Sentencia 2011-00315 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000201100315 01 (19664)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: departamento de Cundinamarca

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Asunto: Proceso de cobro por jurisdicción coactiva

Bogotá D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se decide si son nulas las resoluciones 3666 del 3 de diciembre de 2010 y 428 del 24 de febrero de 2011, por medio de las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público declaró no probadas las excepciones de falta de título ejecutivo, falta de ejecutoria del mismo e interposición de demandas de restablecimiento del derecho, propuestas contra la Resolución 2720 del 16 de septiembre de 2010, por medio de la cual libró mandamiento de pago contra la Beneficencia de Cundinamarca, solidariamente con el departamento de Cundinamarca.

Así pues, la Sala debe determinar si procede alguna de las excepciones propuestas, que fueron decididas en los actos administrativos demandados.

Falta de título ejecutivo y falta de ejecutoria

El proyecto de Ley 296 de 2005 - Cámara, que se convirtió en la Ley 1066 de 2006, pretendía “brindar un marco legal para que los servidores públicos que tengan a su cargo el manejo y recaudo de créditos a favor del tesoro público puedan gestionarlo eficientemente, definir los principios y las reglas básicas de la función de recaudo y establecer mecanismos para flexibilizar y mejorar esta función”(15).

Por su parte, el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, dispone:

“ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 5º del Decreto 4473 de 2006, por el cual se reglamentó la Ley 1066 de 2006, dispone:

“ART. 5º—Procedimiento aplicable. Las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicarán en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el estatuto tributario nacional o el de las normas a que este estatuto remita.

De la normativa se concluye que el legislador unificó el procedimiento que deben seguir las autoridades administrativas investidas de jurisdicción coactiva, precisando que se rige por las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario.

Así pues, el proceso que debe aplicar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la recuperación de la cartera de sus deudores es el procedimiento administrativo coactivo, establecido en el artículo 823 del Estatuto Tributario(16).

Por su parte, el artículo 826 ibídem, dispone:

“ART. 826.—Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.

PAR.—El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor”.

Según la disposición legal transcrita, el mandamiento de pago lo expide el funcionario competente para exigir el cobro coactivo de las obligaciones pendientes, y podrá contener más de un título ejecutivo.

Por título ejecutivo se entiende el documento en que consta una obligación clara, expresa y exigible.

Una obligación es clara cuando contiene todos los elementos de la relación jurídica, esto es, los sujetos de la obligación, el concepto y la naturaleza de la deuda; es expresa porque contiene una suma líquida de dinero a cobrar, debidamente determinada y expresada en un valor exacto; y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición.

De conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo, en el procedimiento administrativo de cobro coactivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Por otra parte, en cuanto a las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo, el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, establece:

“ART. 68.—Definición de las obligaciones a favor del estado que prestan merito ejecutivo. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que practiquen los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, o las liquidaciones privadas que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en los que su presentación sea obligatoria.

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

6. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor” (resalta la Sala).

En concordancia con las normas anteriores, el artículo 831del Estatuto Tributario, establece:

“ART. 831.—Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

1. El pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de ejecutoria del título.

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

6. La prescripción de la acción de cobro, y

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

PAR.—Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasación del monto de la deuda”.

De las disposiciones anteriores se evidencia que contra el mandamiento de pago proceden, entre otras, las excepciones de falta de título ejecutivo, falta de ejecutoria del título ejecutivo e interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, según el artículo 27 del Código Civil, “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

El artículo 28 del mismo código determina que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su sentido legal”.

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo la claridad de las normas antes transcritas, puede decirse que prestan mérito ejecutivo las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

En ese contexto no es válido afirmar, como lo hace el departamento de Cundinamarca, que solo prestan mérito ejecutivo las sentencias de condena.

En el caso concreto, el 15 de mayo de 2008, la Corte Constitucional profirió la Sentencia de unificación SU-484, notificada a las entidades involucradas el 10 de junio de 2008, en la que amparó los derechos fundamentales de los ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, en los siguientes términos:

“(...) 6. DECLARAR que de las obligaciones surgidas a partir del 15 de junio de 2005 por los conceptos que a continuación se señalarán, es deudora la Beneficencia de Cundinamarca:

6.1. De los aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social de la Fundación San Juan de Dios

6.2. De los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones por servicios prestados al Instituto Materno Infantil.

7. Con el fin de atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación del pago del pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación , causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993; de conformidad con el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 en concordancia con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 715 de 2001, DECLARAR que hasta el 31 de diciembre de 1993 el pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación por servicios prestados a la Fundación San Juan de Dios es responsabilidad de la Nación.

8. OTORGAR un plazo de tres (3) meses, contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la parte resolutiva de esta providencia, señalada en el ordinal vigésimo tercero (23), en el cual pueden, si lo tienen a bien, la Nación - el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, redistribuir los porcentajes en que han de asumir las obligaciones señaladas en la presente sentencia. En el evento de que no se logre un acuerdo de redistribución en el plazo de tres (3) meses, se mantendrá la distribución aquí hecha.

9. El pago a los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, de las pensiones causadas, de los salarios, de las prestaciones sociales diferentes a pensiones, de los descansos y de las indemnizaciones; se hará en un plazo máximo de un (1) año. Este plazo se contará a partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la parte resolutiva de esta providencia, señalada en el ordinal vigésimo tercero (23).

10. El pago adeudado por la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, por concepto de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social y otras obligaciones atinentes a la financiación del pago de las pensiones, se hará en un plazo máximo de cinco (5) años. El pago señalado se realizará en no menos de una quinta parte cada año. Este plazo se contará a partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la parte resolutiva de esta providencia, señalada en el ordinal vigésimo tercero (23)”.

Asimismo, determinó que:

“(...)

11. ORDENAR que en relación con el pago por concepto de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social, que incluye el pasivo pensional y respecto de todas las obligaciones mencionadas en el numeral décimo, de la Fundación San Juan de Dios que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, causado entre el primero (1º) de enero de 1994 y el 14 de junio de 2005, deben concurrir:

1. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un porcentaje del cincuenta por ciento (50 %).

2. Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del veinticinco por ciento (25%).

3. La Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el departamento de Cundinamarca en un porcentaje del veinticinco por ciento (25 %).

12. ORDENAR que en relación con el pago de los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones, de la Fundación San Juan de Dios, mencionados en el numeral noveno causados hasta el 29 de octubre de 2001, en relación con el Hospital San Juan de Dios y los causados hasta el 14 de junio de 2005, en relación con el Instituto Materno Infantil, deben concurrir:

1. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un porcentaje del treinta y cuatro por ciento (34 %).

2. Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %).

3. La Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el departamento de Cundinamarca en un porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %).

13. Con el fin de evitar problemas de iliquidez, el responsable del pago y en consecuencia de los desembolsos, frente a los trabajadores, para cancelar en los plazos señalados en los ordinales noveno (9º) y décimo (10º) las obligaciones relacionadas por concepto del pasivo pensional, los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones, es la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de que este pueda repetir, compensar o deducir en las proporciones aquí fijadas o que se fijen, conforme a esta sentencia de las transferencias, regalías o participaciones, contra Bogotá Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.

14. En el evento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, no lleguen a un acuerdo —el cual no implica responsabilidad patrimonial— o no estén de acuerdo con la distribución hecha por la Corte Constitucional, podrán acudir ante el juez competente (jurisdicción de lo contencioso administrativo) para definir las relaciones entre ellos y la respectiva responsabilidad patrimonial por sus actos, hechos, omisiones, operaciones, etc.; la Corte Constitucional habilita un término de dos (2) años, para iniciar las acciones legales —contados a partir del vencimiento del año (1) señalado en el ordinal noveno (9º).

Si alguno de los obligados hace uso de la anterior facultad, ni la demanda ni el desarrollo del proceso judicial, impiden que se cumpla esta sentencia. (...)”.

Como se evidencia, la Corte Constitucional, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de los ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, impuso a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Bogotá Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

De la misma forma estableció como responsable del pago y, en consecuencia, de los desembolsos frente a los trabajadores, a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público e indicó que este podía repetir, compensar o deducir de las transferencias, regalías o participaciones, contra Bogotá Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.

Así pues, la sentencia referida presta mérito ejecutivo pues cumple con los requisitos señalados en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, porque en esta consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, y se encuentra en firme.

En cuanto a las resoluciones 5950 del 17 de diciembre de 2008, 6389 del 30 de diciembre de 2008 y 2082 del 30 de julio de 2009 y sus modificatorias, proferidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, advierte la Sala que se trata de actos de ejecución, expedidos para dar cumplimiento a la Sentencia SU-484 de 2008 de la Corte Constitucional, que se limitan a dar cumplimiento a una orden judicial y, por ende, no entrañan una decisión autónoma que ponga fin a una actuación administrativa.

Los actos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de ejecución y solamente tendrán control jurisdiccional si suprimen o cambian lo ordenado por la providencia judicial, por cuanto ello implicaría una nueva decisión y no la mera ejecución(17).

En ese orden, los actos de ejecución proferidos por el ministerio demandado, expresan las sumas a pagar a cada uno de los ex trabajadores y los porcentajes en que deben concurrir los entes responsables así:

“Resolución 5950 del 17 de diciembre de 2008

Por la cual se da cumplimiento a la Sentencia SU-484 de 2008 de la Corte Constitucional, en lo que se refiere al mínimo vital correspondiente a los salarios de los ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios.

(...)

RESUELVE:

ART. 1º—Ordenar el pago, en los términos y condiciones establecidas por la Corte Constitucional en Sentencia SU-484 de 2008, de los valores correspondientes que equivalen al valor neto total por concepto de salarios adeudados a los siguientes ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios:

(...) ART. 7º—En firme esta providencia, se remitirá copia de ella y de la sentencia que se cumple, al Grupo de Cobro Coactivo y Representación Jurídica de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que adelante el cobro de la respectivas entidades concurrentes, de los porcentajes señalados en la sentencia, sobre los valores efectivamente pagados por medio de la presente resolución, de la siguiente manera:

a) El 33% de las sumas pagadas por concepto de salarios adeudados hasta el 29 de octubre de 2001 en relación con el Hospital San Juan de Dios, al Distrito Capital de Bogotá.

b) El 33% de las sumas pagadas por concepto de salarios adeudados hasta el 29 de octubre de 2001 en relación con el Hospital San Juan de Dios, a la Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el departamento de Cundinamarca.

(...)”

“Resolución 6389 del 30 de diciembre de 2008

Por la cual se da cumplimiento a la Sentencia SU-484 de 2008 de la Corte Constitucional, adicionando unos beneficiarios de salarios constitutivos del mínimo vital, correspondientes a ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios

(...)

RESUELVE:

ART. 1º—Ordenar el pago, en los términos y condiciones establecidas por la Corte Constitucional en Sentencia SU-484 de 2008, de los valores correspondientes que equivalen al valor neto total por concepto de salarios adeudados a los siguientes ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios:

(...) ART. 7º—En firme esta providencia, se remitirá copia de ella y de la sentencia que se cumple, al Grupo de Cobro Coactivo y Representación Jurídica de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que adelante el cobro de la respectivas entidades concurrentes, de los porcentajes señalados en la Sentencia, sobre los valores efectivamente pagados por medio de la presente resolución, de la siguiente manera:

a) El treinta y tres por ciento (33%) de las sumas pagadas por concepto de salarios adeudados hasta el 29 de octubre de 2001 en relación con el Hospital San Juan de Dios, al Distrito Capital de Bogotá.

b) El treinta y tres por ciento (33%) de las sumas pagadas por concepto de salarios adeudados hasta el 29 de octubre de 2001 en relación con el Hospital San Juan de Dios, a la Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el departamento de Cundinamarca.

(...)”

“Resolución 2082 del 30 de julio de 2009

Por la cual se ordena el pago de prestaciones sociales diferentes a pensiones de ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios.

(...)

RESUELVE:

ART. 1º—Ordenar el pago, en los términos y condiciones establecidas por la Corte Constitucional en Sentencia SU-484 de 2008, de los valores correspondientes que equivalen al valor neto total por concepto de prestaciones sociales diferentes a pensiones de ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios adeudadas a novecientos doce (912) ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios, por un valor neto a pagar de siete mil setecientos treinta millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos noventa y nueve pesos con noventa centavos ($ 7.730.867.399,90) moneda legal colombiana.

(...) ART. 5º—En firme esta providencia, se remitirá copia de ella y de la sentencia que se cumple, al Grupo de Cobro Coactivo y Representación Jurídica de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que adelante el cobro de la respectivas entidades concurrentes, de los porcentajes señalados en la sentencia, sobre los valores efectivamente pagados por medio de la presente resolución, de la siguiente manera:

a) El treinta y tres por ciento (33%) de las sumas pagadas por concepto de prestaciones sociales diferentes a pensiones de ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios, al Distrito Capital de Bogotá.

b) El treinta y tres por ciento (33%) de las sumas pagadas por concepto de prestaciones sociales diferentes a pensiones de ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios, a la Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el departamento de Cundinamarca.

(...)”

Lo anterior, evidencia que las resoluciones dieron cumplimiento a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación, respecto de las obligaciones laborales de los ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios y los porcentajes correspondientes a cada una de las entidades concurrentes.

Afirma el actor que el Ministerio de Hacienda no notificó los actos de ejecución; al respecto la Sala precisa:

La notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros interesados las decisiones proferidas por la administración pública. La notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de defensa y contradicción y, en especial, que se evite que los administrados puedan ser enjuiciados sin ser oídos.

La ley condiciona los efectos de una decisión que pone término a un trámite administrativo a su notificación. Así, pues, mientras no se surta la notificación, la actuación carece de efectos jurídicos respecto del administrado, es decir, es ineficaz.

Visible en el folio 64 del cuaderno de antecedentes, evidencia la Sala una constancia de ejecutoria, en la que se lee lo siguiente:

“La Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hace constar que las resoluciones que se relacionan a continuación se comunicaron a través de la red de correos de Colombia el día 25 de marzo de 2010, a los representantes legales de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Beneficencia de Cundinamarca.

ResoluciónResolución modificatoria
5950 del 17/12/2008
Por la cual se da cumplimiento a la sentencia SU 484 de 2008 de la Corte Constitucional, en lo que se refiere al mínimo vital correspondiente a los salarios de los ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios
306 -10/02/2009
619 -13/03/2009
2617-18/09/2009
3487-07/12/2009
3794 -30/12/2009
575 -05/03/2010
598 -09/03/2010
2082 de 30/07/2009
“Por la cual se ordena el pago de prestaciones sociales diferentes a pensiones”.
2222-14/08/2009
2320 -24/08/2009
3487 -07/12/2009
3794 -30/12/2009
575 -05/03/2010
598 -09/03/2010
6389 de 30/12/2008
Por la cual se da cumplimiento a la Sentencia SU 484 de 2008 de la Corte Constitucional, adicionando unos beneficiarios de salarios constitutivos del mínimo vital, correspondiente a ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios
619 -13/03/2009
575-05/30/2010

Contra dichos actos administrativos no procede recurso alguno, toda vez que se trata de actos de ejecución, en virtud de ello quedaron debidamente ejecutoriados desde el día 25 de marzo de 2010, conforme a lo establecido en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.

Igualmente se hace constar que hasta la fecha no se ha aportado constancia sobre el pago del valor de las obligaciones señaladas en dichas resoluciones.

Dada en Bogotá, a los 15 días del mes de abril de 2010 (...)”

De conformidad con lo anterior, las resoluciones de ejecución de la Sentencia SU- 484 de 2008 fueron comunicadas a las entidades obligadas a pagar los salarios, prestaciones sociales y pensiones a los ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil.

En tal virtud, las resoluciones 5950 del 17 de diciembre de 2008, 6389 del 30 de diciembre de 2008 y 2082 del 30 de julio de 2009 y sus modificatorias, son actos de ejecución de la orden dada en la sentencia de la Corte, que si creó una situación jurídica a cargo de los entes antes citados, la de pagar las sumas correspondientes a los salarios, prestaciones y pensiones de los ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios. Contra estos actos no procede recurso alguno porque no constituyen un verdadero acto administrativo, definidor de una situación jurídica al demandante.

No sobra reiterar que la Sentencia SU 484, tantas veces aludida, fue notificada el 10 de junio de 2008, como se observa en el folio 4 del cuaderno de antecedentes y en esta se ordenó al Ministerio de Hacienda, pagar el monto que le correspondía al Distrito Capital, al departamento de Cundinamarca y a la Beneficencia de Cundinamarca, y repetir contra los mismos para recuperar lo pagado.

En las resoluciones 5959, 6389 y 2082 se especificaron las respectivas sumas que pagó a los ex trabajadores en cumplimiento de la orden.

Por lo expuesto, la Sala concluye que el título ejecutivo a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo conforma la Sentencia SU-484 de 2008 y las resoluciones 5950 del 17 de diciembre de 2008, 6389 del 30 de diciembre de 2008 y 2082 del 30 de julio de 2009 y sus modificatorias.

Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que la Corte Constitucional, en el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió la acción de tutela presentada por la Beneficencia de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público(18), precisó:

“(...) 7. Finalmente, en punto a la duda que le genera a la entidad el título ejecutivo emanado de la Sentencia SU-484 de 2008 del cual tiene reservas por no contener una obligación clara, expresa y exigible, baste con señalar que tanto la sentencia de la Corte SU- 484 de 2008 como los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Hacienda junto con el mandamiento de pago, constituyen claramente un título ejecutivo complejo que no deja dudas de la exigibilidad de la obligación, al tenor de lo dispuesto en los artículos 62, 66 y 68 del Código Contencioso Administrativo y del 828 del Estatuto Tributario, y por ello tampoco este argumento constituye un cargo contra el proceder de la entidad accionada, amén de que las objeciones frente al título ejecutivo también constituyen motivos para excepcionar dentro del proceso de cobro coactivo (...)”.

En consecuencia, carecen de asidero jurídico las excepciones de falta de título ejecutivo y falta de ejecutoria, presentadas por el departamento de Cundinamarca contra la Resolución 2720 del 16 de septiembre de 2010 por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público libró el mandamiento de pago.

La interposición de demandas

El artículo 831 del Estatuto Tributario, antes aludido, establece como excepción contra el mandamiento de pago, la de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Esta excepción, que tiene como finalidad suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se demuestra con la admisión de la demanda pues es, en ese momento, que se tiene certeza de que la misma reúne los requisitos de ley para ser conocida por el juez.

Advierte la Sala que la única controversia que podía originarse entre las partes es la relacionada con el porcentaje asignado, por cuando así lo precisó la sentencia de unificación, pero mientras esta no se suscite, el ministerio puede cobrar las sumas pagadas a nombre del departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, mediante el proceso de jurisdicción coactiva.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-484 de 2008, determinó que en el evento de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca no lleguen a un acuerdo —lo cual no implica responsabilidad patrimonial— o no convengan con la distribución hecha por la Corte, podrán acudir ante el juez competente (jurisdicción de lo contencioso administrativo) para definir las relaciones entre ellos y la respectiva responsabilidad patrimonial por sus actos, hechos, omisiones, operaciones, etc.; la Corte Constitucional habilitó un término de dos (2) años, para iniciar las acciones legales —contados a partir del vencimiento del año (1) señalado en el ordinal noveno (9º).

En ese orden, el demandante tenía dos años contados desde el vencimiento del año para iniciar las acciones legales, el cual a su vez se contabilizaba a partir del día quinto de la notificación del fallo, plazos que comenzaron a correr desde el 10 de junio de 2008.

De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, se tiene que la excepción no está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que para la fecha en que fueron resueltas las excepciones, el actor no había presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asimismo, advierte la Sala que como no se trata de actos administrativos definitivos sino de una sentencia de unificación, esta excepción no es aplicable porque esas providencias no son sujeto de control jurisdiccional.

Respecto de los memoriales presentados el 12 de septiembre y el 1º de octubre de 2012, en los que informa que la Resolución 2720 del 16 de septiembre de 2010, por medio de la cual se libró el mandamiento de pago, fue modificada en varias oportunidades con otras resoluciones que fueron comunicadas mas no notificadas y que, por lo tanto, el mandamiento de pago no se encontraba en firme cuando fue notificado al departamento de Cundinamarca, el 14 de octubre de 2010, precisa la Sala que este no fue un tema planteado en la vía administrativa ni en la demanda.

En relación con el argumento del departamento respecto a que no tiene la condición de deudor solidario de la Beneficencia de Cundinamarca, advierte la Sala que la obligación y la naturaleza de la misma fueron determinadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-484 de 2008, razón por la que no se pueden alegar hechos y argumentación relacionadas con la obligación.

En este orden de ideas, la Sala concluye que los actos administrativos demandados se profirieron de acuerdo con la ley; por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 25 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el departamento de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(15) Comunicado de Prensa - 013 de 2005 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(16) ART. 823.—Procedimiento administrativo coactivo. Para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos siguientes.

(17) Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 5 de marzo de 2009.

(18) Sentencia T-480 de 2011.