Sentencia 2011-00334 de agosto 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 110010325000201100334 00

Nº Interno 1280-2011

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: César Alberto López Malangón

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., catorce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos como se encuentran los presupuestos procesales, y en cuanto no se observa ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar sentencia de mérito en el siguiente orden.

Cuestiones previas

1. La resolución acusada.

A continuación se transcribe el texto atinente a la norma demanda, subrayando lo acusado.

“Resolución 1933

(17 de junio de 2010)

Por la cual se decide en segunda instancia una reclamación por presunta desmejora laboral, interpuesta por servidores docentes vinculados con el servicio educativo estatal administrado por la entidad territorial certificada de Bogotá D.C.

La Comisión Nacional del Servicio Civil,

En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 760 de 2005, y teniendo en cuenta las siguientes

Consideraciones:

1. Antecedentes.

1.1. Mediante la Resolución 4052 de 11 de diciembre de 2002 y la Resolución 3227 del 31 de octubre de 2003, la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., dispuso la incorporación como coordinadores, de algunos servidores con derechos de carrera docente y nombramiento en propiedad en el empleo denominado director. La identificación del directivo docente y el acto de incorporación se precisan en el cuadro siguiente

Nombre servidor docente Cédula ciudadanía Resolución
Blanca Nieves Ospina Ovalle20643761Resolución 4052 /11/12/2002
Ruth Yamile Hernández Montoya38258617Resolución 4052 /11/12/2002
Aura María Estupiñán41715608Resolución 3227 /31/10/2003
Jairo Milton Canter Rico317985Resolución 4052 /11/12/2002
Orlando Ríos Antolinez19179397Resolución 4052 /11/12/2002
Martha Janeth Arias Cortés35456904Resolución 4052 /11/12/2002
Héctor Benigno Garavito Torres19222730Resolución 4052 /11/12/2002
Pedro Iván Calderón Castaño19247280Resolución 4052 /11/12/2002
Lidia Sofía Bermúdez Ramírez51645776Resolución 4052 /11/12/2002
Julio César Pérez Rozo19349192Resolución 4052 /11/12/2002
Ana Virginia Rodríguez Salinas41629205Resolución 4052 /11/12/2002
Gloria Marina Rodríguez de Guio241145531Resolución 4052 /11/12/2002
Maria del Carmen Velázquez41550275Resolución 4052 /11/12/2002
Marbel Cala Rodríguez5157513Resolución 4052 /11/12/2002
Víctor Hugo Galindo Buitrago11374238Resolución 4052 /11/12/2002
Esther Real Real41570493Resolución 4052 /11/12/2002
Marleny Amanda Sarmiento Mancipe41716431Resolución 4052 /11/12/2002
Virginia Nader de Mayorga20938866Resolución 4052 /11/12/2002
María del Carmen Murcia41652981Resolución 4052 /11/12/2002
Nohora Judith Aldana Acero41566073Resolución 4052 /11/12/2002
Myriam Gloria Guevara Salazar41500780Resolución 4052 /11/12/2002
Edelmira Rojas de Niño23581612Resolución 3227 /31/10/2003
María Amparo Ramos41460193Resolución 4052 /11/12/2002
Héctor Manuel Rodríguez Díaz19332739Resolución 4052 /11/12/2002

 

1.2. Posteriormente la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., estableció a incorporación de los servidores docentes antes referidos, en el empleo de directivo docente - coordinador de la planta de personal docente perteneciente al servicio educativo estatal administrado por el Distrito Capital, por medio de la Resolución 2225 del 2 de julio de 2004.

1.3. La comisión de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., asumió conocimiento, en primera instancia, de la reclamación por desmejora laboral interpuesta por los servidores docentes en mención. Entre las pretensiones de la reclamación se destacan las siguientes:

“1. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría de Educación del Distrito Capital que se reconozca la homologación de nuestros cargos de directivo docente directores al de directivo docente rectores, en virtud del mandato del artículo 129 de la Ley 115 de 1994 que modificó los cargos directivos de que trata el artículo 32 del Estatuto Docente Decreto 2277 de 1979, y que se aplica en nuestro caso porque a nosotros nos rige este estatuto.

2. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría de Educación del Distrito Capital que se realice la incorporación de nuestros cargos homologados como directivos docentes rectores a la planta de cargos de directivos, docentes y administrativos de las instituciones oficiales del Distrito Capital financiado con recursos del sistema general de participaciones”.

1.4. La comisión de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., en sesión celebrada el 24 de marzo de 2010, luego de relatar a rasgos generales y sucintos el asunto objeto de reclamación, decidió a través del Acuerdo 003:

“Que en la planta de personal se encontraban vacantes los cargos denominados directivo docente rector, los cuales se encontraban provistos por encargo al momento de entrar en vigencia el Decreto 3020 de 2002.

[…].

Que conforma al análisis de requisitos y funciones de los empleos, estos, directivo director y directivo docente rector son equivalentes; y que según la verificación de las condiciones laborales al momento de la incorporación, es decir quienes teniendo condiciones para ejercer el cargo se encontraban en la condición de encargados para el 2 de julio de 2004 —fecha de incorporación— vistas las certificaciones de la oficina de personal, las reclamaciones presentadas deberían resolverse favorablemente, para quienes reúnan estas condiciones.

Que no obstante resolver favorablemente las reclamaciones, en razón a que implica disponer de empleos incluidos en la OPEC para la cual existe una lista de elegibles publicada, respecto de la cual la comisión de personal no tiene posibilidad de adoptar ninguna decisión, en razón a que su definición requiere necesariamente la decisión y ejercicio de competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, razones estas por las cuales la decisión que adopta la comisión de personal será negativa”.

1.5. La anterior decisión fue notificada a los interesados, el día 25 de marzo de 2010.

1.6. A través de escrito presentado el día 30 de marzo de 2010 con Radicación 11033 de la CNSC, los referidos servidores reclamantes, impugnaron la decisión adoptada por la comisión de personal, para que de la reclamación por presunta desmejora laboral conociera en segunda instancia la CNSC. Como motivos de impugnación se propuso los siguientes:

“… nuestra petición no atenta contra la actual convocatoria para el cargo de rector establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil toda vez que se realizó para 60 cargos de rector en Bogotá, existiendo a la fecha más de 88 cargos de rector en vacancia definitiva, lo cual permite concluir que nuestros 24 cargos de rector que veníamos ejerciendo no altera el número de cargos convocados aunque pueda generar algún ruido por parte de quienes hoy tienen una expectativa legítima de ser elegibles en firma para su participación en una convocatoria de audiencia pública.

Pero ante esta expectativa legítima de los elegibles, nosotros contraponemos un derecho legítimo ya adquirido para ser reincorporados como rectores de instituciones educativas del Distrito Capital; esto nos motiva aún más a reclamar nuestros derechos y sustentar nuestro recurso de apelación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

1.7. El despacho sustanciador efectuó requerimientos de información con los oficios 11548 del 30 de abril de 2010 y 15598 del 9 de junio del mismo año, buscando obtener suficientes elementos demostrativos sobre el trámite en primera instancia, la oportunidad de la impugnación, la situación de vinculación laboral de los servidores reclamantes su perfil ocupacional y empleo respecto del que adquirieron nombramiento en propiedad y derechos de carrera docente.

1.8. Mediante certificación laboral remitida por el responsable de la unidad de personal, se pudo establecer que los servidores reclamantes, antes de su última incorporación, ostentaban derechos de carrera y nombramiento en propiedad en el empleo denominado director del servicio educativo oficial de la entidad certificada de Bogotá, D. C. Adicionalmente, se deja constancia de que las funciones asignadas en el empleo de director fueron las establecidas en el Decreto 144 de 1963 hasta el 7 de febrero de 1994, y que a partir de ésta última fecha, las funciones eran las previstas en el Decreto 1860 de 1994. El acto administrativo de nombramiento y el nombre del servidor se escriben a continuación

Nombre servidor docente Nombramiento Empleo
Blanca Nieves Ospina OvalleDecreto 548 /23/08/1996Director
Ruth Yamile Hernández MontoyaDecreto 223 /16/05/1990Director
Aura María EstupiñánDecreto 415 /16/04/1986Director
Jairo Milton Canter RicoDecreto 651 /11/06/1986Director
Orlando Ríos AntolinezDecreto 662 /22/10/1996Director
Martha Janeth Arias CortésDecreto 117 /04/03/1994Director
Héctor Benigno Garavito TorresDecreto 117 /04/03/1994Director
Pedro Iván Calderón CastañoDecreto 117 /04/03/1994Director
Lidia Sofía Bermúdez RamírezDecreto 223 /16/05/1990Director
Julio César Pérez RozoDecreto 117 /04/03/1994Director
Ana Virginia Rodríguez SalinasDecreto 117 /04/03/1994Director
Gloria Marina Rodríguez de GuíoDecreto 117 /04/03/1994Director
Maria del Carmen VelázquezDecreto 548 /23/08/1996Director
Marbel Cala RodríguezDecreto 223 /16/05/1990Director
Víctor Hugo Galindo BuitragoDecreto 012 /12/01/1996Director
Esther Real RealDecreto 3811 /30/11/1999Director
Marleny Amanda Sarmiento MancipeDecreto 548 /23/08/1996Director
Virginia Nader de MayorgaDecreto 117 /04/03/1994Director
María del Carmen MurciaDecreto 560 /25/09/1995Director
Nohora Judith Aldana AceroDecreto 548 /23/08/1996Director
Myriam Gloria Guevara SalazarDecreto 651 /11/06/1986Director
Edelmira Rojas de NiñoDecreto 3811 /30/11/1999Director
María Amparo RamosDecreto 117 /04/03/1994Director
Héctor Manuel Rodríguez DíazDecreto 560 /25/09/1995Director

 

1.9. Al momento de efectuar el estudio de la presente reclamación, todos los servidores docentes arriba en mención, se encuentran promovidos laboralmente mediante encargo en empleos de rector del servicio educativo estatal administrado por el Distrito Capital. Situación que es certificada por el jefe de la oficina de personal en el reporte de novedades de la historia laboral.

2. Marco jurídico y competencia.

La Comisión Nacional del Servicio Civil —CNSC— en virtud de las facultades asignadas por los artículos 125 y 130 de la Constitución Política tiene a su cargo ejercer funciones como máximo organismo en la administración, vigilancia y control del sistema general de carrera y de los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa de origen legal.

La Ley 909 de 2004, en el artículo 16 numeral 2º, literal e), establece como una de las funciones a cargo de las comisiones de personal la de “Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos”. En virtud de esta competencia, es procedente que el titular de un empleo público acuda mediante una reclamación laboral ante la comisión de personal para que se pronuncie frente a una circunstancia de presunto desmejoramiento arbitrario en las condiciones ocupacionales.

Una vez proferido y conocido el acto administrativo que resuelve la actuación iniciada con ocasión de la reclamación, el funcionario de carrera interesado cuenta con la posibilidad jurídica de cuestionar el pronunciamiento de la comisión de personal, si se considera insatisfecho con este, valiéndose del recurso de apelación o reclamación en segunda instancia ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En el marco de las competencias funcionales de administración, vigilancia y control sobre los sistemas de carrera administrativa asignadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la misma Ley 909 establece en el literal d, del artículo 12 que esta entidad resolverá en segunda instancia la reclamaciones sometidas a su conocimiento en relación con los asuntos del empleo público de carrera. Por este motivo, el recurso de apelación que sea elevado contra la decisión tomada por la comisión de personal se encuentra incluido como uno de los trámites y actuaciones que corresponden a la CNSC, el cual cursará siempre y cuando se agoten todos los requisitos de forma y oportunidad estipulados por las normas legales y reglamentarias especiales y generales para los procesos administrativos de competencia de esta comisión.

3. Consideraciones frente a la reclamación en segunda instancia.

Revisado él escrito de presentación de la reclamación en segunda instancia mediante recurso de apelación, la CNSC encuentra que reúnen todos los requisitos de forma y oportunidad de que tratan los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, procediendo en consecuencia a analizar la corrección o no de la decisión sustantiva tomada por la comisión de personal de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, confrontándola con los motivos de inconformidad alegados por los reclamantes.

3.1. El fenómeno de la desmejora laboral.

La desmejora laboral se configura cuando se ven afectados de manera arbitraria, caprichosa e ilegítima alguno de los elementos constitutivos de modo, tiempo y lugar de la relación laboral en el sector púbico, debido a una decisión dispuesta por la autoridad nominadora, luego de adoptar medidas de movilidad laboral, mientras el servidor público con derechos de carrera desempeña un empleo público y siéndole exigido el ejercicio del mismo pero con la variación de las condiciones ocupacionales. Así, la desmejora laboral puede quedar evidente por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Modificación de las competencias laborales exigidas originalmente para acceder al respectivo empleo público, que requieran del servidor la aplicación de conocimientos, saberes o técnicas de una disciplina academia no relacionada con él perfil ocupacional acreditado;

b) Variación del contenido funcional de empleo púbico que se ocupa definitivamente, de tal manera que las nuevas actividades y funciones públicas resultan no equivalentes o si devienen en impropias para el perfil ocupacional demostrado para acceder inicialmente al servicio público.

c) Asignación de funciones y actividades que no guardan conexidad con el contenido funcional del empleo sobre el que se han adquirido derechos de carrera.

d) Disminución cuantitativa de la asignación básica mensual o remuneración fija para un servidor de carrera y su empleo público.

e) Cambo definitivo y desmedido de la ubicación geográfica donde el servidor de carrera debe comparecer a desempeñar sus funciones públicas.

f) Modificación injustificada o ilegítima de jornada laboral ordinaria sin que responda a la satisfacción de necesidades del servicio en la entidad estatal respectiva.

Cualquiera de estas circunstancias deriva en una desmejora laboral si causa un perjuicio determinable al servidor público frente a las expectativas de desempeño laboral consolidadas mientras se ocupa permanentemente un empleo de carrera.

3.2. Modificación de las condiciones laborales en el servicio educativo oficial del Distrito Capital. El fenómeno jurídico promotor del cambio de la situación de vinculación laboral para los reclamantes, deriva de la introducción normativa de un criterio organizador del servicio educativo estatal en las entidades certificadas para administrarlo. Este criterio fue establecido en el artículo 9º de la Ley 715 de 2001, que dice:

‘Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.

Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.

Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su programa educativo institucional.

Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales’.

Esta nueva estructura del establecimiento educativo, consagró un deber ineludible de reorganización administrativa e institucional del servicio educativo oficial en el Distrito Capital, que se reflejó a su vez en una modificación de la composición laboral de su planta de personal de docentes y directivos docentes. Proceso administrativo que sólo reviste interés para la CNSC en cuanto resulte en una situación de movilidad laboral y modificación de las condiciones de desempeño para los servidores públicos con derechos de carrera docente.

La primera de las acciones de movilidad laboral atribuible a la autoridad nominadora, es evidente con la Resolución 4052 de 11 de diciembre de 2002, y la adición establecida con la Resolución 3227 del 31 de octubre de 2003, mediante las cuales se dispuso la incorporación de todos los actuales reclamantes en empleo de directivos docentes - coordinadores sin solución de continuidad respecto de sus anteriores vinculaciones laborales con el servicio educativo estatal. Con esta actuación se modificó radicalmente los elementos cualitativos de la relación laboral y las expectativas legítimas de desempeño laboral permanente que venían constituidas para cada uno de los reclamantes, pues desde este momento su derecho de estabilidad laboral y acceso definitivo se daría sobe un empleo de carrera docente que, dentro de la nueva tipología del rango directivo, exige el ejercicio de responsabilidades, actividades y roles ocupacionales disímiles respecto de aquellos que conformaban el contenido funcional de su empleo original como directores de escuela.

Adicionalmente resulta particularmente cuestionable una de las consideraciones que motivaron el anterior acto administrativo, dado que sume en la incertidumbre a los servidores docentes allí comprendidos al condicionar la efectividad de la reorganización en la planta de cargos docentes en el Distrito Capital a una situación futura e incierta. El texto referido es el siguiente:

‘Que el Alcalde Mayor expidió el Decreto 364 del 26 de agosto de 2002, por el que modificó la planta global de cargos directivos docentes, trasformando 133 cargos de directivos docentes —directores en 127 cargos de directivos docentes coordinadores y con el Decreto 409 del 25 de septiembre del presente año trasformó 297 cargos directivos docentes— directores en 284 cargos de directivos docentes coordinadores, aclarando que por Decreto 432 del 16 de octubre de 2002, en el sentido de indicar que regirá a partir de la fecha en que entre en vigencia la reglamentación que expida el gobierno en lo relativo a la organización de la planta global de cargos de los establecimientos educativos estatales…’.

Esta circunstancia naturalmente incide en la certidumbre que puedan tener los servidores docentes acerca de lo definitivo o transitorio de la modificación de sus condiciones de desempeño laboral y la designación en el nuevo empleo de carrera docente. Incertidumbre que se acentúa para aquellos servidores directivos docentes que recibieron la titularidad de encargos en empleos de rectores, acto seguido de su designación como directivos docentes coordinadores, tal y como en el resumen de novedades en la historia laboral remitido por el jefe o responsable de la unidad de personal de la Secretaría de Educación Distrital.

El segundo episodio relevante en la actuación administrativa desplegada por la autoridad nominadora, respecto de la movilidad laboral de los reclamantes, se presenta con la Resolución 2225 del 2 de julio de 2004, a través de la cual, los ahora reclamantes nuevamente son incorporados en el empleo de coordinador de la planta de personal en el servicio educativo estatal del Distrito Capital. Aquí la estructura de la planta de cargos es la adoptada luego de la reorganización administrativa configurada a partir del artículo 9º de la Ley 715 de 2001.

En este orden de ideas, fue hasta el 2 julio de 2004 que se consolidó la modificación de las condiciones laborales de los servidores que tenían derechos de carrera y nombramiento en propiedad originalmente en empleos de directores de escuela. Situación que exige el análisis de los factores laborales del cargo sobre el que actualmente sostienen designación permanente cada uno de los reclamantes, para determinar si se configuró alguna de las situaciones de desmejora laboral.

Al respecto, el inciso 4º del artículo 60 del Decreto 1278 de 2002, prevé el propósito principal y ámbito natural de desempeño del cargo de director, precisando expresamente que ‘El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas’.

Esta definición ofrece los rasgos principales del rol ocupacional atribuible al coordinador, entre los que se puede identificar: a) Presta actividades de apoyo y colaboración al superior jerárquico, quién es el rector, b) Tiene un papel de asistencia en el control relacionado con la conducta de los alumnos vinculados con la institución educativa, c) Contribuye, bajo la dirección del rector, en la adecuada prestación de servicio académico y curricular no electivo.

Comparados los componentes funcionales de los empleos objeto de estudio, esto es, director de escuela y coordinador, es posible concluir que en este factor no son equivalentes. Primero, porque los procesos educativos asociados al empleo de coordinador tienen responsabilidades laborales diferentes a las asignadas anteriormente al director de escuela, resultando en que ahora los reclamantes han dejado de ser la más alta autoridad administrativa, académica, institucional y disciplinaria al interior de la institución educativa distrital. Segundo, en su calidad de coordinadores vienen a estar relegados de las funciones de diseño, planeación, dirección y formulación de los programas, planes y estrategias académicas que permiten la adecuada prestación del servicio educativo en la institución educativa distrital, Así mismo, pierden la representación institucional ante la comunidad escolar y ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Educación Distrital.

Razones que permiten concluir la configuración de una situación de desmejora laboral, derivada de una actuación de movilidad laboral por parte de la autoridad nominadora, en la que se cambia de manera abrupta el ámbito funcional de desempeño que debe ser asumido por los directivos docentes y sin que las actuales actividades laborales guarden relación de equivalencia con las del empleo sobre que han adquirido derechos de carrera y nombramiento en propiedad.

En la actual tipología del nivel directivo docente, establecida en el artículo 6º del Decreto-Ley 1278 de 2002, el empleo de rector es el que comparte las mismas características ocupacionales con el de director de establecimiento, máxime si desde el Decreto 1860 de 1994, la Secretaría de Educación de Distrito Capital viene asignándole las funciones establecidas para los rectores, como consta en las certificaciones allegadas por el jefe de la oficina de personal.

Frente al cumplimiento de las competencias laborales exigidas para desempeñar el empleo de rector, según lo establece el artículo 7º del Decreto 3982 de 2006, es satisfecha con la figura de incorporación automática; la que procede por darse la revinculación en un empleo igual tal y como está previsto en el artículo 87 de Decreto 1227 de 2005, al decir: “Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que conformaban la planta anterior solamente en su denominación, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que se les exija requisitos superiores para su desempeño”…

Las claras condiciones que se desprenden del artículo son: a) cuando la similitud entre los empleos comparados es íntima o no distinguible, los demás requisitos no son relevantes para obstaculizar la permanencia del servidor en la nueva planta de personal, y; b) tratándose de competencias laborales, no es necesario efectúa análisis adicionales pues legalmente se presume su aptitud para desempeñar los nuevos empleos.

3.3. Oportunidad del trámite administrativo y decisión de la reclamación por desmejora laboral.

Si bien algunos de los hechos objeto de estudio, se perfeccionaron antes de entrar en vigencia la Ley 909 de 2004, la situación de desmejora laboral extiende sus efectos en el tiempo hasta el momento actual, quedando comprendida por dicho régimen jurídico.

Como lo certifica la Secretaría de Educación Distrital, los servidores reclamantes vienen desempeñando mediante encargo el empleo de rector al momento de emitir éste pronunciamiento, por lo que su situación real de vinculación estaría conforme a las expectativas legítimas de desempeño. Sin embargo, la naturaleza de este tipo de vinculación laboral es tan solo transitoria y no otorga ninguna prerrogativa de permanencia en el empleo docente respectivo.

Por otra parte, el perjuicio de la desmejora laboral se concreta cuando la Secretaría de Educación Distrital se presta a proveer los empleos de rector haciendo uso de la lista de elegibles conformada con la Resolución 258 del 24 de febrero 2010 (modificada por la Res. 1766 de mayo 11/2010), dentro del proceso de selección laboral adelantado mediante a Convocatoria 062 de 2009 para el servicio educativo oficial administrado por Bogotá, D. C.; aunque conforme el artículo 37 de la Ley 715 de 2001, prevalece la oportunidad de acceso permanente en los empleos de carrera docente vacantes definitivamente para los servidores docentes por nombramiento en propiedad y derechos de carrera docente.

Aunque el régimen jurídico propio del sistema específico de carrera docente no contempla un orden de prioridad o prevalencia entre mecanismos de provisión definitiva de empleos de carrera, la Ley 909 de 2004 en el numeral 2º del artículo 3º tiene previsto un instrumento de complementariedad e integración entre los regímenes normativos de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa y el sistema general de carrera, que consiste en la aplicación supletoria de este cuándo en alguno de aquellos se presenten vacíos e insuficiencias normativas. Así, aunque en el régimen legal del sistema de carrera docente no esté previsto expresamente el orden de aplicación de los mecanismos de provisión definitiva de los empleos docentes y directivos docentes, el sistema general sí tiene plenamente establecido la oportunidad para que dichos mecanismos operen.

Al surgir la vacancia definitiva de un empleo de carrera administrativa, debe verificarse si alguno de los mecanismos dispuestos en el artículo 7º del Decreto 1227 de 2005 puede aplicarse para proveer permanentemente dicho cargo, y solo luego de que se agote ese estudio tendría ocasión alguna de las figuras de provisión transitoria, por un término inicial hasta de seis (6) meses o por el tiempo necesario mientras se adelanta el proceso de selección laboral mediante concurso de méritos para nombrar en período de prueba y en orden mérito al aspirante que integre la respectiva lista de elegibles, hasta que se logré la designación definitiva, tal y como lo estipula el literal b) artículo 13 del Decreto 1278 de 2002.

El sistema carrera administrativa tiene dispuesto que frente a la presencia de empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva, en alguna de las entidades del Estado sujetas a dicho régimen legal, incluyendo la carrera docente, deben operar los mecanismos de provisión definitiva que permitan designar permanentemente en el respectivo cargo a un servidor público que reúna las condiciones para desempeñarlo. A este propósito, en el artículo 7º del Decreto 1227 de 2005 se establece el orden de prioridad en que operan los mecanismos de provisión definitiva, así:

“7.1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

7.2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

7.3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

7.4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente para el cargo y para la entidad respectiva.

7.5. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente, resultado de un concurso general.

7.6. Con la persona que haga parte del banco de lista de elegibles, de acuerdo con el reglamento que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

Al referirse el numeral 3º a la reincorporación, debe entenderse que se refiere al derecho de continuidad que asiste a los servidores con derechos de carrera a quienes les fue suprimido el empleo que desempeñaban con vocación de permanencia. Este derecho tiene manifestación en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 que protege a los empleados públicos de carrera administrativa brindándoles un fuero de estabilidad frene a las distintas situaciones administrativas que resultan en la supresión de su cargo, al establecer que “tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal”, o a elegir entre la reincorporación y la indemnización, cuando no sea factible la incorporación.

Partiendo de la disposición legal antes mencionada, es posible afirmar que el numeral 30 del artículo 7º del Decreto 760 de 2005 comprende los mecanismos para conseguir la revinculación de los servidores con derechos de carrera administrativa retirados del servicio por la supresión de empleo que desempeñaban: la incorporación y la reincorporación incluso, ostentando prelación en su definición la incorporación sobra la reincorporación.

En el presente caso, los reclamantes disfrutan de una prerrogativa para que la autoridad nominadora subsane una situación que afecta el desempeño laboral y los incorpore en alguna de las vacantes de empleo de carrera docente que resulta equivalente funcionalmente y en el contenido de las competencias laborales. Incorporación que es prioritaria como mecanismo de acceso y provisión definitiva de las vacantes en el servicio educativo estatal, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley 715 de 2001, cuando dice que:

‘La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del sistema general de participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo’.

En virtud de todo lo expuesto, se ordenará al Secretario de Educación de Distrito Capital que tome las medidas administrativas necesarias como autoridad nominadora para superar la situación de desmejora laboral, y disponga la designación de los reclamantes en las vacantes definitivas del empleo de carrera docente denominado rector como forma de incorporación regular en la planta de personal de servicio educativo oficial de Distrito Capital.

Por las consideraciones precedentes, la Comisión Nacional de Servicio Civil en sesión llevada a cabo el día 17 de junio de 2010,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión adoptada por la Comisión de Personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., en el Acuerdo 003 del 24 de marzo de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar al Secretario de Educación de Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, designar mediante incorporación a los servidores reclamantes en las vacantes del empleo de rector, presentes en el servicio educativo oficial que administra la entidad certificada de Bogotá, D. C. La identificación de los servidores docentes sujetos de protección se precisa a continuación:

Nombre servidor docente Cédula ciudadanía
Blanca Nieves Ospina Ovalle20643761
Ruth Yamile Hernández Montoya38258617
Aura María Estupiñán41715608
Jairo Milton Canter Rico317985
Orlando Ríos Antolinez19179397
Martha Janeth Arias Cortés35456904
Héctor Benigno Garavito Torres19222730
Pedro Iván Calderón Castaño19247280
Lidia Sofía Bermúdez Ramírez51645776
Julio César Pérez Rozo19349192
Ana Virginia Rodríguez Salinas41629205
Gloria Marina Rodríguez de Guío241145531
María del Carmen Velázquez41550275
Marbel Cala Rodríguez5157513
Víctor Hugo Galindo Buitrago11374238
Esther Real Real41570493
Marleny Amanda Sarmiento Mancipe41716431
Virginia Nader de Mayorga20938866
María del Carmen Murcia41652981
Nohora Judith Aldana Acero41566073
Miryam Gloria Guevara Salazar41500780
Edelmira Rojas de Niño23581612
María Amparo Ramos41460193
Héctor Manuel Rodríguez Díaz19332739

 

ARTÍCULO TERCERO. Notificar esta resolución al Secretario de Educación del Distrito Capital o quien haga sus veces y a los servidores reclamantes, mediante citación enviada a la Avenida El Dorado Nº 66-63 y a la Calle 25 Nº 35-39, Bloque B2, apto. 1008 en la ciudad de Bogotá, D. C., respectivamente.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en vía gubernativa.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2010.

Fridole Ballen Duque

Presidente”

2. La acción ejercitada.

Al analizar el libelo introductorio, la Sala observa una dualidad en las pretensiones que es necesario dilucidar, en la medida en que, como de tiempo atrás lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es la condición de general o particular que ostenta el acto demandado la que determina la naturaleza de la acción, sino la finalidad de las pretensiones del actor.

Es bien sabido que el propósito de la acción de nulidad es restablecer el orden jurídico abstracto, que se aduce vulnerado con los actos administrativos acusados, siempre que en el proceso se demuestre que se infringieron normas de superior jerarquía que debían ser acatadas por las de rango inferior que le estaban subordinadas, o que se configure uno de los motivos señalados en la norma que, en interés general, consagraba la acción referida en el artículo 84 del Decreto 1º de 1984 así:

“… Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

‘Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

‘También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”(1).

Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho demandaba la protección, o el reconocimiento, de una situación jurídica individual, esto es de un interés concreto, en tanto pretendía la declaratoria de nulidad de actos que habían sido expedidos por las autoridades administrativas, con desconocimiento de normas que amparaban derechos subjetivos de los particulares.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho estaba consagrada en el Decreto 1º de 1984, así:

“… ART. 85.—Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”(2) (subrayas y negrillas fuera del texto).

En este orden de ideas y de conformidad con las normas transcritas, es claro que el actor intentó la acción de nulidad, pero de manera indirecta ejerció el restablecimiento del derecho, es más pidió nulidad y revocatoria directa del Acto Administrativo demandado (fl. 14 escrito de la demanda cd. inicial).

En este contexto el actor dice ejercer la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 1 de 1984, sin embargo, además de la nulidad de la Resolución 1933 de 2010 de junio 17, solicitó el restablecimiento del derecho (ibíd.), que considera surge al integrar la lista de elegibles del concurso de méritos para proveer empleos de directivos docentes - rector de instituciones educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación del Distrito Capital de Bogotá, en donde el demandante ocupó la posición número 90.

Las pretensiones referidas están insertas en la demanda, que la libelista denomina “Declaraciones y condenas”, pese a lo cual solicita la nulidad contemplada en el artículo 84 del estatuto procesal contencioso administrativo (fl. 14).

Por tanto, del contenido de las pretensiones de la demanda, queda claro que el actor incurre en una serie de imprecisiones, pues si intentaba la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción estaba caducada, debido a que la Resolución demandada es del 17 de junio de 2010 y la demanda se presentó el 8 de marzo de 2011 (fl. 21 vto.), razón por la cual resulta evidente que transcurrieron más de los cuatro (4) meses que señalaba el numeral 2º del artículo 136 del Decreto 1º de 1984, para intentar la acción referida.

Sin embargo, en virtud del principio pro actione consagrado en el artículo 25 de la Convención americana de derechos humanos como protección judicial, y, teniendo en cuenta que se ejerció la acción de nulidad como en efecto se admitió, no existe obstáculo que impida analizar los cargos formulados en la demanda, previo el estudio de las excepciones propuestas, por cuanto en el caso de prosperar, impedirían efectuar un pronunciamiento de mérito.

3. Las excepciones propuestas por la parte accionada.

Corresponde a la Sala en esta etapa procesal pronunciarse en relación con las excepciones planteadas por la parte demandada, por cuanto en el caso de prosperar, impedirían efectuar un pronunciamiento de mérito.

— Inepta demanda: La Comisión Nacional del Servicio Civil propuso la excepción de inepta demanda y señaló, que el actor solicitó la nulidad de la Resolución 1933 de 17 de junio de 2010 y también que se ordene a la entidad demandada que proceda a la revocatoria directa del acto administrativo acusado, cuando estas pretensiones no pueden acumularse por ser excluyentes.

En efecto la revocatoria directa se realiza respecto de un acto administrativo por quien lo profirió o su superior jerárquico en los casos señalados en la ley, de manera que se ejerce cuando en el acto respecto del cual se solicita la Revocatoria se hubiere incurrido en violación de la Constitución y la Ley o se hubiere proferido agravio injustificado a una persona.

En tanto que la acción de nulidad pretende que la jurisdicción contenciosa declare la ilegalidad de un acto administrativo acusado ante aquella, cuando se configura una de las causales señaladas por el legislador para ese efecto, esto es cuando se establezca de manera contundente que se procedió al dictar ese acto administrativo acusado con absoluta falta de competencia, o con violación de una norma superior de obligatorio cumplimiento, entre otras.

Ello significa entonces que si de manera simultánea se impetra la declaración de nulidad del acto administrativo que se acusa y al mismo tiempo se solicita la revocatoria directa, el demandante incurrió en una contradicción por ejercer una acción de naturaleza jurisdiccional y una solicitud de carácter administrativo, razón por la cual ha de desestimarse la pretensión del actor relacionada con la solicitud de revocatoria directa, sin que esto constituya una causal de inepta demanda.

— Excepción de “los actos administrativos en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Comisión Nacional del Servicio Civil”, esta excepción no ataca la procedencia de la acción incoada, por su naturaleza y finalidad habrá de resolverse con el fondo del asunto, por cuanto tiene que ver con las pretensiones de la demanda.

Problema jurídico

Consiste en resolver si tal como lo afirma el actor la Resolución 1933 de junio de 2010 demandada vulnera los artículos 2º, 6º, 25, 29 y 125 de la Constitución, por cuanto 24 directivos docentes nombrados como rectores a través de este acto administrativos no se encuentran en el concurso de méritos, a diferencia del actor que superó las etapas del concurso previstas en el artículo 4º del Acuerdo 034 de 2009.

Análisis de la Sala

La carrera administrativa

Conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos sobre la carrera administrativa(3), el Constituyente del 91, siguiendo el derrotero trazado en la reforma plebiscitaria de 1957, acogió el mérito como el criterio imperante para el acceso al servicio público, buscando mantener con ello un sistema efectivo de nombramiento y provisión de cargos que permitiera no solo cumplir con los fines y programas de la organización del Estado, sino también garantizar objetivos básicos de dicha organización como la moral administrativa, la imparcialidad política de los funcionarios, la igualdad de oportunidades para los aspirantes a los empleos públicos y la estabilidad en el servicio.

En esa orientación, acorde con los principios llamados a desarrollar la función administrativa (C.P., art. 209), el artículo 125 de la actual Carta Política consagra, como regla general, que los empleos en todos los órganos y entidades del Estado deben proveerse mediante el sistema de carrera, precisando a su vez que a la carrera se accede a través del concurso público de méritos y que es competencia del legislador la determinación del régimen jurídico correspondiente, debiendo fijar el sistema de nombramiento, los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, así como también las causales de retiro del servicio oficial.

A título de excepción, la disposición constitucional citada excluye del régimen de carrera los empleos “de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”; en este último caso, previendo una causal exceptiva abierta que le otorga al Congreso la facultad para determinar qué otros empleos, además de los previstos en la norma superior citada, se rigen por un sistema distinto al de carrera administrativa.

Sobre dicha facultad, la hermenéutica constitucional ha dejado sentado que la misma es de interpretación restrictiva, en cuanto no es posible que por esa vía se desnaturalice la regla general de que los empleos en los órganos y entidades del Estado deben proveerse por el sistema de carrera. Para la Corte, la competencia otorgada al legislador en ese campo no puede entrar en contradicción con la esencia misma del sistema de carrera, ni tampoco generar un efecto contrario al querido por el Constituyente del 91.

Así, aun cuando al tenor de la Constitución se pueden desarrollar excepciones al principio general de la carrera administrativa, por disposición del mismo texto superior debe mantenerse como una prioridad dicho régimen, por ser este el que mejor interpreta el principio del merecimiento como determinante del ingreso, permanencia, promoción y retiro de los cargos públicos. En este sentido, la cobertura del sistema de carrera se extiende de tal forma que en caso de existir empleos cuyo sistema de provisión no haya sido establecido por la Carta o definido por la ley en forma razonable y justificada, es necesario acudir a la regla general, es decir, al concurso público de méritos para la provisión de cargos en el servicio estatal(4).

Refiriéndose al régimen de carrera, la Corte Constitucional ha sosteniendo que su institucionalización e implementación, en los términos previstos por la Constitución Política y salvo las excepciones ya señaladas, busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las leyes han confiado a las entidades del Estado(5), responsabilidades que exigen, para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional”(6).

Competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil

El artículo 130 de la Carta señaló que “habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Al respecto, en sentencia proferida por esta misma Sección(7) en mayo 12 de 2011 Nº interno 1103 -2009, se dijo que:

“(…)

“La Ley 909 de 2004(8) señaló en su artículo 1º, que su objeto es la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos reguladores de la gerencia pública y señala que los empleos de carrera, los de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y temporales hacen parte de la función pública. En su artículo 3º describe en forma taxativa sus destinatarios.

Así pues, en su artículo 7º definió la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la siguiente manera:

‘ART. 7º—Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad’.

De igual modo, en su artículo 30 estableció la competencia para adelantar los concursos, así:

‘ART. 30.—Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos.

Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual esté ubicada la entidad para la cual se realiza el concurso.

La comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los concursos a las universidades públicas y privadas y a las instituciones de educación superior que lo soliciten y demuestren su competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de selección de personal, así como capacidad logística para el desarrollo de concursos. El procedimiento de acreditación será definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos determinados por la citada Comisión…”.

Igualmente, en Sentencia C-1265 de 2005 la Corte Constitucional señaló la facultad de la Comisión Nacional del Servicio Civil para impartir órdenes de instrucción para el adecuado funcionamiento de la carrera administrativa y explicó que es el órgano competente para la vigilancia sobre la aplicación de los preceptos que regulan la carrera administrativa, al respecto señaló:

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la Carta Política, el legislador separó las funciones que la comisión ejerce para administrar la carrera administrativa (L. 909/2004, art. 11), de aquellas que le corresponden como órgano encargado de vigilar la aplicación de las normas relacionadas con el ingreso, ascenso y retiro de la función pública (art. 12 de la misma ley). Precisamente, las disposiciones atacadas hacen parte del artículo 12, es decir, están referidas a las atribuciones otorgadas a la comisión para ejercer su poder de vigilancia, función esta que implica una modalidad de control, es decir, indica el poder de hacer cumplir sus normas a efectos de permitírsele poder cumplir con sus funciones, para lo cual requiere de cierta autoridad coercitiva, pues de otra manera, la función de vigilancia asignada mediante el artículo 130 superior, podría quedar en el simple enunciado.

3.3. El propósito de las normas que se examinan, es complementar la facultad de impartir órdenes e instrucciones, dotando a la comisión de instrumentos jurídicos aptos para ejercer la función de vigilancia que el constituyente le asignó, teniendo en cuenta que el control sobre la aplicación de las normas que regulan la carrera administrativa legítima el otorgamiento de un cierto poder sancionatorio, a fin de que las órdenes e instrucciones impartidas no sean desatendidas, en desmedro de la eficacia propia de la competencia atribuida a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La vigilancia, entendida como el control sobre el cuidado, atención y cumplimiento exacto de las cosas que están a cargo de cada uno(9), debe estar acompañada de la autoridad suficiente, proporcional y necesaria para el cumplimiento de la función propia de un órgano como la Comisión Nacional del Servicio civil”.

La Ley 909 establece en el literal d) del artículo 12 que la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá resolver en segunda instancia las reclamaciones sometidas a su conocimiento en relación con los asuntos del empleo público de carrera. Por ese motivo el recurso de apelación que sea elevado contra la decisión tomada por la comisión de personal de la Secretaría de Educación se encuentra incluido como uno de los trámites y actuaciones que corresponden a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Así las cosas las comisiones personales son una instancia de participación y veeduría de importancia trascendental en el diseño y las dinámicas previstas en el sistema de carrera administrativa.

Caso concreto

En el caso concreto se tiene que la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de Acuerdo 034 de 25 de marzo de 2009, convocó a concurso de méritos para proveer los empleos docentes y directivos docentes en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, en la cual se ofertaron 60 vacantes de directivo docente - rector.

A través de la Resolución 058 de febrero 25 de 2010 se adoptó la lista de elegibles para proveer empleos de directivos docentes - rector en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, según Convocatoria Nº 62 de 2009 con 479 integrantes, los cuales fueron citados a audiencia pública.

Por medio de la Resolución 1766 de mayo 11 de 2010 se recompuso la lista de elegibles para proveer el cargo de rector en las instituciones educativas oficiales modificando el listado elaborado como resultado de la convocatoria del Acuerdo 034 de 2009, y, que se encontraban a la espera del respectivo nombramiento.

Posteriormente, mediante la resolución demandada se revocó el Acuerdo 003 de marzo 24 de 2010 y se ordenó incorporar a los 24 directivos docentes coordinadores como rectores.

El actor afirma que hubo una desmejora laboral pero no cumple con la carga procesal de señalar en que consiste el concepto de la violación para que sobre su pretensión pueda pronunciarse la jurisdicción contenciosa administrativa.

Está probado que integra la lista de elegibles del concurso de méritos para proveer empleos de directivos docentes rectores de instituciones educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Distrito Capital de Bogotá, conformada mediante la Resolución 1766 de 11 de mayo de 2010, ocupando la posición número 90 y, tales cargos están debidamente ocupados por los primeros lugares; es decir, tampoco se desconoció el principio de confianza legítima, por cuanto este a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sent SU-360 de mayo 19/99), se define como un mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses públicos y privados, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse, lo que no sucede en el sub lite, pues la Comisión Nacional del Servicio Civil no creó expectativas a favor del demandante.

Por ello, surge como conclusión que la nulidad propuesta contra la resolución expedida por la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede prosperar en la medida en que el actor no satisfizo la carga de demostrar de manera concreta y especifica cuáles son las normas violadas con el acto que se acusa, tampoco la razón por la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, hubiere incurrido en la violación de las mismas.

En estas condiciones no es fácil determinar que se haya desconocido el justo equilibro para quienes participaron en el concurso, tal como lo sostiene el demandante, pues no obra prueba alguna que permita establecer que la Comisión Nacional del Servicio Civil no acató la Constitución y la ley, se respetaron las garantías previstas en el debido proceso y precisamente en el acto administrativo acusado, ejerció su función de vigilancia y control sobre la carrera administrativa prevista en el artículo 130 de la Constitución, al revocar el Acuerdo 003 de 24 de marzo de 2010.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIEGASE la nulidad de la Resolución 1933 de junio 17 de 2010 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la cual se decide en segunda instancia una reclamación por presunta desmejora laboral interpuesta por servidores docentes vinculados con el Servicio Educativo Estatal administrado por la entidad territorial certificada de Bogotá, D. C.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.

Cúmplase.

La anterior decisión fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012.

(2) Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012.

(3) En la Sentencia C-195 de 1994 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), expresó la Corte sobre el particular: “Como es bien sabido, el plebiscito de 1957 fue la primera manifestación directa, en materia de reforma constitucional, del constituyente primario en la historia de Colombia.

Lo que lo movió a elevar la carrera administrativa a canon constitucional, fue, dentro del espíritu que inspiró ese trascendental proceso, garantizar la estabilidad en los cargos públicos, con base en la experiencia, la eficiencia y la honestidad en el desempeño de los mismos…”. Como complemento de lo anterior, en el mimo pronunciamiento la se precisó que la carrera administrativa tuvo su primera aparición en la legislación colombiana con la Ley 165 de 1938, cuyo artículo 4º estableció, como regla general, que todos los empleados que prestaron sus servicios en los ramos fiscal y administrativo, conforme a los artículos 39 y 40 del Código de Régimen Político y Municipal, quedaban sujetos a la carrera administrativa, salvo las excepciones allí previstas.

(4) Cfr. Sentencia C-963 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería).

(5) Sentencias C-479 de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero), C-195 de 1994 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-1079 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).

(6) Sentencia C-1079 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).

(7) Referencia Expediente 110010325000200900081 00 Nº Interno 1103-2009. Actor: Francia Maritza Paniquita Pipicano y otros, contra autoridades nacionales. C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(8) Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

(9) Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, tomo 10.