Sentencia 2011-00336 de mayo 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 110010102000201100336 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según acta de Sala 32 de la fecha

Registro de proyecto: Veintitrés de abril de dos mil trece

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996(4); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde.

De la vulneración al debido proceso. Señaló el recurrente presunta violación a su derecho al debido proceso, al no practicarse la prueba testimonial del señor Pablo Antonio Acosta Hernández, y la posterior negativa de los recursos impetrados contra dicha decisión, incluido el de queja.

De entrada advierte esta Sala la inexistencia de vulneración al debido proceso, pues conforme lo señaló la primera instancia, la negativa a la solicitud elevada por el abogado García Fontalvo correspondió al aplazamiento de la diligencia de juzgamiento, por cuanto la declaración del aludido ciudadano fue decretada en el mismo momento en el cual el investigado la solicitó, sin que a pesar de los requerimientos y reiteraciones al respecto, el testigo hubiera acudido para ser escuchado bajo la gravedad de juramento.

Es decir, y como claramente lo adujo la primera instancia, dicha prueba no fue negada, en tanto la misma fue decretada a solicitud del disciplinable, por lo tanto, contra la misma no era procedente el recurso de apelación, como se señaló en el párrafo anterior.

Ahora, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1123 de 2007, en el capítulo VI, referente a los recursos y ejecutoria, no se contempló el recurso de queja en el procedimiento disciplinario vigente para la época de realización de la diligencia, pues de manera expresa estableció como los únicos procedentes el de reposición y apelación, aunado a que el inciso final del artículo 81 ibídem, reza:

“ART. 81.—Recurso de apelación.

(...).

Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso de(sic) será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno” (resaltado fuera del texto original).

Y si bien el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 remite a otras codificaciones, ello solo opera en asuntos que no han sido materia de consagración, lo que no ocurre en este evento, donde el legislador reguló lo relativo a los recursos dentro del libro tercero, título II “El proceso disciplinario“, capítulo VI “Recursos y ejecutoria” de la Ley 1123 de 2007, tópico sobre el cual en anterior oportunidad refirió esta corporación:

“El capítulo VI de la Ley 1123 de 2007, artículos 79 a 83, regula lo relacionado con los recursos que proceden en el régimen disciplinario de los abogados, disponiendo que contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en la citada codificación, según lo dispone el artículo 79. En los artículos subsiguientes se señala contra qué decisiones proceden tanto el recurso de reposición como el de apelación.

El artículo 81, por su parte, regula lo relacionado con el recurso de apelación, pero no estableció la procedencia del recurso de queja frente a las decisiones que se adopten negando la concesión del citado recurso.

Es clara entonces la improcedencia del recurso de queja, porque así lo dispuso el legislador y debe advertirse que no hay lugar a la aplicación de otros ordenamientos por remisión, porque la materia fue objeto de regulación legal”(5).

Y sobre la competencia del legislador para la regulación de los recursos, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C-017 de 1996, así:

“... Esta corporación ha reconocido, en múltiples oportunidades, que una regulación diferenciada del trámite de los procesos judiciales y administrativos por la ley no vulnera en sí misma el principio de igualdad. En particular, esta Corte ha señalado que los recursos son de creación legal, y por ende es una materia en donde el legislador tiene una amplia libertad, puesto que salvo ciertas referencias explícitas de la Carta —como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias (C.P., arts 29 y 86)— corresponde al legislador instituir los recursos contra las providencias judiciales y administrativas, señalar la oportunidad en que proceden y sus efectos(6). Así, en reciente decisión, dijo esta corporación:

“Si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el solo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”(7).

Entendido entonces que los recursos son de consagración exclusiva del legislador y de acuerdo con ello puede instituir los que a bien tenga, siempre y cuando no se violen derechos o principios de raigambre constitucional, lo que no ocurre en este caso.

Con base en lo anterior, la decisión adoptada por la Sala a quo en rechazar de plano el recurso de queja, estuvo ajustada a derecho y conforme lo establecido por la Ley 1123 de 2007, pues es clara su improcedencia al no haber sido consagrado por el legislador dentro del proceso disciplinario.

Por ende, si ello ha de entenderse como vicio que debería subsanarse a través de la nulidad, aunque no lo deprecó expresamente, esta medida no prospera y ha de negarse por carencia de defectos procesales.

Ahora, previo a establecer la responsabilidad disciplinaria del togado investigado en el cargo formulado por la Sala a quo y por el cual fue sancionado en sede de primera instancia, esta superioridad aclarará el alcance del derecho disciplinario, y su aplicación a los abogados, aun estando suspendidos o excluidos del ejercicio de la profesión.

Sea lo primero señalar que el régimen disciplinario y específicamente el regulador de la conducta de los profesionales del derecho, contiene normas de carácter deóntico, en aras de orientar dicho ejercicio profesional y así lograr su real finalidad, constituyéndose en consecuencia en un mecanismo de control social, en tanto el ejercicio de la abogacía debe ser compatible con el interés general en concordancia con los principios y valores constitucionales y ello explica, el porqué de la estructura del cuerpo normativo de la Ley 1123 de 2007, pues al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-887 de 2007, señaló:

“Conforme a lo establecido en la Ley 1123 de 2007, la estructura del código se compone de tres libros(8): (i) una parte general que consagra los principios rectores, la definición de falta disciplinaria, y el alcance de la acción sancionatoria; (ii) una parte especial, que consagra los deberes, incompatibilidades, faltas y sanciones aplicables a los abogados; y (iii) una parte procedimental, que contiene las reglas del procedimiento disciplinario.

En cuanto a su contenido, es posible señalar que la Ley 1123 de 2007 gira en torno a cuatro finalidades básicas(9): en la parte general, (i) busca realizar una adecuación sustantiva a los principios constitucionales del debido proceso; en la parte especial, (ii) pretende efectuar una actualización histórica de los deberes, incompatibilidades, faltas y sanciones propias del régimen; y en la parte procesal, (iii) aspira adecuar el procedimiento a los estándares constitucionales y del derecho internacional, así como (iv) superar la congestión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la implantación de un sistema oral, ágil y expedito”.

Conforme a lo expuesto, en virtud de la función social en cabeza de los abogados, y además de la relevancia que ello implica, existen un listado de deberes, los cuales desencadenan en el régimen de las faltas disciplinarias señaladas en el mismo estatuto, pues la aludida función social va concatenada con el propósito de lograr un orden justo y convivencia pacífica, luego el profesional del derecho debe colaborar con la administración de justicia, dentro del marco del respeto y protección de los derechos humanos, exclamación y finalidad de todo Estado social de derecho.

Al respecto indicó la Corte Constitucional:

“De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa(10), tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, este tribunal ha afirmado que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe(11).

El fundamento del control público al ejercicio de la profesión de abogado, se encuentra entonces en los artículos 26(12) y 95(13) de la Constitución Política, así como en los fines inherentes a la profesión, de acuerdo con las consideraciones precedentes”(14).

No obstante lo anterior, ha de reconocerse que se presenta en algunos casos un ejercicio inadecuado de la profesión, cuyos comportamientos al ser considerados como irregulares, en tanto afectan diversos derechos, se desligan, pero de manera inadecuada, del cumplimiento de los deberes consagrados y exigidos para el correcto y leal ejercicio profesional, lo cual conlleva a la imposición de las sanciones pertinentes conforme a los criterios de agravación, atenuación, razonabilidad y proporcionalidad.

Entonces, es lógico que en cumplimiento de los principios enmarcados en un Estado social de derecho, el legislador haya querido regular una de las profesiones que cumplen una importante función social, de tal forma, que a través de la ley y en este caso en específico, la Ley 1123 de 2007, se reprimen los diversos comportamientos del ejercicio profesional de la abogacía contrarios a tales fines, configurándose en consecuencia la transgresión a la normatividad disciplinaria.

Lo cierto es que el campo de acción de este régimen disciplinario obedece en gran medida a que los abogados ejercen profesionalmente ya sea en el ámbito judicial o en situaciones externas a este, en las cuales prestan sus servicios de asistencia, cumpliendo en cualquiera de los dos escenarios una función social, pues como se dijo anteriormente, contribuyen al desarrollo de orden jurídico y es en razón a ello la existencia del régimen de prohibiciones al cual se encuentran sometidos.

Principio de legalidad. Es inherente al derecho sancionador y se encuentra consagrado constitucionalmente en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, los cuales establecen que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con respeto y observancia de las formas propias de cada juicio.

Con ello se busca evitar la arbitrariedad, en aras de garantizar la seguridad jurídica, por cuanto enmarca una serie de conductas prohibidas y las consecuencias que la incursión en cada una de ellas generaría, por esta razón los principios de tipicidad y debido proceso forman parte de él, y así lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia C-393 de 2006, pues “A partir del citado principio, no es posible adelantar válidamente un proceso penal, disciplinario o de naturaleza sancionadora si el precepto —praeceptum legis— y su correspondiente consecuencia jurídica —sanctio legis— no se encuentran previamente definidos en la ley”(15).

Así las cosas, los comportamientos y/o conductas reprochables disciplinariamente deben estar claramente señaladas y descritas al interior del ordenamiento jurídico.

Aunado a que el principio de legalidad está íntimamente ligado con el debido proceso, consagrado en el artículo 6º de la Ley 1123 de 2007, el cual debe salvaguardarse en cada una de las actuaciones que se adelanten, en este caso, disciplinarias, ya que el Estado está en la obligación de garantizar unas reglas mínimas tanto en el aspecto sustantivo como procedimental, pues prevalece la protección de los derechos de las personas y en el caso en específico de los abogados como sujetos disciplinables.

No obstante lo anterior “es claro que los tipos disciplinarios pueden tener un menor grado de determinación que los tipos penales, o contar con cierto nivel de imprecisión en la conducta prohibitiva que describen, sin que por ello incurran en una violación del principio de tipicidad. Como ya se anotó, tal situación se justifica plenamente en razón a que en el derecho disciplinario la tipicidad suele determinarse(16) “por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”(17).

En efecto, el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, al establecer como sujetos disciplinables a los abogados que se encuentren suspendidos o excluidos del ejercicio de la profesión, es concordante con lo contemplado en el artículo 25 del Decreto 196 de 1971(18), que nos señala que el legislador desde ese entonces, era consciente de la concurrencia de los abogados quienes no obstante estando inhabilitados, ejercían profesionalmente, es decir, pese a existir una prohibición expresa, la incumplían, sin que se eliminaran los correspondientes efectos jurídicos de tal comportamiento efectuado ante las autoridades judiciales, pues el artículo en mención, aclaró expresamente, no ser causal de nulidad de la correspondiente actuación.

Y no es difícil concluir que la Ley 1123 de 2007, en primera medida al incluir como destinatarios de ese régimen sancionatorio a los abogados que actuaran profesionalmente pese a estar suspendidos o excluidos de su ejercicio, en segundo lugar al establecer un régimen de incompatibilidades(19), y por último, contemplar como falta disciplinaria incursión en una de ellas(20), tiene como finalidad evitar el abuso por parte de los sujetos disciplinables, quienes en virtud de la legalidad de la actuación procesal en la cual hayan procedido pese a estar inhabilitados, desconocen la prohibición legalmente establecida, pues infortunadamente, no acatan la orden emitida en sentencia judicial, y continúan fungiendo como apoderados judiciales, traspasando la incompatibilidad, pese a que ostentar una sanción de estas características, no lo faculta para apartarse del cumplimiento de los deberes que rigen el ejercicio de la abogacía.

De igual manera, las normas disciplinarias al cumplir una función social que lleva implícita un carácter preventivo y correctivo, necesariamente al no poder aplicarse o implementarse de manera efectiva el primero, dará lugar al segundo, constituyéndose en un derecho sancionador, en tanto, y como se ha manifestado de manera reiterada, la abogacía al ostentar la referida funcionalidad, debe estar vigilada y controlada por el Estado, en aras de salvaguardar el orden jurídico.

Así las cosas, se reitera, es clara la intención del legislador de incluir como sujetos disciplinables a los abogados que pese a estar suspendidos y/o excluidos, actúan profesionalmente, pues así lo estableció de manera sistémica en la Ley 1123 de 2007, conforme a sus artículos 19, 29 y 39.

Conducta, por la cual se adelanta el presente investigativo y por la que la primera instancia emitió sentencia sancionatoria contra el doctor Abelardo José García Fontalvo.

Del asunto en concreto. Se trata de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de la cual se le impuso al abogado Abelardo José García Fontalvo sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un año, al haberlo encontrado responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007 en concordancia con el numeral 4º del artículo 29 ibídem, calificada a título de dolo.

Tienen establecido dichas normas en su orden:

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional” (subraya solo para resaltar).

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

Del asunto. Se tiene que el abogado Abelardo José García Fontalvo, estando suspendido en el ejercicio de su profesión, desde el 7 de abril de 2008 al 6 de abril de 2009, representó judicialmente al señor Pablo Antonio Acosta Hernández, dentro de los siguientes procesos:

— Radicado 2007-00016, adelantado ante el Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá.

— Radicado 2002-02518 adelantado en el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá.

— Radicado 2009-0102, adelantado ante el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá.

— Radicado 2008-0447 tramitado en el Juzgado 21 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá.

Por esos hechos, el seccional de instancia le impuso sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un año por incurrir en la falta prevista en el artículo 39 concordado con el 29 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

Solución del caso. Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que obran en la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios de la ley procesal que conforman el derecho fundamental del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Tiene establecido el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007 que constituye falta disciplinaria la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

Y una de las disposiciones que establece el régimen de incompatibilidades para tal ejercicio, es precisamente, la consagrada en el numeral 4º del artículo 29 de la misma codificación, esto es, que el abogado esté suspendido o excluido de la profesión.

En palabras simples, un abogado que esté suspendido o excluido del ejercicio de la profesión no podrá ejercerla, porque ello constituye una violación al régimen de incompatibilidades y por lo tanto, si la ejerce transgrediendo dicha disposición, se hará acreedor a una sanción.

El asunto es verificar si en efecto se logró demostrar en primera instancia que el abogado García Fontalvo, pese a estar suspendido en el ejercicio de la profesión, la ejerció sin justificación alguna.

Para ello, lo primero a determinar, es si el abogado estaba o no suspendido del ejercicio de la profesión. Veamos:

La prueba documental que obra en el dosier, concretamente la certificación de registro de antecedentes disciplinarios 29182 expedida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura(21), la de la unidad de registro nacional de abogados(22), da cuenta de la sanción impuesta al disciplinado así:

— Suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un año del 7 de abril de 2008 hasta el 6 de abril de 2009.

Demostrada ahora sí, la incompatibilidad del abogado García Fontalvo para ejercer la abogacía, se pasa a verificar si la ejerció mientras estaba suspendido de la profesión.

Para ello hay que determinar en qué consiste el ejercicio del derecho o de la profesión de abogado. Veamos:

“En nuestro ordenamiento legal, la profesión de abogado se encuentra regulada por la Constitución Política, por el Decreto 196 de 1971 y hoy por la Ley 1123 de 2007, correspondiendo el control de la misma al Estado, quien lo ejerce a través de las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior y seccionales de la judicatura, en tal virtud, el numeral 3º del artículo 256 superior, dispone:

“Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, las siguientes atribuciones... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley...” (subrayado y negrilla fuera del texto).

Luego entonces, partiendo del supuesto jurídico según el cual, el Estado a través de la acción disciplinaria, busca sancionar las conductas que constituyan falta disciplinaria por parte de los abogados en ejercicio de la profesión, sin que se vislumbre excepción alguna, en la jurisdicción disciplinaria el sujeto pasivo de la acción se encuentra calificado jurídicamente, razón por la cual, personas diferentes a los abogados en ejercicio de la profesión, no son sancionables bajo esta jurisdicción.

Como puede observarse, no por el simple hecho de que la persona denunciada ostente la condición de abogado, se haga merecedor de reproche disciplinario, pues debe examinarse que su conducta la haya desplegado en ejercicio de la profesión.

Y frente al concepto del ejercicio profesional, la jurisprudencia ha considerado que se puede predicar, entre otros, en los siguientes casos:

a) Asesoría profesional tanto en el ámbito privado o público.

b) Consejería.

c) Actuación en actividades jurídicas extraprocesales que requieran conocimientos jurídicos.

d) Desempeño en cargos públicos o privados, que requieran título profesional de abogado.

e) Desempeño de cargos en la Rama Judicial como funcionarios o empleados de la misma, que exijan como requisito, la condición de abogado.

f) El ejercicio como litigante”(23).

Ahora bien, como se relacionó en precedencia, el profesional del derecho representó judicialmente al señor Pablo Antonio Acosta Hernández en diferentes procesos, por lo que esta superioridad, procederá a establecer las actuaciones durante el término de suspensión en cada uno de los procesos tramitados ante los juzgados civiles municipales de esta ciudad.

Tenemos entonces el proceso radicado bajo el número 2007-00016, adelantado ante el Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá, en el que se observan las siguientes actuaciones a las que asistió el doctor García Montalvo, en las cuales se anunció como apoderado al interior del proceso referido:

• Diligencia programada para el 29 de mayo de 2008, para la entrega del bien inmueble objeto de controversia.

• Diligencia de restitución del bien inmueble del 6 de junio de 2008.

• Diligencia de recepción de testimonio de Edilson Mendoza Uribe y Myriam del Carmen Forero del 15 de enero de 2009.

En el proceso 2002-02517, de restitución de bien inmueble arrendado, tramitado ante el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá, se advierten las siguientes actuaciones:

• El 18 de mayo de 2008, presentó memorial solicitando al inspector de policía comisionado, se fijara nueva fecha para la diligencia de entrega del bien inmueble.

• Diligencia de entrega, adelantada el 15 de julio de 2008.

• Escrito presentado el 17 de febrero de 2009, ante el inspector de policía, a efecto reprogramara la diligencia de entrega del bien inmueble.

Respecto del proceso 2009-00102, adelantado en el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, este despacho allegó al disciplinario certificación mediante oficio 2236 del 24 de mayo de 2012, señalando que el abogado García Fontalvo, venía actuando en la referida radicación como apoderado de la parte demandante desde el 26 de enero de 2009.

De otro lado, el Juzgado 21 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá informó a través de oficio 337 del 25 de mayo de 2011, que al disciplinable le fue reconocida personería para actuar en representación de la parte actora el 3 de abril de 2009, al interior del proceso 2008-00447.

Así las cosas, se encuentra plenamente demostrado, que el abogado Abelardo José García Montalvo, estando suspendido del ejercicio de la profesión, actuó judicialmente en representación del señor Pablo Antonio Acosta Hernández al interior de los procesos arriba señalados.

No obstante, ha de precisarse que al interior de la presente investigación quedó establecido que el profesional sancionado, tenía pleno conocimiento de la sanción vigente en su contra, conforme lo expuso el testigo Enrique José Aaron Rojas, quien señaló que el jurista le había comentado sobre la existencia de la sanción disciplinaria en su contra, como de haber aceptado un negocio estando la misma vigente en virtud de la grave situación económica por la que atravesaba.

Igualmente, lo expresado por dicho declarante, fue ratificado por Yesid Abelardo García Ávila, hijo del disciplinable, en el sentido de tener conocimiento sobre la sanción disciplinaria impuesta a su progenitor por parte de esta jurisdicción, además, de la difícil situación económica por la que tuvieron que atravesar en virtud de la misma, empero, no le constaba si su padre había ejercido la profesión durante el término que estuvo suspendido de la misma.

De esta manera, se encuentra más que corroborado el conocimiento de la existencia de dicha sanción por parte del abogado García Fontalvo, quien además se excusó, de su actuar, con base en la creencia que la misma no estaba vigente, en virtud de no haber recibido respuesta por parte de esta colegiatura a un derecho de petición, relacionado con la revisión de las decisiones que dispusieron la sanción, siendo totalmente de recibo lo esgrimido por el seccional en el sentido de indicar que, con la suscripción de la sentencia de segunda instancia, la misma queda ejecutoriada, además de la inexistencia de prueba o documento que demuestre que fue invalidada o dejada sin efecto por parte de una autoridad competente para ello, lo cual no fue siquiera sumariamente demostrado, por lo tanto, no es procedente tal justificación del recurrente, quien como profesional del derecho y persona instruida, no puede pretender que con la sola presentación de un escrito titulado de revisión, una decisión judicial sea revocada y por ende haya perdido sus efectos, más aun si en el proceso disciplinario no procede ese recurso extraordinario.

De otro lado, el abogado García Fontalvo, esgrimió haber aceptado los encargos profesionales, no obstante estar vigente la sanción disciplinaria, en virtud de la difícil situación económica por la que atravesaba, encontrándose en consecuencia en un “estado de necesidad”, el cual resulta exculpatorio de la conducta a él reprochada, sin embargo, contrario a lo expuesto por el apelante, ello no fue así, en tanto, la misma debe manifestarse en un estado de extremo, sin que ello se haya demostrado, aunado a que el togado no intervino en un solo proceso judicial, sino en varios conforme fueron relacionados.

Empero, los dos argumentos de defensa expuestos por el abogado y desvirtuados por la primera instancia, como por esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, son contradictorios entre sí, pues por un lado expuso creer estar habilitado para ejercer la profesión, en virtud del derecho de petición elevado ante esta jurisdicción, y de otro, que con conocimiento de la suspensión por el término de un año, debió incurrir en tal prohibición debido a la difícil situación económica por la que atravesaba en ese momento.

De esta manera, no hay justificación por el comportamiento irregular de parte del abogado García Fontalvo.

En resumen, las pruebas practicadas legal y oportunamente y las documentales valoradas, nos indican sin duda que, el abogado Abelardo José García Fontalvo, desplegó representación judicial de su cliente, estando suspendido en el ejercicio de su profesión.

De la culpabilidad. Diríase, pues, que en relación con el neurálgico tema de la culpabilidad —fuera de algún enunciado teórico suelto, un tanto apriorístico y especulativo— la verdad es que lo que no cabe aplicar en estos casos ni en ningún otro el consabido dolus in re ipsa, que es un apotegma jurídico según el cual “el dolo se encuentra en la cosa misma” y que recurrentemente se aplica para presumir el dolo y derivar responsabilidades de carácter objetivo.

Sin desconocer la colegiatura que la dogmática es un método de estudio de la ciencia sancionatoria, que pretende la recta interpretación de la norma y la elaboración de principios generales que rijan su aplicación práctica, es claro que en ningún régimen que se repute propio de una gobernabilidad democrática, se podrá basar la determinación del dolo en la mera apariencia externa de una conducta, o lo que es lo mismo, aplicar el famoso “dolo de actuación o intención de resultado” al que muchos decisores suelen remitirse para inferirlo o deducirlo “de las conductas ejecutadas” y, por esa vía expedita, autorrelevarse así del deber de investigar y demostrar con pruebas empíricamente constatables, cuál fue la voluntad que de verdad impulsó, orientó y gobernó el comportamiento procesado.

De esta forma, le asiste la razón al seccional de instancia cuando calificó la falta a título de dolo, pues está claro que el profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, versión libre y pruebas testimoniales, era consciente de su actuar ilícito, infiriéndose su deseo de contravenir las normas por las cuales se le halló responsable, cuyo conocimiento emerge de la misma condición de abogado, calificado y por lo tanto depositario del saber técnico indispensable, aparte de tratarse del Código Disciplinario de los abogados, de un catálogo de normas éticas a cuyo acatamiento está obligado inexorablemente.

De la sanción. Finalmente, en cuanto a la sanción impuesta por el a quo, esta colegiatura considera que ella, consulta simétricamente la modalidad dolosa de la conducta y la trascendencia social de los hechos, además de dar ejemplo y mensaje no solo a los abogados sino a la sociedad misma de que situaciones como estas no pueden repetirse, aunado a que el profesional intervino en actuaciones judiciales, dando a entender con ello, que pese a estar sancionado por esta Sala para la época de los hechos objeto de la presente investigación, incurrió en la falta por la cual hoy se le emite reproche disciplinario, pues no obstante, estar suspendido del ejercicio de la profesión de abogado, intervino en diversos procesos como se reseñó en precedencia, configurándose tal comportamiento en un desconocimiento de sus deberes profesionales consagrados en las normas de orden deontológico, así como en una burla hacia la administración de justicia, en este caso, la jurisdicción disciplinaria.

Dicho de otro modo, debe valorarse, en el trabajo dosimétrico sancionatorio, lo que el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, asume como “trascendencia social de la conducta”, y que la H. Corte Suprema identifica como “trascendencia social de los hechos”(24).

Así las cosas, la sanción impuesta es respetuosa de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto revela la ecuación perfecta que debe existir entre lo que el infractor hizo y la consecuencia jurídica que se le derivó.

Con fundamento, en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Dual del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR LA NULIDAD, solicitada por el abogado Abelardo José García Fontalvo, conforme lo argumentado en las presentes consideraciones.

2. CONFIRMAR la sentencia recurrida a través de la cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó al abogado Abelardo José García Fontalvo con suspensión por el término de un año en el ejercicio de la profesión, conforme las razones consignadas en la motivación de esta providencia.

3. ANOTAR la sanción en el registro nacional de abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

4. NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión al disciplinado, en su defecto en la forma subsidiaria establecida por la ley. En su oportunidad devuélvase el expediente al consejo seccional de origen.

Cúmplase».

(4) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

(5) Radicado 730011102000200700742 01, aprobado en Sala 78 del 30 de julio de 2008.

(6) Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-345/93 y C-005/96.

(7) Sentencia C-005/95.

(8) Sobre los propósitos y la estructura del nuevo Código Disciplinario de los abogados, se señaló en la exposición de motivos de la Ley 1123 de 2007. “El código está compuesto de tres libros que contienen una parte general, una especial y el procedimiento disciplinario. En la parte general, se ocupa en señalar los principios rectores, las disposiciones generales como la definición de falta disciplinaria, el ámbito de aplicación, los sujetos disciplinables, las formas de realización del comportamiento y las causales de exclusión de responsabilidad. En la parte especial (sic), se postula un amplio y riguroso catálogo de deberes e incompatibilidades rescatando las bondades del Decreto 196 de 1971 (...), catálogo que va de la mano con el régimen de faltas, donde se acude a un sistema cerrado para la codificación de las mismas, introduciendo nuevos comportamientos que no cobija el Decreto 196 de 1971, ya que la complejidad que se suscita de las relaciones profesionales de los abogados, a más de la introducción de figuras como las firmas de abogados, los contratos de prestación de servicios, las asesorías, obligan a que sean consideradas en el código, de modo que no queden en la impunidad (...), al tiempo que se respeta el principio de legalidad. Se establece además un régimen sancionatorio que en respeto a los principios de motivación, proporcionalidad, legalidad y función de la sanción, contempla un extenso elenco de criterios de gradación, incluyéndose la multa como sanción, y estableciéndose el incremento punitivo en aquellas faltas que afecten el patrimonio estatal. En el libro dedicado al procedimiento, se plantea un vuelco total al régimen vigente, donde por virtud de los vacíos hoy existentes en el Decreto 196 de 1971, debe acudirse por remisión al procedimiento penal, ocasionando dilaciones y entrabamientos que dificultan el adecuado ejercicio de la acción disciplinaria y generan incertidumbre frente a los sujetos procesales.

(...) acompasándolo (el procedimiento) con las tendencias actuales que apuntan hacia la oralidad, recuperando (...) el papel del juez como director del proceso y garante de una pronta y cumplida administración de justicia (...)”.

(9) Exposición de motivos ante el Senado de la República; Proyecto 91 de 2005. Gaceta del Congreso 592 de siete (7) de septiembre de dos mil cinco (2005):

El derecho disciplinario de los abogados no podía estar ajeno a este fenómeno. Por tal razón se pone a consideración un proyecto de código disciplinario que busca principalmente ponerse a tono con el actual orden constitucional, postulando cambios radicales en materia sustancial y procedimental, que apuntan hacia un proceso ágil y expedito, regentado por el principio de oralidad, al tiempo que respetuoso de las garantías fundamentales.

En materia sustancial, se propone un régimen de deberes y faltas que ubican al abogado dentro del rol que actualmente desempeña al interior de un modelo de Estado social y democrático de derecho, teniendo en cuenta sus deberes y obligaciones no solo con el cliente, sino frente al Estado y a la sociedad, sancionando con mayor drasticidad aquellos comportamientos que comprometan o afecten intereses de la comunidad o al erario”.

(10) Ver sentencias C-196 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-393 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(11) Sobre el(sic) la función social y los riesgos de la profesión de abogado, ver Sentencia C-543 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(12) Constitución Política. ART. 26.—Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

(13) Constitución Política. ART. 95.—(...) Son deberes de la persona y el ciudadano: Numeral 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

Numeral 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.

(14) Sentencia C-887/2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(15) Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(16) Sentencia C-393 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(17) Sentencia C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(18) ART. 25.—Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este decreto.

La violación de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas para el ejercicio ilegal de la abogacía.

(19) ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

(...).

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.

(20) ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional.

(21) Folio 151.

(22) Folios 9 y 186.

(23) Sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 110011102000200804790 01, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

(24) C.S. de J., auto del 1º de abril de 1998, Carlos Eduardo Mejía Escobar, Revista J & D, Nº 318, p. 708.