Sentencia 2011-00345/47186 de febrero 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 73001-23-31-000-2011-00345-01(47186)

Actor: A. M. L. S. y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Privación de la libertad - Falla del servicio - Procedencia de la privación de la libertad por incumplimiento de órdenes de tutela - Arresto por desacato.

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia del presente asunto, la Sala abordará los siguientes temas: 1. Prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. Competencia de la Sala; 3. Ejercicio oportuno de la acción; 4. La legitimación en la causa por activa; 5. Responsabilidad del Estado por error judicial; 6. Lo probado en el proceso y análisis del caso; 7. Procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor B. L., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(20).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 25 de febrero de 2013 dictada por el Tribunal Administrativa del Tolima, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(21).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

La Sala considera que el término de caducidad de la acción se debe contabilizar a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia de tutela dictada el 29 de enero de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en la cual se ampararon los derechos fundamentales del señor B. L. e, igualmente, se estableció que los jueces que fallaron el incidente de desacato incurrieron en una indebida valoración del material probatorio allegado al expediente, razonamiento que fue catalogado como una “vía de hecho” al evidenciarse por parte del juez constitucional la inexistencia de soportes para imponer la sanción de arresto, por cuanto el aquí demandante, había dado cabal cumplimiento a las órdenes de tutela a las que estaba obligado.

En este orden de ideas, el término de caducidad de la presente acción vencería el 30 de enero de 2011, pero existe un evento en el cual, de acuerdo con lo previsto expresamente en la Ley 1285 de 2009 y las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001(22), normas vigentes para el momento de interposición de la demanda, el término de caducidad de la acción admite suspensión y es cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho.

En el presente caso, la parte actora solicitó el 3 de agosto de 2010(23), la realización de la audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, lo cual indica que a partir de dicha fecha se suspendió el término de caducidad de la acción por un lapso de tres meses y que dicha solicitud se efectuó faltando cinco (5) meses y veintisiete (27) días para la caducidad de la acción.

Después de varias solicitudes de aplazamiento propuestas por la partes y avaladas por la Procuraduría que conoció del asunto, la diligencia de conciliación prejudicial se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2010 según consta en el acta 656-2010 de la Procuraduría 105 Judicial I Administrativa de Ibagué(24), luego, a partir de dicha fecha, se reanudó el término que restaba para la caducidad de la acción —esto es cinco (5) meses y veintisiete (27) días—, el cual este se extendería hasta el hasta el 27 de mayo de 2011 y como la demanda se presentó el 31 de marzo de la referida anualidad(25), resulta forzoso sostener que se presentó dentro del término concedido para el efecto.

4. De la legitimación en la causa de la parte actora.

En el caso bajo estudio está probado que el señor B. L. es el afectado directo del daño por haber soportado la privación de su libertad y que los otros demandantes, quienes aseguran haber resultado damnificados, son sus hijos y estos responden al nombre de L. F.(26) y A. M. L. S.(27).

De igual forma está comprobado que la señora M. L. S. V. es la cónyuge del aquí demandante(28).

5. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en eventos de falla del servicio.

En el presente caso, la Sala encuentra acreditado que el señor B. L. fue privado de su derecho fundamental a la libertad en virtud de una orden de arresto que dictó el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal, la cual se dictó dentro de un incidente de desacato y en el cual se consideró que no había dado cumplimiento a las órdenes impartidas en la acción de tutela; sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante sentencia proferida el 29 de enero de 2009, amparó sus derechos fundamentales y consideró que el juez del desacato había incurrido en una “vía de hecho”, razón por la cual revocó la sanción que se le había impuesto.

No obstante lo anotado, se debe recordar que, aun cuando en un caso determinado se encuentren configurados los elementos constitutivos de una responsabilidad objetiva, lo cierto es que, si se logra advertir la ocurrencia de una falla en el servicio, el juzgador deberá optar por la aplicación de este título jurídico de imputación, con el fin de efectuar un juicio de reproche contra las actuaciones de las autoridades que dan lugar a la declaración de una responsabilidad patrimonial a cargo del Estado.

En este orden de ideas, la Sala advierte que dentro de los criterios usados por el operador judicial a fin de considerar que el señor B. L. había incurrido en desacato y que, como consecuencia de ello dispuso que fuera arrestado, la Rama Judicial incurrió en algunos yerros a partir de los cuales se edificará la responsabilidad de la administración y que deben ser analizados bajo el régimen de responsabilidad de la falla del servicio.

La Sala estima necesario reiterar que, en este asunto, el régimen de responsabilidad aplicable es el de carácter subjetivo, dada la necesidad de, además de emitir una condena patrimonial en contra del Estado, efectuar un análisis sobre el proceder de la Rama Judicial, toda vez que, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, la privación de la libertad del señor B. L. se ordenó por el juez que conoció del desacato, decisión que configuró una falla en el servicio toda vez que el sancionado había cumplido las órdenes impartidas con el recurso de amparo y dicha actuación, es precisamente, la imputación que se elevó en contra de la entidad demandada.

6. Lo probado en el proceso y el análisis del caso concreto.

La Sala estudiará las pretensiones incoadas con la presente demanda bajo un régimen de responsabilidad subjetiva de la administración originado a partir de la configuración de una falla del servicio, tal como pasa a explicarse.

El análisis que efectuará la Sala parte de considerar que se tiene demostrado que el señor B. L. fue privado de su libertad del dos (2) al cinco (5) de enero de 2009 y que ello se originó en la decisión de los jueces que conocieron de un incidente de desacato tramitado en su contra, por considerar que el obligado no había dado cumplimiento a unas órdenes de tutela a fin de restablecer los derechos fundamentales del señor J. H. P.

La parte actora acreditó la privación de la libertad del señor B. L., para lo cual aportó la constancia expedida por el comandante de la estación de policía del Espinal en la que se hizo saber que:

El señor B. L. (sic) […] dando cumplimiento a la orden de conducción de tres días de arresto, por desacato de tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal - Tolima, quien estuvo en las instalaciones de la estación de policía Espinal, desde el día 2 de enero de 2009 a las 9:20 horas hasta el día 5 de enero de 2009 a las 09:20 horas(29).

Como antecedentes de la referida actuación judicial, se acreditó que el señor J. H. P., presentó una acción de tutela en contra del Consejo de Administración de la C. de T. del T. —xxx— a fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al estimar que se le había impuesto una sanción disciplinaria, en la cual se trasgredió el debido proceso.

El juez constitucional de primera instancia relató la situación fáctica que soportó la petición de amparo de la siguiente forma:

Dice el accionante que es asociado a la C. de T. del T. - xxx, aceptado como tal por el Consejo de Administración de ese entonces, cumpliendo los requisitos establecidos en los estatutos; desde la fecha de vinculación a (sic) propendido porque la toma de las decisiones de los entes de administración y de control sean siempre acordes a la ley y a los estatutos: que el Presidente de la Cooperativa convocó el 9 de febrero a reunión ordinaria de Consejo de Administración, para el día 13 de febrero de 2007; reunión que se realizó a la cual asistieron los miembros del consejo, de la junta de vigilancia y como invitados Ó. F. R. V., gerente de la cooperativa, J. C. R. G. quien ostentaba el cargo de revisor fiscal y G. P. B. contadora; en dicha reunión el consejo expidió el Acuerdo 001/2007 por medio del cual se reglamenta la habilidad de los asociados, procediendo inmediatamente a convocar a asamblea general ordinaria, dándole aplicación inmediata al citado acuerdo sin haberlo colocado en conocimiento de los asociados; considera que tomaron y aplicaron de manera arbitraria las normas adoptadas; por considerar que los órganos de administración y de vigilancia han actuado en el concepto de accionante contrario a lo estipulado en los estatutos y costumbre cooperativa, se procedió a remitir a la Superintendencia Puertos y Transporte, cuyo concepto fue [que] directamente tenía que ser dirimida por la respectiva cooperativa (sic); el presidente de la junta de vigilancia resolvió la solicitud, posteriormente recibió el oficio de fecha 5 de junio de 2007 en donde le manifestó la inconformidad por la investigación, y por ello ofició al consejo de administración para que fuera sancionado al igual que los demás firmantes del escrito remitido; sin adelantar investigación alguna procede y le impone sanción consistente en amonestación de conformidad con el artículo 29 de los estatutos de la cooperativa; con la sanción lo inhabilita para participar en la próxima asamblea, por lo que considera fue sancionado sin la oportunidad de defenderse y además lo inhabilita por pretender que se vigilen las actuaciones de los órganos de administración y control de la cooperativa por la autoridad competente; así mismo manifiesta que la sanción impuesta de acuerdo a los estatutos no es susceptible de recurso, así como tampoco es susceptible de investigación previa alguna, considera que el actuar del presidente del consejo se puede sancionar por el solo hecho de pedir que se vigile el actuar de dichos órganos imponiendo castigos para que queden inmersos en inhabilidad de los asociados violentándoles el derecho de asistir y participar en la toma de decisiones de la cooperativa, lo que considera violatorio, igualmente argumenta que su derecho al trabajo se viene viendo afectado habida cuenta que el sustento lo obtiene de ser transportados y al tener restringido dichos derechos no puede desplegar todo el actuar a fin de poder prestar un buen servicio(30).

El Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal (Tolima) mediante sentencia del 14 de noviembre de 2007, decidió lo siguiente:

1. DENEGAR la presente acción de tutela impetrada para amparar derechos fundamentales del debido proceso y defensa que ha impetrado J. H. P., respecto del acta 005 del 13 de junio de 2007 y acuerdo 001 de 2007 y los de la asamblea general ordinaria, por lo brevemente expuesto.

2. TUTELAR el debido proceso y derecho de defensa con relación al acuerdo 004 de junio 27 de 2007 emitido por el consejo de administración de xxx, por las razones expuestas en la parte motiva de la decisión. En consecuencia se ordena al consejo de la administración de xxx representada por B. L., proceda a decretar la nulidad del acuerdo 004 de junio 27 de 2007, dada la inexistencia de la falta y carencia de un procedimiento justo, garantizado del debido proceso y el derecho de defensa, para tal efecto se le concede 48 horas para tal cumplimiento, además de anular el mencionado acuerdo, debe cancelar las anotaciones hechas en el libro de registro de los asociados, se publique tal decisión y se restablezcan los derechos con la medida del señor J. H. P.

3. En firme esta decisión, compulsar copias de lo pertinente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, tal como se dispuso en las consideraciones de la sentencia(31).

La citada decisión de tutela se impugnó y, para el efecto, la parte accionada expuso los siguientes razonamientos, tal como fueron presentados por el juez de segunda instancia:

Refiere no haberse violado el derecho de defensa al accionante tampoco el del debido proceso por cuanto la sanción impuesta a J. H. P., se aplicó teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 28 de los estatutos de la cooperativa, y el procedimiento para sancionar fue aplicando el señalado en el artículo 29 de los mismos, por el Consejo de Administración expidió la Resolución 004 de junio 27 de 2007 y no el acuerdo 04 de junio 27 de 2007.

Recalca el abogado recurrente que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo complementario de los recursos ordinarios señalados en el ordenamiento jurídico, al menos que se impetre como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, según lo dispone el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991(32).

De la impugnación conoció el Juzgado Primero Penal del Circuito, instancia judicial que mediante sentencia del 25 de enero de 2008(33) decidió lo siguiente:

1. REVOCAR el numeral 1º de la sentencia de tutela calendada noviembre 14 de 2007 emitida por el señor Juez Segundo Penal Municipal del Espinal.

2. Tutelar el (sic) derecho fundamental constitucional del debido proceso y defensa alegados por la empresa xxx al señor J. H. P., tal como se dijo en la parte motiva de este fallo.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al consejo de administración, que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, se reúna para que disponga la invalidación de la decisión por medio de la cual se sancionó al accionante, habiéndosele vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa.

4. Confirmar en el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia 14 de enero de 2007 dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal, con la aclaración efectuada en la parte motiva en cuanto a que no es el acuerdo 004 de 2007, sino la Resolución 004 de junio 27 de 2007.

5. REQUERIR al Consejo de Administración, para que, en la siguiente asamblea general, promueva la modificación de los estatutos, concretamente en cuanto se relaciona con el artículo 29 de los mismos, para que se regule de una forma acorde con la Constitución, el debido proceso, el derecho de defensa, las sanciones de acuerdo con las faltas, los organismos competentes, la garantía de publicidad y de contradicción de dichos procesos.

6. Informar a los sujetos procesales que la presente decisión, no tiene recursos, por tratarse de una sentencia de segunda instancia.

7. Remítase el presente expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión(34).

El señor H. P. al no poder participar en las asambleas convocadas para los días 20 de diciembre de 2007 y 23 de febrero de 2008, solicitó al juez de tutela dar inicio al incidente de desacato a fin de alcanzar el restablecimiento de sus derechos, los cuales aparentemente fueron “desconocidos por el consejo de administración de la entidad accionada, y así obtener la materialización de la providencia, otorgándole la calidad de asociado hábil para participar en las asambleas generales de la cooperativa”(35).

Frente a tal petición, el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal mediante providencia del 31 de octubre de 2008, decidió(36):

1. DECLARAR que existió DESACATO por parte de B. L., en su condición de presidente del consejo de administración de xxx Espinal - Tolima, respecto de la orden impartida en el fallo dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito el 25 de enero de 2008, mediante la cual tuteló los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y DEFENSA, que le fueron vulnerados a J. H. P., por lo dispuesto en la parte considerativa.

2. DISPONER que en firme este auto, se cumpla la sanción por desacato en la forma consagrada en la parte motiva de esta providencia.

3. CONSÚLTESE esta decisión con la Juez Primero Penal del Circuito del Espinal, quien ya conoció de la impugnación del fallo de tutela.

4. NOTIFÍQUESE el contenido íntegro de esta providencia en forma legal, enviándola a la dirección aportada por la entidad accionada(37).

A fin da arribar la citada decisión consideró que:

En el presente caso, dentro del trámite de incidente se allegaron memoriales por parte del afectado, en los que manifiesta que efectivamente las entidades encargadas de dar cumplimiento al fallo, no le han permitido participar en las asambleas convocadas para el 20 de diciembre de 2007 y 23 de febrero de 2008, alegando la existencia de una sanción y por ende la inhabilidad para asistir a las mismas, insistiendo de esta manera en seguir vulnerando el derecho protegido mediante los fallos judiciales impartidos en las dos instancias.

En el traslado del incidente, la entidad accionada, referencia la inexistencia del desacato por parte del señor B. L., en calidad de presidente del consejo de administración, dando cumplimiento al fallo de tutela del 14 de noviembre de 2007, en el sentido de:

— Cancelar la anotación en el libro de registro de asociados, Nº 1, del cual aportó en fotocopias, con fecha 29 de enero de 2008, dirigido a la señora Juez Primero Penal del Circuito del Espinal Tolima, obrante a folios 18 a 54 del cuaderno 2.

— Igualmente respecto a la inhabilidad de asociados, el gerente de la cooperativa elaboró la lista de verificación de la junta de vigilancia con el nombre de J. H. P., a quien se le comunicó mediante escrito calendado 14 de febrero de 2008, negándose a recibir dicha documentación personalmente.

— Razón por la cual fue envidada por correo certificado, rehusando también a recibirlo el 22 de febrero del mismo año, como aparece constatado en el sello de Servicios Postales Nacionales S.A.

Indudablemente de las actuaciones y pruebas obrantes en el incidente, podemos extraer que conforme al escrito de 20 de octubre de 2008, suscrito por el señor H. H. L., en calidad de presidente de la junta de vigilancia, lo mismo que de los escritos provenientes del señor B. L., presidente del consejo de administración; conocían y entendían sin lugar a dudas que la única sanción impuesta al accionante se encuentra contenida en la Resolución 004 del 27 de junio de 2007, y que para dejar sin efectos lo resuelto en ella, es emitiendo otra resolución y como consecuencia de esta restablecerle el derecho vulnerado al incidentante.

Por lo anteriormente enunciado, las razones de disenso del ente accionado no operan frente al desobedecimiento de la orden contenida en los fallos, tal como lo tienen establecido las altas Cortes, pues dada su naturaleza, en ningún momento deberán utilizarse vías de hecho para reemplazar o sustituir la gestión de un trámite propio de una junta de administración, cual es la invalidez de una resolución sancionatoria.

Así mismo, encuentra el despacho que insistir en el envío de sendas fotocopias de las mismas vías de hecho tales como (copias de la cancelación de la sanción consistente en amonestación en el libro de registro de asociados, fotocopia de la relación de lista de asociados hábiles asistentes a la asamblea general ordinaria del 23 de febrero de 2008, la escarapela que supuestamente lo acredita como asociado hábil, y el sobre de manila con sello de devolución fechado el 22 de febrero de 2008) utilizadas para eludir la orden emanada de un juez constitucional, raya en la manifiesta actitud de rebeldía enunciada por la jurisprudencia, como requisito de orden subjetivo para endilgar responsabilidad por desacato a la persona que voluntaria y caprichosamente se sigue sustrayendo al cumplimiento de la precitada orden, demostrando con ello una contraposición autónoma y personal frente a la decisión de la autoridad judicial, que de fondo con este comportamiento de desobediencia contraviene lo reglado, se reitera, en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 19991.

Bajo estas circunstancias, con la supuesta confusión que alegan los accionados para dar cumplimiento de un mandato claro, preciso y de carácter imperativo, no deja de ser una estrategia que pretende burlar una decisión judicial.

De acuerdo a lo previsto anteriormente, deberá el despacho sancionar a B. L. (sic) con una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cancelará de su propio peculio, a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. Del mismo modo se sanciona con arresto de quince días (15), que cumplirá en recinto intramural del circuito del espinal, una vez quedare en firme este proveído(38).

El Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal conoció del grado jurisdiccional de consulta de la citada decisión y con providencia del 11 de diciembre de 2008(39) decidió:

1. DECLARAR procedente la determinación del señor Juez Segundo Penal Municipal del Espinal, quien en providencia calendada octubre treinta y uno de dos mil ocho, dispuso sancionar al señor B. L. en su condición de presidente del consejo de administración de la xxx del Tolima Ltda. —xxx—.

2. DENEGAR la nulidad propuesta por el señor presidente del consejo de administración de la xxx del Tolima Ltda. —xxx—, con fundamento en las razones anotadas en el cuerpo de esta determinación.

3. El despacho modifica la decisión que revisa en consulta en cuanto al quantum de la sanción impuesta dejando para B. L., sanción de tres (3) días de arresto que cumplirá en recinto intramural distrito tres de policía del Espinal y multa equivalente tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que cancelará de su propio peculio a favor del Consejo Superior de la Judicatura, ello por incumplimiento del fallo de tutela calendado noviembre 14 de 2007 y confirmada en segundo grado en decisión de enero 28 de 2008(40).

El juez de la consulta partió de considerar que el señor B. L. gozaba, al interior de la Cooperativa, de la potestad para expedir actos que desarrollaran el objeto social de la empresa, por tanto, ostentaba la competencia para acatar, de manera autónoma, lo ordenado por el juez de tutela.

Frente a las órdenes impartidas por el juez del amparo, consideró que a fin de garantizarle los derechos fundamentales al señor H. P. se ordenó que en un término no superior a 48 horas, el consejo de administración invalidara la decisión que sancionó al tutelante, esto es, la Resolución 004 del 27 de junio de 2007 y en este sentido “fue tal el desobedecimiento de esta orden impartida por el juez de tutela, que el accionado se apegó a que en el fallo de primer grado se habló de un acuerdo y no de una resolución y por ello no tiene acto para invalidar”(41). Puntualizó:

Desobedecimiento que mantuvo el señor B. L. hasta después de haberse emitido orden de sanción en su contra por desacato, y fue así como con Resolución 04 de fecha noviembre 4 de 2008, dispuso dejar sin valor y efecto la sanción impuesta a J. H. P., mediante Resolución 04 de junio 27 de 2007. Órdenes impartidas en fallo de primera instancia parte resolutiva numeral 2º y sentencia de segundo grado parte resolutiva numeral 4º(42).

De otra parte, en relación con la segunda orden dada por el juez de tutela estimó:

La segunda orden impartida en el fallo de tutela, fue la impartida en el fallo de segunda instancia calendada enero 28 de 2008, parte resolutiva numeral 5º, donde se requiere al consejo de administración, para que en la siguiente asamblea general, promoviera la modificación de los estatutos, concretamente en cuanto se relaciona al artículo 29 de los mismos, para que se regulara de una manera acorde a la Constitución, el debido proceso, el derecho de defensa, las sanciones de acuerdo con las faltas, los organismos competentes, la garantía de publicidad y de contradicción de dichos procesos.

Sobre este punto, no se tiene ninguna manifestación del accionado, solo se aportó a la presente acción de tutela, acta 048 de fecha 20 de diciembre de 2007 correspondiente a asamblea general extraordinaria de asociados, la cual había sido convocada desde la asamblea general ordinaria de fecha 3 de marzo de 2007, para reformar los estatutos, y para ello se celebraría asamblea general extraordinaria, por ende, dada la fecha en que se adelantó esta asamblea extraordinaria, es lógico concluir que el consejo de administración no conocía de la orden que impartió el juez de tutela el 28 de enero de 2008, fecha posterior. Razón para predicar que el señor B. L. actuó de manera maliciosa cuando trató de engañar a la jurisdicción presentando como cumplimiento de la tutela una reforma estatutaria que no sólo no corresponde a la ordenada en la decisión de amparo, sino que fue acordada, citada y celebrada de manera anterior a la fecha en que se produjo la sentencia de segunda instancia(43).

Establecidos los anteriores lineamientos conceptuales, el juez de la consulta revisó la responsabilidad del señor B. L., para lo cual estimó que el obligado fue notificado de la decisión de tutela el 14 de noviembre de 2007 y que, al ser el incidente de desacato un trámite disciplinario que requiere la presencia de un elemento subjetivo para estructurar la responsabilidad consideró que, en el presente caso, se configuraban estas dos exigencias, así:

Los dos elementos del desacato, es decir, el primero, el elemento objetivo consiste en el incumplimiento de la decisión, se tiene para el presente caso, satisfecho con la prueba arrimada al proceso de desacato en el que se tiene que conforme al fallo de tutela, se ordenó en el numeral 2º de sentencia de primer grado, la invalidación de la Resolución 04 de junio 27 de 2007, y en el fallo de segundo grado en su numeral 5º, se requiere al consejo de administración para que promueva la modificación de los estatutos, concretamente en lo que respecta al artículo 29, para que lo allí dispuesto sea concordante con la Constitución y la ley, todo con la finalidad de ser garante del debido proceso y derecho de defensa respecto de los investigados. El segundo elemento —el subjetivo— en el que se desarrolla la conducta desplegada por el disciplinado inclinado a no cumplir la orden que se haya consignado en la tutela.

Pues bien, en desarrollo de los elementos arriba mencionados, tenemos que el señor B. L. como presidente del consejo de Administración no acató el fallo de tutela: primero, porque en su deber de acatamiento a la orden impartida le correspondía invalidar la Resolución 04 de junio 4 de 2007 mediante la cual sancionó a J. H. P., ello conforme a los razonamientos que se plasmaron en la sentencia de tutela de noviembre 14 de 2007 debidamente confirmada en segundo grado. Acatamiento que tan sólo se produjo luego de conocer la decisión del juez de tutela que resolvió sancionarlo por desacato, siendo así se allegó a la actuación la Resolución 003 de noviembre 4 de 2008 (fls. 83 y ss., cdno. incidental), resolución que emite precisamente en cumplimiento del fallo de tutela.

En cuanto al segundo requerimiento que hace el fallo de tutela, en esta oportunidad la emitida en segundo grado en su parte resolutiva numeral 5º, tampoco existe la prueba de su cumplimiento. Exigencia esta que consistió en requerir a B. L. presidente del consejo de administración para que promoviera la modificación de los estatutos, concretamente en cuanto se relaciona con el artículo 29 de los mismos, para que, se regule de una forma acorde a la Constitución, el debido proceso, derecho de defensa, las sanciones de acuerdo a las faltas, los organismos competentes, la garantía de publicidad y contradicción de dichos procesos. Se advierte con el escrito de fecha 29 de enero de 2008 (fl. 11, cdno. incidental) que allegó copia de reforma del artículo 29 de los estatutos de la xxx, copia de estatutos que realmente obra en el cuaderno principal de tutela, a folios 142 y siguientes, pero, al respecto, el despacho encuentra que de manera maliciosa y ladina se entrega al juez de tutela, reforma de los estatutos efectuados el 20 de diciembre de 2007, momento para el cual, necesariamente no se debatió la reforma del mencionado artículo bajo las premisas señaladas en el fallo de tutela, pues como fácilmente se percibe, la orden de reforma se dio en la decisión calendada 28 de enero de 2008, es decir, más de un mes después de haberse producido la reforma que se entregó como cumplimiento a la decisión de amparo(44).

El juez que tramitó la consulta estimó necesario determinar cuáles fueron los motivos para que el señor B. L. no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por los jueces de tutela. Al respecto consideró:

Siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional este estrado judicial encuentra que la orden impartida al señor B. L. fue encaminada a garantizar dos derechos constitucionales fundamentales, el debido proceso y el derecho de defensa […] No estamos frente a una orden imposible de ser cumplida por el accionado. De un lado, porque es de su órbita exclusiva convocar a los integrantes del consejo de administración quien fue el emisor de la Resolución 04 de junio 27 de 2007, y, por tanto, el competente para que, con una decisión contentiva de la misma fuerza jurídica de la resolución cuestionada, se invalidara la misma. Resaltando aquí, que para el despacho no es de recibo la determinación que tomó el señor B. L., cuando pasado más de un mes de dada la orden de tutela, en reunión extraordinaria del consejo de administración, realizada el día 29 de febrero de 2008, dispone levantar las sanciones impuestas al accionante según Resolución 04 de 2007, pero se abstiene de invalidar dicha resolución, lo cual debió hacerse en la misma forma en que se produjo la sanción, es decir, mediante una resolución y no en forma verbal como se pretendió hacer.

Obsérvese como el consejo de administración, en cabeza del señor B. L., presidente del mismo, para convocar a sus integrantes sólo debe hacerlo unos pocos días antes a la fecha por él fijada, como así se desprende de su propia comunicación allegada al juez de primer grado, y que data del 30 de octubre de 2008 (fl. 59). Por tanto, no existía ninguna imposibilidad para B. L. que le impidiera dar cumplimiento al punto segundo del fallo de tutela de primer grado, debidamente confirmado, en segunda instancia.

En cuanto para cumplir el segundo requerimiento, que se recuerda consistía en la modificación del artículo 29 de los estatutos de la xxx, es de público conocimiento, que durante los tres primeros meses de cada año, es obligatorio para las entidades cooperativas la convocatoria a asamblea general de asociados, y así ocurrió el día 23 de febrero de 2008, y el señor B. L. tuvo la oportunidad allí de incluir en el orden del día el punto atinente al cumplimiento del fallo de tutela que hoy nos ocupa, pero, de acuerdo con el documento que obra en el folio 19 de la actuación incidental, lo que ocurrió, realmente, es que en el orden del día de la asamblea general de socios, no se incluyó la modificación o reforma de los estatuto, para que estos incluyeran las pautas de debido proceso con garantía del derecho de defensa, tal se dispuso debía hacerse.

Con las anteriores consideraciones, resta por decir que, al disciplinado, conforme a la naturaleza sancionatoria del desacato, le fue garantizado el debido proceso en el incidente que hoy se revisa, por ello, desde su notificación, actuó sólo en nombre propio, sino a través de apoderado judicial.

Respecto del disciplinado y precedida por la comprobación de cada uno de los elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la responsabilidad subjetiva del disciplinado es del caso impartir sanción contra el señor B. L. presidente del consejo de administración de la xxx del Tolima Ltda. —xxx—.

Por lo anterior, este despacho encuentra procedente la determinación del señor Juez Segundo Penal Municipal del Espinal, quien en providencia calendada octubre treinta y uno de dos mil ocho, dispuso sancionar al señor B. L. en su condición de presidente del consejo de administración de la xxx del Tolima Ltda. —xxx—.

El Juzgado modifica la decisión que revisa en consulta en cuanto al quantum de la sanción impuesta, dejando para B. L., sanción de tres (3) días de arresto que cumplirá en distrito tres de la Policía Nacional, sala de retenidos y multa equivalente tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que cancelará de su propio peculio a favor del Consejo Superior de la Judicatura, ello por incumplimiento del fallo de tutela calendado noviembre 14 de 2007, confirmado en segundo grado en decisión de enero 28 de 2008(45).

Frente a las anteriores decisiones judiciales, el señor B. L. presentó acción de tutela de la cual conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, instancia judicial que mediante sentencia del 29 de enero de 2009, protegió sus derechos fundamentales e invalidó las sanciones adoptadas por los jueces en el trámite del desacato al considerar que incurrieron en una “vía de hecho” por valorarse indebidamente las pruebas allegadas al expediente.

En aquella oportunidad, el Tribunal decidió:

1. CONCEDER el amparo constitucional solicitado por el señor B. L., por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2. DEJAR SIN EFECTOS las providencias dictadas dentro del incidente de desacato promovido contra el consejo de administración de la xxx del Tolima —xxx— representada por el señor B. L., proferidas el 31 de octubre de 2008 por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal, y el 11 de diciembre de 2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma localidad(46).

A fin de adoptar la referida decisión, el juez del amparo, tras identificar las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y considerar que tal medio de protección constitucional era procedente para cuestionar lo decidido en un incidente de desacato, estimó necesario determinar si el señor B. L. cumplió con las órdenes judiciales dictadas a fin de restablecer los derechos fundamentales del señor J. H. P. Para tal fin argumentó:

Al respecto, los titulares de los despachos judiciales accionados señalaron al unísono que las órdenes judiciales dictadas dentro del proceso de tutela por ellos tramitado no fueron acatadas, a pesar de que ellas eran claras y precisas. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que luego de la sentencia de tutela de primera instancia el consejo de administración decidió levantar la sanción impuesta al señor J. H. P., como en efecto se hizo el 15 de noviembre de 2007, al inscribir el levantamiento de la amonestación en el libro de registro de asociados y, en reunión extraordinaria celebrada el 29 de febrero de 2008, ratificaron el levantamiento de la sanción impuesta al asociado H. P.

Para esta corporación, según los documentos que obran en el expediente, en el presente caso el actor dio cumplimiento a las órdenes proferidas tanto en primera como en segunda instancia en la acción de tutela promovida por el referido asociado. Véase como la Jueza Segunda Penal Municipal del Espinal, en el numeral 2º de la sentencia de tutela proferida el 14 de noviembre de 2007, le concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, al resolver lo siguiente [se transcribe lo decidido en aquella oportunidad]:

(…)

Por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal, en sentencia de tutela de segunda instancia, proferida el 25 de enero de 2008, dispuso [se transcribe lo decidido en aquella oportunidad]:

(…)

Por virtud de la orden proferida por el Juzgado Penal Municipal ahora accionado, el consejo de administración, se reitera, el 25 de noviembre de 2008, inscribió en el libro de registro de asociados el levantamiento de la sanción impuesta a J. H. P., con la siguiente anotación: Se cancela anotación conforme al fallo de tutela de noviembre 14-007 en el numeral 2º proferido por el Juzgado 2º Penal Municipal de El Espinal - Tolima”.

Como puede observarse, el accionante dio cumplimiento a la acción de tutela interpuesta, anulando la sanción e inscribiendo la misma en el libro de registro de asociados como se lo ordenaron los juzgados de instancia. A su vez, con memorial del 29 de enero de 2008, remitió al juez constitucional de segunda instancia copia simple del folio 183 del libro de registro de asociados correspondiente al citado ciudadano en el que aparece la cancelación de la sanción y copias del acta de la asamblea extraordinaria de asociados celebrada el 20 de diciembre de 2007, en la que se modificó, entre otros el artículo 29 de los estatutos.

No empecé lo anterior, el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal, con decisión del 31 de octubre de 2008, impuso al hoy accionante una sanción por desacato de quince (15) días de arresto y quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, por considerar que B. L. había utilizado vías de hecho para reemplazar o sustituir la gestión de un trámite propio de la junta de administración, cuál era la invalidez de la resolución sancionatoria, y que la remisión de copias simples de las mismas vías de hecho (cancelación de la sanción en el libro de registro de asociados, relación de asociados hábiles, la escarapela de J. H. que lo acredita como asociado hábil y un sobre de manila con sello de devolución, entre otros) utilizadas para evadir la orden del juez constitucional, demostraban la actitud de rebeldía del ahora actor.

Remitido como fuera la actuación incidental al Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal, para surtir el grado jurisdiccional de consulta, con providencia de diciembre de 2008, consideró que el señor B. L., como presidente del consejo de administración no acató el fallo de tutela, ya que sólo hasta después de emitida la orden de sanción impuesta en su contra, fue que expidió la Resolución 04 del 4 de noviembre de 2008, en la que se dispuso dejar sin valor la sanción impuesta a J. H. P.

Además indicó que no cumplió con la segunda orden impartida, cuál era el requerimiento para que en la siguiente asamblea general promoviera la modificación de estatutos, en especial su artículo 29, pues la reforma estatutaria presentada como cumplimiento de la orden de tutela tuvo origen en la asamblea general del 20 de diciembre de 2008, fecha anterior a la orden impartida en la segunda instancia, de donde se colige que B. L. intentó engañar a la jurisdicción presentando una reforma estatutaria que no corresponde a lo ordenado en la sentencia de tutela y que por demás fue tomada con anterioridad a la fecha en que se produjo tal orden.

Por otra parte, el despacho del circuito accionado, en la providencia que decidió la consulta del desacato, refirió que lo realizado por el señor B. L. en el Consejo de Administración el 29 de febrero de 2008, donde dispuso levantar la sanción impuesta a J. H. P., se abstuvo de invalidar la misma toda vez que lo debió hacer a través de una resolución y no en forma verbal como lo pretendió realizar(47).

Presentado al anterior panorama jurídico y fáctico, el Tribunal concluyó que:

Para esta Colegiatura, la anotación registrada en el libro de asociados en la que se levanta la sanción impuesta a quien fungió como actor dentro del proceso que se revisa, la ratificación del levantamiento de la amonestación decidida en consejo de administración, la reforma estatutaria realizada en asamblea del 20 de diciembre de 2007 y la posterior resolución emitida por el consejo de administración, son muestras que el accionante dio cumplimiento a las órdenes de tutela emitidas por las instancias hoy demandadas, pues, contrario a lo considerado por la Juez Primero Penal del Circuito del Espinal, al actor no era exigible el proferimiento de una resolución anulatoria de la sanción por cuanto en la orden de tutela nada se dijo respecto de la forma como se debería dejar sin efectos la amonestación impuesta al asociado prenombrado. Además, en lo atinente a la reforma estatutaria, la misma no se dio a manera de orden perentoria sino como un requerimiento o exhorto, por lo que, en este sentido, el hoy actor tampoco se encontraba compelido a cumplir.

Para la Sala es evidente que cuando un juez de tutela evidencia una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, no profiere apenas un dictamen teórico acerca de la transgresión de los mandatos constitucionales, sino que, sobre ese supuesto, está obligado a proferir una decisión de naturaleza imperativa que restaure su plena vigencia en el caso específico. Tal decisión debe concretarse en un mandato que debe ser cumplido de total e inmediata, y, en caso de ser desobedecida o no ajustarse a las prescripciones judiciales, puede ser sancionado por desacato.

Empero, en atención al principio de la buena fe que las personas depositan también en las decisiones judiciales, estas no pueden ser obligadas a cumplir órdenes que no han sido señaladas expresa, clara e inequívocamente en las providencias judiciales.

Como quedó establecido, el accionante, conforme lo ordenaron las autoridades judiciales de tutela, anuló la sanción impuesta a J. H. P. de la manera como entendió debía corregir la actuación acusada.

De hecho, cuando el juzgado de segunda instancia confirmó la orden dictada por el juzgado de primera instancia, el actor convoca al consejo de administración y en dicha reunión se ratificó el levantamiento de la sanción impuesta al asociado en mención, dando cumplimiento a la orden de tutela impartida por las instancias.

Como se aprecia, no se evidencia incumplimiento ni negligencia por parte del accionante en dar cumplimiento a las órdenes dictadas por los Juzgados Primero Penal Municipal y Primero Penal del Circuito del Espinal, Tolima. Por el contrario, insiste la Sala, dentro de los términos otorgados por las instancias, el demandado dio cumplimiento a dichas órdenes, de acuerdo con la forma como los juzgados lo dispusieron. Aún con tales medios de prueba, el Juzgado Penal Municipal accionado impuso sanción por desacato, sin que, huelga decirlo, existiera fundamento fáctico para tal decisión. De igual manera, el Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal, sin tener en cuenta la nueva resolución anulatoria de la sanción emitida por el consejo de administración de xxx a favor de J. H. P., confirmó la decisión que impuso decisión por desacato al actor, a pesar de que en el expediente del incidente obraran los medios suasorios que acreditaban que el actor había cumplido con lo ordenado por su despacho y por el Juzgado Segundo Municipal de la misma localidad.

Por lo anterior a juicio de esta Colegiatura, la actuación de las autoridades judiciales accionadas vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor B. L., por lo que, siendo consecuencia con ello, se tutelarán los derechos fundamentales invocados, y, siguiendo la técnica establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-421 de 2003, se procederá a dejar sin efectos las sanciones cuestionadas por constituirse en vías de hecho que vulneran los derechos fundamentales del actor(48).

La Sala puede constatar que la sentencia que amparó los derechos fundamentales del señor B. L. contó con los debidos soportes probatorios, los cuales dan cuenta de que este, efectivamente, cumplió con lo ordenado por los jueces de amparo que ordenó restablecer las garantías constitucionales del señor J. H. P. en su condición de afiliado a la cooperativa de xxx del Tolima —xxx— Ltda.

Se acreditó que el consejo de administración de xxx Ltda. efectuó una reunión extraordinaria el día 29 de febrero de 2008, de la cual se levantó el acta 117, en la que consta que se trató el asunto del cumplimiento del fallo dictado dentro de la acción de tutela que instauró el señor J. H. P., tema que se abordó de la siguiente manera:

Que de conformidad al fallo de tutela de fecha 14 de noviembre de 2007 del Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal - Tolima y confirmado mediante fallo de fecha enero 28 del Juzgado Primero Penal del Circuito, se procede a ratificar la cancelación de la anotación en el libro de registros de asociados realizada oportunamente es decir el 15 de noviembre de 2007 por el señor presidente del consejo B. L.; el cual obra a folio 183 del libro de registro de asociados número 2 correspondiente al asociado J. H. P., es decir se dio cumplimiento al fallo de tutela.

A lo anterior el señor presidente del consejo B. L., manifiesta que esta cancelación en el libro de registro de asociados correspondiente al señor J. H., se realizó oportunamente dentro del tiempo estipulado por el Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal, al igual que se confirme la cancelación de la anotación en el libro de registro de asociados según fallo de tutela calendado el 14 de noviembre de 2007 del señor H. P., aclarando que al cancelar la anotación se da por levantada la sanción impuesta según Resolución 004 de julio 27 de 2007, una vez escuchado lo manifestado por el presidente B. L. es sometido a votación del consejo de administración, manifestando el señor consejero Luis Ernesto Mayorquín (sic) que no está de acuerdo, el señor consejero Fabio Céspedes manifiesta que se abstiene de votar puesto que no conoce bien el tema, por lo tanto es aprobado por tres votos a favor notificándose que se confirma el levantamiento de la sanción de amonestación impuesta según Resolución 004 de fecha 27 de julio de 2007 al asociado J. H. P. […] Así mismo el señor consejero Armando Palacios manifiesta que se debe informar a los señores jueces de primera y segunda instancia de que se levantó la sanción de tipo amonestación al señor J. H. P.(49).

El 21 de octubre de 2008, el señor B. L. reiteró al Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal que “lo solicitado por usted fue remitido mediante oficio de fecha 29 de enero de 2008 donde se incorporan varios documentos que sirven de acto para dejar sin efecto la sanción al asociado J. H. P. y conforme a lo ratificado mediante acta extraordinaria del consejo de administración 117 realizada el 29 de febrero de 2008. De lo cual me permito allegar nuevamente fotocopias”(50).

Con la referida comunicación se remitió copia del folio 183 del libro de asociados en el cual se encuentran las siguientes anotaciones:

Nombre del asociado: J. H. P. […] Fecha de ingreso: marzo 11 de 2000 […] Nº de acta de consejo mediante la cual se aceptó el ingreso: 423 […] Observaciones: Mediante Resolución 004 de junio 27 de 2007, consejo de administración impone sanción consistente en amonestación al asociado J. H. P. la cual fue debidamente notificada, habiendo guardado silencio y a la fecha no aparece ningún escrito relacionado con la misma. Conste: julio 13 de 2007. Fdo. B. L. presidente del consejo. Noviembre 15-007. Se cancela anotación conforme al fallo de tutela de noviembre 14-007 en el numeral 2º proferido por el Juzgado 2º Penal Municipal de El Espinal. Fdo. B. L. presidente del consejo(51).

El Juzgado Segundo Penal Municipal del Espinal (Tolima), despacho que conoció en primera instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor J. H. P., certificó el trámite dado al recurso de amparo y en el mismo se anotó:

A folios 140 y ss. memorial del 29 de enero de 2008, suscrito por el señor B. L. en el cual se allega:

1. Fotocopia del folio 183 del libro de registro de asociados Nº 1 en el cual se cancela la anotación en contra del asociado y entonces accionante señor J. H. P.

2. Fotocopia del acta de la asamblea general extraordinaria Nº 048 de fecha 20 de diciembre de 2007, por medio de la cual se reforman los estatutos de la cooperativa xxx.

3. Fotocopia de la reforma del artículo 29 de los estatutos(52).

En relación con el trámite dado al incidente de desacato se hizo constar que:

A folios 8 y ss. del cuaderno del incidente memorial del apoderado del señor B. L. en el descorre traslado del incidente de desacato en el cual solicita se desestimen todas y cada una de las pretensiones de la parte incidentante señor J. H. P., en razón de haberse dado cumplimiento al fallo de tutela en el sentido de haber cancelado la anotación en el libro de registro de asociados, enviado por correo certificado la “documentación de habilidad” entre ellas la original de la escarapela del asociado hábil y fotocopia de la relación de firmas de asociados hábiles asistentes a la asamblea general ordinaria del 23 de febrero de 2008(53).

De acuerdo con los argumentos judiciales trascritos y los medios de prueba referidos, para la Sala resulta evidente que existieron “vías de hecho” en las que incurrieron los jueces que conocieron del incidente de desacato y fue precisamente a partir de esta indebida valoración de las pruebas que se soportó la imposición de la sanción del arresto, sin que existiera mérito para ello, pues tal como lo afirmó el juez de tutela, el aquí demandante demostró haber dado cumplimiento a las órdenes impartidas por los jueces de amparo que tutelaron los derechos fundamentales del señor J. H. P. y que con ellas le fueron restablecidos sus garantías como asociado de xxx Ltda.

La Sala advierte que los jueces que tramitaron el incidente de desacato, no le otorgaron el valor probatorio debido a los medios de prueba allegados al expediente por el obligado a fin de demostrar que había cumplido con las decisiones de tutela y fue por ello que, en el fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales del señor B. L., se consideró que se había configurado una vía de hecho por defecto fáctico, razonamiento a partir del cual resulta razonable sostener, en esta oportunidad, que se está ante una falla del servicio que permite declarar la responsabilidad del Estado.

La Sala recuerda que para la jurisprudencia constitucional una de las finalidades del Estado social de derecho, conforme a los dictados del artículo 2º Superior, es alcanzar la protección de los derechos fundamentales y tal criterio de optimización se convierte en un parámetro que guía las actuaciones, tanto de las autoridades públicas, como de los particulares.

En tal sentido y congruente con dicha aspiración constitucional “se ocupó el legislador al establecer la figura jurídica del desacato, que no es más que un medio que utiliza el juez del conocimiento de la tutela, en ejercicio de su potestad disciplinaria, más exactamente correccional, para sancionar, inclusive con arresto y multa”(54).

No obstante, lo anotado, la jurisprudencia constitucional ha considerado(55) que “el principal propósito de este trámite se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de un recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, debe precisarse que la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia”(56).

Tal característica del incidente de desacato no orientó los razonamientos efectuados por los jueces que conocieron del incidente, pues el obligado, tal como lo sostiene el juez de tutela que amparó sus derechos fundamentales, allegó al plenario los elementos necesarios a fin de acreditar el cumplimiento de las decisiones judiciales y, no obstante ello, le fue impuesta la sanción de arresto.

Al sancionado no le valió ningún esfuerzo argumentativo, ni probatorio para demostrar el acatamiento de las órdenes judiciales impartidas, pues tal como lo expuso el juez que protegió sus derechos fundamentales, el señor L. sí cumplió lo ordenado por las autoridades judiciales, empero, el juez del desacato estructuró su responsabilidad a partir de exigirle unos requisitos adicionales que no quedaron consignados en las sentencias de tutela, pues en ellas, no se condicionó que el levantamiento de la sanción del señor H. P. se realizara de una determinada manera, solo se estableció que la misma no fuera aplicada y que se anotara tal decisión en los libros respectivos, actuación que se llevó a cabo y a partir de las cuales se restablecieron los derechos del citado afiliado.

De otra parte, al tratarse el desacato de un procedimiento sancionatorio, su concepción se enmarca dentro de un régimen de responsabilidad subjetiva conforme lo reglado en el artículo 29 Superior. Es por ello por lo que la Corte Constitucional reclama que al momento de imponerse la sanción esté demostrado el nexo causal que vincula la conducta negligente o dolosa del obligado con la desatención del contenido de la orden judicial(57), lo cual “quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo”(58).

Frente a tal exigencia, los jueces del amparo estructuraron una supuesta “mala fe” del señor B. L. aduciendo que actuó con “malicia” al levantar la sanción disciplinaria al señor J. H. P. utilizando una formalidad jurídica diferente a la de expedir una resolución y que el acta modificatoria de los estatutos se realizó a través de una asamblea general anterior a la orden de tutela, no obstante ello, tal como lo argumentó el juez de tutela dichas actuaciones no evidencian la existencia de un comportamiento doloso que se encaminara a desconocer las órdenes impartidas por los jueces de tutela, pues, por el contrario, lo que demuestran es el compromiso del aquí demandante en acatar lo dispuesto judicialmente y dentro de los plazos concedidos para el efecto.

En ese sentido, la privación de la libertad dictada en contra del señor B. L. resultó contraria a derecho, en razón a que la Rama Judicial omitió valorar, en debida forma, los soportes probatorios allegados por el referido demandante a fin de demostrar que sí cumplió con las órdenes impartidas por los jueces de tutela, además de exigirle al obligado formas específicas a fin de cumplir lo dispuesto por el juez de tutela cuando las mismas no fueron establecidas por la sentencia.

En ese orden de ideas, en el presente caso no cabe duda de que la restricción de la libertad del señor B. L. se produjo con ocasión de una falla del servicio, contenida en las providencias que resolvieron el incidente de desacato seguido en su contra, dado que, tanto el juez de primera instancia, como aquel que conoció del grado jurisdiccional de consulta, impusieron las sanciones de arresto y multa incurriendo una clara “vía de hecho” al omitir valorar las pruebas obrantes en el plenario y condicionando el cumplimiento de las órdenes de tutela a partir de requerimientos que no se consignaron en la parte resolutiva de los fallos de amparo.

Así las cosas, conviene aclarar que en el expediente no se probó que el señor B. L. hubiera incurrido en una conducta dolosa o gravemente culposa, puesto desplegó las actuaciones para acatar lo dispuesto por los jueces de tutela, razón por la cual la Sala concluye que el señor B. L., con su comportamiento, no generó el daño por el que ahora demanda y por el contrario sí padeció la privación de la libertad con fundamento en unas decisiones judiciales donde no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas.

Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, forzoso resulta concluir que el demandante no estaba en la obligación de soportar la restricción de su libertad, de ahí que el daño a él irrogado se torne en antijurídico y, por tanto, surja la obligación de repararlo por la Nación - Rama Judicial, habida cuenta que, tal como quedó demostrado, esta incurrió en una falla del servicio que originó que el señor B. L. fuera privado irregularmente de la libertad.

La Sala pese a que confirmará la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, sin embargo aclara que la indemnización por perjuicios morales reconocida al señor B. L. es de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales y de dos punto cinco (2.5) para cada uno de los demás demandantes, sin que sea necesario reconocer indexación alguna al momento del pago.

En el mismo sentido se aclara que la condena por perjuicios materiales asciende a la suma de setenta y ocho mil ciento veinticuatro pesos ($ 78.124) equivalente a tres salarios mínimos diarios vigentes al momento de la presente sentencia(59).

En este orden de ideas la Sala modificará la parte resolutiva del fallo de primera instancia a fin de tasar la condena en salarios mínimos legales mensuales vigentes y así garantiza que la misma mantenga su actualización al momento de ser cancelada.

Al no asistirle razón a la entidad apelante, en los términos anotados se impone confirmar la sentencia apelada en cuanto hace relación a la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial por la restricción de la libertad que soportó el señor B. L., a la par que se modifican los criterios para tasar la condena impuesta por el Tribunal de instancia en los términos consignados en la parte resolutiva de este fallo.

7. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2013 dictada proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la falla del servicio de la que fueron víctimas.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar por concepto de perjuicios morales, la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales a favor del señor B. L. y a favor de las señoras M. L. S. D. L., A. M. L. S. y de la menor L. F. L. S., para cada una, la suma de dos y medio (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de setenta y ocho mil ciento veinticuatro pesos ($ 78.124) a favor del señor B. L.

4. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando dentro del proceso.

7. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(20) De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según Acta 10.

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de Sala Plena del 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

(23) Folio 10v del cuaderno de primera instancia. En la referida acta se dejó la siguiente constancia “teniendo en cuenta que la presente diligencia fue recibida por reparto desde el 3 de agosto de 2010, efectuándose la primera diligencia el día 1º de octubre de 2010, en donde se solicitó fijar nueva fecha la cual quedó para el día 3 de noviembre en donde de igual forma se solicitó por unanimidad se fijara la fecha para el día de hoy 30 de noviembre de 2010, en donde la entidad convocada vuelve a reiterar aplazamiento de esta diligencia, este despacho a solicitud de el (sic) señor apoderado del convocante el cual solicita se declare fallida la presente diligencia. Esta Procuraduría considera surtido el trámite de procedibilidad de que trata la Ley 1285 de 2009 y Dispone: Declarar cumplido el requisito de procedibilidad y agotado el trámite conciliatoria, en el día de hoy, por secretaria expedir la respectiva certificación a la parte interesada para los fines que estima pertinente ante el contencioso administrativo. Igualmente certifica que la presente solicitud conciliatoria fue presentada el 3 de agosto de 2010 y admitida el 7 de septiembre de 2010, quedando agotado el trámite conciliatorio el día de hoy 30 de noviembre de 2010”.

(24) Folio 10, cuaderno de primera instancia.

(25) Folio 1, cuaderno de primera instancia.

(26) Folio 6, cuaderno de pruebas.

(27) Folio 7, cuaderno de pruebas.

(28) Tal como se comprueba a partir del registro civil de matrimonio obrante a folio 8, cuaderno de pruebas.

(29) Folio 20, cuaderno de primera instancia.

(30) Folio 13, cuaderno de primera instancia.

(31) Folio 18, cuaderno de primera instancia.

(32) Folio 21, cuaderno de primera instancia.

(33) Folio 19, cuaderno de primera instancia.

(34) Folio 26, cuaderno de primera instancia.

(35) Folio 27, cuaderno de primera instancia.

(36) Folio 31, cuaderno de primera instancia.

(37) Folio 32, cuaderno de primera instancia.

(38) Folio 31, cuaderno de primera instancia.

(39) Folio 33, cuaderno de primera instancia.

(40) Folio 52, cuaderno de primera instancia.

(41) Folio 43, cuaderno de primera instancia.

(42) Folio 43, cuaderno de primera instancia.

(43) Folio 44, cuaderno de primera instancia.

(44) Folio 47, cuaderno de primera instancia.

(45) Folio 51, cuaderno de primera instancia.

(46) Folio 67, cuaderno de primera instancia.

(47) Folio 64, cuaderno de primera instancia.

(48) Folio 66, cuaderno de primera instancia.

(49) Folio 16, cuaderno de copias.

(50) Folio 30, cuaderno de copias.

(51) Folio 40, cuaderno de copias.

(52) Folio 54, cuaderno de copias.

(53) Folio 55, cuaderno de copias.

(54) Corte Constitucional, Sentencia T-554 de 1996.

(55) Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2010.

(56) Corte Constitucional, Sentencia T-171 de 2009.

(57) Corte Constitucional, Sentencia T-271 de 2015.

(58) Corte Constitucional, Sentencia T-171 de 2009.

(59) Lo anterior teniendo en cuenta que para el año de 2018, el valor del salario mínimo legal mensual vigentes es de $ 781.242 y el del salario mínimo legal diario es de $ 26.014.