Sentencia 2011-00346 de febrero 4 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000201100346 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según acta 7 de la fecha

Referencia: Abogado en apelación

Disciplinado: Bernardo Velásquez Mahecha

Quejosa: Rafael Monroy y Otros

Primera instancia: Suspensión en ejercicio de la profesión por 2 años

Segunda instancia: Revoca y absuelve

Bogotá, D. C., cuatro de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 – ley estatutaria de la administración de justicia, al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura” y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el abogado Bernardo Velázquez Mahecha, contra el fallo del 15 de junio de 2012, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, a través del cual lo sancionó con 2 años de suspensión en el ejercicio profesional, tras hallarlo responsable de la falta prevista en el literal C del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 y el numeral 1º del artículo 35 ibídem, circunscribiéndose al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al cual se llega por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Descripción típica de las faltas imputadas. En el caso bajo examen, el abogado Bernardo Velázquez Mahecha, fue sancionado por la comisión de las faltas descritas en el literal C del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que establecen lo siguiente:

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente

[…]

C. Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto.

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos”.

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe haber certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora para entrar a resolver, según la Sala a quo, se hallaba probada la relación profesional entre el abogado Bernardo Velásquez Mahecha y los ciudadanos Rafael Monroy y Hortensia Granados, quienes acudieron al profesional para que los asistiera en dos asuntos concretos: el primero, la posibilidad de demandar a la Nación, a través de la acción de reparación directa, por el procesamiento y condena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Calarcá – Quindío, contra L. A. P. D. por la conducta punible de actos sexuales con menor de catorce años, habida cuenta que en criterio de los proponentes, se trató de un proceso tramitado contra una “persona minusválida mental” (sic), a quien la señora Hortensia había asistido en forma permanente dados los nexos existentes de antaño con su familia; y el segundo, para buscar la nulidad de una sucesión en la cual al parecer se desconocieron los derechos que como heredero tenía el mismo Palacio Delgado.

En tal contexto, esto es la prestación de la asistencia jurídica acordada, el abogado en mención recibió $ 1.200.000 de parte del señor Rafael Monroy, librando el recibo del 17 de mayo de 2011 en el cual hizo constar que se trataba del “pago asesoría jurídica y consultaría estudio procesos del señor Palacio en la Notaría 2 de Calarcá y expedientes del Juzgado 1º o Civil Municipal de Calarcá y tres (3) viajes a Pereira Notaría”, circunstancias plenamente demostradas con lo dicho por los quejosos y la propia versión del abogado investigado, quien lo reconoció sin ambages, a más de las copias allegadas del proceso penal adelantado contra el ciudadano L. A. P. D. por la conducta punible enunciada por lo cual fue condenado a 60 meses de prisión y le negó la suspensión condicional de ejecución de la pena, según sentencia del 24 de marzo de 2006 del Juzgado Penal del Circuito de Calarcá y el examen practicado por el Instituto de Medicina Legal al señor en cuestión el 23 de mayo de 2007 por orden del Juzgado de Ejecución de Penas Armenia, del cual se concluyó que debía continuar en tratamiento recibiendo de manera estricta sus medicamentos y con controles por parte de neurólogo y negativo para grave enfermedad.

En síntesis si el abogado recibió de sus clientes los poderes, de lo cual dio fe el declarante Jairo Vargas Marín, debió incoar la acción contenciosa contra la Nación por la condena impuesta a L. A. P. D. por el Juzgado Penal del Circuito de Calarcá – Quindío, en el entendido que este era un incapaz mental.

De otro lado, como sostuvo el abogado Velásquez Mahecha, si se había establecido que no había la más mínima posibilidad de reivindicar los derechos del L. A. P. D. por carecer este de vocación hereditaria con ocasión de la sucesión levantada por el señor Jairo Trujillo Álvarez, lo obvio también, en un marco de transparencia y de proceder ético era que hubiera optado por manifestarlo de esa manera a sus clientes, a quienes ha debido devolverles el dinero entregados para la gestión y no actuar como lo hizo, es decir, planteándoles la posibilidad de anular la sucesión, se repite, cuando no existía ninguna posibilidad para ello.

En conclusión para la Sala de primera instancia, el abogado “calló la situación inherente a las gestiones encomendadas, alterando aquello (sic) la información correcta, con el claro objetivo de desviar su libre decisión sobre el manejo de los asuntos y asegurar de esa manera la cancelación de unos honorarios sin que haya realizado ninguna gestión concreta” y adicionalmente, señaló como la entrega del expediente penal, no estuvo dirigida al mero análisis del caso para la emisión de un concepto, sino para la efectiva presentación de la acción contenciosa administrativa contra la nación, a más de considerar que el cobro de $1.200.000 resultó desproporcionado frente a la supuesta labor de consultaría (sic) que el abogado realizó en favor de los quejosos.

Sin embargo, del estudio del expediente esta Superioridad considera que si bien se halló probada la existencia de un encargo y el pago de $1.200.000 pesos a título de honorarios, también lo es que existe duda respecto del contenido del mandato, pues también es preciso señalar que no obra en el plenario poder alguno o contrato de prestación de servicios para establecer en qué términos se dieron, a más que los mismos quejosos afirmaron que contrataron al abogado, para dos eventos: el primero, para la presentación de una demanda de reparación directa y el segundo, para incoar una nulidad contra de un proceso de sucesión.

Y lo anterior quedó probado con el recibo fechado el 17 de mayo de 2011, que obra en el expediente, suscrito por el disciplinado y aportado al proceso por los quejosos, donde manera clara y precisa se lee: “Recibi(mos) de Rafael Monroy la suma de un millón doscientos mil pesos m/cte para pago asesoría jurídica y consultaría estudio de procesos del señor Palacio, en la Notaria 2ª de Calarcá y expedientes del Juzgado 1º Civil Municipal de Calarcá y (3) viajes a Pereira” (sic), lo que concuerda con lo manifestado por el disciplinado, a lo largo de la actuación - alegatos de conclusión y recurso de apelación, en cuanto a que el encargo encomendado consistía en emitir un concepto jurídico frente a la viabilidad de las dos acciones referidas, para lo cual mantuvo múltiples reuniones con los quejosos, en las cuales se discutió el tema y que dieron cuenta en forma conteste las declaraciones de los señores Oscar Cabrero Gallego, Guillermo Buitrago Ciro y Miguel Antonio Tabares Vélez quienes afirmaron como los quejosos y el disciplinado se reunieron en múltiples oportunidades, en las que conversaron sobre un asunto jurídico, durante lapsos de una hora u hora y media, a más que el señor Jairo Vargas Marín – deponente, señaló: “en virtud de su relación de amistad con el quejoso Rafael Monroy y con Velásquez Mahecha los puso en contacto porque aquel le solicitó que le recomendara un abogado a fin de que analizara unos documentos que a la postre hizo llegar al profesional del derecho a través suyo” (se resalta fuera de texto).

Tampoco existe certeza de la prueba exigida en la norma para sancionar, frente a lo conversado por el disciplinado y los quejosos que permita establecer si el abogado calló, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto.

Conforme al recuento de los hechos y las consideraciones expuestas se denota duda frente a la ocurrencia de las faltas endilgadas al disciplinable, por cuanto, no fue posible determinar el alcance del encargo encomendado por los señores Rafael Monroy y Hortensia Granados, luego, no es permisible establecer si el cobro de $1.200.000 de pesos, a título de honorarios, fue desproporcionado, por lo que es viable la aplicación del artículo 8º de la Ley 1123 de 2007. Así las cosas, no se puede imputar al disciplinado una conducta que no fue debidamente probada, siendo entonces inexistente para el ordenamiento la falta y con ello atípica.

Por lo anterior, descubre esta Sala que existe una duda más que razonable, respecto de los hechos materia de investigación disciplinaria, debiendo entonces, en garantía de no infringir los derechos del profesional del derecho investigado, dar aplicación al principio general traído por analogía del derecho penal al derecho disciplinario, denominado “in dubio pro disciplinado”, con el que al igual que el “in dubio pro reo”, emana de la presunción de inocencia.

Ahora bien, descendiendo en el asunto en cuestión, teniendo en cuenta que no obra prueba alguna en el infolio, la cual conduzca a la certeza de la comisión de actuación disciplinable por parte del encartado con respecto a haber callado en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto o exigido u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos, puesto tal como lo manifestó en su escrito de apelación y la contestes declaraciones la decisión del a quo está motivada bajo presunciones ante la duda que favorecen al quejoso, siendo lo anterior totalmente contrario al principio de in dubio pro disciplinado que consagra el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007, que reseña:

“ART. 8º—Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla” (subrayado y negrilla fuera de texto original)

De la presunción de inocencia como garantía según la Corte Constitucional - Sentencia C-289 de 2012 – M.P. Humberto Sierra Porto.

Presunción de inocencia. Garantía constitucional. La presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso reconocida en el artículo 29 de la Constitución, al tenor del cual ‘toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable’. Los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia —que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución— contienen dicha garantía en términos similares. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8º que ‘toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’. Y, a su turno, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que ‘toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley’. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia acompaña a la persona investigada por un delito ‘hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad’.

Presunción de inocencia - Concepto. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que solo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad.

Presunción de inocencia - Regla básica sobre la carga de la prueba. La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito […] lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad”.

En consecuencia, en este caso considera la Sala que el comportamiento del disciplinable es atípica, subsistiendo además la duda razonable respecto de los hechos materia de estudio, se resolverá a favor del investigado, por no haber modo de superar la duda y encontrar no ajustada la conducta en tipo disciplinario alguno consagrado por la Ley 1123 de 2007, por tanto se desestimaran los cargos imputados al apelante y se revocará la sanción impuesta por el a quo.

Otras determinaciones. Comoquiera que dentro de las pruebas allegadas al plenario se halló el certificado de antecedentes disciplinarios Nº 265209 del 8 de octubre de 2014, a través del cual la secretaría judicial de esta Superioridad hizo constar que contra el doctor Bernardo Velásquez Mahecha, se hallaba suspendido entre el 19 de mayo de 2011 al 17 de mayo de 2012, habrá de compulsarse copias para ante la Presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, a fin de dar inicio a las investigaciones a que haya lugar.

En mérito a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el fallo del 15 de junio de 2012, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, a través del cual sancionó al abogado Bernardo Velásquez Mahecha con 2 años de suspensión en el ejercicio profesional, tras hallarlo responsable de la falta prevista en el literal C del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 y el numeral 1º del artículo 35 ibídem, para en su lugar ABSOLVERLO de los cargos imputados, conforme lo dicho en las motivaciones de esta providencia.

2. Compulsar copias ante la Presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, para que se inicien las investigaciones a que haya lugar contra el abogado Bernardo Velásquez Mahecha, por cuanto al parecer ejerció la profesión estando suspendido, conforme al acápite de otras consideraciones de este proveído.

3. Por la Secretaría Judicial de esta Sala, líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes y devuélvase la actuación al consejo seccional de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».