Sentencia 2011-00398 de febrero 17 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 17001-22-13-000-2011-00398-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil doce (discutido y aprobado en Sala de 8 de febrero de 2012).

Se decide la impugnación interpuesta por la alta consejería para la reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas —ACR— contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por la Sala Civil-Familia del tribunal superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acción de tutela promovida por el señor Hernán Correa Gómez contra la impugnante y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD—.

Antecedentes

1. El citado accionante promueve la presente demanda constitucional con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales a la educación y al trabajo, presuntamente vulnerados por las entidades acusadas al impedirle obtener el grado del programa académico denominado “Tecnología en gestión comercial y de negocios”.

2. Para fundar su reclamo, expone que luego de desmovilizarse “del grupo armado ilegal AUC bloque de Puerto Boyacá” y efectuar algunos acuerdos con el Gobierno Nacional, adelantó el curso mencionado con el fin de superarse social y académicamente.

Señala que dicha formación fue ofrecida en razón del contrato celebrado entre la UNAD y la alta consejería accionada, esta última, encargada de los costos de su educación.

Advierte que tras cumplir con los requisitos académicos, allegó la documentación correspondiente para graduarse; empero la universidad le informó que ello no era posible porque “la ACR no ha cancelado la totalidad de [su] preparación”, por su parte, la antedicha entidad le informó que el no pago respondió a que la prenombrada institución educativa “no presentó las cuentas de cobro a tiempo”.

Pide, por tanto, que se le otorgue el título que lo “acredita como profesional” y que se cancele el valor de la deuda registrada a su nombre (fls. 4 y 5, cdno. 1).

La sentencia impugnada

El juez constitucional de primer grado concedió el amparo reclamado porque estimó que se vulneró el derecho a la educación del peticionario, y para sustentar esa conclusión expuso que estaba acreditada la existencia del convenio a que aludió la demanda de tutela, suscrito entre la UNAD y la alta consejería acusada, así como el incumplimiento de esta última en el pago de los gastos académicos del accionante.

Ordenó entonces, que la ACR, “previa coordinación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, (...), cancele los rubros adeudados a la entidad universitaria, en razón a los estudios realizados por el señor Hernán Correa Gómez (...), incluyendo los costos por derechos de grado”.

La impugnación

La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Atados en Armas, recurrió el fallo que viene de memorarse con sustento, en síntesis, en que en virtud de un convenio celebrado con la Organización Internacional para las Migraciones, canceló cinco de los seis semestres adelantados por el actor, acuerdo que considera fue desconocido por el tribunal. Agregó que no está legalmente obligada a realizar los pagos que se le demandan, máxime si nunca existió rubro alguno de la entidad, destinado a sufragar la formación del peticionario.

En adición, expresó que el contrato suscrito con la UNAD tuvo como objeto únicamente desarrollar el programa de educación básica y media” y no tecnológica como fue la seguida por el gestor; además, la relación contractual terminó con la liquidación efectuada el 28 de octubre de 2008, acto en el que “las partes declaran estar a paz y salvo por concepto de las obligaciones”.

Por último, aduce que el artículo 67 de la Constitución Nacional dispone que la educación será gratuita en las instituciones del Estado “sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”, motivo por el que corresponde a la UNAD determinar si el actor cuenta con ingresos para solventar las deudas que tiene a su cargo en ese establecimiento educativo. Al punto precisó que “por concepto de apoyo económico a la reinserción” le ha suministrado al accionante la suma de $ 20.676.000 desde enero de 2008 hasta octubre de 2011 (fls. 81 al 84, cdno. 1).

Consideraciones

1. La acción de tutela es un instrumento jurídico previsto para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, de particulares. Por su carácter residual sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. En relación con el derecho a la educación, el artículo 67 de la Constitución Política establece que es una prerrogativa de la “persona” y un “servicio público” que tiene una función social, pues permite obtener acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, bajo el respeto de los derechos humanos, de la paz y de la democracia.

Dicho precepto constitucional agrega que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema Inspección y vigilancia del sistema educativo con el fin de velar por la optimización de la calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la formación moral, intelectual y física de los educandos.

En cuanto al otorgamiento del título, la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que “hace parte del derecho fundamental a la educación, puesto que no será suficiente con adquirir el saber determinado impartido por la institución de educación superior si el educando no cuenta con el medio institucional para acreditarlo (...)” (Sent. T-807/2003).

Frente a este último aspecto, importa destacar que la Ley 30 de 1992, en el artículo 24 establece que:

“El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una institución de educación superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma.

“El otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel de conformidad con la presente ley”.

Conforme a lo expuesto, es evidente que la entrega del diploma correspondiente hace parte del núcleo esencial del derecho a la educación, presupuesto condicionado a que el estudiante haya cumplido la totalidad de los requisitos establecidos por los entes educativos, condiciones que se imponen en virtud de la facultad de autorregulación que esos entes tienen.

3. Ahora, en torno a la particular situación del accionante, de quien se encuentra acreditada su condición de “reinsertado”, es pertinente indicar que la Corte Constitucional en Sentencia T-719 de 2003, tras interpretar el Decreto 1385 de 1994, por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios a quienes abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas y la Ley 418 de 1997, mediante la cual se consagran instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, esta última reglamentada en materia de reincorporación a la sociedad civil, por el Decreto 128 de 2003, sostuvo que un individuo denominado así o, “desmovilizado, es el que abandona el grupo armado al margen de la ley al que pertenece y se entrega voluntariamente a las autoridades estatales competentes para, después de un determinado procedimiento, reincorporarse a la vida civil.

Además, expuso que quien así obra, “manifiesta con su actuar —si es de buena fe— un compromiso claro y personal con la resolución pacífica del conflicto armado, que pretende materializar en su propia situación particular”, entonces, al expresar su voluntad de abandonar la violencia, esa persona contribuye a la reconstrucción de la paz, la cual es “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y, por tanto, “su condición debe ser objeto de especial atención por parte de todas las autoridades estatales”.

De lo anterior se colige que, en el caso particular, el peticionario resulta ser una persona que requiere “especial atención”, circunstancia que, según el pronunciamiento constitucional que se sigue, conduce a que las autoridades deban obrar frente a él de manera diligente e interpretar “el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, que refleje la intención del constituyente y busque preservar, ante todo, el goce de sus derechos fundamentales”. Tal calidad también entraña que “cuando exista más de una entidad pública con competencia para atender los requerimientos de uno de estos sujetos de especial protección, su deber general de coordinación ha de ser cumplido con particular cuidado, para que no se impongan a dichas personas cargas administrativas innecesarias que pueden —y deben— ser asumidas directamente por las entidades públicas implicadas”.

4. Aunado a lo descrito, es necesario expresar que en la tarea de la “búsqueda de la paz”, las autoridades estatales no sólo han fijado objetivos, sino que han diseñado una política pública con fórmulas concretas para su consecución, entre las cuales se encuentran, como ocurre en el presente caso, a manera de ejemplo, la celebración de contratos con el objetivo principal de educar “diversas comunidades marginadas, como el caso de las personas desmovilizadas en el proceso de reintegración” (fls, 15 al 21, cdno. 1), medida que puede calificarse como adecuada para favorecer la reintegración a la sociedad de los desmovilizados, ya que le brinda a dichas personas la posibilidad de realizar estudios y, por consiguiente, de capacitaras para el mercado laboral.

Se destaca entonces que fórmulas como la descrita, deben vincular a todos los organismos públicos y con mayor razón a las universidades, dado que éstas “tienen un compromiso especial con la paz, pues dentro de sus fines institucionales so encuentra la promoción de valores como la tolerancia, el entendimiento y la confrontación pacífica de ideas, así como la investigación acerca de los problemas del país y de las mejores fórmulas para su solución (Sent. T-441/97)

5. Sentado lo anterior, es claro que la pretensión del accionante, relativa a obtener la protección del derecho fundamental a la educación debe salir avante, pues de acuerdo a lo memorado, dicha prerrogativa en la actualidad se encuentra lesionada si se tiene en cuenta que, so pretexto de la falta de pago de ciertos emolumentos causados por virtud de sus estudios, no se le ha conferido el título que acredita la culminación del programa educativo que adelantó en la UNAD.

Adicionalmente, de las copias obrantes en el expediente se establece, como antes se dijo, que entre dicho establecimiento educativo y la alta consejería acusada existió un contrato interadministrativo que tuvo como objeto la educación de los reinsertados”, convenio respecto del que no resulta relevante argüir que fue celebrado sólo con el fin de brindar educación básica y media y que ya fue liquidado previa declaración de paz y salvo por parte de los contratantes, pues, de un lado, dicha consejería aceptó que en virtud del mencionado convenio el accionante estaba inscrito en esa institución, y se entiende que lo estaba hasta la culminación de sus estudios, razón por la que canceló cinco semestres y, de otro, la citada dependencia no negó las deudas que por el mismo concepto que ahora reporta esa universidad.

Como atrás se expuso, no es admisible que las entidades públicas no atiendan la obligación de propender por el disfrute real de las garantías fundamentales de los sujetos que merecen “especial atención” del Estado, con el argumento de que los gastos corresponden a una entidad con la que se subcontrató, en este caso la Organización Integral para las Migraciones —OIM—.

Por otra parte, es necesario resaltar que para proteger la garantía aquí discutida, la orden que se habrá de impartir no puede ser simplemente el pago de los emolumentos debidos a la UNAD, pues dicha institución también tiene un compromiso de orden constitucional y contractual con la formación del gestor, por lo que no puede eximirse del mismo sobre la base de la obligación insoluta que en este momento la alta consejería tiene con ella.

Debe indicarse que aun cuando no se desconoce la facultad que tienen los establecimientos educativos de efectuar ciertos cobros por la prestación del servicio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “resulta desproporcionado hacer que las deudas contraídas por dichos conceptos limiten el derecho a la educación. Conclusión que se refuerza si se atiende a que para la protección de los intereses económicos de las universidades, éstas “cuentan con las vías judiciales ordinarias, a efecto de lo cual pueden también exigir la constitución de garantías para asegurar el pago de los préstamos o créditos que otorguen (Sent. T-720/2009)

Así las cosas, para proteger el derecho a la educación del actor, basta con disponer que se le otorgue a éste el título que demanda y al que tiene derecho, y que las entidades aquí acusadas resuelvan, a través de las vías pertinentes, el tema relativo a la deuda generada por razón de los estudios del señor Correa.

6. Desde esa perspectiva, se concluye que el fallo impugnado habrá de ser modificado, en el sentido de conceder el amparo al derecho fundamental a la educación del accionante y, en consecuencia, ordenar a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD— que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del conocimiento de esta providencia, previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y académicos establecidos por ella, proceda a otorgarle al actor el título académico del programa al que se encuentra inscrito.

Dentro del mismo término establecido anteriormente la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas —ACR— y la UNAD deberán proceder a conciliar los saldos insolutos por concepto de la formación del peticionario, y, en su caso, acordarán los mecanismos para su cancelación, previa presentación de las cuentas de cobro por parte de ese establecimiento educativo, ello sin perjuicio de que en caso de desacuerdo acudan a los mecanismos que corresponda para que se haga efectiva la obligación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas, para ordenar a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD— que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del conocimiento de esta providencia, previa verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y académicos establecidos, proceda a otorgarle al actor el título académico del programa al que se encuentra inscrito.

Dentro del mismo término establecido anteriormente la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas —ACR— y la UNAD deberán proceder a conciliar los saldos insolutos por concepto de la formación del peticionario, y, en su caso, acordarán los mecanismos para su cancelación, previa presentación de las cuentas de cobro por parte de ese establecimiento educativo, ello sin perjuicio de que en caso de desacuerdo acudan a los mecanismos que corresponda para que se haga efectiva la obligación.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a quo y a los demás intervinientes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez.