Sentencia 2011-00395/1494-2011 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.

Consejero ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Rad.: 110010325000201100395 00 (1494-2011)

Demandado: Luis Ernesto Martínez Martínez

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete

Extractos “2. Consideraciones.

2.1. Cuestión previa.

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre los siguientes aspectos así: i) el juez administrativo y actos administrativos de carácter disciplinario, y ii) de las excepciones propuestas por la entidad.

2.1. El juez administrativo y los actos administrativos de carácter, disciplinario.

Inicialmente con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario, para luego determinar si de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en el expediente, la actuación administrativa acusada está viciada de nulidad.

En Sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016(7) proferida por la Sala Plena de esta corporación, se definió que el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de carácter disciplinario, debe ser integral; comoquiera que la actividad del juez “supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales”(8). La Subsección A de esta Corporación(9), en relación con la integralidad de ese juicio, en oportunidades anteriores ha considerado lo siguiente:

Ese juicio integral supone en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, lo faculta para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria(10).

Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley, cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial, el juez puede según lo ordenan el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(11) y el inciso 3 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(12), estatuir disposiciones nuevas en reemplazos de las acusadas y modificar o reformar estas(13).

En cuanto a la ilicitud sustancial, lo autoriza para realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de ella, al punto que si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por él disciplinado.

2.1.2. De las excepciones propuestas por la entidad demandada.

Antes de estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver las excepciones propuestas por la Policía Nacional, las cuales denominó: (i) la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es una tercera instancia, y (ii) cosa juzgada.

2.1.2.1. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es una tercera instancia.

Expone el apoderado de la Policía Nacional, que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, “no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias.

Señala como fundamenta de ese medio exceptivo, que al actor le fue garantizado el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción conforme lo dispone el Decreto 1798 de 2000, en tanto que presentó pruebas, descargos, alegatos de conclusión y le fueron notificadas las actuaciones administrativas surtidas al interior del proceso; es así, como en sede administrativa la Policía Nacional le resolvió la situación disciplinaria, concluyendo que de acuerdo al acervo probatorio es el directo responsable de la conducta endilgada.

Previo a resolver la excepción, la Sala hace la siguiente precisión, si bien esta Corporación(14), ha reiterado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no puede convertirse en una tercera instancia para debatir nuevamente las pruebas que ya fueron objeto de controversia dentro de la investigación disciplinaria; también lo es que de conformidad con la Sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016(15) proferida por la Sala Plena, esto no puede ser entendido como una forma de limitar las facultadas de control que ejerce el juez sobre los actos administrativos, ya que tiene un control pleno e integral que se efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en la medida que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que se plantee expresamente en la demanda, ni por interpretaciones restrictivas de la competencia de los jueces que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Así las cosas, observa la Sala que la discusión planteada en el sub examine está orientada a realizar el control de legalidad de los actos impugnados y en efecto establecer si existe o no violación del debido proceso, del principio de favorabilidad y del derecho al trabajo; por ello esta situación se analizará al estudiar el fondo del asunto en razón a que los argumentos que la sustentan corresponden al problema jurídico que se debate en el sub lite, es decir, si el proceso que culminó con los actos cuya nulidad solicita el actor, se adelantó conforme a la normativa que regula la acción disciplinaria.

Por consiguiente la excepción no prospera.

2.1.2.2. De la cosa juzgada.

Sostiene la entidad demandada que se configura el medio exceptivo referido, como quiera que el proceso disciplinario, culminó con fallo de segunda instancia contra el cual no procede ningún recurso, en consecuencia quedó ejecutoriado.

¿Qué debe entenderse por cosa juzgada?

La doctrina ha sido unánime en señalar que la cosa juzgada es el efecto primordial de la sentencia, entendida dicha figura, como la situación de estabilidad que engendra el pronunciamiento o decisión, que no sólo permite actuar en consonancia con lo resuelto y ejecutarlo, sino que impide su ulterior discusión en sede judicial, que es lo que se denomina la excepción de cosa juzgada.

En lo que a esta figura concierne el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. [...]”.

En el mismo sentido el artículo 303 del Código General del Proceso prescribe:

Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes […]”.

Por su parte el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo establece:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero sólo en relación con la “causa petendi” juzgada. 

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; “la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios” (Resalta la Sala).

En relación a dicho principio, esta Corporación en abundante jurisprudencia ha definido la cosa juzgada como la consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza; consecuencia de ella, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales, que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados(16), o también de carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia(17).

A efectos de resolver la excepción, la Sala estima oportuno señalar que a diferencia de los actos administrativos, “las sentencias judiciales son actos procesales emanados por una autoridad judicial, con competencia para decidir el mérito de una causa puesta a su consideración”; lo que significa que “frente al usuario (...) y a las partes que hubiesen intervenido en un proceso, las decisiones judiciales deben estar revestidas de seguridad y en virtud de la cosa juzgada resultan inmutables y definitivas, lo cual significa que no es posible intentar nuevamente un proceso, con los mismos sujetos, objeto y causa(18)”.

Sobre el punto se debe indicar que el artículo 303 del Código General del Proceso, prevé que la sentencia ejecutoriada proferida en los procesos contenciosos, tienen fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo procese verse sobre el mismo objeto y se funde en la misma causa que el anterior que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Al respecto, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación(19) ha considerado que “cuando las sentencias dictadas por los jueces alcanzan ejecutoria se vuelven inimpugnables y frente a ellas se produce el efecto de cosa juzgada; no ocurre lo mismo con los actos administrativos que aun cuando estén ejecutoriados son susceptibles de pronunciamientos judiciales, a efecto de determinar su validez y legalidad pudiendo ser excluidos del mundo jurídico por declaratoria de nulidad total o parcial, o reemplazadas, modificadas o reformadas (art. 170 D. 1/84)”(20).

En el caso concreto la excepción planteada no está llamada a prosperar, como quiera que los actos enjuiciados pueden ser sometidos a control de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo, por esta razón no opera el fenómeno de cosa juzgada, como equivocadamente lo afirma la entidad demandada.

Por las razones expuestas no prospera la excepción de cosa juzgada.

2.2. Marco normativo.

Como quiera que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el mes de marzo de 2006, la norma aplicable en el aspecto sustancial es el Decreto 1798 de 2000(21) por ser la normatividad especial que rige el caso bajo análisis, dada la condición especial del sujeto disciplinable. En lo procesal, siguiendo las disposiciones, principios y pautas de la Ley 734 de 2002(22).

En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional(23) al considerar que si bien existen diferencias entre los estatutos disciplinarios de la Policía Nacional y los que se aplican a los demás funcionarios públicos, ellas tienen que ver con la naturaleza de las funciones que ejercen unos y otros servidores y son de carácter sustancial, pues el procedimiento que debe adelantarse en todos los casos debe ceñirse a los postulados que se derivan del derecho al debido proceso y a los principios establecidos en el Código Disciplinario Único.

En suma, para la Corte y también para ésta Corporación, los principios rectores del proceso disciplinario —debido proceso, principio de legalidad, principio de favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, etc.— deben necesariamente identificarse, cualquiera que sea el régimen al que se pertenezca, pues se han instituido para garantizar al servidor público, objeto de investigación, el respeto de sus derechos constitucionales en el adelantamiento del proceso respectivo.

Sobre el particular, esta Corporación(24) ha precisado que “además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador colombiano expidió el Código Disciplinario Único (L. 734/2002), el cual determina qué conductas se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad disciplinaria”.

No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En este sentido, el inciso 2 del artículo 217 de la Carta prescribe: “La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario, que les es propio” (negritas fuera de texto).

En relación con los miembros de la Policía Nacional, el inciso tercero del artículo 218 ibídem establece: “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”, fue así como se expidió el Decreto 1798 de 2000, norma vigente para la época de los hechos materia de estudio (negritas fuera de texto).

Sin embargo, esta especificidad del régimen propio de la fuerza pública, y su prevalencia, no impide que sus integrantes también sean destinatarios de las disposiciones disciplinarias aplicables a los demás servidores del Estado, en cuanto ellas resulten procedentes. Así lo ha precisado esta Corporación en varias providencias(25).

Para concluir, es necesario precisar que el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía Nacional, el cuál por virtud del artículo 60 ibídem entró a regir, tres meses después, esto es el 7 de mayo de 2006, fecha para la cual ya habían sucedido los hechos, que aquí son materia de investigación por lo tanto, dicha disposición no aplica al presente caso, como más adelante se estudiará.

2.3. De los hechos probados.

2.3.1. De las pruebas aportadas y valoradas dentro de la investigación disciplinaria.

2.3.1.1. Documentales.

Constancia suscrita por el mayor Pedro Alexander Ruíz Pulido, en donde manifiesta que recibió por parte de la Policía de Carreteras copia del procedimiento policial realizado el 24 de marzo de 2006, con el agente Luis Ernesto Martínez Martínez por el delito de homicidio culposo (fl. 38).

El 25 de marzo de 2006, el comandante de la Policía de Armenia solicitó al laboratorio de toxicología del Instituto de Medicina Legal, realizara prueba de alcoholemia al señor agente Luis Ernesto Martínez Martínez (fl. 43).

El 5 de mayo de 2006, el profesional universitario forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, Rafael Álvarez Quintero, envió a la Dirección de Antisecuestro y Extorsión de la Policía, el resultado del examen de alcoholemia practicado al agente Martinez Martinez, informado que el mismo resulte positivo (fl. 97).

El 24 de marzo de 2006, el Departamento de Policía, deja en custodia el arma de fuego que portaba el agente Martínez Martínez, tipo pistola marca Jericó con dos proveedores y 25 cartuchos (fl. 60).

Oficio núm. 209-06-2 de 24 de marzo de 2006, suscrito por Jorge Federico Garnert, funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del cual rindió informe técnico de necropsia médico legal núm. 2006P-05030700209 practicado a la menor Vanesa Blandón Blandón, en donde concluyó que la menor fue arrollada por un vehículo y como consecuencia de ello, presenta múltiples fracturas en los huesos del cráneo que causaron la muerte (fls. 80 a 84).

2.3.1.2. Testimoniales.

El intendente Vinasco Villamil Carlos Alberto, expresa que el día 24 de marzo de 2006 a eso de las 14:30 horas se dirigía por la ruta de Pereira - Armenia y en el sitio denominado el caracol, observó que un vehículo de color blanco atropelló a una menor y emprendió la huida, posteriormente fue alcanzado por varias personas en el kilómetro 36. Al llegar al sitio y al efectuarle una requisa se le encontró una arma de fuego pistola marca Jericó calibre 9 mm, además se notaba que se hallaba en estado de embriaguez porque presentaba aliento alcohólico y dificultad para hablar, se identificó con el nombre de Luis Ernesto Martínez Martínez (fls. 62 a 63).

El patrullero Zarta Restrepo Edwin Oswaldo, señaló que para la fecha de los hechos, se encontraba realizando tercer turno en la vía Pereira - Armenia, cuando fue informado de un accidente de tránsito en la curva el caracol, al llegar al kilómetro 33 encontró un vehículo Hyundai blanco y al lado unas personas que señalaban al conductor como el causante del accidente, “al identificar al conductor me di cuenta que se trataba de un agente activo del Gaula de nombre Luis Ernesto Martínez Martínez”. Agregó que el policía, estaba en evidente estado de alicoramiento debido a su aliento y su manera de actuar, se negó primeramente a tomarse la prueba de embriaguez, luego aceptó por orden del Juez de Control de Garantías (fls. 64 y 65).

El señor Luis Fernando Montoya Ocampo, manifestó que el día 24 de marzo de 2006, se desplazaba en una moto entre Armenia y Pereira; cuenta que de un momento de otro lo adelantó un carro de marca Hyundai blanco y en la curva conocida como el caracol se salió de la carretera y atropello una niña tirándola a un lado y salió huyendo, “al ver que había matado a la niña, con otras personas lo seguimos y lo bajamos del carro, se le notaba su alto estado de embriaguez, fue cuando en ese momento llegó la policía” (fls. 64 a 65).

La señora Yessica Ocampo Ospina, manifestó conocer al señor Luis Ernesto Martínez. Dice que el día de los hechos la invitó a salir a eso de la una de la tarde en un carro blanco, consumieron licor y escucharon música por la vía que conduce de Armenia a Pereira, agrega que al pasar por la curva el caracol escucharon un ruido pero no percibieron nada al respecto, por lo que continuaron el recorrido y “de un momento a otro dos motos nos hicieron señales para que paráramos porque hablemos matado a una niña atrás, Luis se mostró confundido no entendía lo que había pasado y por ello, tomamos la decisión de entrar a un motel para evitar incidentes con un grupo de personas que nos interceptaron y al momento llegó la Policía” (fls. 95 a 96).

2.3.2. Las actuaciones administrativas surtidas dentro del proceso disciplinario, son las que a continuación se relacionan.

El 24 de marzo de 2006; la Dirección de Antisecuestro y Extorsión de la Policía. Nacional, inició investigación disciplinaría, en contra del agente Luis Ernesto Martínez Martínez, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, ya que el día 24 de marzo de 2006 cuando se desplazaba entre los municipios de Armenia y Pereira atropelló a la menor Angie Vanesa Blandon causándole la muerte. Lo anterior con el fin de determinar si está conducta es constitutiva de falta disciplinaría, decisión notificada personalmente (fls. 3 a 13).

El 30 de marzo de 2006, la Oficina de Control Disciplinario Interno Regional, Risaralda, avocó conocimiento de la investigación disciplinaría, en virtud de los dispuesto en la parte resolutiva del auto que apertura la investigación disciplinaria (fls. 32 a 33).

El 14 de noviembre de 2006, “el ente de control profirió auto de cargos en contra del señor Luis Ernesto Martínez Martínez, acto notificado el 23 de noviembre de 2006 (fls. 156 a 174 ,180).

Cargo único: El inculpado, agente Luis Ernesto Martínez Martínez para la fecha de los hechos 14.03.06, era miembro activo de la Policía Nacional adscrito al Gaula, prestando sus servicios como integrante del grupo de avanzada del Gaula Armenia y para la fecha del suceso se encontraba en su respectivo descanso, sin que esto signifique que no sea responsable de las faltas cometidas como infracción a la norma disciplinaria, pues es inconcebible que un miembro de la Policía Nacional en cualquier evento del servicio o fuera del servicio desborde su comportamiento de tal manera que afecte la imagen y el prestigio institucional de la forma en que presuntamente lo hizo al parecer de manera abusiva a ingerir bebidas embriagantes en compañía de la señorita Yessica Dausi Ocampo Ospina, quien narra que el policial la convidó a salir, recogiéndola en un vehículo particular y después de hacer un recorrido por el centro de la ciudad de Pereira se desplazaron por la vía que de esta ciudad conduce a Armenia, donde el agente Martínez más exactamente en el sitio denominado la curva del caracol perdió el control de su vehículo y se fue en contra del carril contrario de la vía, chocando contra la humanidad de la menor Angie Vanesa Blandón Blandón, causándole la muerte y emprendiendo la huida, siendo posteriormente capturado por la Policía de carreteras, quien una vez identificado y requisado le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola 9 mm con el respetivo permiso para porte y al interior del vehículo llevaba una botella de whisky, quienes concluyeron que el accidente se debió a que éste iba en estado de alicoramiento, lo que conllevó a que se saliera de la vía, pasando al carril contrario y atropellando a la menor, hecho que se constituye en falta disciplinaría y que no se concibe que de parte de un miembro de la institución se cometan dichas faltas que afecte desde todo punto de vista la imagen prestigio institucional.

El 5 de diciembre de 2006, el investigado Martínez Martínez presentó descargos, manifestó que la sanción disciplinaria ha debido ser la suspensión temporal en el ejercicio del cargo por el mismo tiempo de la condena penal y no la destitución. Para el efecto solicitó como prueba la Sentencia de 2 de mayo de 2006; proferida por el Juzgado 4 Penal del Circuito de Pereira dentro del proceso núm. 2006/00664. (fls. 181 a 187).

Una vez agotadas las etapas propias del proceso disciplinario, el Jefe del Grupo de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Risaralda, el 13 de marzo de 2007 lo declaró responsable disciplinariamente y lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 5 años para ejercer cargos públicos, decisión notificada el 22 del mismo mes y año. (fls. 216 a 249 y 250).

En efecto consideró, que la actitud desplegada por el policial el día 24 de marzo de 2006 en la ciudad de Pereira, cuando ocurrieron los hechos afectó sin justificación alguna bienes jurídicos protegidos por la Constitución y la ley.

Señaló que el primer hecho indecoroso consistió en que el investigado decidió conducir un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, lo que ocasionó el choque del automóvil en contra de la humanidad de la menor Angie Vanesa. Blandón causándole la muerte. El segundo tiene que ver con el porte de una arma de fuego tipo pistola 9 mm en las misma condiciones, es decir en estado de ebriedad, situación que no solo atenta con los preceptos legales que enmarcaban su función como servidor público, sino también contra las normas contempladas en los numerales 4 y 8 del artículos 38 y 40 del Decreto 1798 de 2000; literales a, b y c de los artículos 85 y 89 del Decreto 2535 de 1993, y el artículo 151 de la Ley 769 de 2002, los cuales prohíben respectivamente, el porte de armas de fuego y la conducción de vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Indicó que valorado el acervo probatorio se concluye que al investigado se debe corregir acorde a su comportamiento, con el propósito de mantener la disciplina al interior de la institución y el respecto por las normas constitucionales y legales que rigen a la Policía Nacional, Decreto 1798 de 2000.

Inconforme el actor con la anterior decisión, el 26 de marzo de 2007 interpuso el recurso de apelación, el cual fue resuelto el 25 de mayo del mismo año, por la Inspección Delegada número 3 de la Policía Nacional confirmando la anterior decisión al considerar que el investigado el día 24 de marzo de 2006 atropello a la menor Angie Vanesa Blandón, pues quedó demostrado que ese día conducía el vehículo marca Hyundai portando una pistola 9 mm en estado de embriaguez y como consecuencia de ello, se produjo el suceso. Por ello con su conducta afecto el deber funcional que como miembro de la institución le correspondida preservar, acto notificado el 31 de mayo de, 2007 (fls. 251, a 258, 265 a 282, y 283).

3. De los cargos endilgados a los fallos disciplinarios.

Le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) desconoció el ente de control el debido proceso y el principio de favorabilidad del demandante al no fundamentar los actos sancionatorios en los artículo 67 y 68 del Decreto 1791 de 2000, y (ii) ¿si se le vulneró el derecho al trabajo como consecuencia de la sanción disciplinaria?

3.1. De la vulneración al debido proceso y al principio de favorabilidad.

Manifiesta el demandante que el ente de control, debió fundamentar los actos demandados en los artículos 67 y 68 del Decreto 1791 de 2000(26), normas determinan que la sanción a imponer es la separación temporal en el cargo por el mismo tiempo de la condena penal; sin embargo, no lo hizo y lo fundamentó en los numerales 4 y 8 del artículo 38 y 40 del Decreto 1798 de 2000(27), artículos 151 de la Ley 769 de 2002(28), 85 literales A y B, 89 literal C del Decreto 2535 de 1993(29), que hacen más gravosa su situación, al destituirlo, quebrantando el debido proceso y el principio de favorabilidad.

3.1.2. Del debido proceso.

Los artículos 29 de la Carta Política y 6 de Código Disciplinario Único, preceptúan que el debido proceso no solo se aplica a las actuaciones judiciales, sino también a las de carácter administrativo e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante Juez o Tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Sobre este derecho debe descansar la vigencia del derecho disciplinario, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria misma(30).

La jurisprudencia constitucional(31) ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al Cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la .buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectividad cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuirías al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

3.1.3. Del principio de favorabilidad.

Es de recordar que éste principio, es de vital trascendencia a la hora de analizar los efectos de las diferentes normas que han tenido vigencia durante el proceso disciplinario al que se vio sometido el servidor público. Los fundamentos de la favorabilidad, como lo son el principio de legalidad y en específico el de la ley previa, apuntan a impedir la arbitrariedad del Estado, su intervención abusiva sobre los derechos y las libertades del individuo. Nuestra Constitución Política al referirse al principio de legalidad, indica que todo acto o conducta se debe regir por la ley vigente al momento de su realización.

En efecto él artículo 14 de la Ley 734 de 2002, sobre el principio de favorabilidad señala: “En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también. Para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política”.

Sobre este principio, la Corte Constitucional en Sentencia C-692 de 2008, magistrado ponente Manuel José Cepeda manifestó:

La Corte ha considerado obligatorio el respeto del principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Frente a este punto, ha advertido que aun cuando el artículo 29 de la Constitución se refiere a la aplicación del principio en “materia penal”, ello “(...) no impide que él legislador lo extienda a otros ámbitos del derecho sancionador, como el disciplinario. Tampoco conduce a que el juez deba interpretar restrictivamente esta garantía, que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un estado social de derecho en otros contextos punitivos diferentes al penal.

El principio de favorabilidad hace parte de los derechos fundamentales, universales e intangibles, por lo mismo se prohíbe su vulneración, el funcionario judicial está obligado tan pronto establezca la existencia de una situación de favorabilidad, a reconocerla de oficio o a petición de parte, en aras de garantizar el debido proceso a los sujetos disciplinarios.

En suma, según la Corte Constitucional(32), el principio de favorabilidad se aplica en aquellos casos en que surge duda, en el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la solución del caso concreto. En estos eventos, los cánones protectores de los derechos [del investigado](33) ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor provecho otorgue [al disciplinado](34). El texto legal así escogido debe emplearse respetando el principio de inescindibilidad o conglobamiento, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido”.

Para el caso en concreto se tiene que uno de los inconformismos planteados por el demandante, es que el ente de control debió fundamentar los actos enjuiciados en los artículos 67 y 68 del Decreto 1791 de 2000, por ser normas más favorables; sin embargo no lo hizo, por lo tanto, considera que quebrantó el principio de favorabilidad.

Al respecto las normas citadas disponen:

“ART. 67.—Separación temporal. El personal que sea condenado a la pena principal de arresto o prisión por delitos culposos, será separado en forma temporal de la Policía Nacional, por un tiempo igual al de la condena, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

PAR. Quien sea separado temporalmente no tiene derecho a devengar sueldos, primas ni prestaciones sociales, ni ese lapso se considerará como de servicio para ningún efecto.

“ART. 68.—Separación por sentencia de ejecución condicional. Al personal que se le hubiere concedido el subrogado penal de condena de ejecución condicional, se le separará en forma temporal, por un lapso igual al tiempo físico de la condena.

Previo a resolver el cargo en primer lugar debe precisa la Sala que, la Policía Nacional cuenta con un régimen disciplinario especial propio acorde a los artículos 217 y 218 de la Constitución Política, lo anterior en consideración a las especiales características de las funciones y actividades que cumplen los miembros de esa institución.

El régimen disciplinario especial para los miembros de la Policía Nacional, fue expedido por el legislador extraordinario en uso de las facultades conferidas por la Ley 578 de 2000, en donde solo podía reglamentar lo relativo a los aspectos sustanciales relacionados con la actividad específica que cumple la fuerza pública. Es así, como en efecto el gobierno nacional expidió el Decreto 1798 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”, en cuyo libro primero “definió la totalidad de los aspectos relacionados con la descripción de los principios, conductas y destinatarios del régimen disciplinario especial para los miembros de la Policía Nacional”(35), norma que de paso incrementó los límites a las sanciones disciplinarias, de manera considerable.

Con el fin de resolver este interrogante conviene recordar que, para la fecha en que se presentaron los hechos que se le reprochan al demandante, la normativa disciplinaria vigente estaba dada por el Decreto 1798 de 2000, el cual contiene disposiciones disciplinables específicas y concretas aplicables a sus miembros.

En segundo lugar, en relación a que los actos administrativos enjuiciados debieron fundamentarse en los artículos 67 y 68 del Decreto 1791 de 2000, sobre este particular, observa la Sala que las citadas disposiciones hacen relación es a la carrera del personal de oficiales, nivel, ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, mas no contiene normas de carácter disciplinario aplicable a los miembros de la Policía Nacional. Mal podría pensarse entonces en aplicar normas de carácter administrativo que rigen cuestiones de carrera a situaciones relacionadas con el incumplimiento del deber ético funcional en la Policía Nacional.

El Decreto 1791 de 2000, lo que instituye es que, en aquellos eventos en que un uniformado se vea cobijado por una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por un delito penal, el director general de la Policía Nacional, administrativamente puede suspenderlo en ejercicio de funciones y atribuciones por un tiempo igual al de la condena, lo anterior en aras de garantizar la imparcialidad y el buen nombre de la institución, mas no es el producto de un proceso disciplinario.

En suma la Sala aprecia que las disposiciones invocadas por el demandante se refieren es a situaciones particulares de miembros de la Policía Nacional, que han sido condenados por la jurisdicción ordinaria por delitos penales culposos a la pena principal de arresto o prisión, situación totalmente distinta al caso bajo estudio. Recuérdese que al señor Luis Ernesto Martínez fue sancionado, disciplinariamente por la Oficina de Control interno Disciplinario de la institución, por haber vulnerado el régimen de disciplina y ética de la Policía Nacional (D. 1798/2000), al haber conducido el vehículo marca Hyundai y portar una arma de fuego tipo pistola, bajo la influencia de bebidas embriagantes ocasionándole la muerte a la menor Angie Vanesa Blandón, situación reprochable y prohibida al interior de la policía, toda vez que dicho comportamiento raya el buen nombre de la institución.

Si bien es cierto, que contra el investigado se adelantó, de igual manera, un proceso penal, en él se determinó su responsabilidad y se condenó a la pena principal de 26 meses de prisión y multa de 27.5 smlmv; esto no es suficiente para considerar que el proceso sancionatorio, deba sujetarse estrictamente a lo decidido en el proceso penal, porque cada uno tiene fines distintos y protegen derechos diferentes.

La Corte Constitucional ha considerado que “cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance, propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración, pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes jurídicos más amplios”(36).

Bajo tales premisas se evidencia que ambos derechos protegen intereses jurídicos distintos, que cuentan con un procedimiento independiente, ello resulta justificable en la medida en que las sanciones impuestas en uno y otro derecho limitan diferentes garantías del individuo, situación que impide un tratamiento igual en cada uno de dichos procesos.

Respecto a que los actos demandados se fundamentaron en los numerales 4 y 8 de los artículos 38 y 40 del Decreto 1798 de 2000; 151 de la Ley 769 de 2002 y 89 del Decreto 2535 de 1993 y que por ello, se vulneró el principio de favorabilidad, por hacer más gravosa la situación, la Sala considera que este inconformismo no está llamado a prosperar, como quiera que la entidad demandada aplicó las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, esto es el Decreto 1798 de 2000, régimen disciplinario para la Policía Nacional, en concordancia con la Ley 769 de 2002 y Decreto 2535 de 1993, pues, como se anotó anteriormente, el régimen disciplinario aplicable a la policía, es esté y no el Decreto 1791 de 2000.

Así las cosas, el ente de control cumplió con las garantías constitucionales inherentes al principio de nullum crimen, nulla poena sine lege, cuya consagración constitucional se encuentra en el artículo 29 de la Carta, el cual dispone que: “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”.

Por consiguiente, estima esta Corporación que los actos administrativos sancionatorios están fundamentados en las leyes vigentes conforme se aprecia del análisis fáctico y jurídico, por ello no se advierte, ninguna actuación o tramite irregular.

En suma, no se le vulneró el principio de favorabilidad, como quiera que no existe duda o enfrentamiento de normas que regulen el mismo asunto. Para el día de los hechos la única norma vigente que reglamentaba la conducta del investigado es el Decreto 1798 de 2000, que para efectos de imponer la sanción trae su propia clasificación, límites, grado de culpabilidad y dosificación de la sanción a imponer (arts. 41, 42, 43 y 44 ibídem); luego mal podría decirse que estas disposiciones hacen más gravosa la situación jurídica del actor; por consiguiente queda desestimada la apreciación del actor cuando afirma que debió aplicarse los artículos 67 y 68 del Decreto 1791 de) 2000 por ser más favorables al asunto.

Por estas razones el cargo no prospera.

3.2. Del desconocimiento del derecho al trabajo como consecuencia la sanción disciplinaria.

Señala que los actos sancionatorios quebranta el derecho al trabajo previsto en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, pues le impide permanecer y escoger libremente un empleo en condiciones dignas y justas en el sector oficial.

Respecto del cargo, la Sala resalta que el desconocimiento del régimen disciplinario por parte de los servidores públicos, implica que el Estado ejerza su potestad sancionatoria e inicie actuaciones administrativas tendientes esclarecer los hechos constitutivos de faltas disciplinables, proceso que debe estar precedido de todas las garantías constitucionales y legales. Desde este punto de vista los sujetos procesales deben gozar de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y debido proceso a fin de demostrar su inocencia.

La Corte Constitucional(37) se ha pronunciado en relación con el derecho al trabajo y ha considerado que este no se ve vulnerado cuando se tramita una acción disciplinaria en contra de un empleado; así ha discurrido:

El ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las más importantes manifestaciones del ius puniendi estatal, la cual tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública, es decir, la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia, entre otros, que necesariamente deben orientar su actividad.

(…)

Así las cosas, es menester indicar que el derecho a acceder al ejercicio de las funciones, públicas, como ningún otro derecho fundamental, puede ser considerado como absoluto. Por el contrario, el legislador puede limitarlo, puesto que sobre él se hacen efectivas ciertas restricciones, que se justifican esencialmente en la consecución de la prevalencia del interés general y de los principios que deben orientar el cumplimiento de la función pública, se reitera, todo ello en aras a la consecución de los fines estatales y de la transparencia y probidad de quienes ejercen la función pública; por ello no podría decirse que con los fallos disciplinarios sancionatorios se afectan dicho derecho, en la medida en que esa restricción se encuentra justificada.

(…).

Es menester indicar que las inhabilidades derivadas de un proceso disciplinario, (...) tienen un origen sancionatorio, esto es, cometida la conducta que la ley considera reprochable, el Estado impone la sanción correspondiente y adiciona una más, la inhabilidad, que le impide al individuo sancionado ejercer una determinada actividad.

(…).

En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción., En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

Sobre las sanciones disciplinarias, la Corte Constitucional en Sentencia C-544 de 2005, señaló:

El segundo grupo de inhabilidades sí tiene un componente sancionatorio, pues las circunstancias que impiden a los individuos acceder a un determinado cargo se derivan de la reprochabilidad penal, disciplinaria, contravencional, correccional o de punición por indignidad política de su conducta. Sobre la distinción que acaba de mencionarse, a Corte Constitucional ha dicho: “La Corte ha distinguido dos tipos de inhabilidades atendiendo al bien jurídico protegido o a la finalidad de la limitación: una primera clase agrupa los casos en que se establecen limitaciones para acceder a cargos públicos con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el inhabilitado; al paso que en la segunda clase la limitación para acceder a un cargo no se vincula con ninguna conducta previa de quienes resultan inhabilitados, sino que aquí simplemente se consagran requisitos que persiguen lograr la efectividad de los principios y valores constitucionales. Dentro de la primera categoría se encuentran, por ejemplo, las inhabilidades por la comisión anterior de delitos y dentro de la segunda las inhabilidades por vínculos familiares. Sentencia C-1062 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”. De lo anterior se desprende entonces que existen dos clases de inhabilidades y que una de ellas, por sus connotaciones y origen, ha sido considerada por la Corte como de contenido sancionatorio.

Así las cosas; la sanción disciplinaria imputada en un caso concreto, es el resultado de una decisión administrativa, derivada de la irreprochabilidad disciplinaria correccional, en donde el actor tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir los hechos endilgados, conforme lo disponen el artículo 29 Superior y los principios consagrados en el Decreto 1798 de 2000 y la Ley 734 de 2002.

Si bien es cierto, la sanción impide el acceso a cargos públicos, también lo es, que no vulnera el derecho al trabajo, cómo quiera que dicha inhabilidad es el resultado de una limitación establecida por la ley con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el empleado público, mas no por la arbitrariedad del Estado de prohibirle el derecho al trabajo.

Por estas razones el cargo no está llamado a prosperar.

4. Conclusión.

Para la Sala, los actos sancionatorios proferidos por el Jefe de del Grupo de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, el 13 de marzo de 2007 y la Inspección Delegada núm. 3 el 25 de mayo de 2007, siguen amparados por la presunción de legalidad que los cobija, pues fueron fruto de un proceso disciplinario tramitado con respeto de las garantías constitucionales y legales. Al actor se le brindó la oportunidad de presentar descargos, pruebas y controvertir las aportadas, sin que lograra desvirtuar su responsabilidad en los hechos materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Luis Ernesto Martínez Martínez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación, consejero ponente: William Hernández Gómez.
Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que “1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial.

8. (sic)

9. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 6 de julio de 2017, número interno 2657-2011, M.P: Gabriel Valbuena Hernández.

10. Esta cita es propia del texto transcrito: Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificadas por Colombia.

11. Cita propia del texto transcrito: Artículo 170 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. “Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.

12. Cita propia del texto transcrito: Artículo 187 inciso 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”.

13. Esta cita hace parte del texto transcrito: La sentencia de unificación al respecto determina que “El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del Derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito.[...]”, lo cual permite afirmar que “[...] el Derecho Administrativo Sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el Derecho Penal [...]”.
Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[...] si la esfera subjetiva se toma en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual [...]”.

14. Sentencia 21 de noviembre de 2013, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.

15. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 1220-2011, demandante: Piedad Eneida Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación, C.P. William Hernández Gómez.

16. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, actor El Portón Tres Ltda. Contra Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil, radicado 25000-23-26-000-1991-07400-01 (17861), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de marzo de 2011, actor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra Alba Marina Acosta Cadavid, radicado 17001-23-31-000-2004-01402-01(34396), M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

18. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 5 de junio de 2014, número interno 0044-2011, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

19. Ibídem.

20. Resalta la Sala.

21. Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional.

22. Por la cual e expide el Código Único Disciplinario.

23. Sentencia C-712 de 2012, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.

24. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de marzo de 2012, número interno: 0029-2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

25. Entre otras, en las Sentencias de 26 de julio de 2012, proferida por la Sección Segunda. Subsección B, dentro del expediente 1541-2011, demandante Jhonatan Mauricio Román Giraldo, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 22 de marzo de 2012 dictada por la misma subsección dentro del expediente 0029-2011. Demandante: Cecilia Sanabria Borda. C.P. Víctor Herrando Alvarado Ardila; Sentencia de 19 de mayo de 2011, expedida por la misma Subsección dentro del expediente 2157 de 2005, demandante: Remberto Enrique Corena Silva, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

26. Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.

27. Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional.

28. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

29. Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.

30. Así lo ha considerado la Corte Constitucional en Sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis, la cual será citada más adelante.

31. Sentencia C-341/14.

32. Corte Constitucional, Sentencia T-832a/13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

33. La expresión entre paréntesis reemplaza a la que aparece en el texto original de la providencia citada, que señala “del trabajador y la seguridad social”.

34. La expresión entre paréntesis reemplaza a la que aparece en el texto original de la providencia citada, que señala “al trabajador, o al afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social”.

35. Corte Constitucional, Sentencia C-712/01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

36. Corte Constitucional, Sentencia C-244/06. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

37. Corte Constitucional, Sentencia C-028/06, M.P. Humberto Sierra Porto.