Sentencia 2011-00382 de febrero 17 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 540011102000201100382 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 14 de la misma fecha

Ref.: Apelación abogado: William Alberto Márquez Perea.

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Conforme se dispone en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, procede esta Superioridad a revisar por vía de apelación la sentencia emitida el día 14 de diciembre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander.

Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Caso concreto

La censura objeto de definición en el sub lite refiere a determinar si la sanción de exclusión de la profesión impuesta por la Sala de instancia al abogado William Alberto Márquez Perea por la incursión en las faltas disciplinarias descritas en los artículos 30 numeral 4º y 33 numerales 1º, 2º, 9º y 11 de la Ley 1123 de 2007, al haber obrado de mala fe utilizando documentos espurios a efecto de cobrar dos títulos judiciales por valor de 1.100 millones de pesos, pertenecientes al Instituto Nacional de Vías Invías, se ofrece desproporcionada y vulneradora de sus garantías superiores concretamente al debido proceso.

Las normas disciplinarias que describen las faltas endilgadas al profesional investigado establecen:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…)

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho.

(…)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.

(…)

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas”.

En punto a desatar los motivos de inconformidad planteados por el censor en su recurso de alzada es necesario indicar que las conductas desplegadas por el abogado investigado tuvieron ocurrencia el día 9 de marzo el 2011, fecha en la cual el encartado perfeccionó las faltas enrostradas en el pliego de cargos.

Ahora bien, cuestiona el recurrente que su prohijado “no tuvo la oportunidad de defenderse al no haber asistido a las audiencias, máxime que no fue evacuada la ampliación de la versión libre”. En primer lugar, resulta forzoso acotar que al abogado Márquez Perea le fue garantizado en todo momento su derecho al debido proceso y de contera la defensa técnica, pues en cada una de las audiencias reseñadas estuvo asistido por defensor de oficio quien desplegó una estrategia de defensa, solicitó pruebas e interrogó cuando lo consideró pertinente.

En ese orden de ideas, no es dable cuestionar la labor desarrollada por el grupo de la defensa(17) por el hecho de que el resultado obtenido fue desfavorable para el encartado. Debe resaltarse que a petición de la defensora de oficio Cáceres de Clavijo, al abogado investigado le fue enviado a su lugar de reclusión, copia de cada una de las audiencias y de las pruebas allegadas al trámite disciplinario, a efectos de que por medio de esta ejerciera sus postulaciones probatorias si así lo consideraba pertinente, o sencillamente ejerciera el contradictorio, oportunidades dentro de las cuales guardó silencio.

Si bien es cierto, no fue ampliada la versión libre del investigado la prueba documental y testimonial recaudada fue suficiente para comprobar la materialidad de la conducta atribuida al encartado, sin que la ampliación de dicha versión, pudiera tener la virtualidad de exonerar de responsabilidad disciplinaria al encartado. En efecto, nótese como de la misma versión libre expuesta por el disciplinado se reconoce que “sí tenía conocimiento del proceso disciplinario que me sigue el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, por unos títulos que cobré en los cuales me dieron todos los documentos y poder para realizarlo”.

Emerge entonces que no puede aceptarse la defensa material del aquí procesado planteada por su defensor, por cuanto su comportamiento disciplinariamente doloso, no ha sido desvirtuado. Por el contrario, se fortalece con la prueba de cargo —la documental y testimonial—.

Sanción

Encuentra esta corporación que la sanción impuesta por la Sala a quo, fue ajustada y proporcional, teniendo en cuenta la modalidad dolosa de la conducta desplegada por el disciplinado, la gravedad que revistió, grado de afectación al patrimonio público en cabeza del Instituto Nacional de Vías Invías, al dejar de disponer de una suma importante de dinero público, pues con el actuar fraudulento del togado, defraudó el erario público conllevando el detrimento patrimonial.

Además la sanción también es adecuada, máxime que los elementos de juicio probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentran desvirtuada y mucho menos justificada, por el contrario el acervo probatorio valorado en su conjunto a la luz del principio de la sana crítica, brinda la convicción suficiente en grado de certeza, acerca de las faltas atribuidas, de la correspondiente responsabilidad disciplinaria, para que esta superioridad proceda a confirmar la providencia apelada en el caso sub examine.

Frente a la sanción impuesta, esto es la exclusión, consistente en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición de para ejercer la abogacía tal y como se contempla en el artículo 44 de la Ley 1123 de 2007, la Sala ha tenido en cuenta como criterios generales (artículo 45 ibídem) para mantenerla o confirmarla la trascendencia social de la conducta; relevancia social que para el caso es ostensible, como se hizo notar desde el momento en que trascendió a la opinión pública, noticia que fue titulada como “Millonario tumbe a Invias”,(18) en un periódico de alta circulación de la ciudad de Cúcuta y con trascendencia en todo el país, lo que sirvió de insumo inicial para la compulsa de copias e iniciación de la acción disciplinaria, despliegue noticioso que entre otras cosas describió que, “mil 100 millones de pesos que estaban representados en dos títulos judiciales de propiedad del Instituto Nacional de Vías, Invias, fueron ordenados pagar por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta a un abogado que se hizo pasar como asesor jurídico de esa entidad oficial”. Resalta fuera de texto.

Es claro que con la conducta desplegada por el disciplinado, la profesión de abogado queda gravemente cuestionada, en tela de juicio, por ser un comportamiento doloso, delictivo, que trasciende como ilícito disciplinario de extrema gravedad al denigrar del ejercicio del derecho y además macula la imagen de quienes poseen esta digna profesión y la ejercen con buen crédito. La trascendencia del comportamiento aquí valorado, resulta socialmente inocultable, relevante, trascendente (artículo 45-1) y jurídicamente reprochable por la manera como tuvo suceso en la realidad, por la posición de distinción con que se debe ejercer la profesión de abogado, es decir, con altura, honradez, honestidad, decoro y dignidad.

La modalidad de la conducta investigada es de suma gravedad, concierne a comportamiento tipificado en la ley penal colombiana como delito, en concurso de hechos punibles, lo cual es constatable con cada una de las sentencias allegadas a esta foliatura. Es un hecho incuestionable que el investigado purga pena por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito y estafa; conductas que traducidas como falta disciplinaria obviamente configura uno de los modos de falta disciplinaria más censurables o reprochables en contra de quien la ejecuta o consuma, máxime que proviene cada una de estas faltas, de la culpabilidad dolosa e intención criminal, que se convierte en intención y decisión de quebrantar el estatuto disciplinario del abogado y para los efectos en cita, de la dosificación de la sanción a imponer (artículo 45-2).

No puede esta Superioridad desconocer el grave perjuicio causado, el cual no fue solo de carácter patrimonial al haber materializado la sustracción fraudolenta y falsaria, de la suma de mil 100 millones de pesos del fisco Estatal, sino además el enorme perjuicio moral generado a la profesión de abogado; comportamiento que estuvo precedido de una serie de actos preparatorios, para la consumación de los delitos mencionados, al igual que las faltas disciplinarias enrostradas.

Así las cosas, en materia de criterios generales para la dosificación en desarrollo, esta Superioridad observa cada uno de los motivos determinantes del comportamiento ejecutado por el abogado Márquez Perea, que no es otro que la obtención de un dinero público que no le correspondía —a través del delito— esto es, mediante el uso del fraude, del engaño y con documentos espurios, comportamiento claramente desde luego desviado, por cuanto el encartado como profesional de derecho conocía de su ilicitud y quiso su realización, al desplegar cada uno de sus actos y lograr efectivamente su materialización.

En efecto el disciplinado, engañó al Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cúcuta, con relevancia típica de su conducta como fraude procesal y materializó la expoliación o estafa en perjuicio del patrimonio público de Invías. Para nada fue causa noble o lícita la ejecutada por Márquez Perea, todo lo contrario, sus motivos determinantes salen a flote en la exposición judicial de cada sentencia de condena y la notoriedad de la ilicitud sustancial de carácter disciplinario que se concreta en este fallo disciplinario, en el cual es dable concluir de la existencia de un comportamiento típico, antijurídico y culpable, que se adecúa a las faltas disciplinarias atribuidas, por motivos totalmente ajenos al noble ejercicio de la profesión de abogado (artículo 45-5).

Aunado a lo anterior, la obtención del provecho ilícito y antiético cuando la relación de la(s) conducta(s) se logra con la intervención de varias personas, es motivo de agravación sancionatoria y en este caso se tiene dicho en actas que existió la colaboración eficaz —previa división de trabajo para un plan común— del señor empleado del Juzgado 4º Laboral Sergio Martínez (también condenado mediante sentencias en firme por estos mismos hechos); a lo cual se une la muy posible intervención de Robinson Barona, según lo afirmó el disciplinado, lo cual ha de tenerse en cuenta, para los efectos punitivos o sancionatorios del elemento del agravante (artículo 45 - C - 5).

Por último debe indicarse que la ausencia de antecedentes disciplinarios argumentada por el recurrente, no minimiza la gravedad y modalidad dolosa de las conductas disciplinarias antes evaluadas, por lo que se confirmará la sanción de exclusión de la profesión de abogado a Willian Alberto Márquez Perea; máxime que por su actuación antiética también fueron involucrados empleados públicos que fueron puestos a consideración de fiscalías y jueces de conocimiento, que aunque no prosperaron sus cargos por resaltar su inocencia o ajenidad delictual, se puso en duda la credibilidad de la administración de justicia, siendo objeto de públicos reproches debido a las profusas noticias en prensa y televisión, que su ilícito comportamiento desencadenó.

La Sala considera que esta sanción se ajusta a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, por cuanto, la razón de ella, concierne a imposición que no corresponde a valores o criterios subjetivos sino a lineamientos objetivos con los cuales se ha efectuado la dosis sancionatoria. Por tanto, es procedente decretar la cancelación de la tarjeta profesional frente a las faltas de gran entidad que se le han atribuido, debiendo soportar el ejercitante de la abogacía, la carga prevista para las conductas que se alejan del buen camino o que se aíslan del cumplimiento de la ley.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia apelada adiada 14 de diciembre de 2015, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander sancionó al abogado William Alberto Márquez Perea con exclusión de la profesión de abogado tras hallarlo responsable de haber infringido la Ley 1123 de 2007 en sus artículos 30 numeral 4º y 33 numerales 1º, 2º, 9º y 11, faltas imputadas a título de dolo, de acuerdo a las motivaciones expuestas en el fallo.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

17 La cual estuvo a cargo de la defensora de oficio Esperanza Caceres de Clavijo, quien renunció debido a su delicado estado de salud, pero que fungió como tal hasta antes de iniciar la audiencia de juzgamiento Cfr. Fl 301 C.O 2. A partir de ese momento asumió el defensor Anibal Lizarazo Ariza. Cfr. Fl 318 C.O 2.

18 Folio 2 C.O.