Sentencia 2011-00357 de febrero 10 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 5400111020002011-00357 01 F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 13 de la misma fecha

Bogotá, D. C., diez de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Por lo anterior, la Sala se referirá exclusivamente a los motivos de disenso expuestos por el apelante en torno al fallo sancionatorio materia de examen, pues, como se desprende del parágrafo único del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, la competencia del superior sólo se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede esta superioridad, a pronunciarse sobre la decisión adoptada el 16 de abril de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, en la cual sancionó al doctor Jesús María Pardo Hernández, en calidad de exjuez Laboral del Circuito de Arauca - Arauca, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo término para el ejercicio de la función pública, convertible en el salario que devengaba el exfuncionario judicial al año 2011, por haber transgredido los deberes consagrados en los numerales 1º y 3 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 al inobservar los artículos 169 y 172 ibídem, ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, dado que no remitió la información requerida por el superior para realizar la evaluación de servicios por el factor calidad para funcionarios.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

1. El caso en concreto.

La conducta por la que fue llamado a responder el disciplinado, consistió en el hecho que su superior funcional le solicitó en dos oportunidades la remisión de los procesos sobre los cuales debía ser analizado el factor calidad de su evaluación anual de servicios, los cuales fueron requeridos el 29 de abril y 5 de mayo de 2011, sin que se hubiese allanado a su cumplimiento.

Con esta conducta el disciplinado, conforme lo consideró el a quo, infringió deber previsto en los numerales 1º y 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 169 y 172 de la misma normativa y 196 de la Ley 734 de 2002, preceptos que establecen:

Ley 270 de 1996

ART. 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

3. Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.

ART. 169. Evaluación de servicios. La evaluación de servicios tiene como objetivo verificar que los servidores de la rama judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo.

ART. 172. Evaluación de funcionarios. Los funcionarios de carrera serán evaluados por la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura. Los superiores funcionales del calificado, remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la evaluación del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación integral.

La evaluación de los jueces se llevará a cabo anualmente y la de los magistrados de los tribunales cada dos años.

La calificación insatisfactoria en firme dará lugar al retiro del funcionario. Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa.

Ley 734 de 2002

ART. 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

En este punto hay que señalar que examinado el dosier, no existe la menor duda que efectivamente al despacho del doctor Jesús María Pardo Hernández, cuando ostentaba su condición de Juez Laboral del Circuito de Arauca - Arauca, le llegaron los oficios1344 y 1451 del 29 de abril y 5 de mayo de 2011, suscritos por el señor Iván Meza León en su condición de Secretario General del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca, en donde se relacionaban los procesos que debía remitir para que le fuera efectuada su evaluación anual de servicios en el factor calidad; de ello obran las copias de las comunicaciones libradas, de la recepción de éstas en el despacho del Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, la primera de ellas por el secretario del juzgado señor Homero Gaitán Pérez y la segunda por el notificador del mismo despacho señor Leonel Sandoval Calderón, asimismo concuerda los dichos expresados por estos dos testigos en sus declaraciones juramentadas.

Ahora bien, lo cuestionado por el disciplinado tanto en sus descargos, como en el momento en que rindió sus alegatos de conclusión y así lo reafirma en el recurso, es que a él nunca le fueron entregadas dichas comunicaciones y en consecuencia ante tal desconocimiento no podía incumplir los deberes por lo que resultó siendo sancionado, para tal efecto esgrimió en su recurso como sustentación que los empleados de su despacho a efectos de excusarse de no haberle entregado dichas comunicaciones prefirieron atestar de la manera como lo hicieron incriminándolo, con miras de evitar una represalia.

Sobre este punto hay que señalar que conforme la evaluación que se debe hacer de las pruebas, las cuales deben analizaren individualmente y en conjunta a efectos de poder tomar una decisión, las mismas dan la certeza que en efecto las comunicaciones con las que se solicitó los expedientes para poder hacerse la evaluación anual de servicio en el factor calidad si llegaron al despacho que regentaba para ese entonces el disciplinado; conforme a los testimonios de los señores Homero Gaitán Pérez y Leonel Sandoval Calderón, se tiene que en efectos estos por la forma de la evocación de los hechos, la manera como relacionaron cuales eran las instrucciones del juez respecto a la correspondencia que llegaba a ese estrado judicial y se debía dar trámite, lo cual es coincidente con el dicho de la señora Claudia María Bermejo, oficial mayor del juzgado plurimencionado, se tiene que tiene credibilidad cuando se afirma por parte de estos que dichos escritos los pasaron al despacho del disciplinado, quien además les dio la instrucción de ubicarlos y que cuando esta labor fuera hecha junto con el remisorio debían proceder a llevarlos al tribunal, situación que en efecto nunca sucedió.

En cuanto a la afirmación del escrito de apelación consistente en que faltan a la verdad, los testigos sobre los que se cimentó los cargos por los que resultó siendo sancionado el disciplinado, esta no fue acompañada de ninguna prueba que permita a este estrado judicial poder evidenciar que lo mismo sea cierto, ya que tal situación la basa en una suposición sobre el hecho que dichos funcionarios temían por las consecuencias de no haberle entregado tal comunicación, pero durante el proceso disciplinario no se aportaron siquiera indicios sobre comportamientos anómalos por parte de los testigos cuando ejercían funciones de empleados judiciales en el despacho del disciplinado, por tanto no resulta creíble para esta Sala el manto de duda que pretende sembrar el recurrente sobre este aspecto y en consecuencia dichos testimonios adquieren la contundencia necesaria para ser creíbles, conforme las reglas que rigen para la prueba testimonial en nuestro ordenamiento jurídico.

Además de lo anterior, nótese como un funcionario judicial como el aquí sancionado, sabia y tenía conocimiento que al ser de carrera y tener la dignidad de Juez, debía ser evaluado anualmente, por lo que se le solicitó en varias oportunidades entregara el listado de los procesos sobre los cuales se seleccionarían los que debería remitir para que la misma se pudiera efectuar, y que de ser cierta la afirmación en la que funda su defensa, sobre que las comunicaciones no le habían sido entregadas personalmente, pudo haberse comunicado bien sea por teléfono o dirigiéndose al tribunal, que conforme los dichos de los testigos se encuentra a escasas cuatro cuadras de donde se ubica el juzgado, para preguntar que procesos debía llevar a efectos de él poder cumplir con la obligación y el deber de su evaluación anual de servicios, de la cual depende sea dicho la permanencia de un juez de carrera en su cargo.

Conforme a las reglas de la experiencia, un servidor judicial en carrera sabe y conoce cuales son las consecuencias de no tener la calificación anual de servicios y en consecuencia la manera de preservar el empleo es cumpliendo satisfactoriamente cada uno de los factores por los que debe ser evaluado y para que ello pueda ser posible se tienen que entregar los expedientes que el superior funcional señale que deban ser analizados.

En atención a lo anterior, es que no resulta creíble el argumento defensivo del disciplinado, además de que dicha afirmación como ya se dejó establecido con anterioridad esta huérfana de prueba o elemento que permita a este juzgador tener como cierto ello, por el contrario tal como el seccional de instancia en su momento analizó las pruebas existe es la certeza que en efecto el doctor Pardo Hernández omitió el cumplimiento de sus deberes conforme la concordancia que realizó tanto en el pliego de cargos como en la sentencia materia de alzada.

El recurrente señaló además que la imposición de la multa no atiende los criterios establecidos por la Ley 734 de 2002, para que sea establecida como sanción disciplinaria en su caso; en este aspecto basta señalar que la sanción que se impuso fue la de suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, pero que debido a como se encontraba probado en su oportunidad procesal que el disciplinado ya no fungía como servidor judicial el seccional de instancia procedió a convertirla en salarios, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3º de la norma en cita, la cual estipula:

Artículo 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.

La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida.

Conforme con lo anterior el fallador de instancia no impuso multa como lo señala el recurrente, sino que dispuso convertir la suspensión en salarios que devengada el disciplinado en el 2011, año en que sucedieron los hechos por los que se le halló responsable, lo cual sea dicho se aviene con lo estipulado en ese respecto por la norma en cita.

Examinado y valorado conforme las reglas de la sana crítica el caudal probatorio existente en el dosier, establecida la falta, la responsabilidad del disciplinado sin evidenciarse justificación para su comisión, y verificados los argumentos del impugnante los cuales no están llamados a prosperar, será necesario confirmar la decisión del a quo materia de debate.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR sentencia proferida el 16 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, por medio de la cual se impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo término para el ejercicio de la función pública, (convertida en el salario que devengaba el funcionario judicial para el año de 2011), al doctor Jesús María Pardo Hernández, en su condición de exjuez Laboral del Circuito de Arauca - Arauca, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en los numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».