho de defensa, pues olvida que esta solicitud del encartado en la indagación preliminar de ser escuchado, corresponde al derecho que tiene cuando sabe que su conducta puede estar comprometida por una queja o denuncia. En estas condiciones, dijo la Corte, que a su pedido de ser oído, la autoridad disciplinaria no puede negarse. Explicó la Corte:

“Ahora bien, de la lectura atenta del artículo 140 del Código Disciplinario Único, se tiene que el investigador “(...) podrá oír en exposición espontánea al servidor público que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado” (resaltado fuera de texto). Ello significa que, cuando no existe una persona claramente definida o, lo que es lo mismo, no se tiene certeza sobre el posible autor de la falta disciplinaria, el servidor público que tiene a su cargo el esclarecimiento real de los hechos que dieron lugar a la queja, puede acudir a los medios de prueba que considere pertinentes, sin que ello autorice al funcionario investigador a negarse a oír al servidor público que así lo solicite si este último lo estima pertinente, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si un servidor público tiene conocimiento de que su conducta puede resultar comprometida en virtud de una queja o denuncia instaurada y, solicita al funcionario investigador la recepción de la exposición espontánea, en aras de ejercer su derecho de defensa, tendrá que ser escuchado, sin que esta solicitud quede sujeta a la discrecionalidad del investigador.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Único, en cuanto hace referencia a la expresión “que considere necesario”, norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legítimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso” (Sent. C-892/99).

3.6. Ahora, frente a la misma expresión contenida en una disposición semejante, se concluye que se está frente a cosa juzgada, pues, la frase acusada, el legislador la reprodujo exactamente igual dentro de un contexto muy semejante al que se encontraba en el anterior Código Disciplinario Único y, como las razones expresadas por la Corte en la sentencia aludida para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 140 de la Ley 200 de 1995 son las mismas que ahora conducen a la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 150, inciso 5º de la Ley 734 de 2002, se declarará inexequible. [...]”.

En el sub lite, el actor aduce que se desconoció el debido proceso por cuanto el Ejército Nacional, procedió a sancionarlo con destitución del cargo de capitán sin que existieran pruebas en su contra; sin embargo, se pudo constatar que en el trámite del proceso disciplinario se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas [entre otras] que demuestran el proceder irregular del accionante:

Los testimonios del coronel ® Alfredo Rojas Peña y Jairo Mahecha Suárez, quienes afirmaron que el capitán Plata Sepúlveda se ofreció a definir la situación militar del joven Juan Camilo Rojas Plaza, en una jornada especial que se realizaría, para ello liquidó una cuota de compensación militar por la suma de $ 1.900.000, cuando en verdad debía cancelar $ 400.000; además que al enterarse de la investigación disciplinaria procedió a citarlo en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada para devolverle el dinero (fls. 223-226 y 258-261, cdno. 2).

Estos testimonios fueron confrontados con los procedimientos legales establecidos para definir la situación militar de una persona, encontrándose que el procedimiento asumido por el capitán Plata Sepúlveda fue contrario a derecho, además de ilícito.

Del acervo probatorio que se analizó se infiere que el actor, tuvo pleno conocimiento que su proceder era contrario a la Constitución y la ley, y que con ello estaba incurriendo en un ilícito, pues tan pronto tuvo conocimiento que se adelantaba la investigación disciplinaria hizo lo que estuvo a su alcance para devolver el dinero recibido. En esas condiciones no está llamado a prosperar el cargo de violación al debido proceso.

De la falsa motivación

Para fundamentar el cargo de falsa motivación, manifestó que el investigador disciplinario efectuó un análisis de las pruebas de una manera parcializada y no pretendió la demostración de los hechos.

Empero, advierte la Sala que los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, indicaron los motivos por los cuales consideró que la falta del disciplinado es gravísima en la modalidad de dolo, teniendo en cuenta para ello, las pruebas recaudadas y lo previsto en el artículo 56-21 del Decreto 1797 de 2000, dada la posición que ocupaba el demandante, dentro de la jerarquía en la institución [Comandante del Distrito Militar Nº 59], por tanto estaba obligado a tener mayor diligencia, conocimiento y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que se trataba de un servidor público y que por mandato de la Constitución y la ley está compelido al cumplimiento de las órdenes de su superior, de suerte que estaba en la obligación de atender lo previsto en la ley para el trámite de expedición de la libreta militar de un ciudadano.

Ahora bien, existe falsa motivación cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad. La motivación de un acto administrativo implica que la manifestación de la administración tiene una causa, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable.

No obstante, conforme a lo analizado en capítulos precedentes, la administración cumplió con el deber de motivar los actos acusados, con la observancia del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales; por tanto, con la conducta desplegada por el capitán Plata Sepúlveda no sólo hubo omisión en atender el trámite previsto en la ley para la expedición de la libreta militar, sino porque actuó por fuera del ordenamiento jurídico al recibir dinero por dicho oficio y pretender que la conducta no existió por el hecho de haberla devuelto una vez se enteró de la queja presentada en su contra, conducta que lesionó el bien jurídico tutelado y, por tanto resultó antijurídica y dolosa, motivo por el cual se le impuso la sanción de destitución y la pérdida del derecho a concurrir a sitios de recreación de las Fuerzas Militares.

Por tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

De la acción penal y su correlación con la acción disciplinaria

De igual manera señala que no existe sentencia penal en que haya sido condenado por los mismos hechos, motivo por el cual no podía ser sancionado con destitución del cargo de capitán del Ejército Nacional.

La Sala no comparte la afirmación efectuada por el accionante, toda vez que el artículo 209 de la Constitución Política en materia disciplinaria, dispone que la potestad sancionadora de la administración pública se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios, en procura de asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

La Ley 734 de 2000 en el artículo 4º, establece el principio de legalidad, según el cual: “El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización”.

La Corte Constitucional sobre el particular, ha expresado lo siguiente:

“[...] El proceso penal y el disciplinario atienden a naturaleza, materia y finalidades diferentes. Así, mientras en el proceso penal el sujeto activo de la conducta puede ser toda persona considerada imputable, en el disciplinario el destinatario de la ley únicamente es el servidor público, aunque se encuentre retirado del servicio o el particular contemplado en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002; el trasgresor de la ley penal puede ser una persona indeterminada, al paso que el destinatario de la ley disciplinaria siempre será una persona subordinada a la administración pública o vinculada a ella; mientras en el proceso penal el legislador prevé distintos bienes jurídicos objeto de protección, en el disciplinario el único bien jurídico protegido está representado por la buena marcha de la administración, su eficiencia, su buen nombre, la moralidad pública, como también la eficacia y la honradez de la administración pública; además, mientras en el proceso penal la pena tiene una función de prevención general y especial, de retribución justa, de reinserción social y de protección al condenado, en el proceso disciplinario la sanción tiene una función preventiva y correctiva. En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en esta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación. [...]”.

Ahora bien conforme al ordenamiento jurídico y lo expresado por el Tribunal Constitucional, entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes teniendo en cuenta que: 1. Las dos se originan en la potestad sancionadora del Estado, por el desconocimiento de las normas que establecen conductas ilegales; 2. Buscan establecer la responsabilidad del imputado e imponer la sanción respectiva, y 3. Se agotan los procedimientos previamente establecidos por el legislador.

Sin embargo dicha coincidencia no es plena, pues la acción disciplinaria se produce:

1. Dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública;

2. Se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc.; y

3. Su finalidad es garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio de la institución.

De manera que tanto los procesos que la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y las oficinas de control disciplinario de las diferentes dependencias de la administración pública [en este caso del Ejército Nacional], inicien por los mismos hechos, puede dar lugar a decisiones de carácter independiente cuya responsabilidad puede ser fiscal, penal o disciplinaria.

En el presente caso, obra en el expediente el informe presentado por el capital Carlos Arturo Villegas Flores (fls. 3-4, cdno. 2) mediante el cual, pone en conocimiento de sus superiores las irregularidades que acontecieron en el Distrito Militar Nº 59 mientras el actor era el comandante, relacionadas con relación a la expedición de unas libretas militares de diferentes jóvenes, especialmente el caso del coronel ® Rojas a quien le exigió $ 1.900.000 para expedirle la libreta militar de su hijo.

Por los hechos materia de investigación los señores Epifanio y Rodrigo Cañón Gómez el 16 de mayo de 2003, presentaron denuncia por estafa contra el capitán Henry Junior Plata Sepúlveda, ante la Fiscalía Seccional de Soacha - Cundinamarca, radicación 1178 (fls. 6-8, cdno. 2).

El Juzgado Doce de Instrucción Penal Militar el 19 de abril de 2005, decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el capital Plata Sepúlveda, teniendo en cuenta que en su contra cursan otras tres investigaciones penales, y si bien dos se encuentran en la etapa de instrucción, de igual manera atentan contra la administración y la fe pública, razón por la que encuentra fundada la medida que toma (fls. 463-483, cdno. 2).

Dicha acción tenía por objeto establecer la comisión o no de un delito; el cual exige la verificación de tres elementos, como son: 1) la realización de una conducta que se tipifica como delito; 2) la vulneración de un bien jurídico tutelado o protegido; y 3) La culpabilidad, la cual requiere que el actuar que se reprocha se dé a título de dolo, culpa o preterintencional. Si no se llegan a dar esos términos, escapan del ámbito de competencia del ente acusador.

La anterior situación difiere del proceso disciplinario, pues en esta actuación se verifica el cumplimiento o no de la función pública por parte de los servidores públicos, que puede verse vulnerado no sólo por la intención que tenga el agente de realizar o dejar de hacer lo que le corresponde, sino sí: “Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

En el sub Iite según dan cuenta los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia [actos acusados] se demostró que el proceder del capitán Plata Sepúlveda fue a título de dolo, en detrimento de los intereses del Estado, al omitir cumplir sus deberes como capitán del Ejército Nacional de tramitar la expedición de la libreta militar de quienes la solicitaran en los términos establecidos en la ley, sin pretender obtener provecho alguno por ello, lo que le ocasionó perjuicios al Estado, como ya lo ha expresado en otras oportunidades el Consejo de Estado(6). En consecuencia el cargo tampoco prospera.

Conforme a las prueban obrantes en el expediente el demandante no pudo desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual fuerza concluir que en el sub lite se deben negar las pretensiones de la demanda, empero se inhibirá la Sala de efectuar pronunciamiento alguno respecto del Decreto 1524 de 5 de mayo de 2007, por tratarse de un acto administrativo de trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE inhibida la Sala para conocer de la nulidad del Decreto 1524 de 5 de mayo de 2007 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NIÉGANSE las súplicas de la demanda incoada por Henry Junior Plata Sepúlveda contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase.»

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 5 de julio de 2001, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

(4) Cf, entre otras sentencias C-430 de 1997, C-597 de 1996, C-150 de 1993.

(5) Sentencias, C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz; C-411/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes M.

(6) Sentencia de 21 de enero de 1999, M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora.