Sentencia 2011-00376/0529-2015 de abril 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00376-01(0529-15)

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Damián Arturo Medina Angulo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil dieciséis.

La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F —en descongestión— que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Damián Arturo Medina Angulo contra la contra la Caja Nacional de Previsión Social en adelante, Cajanal EICE en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante, UGPP.

Antecedentes

El señor Damián Arturo Medina Angulo, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 1 de 1984, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Pretensiones

1. Que se declare la nulidad de la Resolución PAP 044032 del 15 de marzo de 2011, proferida por Cajanal EICE en liquidación, que denegó la solicitud de indexación de la primera mesada pensional reconocida a través de la Resolución 3054 del 6 de abril de 1995.

2. Que se ordene a la UGPP, indexar la primera mesada pensional reconocida mediante Resolución 3054 del 6 de abril de 1995, desde 1975 (fecha de retiro del servicio) hasta 1985 (fecha de adquisición del status).

3. Que se declare que el valor del ingreso base de liquidación debidamente indexado corresponde a la suma de noventa y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y seis centavos ($ 99.948.56).

4. Que se condene a la UGPP, a pagar al demandante la diferencia entre lo cancelado por cuenta de la Resolución 3054 del 6 de abril de 1995 y las sumas adeudadas por razón de la indexación pensional, desde 1975 hasta 1985.

5. Que se ordene a la UGPP, dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 177 y 178 del CCA.

Fundamentos fácticos de la demanda

El señor Damián Arturo Medina Angulo nació el 22 de febrero de 1930, y prestó sus servicios al Ministerio de Salud como ingeniero sanitario de la seccional del Atlántico, al Departamento Administrativo de la Función y Gestión Pública como ingeniero de saneamiento ambiental y al Instituto Nacional de Fomento Municipal como jefe de división de estudios y proyectos, desde el 20 de enero de 1953 hasta el 31 de enero de 1963, del 1º de febrero de 1963 al 1º de febrero de 1964; y del 23 de noviembre de 1964 al 2 de junio de 1975, respectivamente.

Mediante Resolución 3054 del 6 de abril de 1995, la Caja Nacional de Previsión Social, le reconoció la pensión de jubilación al demandante efectiva a partir del 22 de febrero de 1985, por valor doce mil seiscientos veinte pesos con veintitrés centavos ($ 12.620.23) y ordenó llevar dicho valor a la suma de trece mil quinientos cincuenta y siete pesos con sesenta centavos ($ 13.557.60), equivalente al salario mínimo legal a la fecha de su efectividad.

El 28 de mayo de 2007, el actor formuló petición a la Caja Nacional de Previsión EICE, con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional en cuantía de $ 99.849.56 efectiva a partir del 22 de febrero de 1985.

La Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, a través de la Resolución PAP 044032 del 15 de marzo de 2011 denegó la pretensión formulada por el demandante.

Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, las leyes 33 y 62 de 1985, y los artículos 11, 36, 288 de la Ley 100 de 1993, así como el Decreto 1158 de 1994.

Como concepto de violación expuso que si bien es cierto la indexación de la primera mesada pensional no está taxativamente señalada en las anteriores disposiciones normativas, por desarrollo jurisprudencial esta figura se ha convertido en un principio de justicia que debe ser aplicado al caso concreto.

Para el efecto citó las sentencias SU-400 del 28 de agosto de 1997, D-6246 del 1º de noviembre, C-862 del 19 de diciembre, ambas de 2006, de la Corte Constitucional, las providencias del 13 de julio de 2006, 5116-2005, 6122-2005 proferidas por el Consejo de Estado, y las expedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Contestación de la demanda

Dentro del término se opuso a las pretensiones de la demanda, habida cuenta que las circunstancias de hecho y de derecho aducidas por la parte actora no se produjeron como aparecen en aquella; que no existe ninguna causal para declarar la nulidad del acto administrativo demandado, pues la liquidación de la pensión de la parte actora se realizó conforme a derecho.

Advirtió que los derechos del actor fueron protegidos toda vez que el reconocimiento pensional se hizo con fundamento en el último salario percibido al momento de su retiro e igualmente afirmó que acceder a las pretensiones de la demanda implicaría para la entidad asumir una carga prestacional que no le corresponde, comoquiera que al liquidar la primera mesada pensional del actor desde el momento en que solo se tenía una expectativa legítima, contraría los principios de solidaridad y sostenibilidad presupuestal del sistema.

Finalmente propuso como excepciones las siguientes: i) inexistencia de la obligación ii) cobro de lo no debido iii) prescripción y iv) la genérica.

Alegatos de conclusión de primera instancia

Damián Arturo Medina Angulo (fls. 86 a 91). Reiteró lo manifestado en la demanda respecto del derecho a la indexación de la primera mesada pensional y su reconocimiento jurisprudencial, y adicionalmente solicitó reliquidar la pensión con el 75% de todos los factores que constituyen salario, comoquiera que se encuentra dentro del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985.

UGPP (fls. 92 a 93). Ratificó los argumentos expuestos en la contestación.

Sentencia apelada

Mediante sentencia del 13 de agosto de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión, dispuso lo siguiente:

i) Desestimó las excepciones propuestas por la entidad demandada;

ii) Declaró la nulidad de la Resolución PAP 044032 del 15 de marzo de 2011, a través de la cual Cajanal negó la indexación de la primera mesada de la pensión de jubilación devengada por el señor Damián Arturo Medina Angulo;

iii) Condenó a la Caja Nacional de Previsión Social hoy UGPP a indexar la primera mesada pensional del demandante mediante la actualización del ingreso base de liquidación desde el 2 de junio de 1975 (fecha de retiro del servicio oficial) al 22 de febrero de 1985 (fecha de adquisición del status) y de las mesadas subsiguientes;

iv) Ordenó a Cajanal o quien haga sus veces, descontar los valores ya aceptados y recibidos por el actor.

Señaló que la indexación de las sumas que han perdido su valor por el paso del tiempo responde al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda en el país, la cual contribuye a la continua pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero, razón por la que ordenar la actualización en el presente asunto, es una decisión acorde con el ordenamiento jurídico y en suma es un acto de equidad que se sustenta en el artículo 230 de la Constitución Política.

Precisó que la jurisprudencia ha reiterado que mantener el poder adquisitivo de las pensiones no es un derecho fundamental autónomo, pero sí adquiere dicha connotación por conexidad con otros derechos como el debido proceso, igualdad o mínimo vital. En consideración a que al depreciarse la mesada pensional se ven amenazas las condiciones de vida del pensionado.

Consideró que la primera mesada pensional percibida por el actor debe ser actualizada desde el 2 de junio de 1975 hasta el 22 de febrero de 1985, fecha en la cual adquirió el estatus pensional, en aplicación de los principios de equidad y justicia.

Argumentos de la apelación

Dentro de la oportunidad legal, la UGPP, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el que sustentó en lo siguiente:

Insistió en que la resolución por medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación al señor Damián Arturo Medina Angulo fue expedida en cumplimiento de la normatividad vigente, precisando que “se pudo establecer que el demandante adquirió el estatus jurídico en vigencia de la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 de 1985, no siendo aplicable al (sic) Ley 100 de 1993, y que conforme a ello le fue reconocido el derecho pensional” (fls. 127-128).

Adujo que “al peticionario se le reconoció el derecho a la pensión de vejez conforme a la transición establecida en la Ley 33 de 1985, artículo 1º”. Resaltó que para ser beneficiario del régimen de transición era necesario que a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, es decir, 2 de enero de 1985, la persona tuviera 15 años de servicio, requisito que cumplió la señora Myriam Sánchez Soto(1) tal como se observa del expediente administrativo.

Afirmó que los factores salariales a tener en cuenta para efectos del reconocimiento pensional son los establecidos taxativamente en la Ley 62 de 1985 artículo 1º, y que “aceptar las pretensiones del demandante sería aceptar factores salariales que no están taxativamente incluidos en la ley aplicable al caso, sobre los que no hizo las respectivas cotizaciones al sistema y pueda incluir en su ingreso base de liquidación ingresos que ni siquiera constituían salario, en detrimento del principio de solidaridad que rige la seguridad social y los objetivos del Acto Legislativo 01 de 2005, así como de la sentencia de la Corte Constitucional C-608 de 199, que tienen efectos erga omnes”.

Alegatos de conclusión

Solo intervino la parte demandada (fls. 191 a 192) quien hizo alusión a la Sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, en la cual se estableció que el ingreso base de liquidación no es un aspecto de la transición y por tanto son las reglas contenidas en el régimen general las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que pertenezca, que para el caso concreto serían los contemplados en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994.

Por lo anterior, concluyó que la pensión del actor, no puede reliquidarse con todos los factores salariales devengados por el actor, pues dicha pretensión carece de sustento jurídico.

Ministerio Público

Consideró que debe modificarse la sentencia de primera instancia para limitar la condena a partir del 22 de febrero de 1985, fecha en la que el señor Damián Arturo Medina Angulo adquirió el estatus pensional.

Precisó que si bien debe indexarse la primera mesada pensional del demandante, lo cierto es que la misma no debió hacerse desde el 2 de junio de 1975, día en la cual el demandante se retiró del servicio, toda vez que como lo dispone la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, en ese momento aún no era titular del derecho a la pensión.

Resaltó que solo hasta el 22 de febrero de 1985 cuando cumplió con el requisito de la edad, esto es, 55 años, adquirió el estatus pensional en los términos de la ley mencionada, por lo que no puede el tribunal administrativo extender la indexación a fechas pretéritas.

Expuso que el acto administrativo demandado no especificó la forma en que debían calcularse los ajustes, ni en qué montos ni porcentajes, lo cual hace necesario validar la indexación de la primera mesada según los incrementos de precios al consumidor a partir de febrero de 1985 hasta abril de 1995, comoquiera que durante ese período pudo darse una variación en el valor del dinero que afectó la primera mesada reconocida al demandante.

Consideraciones

Problema jurídico

En atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación frente a las consideraciones expuestas por el a quo, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

¿El recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, satisfizo las exigencias señaladas en la ley, para efectos de examinar las consideraciones del a quo?

A fin de resolver este problema jurídico, la Subsección considera importante precisar que el objeto del presente proceso versó limitadamente sobre la pretensión de nulidad de la Resolución PAP 044032 del 15 de marzo de 2001, mediante la cual se negó la indexación de la primera mesada pensional; por ello consecuentemente, solicitó se ordenara el reconocimiento y pago de la indexación desde el año 1975 (fecha de retiro del servicio) al año 1985 (fecha en que adquirió el status pensional).

Mediante sentencia proferida el 13 de agosto de 2014, el a quo declaró la nulidad de la resolución referida, y condenó a la demandada a reconocer y pagar la actualización de la primera mesada pensional, desde el 2 de junio de 1975 hasta el 22 de febrero de 1985, y de las mesadas subsiguientes.

Ahora bien, nótese que el escrito de apelación presentado por la entidad accionada, no constituye una impugnación en razón a que el referido escrito alude a la reliquidación de la pensión de vejez (sic), y no a la indexación de la primera mesada pensional que fue lo solicitado y decidido en el plenario. Igualmente el escrito se refiere a otros demandantes y a otras circunstancias fácticas y jurídicas que no fueron objeto de la presente litis.

En ese sentido, la jurisprudencia contencioso administrativa ha sido reiterativa en recalcar que en la sustentación de la apelación frente a la providencia de primer grado, al impugnante o recurrente le asiste el deber o carga procesal de señalar las discrepancias que tiene frente a la sentencia que ataca por la vía del recurso de alzada, pues dichas objeciones son las que realmente deben ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda instancia.

Así las cosas, debe recordarse que la sustentación del recurso de apelación es el medio procesal previsto por el artículo 212 del CCA (reformado por el art. 67 de la L. 1395/2010) para que el recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la sentencia. En efecto, la sustentación del recurso delimita el pronunciamiento de la segunda instancia, tal y como lo dispone el artículo 357 del CPC, actualmente 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA. Es así como las razones aducidas por el recurrente en la sustentación de la apelación demarcan la competencia funcional del juez de segunda instancia. Por lo cual, si no existen dichas razones o motivos de discrepancia con la sentencia dictada, el recurso carece de objeto, máxime en el caso en estudio, al apreciarse que los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación resultan incongruentes no solo frente a la sentencia proferida por el a quo, sino también respecto de las pretensiones de la demanda.

Sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera instancia y la relación con el tema de la litis, la jurisprudencia ha advertido lo siguiente(2):

“Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció. El marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia. Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia (...)”(3) (negrilla fuera de texto).

En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia del recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

“Esta Sala con ponencia de este despacho(4) sostuvo la siguiente tesis, que es aplicable al sub iudice:

“Si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía constitucional a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente, por cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el legislador relacionados con su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de apelación, requisitos que dentro del Procedimiento Contencioso Administrativo quedaron consignados dentro de los artículos 181 y 212 del CCA.

Pero no solo resulta necesario que el recurso de apelación se ejerza dentro de la oportunidad procesal pertinente sino que se encuentre debidamente sustentado, pues ello determina la eficacia del mismo, delimitando además el alcance del poder decisorio del juez de segunda instancia, que se circunscribe a los puntos contenidos dentro del mismo.

En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, quenosolamentedebenmanifestarselosaspectosqueseconsideranlesivosalderechoointerésendiscusión,sinoademáslosmotivosdeinconformidadenconcretorespectoaladecisióndelaquo,loqueensumadeterminaráelobjetodeanálisisdeladquemysucompetenciafrentealcaso.Loanteriordemandadesdeluegoungradodecongruenciainequívocoentreelfallorecurridoylafundamentaciónuobjetodelaapelación,fueradelocual,seestaríadesconociendolafinalidadyobjetomismodelasegundainstancia (...).

Lo anterior, sin duda alguna hace que el recurso carezca de fundamento jurídico para ser analizado por la Sala, en ausencia de un punto real de controversia respecto del fallo del a quo.

Aunque la parte demandada cumplió con el requisito procesal ordenado en el artículo 212 del CCA, por lo cual se le dio el impulso procesal correspondiente al recurso, el escrito no satisfizo la finalidad sustancial del mismo y en estas condiciones, carece la Sala de elementos que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado.

En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Siunadelaspartesestáinconformeconlasentencia,essuresponsabilidadatacarladecisiónponiendoadisposición,tantodeljuezcomodelapartefavorecidaconlasentencia,lasrazonesqueensucriterio,dejansinfundamentolaprovidenciajudicial” (...).

En conclusión, ante la incongruencia de las razones que arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no puede menos la Sala que señalar que no existe en el presente motivo alguno de inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la sentencia apelada”(5) (negrilla y subraya fuera de texto).

Y sobre las finalidades y requisitos del recurso de alzada, el mismo Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“La institución procesal de la impugnación es un instrumento por medio del cual las partes solicitan al superior jerárquico que realice un nuevo examen del acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o revoque, total o parcialmente, por contener vicios o errores. De acuerdo con la norma en cita, a través del recurso de apelación, una de las partes o ambas, solicitan al superior que examine la decisión dictada en un proceso, expresando sus inconformidades, con la finalidad de que este analice la decisión de primer grado, y de ser procedente, la modifique o la revoque. El recurso de apelación es el medio o acción que se concede a la persona agraviada o condenada por una resolución judicial, para que acuda a otro tribunal superior, sometiéndole el conocimiento de la cuestión resuelta; exige que se expliquen las razones de inconformidad, para establecer si las pruebas y el soporte jurídico han sido correctamente estimados. Esta Sección ha precisado que “la labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la base de la decisión impugnada, el acierto o el error del a quo en el juicio realizado, circunscribiéndose a dicho aspecto la competencia. En ese sentido, el apelante debe exponer los argumentos soporte para modificar total o parcialmente la decisión de primera instancia y que, a la vez, sirven de marco para cumplir con la función, quenoesoficiosa de decidir la impugnación(6) (negrilla y subraya fuera del texto).

De conformidad con lo expuesto, se advierte que como la parte demandada no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia esta corporación no puede resolver a su favor las pretensiones del recurso, en vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.

Esta posición fue asumida también en la reciente providencia ya citada(7), en la cual se señala que un escrito de apelación que no contenga argumentos que tiendan a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera instancia, impiden un reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte de la segunda instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite la impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y consideraciones diferentes de los adoptados por el a quo para proceder a ordenar la indexación de la primera mesada del demandante.

En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario no solo que el recurrente sustente la decisión sino que lo haga de la forma adecuada, indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del a quo, los cuales determinarán el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia.

Bajo las anteriores reflexiones, observa la Sala que el recurso de apelación formulado por la parte demandada se encuentra totalmente alejado de las consideraciones o motivos en que se basó el tribunal para acceder a las súplicas de la demanda, pues se limita a decir que se debe aplicar la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y que la liquidación de la pensión ordinaria se hizo teniendo en cuenta la normatividad vigente para el reconocimiento de los factores salariales y no es necesario efectuar una corrección del monto de la mesada pensional, sin mencionar siquiera alguno de los puntos de la sentencia de primera instancia referidos no a la reliquidación de la pensión como lo manifestó en el recurso de apelación sino a la indexación de la primera mesada pensional. Concluye la Sala que la apelación no guarda la congruencia exigida con lo analizado y decidido en la sentencia apelada.

En efecto, aunque la parte demandada cumplió con el requisito procesal ordenado en el artículo 212 del CCA, por lo cual se dio el impulso procesal correspondiente al recurso, el escrito no satisfizo la finalidad sustancial del mismo y en estas condiciones, la Sala carece de elementos que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado.

En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial, de manera que la parte no recurrente pueda exponer, en ejercicio de su derecho de defensa, las razones por las cuales considera que la decisión merece ser confirmada.

En conclusión

El recurso de apelación presentado por la parte demandada no guarda congruencia con lo decidido en la sentencia apelada, por tal razón y al no encontrar motivo alguno de inconformidad contra el fallo, debe declararse incólume la sentencia del tribunal que accedió a las súplicas de la demanda, pues no es posible analizar ni los argumentos, ni las decisiones en ella adoptadas.

Decisión de segunda instancia.

Conforme lo expuesto, confirmar la sentencia proferida el 13 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F, dentro del proceso promovido por Damián Arturo Medina Angulo contra Cajanal EICE en liquidación hoy UGPP.

Reconocimiento de personería

Se reconoce personería a la doctora Yulian Stefani Rivera Escobar identificada 14 con c.c. 1.090.411.578 de Cúcuta y T.P. 239.922 del C.S.J., como apoderada de la parte demandada en los términos y para los efectos de la sustitución al poder conferido por el doctor José Fernando Torres identificado con c.c. 79.889.216 y T.P. 122.816 del C.S.J, el cual obra a folio 190 del expediente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida el trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F, dentro del proceso de la referencia.

2. Reconocer personería a la doctora Yulian Stefani Rivera Escobar identificada con c.c. 1.090.411.578 de Cúcuta y T.P. 239.922 del C.S. Jud., como apoderada de la parte demandada en los términos y para los efectos de la sustitución al poder conferido por el doctor José Fernando Torres identificado con c.c. 79.889.216 y T.P. 122.816 del C.S. Jud., el cual obra a folio 190 del expediente.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Luis Rafael Vergara Quintero.

1 Así lo menciona a folio 129 del recurso, pese a que el actor dentro del proceso es el señor Damián Arturo Medina Angulo.

2 Sobre la finalidad del recurso de apelación ver sentencias del H. Consejo de Estado Sección, Cuarta de 18 de marzo de 2001, Rad. 13683, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 25 de septiembre de 2006, Rad. 14968, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

3 C.E., Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 4 de marzo de 2010, Radicación: 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).

4 N.I. 1645-08, actor: Gladys Stella Hernández Acevedo.

5 C.E., Sección Segunda, Sub. A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, 7 de abril de 2011, Rad. 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).

6 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta, C.P. Carmen Teres a Ortiz de Rodríguez, trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), radicación: 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343), actor: Comercializadora Colombiana de Carbón Colcarbón S.A. C.I. Demandado: Municipio de Cucunubá.

7 Rad. 2004-90693.