Sentencia 2011-00335 de junio 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 20001-23-31-000-2011-00335-01 (45.933)

Actor: Walter Antonio Vega López y otros

Demandados: Nación – Rama Judicial

Ref.: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Temas: Daño causado por la administración de justicia. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Liquidación del crédito en proceso ejecutivo. Caducidad de la acción: Las solicitudes de corrección de las providencias judiciales, a diferencia de lo que ocurre con las de adición y aclaración, no afectan su ejecutoria y, por ende, no interrumpen el término de caducidad.

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala.

A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación(14), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(15).

2. Oportunidad de la acción.

Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho(16).

Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8(17), consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

La Sección Tercera de esta corporación(18) ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de error judicial(19) “(...) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial(20) y que agote la instancia.

Bajo esas premisas, se tiene que, según la demanda, la falla del servicio ocurrió en la providencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral profirió y, mediante la cual “le quitó” a los demandantes las sumas de dinero descritas en el hecho tercero, que corresponden a las mismas que se reclamaron a título de “restablecimiento del derecho” y de “daño especiar”.

Como se observa, los actores no identificaron con precisión la decisión que supuestamente contendría el error jurisdiccional y, el cual, según se desprende del escrito inicial, se configuró en la liquidación incorrecta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral realizó dentro del proceso ejecutivo laboral número “1998-0009/17/7”, que los demandantes adelantaron en contra del “IDEMA”.

No obstante lo anterior, al contrastar los hechos del libelo con las pruebas aportadas, la Sala entiende que se trata del auto que la mencionada corporación profirió, en audiencia pública, el 15 de julio de 2008, y a través del cual revocó parcialmente la providencia que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar emitió, el 18 de diciembre de 2007, en el sentido de aprobar la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo laboral referido.

En efecto, en el acta que recogió la audiencia pública del 15 de julio de 2008 se expusieron las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(...) En este caso, como el Ministerio de Agricultura no reintegró a los trabajadores desvinculados con violación al fuero sindical sino que por medio de acto administrativo procedió a decretar la imposibilidad de ese reintegro por haber desaparecido la empresa empleadora, optaron por iniciar el proceso ejecutivo por obligación de hacer, con fundamento en los artículos 495, 500 y 504 del Código de Procedimiento Civil, para que se cumpliera con esa obligación de reintegrarlos, haciéndoles el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, o subsidiariamente, de la indemnización de perjuicios estimada bajo juramento. 

“Como la ejecutada no cumplió la obligación de reintegrar a esos trabajadores, su apoderado procedió a liquidar el crédito, después de estar ejecutoriada la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución por los perjuicios, pero se comprueba que de los valores estimados bajo juramento por concepto de perjuicios, no dedujeron los valores que recibieron a título de indemnización por la imposibilidad del reintegro declarada en acto administrativo, ni el juez tampoco tuvo en cuenta ese hecho al momento de dictar su decisión, por razón de no ser oportunas la excepción de pago y la objeción a los perjuicios estimados bajo juramento. 

“Pero si se observa que esa excepción de pago, no es de aquellas que tienen que ser propuestas para declararlas probadas, ese razonamiento no es válido, por lo cual este tribunal procede con base en esa evidencia a tener por probada la excepción de pago parcial, pero como no lo hizo y la sentencia no fue impugnada, la liquidación del crédito se convierte en el escenario propicio para enmendar esa decisión. 

“El valor que le corresponde a cada trabajador por concepto de indemnización de perjuicios resulta de restarle a la suma estimada bajo juramento en la demanda, la que les fue reconocida por indemnización por imposibilidad de reintegro, mediante Resolución No 0364 de diciembre 19 de 2001, que obra a folios 1457 a 1463 del cuaderno principal, como a continuación se hace: 

“1. Ever Mejía Pérez$ 143'214.298- $ 17'038.344=$ 126'175954.
“2. Danis Esther Valest$ 285'089.185- $ 40779.552=$ 244'309.633.
“3. Walter Vega López$ 178'817.063- $ 23'065.401=$ 155'751.662.
“4. Ángel Emiro Trujillo$ 263'326.032$ 28'517.240=$ 234'808.792.
“5. Miguel Salomón Arzuaga$ 241'336.335$ 48'417.760=$ 192'918.575.
“6. Sandra Sofía Rodríguez$ 145'833.497- $ 14'260.862=$ 131'572.635”.

En el contexto descrito, a fin de contabilizar la caducidad de la acción y, dado que no se adjuntó la constancia de ejecutoria de la providencia en análisis(21), la Subsección tendrá como punto de partida el día siguiente al de su expedición, esto es, el 16 de julio de 2008, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción en término feneció el 16 de julio de 2010 y como la demanda se radicó el 7 de junio de 2011(22), se concluye que fue extemporánea.

No puede pasarse por alto que, el 19 de enero de 2011(23), los demandantes radicaron una solicitud de conciliación ante el Ministerio Público; no obstante, como ello sucedió cuando la caducidad ya estaba configurada, de conformidad con el artículo 21(24) de la Ley 640 de 2001 y el artículo 2º, parágrafo 1º del Decreto 1716 de 2009(25), no tuvo la virtualidad de suspender ningún término.

Aunado a ello, se debe exponer que el apoderado de los demandantes le solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, mediante un escrito que radicó el 5 de diciembre de 2008, ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa misma ciudad(26), que corrigiera la liquidación del crédito contenida en la decisión del 15 de julio del mismo año(27); esa corporación negó la petición, por improcedente, mediante auto del 15 de mayo de 2009(28).

En relación con lo anterior, se debe precisar que el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil (aplicable en materia laboral por la remisión que hace el artículo 145(29) del Código Procesal del Trabajo), indica que las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas; aunque, en caso de que se pida su aclaración o complementación, la firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

“ART. 331.—Ejecutoria. «Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:» Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva (...)”. (Se destaca).

De conformidad con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la aclaración recae sobre los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

Entre tanto, según el artículo 311 de esa misma normativa, la adición procede cuando se omite la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento. Tanto las solicitudes de aclaración como de adición se deben radicar dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia.

Por su parte, el artículo 310 ibídem señala que las peticiones de corrección de los errores meramente aritméticos se pueden presentar en cualquier tiempo, por cuanto esta posibilidad, al contrario de lo que sucede con las solicitudes de aclaración y de adición, solamente se puede ejercer (se transcribe de forma literal):

“[P]ara corregir, en cualquier tiempo, los errores aritméticos cometidos en una providencia judicial (art. 310 del CPC), no constituye un facultad de modificar otros aspectos —fácticos o jurídicos— que, finalmente, impliquen un cambio del contenido jurídico sustancial de la decisión. (...) de tal manera que, le está vedado al juez modificar los fundamentos fácticos o jurídicos de una providencia, hacerlo sería actuar por fuera del marco de sus competencias. 

“7.4 Con esa misma orientación, el precedente de la corporación ha dicho que esta figura tiene un alcance restrictivo y limitado, pues no puede ser utilizada como herramienta válida para alterar el sentido y alcance de una decisión mediante una nueva evaluación probatoria, aplicando fundamentos jurídicos distintos, o inobservando aquellos que sirvieron de sustento a la decisión (...)”.(30) (Se destaca).

Como consecuencia, las únicas solicitudes que tienen la virtualidad de suspender la ejecutoria de las providencias judiciales son las de aclaración y de adición, en la medida en que inciden con el fondo de la decisión y en su parte resolutiva; por ello, la norma exige que se presenten dentro del término de ejecutoria.

Frente al tema, la Sección Segunda de esta corporación indicó que (se transcribe de forma literal):

“[L]a ejecutoria de las sentencias se suspende hasta que se resuelvan las solicitudes de aclaración o complementación de la sentencia y sólo bajo estos supuestos (art. 331 del CPC); 3) que la aclaración y complementación de la sentencia apunta a vicios sustanciales de la sentencia y por lo mismo deben solicitarse cuando la sentencia aún no se encuentra ejecutoriada (arts. 309 y 311 del CPC); 4) que el error aritmético o asimilable a éste, no impide la ejecutoria de la sentencia, por cuanto lo que se busca es una corrección meramente formal, evidente y que no afecta el contenido mismo de la sentencia, por tanto, se puede hacer en cualquier tiempo (art. 310 del CPC). 

“Conforme a las premisas antes esbozadas, es claro para la Sala que cuando se pide aclaración o complementación de la sentencia se afecta la fecha de ejecutoria de la misma (...). 

“No ocurre lo mismo cuando se pide la corrección de errores aritméticos o asimilables a estos, pues en nada se afecta el contenido de la decisión, simplemente se corrige aquello que es evidente y que surge de la sentencia misma”.(31) (Se destaca).

Con base en lo expuesto, se concluye que la solicitud de corrección que los demandantes presentaron el 5 de diciembre de 2008, respecto de la decisión que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral profirió, el 15 de julio de 2008, no interrumpió ni afectó su firmeza.

Se advierte que la caducidad no se puede contar desde el 30 de septiembre de 2010, cuando el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Sala Disciplinaria, en audiencia pública(32), decretó la terminación anticipada de la investigación que adelantó en contra del señor Luis Alberto Bolaños Zapata(33), y la cual, según se indicó en la demanda, dejó al descubierto la falla en el servicio que, al parecer, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, cometió en la providencia del 15 de julio de 2008.

Lo anterior obedece a que el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, Sala Disciplinaria, no adoptó ninguna determinación que afectara la ejecutoria y validez del auto del 15 de julio de 2008; asimismo, porque el daño que los demandantes alegaron —indebida liquidación de sus indemnizaciones— se habría producido en esa decisión y dentro del proceso ejecutivo laboral, no en el disciplinario; además, porque el supuesto daño se conoció por los actores desde la expedición del proveído del 15 de julio de 2008, dado que fue en este último dentro del cual se realizaron las operaciones aritméticas que en el caso sub examine se reprocharon corno erróneas, y para arribar a esa conclusión no se requería que otra autoridad así lo reconociera.

Se precisa que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, entre ellos, la caducidad de la acción, aspecto que no puede, ni debe entenderse saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso, como lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo:

“En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. 

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in peius (se destaca).

En sentencia de unificación del 6 de abril de 2018(34), la Sala Plena de esta Sección, en relación con la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de manera oficiosa, puntualizó (se transcribe de forma literal):

“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”. (Se destaca).

En virtud de lo anterior, se declarará, de manera oficiosa, la caducidad de la acción de reparación directa.

3. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 25 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual quedará así:

PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad de la acción, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

SEGUNDO. Sin condena en costas”. 

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: María Adriana Marín—Marta Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

14 Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; y) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, 6 de agosto de 2009, Exp. 36.834 (auto). Reiterado en: i) sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 250002326000199902635 - 01 (27588), 26 de febrero de 2014, y ii) sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Rad. 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017.

17 “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

(...) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (...)”. 

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Rad. 08001-23-31-000-2009-00193-01(38833) del 26 de noviembre de 2015, reiterada en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Rad. 50001-23-31-0002005-00274-01(39435), 30 de agosto de 2017, entre muchas otras.

19 Al respecto consultar las siguientes decisiones: 1) sentencia del 30 de agosto de 2017, Rad. 50001-23-31-000-2005-00274-01 (39435); ii) sentencia del 13 de junio de 2016, Rad. 76001-23-31000-2004-04636-01(37392); iii) sentencia del 24 de octubre de 2016, Rad. 25000-23-26-0002006-00818-01(38159); iv) sentencia del 22 de febrero de 2017, Rad. 05001-23-33-000-201601685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.

20 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, Exp. 17493, M.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; subsecciones A y C, auto del 9 de mayo de 2011, expediente 40.196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; autos del 1º de febrero de 2012, Exp. 41.660, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; 21 de noviembre de 2012, Exp. 45.094, y del 14 de agosto de 2013, Exp. 46.124, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

21 Según el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo, las providencias dictadas en el juicio ejecutivo: “(...) se notificarán por estados, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado, y sólo serán apelables en el efecto devolutivo”.

22 Fls. 155 y 156 del cdno. 1.

23 Fls. 13 y 145 del cdno. 1.

24 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Se destaca).

25 “ART. 2º—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa.

(...). 

“PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: 

“(...) Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado”. (Se destaca).

26 Los demandantes, a través de apoderado, indicaron en el hecho número 8 de su solicitud lo siguiente: “Como fundamento de la consideración anterior solicitamos muy respetuosamente al señor juez remitir al juez competente que se reclama el error aritmético para que sea la honorable sala en mención para que proceda a dar trámite de conformidad a lo establecido en el artículo 320 (sic) en sus numerales 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil (...)”.

27 Fls. 121 a 125 del cdno. 1.

28 Fls. 126 a 130 del cdno. 1.

29 “ART. 145.—Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial”.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-429 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

31 Subsección B, 6 de abril de 2000, Rad. 3193-99, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

32 La cual se resumió en el acta número 278 que obra a fls. 182 a 183 del cdno. 1.

33 El mencionado ciudadano no es sujeto procesal dentro del sub lite, según se indicó en la demanda, él fue el abogado que representó a los hoy demandantes dentro del proceso ejecutivo laboral en el que, supuestamente, se cometió el error jurisdiccional.

34 Exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.