Sentencia 2011-00311/1176-2011 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicado: 11001-03-25-000-2011-00311-00

Número interno: 1176-2011

Demandante: Jaime Luis Mahecha Parada

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984

Tema: Sanción - Destitución e inhabilidad general de 3 años —leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006, Decreto 1798 de 2000—

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

El presente proceso que se tramita por el Decreto 01 de 1984, corresponde por competencia en única instancia al Consejo de Estado(11), pues esta corporación ha precisado que conoce privativamente de los asuntos en los cuales se controvierte una sanción disciplinaria consistente en la destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos, expedida por una autoridad nacional, como lo es la Policía Nacional.

2. Análisis de las excepciones.

La Policía Nacional planteó en la contestación de la demanda las excepciones, i) que la jurisdicción contenciosa administrativa no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias; y ii) que operó la cosa juzgada al estar ejecutoriada la segunda instancia, la cual confirmó la sanción impuesta al actor.

2.1. Control judicial.

Indica la parte demandada que al actor se le garantizaron los derechos al debido proceso y de defensa, es así, que se le investigó y sancionó por el funcionario competente, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, se le resolvió su situación en el proceso disciplinaria, siendo vencido en el juicio, por ende la jurisdicción contenciosa administrativa no se erige en una tercera instancia para revisar las decisiones atacadas, realizando una nueva valoración probatoria.

En cuanto a esta excepción, la Sala precisa que el Consejo de Estado, Sección Segunda(12) se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso disciplinario y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016(13), unificó el alcance de aquél, así:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

Conforme a esta línea jurisprudencial, se señala que la excepción propuesta no prospera, pues esta corporación tiene plena competencia para realizar un examen integral de los cargos formulados en la demanda.

2.2. Cosa juzgada.

La parte demandada presenta como excepción la figura de la cosa juzgada, en cuanto que el acto administrativo de segunda instancia proferido en la actuación disciplinaria seguida contra el demandante se encuentra debidamente ejecutoriado, por ende, no resulta viable discutir nuevamente la sanción impuesta al actor en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, desconociendo el principio del non bis in idem.

Al respecto, precisa la Sala que los actos sancionatorios proferidos por la Policía Nacional no hacen tránsito a cosa juzgada, en razón a que los mismos pueden ser revisados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Frente a este fenómeno procesal, destaca la Sala que la cosa juzgada en sede judicial está regulada en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos:

“ART. 175.—La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada.

(…)”.

Se resalta entonces que las decisiones que profieren los titulares de la potestad disciplinaria en las entidades públicas son de naturaleza administrativa, por consiguiente, sus efectos no son definitivos, correspondiendo el control de legalidad al juez administrativo cuya competencia es integral, tal como se consideró en la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 9 de agosto de 2016, así:

“Lo anterior significa que no escapa a esta órbita de control el juicio de legalidad y constitucionalidad de los actos de contenido disciplinario que profiere la administración pública. En efecto, las investigaciones disciplinarias adelantadas por los titulares de la acción disciplinaria, según lo indicado en el artículo segundo de la Ley 734, son de naturaleza administrativa. En consecuencia, las decisiones definitivas allí proferidas pueden ser impugnadas ante esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…)”(14).

Bajo este entendido, destaca la Sala que no puede entonces argumentarse cosa juzgada frente las decisiones adoptadas en sede administrativa por los operadores disciplinarios, como equivocadamente lo esgrime la entidad demandada, y la jurisdicción reitera la Sala, hace el estudio integral de legalidad de los actos impugnados de conformidad con lo expuestos en el concepto de violación en la demanda, sin que ello signifique que se le vaya a sancionar al actor dos veces por el mismo hecho, de ahí que no exista desconocimiento del principio de non bis in idem, por ende, se declararan no probadas las excepciones propuestas por la Policía Nacional.

3. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta el concepto de violación expuesto en la demanda, la Sala determinará si los actos administrativos demandados expedidos por la Policía Nacional, mediante los cuales se sancionó al actor en calidad de teniente coronel con destitución e inhabilidad general por el término de 3 años, al influir en sus subalternos a faltar a la verdad para realizar el diligenciamiento de los documentos correspondientes al pago de una recompensa de $ 10.000.000 a un informante que no existía, se encuentran viciados de nulidad por concurrir las causales de desviación de poder, falsa motivación y derecho al debido proceso.

Para el efecto, se establecerá si el proceso en primera instancia se adelantó por el competente, si el actor le dio la orden al teniente Oscar Landazábal González para presentar los documentos para pagar la recompensa y si configuró la caducidad que prevé el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala seguirá el siguiente esquema: 3.1 Actuación disciplinaria; y 3.2 Caso concreto.

3.1. Actuación disciplinaria.

En virtud de las funciones específicas(15) que desarrollan los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), los artículos 217(16) inciso tercero y 218(17) inciso segundo de la Constitución Política facultan al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de éstos.

Es así, que para la época de los hechos estaba vigente el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, contenido en el Decreto 1798 de 2000, norma que fue derogado por la Ley 1015 de 2006 que prevé el régimen disciplinario para la Policía Nacional, y en el artículo 58 prevé, que “[e]l procedimiento aplicable a los destinatarios de la presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo modifiquen o adicionen”.

Entonces, el artículo 20 del Decreto 1798 de 2000, establecía quienes son los destinatarios del régimen de disciplina y ética:

“El personal uniformado es destinatario de las normas de disciplina”.

Conforme a la anterior precisión normativa, el 23 de febrero de 2009, la inspección delegada especial de la dirección general, le formuló cargos al teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada por el siguiente comportamiento:

“al parecer el señor teniente coronel Mahecha, influyó en el TE. Oscar Edgardo Landazábal González, aprovechando su condición de oficial superior y jefe del grupo de monitoreo de la Policía de Carreteras, para que actuara suscribiendo una solicitud de pago de información, en la que debía plasmar unos hechos contrarios a la realidad, indicando que el operativo se había logrado gracias a la información suministrada por una fuente humana, cuando la incautación de los insumos obedecía a un caso de rutina, actuación que al parecer no tenía otra finalidad diferente que la de lograr que se girara la suma de diez millones de pesos a la cuenta del SI. Jairo Hernán García Sánchez, como en efecto sucedió, de donde podía ser reclamada por cualquier persona que manifestara ser el informante del caso, aprovechando que por seguridad así lo estipulaban las disposiciones que regulaban el procedimiento, donde ni siquiera se requería la identificación del informante y en el evento de que éste no quisiera firmar, bastaba la constancia del administrador de la fuente para certificar la entrega del dinero, por cuanto se percibe el presunto beneficio que indirectamente buscaba el teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada, a través de sus subalternos, el teniente Landazábal y el SI. Sánchez, quienes al parecer ya habían contribuido en solicitar y legalizar el dinero presuntamente faltando a la verdad y consignando hechos contrarios a la realidad y después de acceder a todos éstos trámites, muy seguramente irían a contribuir a retirarlo para obtener el beneficio económico, aprovechando la facilidad que daban las instrucciones para obtener el dinero después de que fuera girado”(18).

Mediante acto administrativo del 27 de julio de 2010, la inspección general de la Policía Nacional, declaró responsable entre otros, al teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada, por la falta gravísima cometida a título de dolo, y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 3 años para ejercer cargos públicos, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto 1798 de 2000(19).

A través de la providencia del 12 de octubre de 2010, el director general de la Policía Nacional, resolvió el recurso de apelación presentado, entre otros, por el apoderado del demandante, confirmando la decisión de primera instancia del 27 de julio de ese año(20).

3.2. Caso concreto.

En el presente asunto se estudia la legalidad de los actos administrativos proferidos por la Policía Nacional, mediante los cuales se sancionó al teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada, con destitución e inhabilidad general por el término de 3 años, al incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, norma aplicable al disciplinado en atención a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1798 de 2000(21), al influir el actor en sus subordinados faltando a la realidad para conseguir el diligenciamiento de los documentos correspondientes al pago de la recompensa de $ 10.000.000 a un informante que no existía.

La parte actora considera que las decisiones de primera y segunda instancia se encuentran viciadas de nulidad por incurrir en las causales de desviación de poder, falsa motivación y el desconocimiento al derecho al debido proceso, en consecuencia la Sala pasa a resolverlos.

Violación del derecho al debido proceso.

Caducidad prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

Señala la parte actora que se configura la caducidad respecto de las sanciones del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, sin explicar las razones del concepto de violación.

Sobre este aserto, indica la Sala, que el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, establece “[s]alvo disposición especial en contrario, la facultad que tiene las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

La facultad sancionadora que prevé la disposición referida para las autoridades administrativas se ha definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “un instrumento de autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye a la realización de sus cometidos”(22).

Es así, que no se puede confundir esta facultad sancionadora que gozan todas las autoridades, con la potestad disciplinaria cuyo titular es el Estado, teniendo como finalidad salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, imparcialidad, celeridad, eficacia y eficiencia en la función pública, de ahí que el legislador mediante el Código Disciplinario Único regule el procedimiento de la acción disciplinaria, entre ellas la figuras procesales de la caducidad y prescripción, y en el caso concreto para el personal uniformado de la Policía Nacional se aplicaba el reglamento de disciplina y ética, contenido en el Decreto 1798 de 2000 y en el artículo 32 se establecía el término de la prescripción de la acción en cinco (5) años, contados para las faltas instantáneas, desde el día de la consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.

En este orden de ideas, la caducidad de las sanciones que prevé el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, no es aplicable a los procesos disciplinarios que como se dijo tiene una norma propia pese a que hagan parte del ius puniendi del Estado, de ahí que para el caso del sub lite no se observa que se presentó la figura procesal de la prescripción, pues los hechos irregulares acaecieron en el mes de enero de 2006 y las decisiones de primera y segunda instancia se expidieron en julio y octubre de 2010, cuando aún no habían transcurrido los 5 años a que alude el artículo 32 del Decreto 1798 de 2000, este término igualmente se establece en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, norma aplicable por disposición del artículo 32 de la Ley 1015 de 2006, que dispone, [l]as causales de extinción de la acción disciplinaria, al igual que la prescripción de la acción y de la sanción, se regularán, por lo contemplado en la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”.

Competencia para investigar un oficial superior.

Agrega la parte actora que la competencia exclusiva para adelantar la investigación contra un oficial superior es del inspector general de la Policía Nacional, y al haber sido recusado el brigadier general Guillermo Aranda Leal, quien fue el denunciante y tenía enemistad con éste, debió reemplazarlo un oficial de mayor graduación que el impedido, sin embargo la evaluación de la investigación la signó el coronel Julio César García Vargas como inspector delegado especial en la dirección general, quien no tenía facultades para investigar oficiales superiores, ni estaba posesionado en el proceso de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 54 de la Ley 1015 de 2006.

Respecto a este aspecto de violación, la Sala indica que en el sub examine la Ley 1015 de 2006, entró en vigencia el 7 de mayo de 2006, y en cuanto a las competencias están reguladas en el “ART. 54.—Autoridades con atribuciones disciplinarias. Para ejercer la atribución disciplinaria se requiere ostentar grado de oficial en servicio directivo. Son autoridades con atribuciones disciplinarias para conocer e imponer sus sanciones previstas en esta ley, las siguientes:

“1. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

En segunda instancia de las decisiones proferidas por el inspector general.

2. INSPECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

En segunda instancia de las decisiones proferidas por los inspectores delegados.

En primera instancia de las faltas cometidas por:

a) Oficiales superiores; (…)”.

Conforme a esta disposición la primera instancia de las faltas cometidas por los oficiales superiores le compete investigar al inspector general de la Policía Nacional, y en el sub lite el teniente coronel, es un oficial superior de acuerdo con el artículo 6º del Decreto-Ley 1790 de 2000(23), norma vigente para la época de los hechos, y está acreditado en el proceso disciplinario que la decisión de primera instancia contra el demandante la profirió el inspector general de la Policía Nacional y la segunda el director general de la institución policial, lo que demuestra que los actos administrativos demandados se profirieron por las autoridades disciplinarias competentes establecidas por el legislador.

Por otra parte, está acreditado en el proceso disciplinario que con auto del 23 de febrero de 2009, el inspector delegado especial de la dirección general de la Policía Nacional, coronel Julio César García Vargas, evaluó el mérito de la investigación disciplinaria formulándole cargos al demandante(24), y esa situación procesal ocurrió porque en providencia del 16 de julio de 2007, el director general de la Policía Nacional, al resolver el impedimento planteado por el inspector general de la institución en auto del 20 de junio de esa anualidad(25), declaró fundado el impedimento y en consecuencia ordenó remitir las diligencias al despacho del inspector delegado especial de DIPON - inspección general(26).

Es así, que con fundamento en esta atribución disciplinaria otorgada por el director general de la Policía Nacional al inspector delegado especial de la dirección general, coronel Julio César García Vargas, y de acuerdo con el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1015 de 2006(27), este funcionario tenía competencia para evaluar el mérito de la investigación disciplinaria.

Ahora bien, no resulta procedente lo sostenido por el actor en cuanto que el reemplazo del impedido debía ser de un grado superior, es decir, de mayor general, cuando el artículo 87 de la Ley 734 de 2002, aplicable en el caso de sub examine por expresa disposición del artículo 58 de la Ley 1015 de 2006(28), establece que de aceptarse el impedimento por el superior, éste determinara a quien corresponde el conocimiento de las diligencias, en este sentido, en el auto del 16 de julio de 2007, el director general de la Policía Nacional, manifestó:

“Y que la Ley 1015 en su artículo 54 señal cuales son las autoridades con atribuciones disciplinarias para conocer e imponer las sanciones previstas en esa ley, esta instancia enviará las presentes diligencias al despacho del señor inspector delegado especial DIPON - inspección general, para que de conformidad con lo expuesto en el presente pronunciamiento avoque el conocimiento de la investigación disciplinaria”(29).

En ese orden de ideas, para la Sala no se afectó el derecho al debido proceso, pues la Policía Nacional respeto las competencias establecidas previamente por el legislador y remitió las diligencias a una dependencia que tenía legalmente la facultad disciplinaria, y una vez que se superó el hecho que llevó al impedimento, la decisión de primera instancia la profirió el inspector general de la Policía Nacional, de acuerdo con su competencia funcional.

Inhabilidad.

Sobre esta figura el actor no realizó ningún pronunciamiento en el concepto de violación, pero entiende la Sala que se refiere a que el inspector general de la Policía Nacional, brigadier general Guillermo Aranda Leal, previamente a ocupar el cargo de inspector, fue quien denunció los hechos por los que se le responsabilizó y sancionó al demandante, por lo que en consideración de éste actuó como quejoso y operador disciplinario.

Conforme se precisó anteriormente, de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, el competente para investigar y sancionar en primera instancia al actor era el inspector general de la Policía Nacional, empero el brigadier general Guillermo Aranda Leal al ocupar ese cargo se declaró impedido en auto del 20 de junio de 2007, al verse limitado para adelantar la investigación en contra del actor, y el director general de la Policía Nacional encontró fundado el impedimento apartándolo de la actuación procesal, por ende aquél no tomó ninguna decisión disciplinaria que afectara la transparencia e imparcialidad del proceso, por lo que no se presentó desconocimiento del derecho al debido proceso.

Falsa motivación y desviación de poder.

Sostiene el demandante que obran pruebas anteriores al operativo de captura de 4 personas e incautación de elementos para la fabricación de alucinógeno realizado el 11 de enero de 20006, que demuestran la existencia de una fuente humana que suministró la información del trasladó de un laboratorio de alcaloides entre los municipios del Timbío y Rosas; y que el subintendente Jairo Hernán García Sánchez confesó que fue el teniente Oscar Landazábal González el que ordenó preparar un informe de inteligencia con fecha anterior a los hechos, 11 de enero de 2006, todo por disposición del teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada.

Indica el actor que la decisión de segunda instancia desconoció que el teniente Oscar Landazábal González afirmó que el coronel Mahecha Parada no le dio ninguna orden solo una instrucción, en ese sentido se pronunció el mayor Carlos Alberto Salcedo Puentes. Agrega, que en la Policía Nacional no se aplica la obediencia debida y si fue una orden ilegítima la tuvo que poner en conocimiento de sus superiores.

Sobre estos aspectos que alega el actor, encuentra la Sala que la Policía Nacional se pronunció en las decisiones demandadas, así:

La inspección general de la Policía Nacional en la providencia de primera instancia del 27 de julio de 2010, manifestó:

“Argumentos que no son de recibo para el despacho habida consideración que el procedimiento policivo tantas veces referido no se originó por la participación de una fuente humana, sino bajo una actividad netamente policiva, por lo tanto no había lugar para que el teniente coronel Mahecha le hubiera impartido una orden a todas luces ilegal, al teniente Landazábal de realizar el procedimiento de solicitud para el pago de gastos reservados.

Máxime cuando está plenamente demostrado que efectivamente el teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada, valido de su condición de oficial superior de la Policía Nacional y su cargo de jefe de grupo de monitoreo de la Policía de Carreteras, influyó para que el teniente Oscar Edgardo Landazábal, diligenciara los documentos correspondientes para que se efectuara el pago de diez millones de pesos a un informante que realmente no participo durante el procedimiento policivo efectuado el 11 de enero de 2006, en el municipio Rosas-Cauca, en el que fueron capturadas cuatro personas a quienes se les incautó varios insumos que son utilizados comúnmente para el procesamiento de alcaloides.

Influencia que se dio cuando el teniente coronel Mahecha, le ordenó el 17 de enero de 2006 al teniente Landazábal que debía hacer la solicitud de los recursos para efectuar el pago al informante debiendo anexar todos los antecedentes que incluían el informe de inteligencia que el subintendente Jairo Hernán García Sánchez debía suscribir con fecha anterior al operativo, oficial (Mahecha) quien le ordeno al teniente Landazábal suscribir una solicitud de pago por información, en la que debía plasmar hechos contrarios a la realidad, indicando que el operativo se había logrado gracias a la información suministrada por una fuente humana (…).

Si bien es cierto el teniente Landazábal, no estaba obligado a cumplir dicha orden, no es menos evidente que este hecho no desliga de la responsabilidad disciplinaria que le asiste al teniente coronel Mahecha, recordemos que el Decreto 1798/00, establece en su artículo 25 Que la Orden es la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con la actividad institucional, orden que en el caso a todas luces insiste el despacho era ilegal (…) que si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible el subalterno no está en la obligación de obedecerla; en caso de hacerlo, la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta.

Máxime cuando el teniente coronel no tenía por qué ordenarle al teniente Landazábal, realizar el pluricitado trámite, pues es evidente que no había lugar a hacerlo, y es por ello que el teniente coronel Mahecha no puede alegar que su comportamiento estuvo única y exclusivamente encaminado en realizar el trámite de la solicitud para que se efectuara el pago de la recompensa (…).

Se suma el testimonio vertido por el subintendente Jairo Hernán García Sánchez quien manifestó que el 11 de enero de 2006, se presentó en el departamento del Cauca, la incautación de siete caminos en los cuales se trasportaba insumos y elementos utilizados para el procesamiento de coca, que el 17 de enero de 2006 el teniente Landazábal, le indico que debía realizar un informe de inteligencia con fecha anterior a lo ocurrido, en el que se indicara que la incautación de los elementos se había logrado gracias a la información suministrada por una fuente humana a lo cual respondió “¿Qué no había tal informante y para qué?, momento en el cual el teniente Landazábal le manifestó que eso había sido ordenado por el teniente coronel Mahecha motivo por el cual consideró que no había ningún problema y por eso elaboró el informe con fecha de 8 de enero de 2006, lo cual coincide con oficio sin número de fecha de 21 de abril de 2006 suscrito por el subintendente Jairo Hernán García Sánchez (…)”(30) (negrillas fuera del texto).

A su turno, en el acto administrativo del 12 de octubre de 2010 que resolvió el recurso de apelación del actor, el director general de la Policía Nacional sobre los aspectos objeto del concepto de violación, precisó:

“En razón a los argumentos expuestos por la defensa técnica del teniente coronel Mahecha, entra el despacho a realizar un análisis del testimonio del teniente Oscar Landazábal, que fue rendido bajo la gravedad de juramento en consideración a realizar acusaciones en contra del alto oficial.

Encontramos que el señor teniente Oscar Landazábal es un servidor público que goza de ciertas cualidades en razón a su función de garante constitucional y es conocedor de las repercusiones legales que implica el hecho de plasmar bajo la gravedad de juramento (fls. 147-141) una imputación en contra de otro ciudadano, que precisamente este otro oficial de la Policía Nacional, superior jerárquico, quien en sus momentos ocupaba un cargo importante dentro del tren administrativo de la organización y el manejo de los gastos reservados para la Policía de Carreteras.

Por ello el oficial Oscar Landazábal, estaba motivado por razones muy dicientes para afirmar desde mucho antes de haberse desatado un problema disciplinario que el señor teniente coronel Mahecha le había dado la orden de realizar todos los trámites correspondientes para ejecutar el pago de un informante que es claro no existió dentro del procedimiento policivo.

El testimonio del oficial, no puede rechazarse de plano tal y como lo pretende el disciplinado por precisamente emana de una persona que directamente estuvo inmersa en la elaboración de todos los documentos, soportes en razón a los cuales se produjo una erogación del erario público; entonces no se trata de un testimonio de oídas, como tampoco de una concepción errada de un oficial, ni mucho menos de un trámite fraguado por una persona que circunstancialmente se encontraba en calidad de comandante encargado de una estación de policía (...).

Por ello, contrario a lo expresado por la defensa, el argumento del oficial tiene un gran valor probatorio y es congruente con las afirmaciones descritas por el subintendente García Sánchez (fl. 135) y el mayor Carlos Alberto Salcedo (fls. 433-437), quienes coinciden en manifestar que el teniente Landazábal, les había expresado que la orden de realizar las gestiones necesarias para el pago del informante para ese caso en particular, emanó del señor teniente coronel Mahecha (…)

El disciplinado pretende hacer ver ahora el despacho que la orden emitida correspondió a un pronunciamiento abierto que dejo a la interpretación de sus subalternos; pero no obstante a ello se presentó ante el ordenador del gasto a gestionar un pago de un informante que nunca existió; situación de la que se infiere un interés del encartado en la gestión en realizar.

En cuento a lo expresado por el togado referente al temor reverencial, es lógico que todo subalterno guarde respeto y cierto grado de protocolo frente a sus superiores en razón a la jerarquía propia de la institución; encontrándonos frente a la existencia de circunstancias claras que incidieron en la voluntad del señor teniente Landazábal, pues entre él y el señor teniente coronel Mahecha, había intrínsecamente un temor reverencial naciendo de la jerarquía de este último, que sumado a su cargo y experiencia dentro del manejo de los gastos reservados lo colocaba en una posición ventajosa frente al teniente.

Por lo anterior es lógico que al emitir una orden de tal enmendadura el teniente en su condición de oficial subalterno se encuentre en la disyuntiva de cumplirla o no; no obstante de las repercusiones laborales o personales que una de las dos decisiones le pueda acarrear.

De otra parte las condiciones personales y profesionales del teniente coronel Mahecha, no pueden ser consideradas como una causal de exclusión de responsabilidad ni mucho menos predicarse que el disciplinado no ejecutó la conducta; pues en el expediente se analizan diversos factores de los cuales se concluyan lo contrario”(31).

Sentado lo anterior, para la Sala está acreditado que si bien existieron documentos anteriores a la realización del operativo policial del 11 de enero de 2006 que llevó a la captura de 4 personas e incautación de insumos para la fabricación de alucinógenos, ello se debió a la preparación de actos que realizaron el teniente y el subintendente para la obtención del pago de $ 10.000.000 a un informante que no existió. De ahí que las pruebas referidas por la Policía Nacional dan cuenta de manera expresa que el informe de inteligencia del 8 de enero de 2006 visto a folio 51 del cuaderno 3, fue realizado con posterioridad a esta fecha, tal como lo sostuvo el subintendente Jairo Hernán García Sánchez, y que fue traído a colación en la decisión de primera instancia como quedó establecido con la transcripción.

Así mismo, las consideraciones efectuadas por los operadores disciplinados demuestran fehacientemente que el actor incurrió en la falta gravísima reprochada influyendo en el teniente Oscar Edgardo Landazábal González en la realización de la solicitud de 17 de enero de 2006 para obtener el pago de recursos reservados a un informante que no existió, dinero que fue consignado en la cuenta bancaria del subintendente Jairo Hernán García Sánchez, conforme éste lo manifestó en el oficio de 21 de abril de 2006 dirigido al brigadier general Guillermo Aranda Leal, “[e]l día 16 de febrero revise mi cuenta y se encontraba consignadas en ella la suma de diez millones de pesos, motivo por el cual informe a mis jefes inmediatos señor mayor Salcedo Puentes Carlos Alberto y el señor teniente Oscar Landazábal, los cuales me dieron la orden de dejar ese dinero en mi cuenta mientras recibíamos instrucciones de Bogotá”(32).

En este orden de ideas, precisa la Sala, que si bien en la Fuerza Pública es necesario el cumplimiento de órdenes para mantener la estructura jerarquizada en la institución, una orden abiertamente ilegal no puede ser acatada por el subalterno y, en ese sentido se expresó el operador disciplinario en primera y segunda instancia, responsabilizando disciplinariamente al oficial superior que emitió la orden y al inferior que la ejecutó o cumplió.

En consecuencia, la obediencia debida no es erige como una causal de exclusión de responsabilidad para los miembros de la Fuerza Pública - Policía Nacional, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional en la Sentencia C-578 de 1995:

“La obediencia ciega, como causal de exoneración, no se admite cuando el contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la ejecuta. La legislación y la jurisprudencia comparada, por lo general, admiten el deber de obediencia cuando el subordinado se encuentra simplemente ante la duda sobre la licitud del contenido de la orden”(33).

Como corolario de lo expuesto, para la Sala no concurren las causales de desviación de poder y falsa motivación, al estar acreditado que la Policía Nacional orientó la investigación y sanción disciplinaria del demandante a las finalidades de la potestad disciplinaria, esto es, al cumplimiento de los cometidos estatales y al ejercicio correspondiente de las funciones públicas, que para los miembros de la Policía Nacional se traduce en proteger los derechos, libertades públicas, asegurar los bienes de los particulares y del Estado, y los actos administrativos se fundaron en las situaciones fácticas reales que le llevaron la certeza a las autoridades disciplinarias de la realización de la falta gravísima reprochada al teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada.

III. Decisión

De conformidad con lo anterior, para la Sala está probado que el teniente coronel Jaime Luis Mahecha Parada incurrió en la falta disciplinaria gravísima que le señalaron en el auto de evaluación de la investigación disciplinaria del 23 de febrero de 2009, y los actos administrativos demandados no se encuentran viciados de nulidad por las causales alegadas por la parte actora, en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Jaime Luis Mahecha Parada contra la Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

No hay lugar a condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11 Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre competencia en materia disciplinaria, determinando que acorde con las providencias del 12 de octubre de 2006. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, número interno 799-2006; 27 de marzo de 2009. M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1985-2006; y 4 de agosto de 2010. M.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1203-2010, esta corporación en única instancia no solo conocía de las sanciones disciplinarias administrativas de destitución, sino también las de suspensión en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provengan de autoridades del orden nacional.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014), Rad. 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12), actor: Víctor Virgilio Valle Tapia, demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11.

15 “La índole de las funciones específicas que están llamados a ejecutar estos cuerpos armados, es lo que determina la configuración de faltas propias de un régimen especial y las sanciones que se les pueden imponer. Sobre la naturaleza y funciones específicas que el régimen constitucional colombiano adscribe a la Policía Nacional, el artículo 218 de la Carta define la institución como, “Un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Precepto que debe ser complementado con el contenido del artículo 2º de la Carta que establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, bienes, honra, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Sentencia C-819 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.

16 “ART. 217.—La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.

17 “ART. 218.—La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

18 Folios 1178 y 1179 del cuaderno 5.

19 Folios 1354 al 1422 del cuaderno 6.

20 Folios 1463 al 1504 del cuaderno 6.

21 “Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen falta disciplinaria la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las leyes y en los diferentes actos administrativos.

22 Sentencia C-875 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

23 Artículo 6º son b) Oficiales superiores 1. Coronel, 2. Teniente coronel y 3. Mayor.

24 Folios 1178 y 1179 del cuaderno 5.

25 Folios 603 al 605 del cuaderno 3.

26 Folios 611 al 614 del cuaderno 3.

27 Los inspectores delegados tienen atribuciones disciplinarias para investigar y sancionar.

28 El procedimiento aplicable a los destinatarios de la presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo modifiquen o adicionen.

29 Folio 613 del cuaderno 3.

30 Folios 1366, 1367 y 1377 del cuaderno 6.

31 Folios 1490, 1491 y 1496 del cuaderno 6.

32 Folios 76 y 77 del cuaderno 1.

33 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.