Sentencia 2011-00369 de septiembre 17 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 660011102000201100369 01

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Registro proyecto: 15 de septiembre de 2014

Aprobado según acta 74 de 17 de septiembre de 2014

Referencia: Funcionario apelación

Denunciado: María del Carmen Rodríguez Ramírez - Juez 4ª Penal Municipal de Pereira con Función de Garantías

Denunciante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda

Primera instancia: Suspensión por un mes

Decisión: Confirma

Prescripción: 10 de diciembre de 2014

Bogotá, D.C., diecisiete 17 de septiembre de 2014.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de las decisiones emitidas por los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo con lo establecido por los artículos 112.4 de la Ley 270 de 1996 y 256.3 de la Carta Política.

2. Identificación del investigado.

La funcionaria investigada es la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 34.054.114. Actualmente, se desempeña como fiscal seccional en el municipio de la Virginia Risaralda. Registra antecedente disciplinario de amonestación escrita impuesta mediante decisión del 13 de marzo de 2009(17).

3. Análisis del caso concreto.

Se trata de resolver el recurso de apelación interpuesto por la disciplinada contra la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, mediante la cual se le encontró disciplinariamente responsable, porque incumplió con sus deberes como funcionaria judicial al haber concedido una medida de detención domiciliaria a una persona que ya había sido condenada, pues su calidad de jueza con función de garantías no le daba tal facultad.

En el caso bajo estudio la Sala encuentra que el 29 de abril de 2009, la señora Bibiana Ríos Izquierdo fue condenada a la pena privativa de la libertad de prisión por 113 meses y 10 días, por habérsele encontrado responsable de una serie de delitos de tal gravedad que no le fue otorgado el subrogado de prisión en la casa de habitación.

Consecuencia de la pena impuesta, la señora Ríos a través de su apoderado interpuso recurso de apelación con el fin de que le fuera disminuida la pena y además concedida la prisión domiciliaria. Mientras se resolvía el recurso, el abogado de la inculpada presentó ante la jueza 4ª penal municipal con función de control de garantías, audiencia preliminar para que le fuera concedida la prisión domiciliaria a la señora Ríos.

Por lo anterior, la doctora Rodríguez Ramírez conoció el caso y aunque se le puso de presente por parte de la fiscalía que sobre la señora Bibiana Ríos pesaba un fallo condenatorio, en el cual se le había impuesto como pena privativa la prisión intramural y que el mismo había sido apelado por las partes, decidió bajo argumentos que no tenían relación con el caso puesto en su conocimiento conceder la medida de detención domiciliaria a la inculpada, desconociendo con ello, de acuerdo con las normas procesales penales, que una vez se conoce el sentido del fallo, los únicos jueces que tienen competencia para modificar la pena impuesta son o bien el de conocimiento o el de ejecución de penas pues ya se han superado las etapas en las cuales se requiere de la aquiescencia del juez de control de garantías.

Así las cosas, es claro que la juez 4ª penal municipal con funciones de control de garantías al haber decidido en audiencia preliminar otorgar la medida de detención domiciliaria, desconoció que su competencia para conocer asuntos del caso relacionado con la señora Bibiana Ríos ya se había extinguido, pues como se dijo se trató de un proceso en el cual existía condena que si bien como ella lo manifiesta no estaba en firme, en todo caso por ese hecho cuando se le puso de presente la petición de la condenada debió remitirla al juez competente, es decir, debió remitirlo al juez de conocimiento tal como lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Sala Penal de Pereira, pues era a él a quien correspondía resolver la petición de subrogado penal.

En aras de sustentar de mejor manera lo anterior, es importante mencionar lo contenido en las normas procesales penales respecto de las funciones de los jueces con control de garantías, del competente para imponer las penas y las medidas de seguridad y cuales con las audiencias preliminares que pueden practicarse en el curso del proceso penal.

“ART. 39.—De la función de control de garantías.

La función de control de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito.

Si más de un juez penal municipal resultare competente para ejercer la función de control de garantías, esta será ejercida por el que se encuentre disponible de acuerdo con los turnos previamente establecidos. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso en su fondo.

Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez penal municipal, o concurra causal de impedimento y solo exista un funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función de control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o, a falta de este, del municipio más próximo.

[…]”

“ART. 40.—Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad.

Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este código, el juez del conocimiento será competente para imponer las penas y las medidas de seguridad, dentro del término señalado en el capítulo correspondiente”.

“ART. 154.—Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:

1. El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la fiscalía, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. La práctica de una prueba anticipada.

3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos.

4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento.

5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales.

6. La formulación de la imputación.

7. El control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad.

8. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores”.

Del anterior antecedente normativo es claro para la Sala que la doctora Rodríguez Ramírez efectivamente transgredió las normas de su competencia para decidir asuntos relacionados con la posibilidad de modificar una condena ya impuesta por el juez de conocimiento, pues ella bajo el entendido de que se encontraban en riesgo las vidas de dos menores de edad y que según su entender como lo que se estaba solicitando no era la libertad, procedió a conceder una medida de detención domiciliaria que ya no era procedente por la etapa procesal en la que se encontraba el asunto y que tal y como lo dijo el tribunal superior, dejó el proceso en un estado no claro pues se modificó una pena de prisión por una medida preventiva de detención domiciliaria.

Situaciones que a todas luces son diferentes, pues cuando se impone pena de prisión en un proceso es cuando se ha dictado un fallo condenatorio que cuenta con todos los elementos de certeza necesarios, mientras que cuando se trata de medidas de detención preventiva se trata de salvaguardar la integridad del proceso que aún está en curso, razón por la que cuando una persona es capturada por ejemplo porque existen elementos claros de que va a evadir a la justicia, es que debe intervenir el juez de garantías que ha sido constituido en la norma precisamente para evitar violaciones a derechos que tienen los involucrados en un proceso penal.

Lo mencionado permite desvirtuar otro de los argumentos expuestos por la disciplinada, en cuanto que ella actuó bajo el principio de autonomía funcional, el cual si bien da cabida para que los funcionarios bajo la órbita de su competencia tomen las decisiones que les correspondan, en todo caso no da vía libre para que sean excluidos de ser sujetos pasivos de la acción disciplinaria, ya que si sus decisiones atentan contra los deberes señalados en la ley, deben ser investigados y sancionados disciplinariamente, pues se pone en riesgo la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia. Tal como sucedió en el presente caso, en el que quedó completamente claro que la doctora Rodríguez Ramírez sí incurrió en una falta a sus deberes, pues se arrojó la competencia que ya no tenía creando una inseguridad jurídica ya que con su decisión modificó una condena en la que además se había negado el subrogado penal debido a la gravedad de las conductas cometidas.

Así las cosas, es claro que la juez 4ª penal municipal con función de control de garantías omitió sus deberes por haber asumido competencia para resolver un asunto de características importantes, como el de modificar una pena con una medida que no correspondía con los presupuestos de la norma, máxime cuando se trató de un proceso en el que ya existía un fallo condenatorio impuesto y no una medida preventiva de detención; por lo que es claro que le era dado a la funcionaria conocer que de acuerdo con el ordenamiento jurídico penal la posibilidad de modificar una pena a través de una audiencia preliminar cuando ya existía condena no es posible ya que dicha tarea le corresponde o al juez de conocimiento o al de ejecución de penas según sea el caso.

Con fundamento en lo dicho, la Sala confirmará el fallo de primera instancia por cuanto los argumentos de la apelación no lograron desvirtuar las razones de la imputación de responsabilidad disciplinaria y la consiguiente sanción, determinadas por la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Constitución y de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2013, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante la cual sancionó con un mes de suspensión en el ejercicio del cargo a la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez en su calidad de Juez 4ª Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira para el momento de los hechos, por encontrarla responsable de haber incumplido su deber señalado en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996 y los artículos 196 de la Ley 734 de 2002 y 29 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 39, 40 y 154 del Código de Procedimiento Penal.

2. Devuélvase al expediente al consejo seccional de origen para lo de ley.

Notifíquese y cúmplase.»

(17) Folio 104 del c.o.