Sentencia 2011-00391 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-31-000-2011-00391-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Luz Zenith Molina Caicedo

Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. Procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En todo caso, el mecanismo de defensa judicial ordinario debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez constitucional deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado.

En el sub examine, la señora Luz Zenith Molina Caicedo pidió que se protegieran los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y trabajo, que consideró vulnerados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, toda vez que negó la aplicación a su caso de un fallo de tutela en el que el Consejo de Estado tuteló los derechos fundamentales de una concursante que se encontraba en las mismas condiciones que la demandante.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por improcedente la tutela pedida por la demandante. Concluyó que en el caso de la señora Luz Zenith Molina Caicedo se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

La demandante impugnó esa decisión y alegó que los hechos que motivaron la interposición de la nueva acción de tutela son diferentes a los que motivaron la primera.

Como se verá, la Sala no comparte los argumentos de la demandante encaminados a demostrar que existe justificación para presentar esta nueva acción de tutela.

En cuanto a la temeridad en la acción de tutela, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone:

“ART. 38.—Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

De la norma transcrita, se infiere que la actuación temeraria se predica en los eventos en que, sin motivo expresamente justificado, una misma persona presenta la acción de tutela ante varios despachos judiciales de manera sucesiva con base en los mismos hechos y para obtener la protección de los mismos derechos.

El fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que, de un lado, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con base en el principio de buena fe y, de otro lado, instituyen como deber de las personas el de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” y “colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

En sub lite, la Sala observa que el 28 de junio de 2010 la demandante, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esa acción de tutela, al igual que esta, tuvo como objeto que la entidad demandada le permitiera continuar en el concurso de méritos de la Convocatoria 001 de 2005.

La primera demanda fue conocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 13 de julio de 2010, la rechazó por improcedente, pues la demandante contaba con otro medio de defensa. Esa decisión fue confirmada por las mismas razones en la sentencia del 16 de septiembre de 2010, proferida por la sección segunda del Consejo de Estado. [Fls.60 a 67].

El 24 de febrero de 2011, la actora nuevamente presentó tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El propósito de esta acción es que la Comisión Nacional del Servicio Civil le permita continuar con la fase II del concurso de méritos de la Convocatoria 001 de 2005.

Ahora bien, la demandante alegó que tiene justificación para interponer la nueva acción de tutela debido a que la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su posición frente a las acciones de tutela interpuesta con ocasión del Acto Legislativo 001 de 2008, en el entendido de que los concursantes que optaron por no presentar las pruebas de la segunda fase del convocatoria 001 de 2005 y, en su lugar, solicitaron la inscripción automática en carrera administrativa, tienen el derecho de continuar en el concurso.

La demandante se refiere a la sentencia de tutela proferida el 14 de septiembre de 2010, expediente 2010-01593-01. Si bien en esa sentencia la Sección Segunda de esta corporación sostuvo la anterior posición, lo cierto es que los efectos de esa sentencia son inter partes no erga omnes. Esto es, sólo produce efectos en el caso concreto, sobre la situación particular de las partes en cada caso y se aplica únicamente a los sujetos que fueron parte en ese proceso.

No puede la demandante hacer extensivos los efectos de esa sentencia a su caso particular, pues como bien se señaló en ese fallo en su parte resolutiva la protección se concedió “respecto de la situación particular de la demandante”.

Por lo tanto, no existe un nuevo hecho que permita conocer de fondo esta acción de tutela, pues los nuevos hechos y motivos mencionados por la demandante para la interposición de la nueva acción no son justificados.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo impugnado, en el entendido de que el a quo debió negar por improcedente la tutela, toda vez que el rechazo de la demanda sólo procede cuando el escrito de tutela es devuelto por el juez para su corrección y el demandante no lo subsana, esto de conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE el fallo impugnado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITASE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».