Sentencia 2011-00344/52157 de febrero 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2011-00344-01(52157)

Actor: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte —IDRD—

Demandados: Jorge Merlano Matiz y otros

Referencia: Apelación sentencia - Acción de repetición

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. Competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2. El ejercicio oportuno de la acción; 3. La acción de repetición: consideraciones generales y reiteración jurisprudencial; 4. Verificación de los presupuestos de prosperidad de la acción de repetición que interpuso el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá; 5. Condena en costas.

1. Competencia.

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo —como este caso— la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se pronunció así(15):

“(…) conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(16).

Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, bastaacudirenformaexclusivaalprincipiodeconexidad, previsto como principal en el artículo 7º [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) ysinqueserequieraestablecerlacuantíadelademanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del Código Contencioso Administrativo, antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad(17)” (negrillas y subrayas de la Subsección).

De igual manera, el inciso 3º del artículo 7º de la Ley 678 de 2001 estableció:

“Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto” (se destaca).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la competencia para conocer de la demanda era del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, dado que esta corporación judicial profirió la sentencia del 1º de febrero de 2007, que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 12 de agosto de 2009, a través de las cuales se impuso al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá la obligación de pagar la suma de dinero por la que ahora se repite.

Debe mencionar la Sala que tales sentencias se expidieron como consecuencia de la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho formuló un ciudadano en contra del IDRD, por la expedición de la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, a través de la cual se realizaron unas incorporaciones a la planta de personal de la entidad, sin incluirlo.

La Sala indica que la parte actora aportó al expediente, como anexos de la demanda, copias de las sentencias condenatorias referidas(18).

En cuanto a las razones para que los procesos de repetición iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo —como este caso— sean de doble instancia, la Corporación sostuvo:

“Por consiguiente, ante la inexistencia de norma expresa en la Ley 678, proferida en el año de 2001, que brinde e imponga una solución específica diferente y ante la improcedencia de acudir a las normas generales de competencia establecidas en el Código Contencioso Administrativo, por las razones antes expuestas, resulta necesario acudir a los principios constitucionales entre los cuales se encuentra el criterio general de la segunda instancia, según el cual:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

“El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

“Así pues, resulta claro que la Carta Política le atribuyó al legislador la potestad de determinar cuáles sentencias judiciales quedarían excluidas, por excepción, de la posibilidad de ser apeladas, de lo cual se desprende, con igual claridad, que en todos aquellos eventos en los cuales el legislador no hubiere restringido o excluido tal posibilidad, naturalmente deberá operar el principio general en cuya virtud la propia Constitución establece la opción de cuestionar las respectivas sentencias, por vía de apelación, ante una segunda instancia.

“Pues bien, para los juicios que corresponden a las acciones de repetición, ocurre que la mencionada Ley 678 únicamente se ocupó de definir la procedencia de una sola y única instancia cuando la demanda se dirija contra aquellos altos dignatarios del Estado taxativamente señalados en el parágrafo 1º de su artículo 7º, lo cual evidencia que el legislador excluyó las sentencias que se profieran en esos específicos eventos de la posibilidad de ser apeladas; sin embargo, en relación con los demás casos que se tramiten en ejercicio de la acción de repetición nada dijo el legislador acerca de la posibilidad de tramitar, o no, una segunda instancia, lo cual obliga a destacar que, de conformidad con la regla general que establece el transcrito artículo 31 Constitucional, los fallos que se profieran en el desarrollo de tales actuaciones deben ser susceptibles de apelación, independientemente de la cuantía del proceso o de que el conocimiento del mismo corresponda, en primera instancia y por virtud del señalado criterio de conexidad, al Juez o Tribunal Administrativo, según el caso”(19).

En vista de que todas las demandas de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia, —excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia— debe precisarse la competencia funcional para resolver el recurso de apelación que presentó el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá.

El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al sub lite) previó lo siguiente:

“Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

“(…)” (se destaca).

En suma, la Sala conoce de este asunto porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

En relación con el término de caducidad de las acciones de repetición cuando estaba en vigencia el Código Contencioso Administrativo —como sucede en el sub examine— la Subsección se pronunció así:

“En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron —Nº 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001—, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

“(…)

“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción”(20) (negrilla por la Sala).

En este caso, el término de caducidad se contabilizará a partir del día siguiente al pago de la suma de dinero derivada de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1º de febrero de 2007, que fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 12 de agosto de 2009, toda vez que este ocurrió antes de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, en el plenario se demostró que la sentencia de segunda instancia referida se notificó, mediante edicto, por el término de tres días, desde el 25 al 29 de septiembre de 2009(21); así las cosas, los 18 meses, contados desde el día siguiente, se completaron el 30 marzo de 2011; por su parte, el 30 de marzo de 2010 ocurrió el último pago de la condena(22).

A ese respecto, se advierte que el 14 de enero de 2010, según lo certificó la tesorera general, el IDRD le pagó al señor Héctor Mario Enciso, con ocasión del reintegro que se ordenó en su favor, los salarios y prestaciones sociales; de forma posterior, entre el 29 y el 30 de marzo de 2010, lo atinente a cesantías, salud y pensiones(23).

En punto a lo anterior, vale anotar que esta Subsección ha considerado que en las acciones de repetición dentro de las cuales el cumplimiento de la condena se llevó a cabo en cuotas, la caducidad debe contabilizarse desde la fecha del último pago(24), interpretación que es concordante con el contenido del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, norma procesal aplicable a este caso, por cuanto se encontraba vigente para cuando se presentó la demanda(25).

Así las cosas, los dos años con los cuales contaba el IDRD para interponer la demanda de repetición vencían el 31 de marzo de 2012, y como la demanda se interpuso el 14 de diciembre de 2010, se concluye que se hizo de manera oportuna.

Con todo y lo anterior, no puede dejarse de señalar que uno de los argumentos de defensa expuestos por los accionados en su contestación a la demanda se enfocó en indicar que en este asunto se configuró una falta de legitimación en la causa por activa, así como la caducidad de la acción, porque de conformidad con el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, el libelo debió interponerse dentro de los seis meses siguientes al pago de la condena y, como ello no ocurrió, solamente estaba habilitado para demandar el Ministerio Público, que no lo hizo.

Sobre el particular, debe indicarse que la Ley 678 de 2001 expuso en los artículos 8º y 11 varias reglas: en el artículo 8º señaló que en un plazo no superior a seis meses siguientes al pago, la entidad pública debía ejercer la acción de repetición, y que si no lo hiciere, la demanda podía ser interpuesta por: i) el Ministerio Público o, ii) el Ministerio de Justicia y del derecho, cuando la entidad condenada fuera del orden nacional; también que: i) cualquier persona podría requerir a las entidades legitimadas para que instauraran la acción de repetición; ii) “si el representante legal de la entidad directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero (…) no iniciare la acción en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución”.

De otro lado, en términos generales, en el artículo 11, expuso que la caducidad de la acción de repetición sería de dos años, contados a partir del pago.

Bajo este entendido, la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación(26), se pronunció en el sentido de indicar que una vez transcurridos los seis meses de que trata el artículo 8º de la normativa en estudio, la entidad estatal afectada en su patrimonio no pierde la legitimación para demandar, puesto que, la caducidad de la acción es de dos años de conformidad con el artículo 11 ibídem; “situación diferente es que con el propósito de que la norma no quede en letra muerta, el otro precepto prevea un plazo de seis (6) meses con miras estrictamente a conminar, incluso con medidas disciplinarias drásticas, su efectiva aplicación”. Asimismo (se transcribe de forma literal):

“La norma pues tiene un doble objeto, de un lado, señala quienes están legitimados (principal y subsidiariamente) para interponer la acción correspondiente y , de otro, establece una serie de medidas tendientes a constreñir a las entidades directamente afectada a interponer la acción, así: (i) Señala un plazo de seis (6) meses para que se intente —sin que haya lugar a sanción de ninguna índole—; (ii) establece, como medida alternativa: la posibilidad de que si no se intenta en ese término otras entidades estatales puedan hacerlo; (iii) faculta a toda persona para requerir a la respectiva entidad a que adelante el proceso correspondiente y (iv) finalmente, prevé una drástica sanción para quien desatienda los mandatos de este precepto (paratipo disciplinario).

“Ello no significa, que —como asegura el accionado— la entidad pierda la legitimación en la causa si no la intenta en ese plazo de seis (6) meses. Dicha interpretación no sólo contraría lo prescrito en el texto legal en comento, sino que además no resulta armónica con lo ordenado por el artículo 11 eiusdem que se ocupa de regular lo relativo a la caducidad, y al hacerlo prevé que la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. Precepto especial que sin dar a lugar a equívocos señala un plazo de dos (2) años (y no de seis meses) para intentar este medio de control.

“Estudiadas y evaluadas en conjunto y armónicamente las dos disposiciones y teniendo en cuenta el propósito constitucional de este instituto (art. 90 inc. 2º superior), la Sala encuentra que el plazo de dos años para intentar la acción se aplica no sólo al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho, sino también a quien está llamado jurídicamente a realizar la defensa del patrimonio público, la propia entidad accionada.

“(…)

“No puede desconocerse que el interés que tutela en este evento el legislador, no es otro que la defensa del patrimonio público, de modo que busca proteger un interés concreto y directo, que se perdería con una interpretación que cercenase la posibilidad de interponer esta acción, cuando lo que se persigue justamente es que sea utilizada, cuando se reúnan las condiciones para ello”.

En estas circunstancias, no le asiste razón a los demandados y, por tanto, se impone reiterar que el sub examine se radicó dentro del término previsto para ello.

3. La acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial(27). 

La demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo —algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000— como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una demanda de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, fijó su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

En relación con los aspectos procesales, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.

Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (C.N., arts. 6º, 90, 121, 122 y 124)”(28).

Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo en los siguientes términos:

“ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Aunque no es el único referente, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil en lo atinente a ese tema.

En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues, según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”(29).

Como para el caso en análisis lo que se le reprocha a los demandados es la expedición de la Resolución 184 del 27 de abril 2001, que ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 (4 de agosto de 2001)(30), será el Código Civil el parámetro normativo que se tendrá en cuenta para valorar si su conducta se enmarca en una culpa grave.

4. Presupuestos de prosperidad de la acción de repetición.

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo.

La Subsección analizará si en el presente caso se encuentran reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción de repetición que formuló el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá.

En caso de que alguno de los anteriores presupuestos no se encuentre satisfecho, resultará innecesario estudiar los demás.

a) La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero.

Al proceso se aportó copia auténtica de la sentencia condenatoria expedida el 1º de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A(31).

En tal providencia se declaró la nulidad del acto demandado, la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, por medio de la cual la Directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte no incorporó al señor Héctor Mario Enciso a la nueva planta de personal, luego de efectuar el proceso de reestructuración de la entidad y, como consecuencia, se ordenó el reintegro del demandante a un cargo de igual o mayor categoría al que desempeñó, así como al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, desde el momento de su retiro y hasta su reintegro.

La anterior decisión tuvo como sustento el hecho de que la Resolución 184 del 27 de abril de 2001 resultó contraria a los mandatos de la Ley 443 de 1998, artículo 39, y el Decreto 1568 de 1998, artículos 44 y 45, según los cuales, la supresión de un cargo de carrera conlleva para el empleado retirado el derecho a ser incorporado a un cargo equivalente en la nueva planta de personal; no obstante, en el caso analizado, la entidad accionada desconoció esos preceptos, pues incorporó, luego de la reestructuración, a un funcionario con carácter de provisional “desconociendo el derecho preferencial que asistía al demandante, dada su condición de empleado de carrera”.

Asimismo, obra en el plenario copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de agosto de 2009 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la sentencia apelada(32), la cual quedó ejecutoriada según lo certificó el Secretario de esa Sección de la Corporación, el 2 de octubre de 2009(33).

Por lo antes dicho, se demostró en el expediente la existencia de la condena por cuyo pago se interpuso esta demanda de repetición.

b) El pago de la condena impuesta a la parte actora.

Con la demanda se aportaron los siguientes documentos, a fin de demostrar el pago de la condena por la cual se repite:

— Resolución 589 del 28 de diciembre de 2009, por medio de la cual se dio cumplimiento a la condena. En ese acto administrativo se liquidaron los salarios y prestaciones sociales del demandante por un valor de $ 165.976.806, aunque, cabe aclarar que luego de realizar las deducciones y descuentos correspondientes a cesantías, salud y pensión, se ordenó el pago de $ 145.188.493(34).

— Resolución 100 del 19 de marzo de 2010, por medio de la cual se le reconoció al demandante, por cesantías, la suma de $ 13.095.976(35).

— Resolución 101 del 19 de marzo de 2010, en la cual se resolvió reconocer al señor Héctor Mario Enciso, por aportes a salud y pensión, la suma de $ 54.806.358, por el período comprendido entre el 3 de mayo de 2001 al 27 de diciembre de 2009(36).

— Certificación expedida por la Tesorera General del IDRD, en la que hizo saber que al señor Héctor Mario Enciso, en cumplimiento de los tres actos administrativos mencionados, se le pagó la suma total de $ 213.090.827(37), discriminados de la siguiente forma: un primer pago, a través de cheque, el 14 de enero de 2010, el segundo y tercer pago, a través de consignación, los días 29 y 30 de marzo de 2010(38).

En definitiva, se demostró que el pago final de la condena impuesta al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá ocurrió el 30 de marzo de 2010.

c) La condición de ex agentes del Estado de los demandados.

Obran en el expediente las copias auténticas del Decreto 1 del 1º de enero de 2001, por medio del cual se nombró a la señora María Consuelo Araújo Castro en el cargo de Directora General del IDRD; igualmente, del acta 004 del 2 de enero de 2001, por medio de la cual tomó posesión del cargo. En último lugar, del Decreto 292 del 9 de julio de 2002, por medio del cual se le aceptó la renuncia(39).

De igual forma, aparecen copias auténticas de la Resolución 491 del 2 de agosto de 1999, por medio de la cual se nombró a la señora María Beatriz Canal Acero en el cargo de Subdirectora Técnica Administrativa y Financiera del IDRD, así como del acta de posesión 2074 del 2 de agosto de 1999 y de la Resolución 331 del 5 de agosto de 2002, mediante la cual se le aceptó la renuncia(40).

A ello debe sumarse, que al sub examine se aportó copia auténtica del contrato de consultoría 097 del 23 de abril de 2001(41), suscrito entre el IDRD y el señor Jorge Merlano Matiz, cuyo objeto consistió en lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“El Consultor se compromete para con el instituto a prestar la asesoría jurídica integral al proceso de mejoramiento de la productividad laboral de la entidad que debe adelantar ésta, en el programa de reestructuración administrativo (…) Obligaciones del Consultor: (…) Revisar la situación legal de los funcionarios del IDRD (…) Definir la planta de personal de la entidad con la reestructuración (…) Definir el personal retirado”.

En la demanda se refirió que los accionados actuaron con culpa grave al expedir la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, dentro de la cual no se incorporó al señor Héctor Mario Enciso a la nueva planta de personal del IDRD.

Ahora bien, como las señoras María Consuelo Araújo Castro y María Beatriz Canal Acero se desempeñaron como servidoras públicas del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá para el momento en que suscribió el referido acto administrativo, se impone concluir que su legitimación por pasiva está debidamente acreditada.

En lo que respecta al contratista, señor Jorge Merlano Matiz, se tiene que la Ley 678 de 2001, en los artículos 1º y 2º, estableció para las entidades estatales, la posibilidad de demandar a los particulares que en ejercicio de una función pública(42) les hubiesen causado un detrimento patrimonial; así pues, ante las obligaciones contractuales que el mencionado contratista asumió, tales como definir cuál sería la nueva planta de personal y las personas a retirar del IDRD una vez culminado el proceso de reestructuración que originó la condena por la que se demanda, a la Sala no le cabe duda de que ciertamente ejerció funciones públicas y, por ende, está debidamente legitimado por pasiva dentro del presente asunto.

Cabe precisar que la Subsección(43) ha referido que es conveniente distinguir entre la legitimación en la causa de hecho y la material(44). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta a través de la demanda, de manera que quien demanda a otro y como apoyo “le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la pretensión, está legitimadode hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda”(45).

Por su parte, la legitimación material corresponde a la participación real de los sujetos procesales en los hechos que originan la presentación de la demanda y constituye un requisito necesario para dictar sentencia favorable a las pretensiones(46).

En consecuencia, la legitimación por pasiva que se está dando por acreditada corresponde a la de hecho, mientras que la legitimación material se analizará cuando se estudie el fondo del asunto, más exactamente cuándo se analice si los accionados obraron con culpa grave o no.

d) La culpa grave en cabeza de los demandados.

Para resolver este punto, lo primero será decir que las posturas de las partes en el sub lite fueron las siguientes:

El IDRD alegó que los demandados incurrieron en una culpa grave porque violaron las normas de carrera administrativa consagradas en la Ley 443 de 1998, dado que luego del proceso de reestructuración estaban obligados a incorporar, de forma preferencial y en la nueva planta que se creó, a los funcionarios escalafonados en carrera administrativa; sin embargo, para el caso del señor Héctor Mario Enciso, ese deber no se cumplió, en la medida en que, a pesar de encontrarse nombrado en carrera administrativa no fue vinculado y, en su lugar, se designó a un funcionario en provisionalidad.

Por su parte, las señoras María Consuelo Araújo Castro y María Beatriz Canal Acero expusieron en su defensa: i) que la condena impuesta en contra del IDRD no determinaba su responsabilidad; ii) para este caso, la entidad demandante estaba obligada a demostrar el elemento subjetivo de su conducta, en tanto que, las presunciones de culpa grave de la Ley 678 de 2001 no les son aplicables porque los hechos objeto de demanda sucedieron antes de su entrada en vigencia; iii) con el proceso de restructuración se redujeron los cargos de la entidad, por lo cual no todos los funcionarios de la antigua planta pudieron ser incorporados; además, se modificaron las funciones y los perfiles y como el señor Héctor Mario Enciso no cumplió con los requisitos, no fue incorporado.

Entre tanto, el señor Jorge Merlano Matiz indicó: i) que la incorporación del señor Héctor Mario Enciso a la planta de personal no era un asunto de su competencia; ii) la condena impuesta fue contraria a otras decisiones en las que se fallaron casos similares de forma favorable para el IDRD; iii) la entidad demandada liquidó el contrato sin efectuarle requerimiento alguno y que, en todo caso, el IDRD debió acatar la cláusula compromisoria pactada en el contrato; iv) en desarrollo de sus actividades no actuó con culpa grave.

En la primera instancia se negaron las suplicas de la demanda por cuanto el IDRD no estableció la culpa grave o el dolo de los demandados.

Ahora bien, en el recurso de apelación, el IDRD reiteró los argumentos de la demanda atinentes a la violación de las normas de carrera administrativa y, adicionalmente, expresó que no se valoraron los manuales de funciones y el contrato de consultoría aportados al proceso. Finalmente, que no se tuvieron en cuenta las afirmaciones que se realizaron en las contestaciones de la demanda.

A su vez, el Ministerio Público, en su concepto, solicitó que se revoque la sentencia apelada y se condene a los demandados, ya que incurrieron en una conducta gravemente culposa al expedir la Resolución 184 del 27 de abril de 2001.

Bajo este estado de cosas, la Sala procederá, en primer lugar, a relacionar los hechos que se encuentran probados dentro del plenario, para luego analizar si la culpa grave de los accionados fue demostrada. Así:

— En sesión del 4 de abril de 2001, la junta directiva del IDRD aprobó los proyectos de las resoluciones que María Consuelo Araujo, en calidad de directora, les puso a consideración, con la finalidad de suprimir y, a su vez, crear la nueva estructura de la entidad, quedando sujeta la misma a que el departamento administrativo del servicio civil y la secretaría de hacienda expidieran los conceptos de viabilidad técnica y presupuestal(47). Dichos conceptos se emitieron el 26 de abril de 2001(48).

— Mediante la Resolución 1 del 26 de abril de 2001, la junta directiva del IDRD adoptó la estructura orgánica de la entidad e indicó que tendría una planta semiglobal, “cuyos cargos serán distribuidos en las diferentes dependencias mediante resolución de la dirección general de conformidad con la estructura interna, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos que adelante, al igual que la naturaleza de las funciones, niveles de responsabilidad y perfil del cargo”(49).

— A través de la Resolución 3 del 26 de abril de 2001(50), la junta directiva del IDRD dispuso, entre otras cosas: i) suprimir 451 cargos de la planta semiglobal; ii) establecer una nueva planta de personal semiglobal; iii) facultar a la directora general para realizar la reincorporación de los funcionarios a la planta semiglobal de personal adoptada mediante ese acto administrativo, así como la distribución de los empleos. Igualmente, que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Los empleados de carrera titulares de los cargos suprimidos en virtud de lo dispuesto en la presente resolución, de conformidad con lo consagrado en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, podrán optar por ser incorporados a empleo equivalente o por recibir indemnización.

“El procedimiento aplicable a los consagrado en el presente artículo será el establecido en el título III del Decreto 1568 de 1998”.

— El 27 de abril de 2001, en las resoluciones 184(51) y 185(52), la señora María Consuelo Araújo Castro, en calidad de directora del IDRD, llevó a cabo la incorporación y distribución de los funcionarios en la planta global de cargos de la entidad, de conformidad con la facultad que le había sido otorgada por la junta directiva en la Resolución 3 del 26 de abril de 2001.

— Mediante apoderado, el señor Héctor Mario Enciso demandó la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, por cuanto no lo incorporó a la planta global de cargos(53). Es de resaltar que el mencionado ciudadano ocupó en el IDRD el cargo denominado auxiliar administrativo, código 550, grado 06(54), del que se suprimieron 33 aunque en la nueva planta se crearon 23 cargos de ese mismo grado y denominación(55).

— El 1º de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, profirió el fallo de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto administrativo atacado y ordenó el reintegro del señor Enciso al cargo que venía desempeñando en la entidad, o a otro de igual o superior categoría, así como el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su retiro y hasta su reintegro(56).

El a quo, en su decisión, luego de citar el contenido de la Ley 443 de 1998, artículo 39 y el Decreto 1568 de 1998, artículos 44 y 45, expuso lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Debe la Sala señalar, que tal y como lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollas la función pública, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales. La carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio.

“En virtud de lo anterior, los funcionarios de carrera son titulares del derecho a la estabilidad del empleo, por cuanto su retiro solo puede producirse por las causas específicamente señaladas en la ley, y su desvinculación en caso de supresión del cargo por reestructuración, debe obedecer a un trámite especial que implica la opción de ser indemnizado o incorporado.

“(…) a través del oficio del 30 de abril de 2001, la entidad demandada comunicó al actor que su cargo había sido suprimido y que en razón de ello quedaba desvinculado del cargo a partir del 2 de mayo del mismo año, informándole además del derecho que le asistía de optar entre ser incorporado o indemnizado.

“Una vez enterado del contenido del oficio anterior y estando dentro del término establecido en el artículo 45 del Decreto 1568 de 1998, el actor mediante comunicación escrita dirigida a la directora general de la entidad manifestó su decisión de ser incorporado en un empleo equivalente.

“El 6 de noviembre de 2001, seis meses después de que el actor manifestase su decisión de ser incorporado a la nueva planta, la entidad profirió la Resolución 640, por medio de las cual reconoce y ordena pagar la indemnización correspondiente por la supresión de su cargo, toda vez que no existió en la planta de personal cargo vacante (así se expresa en la citada resolución).

“No obstante, encuentra el Tribunal que la dirección general del instituto demandado por medio de la Resolución 184 del 27 de abril de 2001 incorporó en el cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 06, a un funcionario con carácter provisional, esto es, el señor Rodríguez Méndez Marco Fidel, desconociendo el derecho preferencial que asistía al demandante, dada su condición de empleado de carrera (…).

“Tal proceder del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte comporta una flagrante violación de normas de carrera, pues, precisamente lo que la Ley 443 y sus reglamentarios consagran es la obligación de la administración de reincorporar en la nueva planta a los funcionarios escalafonados cuyos cargos fueron suprimidos.

“Y es que, si bien la supresión del empleo implica el retiro del servicio, aún del empleado escalafonado, no podía la directora general del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, a quien de conformidad con el artículo 24 de la Resolución 1 del 26 de abril de 2001, le correspondía hacer las incorporaciones a la nueva planta, desconocer el derecho preferencial de los empleados que, como el actor, venían inscritos en el régimen general de carrera, a ser nombrados en los empleos equivalentes de la nueva planta.

“Para la Sala es clara la obligación que tenía la entidad de incorporar al señor Héctor Mario Enciso en la nueva planta de personal, ya que en la misma subsistieron veintitrés (23) cargos de auxiliar administrativo código 550-06, de la misma denominación, código y grado al desempeñado por este en la antigua planta, y de los cuales, uno fue provisto provisionalmente sin atender el derecho preferencial de carrera administrativa que amparaba en todo caso al demandante (…).

“Finalmente, no puede el Tribunal pasar por alto la justificación que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte ofrece respecto de la no incorporación del actor. En la contestación de la demanda se señala que el señor Enciso no reunía el perfil ni los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de auxiliar administrativo 550-06 que subsistió en la planta, empero advierte la Sala que, además de que esta situación no se acreditó por la entidad, no se puede desconocer que el demandante se encontraba inscrito en la carrera administrativa y por lo tanto es dable asegurar que reunía los requisitos y condiciones para desempeñar el cargo.

“Es más, de las diferentes pruebas que obran en el expediente se advierten las calidades académicas y aptitudes profesionales del actor, quien, además de tener estudios de relaciones internaciones y leyes y jurisprudencia, demostró formación en el manejo de la informática y el internet y una amplia trayectoria en la conducción y administración de parques y clubes deportivos lo cual le permitió obtener una de las más altas calificaciones en la evaluación de su desempeño durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000.

“Los anteriores argumentos, conllevan al Tribunal a declarar la nulidad, en lo que corresponde a la no incorporación del actor, de la Resolución 184 del 27 de abril de 2001 (…)”.

— Esa decisión se apeló por el IDRD y, el 12 de agosto de 2009, la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación la confirmó con los siguientes argumentos(57), (se transcribe de forma literal):

“(…) el actor se encontraba inscrito en carrera administrativa, situación que no se encuentra en discusión, como tampoco que la vinculación del señor Marco Fidel Rodríguez Méndez con carácter de provisional, y la afirmación de la demanda, según la cual el actor cumplió con el perfil exigido no se encuentra sustentada.

“El sistema de carrera administrativa fue instituido con el fin de brindar igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, así como la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso, razón por la cual la incorporación del personal a la nueva planta de personal luego de una reestructuración, se presenta como una facultad reglada que debe atender el derecho de preferencia que asiste a los funcionarios amparados por el fuero de carrera.

“En esas condiciones las razones en que se basen las decisiones de la administración que se adopten en detrimento de las prerrogativas que dicho status les otorga deben encontrarse suficientemente acreditadas, de acuerdo con las normas que regulan la materia (L. 443/98 y sus decretos reglamentarios), situación que no se presenta en este caso.

“En consecuencia se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 1º de febrero de 2007, por encontrarse ajustada a derecho”.

— Por intermedio de la Resolución 638 del 24 de diciembre de 2009, el IDRD dio cumplimiento a los fallos aludidos y reintegró al señor Héctor Mario Enciso, “como empleado público en el cargo de técnico operativo código 314 grado 02 del área de servicios generales de la subdirección administrativa y financiera”(58).

En este punto, vale recordar que entre el IDRD y el señor Jorge Merlano Matiz se suscribió el contrato de consultoría 097 del 23 de abril de 2001, cuyos pormenores se describen a continuación(59):

— El objeto contractual y las obligaciones del consultor fueron las siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) Objeto del Contrato. El Consultor se compromete para con el Instituto a prestar la asesoría jurídica integral al proceso de mejoramiento de la productividad laboral de la entidad que debe adelantar ésta, en el programa de reestructuración administrativo.

“(…) Obligaciones del Consultor. 1 Realizar por su cuenta y riesgo todas las diligencias que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato (…) 2. Revisar la situación legal de los funcionarios del IDRD. 3. Analizar los procesos laborales en contra del IDRD, el cual conlleva: a) Fallos en contra de la entidad en materia de retiro de funcionarios y sustentación legal; b) Fallos a favor de la entidad, Sustentación legal; c) Fortalezas y debilidades de la entidad para el manejo de un proceso de retiro de funcionarios. 4. Realizar la calificación legal de funcionarios del IDRD. 5. Definirlaplantadepersonaldelaentidad,conlareestructuración.6.Definirelpersonalaserretirado. 7. AcompañaralIDRDduranteelprocesodereestructuración,envirtuddelcualdeberá:a) Prepararlarespectivadocumentación. b) Dar respuesta a peticiones de loso trabajadores, así como preparar los documentos de soporte respectivos y emitir los conceptos necesarios. c) Elaborar los conceptos a que haya lugar. 8. Resolver las consultas formuladas por el Instituto y relacionadas con el objeto del presente contrato con la mayor celeridad posible. 9. Guardar discreción de la información que se conozca con motivo de la ejecución del presente contrato (…). 10. Preparar y entregar un documento final de todo el proceso de reestructuración, el cual debe contener un recuento y consolidación del total de la información y actividades realizadas durante el mismo (…)” (se destaca).

— Aunado a lo expuesto, se tiene que el plazo de ejecución del contrato se pactó en cinco meses, contados desde su perfeccionamiento.

En desarrollo del aludido contrato y en lo que interesa para este asunto, el señor Jorge Merlano Matiz ejecutó las siguientes actividades:

— El 31 de mayo de 2001, le remitió a la señora María Beatriz Canal, Subdirectora Administrativa y Financiera de la entidad accionante, el cuadro de evaluación de cargos “utilizado en el proceso de retiro de funcionarios en carrera administrativa o provisionalidad”(60), junto con el documento soporte del mismo. Dentro del primero indicó que el señor Héctor Mario Enciso cumplía con el perfil para permanecer en el “mismo cargo anterior”(61); en el segundo, reseñó el proceso que agotó para definir qué trabajadores debían continuar en la entidad y cuáles salir. A continuación se exponen las consideraciones del documento soporte señalado. Así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)(62):

“Como ya se ha establecido el IDRD ha iniciado un proceso de reestructuración administrativa que busca racionalizar sus costos y profesionalizar actividades dentro de la entidad para cumplir a cabalidad su objeto y no distraer recursos en actividades que no son básicas para la entidad.

“Un primer aspecto se este estudio fue el relacionado con los cargos de mantenimiento y construcción de obras, que eran desempeñados por trabajadores oficiales los cuales fueron suprimidos en su totalidad, pues estas actividades no son propias del objeto del IDRD y pueden ser realizadas de manera más eficiente por contratación especifica.

“Para el caso de las labores realizadas por empleados públicos, tanto en carrera administrativa como en provisionalidad la entidad debe cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley 443 de 1998 que establece los mecanismos para la reincorporación de funcionarios a la nueva planta de personal.

“Para dar estricto cumplimiento a esta norma un primer criterio a ser aplicado en el proceso de reincorporación de funcionarios es el establecido en el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 que establece:

“PAR. 1º—Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos.

“Teniendo en cuenta los ordenado por la norma transcrita en aquellos casos que el cargo que desempeña un funcionario en carrera administrativa permanezca en la nueva planta de personal de la entidad, este será mantenido en el mismo. Sí el cargo es trasladado de una dependencia a otra pero mantiene las funciones se aplicará el mismo criterio.

(…) el segundo criterio a aplicar en el proceso de reincorporación del funcionario es que se encuentre en el mismo nivel y grado del cargo que desempeñaba.

Inicialmente compiten por los cargos de la nueva planta de personal los empleados públicos que se encuentren en el mismo nivel de cargo anterior por los cargos que queden dentro de las mismas condiciones en la planta de personal (ejemplo profesionales 07 compiten por cargos de profesionales 07).

“(…) El tercer aspecto a estudiar para determinar la posibilidad de reincorporación a la planta de personal es el relacionado con el cumplimiento del perfil exigido para el cargo en la nueva planta, ello corresponde a que los candidatos deben cumplir con el perfil establecido y exigido en el nuevo manual de funciones, por ejemplo sí se requiere una determinada profesión o condición de experiencia.

“(…) Cumplidas las anteriores condiciones se procede, si hay más de un cargo a distribuir, a realizar comparación de puntajes con el fin de establecer un orden de elegibilidad para ser reincorporado en el cargo (…)” (se destaca).

— El 30 de mayo de 2001, el consultor le remitió a la señora María Beatriz Canal Acero la relación de los recursos radicados y las respuestas que él proyectó; respecto del señor Héctor Mario Enciso indicó lo siguiente: i) que el 2 de mayo de 2001 le informó el costo que debía sufragar para obtener las copias de los documentos de la reestructuración(63); ii) que el 9 de mayo de 2001 le notificó una resolución en su calidad de servidor vinculado en carrera administrativa(64); iii) que el 11 de mayo de 2001 le comunicó que se cumpliría el procedimiento de ley para verificar la posibilidad de su reintegro(65).

— El 18 de julio de 2001, la señora María Beatriz Canal Acero certificó que el señor Jorge Merlano Matiz cumplió con el objeto contractual pactado en el contrato de consultoría 097 de 2001(66).

De otra parte, al proceso se aportó copia de una parte del manual de funciones del IDRD, adoptado mediante la Resolución 766 del 24 de diciembre de 1998 y vigente al 27 de abril de 2001 —fecha en la cual, a través de la Resolución 184, se decidió no incorporar al señor Héctor Mario Enciso—; específicamente, de los cargos denominados “Director general de entidad descentralizada” y “Subdirector técnico”, según se certificó por el subdirector administrativo y financiero del referido instituto, se ejercieron por las señoras María Consuelo Araújo Castro y María Beatriz Canal Acero durante esa misma época(67).

Sobre el particular, se anticipa que a pesar de que el manual de funciones descrito se allegó al sub examine de forma incompleta, la Sala lo valorará, en cuanto las demandadas no lo tacharon de falso en los términos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil(68), aceptando su contenido; aunque, en todo caso, se advierte que el aparte del manual que se aportó es el que contiene las funciones de los cargos que desempeñaron las ciudadanas demandadas en el lapso indicado.

Para mayor claridad frente a la idea que se sigue, a continuación se exponen las funciones de los cargos citados (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Denominación: Director general de entidad descentralizada (…).

“Funciones del cargo.

“1. Proponer a consideración de la junta directiva los planes generales del instituto en lo relacionado con actividades deportivas, recreación, buen uso de los parques, aprovechamiento del tiempo libre y los proyectos específicos acorde con los programas generales de la administración distrital y el plan de desarrollo del distrito capital.

“2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Institución, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el gobierno distrital y la junta directiva.

“3. Someter a consideración y aprobación de la junta directiva las modificaciones de los estatutos, planta de personal, régimen de remuneración y funciones de dependencias para el normal funcionamiento de la entidad.

“(…) 9. Organizar el funcionamiento de la entidad y proponer los ajustes a la estructura orgánica, de acuerdo con las necesidades y políticas del gobierno.

“10. Dirigir, coordinar y controlar el manejo de los recursos humanos, financieros. Físicos y el presupuesto de la entidad de acuerdo con la ley, disposiciones de la junta directiva y estatutos orgánicos.

“(…) 15. Modificar y aprobar los manuales de funciones por cargos y los manuales de procedimientos de las diferentes áreas que integran el instituto.

“16. Nombrar y remover los empleados de la entidad y contratar los trabajadores de conformidad con lo establecido por la ley.

“(…). 20. Evaluar a los empleados de carrera administrativa y de período de prueba a su cargo, dentro de los plazos establecidos legalmente, elaborando las notificaciones correspondientes”.

“Denominación: Subdirector técnico (…).

“Funciones del cargo.

“1. Asistir a la dirección en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos administrativos y financieros que competen a la entidad.

“2. Planear, dirigir y supervisar todas las actividades del orden administrativo y financiero para el correcto funcionamiento del instituto.

“(…) 5. Asistir al director en la determinación de las políticas y programas relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del instituto.

“6. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de funciones y procedimientos, velando por su adecuada implantación.

“(…) 11. Evaluar a los empleados de carrera administrativa y de período de prueba a su cargo, dentro de los plazos establecidos legalmente, elaborando las notificaciones correspondientes”.

— El 11 de diciembre de 2013, ante el Tribunal de primera instancia, el señor Héctor Mario Enciso rindió testimonio y, frente a los hechos objeto de la demanda, indicó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) Preguntado: Sírvase informar al despacho en qué fecha se vinculó al IDRD, el cargo que ocupaba y si se encontraba inscrito en carrera administrativa. Contestado: El 2 de octubre de 1996, ocupaba el cargo de auxiliar administrativo grado 06 y me encontraba escalafonado en carrera administrativa. Preguntado: Infórmele al despacho cómo fueron sus evaluaciones durante el tiempo que estuvo vinculado al IDRD. Contestado: Mis evaluaciones eran excelentes e promedio era 992 995 además tuve un premio por ser uno de los mejores funcionarios, me dieron un bono para la universidad. Preguntado: Infórmele al despacho qué recuerda del proceso de reestructuración del IDRD en el año 2001, específicamente el procedimiento efectuado por la entidad para evaluar a cada uno de sus funcionarios. Contestado: Yo me encontraba laborando en la división de deporte comunitario como auxiliar 6 y en mayo me entregaron un documento informándome que quedaba fuera, que se había suprimido el cargo. Preguntado: De conformidad con su anterior respuesta, infórmele al despacho si usted dio respuesta a la administración sobre la comunicación que menciona y en qué sentido dio respuesta. Contestado: Yo contesté la comunicación a los cinco días como dice la norma acogiéndome a la norma, solicitando que me reintegraran nuevamente, caso que no sucedió porque pasaron los seis meses y sacaron una resolución indemnizándome, en donde me manifestaron que en la planta de personal no había ningún cargo para mí, no tenía digamos los requisitos para ningún cargo. Preguntado: Manifieste al despacho para la fecha de mayo de 2001, cuáles eran sus estudios y títulos que poseía en ese momento. Contestado: Para esa época yo me encontraba en quinto semestre de derecho, además había estudiado dos semestres de relaciones internacionales y diplomacia en la Tadeo, tenía conocimiento además en la parte ofimática, de la misma forma tenía un diplomado en formación de escuelas deportivas y capacitaciones dictadas por la alcaldía IDRD, también tengo un diplomado en gerencia deportiva en la escuela nacional del deporte. Preguntado: Infórmele al despacho cuáles eran las funciones específicas que desarrollaba al momento de la reestructuración. Contestado: El auxiliar 6 en su manual de funciones le correspondía asistir al director del parque, llevar la programación, llevar los indicadores de cuántas personas ingresaron, llevar las estadísticas de mantenimiento que requiere el parque, realizar, contestar los comunicados que llegan de la comunidad, de la administración, además colaboraba con todos los eventos que tenía el parque y con deporte comunitario. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si conoce usted las razones, por las cuales el IDRD no lo incorporó en la nueva planta. Contestado: Desconozco, pues yo hice los respectivos derechos de petición sobre los motivos por los que no me incorporo a la planta y con buena calificación, lo que me contestaron es que no reunía los requisitos para ingresar nuevamente a la planta. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho cuál es su apreciación personal sobre la actuación de la administración, del IDRD, dado el proceso de reestructuración efectuado en el mes de abril del año 2001. Contestado: Bueno yo en aquella época yo le pregunté a la empresa Kenny de Vásquez, ellos me decían que la entidad, debería quedarse con el mismo personal y que la entidad tenía la plata, entonces yo considero que fue más político que en buscar buenos funcionarios (…)”.

En ese panorama, resulta pertinente recordar que para los hechos ocurridos antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, como ocurre en este caso, los criterios de dolo y de culpa grave aplicables son aquellos señalados en el Código Civil en los siguientes términos:

“ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“(…)

“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

Frente a tales conceptos, el Consejo de Estado ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que corresponde armonizar con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos(69).

En estas circunstancias, se tiene que la demanda y los fallos condenatorios hicieron énfasis en que el IDRD no observó ni aplicó el contenido del artículo 39 de la Ley 443 de 1998 y su Decreto Reglamentario 1568 de 1998, artículos 44 y 45, que regulaban el procedimiento a seguir cuando a un empleado vinculado en carrera administrativa se le suprimía su cargo. Esa normativa consagró lo siguiente:

“Ley 443 de 1998, ART. 39.—Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos.

“Para la incorporación de que trata este artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

“1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal, en el siguiente orden:

1.1. En las entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren sido suprimidas.

“1.2. En las entidades que asuman las funciones de los empleos suprimidos.

“1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecían las entidades, las dependencias, los empleos o las funciones suprimidos.

“1.4. En cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso.

2. La incorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño de los respectivos empleos exigidos en la entidad obligada a efectuarla.

“3. La persona así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la carrera.

“4. De no ser posible la incorporación dentro del término señalado, el exempleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.

“PAR. 1º—Cuando se reforme total o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad y los empleos de carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el grado de remuneración, aquellos cargos no podrán tener requisitos superiores para su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos, deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de éstos” (se resalta).

“Decreto 1568 de 1998, ART. 44.—Suprimido un empleo de carrera administrativa, el jefe de la unidad de personal o de la dependencia que haga sus veces deberá comunicar tal circunstancia a su titular, poniéndolo, además, en conocimiento del derecho que le asiste de optar entre percibir la indemnización que para el efecto señale el Gobierno Nacional o de tener tratamiento preferencial para ser incorporado a un empleo equivalente conforme con las reglas establecidas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.

“Decreto 1568 de 1998, ART. 45.—El empleado cuyo cargo hubiere sido suprimido deberá manifestar su decisión, mediante escrito dirigido al jefe de la entidad, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha del recibo de la comunicación de que trata el artículo anterior.

“Si el empleado no manifestare su decisión dentro del término señalado, se entenderá que opta por la indemnización.

“PAR.—Adoptada y comunicada la decisión por parte del ex empleado es irrevocable y en consecuencia aquella no podrá ser variada por él ni por la administración” (se destaca).

De los preceptos legales citados es posible extraer las siguientes reglas, las cuales debían seguirse por las entidades públicas y sus directivos al momento de llevar a cabo una reestructuración administrativa: i) si a un trabajador, nombrado en carrera administrativa, se le suprimía el cargo y optaba por continuar en la entidad, se debía proceder a su incorporación dentro de los seis meses siguientes; ii) la incorporación era procedente, siempre y cuando cumpliera con los requisitos mínimos del empleo; iii) cuando en la nueva planta se creaban cargos que solo variaban en la denominación, pero se mantenían las mismas funciones, debía incorporarse, en estos, a los servidores en carrera, sin exigirles requisitos superiores para su desempeño; iv) el servidor público al que se le suprimía el cargo ostentaba el derecho preferencial de ser incorporado en la nueva planta de personal.

Como se observa, la incorporación de los servidores públicos de carrera en la nueva planta de trabajadores creada por una entidad pública, luego un proceso de reestructuración, era un asunto que estaba reglado de forma detallada.

En línea con lo anterior, no puede perderse de vista que de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Nacional, por regla general, los empleos del Estado son de carrera. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha pronunciado y ha sostenido que los empleados que ingresan por concurso de méritos y se encuentran inscritos en el escalafón de carrera administrativa gozan de una estabilidad laboral plena, a diferencia de los servidores provisionales que solo tienen una estabilidad relativa(70); por esa razón, las entidades estatales, aún en los procesos de reestructuración, deben respetarle, a los primeros, su derecho preferencial de ser vinculados en los empleos que se crean en las nuevas plantas de personal.

En lo que tiene que ver con los derechos de los empleados de carrera administrativa en los procesos de reestructuración y supresión de cargos, la Corte Constitucional, en Sentencia C-527 del 18 de noviembre de 1994(71), expresó:

“(…) gracias a la Constitución de 1991, la regla general en el sector público es el sistema de carrera, por lo cual todos aquellos servidores públicos que ocupen cargos que sean de carrera administrativa y reúnan los requisitos para el empleo, tienen derecho a solicitar su incorporación a ella. Además, esta Corporación ha señalado que el Legislador no puede excluir cargos de la carrera administrativa de manera caprichosa sino que tal exclusión debe estar fundamentada en la naturaleza misma del empleo.

(…) No hay entonces excusa para que las entidades oficiales desconozcan el mandato constitucional de desarrollar la carrera administrativa. Por consiguiente, la obligación de las entidades públicas es proveer los cargos de carrera con funcionarios de carrera, los cuales, como lo ha reiterado la Corte, tienen derecho a la estabilidad, siempre y cuando cumplan diligentemente con sus obligaciones (…)” (se destaca).

En sentido similar, el Tribunal Constitucional había indicado en la Sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992(72):

“(…) se busca que la carrera administrativa permita al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública.

“Ello conduce a la instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho.

En ese orden de ideas, los fines propios de la carrera resultan estropeados cuando el ordenamiento jurídico que la estructura pierde de vista el mérito como criterio de selección y sostén del empleo, o cuando ignora la estabilidad de éste como presupuesto indispensable para que el sistema opere” (se destaca).

De lo expuesto, es posible concluir que la estabilidad del empleo de los servidores de carrera administrativa es un principio constitucional medular que no puede ser desconocido por las entidades estatales durante los procesos de supresión e incorporación en los nuevos empleos.

Bajo esas premisas, a renglón seguido se analizará si los demandados obraron con culpa grave al participar en la expedición de la Resolución 184 del 27 de abril de 2001 y no incorporar al señor Héctor Mario Enciso en la nueva planta de personal que se creó en el IDRD luego del proceso de reestructuración que se adelantó en esa entidad.

En ese contexto, en el plenario está acreditado que la junta directiva del IDRD, luego de escuchar la exposición de la directora, señora María Consuelo Araújo Castro, aprobó la reforma a la estructura de la entidad que esta propuso, lo cual se materializó con las resoluciones 1 y 3 del 26 de abril de 2001, mediante las cuales se suprimió la planta de empleos existente y se creó una nueva.

Es importante recalcar que en esos actos administrativos la junta directiva de la entidad demandante facultó de forma clara y expresa a la directora del instituto, señora María Consuelo Araújo Castro, para incorporar a los funcionarios en la nueva planta de personal, lo cual debía hacerse con apego a las reglas establecidas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.

Igualmente, es oportuno advertir que, para acompañar todo el proceso de reestructuración e incorporación de los servidores en la nueva planta de personal, el IDRD suscribió un contrato de consultoría con el señor Jorge Merlano Matiz, a quien se le encargó, entre otras cosas, revisar la situación legal de los funcionarios y definir la nueva planta de personal, circunstancia de gran relevancia, si se tiene en cuenta que la señora María Consuelo Araújo Castro llevó a cabo el proceso de incorporación de los nuevos funcionarios de forma apresurada y sin esperar a que el consultor le presentara los resultados finales de su labor.

En efecto, el contrato de consultoría se suscribió 23 de abril de 2001 y debía ejecutarse en un plazo de cinco meses, mientras que la incorporación de los nuevos funcionarios se llevó a cabo unos pocos días después, es decir, el 27 de abril de 2001.

Podría pensarse que la incorporación a la nueva planta de servidores se llevó a cabo de esa forma en virtud de que el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 le otorgaba a la administración un plazo de seis meses para vincular a los funcionarios interesados en continuar en el empleo; sin embargo, esa hipótesis no se demostró en el sub lite, en tanto que, como ya se indicó en los hechos probados, el 31 de mayo de 2001, el consultor expuso, por escrito, de forma clara y precisa, en el cuadro de evaluación de cargos “utilizado en el proceso de retiro de funcionarios en carrera administrativa o provisionalidad”, que el señor Héctor Mario Enciso sí cumplía con el perfil para permanecer “en el mismo cargo anterior”, en otras palabras, que reunía los requisitos necesarios para continuar en la entidad.

En ese orden ideas, como el mencionado ciudadano solo vino a ser incorporado en su cargo luego de un fallo judicial que así lo dispuso, la Sala puede dar por acreditado que esa recomendación no fue atendida, actuación que vulneró de forma grosera y flagrante los artículos 39 de la Ley 443 de 1998 y 44 y 45 del Decreto 1568 de 1998; además, el principio constitucional de la estabilidad del empleo, según el cual, la señora María Consuelo Araújo Castro, en su condición de directora del IDRD y con la competencia directa para conformar la nueva planta de servidores, debió acatar el derecho preferencial que ostentaba el señor Héctor Mario Enciso de ingresar en uno de los cargos que se crearon.

Sumado a lo expuesto, se advierte que una vez suprimida la planta de personal del IDRD, y establecida la que en adelante funcionaría en el instituto, se crearon 23 cargos de auxiliar administrativo código 550-06, que es el mismo en el cual se venía desempeñando el señor Héctor Mario Enciso; no obstante, la señora María Consuelo Araújo Castro optó por no incorporarlo y, en su lugar, nombró a un funcionario en provisionalidad que, como ya se indicó, apenas gozaba de una estabilidad relativa, situación que desencadenó en la condena que originó este proceso.

Determinadas las acciones y omisiones de la señora María Consuelo Araújo Castro dentro del proceso de reestructuración que se adelantó en el IDRD durante el año 2001, importa señalar que sobre la noción de culpa grave, la Corte Suprema de Justicia refirió lo siguiente:

“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta ‘una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes’ (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T.I., Ediar, Buenos Aires, 1971, p. 89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 228)”(73).

De conformidad con las precisiones antes expuestas, para la Sala es evidente que las actuaciones de la señora Araújo Castro deben catalogarse como gravemente culposas, porque dentro de la incorporación de los servidores públicos en la nueva estructura de funcionarios que se estableció en el IDRD no actuó con prudencia, no fue cuidadosa ni diligente; por el contrario, se aventuró a conformar la planta de personal sin tomar las precauciones más elementales a fin de acertar en su determinación y así evitar vulnerar las normas de carrera administrativa, tanto de orden constitucional como legal que amparaban al señor Héctor Mario Enciso.

Como se expuso en los hechos probados, para para proveer los 214(74) empleos que se establecieron en la nueva estructura organizacional, tras la supresión de 451 cargos(75), resultaba necesario realizar un análisis exhaustivo de puestos y cargas de trabajo, funciones, perfiles, hojas de vida, calificaciones de servicios, sanciones disciplinarias, méritos y reconocimientos, entre otros, a fin de seleccionar a los funcionarios correctos, y es que justamente por lo complejo de esa tarea fue que el IDRD contrató al señor Jorge Merlano Matiz.

En el presente caso, la señora Araújo Castro no demostró que para la toma de la decisión que se reprocha estuvo debidamente asesorada; sobre este último aspecto, vale destacar que no alegó ni acreditó las razones que la llevaron a definir cómo quedaría conformada la nueva planta de empleos, por qué la incorporación que llevó a cabo era la mejor, con base en qué análisis, estudios y/o recomendaciones sustentó su decisión y, menos aún, por qué no esperó a que el consultor emitiera su concepto, tampoco probó por qué su decisión apresurada, en su momento, era las más acertada para el instituto, o en otro de los escenarios, si el consultor erró en sus apreciaciones al concluir que el señor Héctor Mario Enciso sí cumplía los requisitos para continuar en la nueva planta de funcionarios del IDRD.

Bajo el contexto descrito, para la Sala es claro que la señora María Consuelo Araújo Castro incurrió en una culpa grave, al no atender el deber mínimo de cuidado, pues ejerció las competencias que se le habían otorgado por la junta directiva del IDRD de forma imprudente y sin la diligencia que exigía un proceso de reestructuración de las magnitudes reseñadas en este fallo.

Ahora bien, en el proceso también se demandó a la señora María Beatriz Canal Acero, quien para la fecha de los hechos en estudio fungía como subdirectora administrativa del instituto accionante, así como al señor Jorge Merlano Matiz, en su calidad de consultor. Pues bien, de lo probado en el expediente, considera la Sala que la culpa grave que se les endilgó a los mencionados ciudadanos no fue probada, como se pasa a exponer.

En primer lugar, respecto de la señora María Beatriz Canal Acero se tiene que, de conformidad con el manual de funciones, tenía competencias directas para asistir a la directora del IDRD en la toma de decisiones y en el manejo de la planta de personal; sin embargo, el caso que se analiza no estaba inmerso dentro de las determinaciones que a diario y en situaciones de normalidad se toman en la administración, por el contrario, este fue especial, en la medida en que se trató de una reestructuración que no ocurre con frecuencia en las entidades públicas, motivo por el cual, para apoyar a la directora, se contrató a un consultor con conocimientos especializados en el tema.

En ese mismo sentido y en gracia de discusión, la Sala encuentra que la parte actora no demostró que la señora María Beatriz Canal Acero hubiese tenido una injerencia directa dentro de la expedición de la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, por medio de la cual no se incorporó al señor Héctor Mario Enciso.

Si bien es cierto que el señor Jorge Merlano Matiz le dirigió a la señora Canal Acero el escrito del 31 de mayo de 2001, a través del cual indicó que el señor Héctor Mario Enciso debía continuar en la entidad, no existen pruebas para demostrar que, una vez recibido el mismo, ella lo tramitó o puso en conocimiento de la directa encargada del proceso de incorporación, esto es, la directora del IDRD, señora María Consuelo Araújo Castro. En otras palabras, frente a este aspecto tampoco se demostró la culpa grave de la mencionada funcionaria.

Para reforzar el anterior argumento, importa precisar que para la fecha antes descrita —31 de mayo de 2001—, la decisión de no incorporar al señor Héctor Mario Enciso ya había sido tomada por la directora de la entidad, a través de la Resolución 184 del 27 de abril de ese mismo año, motivo por el cual, en la práctica, esa comunicación no tuvo la virtualidad de generar ningún efecto diferente a demostrar el actuar apresurado e irregular de esa funcionaria.

El IDRD alegó, en el recurso de apelación, que la supervisión del contrato de consultoría 097 del 23 de abril de 2001 estaba a cargo de la señora María Beatriz Canal Acero y, con ese hecho, pretendió sustentar la existencia de una culpa grave; no obstante, no demostró cuáles irregularidades se cometieron o en qué aspectos no se ejerció correctamente la supervisión y, menos aún, la forma como esas negligencias incidieron en la imposición de la condena por la que se ejerció la acción de repetición. Por esos motivos, el argumento analizado no está llamado a prosperar.

En último lugar, en lo que tiene que ver con las actuaciones del consultor, señor Jorge Merlano Matiz, tampoco se acreditó su culpa grave; por el contrario, en el expediente quedó demostrado que, dentro del término establecido para la ejecución del contrato, cumplió con sus obligaciones.

En todo caso, importa reiterar que para la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del IDRD —27 de abril de 2001—, el referido ciudadano apenas comenzaba la ejecución del contrato de consultoría, cuya suscripción ocurrió el 23 de abril del mismo año; aunado a ello, en el sub examine no se acreditó que, para esa fecha, este hubiese asesorado y/o recomendado realizar la incorporación tal y como se hizo, es decir, sin incluir al señor Héctor Mario Enciso.

Vistas así las cosas, solo resta un asunto por dilucidar y este corresponde al argumento de defensa de los demandados, según el cual, las sentencias proferidas en contra del IDRD no son prueba suficiente de la culpa grave de los implicados, premisa que es cierta, pues así lo ha sostenido la Subsección en otras oportunidades(76); no obstante, se hace claridad y se enfatiza que, en este caso, la culpa grave resultó acreditada con los diferentes medios de prueba que se aportaron al presente proceso; asimismo, que los fallos en los que se impuso la condena solo fueron un referente más para su determinación.

En definitiva, se declarará a la demandada, María Consuelo Araújo Castro, responsable a título de culpa grave, porque la conducta asumida frente a la especial situación del señor Héctor Mario Enciso provocó que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá se viera conminado a pagar la suma de dinero por la cual se demandó en repetición.

Un último argumento no puede pasarse por alto, este consiste en que, el 8 de julio de 2016, la Sección Tercera, Subsección B, de la Corporación, con ponencia del dr. Ramiro Pazos Guerrero(77), al decidir una acción de repetición de similares connotaciones al que actualmente se examina, —allí también se demandó la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, porque el IDRD no incorporó en la nueva planta de personal a una funcionaria con derechos de carrera administrativa—, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda y condenó, por culpa grave, a la señora María Consuelo Araújo Castro.

En síntesis, los argumentos que en aquella oportunidad se expusieron fueron los siguientes:

“En esas condiciones, la desvinculación de la señora Carpintero Castillo fue ilegal y, en efecto, así lo declaró esta jurisdicción en el correspondiente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó. Conviene precisar que dicha ilegalidad devino del flagrante desconocimiento de las normas de carrera administrativa y de los derechos que estas le otorgaban a la trabajadora en forma indiscutible.

“(…) Bajo ese escenario probatorio, la Sala concluye que la demandada Araújo Castro sí incurrió en una actuación imprudente, que se le reprocha a título de culpa grave, por cuanto, en contravía del mínimo que podía esperarse de ella, aun en condiciones de descuido, desconoció una clara norma jurídica imperativa que amparaba los derechos de carrera de una de las trabajadoras de la entidad, toda vez que modificó, sin estarle permitido, a través de la Resolución 181 de 2001 las funciones del cargo por ella desempeñado y la desvinculó del servicio pese a que tenía derecho a permanecer en el, esto es, desconoció el evidente derecho preferente a la incorporación a la nueva planta de personal que la amparaba.

“Todo lo anterior sin esperar el concepto del experto que contrató para asesorarla en la labor y sin aguardar el plazo de ejecución del contrato, que era de cinco (5) meses, en los que prudencialmente pudo analizarse la situación particular de cada funcionario, máxime cuando está probado que su consultor le puso de presente la norma desconocida dentro del plazo de ejecución contractual (el 31 de mayo de 2001), aunque fue tarde en razón de lo apresurado de la decisión, que se había adoptado, en forma previa, el 27 de abril del mismo año.

“La determinación sobre el personal que permanecería en la entidad le correspondía a la directora, quien en procura de la responsabilidad que esa labor le imponía, debió, cuando menos esperar el resultado del contrato suscrito con el fin de obtener asesoría en la materia o verificar los derechos mínimos de la servidora en carrera a ser desvinculada, conocido como es a nivel general la estabilidad laboral que ese tipo de vinculación genera solo cede parciamente en los procesos de reestructuración de las entidades. Como así no obró y, por el contrario, transgredió en forma abierta un mandato legal imperativo y claro que estaba obligada a aplicar en la actuación que como servidora pública le correspondía, imperioso es concluir que actuó con la impericia que aún el servidor negligente habría evitado.

“No se concibe cómo en presencia de un contrato de consultoría para obtener asesoría en la decisión a adoptar, no se agotó la instancia del consultor para verificar la situación particular de la señora Carpintero antes de proceder a su retiro, lo que se enmarca dentro del concepto de una actuación gravemente culposa que comprometió la responsabilidad patrimonial de la demandada. Sin duda, la carga de acreditar que acudió al consultor y que de él provino una recomendación en contravía de la ley u omitió entregarle al habérsele solicitado, era de la demandada; empero, de ello no aparece evidencia alguna en el plenario.

“En suma, se acreditó que la conducta a la funcionaria Araújo Castro fue abiertamente imprudente, censurable y lesiva, por lo que con ella comprometió la responsabilidad patrimonial del Estado.

“En esos términos, se declarará responsable a la señora María Consuelo Araújo Castro del daño patrimonial padecido por el IDRD con ocasión de la sentencia que condenó a la entidad en el proceso judicial promovido por Martha Ligia Carpintero Castillo”.

Bajo ese orden de ideas, la Sala procede a liquidar la condena que debe imponerse a la señora María Consuelo Araújo Castro.

5. Liquidación de la condena a cargo de la demandada.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”.

Así las cosas, para efectos de establecer la condena, la Sala seguirá el precedente establecido por la Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación, en la sentencia que se acabó de citar, conforme al cual, la señora María Consuelo Araújo Castro al haber tomado la decisión que culminó con la condena en contra del IDRD, debe pagar el 50% de esta, mientras que, el 50% restante debe ser asumido por el instituto, dada la complejidad del proceso de reestructuración; además, porque en esa actuación debieron concurrir diversas opiniones y conceptos, así como otros servidores, tales como los miembros de la junta directiva, que no se identificaron ni demandaron:

“Sobre la proporción en la que deberá indemnizar ese perjuicio la señora Araújo Castro, la Sala estima que por razón de su grado de participación en los hechos y por ser la funcionaria a quien correspondía finalmente la decisión que dio lugar al daño patrimonial, deberá responder por el valor del 50% del valor total pagado con ocasión de la condena impuesta, sin tener en cuenta el valor de los intereses de mora generados a partir de la ejecutoria de la decisión (…).

“Por el restante 50% no podrá haber condena y deberá asumirlo el IDRD, pues es evidente que la decisión respecto del personal que debía o no ser incorporado correspondía a un asunto que por su complejidad y magnitud, atendido el tamaño de la planta de personal, no podía ser manejado por una única persona, para este caso la directora, sino que en ella debían concurrir diversas opiniones, conceptos, revisión interna y proyección final del acto administrativo a adoptar. Sin embargo, la entidad no demostró —y le correspondía hacerlo— la participación de otros agentes de la entidad cuya actuación era relevante para la determinación final, ni analizó la eventual posibilidad de repetir contra los mismos, entre los cuales podría eventualmente encontrarse, por ejemplo, los integrantes de la junta directiva, quienes delegaron en la directora la competencia para expedir y actualizar el manual de funciones de la entidad, actuación que no los relevaba del control a ejercer sobre dicha actividad en los términos del artículo 211 Superior(78), por lo que tenían la facultad para reformar o revocar los actos de su delegada (…).

De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que no puede cargarse exclusivamente a la condenada por razón de las falencias imputables a la entidad en el ejercicio de la acción, al no incluir a todos los posibles responsables del yerro que derivó en la desvinculación de la actora. Por ello, se considera justo y equitativo que el IDRD soporte el 50% restante del daño patrimonial, pues no consiguió imputarlo a otros funcionarios quienes podrían ser eventualmente los llamados a resarcirlo (…)” (se destaca).

Por lo expuesto y en acatamiento de la disposición contenida en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, la señora María Consuelo Araújo Castro deberá reintegrar el 50% de lo que pagó el IDRD.

En ese orden, el IDRD solicitó que se condenara a los demandados a reintegrarle la suma de $ 213.090.816, cantidad que pagó en virtud de la condena impuesta en su contra.

Al plenario se aportaron tres resoluciones (589, dic. 28/2009; 100, mar. 19/2010 y 101 de esa misma fecha), mediante las cuales se le liquidaron al demandante, señor Héctor Mario Enciso, desde su retiro y hasta el reintegro: i) los salarios y prestaciones sociales; ii) los aportes a salud y pensión y iii) las cesantías. En esos actos administrativos, no se observa que se hayan liquidado intereses moratorios de conformidad con el artículo 177 del Decreto 1 de 1984. A ese respecto, se advierte que en el plenario no se demostró lo contrario.

La anterior aclaración se efectúa porque, de conformidad con la posición de la Sala, cuando se accede a las pretensiones de una acción de repetición, la condena solamente debe comprender el capital(79), pues los intereses son un asunto ajeno a esta clase procesos.

Por tanto, como la condena impuesta asciende a $ 213.090.827, el 50% corresponde a $ 106.545.413,5, suma que será actualizada hasta la fecha de esta providencia, con la siguiente fórmula:

a)

Ca =Ch x(Índice final)
———————
(Índice inicial)

En dónde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

— Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: febrero de 2018(80):139,72

— Índice inicial: IPC vigente a la fecha de los pagos: marzo de 2010: 103,81

Ca =$106.545.413,5 x(139,72)
—————
(103,81)

Ca = $ 143.401.648,91

6. Término para el cumplimiento de esta sentencia.

El artículo 15 de la Ley 678 de 2001 estableció lo siguiente:

“Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales en acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.

“Una vez vencido el término sin que el repetido haya cancelado totalmente la obligación, la jurisdicción que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución sin levantar las medidas cautelares, de conformidad con las normas que regulan el proceso ejecutivo ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

“El mismo procedimiento se seguirá en aquellos casos en que en la conciliación judicial dentro del proceso de acción de repetición se establezcan plazos para el cumplimiento de la obligación” (se destaca).

Según el inciso primero del anterior enunciado normativo, el juez de repetición debe, de oficio, establecer el plazo para que el demandado cumpla con la obligación de pagar la condena impuesta. Esta facultad otorgada por la ley la analizó la Corte Constitucional para concluir acerca de su constitucionalidad, así:

“10. Constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 678 de 2001.

Al inciso 1º de la norma que se cuestiona se le acusa de inconstitucionalidad por la posibilidad que en él se establece para fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación que se imponga al servidor público condenado en ejercicio de la acción de repetición; y, al inciso segundo de esa norma, se le considera inconstitucional en cuanto en él se dispone que si el servidor público condenado a reembolsar lo pagado por el Estado no lo cancela totalmente en ese término, quien conoció del proceso de repetición continuará conociendo de la ejecución correspondiente.

Que para el pago de una obligación impuesta en una condena se conceda un plazo por el juez, no quebranta la Constitución pues ella no establece en ninguna de sus normas que las obligaciones de suyo deban ser siempre puras y simples, y exigibles de manera inmediata. Al contrario, en ese punto es clara la libertad de configuración por parte del legislador que bien puede disponer que las obligaciones se encuentren sujetas a modalidades, una de las cuales es el plazo, con el objeto, en este caso concreto, de obtener el reembolso de lo pagado inicialmente por el Estado, dándole la oportunidad al servidor público de cancelar la obligación toda, íntegra, aunque no sea en un instante único, lo que, como se ve no vulnera el precepto constitucional del artículo 90 de la Carta, sino que sencillamente es una manera autorizada por el legislador para que la obligación se extinga, lo que es distinto a condonarla.

Así las cosas, el inciso primero del artículo 15 lejos de lesionar la Constitución se aviene a ella.

“Y, en cuanto hace a la parte acusada del inciso segundo del mismo artículo 15 de la Ley 678 de 2001, resulta plenamente en armonía con la Constitución que si la obligación no se paga dentro del plazo que fue concedido para el efecto, el servidor público ahora deudor del Estado pueda ser ejecutado, pues como es conocido si las obligaciones no se cumplen de manera voluntaria puede acudirse entonces a la ejecución forzosa” (se destaca).

En suma, le corresponde a la Sala establecer el plazo para que la señora María Consuelo Araújo Castro pague la condena impuesta en su contra. Se considera entonces razonable, en virtud del principio de igualdad, acoger el término de 6 meses, el cual ya ha sido utilizado por esta Corporación, concretamente por la Subsección C de la Sección Tercera al decidir varias acciones de repetición(81).

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, REVOCAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR responsable, a título de culpa grave, a la señora María Consuelo Araújo Castro, identificada con cédula de ciudadanía 39.786.485, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. CONDENAR a la señora María Consuelo Araújo Castro a pagar al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá —IDRD— la suma de ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos un mil seiscientos cuarenta y ocho con noventa y un centavos m/cte. ($ 143.401.648,91).

La mencionada suma de dinero deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a la apoderada judicial que ha venido actuando.

5. SIN condena en costas.

6. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C), M.P. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección a través de fallo de 13 de abril de 2016, exp. 42.354, entre muchas otras providencias.

(16) Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, exp. 2007 00433 00, C.P. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, exp. 2001 02061 01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

(17) Original de la cita: “Cfr. autos citados”.

(18) Folios 59 a 81 del cuaderno 1.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009, rad. 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia con fecha de 10 de agosto de 2016, proceso 23001 23 31 000 2006 00637 01 (37.265).

(21) Folio 76, cuaderno 1.

(22) Folio 90, cuaderno 1.

(23) Folios 90 a 99, cuaderno 1.

(24) Al respecto ver las siguientes sentencias: i) del 22 de octubre de 2015, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, M.P. Carlos Alberto Zambrano Mora, rad. 38548 y ii) del 10 de agosto de 2016, de la Sección Tercera, Subsección A, M.P. Hernán Andrade Rincón, rad. 41.451.

(25) Indica el inciso 2º de esa normativa: “(…) Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas”.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2014, rad. 39.404, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en la sentencia del 8 de julio de 2016, rad. 42419, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(27) Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, exp. 29.291, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

(28) Sentencias proferidas por el Consejo de Estado:
— Del 8 de marzo de 2007, de la Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, rad. 250002326000200201304-01 (30.330).
— Del 16 de julio de 2015 proferida por la Sección Tercera, Subsección A, M.P. Hernán Andrade Rincón (e), rad. 250002326000199902960-01 (27.561), entre muchas otras.

(29) Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

(30) Según el Diario Oficial 44.509 del 4 de agosto de 2001.

(31) Folios 59 a 75, cuaderno 1.

(32) Folios 76 a 81, cuaderno 1.

(33) Folio 76 vuelto, cuaderno 1.

(34) Folios 85 a 89, cuaderno 1.

(35) Folios 96 a 97, cuaderno 1.

(36) Folios 92 a 93, cuaderno 1.

(37) Folio 90, cuaderno 1.

(38) Folio 90, cuaderno 1.

(39) Folios 102 a 105, cuaderno 1.

(40) Folios 106 a 108, cuaderno 1.

(41) Folios 120 a 123, cuaderno 1.

(42) Al respecto, la Corte Constitucional, con ponencia de Alfredo Beltrán Sierra, en Sentencia C-484 de 2002, indicó al estudiar la Constitucionalidad del artículo 2º, inciso 2º, de la Ley 678 de 2001 lo siguiente: “Es evidente, que cuando a un particular se le confía por el Estado el ejercicio transitorio de funciones públicas, aun cuando no abandona por ello su condición de tal, en la medida en que ejerce esas funciones puede llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, y con su actuación causa un daño antijurídico a alguien. Por ello, el artículo 123 de la Carta ordena al legislador la determinación del régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas, régimen éste dentro del cual, necesariamente tiene cabida la posibilidad de hacer efectivo respecto de ellos el inciso 2º del artículo 90 de la Carta, pues no se entendería que quedarán exonerados de responsabilidad al ejercer una función pública con dolo o culpa grave, mientras los servidores públicos sí podrían ser llamados a responder, pues donde existe la misma razón de hecho ha de imponerse la misma solución en derecho, conclusión ésta que además, encuentra como soporte jurídico-constitucional el artículo 124 de la Carta, en cuanto atribuye al legislador la determinación de la manera de hacer efectiva la responsabilidad de los servidores públicos, aplicable en este caso a los particulares que transitoriamente desempeñan funciones públicas, ya que asumen para ese efecto las mismas responsabilidades de los servidores públicos”.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00989-01(48388).

(44) Véase, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de abril de 2017, rad. 25000232600020100081001 (47651), Actor: Linde Colombia S.A. antes Aga Fano Fábrica Nacional de Oxígeno S.A., Demandado: Ministerio de la Protección Social, Acción: Reparación directa.

(45) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón, auto de 16 de marzo de 2017, rad. 73001-23-33-000-2015-00450-01(56715).

(46) Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado; el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de noviembre de 2001, exp. 13.356. M.P. María Elena Giraldo Gómez; de 27 de abril de 2006, exp. 15.352. M.P. Ramiro Saavedra Becerra, reiteradas por esta Subsección en fallo del 31 de mayo de 2016, exp. 50001-23-31-000-2002-20347-01(34851).

(47) Folios 345 a 352, cuaderno de pruebas 5.

(48) Folios 353 a 359 y 369 a 379, cuaderno de pruebas 5.

(49) Folios 5 a 25, cuaderno 1.

(50) Folios 30 a 35, cuaderno 1.

(51) Folios 36 a 39, cuaderno 1.

(52) Folios 335 a 338, cuaderno de pruebas 5.

(53) Folios 44 a 57, cuaderno 1, en los cuales obra la demanda que el mencionado ciudadano radicó y el auto admisorio de la misma, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

(54) Lo anterior, de conformidad con la Resolución 638 del 24 de diciembre de 2009, mediante la cual el IDRD dio cumplimiento a la orden judicial que dispuso su reintegro (fls. 82 a 84, cdno. 1).

(55) Según la Resolución 3 del 26 de abril de 2001, expedida por la junta directiva del IDRD (fls. 30 a 35, cdno. 1).

(56) Folios 59 a 74, cuaderno 1.

(57) Folios 77 a 81, cuaderno 1.

(58) Folios 82 a 84, cuaderno 1.

(59) Folios 116 a 119, cuaderno 1.

(60) Folios 438 y 447 a 488, cuaderno de pruebas 5.

(61) Folio 484, cuaderno de pruebas 5.

(62) Folios 438 a 446, cuaderno de pruebas 5.

(63) Folio 498, cuaderno de pruebas 5.

(64) Folio 499, cuaderno de pruebas 5.

(65) Folio 497, cuaderno de pruebas 5.

(66) Folio 418, cuaderno de pruebas 5.

(67) Folios 100 a 101 y 109 a 114, cuaderno 1.

(68) “ART. 289.—Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia.
“Los herederos a quienes no les conste que la firma o el manuscrito no firmado proviene de su causante, podrán expresarlo así en las mismas oportunidades.
“No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.

(69) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. (e) Hernán Andrade Rincón, sentencia del veintiséis 26 de agosto de 2015, expediente con número de radicación 250002326000200601802-01 (35.962).

(70) En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-556 del 24 de julio de 2014, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerreo Pérez, sostuvo: “(…) entre los dos extremos de estabilidad laboral en el empleo público, se encuentran una estabilidad relativa o intermedia. Como se estableció arriba, el nombramiento en provisionalidad busca suplir una necesidad temporal del servicio, pero no cambia la entidad del cargo, de manera que, cuando el nombramiento se hace en un cargo de carrera no se crea una equivalencia a un cargo de libre nombramiento y remoción, y por tanto, no adquiere el nominador una discrecionalidad para disponer del puesto. Es entonces, en dicha circunstancia, que se presenta la estabilidad intermedia en el empleo público; en tanto la persona nombrada en provisionalidad, si bien tiene la expectativa de permanencia en el cargo hasta que el mismo sea provisto mediante concurso, no goza de la estabilidad reforzada del funcionario nombrado en propiedad en dicho cargo, en tanto no ha superado el concurso de méritos” (se destaca).

(71) Con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de la Ley 73 de 1993, “Por la cual se dictan normas para el retiro compensado de funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones”.

(72) Con ponencia de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. En esa decisión, la Corte estudió la constitucionalidad de la Ley 60 de 1990 “por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación, y tomar otras medidas en relación con los empleos del sector público del orden nacional y se dictan otras disposiciones”.

(73) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia fechada el 19 de diciembre de 2006, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, exp. 68001 31 03 001 2000 00311 01. Decisión que ha sido traída a colación por la Sala al decidir otras acciones de repetición, dentro de las cuales se debatía sobre la existencia de una culpa grave de los servidores demandados. Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente con número de radicación 47001-23-31-000-2008-00181-01(42559) y, ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente con número de radicación 25000-23-26-000-201200725-01(50615).

(74) De conformidad con la Resolución 184 del 27 de abril de 2001, la señora María Consuelo Araújo Castro, en su condición de directora del IDRD, incorporó a la planta global de cargos a 214 servidores (fls. 36 a 39, cdno. 1).

(75) Según la Resolución 3 del 26 de abril de 2001, el IDRD suprimió 451 empleos (fls. 30 a 35, cdno. 1).

(76) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia fechada el 27 de marzo de 2014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, proceso 110010326000201000018 00 (38.455), reiterada en la sentencia del 26 de abril de 2017, Sección Tercera, Subsección A, rad. 4100-12-33-1000-201000009-01 (45.536), entre otras.

(77) Acción de repetición radicada con el número 25000232600020081054801 (42419).

(78) (Cita textual del fallo) “La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente”.

(79) En ese mismo sentido se pueden revisar las sentencias proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación, el 8 de noviembre de 2007, proceso No., M.P. Ramiro Saavedra Becerra; el 30 de enero de 2013, proceso 41281, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; el 26 de junio de 2015, proceso 21712, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; el 10 de noviembre de 2016, proceso 57008, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; el 8 de junio de 2017, proceso 42964, M.P. Danilo Rojas Betancourth; el 10 de marzo de 2017, proceso 39881, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; el 3 de agosto de 2018, proceso 42777.

(80) Se precisa que se toma el IPC de enero de 2018, habida cuenta de que estos índices se publican mes vencido.

(81) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias:
— De 9 de septiembre de 2016, expediente radicación número: 11001-03-26-000-2012-00051-00(44845).
— De 9 de septiembre de 2016, expediente radicación número: 63001-23-31-000-2010-00240-01(54391).
— De 9 de septiembre de 2016, expediente radicación número: 54001-23-33-000-2012-00002-02(54589).
— De 12 de septiembre de 2016, expediente radicación número: 40001-23-31-000-2010-00311-01(51946).