Sentencia 2011-00364 de febrero 10 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 170011102000201100364-01

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Patricia Zea Ramos

Aprobado según Acta de Sala 13 de la misma fecha

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia de las sentencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, verificó la calidad de disciplinable del abogado investigado mediante certificado 06817-2011 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, donde se indicó que el doctor Gilberto Giraldo Trujillo es identificado con la cédula de ciudadanía 10.023.543 y con tarjeta profesional 172.429 vigente a la fecha (fl. 3, cdno. o. primera instancia).

3. De la legitimación de los intervinientes para apelar.

Al tenor de lo reglado en el artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, los intervinientes en la actuación disciplinaria están legitimados para apelar, disponiendo la referida norma:

“ART. 66.—Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…).

2. Interponer los recursos de ley.

(…)”

4. De la apelación.

Procede esta superioridad a resolver los puntos del recurso de apelación formulado contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación y a lo que resulte inescindiblemente vinculado al tema, conforme al parágrafo 171 del código disciplinario único (L. 734/2002), aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

El togado disciplinado sustentó el recurso de apelación en los siguientes términos:

Alegó que si bien [é]l aceptó los cargos de haber falsificado un poder notarial, no es menos cierto que el mencionado poder existió originalmente y fue a él conferido, informó que sus poderdantes pudieron continuar con el proceso.

Es claro para esta colegiatura que el debate a resolver en esta oportunidad se circunscribe exclusivamente a la antijuridicidad de la conducta y la dosificación de la sanción, entre tanto la defensa aceptó la ocurrencia o materialidad de los hechos denunciados.

I) De la controversia a la tipicidad, antijuridicidad y a la dosimetría en la sanción de la falta por uso de un poder judicial falso

Quedó probado en el proceso bajo estudio que el doctor Gilberto Giraldo Trujillo se presentó el día primero (1º) de junio de dos mil once (2011) ante la Notaría Segunda de Manizales, para realizar un trámite notarial de divorcio y disolución de sociedad conyugal con un poder para actuar autenticado ante la Notaría Segunda de Pereira, cuya nota de presentación resultó falsa, situación que fue evidenciada por un funcionario de la notaría lo que conllevó que fuera investigado por la justicia penal, la cual decidió compulsar copias de lo actuado a las autoridades disciplinarias.

El doctor Giraldo Trujillo aceptó cargos por falsedad en documento privado ante la instancia penal, y en el proceso disciplinario también reconoció la comisión de la conducta.

El contenido del artículo 33 numeral 11, de la Ley 1123 de 2007 es del siguiente tenor:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines de estado:

(…).

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas.

(…)”.

Y el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 estipula:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes profesionales del abogado:

(…).

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.

(…)”.

Esta colegiatura ha sostenido reiteradamente que:

“La Ley 1123 de 2007 consagra como uno de sus principios rectores, el de antijuridicidad, según el cual, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(10).

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”(11).

El quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados”.

La Sala, asimismo, invocará un precedente horizontal que considera pertinente para el caso que nos ocupa en cuanto a la antijuridicidad del artículo 33.11 de la Ley 1123 de 2007 y en donde se especifican los elementos que deben observarse respecto a la conducta estudiada, cuando se invoca por el disciplinable que no se han ocasionado perjuicios con su actuación:

“Pues bien, en repetidas oportunidades (…) Lo anterior, para decir que la naturaleza de los comportamientos reprochables por esta jurisdicción, además de encontrar plena correspondencia con la premisa normativa que configura la falta disciplinaria, debe, en contraposición con un criterio objetivo de responsabilidad, ser injustificado y afectar concretamente el deber profesional consagrado en el decálogo profesional.

Así pues, en el ámbito disciplinario, no es necesario corroborar o verificar un detrimento de carácter patrimonial, o un perjuicio a los derechos de un tercero o de la misma administración pública para entender antijurídico el comportamiento, pues realmente es la contravención del deber profesional, es decir la infracción de uno de los derroteros fijados por el legislador para esta profesión, el hecho que demanda la atención de esta jurisdicción.

De este modo, y con esto descendiendo al caso en comento, no es necesario que esta colegiatura demuestre ineludiblemente que la administración sufrió un perjuicio al contratar con el togado acusado, o que perdió la oportunidad de contratar con otro sujeto de idóneas calidades (factores que sí son determinantes al momento de la graduación de la sanción al momento de determinar el perjuicio causado, tal cual lo enseña el art. 45 de la L. 1123/2007), sino que, en efecto, debe constatar que el jurista contravino la realización de los intereses del Estado al emplear medios ilegítimos para la consecución de aspiraciones que estaban fuera de sus atribuciones y calidades, sin importar, si se quiere, en una visión simplista del instituto, un desenlace o consecuencia final gravoso de la conducta.

En este sentido entonces, puede afirmarse antijurídico el comportamiento del jurista Ariza Puentes, en tanto refleja una práctica enteramente contraria a los fines del Estado(12), comportamiento que en absoluto es inofensivo, como lo quiere presentar la defensa, pues la presentación de documentos que difieren a la realidad, supone un[a] distorsión intolerable en procesos donde está inmiscuido el interés público y donde debe primar la rectitud y la buena fe.

Y es que, no puede perderse de vista que se empleó un documento de origen espurio por parte del profesional, el cual da cuenta de calidades que no le son propias, esto, muy a pesar de que a juicio de la defensa, otro título de especialización, al parecer real, avalase su propuesta para el contrato —el referente a la especialidad en gobierno municipal—, toda vez que lo censurable, es el yerro en que se indujo al ente público para adoptar una decisión que en definitiva no era acorde con el ordenamiento jurídico.

Sin más, no advierte esta colegiatura razón de peso para reformular la calificación de antijurídico que se hizo sobre el comportamiento desplegado por el profesional del derecho”(13).

Es por ello que no prosperará el argumento del apelante al señalar que sus otrora poderdantes pudieron continuar su proceso de divorcio sin mayores perjuicios, así como tampoco la circunstancia específica de que con anterioridad le hubiesen otorgado poder inicial y semejante al que falsificó usando sellos de notaría falsos, pues lo que se evidencia es que justamente esa falsificación, que originó poderes espurios, lesionó gravemente el deber consignado el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, lo cual sin duda conlleva a la confirmación de la sanción realizada por la Sala a quo por la falta del artículo 33 numeral 11 del estatuto deontológico del abogado.

Descartadas las inconformidades presentadas por el apelante, esta corporación concuerda con la dosificación sancionatoria enarbolada por el juez disciplinario de instancia, bajo los siguientes sustentos:

— “la conducta comprobada tiene una marcada trascendencia social: no puede desconocerse que el empleo de documentación falsa para hacerse acreedor de un proceso de selección contractual con el Estado, lleva incito una transcendencia social significativa, toda vez que, más allá de los previsibles traumatismos de la administración en replantear el procedimiento contractual, ante la sociedad repercuten conductas que revalidan la tesis según la cual, los procesos de selección de contratistas siempre son defectuosos o amañados.

— La modalidad de la conducta es dolosa: la supone el mismo mérito sancionatorio una conducta desarrollada con el pleno conocimiento y voluntad de la ilicitud del acto, que aquella que simplemente se desarrolla producto de la negligencia o descuido.

— El perjuicio causado, si bien no se demostró cuantitativamente, es de fácil inferencia: en tanto se sabe que ante el incumplimiento de las calidades por parte del adjudicatario del contrato, supone a la administración poner en marcha todo un dispositivo burocrático a fin de desarrollar, nuevamente, así se[a] de manera abreviada o directa, el proceso de contratación frustrado.

— Las circunstancias en que se cometió la falta merecen una atención especial: por cuanto el comportamiento se ejerció en una actuación pública, teniéndose de por medio el interés general y público, el cual, pese a los controles de verificación de requisitos, pudo verse menguado con la adjudicación de un contrato a alguien no capacitado para ello.

— Los motivos determinantes del comportamiento: bien puede inferirse de la simple satisfacción de intereses económicos personales, sobre los controles que de manera taxativa el legislador previó para la actuación”(14).

Con todo lo anterior, sostiene esta corporación que la tasación de la suspensión en el ejercicio de la profesión en el término de 3 meses es totalmente fundada, en respuesta al grave comportamiento que se investigó, debiéndose así confirmar la sanción impuesta.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, así las cosas esta corporación deberá CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2013, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, sancionó con tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de su profesión al abogado Gilberto Giraldo Trujillo al encontrarlo responsable de la falta prevista en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007. (sic)

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2013, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, sancionó con tres (3) meses de suspensión en el ejercicio de su profesión al abogado Gilberto Giraldo Trujillo al encontrarlo responsable de la falta prevista en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada del registro, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción impuesta.

3. NOTIFÍQUESE personalmente esta sentencia al sancionado y, para ello, COMISIÓNESE al consejo seccional de origen, de no ser posible lo anterior, súrtase a través del medio subsidiario previsto por la ley.

4. En consecuencia de lo anterior, ordenar la devolución del expediente al seccional de origen.

Comuníquese y cúmplase».

10 Artículo 4º, Ley 1123 de 2007.

11 Procuraduría General de la Nación. Lecciones del derecho disciplinario, vol. 13, tema: Ilícito disciplinario. 2009; pp. 35 y ss.

12 Fines que pretenden ser garantizados, a través del estatuto general de contratación estatal con el principio de selección objetiva, el cual parte de la confianza y legitimidad de la información remitida a la administración para su evaluación de idoneidad conforme la necesidad que se quiere suplir.

13 Sentencia del 11 de noviembre de 2015, M.P. María Mercedes López Mora, radicado 110011102000201400476 01.

14 Sentencia del 11 de noviembre de 2015, M.P. María Mercedes López Mora, radicado 110011102000201400476 01.