Sentencia 2011-00356/47288 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Exp.: 660012331000201100356 01 (47.288)

Actor: Nancy Restrepo Giraldo y otros

Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Acción: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Bogotá D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada —Fiscalía General de la Nación— en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Risaralda del 31 de enero de 2013, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(13).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(14), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupere la libertad y/o la providencia absolutoria quede ejecutoriada —lo último que ocurra—(15).

En el sub examine la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la señora Nancy Restrepo Giraldo ocurrida entre el 1º de agosto de 2006 y el 30 de marzo de 2010, fecha en la que la fiscalía 15 especializada de derechos humanos de Bogotá precluyó la investigación penal en su favor. Por lo tanto, comoquiera que la demanda se presentó el 10 de octubre de 2011, se impone concluir que se presentó dentro del término legal establecido para ese efecto.

2.3. En cuanto a la competencia funcional de esta Sala para conocer del presente asunto en segunda instancia, debe precisarse que la misma está circunscrita de forma exclusiva a los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación con su respectivo recurso de apelación, razón por la cual, los demás aspectos que no fueron motivo de cuestionamiento quedaron fijados o establecidos con la sentencia que profirió el tribunal a quo.

2.4. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, obran el proceso los respectivos registros civiles de los demandantes Sebastián Ávila Restrepo, Cristián Andrés Restrepo, Fabio Restrepo Ángel y Sara Giraldo Duque, Doris Restrepo Giraldo, Sandra Patricia Restrepo Giraldo y Anny Catherine Restrepo Zapata, los cuales acudieron al proceso en calidad de padres, hijos y hermanos de la señora Nancy Restrepo Giraldo(16).

2.5. Los hechos probados.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

— Que el 1º de agosto de 2006 la señora Nancy Restrepo Giraldo fue capturada en su residencia ubicada en la ciudad de Pereira por miembros de la Policía Nacional(17).

— Que ese mismo día —1º de agosto de 2006— se realizó audiencia preliminar, en la cual se legalizó su captura, se realizó la formulación de la imputación en su contra por el delito de trata de personas y concierto para delinquir, y finalmente, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario(18).

— Que en la audiencia de formulación de acusación celebrada el 27 de noviembre de 2006, el juez séptimo penal especializado de Bogotá se declaró incompetente para conocer, del presente asunto y remitió el expediente al despacho competente(19).

— Que el 16 de enero de 2007 la fiscalía 18 seccional de Pereira decidió ordenar la libertad de la señora Nancy Restrepo Giraldo, por cuanto habían transcurrido más de 120 días sin que se hubiera calificado el mérito del sumario(20).

— Que a través de providencia proferida el 30 de marzo de 2010, la unidad nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá decidió precluir la investigación en favor de la señora Nancy Restrepo Giraldo por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Como fundamento de dicha decisión, el juez penal de conocimiento puso de presente, básicamente, las siguientes consideraciones (se transcribe de. forma literal incluso los errores):

“Los elementos de la trata de personas no se estructuran ni bajo los parámetros de la ley interna ni internacional, porque los medios probatorios desdibujan cualquier actividad delictiva que pueda encuadrar en los verbos rectores de las normatividades ya citadas, consecuentemente, no se puede establecer la existencia de la antijuricidad ya que sin duda alguna no se vulneró el bien jurídico de la autonomía personal, pues es la condición y estado de las víctimas que se ven sometidas al quehacer de otros, a las condiciones de esos terceros que bajo la amenaza de atentar contra ellas, o contra sus familias y como quedó establecido (...). En el presente caso, lo que quedó demostrado fue la existencia de una empresa dedicada a la colocación laboral de colombianos en el exterior de manera lícita y legal, ausente de daño o beneficios a favor de terceros, solicitando como pago de la comisión por la ubicación, como razón de ser de la existencia de la empresa misma, valor que no es excesivo y cancelado en una sola oportunidad como lo anunciara una de las declarantes. Se determina entonces, que ante la ausencia de tipicidad, se desdibuja la posibilidad de estructurar los demás elementos de la conducta punible, siendo entonces la tipicidad, el fundamento y base de la existencia del delito en su ausencia, no queda opción distinta que precluir la investigación penal(21) (negrillas y subrayas adicionales).

2.6. Análisis de la Sala.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencianque el 1º de agosto de 2006 en el municipio de Pereira, la señora Nancy Restrepo Giraldo fue detenida por miembros de la Policía Nacional por cuanto existía una orden de captura emitida en su contra por ser presunta responsable de los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. No obstante, luego del trámite del proceso penal se decidió por parte de la fiscalía de conocimiento precluir la investigación en su favor, pues concluyó que la conducta por la que se la investigaba resultaba atípica.

Ahora bien, bajo las circunstancias anteriores, concluye la Sala que es abiertamente desproporcionado pretender que se le pueda exigir a la ahora demandante que asuma la carga pública consistente en ver la privación de sus derechos a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, por un período de más de cuatro meses, como si se tratara de una carga que todos los ciudadanos debieran soportar.

La Sala reitera en esta oportunidad que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando a pesar de haber dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos legales para el efecto, haya proferido posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establezca, finalmente, que la conducta por la cual se investigó a una persona resultó ser atípica, o venga a ser que el sindicado no cometió el delito, o que el hecho punible no existió(22).

Cualquiera de tales eventualidades constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual hubiere sido vinculada una persona, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que la ampara y que el Estado, a través de la respectiva entidad demandada, jamás le desvirtuó.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que no estaba la señora Nancy Restrepo Giraldo en la obligación de soportar el dañoque el Estado le irrogó y que, por lo mismo, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que la señora Restrepo Giraldo tuviera que padecer de la limitación a su libertad hasta que se la absolvió de responsabilidad penal; en cambio, era a la entidad demandada a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(23).

En ese sentido, cabe agregar que la privación de la libertad de la hoy demandante no se produjo como consecuencia de un hecho que fuere atribuible a la entonces detenida, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que su detención se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquélla.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 31 de enero de 2013, en cuanto declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por los hechos materia de este asunto, así como la condena impuesta a esa entidad, dado que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado, exclusivamente, a que se absolviera de responsabilidad patrimonial a dicha entidad respecto de los hechos materia del presente asunto.

Lo anterior por cuanto, según ya se explicó, el examen del recurso de apelación, cuyo objeto se encaminó a cuestionar la declaratoria de responsabilidad en contra de la referida entidad demandada, ha llevado a la Sala a concluir que dicha declaratoria judicial, efectuada por el tribunal a quo, debe confirmarse, cuestión que, a su vez, en el presente caso impone la necesidad de confirmar también la condena impuesta en contra de la Fiscalía General de la Nación, puesto que, en relación con este último aspecto específico, la propia entidad condenada se abstuvo de formular apelación, amén de que la parte actora nada señaló y, menos aún, argumentó como motivo de su inconformidad contra los perjuicios reconocidos, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis.

De igual forma, debe precisarse que en el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, no se impugnó y/o no se cuestionó la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia consistente en declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la dirección ejecutiva de administración judicial, por lo que ese es un punto de la litis que ha quedado consolidado con la sentencia de primera instancia.

De otra parte, comoquiera que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en la suma de $ 2.898.013 a favor de Nancy Restrepo Giraldo y, comoquiera que dicho reconocimiento de indemnización de perjuicios no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte de la demandada en el recurso de apelación, la Sala se limitará a actualizar dicha renta, sin que ello implique de modo alguno la afectación de la referida garantía de la no reformatio in pejus. Entonces:

a) Ra = Rh ($ 2.898.013) x índice final - abril/2017 (137.40)

índice inicial - enero/2013(24) (112.15)

Ra = $ 3.550.485

2.7. Costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el literal a) del ordinal tercero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 31 de enero de 2013, el cual quedará así:

3º Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Nación Fiscalía General de la Nación a indemnizar a la parte demandante, por los perjuicios causados así:

a) Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Nancy Restrepo Giraldo, la suma de $ 3.550.485.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia de primera instancia.

3. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Sin condena en costas.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(13) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Consultar auto proferido por la Sala plena de lo contencioso administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(14) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(15) Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la subsección en Sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, así como por la sección en Auto de 19 de julio de 2010, Rad. 25000-23-26-000-2009-00236-01 (37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(16) FIs. 1 a 6 c. 2.

(17) FI. 18 c. 2.

(18) FI. 241 c. 2.

(19) Fl. 242 c. 2.

(20) FI. 22 c. 2.

(21) Fls. 39 a 71 c. 2.

(22) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
Las anteriores consideraciones respecto de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, también resultan aplicables para aquellos eventos en los cuales se declara la absolución del sindicado en virtud del denominado principio indubio pro reo, cuyos alcances han sido materia de unificación jurisprudencial por la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado a través de sentencia proferida el 7 de octubre de 2013, Exp. 23354. Actor Luis Carlos Orozco Osorio.

(23) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18284, entre otras.

(24) Fecha de la sentencia de primera instancia.