Sentencia 2011-00343 de octubre 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000201100343 01 / 2613 F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 76 de la misma fecha

Bogotá, D.C., dos de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura existentes en el país.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto.

Previo al análisis de esta superioridad, esta corporación, considera procedente resaltar dos aspectos sustantivos en el presente caso; en primer lugar que el a quo, circunscribió claramente los hechos en estudio a los eventos del 21 de septiembre de 2011 y a la diligencia de remate de finales de 2010, advirtiendo que los demás hechos referidos por la quejosa, hacen parte de otra queja, que con radicado número 2011-00072, sigue un trámite distinto al presente caso.

En segundo lugar la impugnante arguye principalmente contra la valoración probatoria dada por el a quo, en la medida que la decisión se fundamentó en el hecho que se consideró no se presentan elementos probatorios suficientes para ordenar abrir investigación disciplinaria contra el disciplinado.

Por lo anterior, la Sala se referirá exclusivamente a los hechos resueltos en la decisión y a los motivos de disenso expuestos por la apelante, pues, como se desprende del parágrafo único del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, la competencia del superior solo se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

Como viene de señalarse, la quejosa es quien interpone el recurso de apelación contra la decisión de primer grado; para dar respuesta a la argumentación de la recurrente es necesario señalar que se tendrán en cuenta únicamente los aspectos que fueron materia de debate en el presente caso.

Ha de señalarse que la indagación preliminar se justifica para esclarecer la duda sobre la procedencia de la investigación y su finalidad radica en verificar la ocurrencia de la conducta, determinando si es constitutiva de falta disciplinaria y siendo así, si existe alguna exclusión de responsabilidad.

A su turno, conforme con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, las únicas conductas que pueden dar lugar a falta disciplinaria, son por acción u omisión en el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en alguna de las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la Constitución y la ley.

En ese orden el asunto a debatir se plantea en dilucidar si el juez disciplinado incurrió en comportamientos reprochables desde el punto de vista disciplinario, por conductas constitutivas de acoso laboral, contra la quejosa en los hechos ocurridos el día 21 de septiembre de 2011 y en una diligencia de remate practicada a finales del año 2010.

La Ley 1010 de 2006, previó sobre acoso laboral, una normativa específica para hacer frente a comportamientos que vulneran el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, al definir que conductas se entenderán como acoso laboral, se indica que lo serán aquellas conductas persistentes y demostrables, que el superior inmediato ejerza sobre un empleado.

Para conceptualizar las conductas de acoso laboral, la norma en cita define el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, y la inequidad laboral.

El artículo 7º de la norma en cita, establece que se presume el acoso laboral, cuando se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las conductas, que enumera y refiere que en los demás casos no señalados la autoridad competente debe valorar, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, si se presentó o no la figura del acoso laboral.

Es claro que dicha normatividad prevé que excepcionalmente un solo acto hostil puede ser suficiente para acreditar el acoso laboral, pero igualmente faculta a la autoridad competente para apreciar tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad de la quejosa.

En el presente caso, respecto a los dos eventos analizados existen dentro del acervo probatorio, versiones distintas y antagónicas; y las declaraciones recibidas de quienes presenciaron los hechos apuntan a que no les consta acciones humillantes o desobligantes por parte del disciplinado contra la quejosa. En síntesis, deberá señalarse que el juicioso análisis del a quo, sobre el material probatorio que se acoge por esta superioridad, devienen en unos hechos en concreto, de los elementos de prueba allegados al expediente, sin que pueda inferirse una conducta de acoso laboral.

Por el contrario se debe tener en cuenta que el Juez como director del despacho, tiene no solo la facultad, sino la obligación de corregir los yerros cometidos por sus colaboradores y llamar la atención a los integrantes del despacho, respecto a los asuntos que conoce el juzgado.

Por ello si el juez le hizo una observación a la secretaria por una información inexacta referente a la entrega de los títulos judiciales a los postores en la diligencia de remate, tal conducta por sí sola no puede considerarse constitutiva de acoso laboral.

No puede dejar de advertirse en el presente caso, hay evidencia de serias discrepancias entre la empleada quejosa y el juez disciplinado, que tienen que ver con la declaratoria de insubsistencia de la primera, la queja formulada en contra del Juez por aquella, la exigencias de múltiples requerimientos del Juez por la calidad y cantidad de trabajo a la empleada-quejosa, cuando aún era secretaria del despacho y la existencia de otro radicado entre estas mismas partes y por hechos similares en el Consejo Seccional.

Sin embargo las presentes diligencias están circunscritas a dos eventos y al material probatorio allegado que se refiera a ellos, y es en ese punto donde esta superioridad encuentra que de ese material no es posible concluir que conducta del doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, incurrió en una conducta de acoso laboral, que implicara un incumplimiento de sus deberes y por tanto la decisión del a quo de abstenerse de abrir investigación disciplinarla en su contra, deberá confirmarse y en consecuencia se disponer al archivo de las diligencias, tal como lo dispone el artículo 73 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, la decisión proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Quindío, del 26 de julio de 2012, en la cual resolvió ABSTENERSE DE INICIAR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA contra el doctor Óscar Fernando Montalvo Fierro, Juez Primero Promiscuo Municipal de la Tebaida y ordenó el archivo definitivo de las diligencias, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso; advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».