Sentencia 2011-00344/1306-2011 de octubre 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 110010325000201100344 00

Número interno: 1306-2011

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Actor: Juan Diego Londoño Sepúlveda

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

2.1. De las excepciones propuestas por la entidad demandada.

Previo a estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver las excepciones planteadas por la apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, las cuales denominó: (i) la jurisdicción no es una tercera instancia, y (ii) cosa juzgada.

2.1.1. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia.

Frente a esta excepción, la apoderada de la Policía Nacional señala que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede ser considerada una tercera instancia para dirimir controversias que fueron resueltas por los operadores disciplinarios bajo el procedimiento legal establecido en la normativa aplicable.

Agrega que al demandante se le garantizó el derecho al debido proceso, defensa y contradicción, en tanto que presentó pruebas, rindió descargos y alegatos de conclusión y le fueron notificadas las actuaciones administrativas surtidas al interior del proceso.

Previo a resolver la excepción planteada, debe señalarse que si bien esta corporación, en reiteradas oportunidades, ha manifestado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede convertirse en una tercera instancia para debatir nuevamente las pruebas que ya fueron objeto de controversia dentro de una investigación disciplinaria(5), también lo es que, de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016, proferida por la Sala Plena, se estableció que el juez tiene un control pleno e integral sobre los actos administrativos de carácter disciplinario, que se efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política y de las normas que resulten aplicables, sin que él pueda ser restringido por lo que se plantee expresamente en el escrito de demanda o por interpretaciones restrictivas de la competencia de los jueces que conforman la jurisdicción(6).

Así las cosas, la discusión planteada en el sub examine de acuerdo al escrito de la demanda está orientada a realizar el control de legalidad de los actos impugnados, sin que ello pueda considerarse una tercera instancia, sino como la competencia otorgada al juez tanto por la Constitución Política como por la ley, para realizar el control de legalidad de actos administrativos proferidos dentro de una actuación disciplinaria, y además, como la garantía al ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia.

Por consiguiente, la excepción no prospera.

2.1.2. De la cosa juzgada.

Al respecto, sostiene la apoderada de la entidad demandada que comoquiera que la investigación disciplinaria culminó con el fallo de segunda instancia, frente al cual no procede recurso alguno, se configura la cosa juzgada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 303 del Código General del Proceso, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jurídica de las partes.

Por su parte, el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo señala lo siguiente:

La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios.

En relación con dicho concepto, el Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de la sentencia de 26 de febrero de 2015, radicado 2014-00219, C.P. Susana Buitrago Valencia, sostuvo lo siguiente:

Esta Sala ha expresado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable (...). De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada, son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

Así, la cosa juzgada es la consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, proveniente de un procedimiento calificado, a la cual se le pueden predicar efectos procesales y sustanciales, que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados, o, también, un carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo que implica la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados e introducir modificaciones a través de una nueva providencia.

Ahora, en consideración al asunto planteado en el presente caso, debe resaltarse que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado(7), manifestó que “cuando las sentencias dictadas por los jueces alcanzan ejecutoria se vuelven inimpugnables y frente a ellas se produce, el efecto de cosa juzgada; no ocurre lo mismo con los actos administrativos que aun cuando estén ejecutoriados son susceptibles de pronunciamientos judiciales, a efectos de determinar su validez y legalidad pudiendo ser ocluidos del mundo jurídico por declaratoria de nulidad total o parcial, o reemplazadas, modificadas o reformadas” (negrilla fuera de texto).

En ese orden de ideas, la excepción planteada no está llamada a prosperar, en la medida en que los fallos disciplinarios enjuiciados son actos administrativos que pueden ser sometidos a control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, razón por la cual no opera el fenómeno de la cosa juzgada.

2.2. El problema jurídico.

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos acusados, la entidad demandada incurrió en: (i) violación al debido proceso, por haber proferido una decisión sin el material probatorio suficiente para determinar la ocurrencia de una falta disciplinaria; (ii) violación del principio de presunción de inocencia; (iii) desviación de poder y, (iv) falsa motivación.

2.3. Marco normativo.

De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política, los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

El artículo 125, inciso 4º ibídem, señala que el retiro del servicio en los órganos y entidades del Estado se produce por “calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o en la ley”.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...). Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibídem dispone que esta institución es un “cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, y respecto a sus miembros, señala dicha disposición que la ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal uniformado escafalonado y los auxiliares de policía que estén prestando servicio militar en la institución policial.

El artículo 34 ibídem establece como faltas gravísimas, entre otras, la siguiente:

4. Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la Ley 734 de 2002 en su artículo 142 establece que no se puede proferir fallo disciplinario sancionatorio si no existen pruebas que conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. Lo anterior, relacionado con lo preceptuado en el artículo 128 ibídem en el que se hace referencia a la necesidad y carga de la prueba, disponiendo que “toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado”.

Ahora, respecto a los medios de prueba y la libertad de pruebas, los artículos 130 y 131 ibídem, disponen lo siguiente:

ART. 130.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos y cualquier otro medio técnico-científico que no viole el ordenamiento jurídico, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

ART. 131.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

Finalmente, dicha normativa consagra en cuanto a la apreciación integral de las pruebas, que estas deberán “apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta”.

2.4. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, puede establecerse lo siguiente:

2.4.1. En relación con la actuación disciplinaria.

El 17 de diciembre de 2009, el señor Jairo Armando Blandón Jaramillo presentó una queja ante la policía metropolitana del Valle de Aburrá contra dos personas vinculadas a la Policía Nacional, por la presunta comisión del delito de concusión. Al respecto, sostuvo que el 16 del mismo mes y año cuando descendía del bus intermunicipal que lo traía de la ciudad de Bogotá a Medellín, en la terminal del Norte fue abordado por el agente Perea, llevado al CAI de la terminal, y en presencia del patrullero Londoño, le pidieron una suma de dinero por haberle encontrado en su equipaje $ 50.000.000, so pretexto de no ser judicializado(8).

En esa misma fecha, la oficina de control disciplinario interno de la policía metropolitana del Valle de Aburra resolvió abrir indagación preliminar en contra de personal por establecer. En dicha oportunidad se tuvieron como pruebas, la queja, fotocopia del tiquete de viaje, y la denuncia penal, por los mismos hechos, presentada por el señor Blandón Jaramillo ante la Fiscalía General de la Nación(9).

El 18 de diciembre de 2009, luego de que se aportaran a la investigación disciplinaria los informes por parte del comandante de la estación terminal del Norte, se vinculó al agente Rubén Darío Perea Gil y al patrullero Juan Diego Londoño Sepúlveda(10).

El 22 de diciembre de 2009, el señor Jairo Armando Blandón Jaramillo rindió declaración ante la oficina de control disciplinario interno de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, en la que manifestó(11):

El agente Perea me pide una requisa más o menos a las 3:30 a 4:00 de la madrugada cuando yo llegué de la terminal y accedí a ella, él se da cuenta de la existencia del dinero, cuando eso pasó me pide la cédula, me requisa la maleta y me pide el favor que lo acompañe al CAI, vamos caminando al CAI y el señor Perea va adelante, mi persona va en la mitad, el patrullero Londoño va en la parte de atrás, entramos al CAI y me requisa la maleta y me pregunta qué llevo le dije que llevaba un dinero y él se da cuenta de la existencia, en ese momento no me deja llamar, cuando estamos dentro del CAI me pide la cédula y se la pasa al patrullero Londoño que para hacer un informe, y me dice que lo tengo que acompañar a la Sijin, yo le dije que cómo así, yo me llené de nervios porque él comenzó a hacerme propuestas indirectas, yo tenía forma de demostrar la procedencia del dinero, el agente Perea me dice que esos documentos los tengo que mostrar es en la Sijin pero que le hablara para ver cómo podíamos arreglar para que me dejara ir, yo le dije que estoy haciendo un favor, soy estudiante y este dinero no es mío, hice una llamada porque inicialmente el señor agente me hace inicialmente una exigencia de 20 millones de pesos, la cual yo accedí a darle doce millones de pesos para que me dejaran ir porque ya que en medio de los nervios tenía que irme (...) en el transcurso que estoy en el CAI el patrullero Londoño sale a conseguirme agua porque yo la pedí muy formalmente, me la trajo y después de que yo le entrego los doce millones de pesos personalmente los deja en la mesa que está dentro del CAI y me acompaña al estacionamiento de los taxis, el patrullero Londoño se queda dentro del CAI, el agente Perea me lleva a los taxis y me fui de la terminal de transporte (...) el agente Perea ni Londoño hicieron constancia de la incautación del dinero y desde la primera instancia estaban actuando de mala fe (...) dentro del CAI, en el momento que me hacen la exigencia de los veinte millones el patrullero Londoño deja de llenar la hoja donde estaba tomando todos mis datos.

El 23 de diciembre de 2009, el agente Rubén Darío Perea Gil presentó versión libre, en la que sostuvo(12):

En el día 16 de diciembre me encontraba realizando el 4º y 1er turno como comandante de guardia de la estación terminal del Norte, siendo aproximadamente las 3 y 40 de la madrugada nos encontrábamos en el 4º nivel llegada de buses, llegaron varios buses y nos paramos a mirar el descargue de las personas y de las maletas de los pasajeros, como es normal abordé a uno de ellos el cual le solicité una requisa procediendo a ser grosero y negándose a ella por lo que procedí a llamar al compañero patrullero Londoño, procedimos a dirigir a la persona a la estación primer nivel para luego realizarle la respectiva requisa tanto personal como de los bolsos que llevaba, los requisamos personalmente y le pedimos el favor que abriera los maletines que llevaba el cual el mismo accedió lo cual le llevaba y lo que pudimos observar era pura ropa, procedimos a pedirle la cédula a hacerle y tomarle los datos de rigor para hacerle una amonestación empezamos a dialogar con el señor porque estaba como ofendido o grosero y bajo el temperamento diciendo que para qué le íbamos a hacer esa amonestación que era estudiante, para luego después de un buen ratico no se le hizo la amonestación, salió contento del CAI porque no se le hizo la amonestación e íbamos charlando y hasta riendo; como ese día llegaban los dos hijos míos (...) subí al tercer nivel con el señor a esperar a mi familia, es tanto que cuando se embarcó en el taxi me preguntó de dónde era yo y me saludó de mano (...) luego que el señor se fue nos quedamos con el compañero deambulando mientras llegaba la familia mía como a las 5 y 15 (...) en ningún momento nunca le vimos plata al señor ni revisando nos dimos cuenta ni encima de él en el maletín, él llevaba dos maletines y no había nada (...) la grosería del señor el simple hecho de tratarme mal como ciudadano está sometido a una requisa y si lo van a hacer tiene que tratar mal al policía eso da para una amonestación y estas pueden ser escritas o verbales (...). Preguntado: (...) argumentó en declaración el señor Jairo Armando que usted y el patrullero Londoño Sepúlveda le hicieron exigencia de veinte millones de pesos, que accedió finalmente a darles la suma de doce millones, qué dice de ello. Contestó: de dónde iba a dar veinte millones si no le vimos plata ya que, no le vimos plata (negrilla fuera de texto).

En la misma fecha, el patrullero Juan Diego Londoño Sepúlveda, manifestó en versión libre, que(13):

Preguntado: en forma libre y voluntaria y si lo quiere, a qué atribuye entonces que el señor Jairo Armando hubiera instaurado denuncia por concusión ante la Fiscalía General de la Nación por cuanto dice él que usted y Perea le hicieron exigencia del dinero. Contestó: desconozco porque al momento de efectuarle la requisa no se le halló nada solo se bajó al CAI para hacerle la amonestación. Preguntado: en forma libre voluntaria y si lo quiere, qué tiempo permaneció el señor Jairo Armando dentro del CAI o estación de policía terminal Norte. Contestó: un lapso de 20 a 30 minutos. Preguntado: (...) si solamente se le iba a hacer una amonestación como lo refiere usted, por qué demoró tanto el señor Jairo Armando dentro de la estación. Contestó: porque él se tornaba agresivo y contra nosotros y él decía que por qué se le requisaba solo a él y por eso nos demoramos. Preguntado: (...) cuando usted dice que fue llevado a la estación terminal Norte el señor Jairo Armando, estando allí le observó, le inspeccionó o miró el interior de las maletas que este portaba. Contestó: no señor, la inspección del equipaje lo hizo el agente Perea. Preguntado: (...) qué elementos portaba el señor Jairo Armando dentro de su maleta. Contestó: ropa y utensilios de aseo (...). Preguntado: (...) cuántas maletas o equipaje llevaba consigo el señor Jairo Armando. Contestó: que yo recuerdo una de rodachines. Preguntado: (...) por qué cree usted que el señor Jairo Armando hubiera instaurado la denuncia contra ustedes por concusión o sea por la exigencia de dinero y que él cita se le hizo de veinte millones y que finalmente accedió a darles debido a la presión la suma de doce millones. Contestó: desconozco cuando se le hizo la requisa no se le halló ningún dinero de pronto se tornó mal fue por la requisa y eso fue lo único (...). Desconozco en ningún momento nos entregó dinero y sí quedé dentro del CAI porque iba a hacer la minuta el agente Perea estaba esperando a su familia. Preguntado: (...) por qué en declaración rendida por el señor Jairo Armando manifiesta que el agente Perea lo llevó hasta el acopio de los taxis, y que se mostró más afable con él después de haberles dado la suma de doce millones de pesos, qué dice de ello. Contestó: no desconozco como vuelvo y lo digo mi compañero salió porque estaba esperando a su familia y desconozco si lo acompañó (negrilla fuera de texto).

Mediante auto de 23 de diciembre de 2009, la oficina de control disciplinario de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, decidió abrir investigación disciplinaria en contra del agente Perea Gil Rubén Darío y el patrullero Londoño Sepúlveda Juan Diego(14).

A través de auto de 28 de diciembre de 2009, la oficina de control disciplinario interno de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, formuló pliego de cargos contra los antes mencionados, así:

De los eventos conocidos dentro del presente proceso, queja del señor Jairo Armando, denuncia penal por el punible de concusión. Artículo 404 del Código Penal, declaración jurada de este (...) del video anexado al cartapacio, de la fotocopia de minuta de vigilancia para la fecha de los hechos (...) donde quedo consignadó el servicio que usted prestaba de vigilancia en la estación terminal Norte nivel 1 y 2, se puede presupuestar que para dicha fecha usted y el señor agente Perea Gil proceden a hacerle al señor Jairo Armando una requisa, igualmente la solicitud y exigencia de suma de dinero so pretexto de llevarlo a la fiscalía, manifestación hecha por el agente Perea, usted procede a tomarle supuestamente datos para amonestarlo, se le intimida, con llevarlo a la fiscalía, el agente Perea Gil le informa que dicho dinero es ilegal, lo conducen junto al agente a las instalaciones de la estación terminal Norte, en su interior lo revisan nuevamente la maleta y aprecian el dinero dentro de esta maleta, lo intimidan con conducirlo a la fiscalía, se le hace entonces la exigencia de 20 millones de pesos para dejarlo ir por parte del agente Perea y estando usted presente, presa de los nervios y del susto, el ciudadano Jairo Armando accede a darles la suma de doce millones de pesos, se los entrega personalmente a Perea y dicho dinero queda en el interior del CAI junto a usted quien permanece en su interior mientras el agente Perea lo acompaña muy amablemente al acopio de taxis.

Con dicha conducta se estableció que los disciplinados habían incurrido en la falta gravísima consagrada en el numeral 4º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006(15), a título de dolo(16).

Por auto de 14 de enero de 2010, una vez el apoderado judicial de los disciplinados presentó los descargos, la oficina de control disciplinario interno de la policía metropolitana del Valle de Aburrá decretó las pruebas solicitadas por la defensa, esto es, la declaración del señor Jairo Armando Blandón Jaramillo y del señor Robinson Galván Gaibao, vigilante de la terminal del Norte(17).

El 26 de enero de 2010, el señor Robinson Galván Gaibao al rendir declaración, manifestó(18):

Fue en la madrugada estaba en el cuarto piso cuando escuché por radio que el agente Perea le pidió al patrullero Londoño que le hiciera pantalla que se negaba a dejarse requisar, nosotros tenemos comunicación con ellos y nos apoyamos y escuché cuando él pidió el apoyo miro y el patrullero cuando le pide apoyo bajó ya él estaba como dentro del bus, hablaron y estaba inconforme y bajaron del cuarto piso al primer piso con dirección al CAI y a ese señor se lo llevaron al CAI, me quedé mirando y entraron al señor al CAI estaba como inconforme con la requisa, lo que sí vi fue que el patrullero salió corriendo y creo que compró agua y como, a los quince minutos salió el señor Perea y el ciudadano para el acopio de los taxis.

El 1º de febrero de 2010, el señor José Israel Blandón Arteaga rindió declaración, en la que señaló:

Pregunta del defensor. Sírvase decir al despacho, ya que dice en su declaración ser el propietario del dinero que supuestamente transportaba su sobrino plenamente identificado cómo puede acreditar usted la existencia del dinero en mención para esa época y su legalidad. Contestó: Yo soy rentista de capital y mi labor es prestar plata a interés (...). Pregunta del defensor. Dígale al despacho qué motivos o por qué circunstancias usted hace transportar una cantidad de dinero por vía terrestre y en un horario tan riesgoso en la vía Bogotá - Medellín y a horas de la noche y no hace una transacción como usted dice ser acreditado ante la DIAN. Contestó. Bueno primero el riesgo del fleteo, y el pago del cuatro por mil lógicamente (...). Pregunta del defensor. Dígale al despacho, a razón de qué o por qué le estaban entregando a su sobrino una cantidad de dinero tan elevada para ser transportada en tan alto riesgo. Contestó: El pago de un préstamo, a la compañía SBC. Pregunta del defensor. Dígale al despacho, si usted nos puede proporcionar ante esta instancia el nombre de la persona a la que usted le hizo el préstamo y su lugar de ubicación para que nos acredite el hecho que la instancia disciplinaria investiga. Contestó: La doctora María Paola del Castillo, es la gerente y jefe de la compañía SBC. Carrera 80 Nº 16 D 53 de Bogotá. Pregunta del defensor: Dígale al despacho, usted como propietario de este dinero que se ha manifestado portaba el señor Jairo en el momento del viaje a qué atribuye que su sobrino portador de este dinero no se hubiese dirigido con inmediatez ante la autoridad competente para denunciar un hecho tan grave como se manifiesta y ocurrido con los policiales. Contestó: Sí lo hicimos al otro día fuimos al CAI a hablar con el superior de los agentes a poner dicha queja y a seguir lo que la ley o el superior dijera (...). Pregunta la defensa, dígale al despacho, si usted dentro de su actividad como rentista de capital a la que hace alusión se encuentra legalizado ante cámara de comercio, ante la Superintendencia Bancaria, ante la DIAN o ante algún otro organismo del Estado que avale.

El 28 de mayo de 2010, la oficina de control disciplinario interno de la policía metropolitana del Valle de Aburrá emitió fallo de primera instancia, a través del cual declaró disciplinariamente responsable al agente Rubén Darío Perea Gil y al patrullero Juan Diego Londoño Sepúlveda, sancionándolos con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años(19).

Contra dicha decisión, el apoderado judicial de los sancionados interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 28 de junio de 2010 por la inspección delegada regional de la Policía Nacional, confirmando la decisión inicial(20).

Mediante la Resolución 2522 de 6 de agosto de 2010, la Dirección General de la Policía Nacional, ejecutó la sanción disciplinaria de retiro del servicio activo de la Policía Nacional del patrullero Juan Diego Londoño Sepúlveda. Decisión que fue notificada el 17 del mismo mes y año(21).

3. Caso concreto.

3.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso contencioso administrativo.

En primer término la Sala considera indispensable precisar que el control de legalidad de los actos de carácter sancionatorio y de los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Así lo sostuvo recientemente la Sala Plena de esta corporación, en sentencia de unificación:

b) El control judicial integral de la decisión disciplinaria —criterios de unificación—. El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.

(...).

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1. La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2. La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3. La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4. La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5. Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6. El juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7. El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8. El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva(22).

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente trascrita.

3.2. Violación del derecho al debido proceso.

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6º de la Ley 734 de 2002, disponen que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria(23).

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso, público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”(24).

Frente a este cargo, el demandante sostuvo que le fue vulnerado su derecho al debido proceso, en la medida en que el juzgador disciplinario lo sancionó con base en pruebas indiciarias y material probatorio insuficiente que no acreditaba de manera fehaciente la comisión de la falta gravísima contenida en el numeral 4º, del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Respecto a la prueba indiciaria a la que hace referencia el apoderado del demandante, con la cual considera se configuró la violación del derecho al debido proceso, debe resaltarse que el Consejo de Estado, manifestó que “el indicio es medio probatorio indirecto porque a partir de la prueba de un hecho indirecto llamado “indicador” se infiere o deduce, lógicamente, el hecho directo, llamado “indicado””(25).

La jurisprudencia determinó como elementos de la prueba indiciaria, los siguientes: (i) el hecho indicador debe estar probado; ii) de un hecho base se infiere otro; (iii) para desvirtuarse la presunción, los indicios deben estar plenamente probados; y (iv) debe existir un razonamiento que demuestra cómo partiendo del indicio probado, el implicado realizó la conducta irregular(26).

Por su parte, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 734 de 2002, son medios de prueba la confesión, el testimonio, documentos, entre otros, añadiendo en tal sentido que los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Para el caso en concreto el material probatorio tenido en cuenta por la entidad demandada para determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria consagrada en la Ley 1015 de 2006, relacionada con “solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones”, fue el siguiente:

— Documentales: queja presentada por el señor Jairo Armando Blandón Jaramillo, donde expone y relata los eventos presentados el 16 de diciembre de 2009 con los dos uniformados en la terminal del Norte de Medellín; copia del tiquete de viaje proveniente de la ciudad de Bogotá a Medellín; fotocopia de la denuncia penal instaurada por el señor Blandón Jaramillo ante la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de concusión por parte de los miembros de la Policía Nacional; folio de vida del agente Perea Gil y el patrullero Londoño Sepúlveda; informe 2842, presentado por el subcomandante de la policía metropolitana de Medellín frente a los hechos objeto de investigación; informe 810, presentado por el sargento primero José Fernando Marín Martínez, comandante de la estación terminal Norte, dando cuenta de la novedad con los uniformados; informe 817, donde el comandante de estación terminal Norte anexa fotocopia de la minuta de vigilancia del 16 de diciembre de 2009; y video de las grabaciones existentes en el lugar y fecha de los hechos.

— Testimoniales: declaración del señor Jairo Armando Blandón Jaramillo, en la que relató los hechos acaecidos en la terminal del Norte cuando descendió del bus intermunicipal y de la exigencia de dinero que se le hizo por parte de los miembros de la Policía Nacional; declaración del señor José Israel Blandón Arteaga, quien comentó los hechos de que tuvo conocimiento cuando el señor Blandón Jaramillo le contó sobre lo sucedido; versión libre rendida por el agente Rubén Darío Perea Gil y el patrullero Londoño Sepúlveda, en la que narraron lo ocurrido en la terminal el 16 de diciembre de 2009; declaración del señor Robinsón Galván Gaibao, quien para la época de los hechos se encontraba en la terminal del Norte prestando su servicio como vigilante(27); y declaración del señor Julio Alberto Zapata Pérez(28).

Al respecto, debe resaltarse que con la valoración integral de las pruebas antes mencionadas, era dable determinar que el patrullero Londoño Sepúlveda y el agente Perea Gil solicitaron y recibieron una suma de dinero de un tercero con el fin de omitir el ejercicio propio de sus funciones como miembros de la Policía Nacional. Veamos porqué:

El 16 de diciembre de 2009 el señor Jairo Armando Blandón Jaramillo al llegar a la terminal del Norte de Medellín proveniente de Bogotá, fue retenido por el agente Perea Gil y el patrullero Londoño Sepúlveda.

De conformidad con la queja y las declaraciones rendidas del señor Blandón Jaramillo y José Israel Blandón Arteaga, el primero, al momento de llegar a la terminal del Norte de Medellín portaba en su equipaje la suma de $ 50.000.000.

Una vez el señor Blandón Jaramillo fue retenido por los disciplinados, fue conducido al CAI del terminal. Dicha actuación, según la versión libre de los uniformados se debió a que por la actitud grosera de aquel, de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa aplicable, debía imponérsele una amonestación en privado. No obstante, de la supuesta amonestación no obra prueba documental alguna.

De conformidad con la Ley 1355 de 1970, modificada por el Decreto-Ley 522 de 1971, y la Ley 23 de 1991, las contravenciones que dan lugar a la amonestación en privado y de las cuales son competentes los comandantes de estación y de subestación, son: al que en vía pública riña o amenace a otros, y al que “deje vagar ganados por calles, plazas, parques, zonas de los ferrocarriles y otros lugares semejantes”.

El artículo 277 ibídem, señala que “cuando se trate simplemente de amonestación en privado, reprensión en audiencia pública y expulsión, bastará con hacer las anotaciones respectivas en el libro que al efecto se lleve en el comando. La anotación deberá llevar la firma del comandante y del contraventor”.

Así las cosas, la Sala puede establecer que, primero, la supuesta conducta del señor Blandón Jaramillo no era consecuencia de una amonestación en privado; segundo, ni el patrullero Londoño Sepúlveda ni el agente Perea Gil eran competentes para realizarla; y tercero, de haber efectuado la supuesta contravención, tenían el deber de realizar un informe o una anotación en los documentos respectivos, de lo cual no obra prueba alguna.

Ahora, si no se daban los presupuestos para la contravención mencionada, llama la atención de la Sala, los siguientes hechos:

(i) Si el señor Blandón Jaramillo fue retenido por su comportamiento grosero con los miembros de la Policía Nacional al efectuarle una requisa, si este llevaba en su equipaje ropa y, se insiste, no se le impuso amonestación, por qué este permaneció en el CAI, de acuerdo con las declaraciones rendidas, por aproximadamente 30 minutos, lapso que se considera extenso para que solamente se surtieran los hechos narrados por los disciplinados;

(ii) Si el quejoso fue grosero con los policías, por qué uno de ellos, después de salir del CAI, lo acompañó a la estación de taxis;

(iii) Al preguntárseles a los disciplinados por qué creían que el quejoso interpuso la denuncia, ambos contestaron que este no llevaba dinero, sin embargo, de acreditarse su existencia, ninguno señaló de manera rotunda que como miembros de la Policía Nacional no harían tal exigencia;

(iv) El patrullero Londoño Sepúlveda sostuvo que mientras su compañero llevó al retenido a la estación de taxis, él se quedó haciendo el informe respectivo de los hechos acaecidos, de lo cual, se repite, no existe prueba alguna; y,

(v) Las declaraciones rendidas por los policías dentro de la investigación disciplinaria no son coherentes en cuanto al número de maletas que llevaba el señor Blandón Jaramillo, quién lo requisó, qué vieron en su equipaje, y quién lo acompañó al acopio de taxis. Lo anterior, por lo siguiente:

— El agente Perea Gil, en su versión libre manifestó “en ningún momento nunca le vimos plata al señor ni revisando nos dimos cuenta ni encima de él ni en el maletín, él llevaba dos maletas y no había nada”. Por su parte, el patrullero Londoño Sepúlveda, una vez se le preguntó cuántas maletas o equipaje llevaba consigo el señor Blandón Jaramillo, respondió “que yo recuerde una de rodachines”.

— En la versión libre el agente Perea Gil, manifestó “procedimos a dirigir a la persona a la estación primer nivel para luego realizarle la respectiva requisa tanto personal como de los bolsos que llevaba, lo requisamos personalmente y le pedimos el favor que abriera los maletines que llevaba el cual él mismo accedió y lo que pudimos observar era pura ropa, procedimos a pedirle la cédula a hacerle y tomarle los datos de rigor para hacerle una amonestación”. Por su parte, el patrullero Londoño Sepúlveda, respondió “Preguntado: (...) cuando usted dice que fue llevado a la estación terminal Norte el señor Jairo Armando, estando allí le observó, le inspeccionó o miró el interior de las maletas que este portaba. Contestó: no señor, la inspección del equipaje lo hizo el agente Perea. Preguntado: (...) qué elementos portaba el señor Jairo Armando dentro de su maleta. Contestó: ropa y utensilios de aseo (...)”.

— El agente Perea Gil, manifestó “no se le hizo la amonestación, salió contento del CAI porque no se le hizo la amonestación e íbamos charlando y hasta riendo, como ese día llegaba los dos hijos míos (...) subí al tercer nivel con el señor a esperar a mi familia, es tanto que cuando se embarcó en el taxi me preguntó de dónde era yo y me saludó de mano (...) luego que el señor se fue nos quedamos con el compañero deambulando mientras llegaba la familia mía”. Por su parte, el patrullero Londoño Sepúlveda, dijo “sí quedé dentro del CAI porque iba a hacer la minuta el agente Perea estaba esperando a su familia. Preguntado: (...) porque en declaración rendida por el señor Jairo Armando manifiesta que el agente Perea lo llevó hasta el acopio de los taxis, y que se mostró más afable con él después de haberles dado la suma de doce millones de pesos, qué dice de ello. Contestó: lo desconozco como vuelvo y lo digo mi compañero salió porque estaba esperando a su familia y desconozco si lo acompañó”.

En ese orden de ideas, ante las inconsistencias en las declaraciones de los disciplinados y la coherencia del relato de los hechos por parte del quejoso, tanto en la denuncia penal, la queja y sus declaraciones dentro del proceso disciplinario, resulta clara la conducta endilgada al ahora demandante, en tanto que existió un hecho generador que resultó debidamente acreditado, esto es, la retención del señor Blandón Jaramillo en la terminal del Norte, del cual surtieron los demás que hicieron que se demostrara que el señor Londoño Sepúlveda en su calidad de patrullero, junto con su compañero, solicitaron y recibieron dinero por parte del señor Blandón Jaramillo, con el fin de omitir una de sus funciones, dirigirlo a la autoridad competente de no haber demostrado de dónde provenía el dinero encontrado.

Ahora, debe resaltarse que tanto en el proceso disciplinario como en el proceso judicial, el apoderado judicial del demandante insiste en que los operadores disciplinarios debieron demostrar en su momento la legalidad de la suma de dinero hallada; además, en los alegatos de conclusión en esta instancia, este hace referencia que de encontrarse acreditada la hipótesis relacionada con la existencia de $ 50.000.000, el que solicitó y recibió $ 12.000.000 fue el agente Perea Gil, argumentos, que contrario a desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, hacen que se tenga aún más la certeza de la comisión de la falta disciplinaria por la que fue sancionado el patrullero Londoño Sepúlveda.

En atención a lo anterior, debe mencionarse que en el proceso disciplinario opera la libertad probatoria, y la valoración dentro de la sana crítica de los elementos que se aporten con miras a la determinación final, lo que implica que los sujetos procesales tienen la posibilidad de presentar disentimientos contra el acervo completo, pero que igualmente al operador disciplinario le corresponde la evaluación dentro de su margen de discrecionalidad para valorar la prueba en sí misma y la crítica a ella, razón por la cual el cargo referido no debe prosperar, dado que los operadores disciplinarios en el asunto sometido a consideración tuvieron en cuenta todo el material probatorio obrante y llegaron a la conclusión de que era dable proferir una sanción disciplinaria, sin que se observe una duda al respecto o una vulneración del derecho al debido proceso.

Finalmente, cabe aclarar que en el proceso disciplinario en el que resultó sancionado el demandante se respetaron las garantías fundamentales al debido proceso y defensa, en tanto: i) el trámite administrativo se adelantó de cara a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002; ii) se le permitió al disciplinado ejercer su derecho de contradicción formulando descargos, alegando de conclusión, apelando el fallo de primera instancia, es decir, permitiendo su participación activa ante el operador disciplinario; iii) se efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y, iv) la sanción impuesta al accionante atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

3.3. Violación del principio de presunción de inocencia.

El artículo 9º de la Ley 734 de 2002 dispone sobre el principio de presunción de inocencia, que “toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

Por su parte, la Corte Constitucional se pronunció en torno a la constitucionalidad de ese principio y sobre el particular manifestó que tal previsión tiene justificación en que “si los hechos que constituyen una infracción administrativa no están debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica”.

La presunción de inocencia es un principio esencial en materia disciplinaria, teniendo en cuenta que su aplicación permite que el funcionario instructor no se sesgue en el desarrollo del debate disciplinario, adoptando una actitud contraria a los intereses del investigado.

Así, el desconocimiento de esta presunción puede afectar el curso de todo el proceso y puede acarrear, entonces, que se nieguen o rechacen pruebas que ayuden a esclarecer la ocurrencia de los hechos, influyendo además en la valoración que se realice y en la decisión que, finalmente, se profiera.

Frente a este cargo el demandante manifestó que los fallos acusados se emitieron sin material probatorio que condujera a la certeza de la responsabilidad disciplinaria y que, en consecuencia, la duda existente fue utilizada en su contra.

La Sala observa, además de lo mencionado en el cargo anterior, que el actor califica las pruebas como vagas e imprecisas, pero no identifica a qué se contrae la vaguedad o imprecisión que acusa y pese a su valoración, al verificar los actos censurados, se advierte que el análisis de los medios de prueba fue integral y llevó al juzgador disciplinario a la convicción de que, se insiste, el demandante solicitó y recibió $ 12.000.000 del señor Blandón Jaramillo para evitar ser llevado a la Fiscalía General de la Nación o la Sijin por la incautación de $ 50.000.000.

Lo anterior, permite considerar que la Policía Nacional sí tenía los elementos de juicio suficientes para endilgar responsabilidad al actor, que las pruebas fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica y que la interpretación que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la conclusión de que la falta disciplinaria sí se cometió y el actor fue responsable de ella.

Es importante advertir que al revisar la actuación disciplinaria no se vislumbra sesgo en el decreto y práctica de las pruebas; por el contrario, se hizo evidente que el único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la verdad real de los hechos y para ello hizo uso de todos los medios que estimó pertinentes y conducentes para su esclarecimiento. Ahora bien, una vez realizó la valoración integral de las pruebas, concluyó que el actor no logró desvirtuar el cargo que le fue endilgado. Así bajo tales circunstancias, no se demuestra que los actos acusados hayan carecido de pruebas suficientes, sino, por el contrario, las recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del operador disciplinario.

Debe resaltarse además, que en la actuación disciplinaria se apreció que el interés primordial de la administración estuvo orientado a esclarecer los hechos y sancionar las conductas irregulares, teniendo un especial cuidado y desempeño, pues atendiendo, la especial función que desarrolla la Policía Nacional, se propendió por demostrar plenamente la claridad y transparencia en el ejercicio de las funciones por parte de sus miembros, dando prevalencia a los principios que orientan la función pública, que deben regir la gestión a ellos encomendada, producto de lo cual se concluyó que el actor estaba incurso en responsabilidad disciplinaria y, por ende, debían imponerse las sanciones que la ley prevé por su actuar irregular.

Finalmente, el demandante señaló que la investigación disciplinaria debió correr la misma suerte que la penal, en la que ante la inexistencia de pruebas, se suspendió.

Contrario a lo expuesto por la parte actora en relación a que la inexistencia de responsabilidad penal debe llevar al fallador disciplinario a emitir un fallo absolutorio, la Corte Constitucional en Sentencia C-427 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz, manifestó que existe plena autonomía del régimen disciplinario frente al proceso penal y al proceso fiscal. Al respecto, sostuvo:

Es de anotar como peculiaridad propia del derecho disciplinario, la posibilidad de que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadran en la forma de tipos abiertos. A diferencia de la materia penal, en donde las descripciones de los hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de faltas sancionables por la diversidad de los comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario.

Es de resaltar que tanto la jurisprudencia constitucional como la del Consejo de Estado ha establecido que si bien los diferentes regímenes punitivos (penal, contravenciones, disciplinario, correccional, fiscal y de punición por indignidad política) comparten elementos comunes, cada uno de ellos tiene su peculiaridad, en especial, el penal y el disciplinario, dado que la misma conducta puede ser sancionada en estos ámbitos sin que haya violación al principio non bis in idem.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de 26 de septiembre de 2012, expediente 0977-10, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sostuvo respecto a la autonomía del régimen disciplinario, que:

la conclusión no puede ser otra diferente a la independencia del proceso disciplinario del penal, eso sí con la advertencia que comparten entre otros aspectos, los principios rectores de tipicidad y legalidad, integrando el debido proceso, dado que como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional el principio de legalidad: (i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado (...)”.

Así, la ausencia de fallo condenatorio en materia penal no impide imponer sanción disciplinaria, siempre que en esta se configuren los presupuestos exigidos por la ley para el efecto, como ocurrió en el asunto sometido a consideración en que la autoridad disciplinaria concluyó que había certeza en la comisión de la falta disciplinaria y, por tanto, de la imposición de una sanción.

3.4. Desviación de poder y falsa motivación.

La doctrina ha definido la desviación de poder y falsa motivación como causales de nulidad de los actos administrativos, en los siguientes términos(29):

Desviación de poder: para determinar este vicio es necesario puntualizar lo que denominamos el elemento psicológico del acto administrativo. Este es el fin del agente administrativo, el fin pensado y querido por este, o sea, el móvil o deseo que ha inspirado al autor del acto. Sostiene Eisenmann que “lo que generalmente llamamos fin del acto es un cierto contenido de la conciencia del agente. No debemos equivocarnos a este respecto. Cuando se habla del fin del acto, se sigue con ello un atributo del acto en sí mismo considerado, un dato objetivo inherente al acto” (...).

Por lo tanto, para que se presente la desviación de poder es necesario que el acto de apariencia sea totalmente válido. El acto tiene una máscara de legalidad. Ningún otro elemento ha sido descuidado, pero presenta un fin espurio visible al observar los resultados obtenidos. Así, con este vicio se controla lo más íntimo del acto: los móviles que presidieron la actuación de la administración, la intención de esta. Es la fiscalización de las intenciones subjetivas del agente administrativo.

(...).

En suma, la desviación de poder, obedece a la necesidad de someter al principio de legalidad a la administración en todos sus aspectos y con miras a la protección de los particulares ante los abusos de aquella.

Falsa motivación: Según un concepto amplio de la falsa motivación. Esta es la causal de nulidad de los actos administrativos que agrupa los vicios de estos consistentes en irregularidades que se refieren al elemento causal y a su expresión en el acto que implican un desconocimiento de principios esenciales del derecho administrativo como lo son el de organización del Estado democrático de derecho, el principio de legalidad de la actividad administrativa, los principios derivados de los derechos y garantías sociales, y el de responsabilidad personal del funcionario.

Concretado lo anterior, toda función administrativa tiene origen en una norma superior, la cual prevé de manera general los motivos o antecedentes por los que puede aplicarse la consecuencia; los motivos en cada caso deben coincidir con esos previstos por la norma, respetando además otros principios generales del derecho administrativo, y el funcionario los expresará en la declaración cuando la motivación sea necesaria. Cualquier irregularidad en los anteriores requisitos constituye un vicio de falsa motivación (negrilla fuera de texto).

En tal sentido, quien acude a la jurisdicción para alegar la desviación de poder debe demostrar que la administración expidió un acto administrativo con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales y, por su parte, para acreditar la falsa motivación, señalar que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión un hecho o hechos que en realidad no existieron, o en qué consiste la errada interpretación de los hechos.

Frente a estos cargos reitera el demandante que la investigación disciplinaria se llevó a cabo sin una causa legal, y sin un procedimiento adecuado para la valoración de las pruebas obrantes dentro del expediente.

Así las cosas, teniendo en cuenta que estos tienen relación con los argumentos expuestos en los cargos anteriores, esto es, violación del derecho al debido proceso y del principio de presunción de inocencia, debe reiterarse que la investigación disciplinaria se realizó en razón a una queja interpuesta en contra de los miembros de la Policía Nacional y fue desarrollada con base en el procedimiento previsto en la ley, profiriéndose dentro de la misma los fallos disciplinarios, en los cuales se tuvieron en cuenta los supuestos fácticos, la normativa y jurisprudencia aplicable, y la totalidad del material probatorio recaudado, para concluir la responsabilidad disciplinaria del patrullero Londoño Sepúlveda al solicitar y recibir de un tercero una suma de dinero, con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento realizado por el juzgador disciplinario frente al material probatorio, debe resaltarse que se tuvieron en cuenta los medios probatorios establecidos en la Ley 734 de 2002, y su valoración se realizó de manera integral y bajo el principio de la sana crítica, sin que la Sala encuentre una omisión o indebida valoración probatoria como quiere hacer ver el demandante.

En tal sentido, se insiste, si bien el apoderado de la parte actora sostiene que la Policía Nacional no realizó un estudio de la totalidad de las pruebas, tampoco señala cuáles fueron las que dejaron de valorarse, cuáles desvirtuaban la acreditación de la falta disciplinaria, o cuáles se estudiaron erróneamente, al contrario, en la presentación de descargos, en las diligencias de testimonios dentro de la investigación disciplinaria(30) y en el escrito de la demanda, el apoderado se limitó a señalar que de acreditarse la hipótesis planteada por el juzgador disciplinario, no se verificó la legalidad del dinero que llevaba consigo el señor Blandón Jaramillo, situación esta que de llegarse a comprobar no incide en las decisiones ahora acusadas.

Valga señalar, en todo caso, que precisamente por constituir una conducta irregular, tanto el hecho de la solicitud, la entrega y recibo del dinero, es evidente que no se hubieran dejado registros de ello, razón por la cual el juzgador disciplinario tenía que realizar un análisis integral de las pruebas obrantes dentro del expediente para determinar o no la responsabilidad, análisis que, se insiste, se realizó bajo los parámetros legales y el raciocino y que además no fue desvirtuado con ningún material probatorio allegado por los disciplinados en su momento.

4. Conclusión.

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que el actor no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Juan Diego Londoño Sepúlveda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(5) Sentencia de 21 de noviembre de 2013, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(6) Sentencia de 9 de agosto de 2016, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo por el Consejo de Estado, radicado 1220-2011, C.P. William Hernández Gómez, demandante: Piedad Esneida Córdoba Ruiz.

(7) Sentencia de 5 de junio de 2014, número interno 0044-2011, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(8) Folios 3 y 4, cdno. 2.

(9) Folios 6 y 7, cdno. 2.

(10) Folios 63 y 64, cdno. 2.

(11) Folios 70 a 72, cdno. 2.

(12) Folios 77 a 79, cdno. 2.

(13) Folios 80 a 82, cdno. 2.

(14) Folios 83 a 85, cdno. 2.

(15) “ART. 34.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (...) 4. Solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones”.

(16) Folios 98 a 117, cdno. 2.

(17) Folios 132 y 133, cdno. 2.

(18) Folios 138 a 140, cdno. 2.

(19) Folios 238 a 257, cdno. 2.

(20) Folios 271 a 291, cdno. 2.

(21) Folios 300 y 301, cdno. 2.

(22) Sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, referencia: 11001032500020110031600, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz.

(23) Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(24) Sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

(25) Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 16 de febrero de 2001, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(26) Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 1º de noviembre de 2001, C.P. Alberto Arango Mantilla.

(27) “estaba en el 4º piso cuando escucho por radio el reporte para que Londoño apoyara el procedimiento ya que un ciudadano se negaba a dejarse requisar; que bajaron al ciudadano del 4º piso al primer piso, lo llevaron al ciudadano directo al CAI, que vio el patrullero corrió y compró agua y que a los quince minutos salió Perea con el señor para el acopio de los taxis, que el señor llevaba una maleta, que cuando llevaron al ciudadano al CAI quedó en el segundo nivel, refiere que estaba como a 40 metros de distancia al CAI y que no alcanzó a ver el dinero en las maletas, tampoco discusión alguna entre los policías y el señor, y reitera que cuando salió del CAI acompañado del señor agente Perea”.

(28) “quien dijo ser vigilante de la empresa de Segur col y quien para la fecha de los hechos prestaba su servicio en la terminal del Norte, dijo que estaba en el segundo nivel cuando escuchó el reporte por radio y que vio cuando el otro agente pasó y que no se podía mover de allí, que bajaron a un señor al primer nivel y que estaba como bravo por eso, que no vio dinero alguno y que tampoco sobre exigencia de dinero que estaba en el segundo nivel y no se podía mover de allí”.

(29) Causales de anulación de los actos administrativos, 1ª Edición. Autores: Miguel Largacha Martínez y Daniel Posee Velásquez.

(30) En la declaración del señor José Israel Blandón Arteaga el apoderado de la defensa preguntó: “Pregunta del defensor. Sírvase decir al despacho, ya que dice en su declaración ser el propietario del dinero que supuestamente transportaba su sobrino plenamente identificado cómo puede acreditar usted la existencia del dinero en mención para esa época y su legalidad. Contestó: Yo soy rentista de capital y mi labor es prestar plata a interés (...). Pregunta del defensor: Dígale al despacho qué motivos o por qué circunstancias usted hace transportar una cantidad de dinero por vía terrestre y en un horario tan riesgoso en la vía Bogotá-Medellín y a horas de la noche y no hace una transacción como usted dice ser acreditado ante la DIAN. Contestó: Bueno primero el riesgo del fleteo, y el pago del cuatro por mil lógicamente (...). Pregunta del defensor: Dígale al despacho, a razón de qué o por qué le estaban entregando a su sobrino una cantidad de dinero tan elevada para ser transportada en tan alto riesgo. Contestó: El pago de un préstamo, a la compañía SBC. Pregunta del defensor: Dígale al despacho, si usted nos puede proporcionar ante esta instancia el nombre de la persona a la que usted le hizo el préstamo y su lugar de ubicación para que nos acredite el hecho que la instancia disciplinaria investiga. Contestó: La doctora María Paola del Castillo, es la gerente y jefe de la compañía SBC. Carrera 80 Nº 16 D 53 de Bogotá. Pregunta del defensor: Dígale al despacho, usted como propietario de este dinero que se ha manifestado portaba el señor Jairo en el momento del viaje a qué atribuye que su sobrino portador de este dinero no se hubiese dirigido con inmediatez ante la autoridad competente para denunciar un hecho tan grave como se manifiesta y ocurrido con los policiales. Contestó: Sí lo hicimos al otro día fuimos al CAI a hablar con el superior de los agentes a poner dicha queja y a seguir lo que la ley o el superior dijera (...). Pregunta la defensa, dígale al despacho, si usted dentro de su actividad como rentista de capital a la que hace alusión se encuentra legalizado ante cámara de comercio, ante la Superintendencia Bancaria, ante la DIAN o ante algún otro organismo del estado que avale.