Sentencia 2011-00379 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 250002325000201100379-01

Número interno: 1142 - 2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E)

Actor: Francisco Martínez Nieto

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si el señor Francisco Martínez Nieto tiene derecho a que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones parafiscales de la Protección Social (UGPP)(2), le reconozca, liquide y pague la pensión gracia de jubilación teniendo en cuenta los factores salariales devengados durante el año anterior a adquirir el status, en aplicación del régimen especial previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

Actos administrativos demandados

Resolución 20698 de 15 de mayo de 2007 expedida por el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, en Liquidación, mediante la cual le negó al señor Francisco Martínez Nieto el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, argumentando que no cumplió los requisitos exigidos por la ley, ya que no demostró 20 años al servicio de la educación municipal, distrital o departamental (fls. 2-4, cdno. ppal.).

Resolución PAP 016995 de 8 de octubre de 2010, proferida por el liquidador de la entidad, que confirmó la decisión anterior (fls. 5-8, cdno. ppal.).

Lo probado en el proceso

El demandante nació el 20 de marzo de 1951, es decir que cumplió 50 años de edad el 20 de marzo de 2001, según consta en el registro de nacimiento y en la copia de la cédula de ciudadanía (fls. 39 anexo 1 y 9, cdno. ppal.).

El profesional universitario de la sección de hojas de vida y novedades de personal de la Secretaría de Educación y Cultura del Vichada, mediante certificación 1052 de 16 de diciembre de 2005, hizo constar que el actor prestó sus servicios como docente en propiedad, durante el tiempo comprendido entre el 1º de febrero de 1976 y el 30 de diciembre de 1977, en la Escuela Normal Federico Lleras Acosta, jurisdicción del municipio de Puerto Carreño, dependiente de la secretaría de educación y cultura departamental (fl. 8 anexo 1).

El profesional especializado (E) suscribió el formato único para expedición de certificado de historia laboral, en el que se registran los siguientes tiempos de servicio del demandante, con una vinculación de carácter territorial, en el Establecimiento Educativo IED Juan Lozano y Lozano (fls. 10-12, cdno. ppal.)

DesdeHasta
2-11-198226-11-1982
5-3-199030-11-1990
21-1-199130-11-1991
20-1-199230-11-1992
26-04-199330-12-2008

Análisis de la Sala

La pensión gracia

La pensión de jubilación gracia fue establecida mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, quienes tienen derecho a una pensión vitalicia de conformidad con las prescripciones de dicha ley, que establece condiciones especiales en materia pensional sobre la cuantía, posibilidad de acumular servicios prestados en diversas épocas, los requisitos que deben acreditar y ante quién deben comprobarse.

Luego al artículo 6º de la Ley 116 de 1928 estableció:

“Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección”.

A su vez, el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley 37 de 1933 señaló:

“Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.

Por último, el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 preceptúa:

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación”.

De lo anterior se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de primaria, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como normalistas o inspectores educativos, parcialmente, y que el tiempo de servicios puede completarse, en todos los casos, con el prestado en educación secundaria o, incluso, puede haberse laborado solo en este nivel.

En pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, Expediente 5-699 de 26 de agosto de 1997, con la ponencia del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia:

“(...).

No es de recibo el argumento que en ocasiones se ha expuesto para sostener que con motivo de la expedición de esta norma, pueda reconocerse la pensión gracia a todos los que prestan sus servicios a la nación, por ser los maestros a que ella se refiere docentes de carácter nacional. Dos son las razones fundamentales que conducen al rechazo de tal aseveración, así:

a. Como se dijo, la Ley 37 de 1933, examinada en relación con la Ley 116 de 1928 y la Ley 114 de 1913, no introdujo modificación alguna a las exigencias establecidas en estos ordenamientos normativos.

b. No es acertada la afirmación de que los establecimientos oficiales de educación secundaria fuesen nacionales en su totalidad en 1933. Tanto es así que fue con la Ley 43 de 1975 que se inició el proceso de nacionalización tanto de la educación primaria como la secundaria. Por eso en su encabezamiento se lee: “por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías...”. “Y en su artículo primero se prescribe hacia el futuro: la educación primaria y secundaria será un servicio público de cargo de la nación”.

Se repite que a partir de 1975, por virtud de la Ley 43, empieza el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales a que se refieren los ordenamientos anteriormente citados (L. 114/13; L. 116/28, y L. 28/33); proceso que culminó en 1980.

El artículo 15 numeral 2º, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

“los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación”.

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación: hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional.

De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “... pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mínimo mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, num. 2º, art. 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia... siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la pensión gracia se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital o municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

La Sala observa que el accionante laboró como docente del orden departamental según el certificado expedido por el profesional universitario de la sección de hojas de vida y novedades de personal de la Secretaría de Educación y Cultura del Vichada, en la Escuela Normal Federico Lleras Acosta entre el 1º de febrero de 1976 y el 30 de diciembre de 1977, es decir, 1 año, 10 meses y 29 días.

Estuvo vinculado en el Establecimiento Educativo IED Juan Lozano y Lozano, de carácter departamental, durante los siguientes periodos:

DesdeHasta
2-11-198226-11-1982
5-3-199030-11-1990
21-1-199130-11-1991
20-1-199230-11-1992
26-04-199330-12-2008

Es decir, trabajó al servicio de esa entidad 6627 días que equivalen a 18 años, 4 meses y 27 días.

Así las cosas, sumando los tiempos de servicios que acumuló el demandante en establecimientos educativos, estos ascienden a más de 20 años de servicios, razón por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, como acertadamente lo estimó el a quo.

En estas condiciones, el proveído impugnado que accedió a las súplicas de la demanda debe ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 9 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Francisco Martínez Nieto contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, entidad que fue sucedida, para todos los efectos, por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

RECONÓCESE personería al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora como abogado principal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y al abogado Diego Fernando Londoño Cabrera como apoderado sustituto de la misma entidad, de conformidad con el poder y la sustitución de poder visibles a folios 172 y 173 del cuaderno principal del expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Entidad que sustituyó para todos los efectos a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, dado su cierre definitivo.