Sentencia 2011-00400 de abril 17 de 2013

 

Sentencia 2011-00400 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Referencia: 110010325000201100400 00

Número interno: 1508 - 2011

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: José Elías Morón Paba

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Para resolver, se

Considera

El problema jurídico gira en torno a establecer la legalidad de los actos proferidos el 27 de octubre y 12 de noviembre de 2010 por la oficina de control disciplinario interno Meval y por el inspector regional seis, por medio de los cuales fue destituido del cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de 10 años. Así mismo, de la Resolución 4155 de 17 de diciembre del mismo año, expedida por el Director General de la Policía Nacional, mediante la cual se ejecutó la sanción.

Antes de entrar al estudio del fondo del asunto, se procede a resolver las excepciones propuestas por la entidad demandada.

1. La jurisdicción contenciosa administrativa no es una tercera instancia.

Considera la entidad, que la jurisdicción contenciosa administrativa no es una tercera instancia para dirimir controversias surgidas por sanciones disciplinarias.

Al respecto, es necesario precisar que si bien el proceso que se tramita dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa no es una nueva instancia para resolver sanciones impuestas en el curso de un proceso disciplinario, en la que se reabra el debate probatorio y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la investigación, sí es pertinente el control judicial a través de la mencionada jurisdicción cuando se trate de realizar un estudio sobre la actuación de la entidad, encaminado a verificar si se respetaron y garantizaron los derechos del investigado conforme al debido proceso, de esta forma lo ha establecido la jurisprudencia en innumerables ocasiones.

Sobre el particular, ha dicho esta corporación(1):

“(...) El control de legalidad y constitucionalidad sobre las decisiones disciplinarias de los actos de la administración confiadas a la jurisdicción contenciosa administrativa no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba, como si se tratara de una tercera instancia, dado que el control judicial implica una especialidad y depuración del debate.

De otro lado, tampoco puede afirmarse que los actos de juzgamiento disciplinarios son intangibles e invisibles al control jurisdiccional, porque la revisión de legalidad se realiza pero con las restricciones señaladas (...)”.

En el asunto puesto a consideración de la Sala es claro que lo pretendido por el actor es demostrar que se ha vulnerado el debido proceso dentro del trámite efectuado por la Policía Nacional, por lo que la excepción propuesta no está llamada a prosperar.

2. Cosa juzgada.

Aduce la entidad demandada que el proceso disciplinario terminó cuando el fallo de segunda instancia quedó ejecutoriado, por lo cual no es viable debatirlo nuevamente. Lo contrario, conllevaría la vulneración del principio non bis in idem.

No asiste razón a la entidad demandada y por lo mismo no prospera esta excepción teniendo en cuenta que lo estudiado en el proceso disciplinario es la conducta del actor y si con ella se incurrió en una falta disciplinaria, mientras que el objeto del proceso de nulidad y restablecimiento es el examen de la actuación adelantada, con el fin de establecer si se violó el debido proceso o si los actos que pusieron término a la actuación, están afectados por alguna de las causales señaladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, de manera pues que al ser tan diferentes los objetos perseguidos por las acciones no es posible hablar de cosa juzgada.

Dilucidado lo anterior, se entrará al examen de los cargos propuestas por el actor, así:

Vulneración del debido proceso

a. Falta de imputación provisional de la falta disciplinaria en el auto de apertura de indagación preliminar.

Alega que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa por cuanto en el auto que ordenó la indagación preliminar no se realizó una imputación provisional de la falta disciplinaria investigada.

Con el objeto de establecer tal inconformidad, es necesario remitirse al Código Único Disciplinario, contenido en la Ley 734 de 2002, para determinar la finalidad de la indagación preliminar. Dicha norma textualmente dispone:

“(...) La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar (...)”.

Conforme a la norma transcrita, su propósito consiste en comprobar la existencia de una conducta y verificar si esta constituye o no falta disciplinaria, sin que sea un requisito establecer provisionalmente una imputación, más aún si se tiene en cuenta que su realización no es obligatoria pues se trata de una de las tres causales establecidas para adelantar la indagación, de acuerdo con el artículo 152 de la Ley 734 de 2002.

En el presente asunto, mediante auto de 5 de julio de 2010(2) se dispuso la apertura de la indagación preliminar para determinar las circunstancias que rodearon los hechos acontecidos el 2 de julio del mismo año y la presencia de los señores Eduar Padilla Carrasquilla y José Elías Morón Paba en el establecimiento donde se presentó el evento. Al respecto, en la citada providencia se consideró:

“(...) Corresponde a este despacho, de acuerdo a los acontecimientos conocidos por los medios informativos antes descritos, realizar las actividades y diligencias preliminares tendientes a esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon los hechos ocurridos, así mismo, verificar respecto de las actividades que cumplían para el momento de su ocurrencia, los policiales Padilla y Morón, así como los motivos de su presencia en el lugar donde ocurrieron estos acontecimientos (...)”.

El 6 de agosto de 2010 la oficina de control interno Meval ordenó vincular a los señores antes referidos al considerar que eventualmente podrían verse inmersos en la comisión de una conducta que podría calificarse como falta disciplinaria(3). En efecto, en esta etapa preliminar del procedimiento lo que se busca es verificar si efectivamente se cometió una falta e identificar a los posibles responsables, para posteriormente decidir si se inicia la investigación disciplinaria y se imputan cargos a los investigados. Por esta razón mediante auto de 22 de septiembre de 2010(4) se ordenó dicha apertura. En cuanto a la imputación de haber incurrido presuntamente en la falta disciplinaria establecida en el artículo 34 del reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, contenido en la Ley 1015 de 2006. Tal decisión fue notificada al actor en la misma fecha(5), con el fin de que ejerciera su derecho de defensa.

Por lo anterior, no le asiste razón al demandante pues no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa.

b. Práctica de pruebas.

Aduce el actor que todas las pruebas recaudadas dentro del proceso disciplinario fueron practicadas por funcionarios comisionados dentro de la misma sede, con lo cual se transgredió el principio de inmediación de la prueba.

Al respecto, es necesario precisar que la normatividad aplicable en materia disciplinaria para los servidores de la Policía Nacional, es el contenido en la Ley 1015 de 2006, no obstante al no estar regulada la comisión, por remisión expresa del artículo 58, es aplicable la Ley 734 de 2002, que en su artículo 133, textualmente establece:

“El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.

En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de la misma y el término para practicarlas.

El comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitará ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo cual se dejará constancia.

Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica de las pruebas.

El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario para la práctica de las pruebas, los demás servidores públicos de la procuraduría solo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia”.

La norma transcrita faculta al funcionario competente para comisionar la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior categoría de la misma entidad y en su último inciso establece que los servidores de la procuraduría pueden comisionar pero únicamente cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado forme parte de la dependencia que adelanta la investigación.

Sin embargo, se observa que la norma referida no hace ninguna manifestación, en relación con los demás funcionarios que gozan del poder disciplinario, por lo que dicha disposición debe analizarse a la luz del artículo 2º de la Ley 734 de 2002, la cual establece que sin perjuicio de la facultad disciplinaria de la procuraduría, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno conocer de los asuntos disciplinarios, de lo cual se colige que es aplicable a los demás titulares de la acción disciplinaria.

Ahora bien, observa la Sala que el numeral quinto de la parte resolutiva de providencia de 5 de julio de 2010, dispuso:

“(...) Para que cumpla la función de funcionario comisionado dentro del presente, nómbrese al señor Subintendente Jhon Fredy Pineda Ospina, quien además queda facultado para practicar las demás pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión y que sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos, tal como lo faculta el artículo 133 de la Ley 734 de 2002 (...)”.

De los documentos obrantes en el expediente disciplinario, se evidencia que el Subintendente Jhon Fredy Pineda Ospina era un funcionario de la oficina de control disciplinario interno Meval, quien adelantaba la investigación, por tanto la designación del señor Pineda Ospina como comisionado no vulnera la normativa.

Así se demuestra en constancia de 6 de julio de 2010(6), en acta de diligencia de declaración del señor Néstor Raúl Cepeda Cifuentes(7) y de Luis Eduard Ramírez Bermon, y en general en las pruebas obrantes en el expediente, practicadas dentro de la indagación preliminar, donde el comisionado firmó como funcionario de la mencionada oficina.

c. Inobservancia del artículo 27 de la Ley 1015 de 2006.

Señala el demandante, que la Ley 1015 de 2006 estableció como requisito de procedibilidad para iniciar la acción disciplinaria, que el comité de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes, una vez tenga conocimiento de una queja o informe, haga un estudio previo y con base en ello decida si tomar acciones preventivas o por el contrario llevar a cabo la acción.

Para efectos de resolver, es imprescindible realizar un estudio sobre los antecedentes de los comités de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes.

El artículo 27 de la Ley 1015 de 2006 consagró los medios para encauzar la disciplina con el fin de mantener el buen funcionamiento de la institución policial, y en su parágrafo estableció que el director general crearía un comité para la recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes en cada una de las unidades donde se ejerce la atribución disciplinaria. En uso de dichas facultades, profirió la Resolución 2974 de 5 de mayo de 2006, la cual fue derogada por la Resolución 1748 de 25 de mayo de 2007, y esta última a su vez, fue derogada por la Resolución 4647 del 27 de octubre de 2008, la cual se encuentra vigente a la fecha.

La Resolución 4647 de 27 de octubre de 2008, en el parágrafo del artículo 7º, textualmente señala:

“Los funcionarios con atribuciones disciplinarias iniciarán inmediatamente la acción disciplinaria, sin necesidad de trámite previo ante los comités de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes (Craet), cuando se trate de hechos de público y notorio conocimiento que afecten gravemente la disciplina de la Policía Nacional. No obstante, posteriormente rendirá un informe de los hechos y las actuaciones adelantadas al respectivo presidente del comité”.

En el asunto puesto a consideración, se cumplen los requisitos establecidos en la norma para iniciar la acción disciplinaria sin necesidad del trámite previo ante el comité. En efecto, los hechos que dieron origen a la investigación fueron de público y notorio conocimiento y afectaron gravemente la disciplina de la institución. Obra en el expediente copia de un periódico en el que se publicó la noticia con el titular “Noche de pesadilla dejó 8 muertes en Envigado”(8), lo que demuestra no solo la gravedad de los hechos que afectaron la disciplina de la Policía Nacional, pues hubo un presunto incumplimiento de los deberes de los servidores que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, sino que prueba que las circunstancias que rodearon los sucesos fueron de público conocimiento.

Ahora bien, en la última parte del artículo transcrito se dispone que los funcionarios que adelantaron la acción disciplinaria deben presentar un informe ante el presidente del comité sobre los hechos y actuaciones adelantadas. En el expediente no se encuentra documento alguno que permita establecer que se cumplió con este requisito, no obstante aun si no se hubiere enviado el informe, la decisión contentiva en los fallos proferidos por la entidad demandada no cambiaría su sentido, pues el desconocimiento de tal disposición no tiene la fuerza para viciar los actos acusados, pues se trata de una actuación de simple trámite. Por lo anterior, no está llamado a prosperar este cargo.

d. Términos de la audiencia disciplinaria.

El actor indicó que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que la audiencia disciplinaria se efectuó al segundo día hábil siguiente de ser notificada, con lo que se transgredieron los preceptos legales y constitucionales.

El artículo 177 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época en que se adelantó la investigación, establecía:

“Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o prueba pendientes (...)”.

Observa la Sala, que la entidad demandada mediante providencia de 22 de septiembre de 2010(9) citó a audiencia a los investigados dentro de los dos días siguientes a la notificación, para que rindieran versión libre sobre las circunstancias de la comisión de presunta falta y se practicaran las pruebas solicitadas por el investigado y las ordenadas de oficio, con lo cual se cumplió con lo establecido en la norma transcrita, por cuanto se realizó la diligencia dentro del término y se adelantaron las diligencias allí establecidas.

En consecuencia, no le asiste razón al actor al manifestar que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto del proceso adelantado por la Policía Nacional, se demuestra que los investigados tuvieron la oportunidad de nombrar apoderado, de solicitar el aplazamiento de la audiencia, como en efecto lo hicieron el día de la diligencia(10), de solicitar pruebas y de contradecirlas.

e. Indebida adecuación típica de la conducta.

Alega el señor José Elías Morón Paba que se realizó una indebida adecuación típica de la conducta efectuada, ya que no se determinó para el asunto en concreto la existencia de la ilicitud sustancial, siendo este uno de los tres elementos necesarios para que la conducta constituya falta disciplinaria, junto con la tipicidad y la culpabilidad.

El artículo 5º de la Ley 734 de 2002, al consagrar la ilicitud sustancial, dispone:

“La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.

En el asunto puesto a consideración de la Sala se cumplió con este deber. Así, desde el auto de 22 de septiembre de 2010, mediante el cual se citó a audiencia a los investigados fue estipulada en los siguientes términos:

“(...) resulta necesario indicar que de las diligencias arrimadas al cuaderno preliminar, se deslinda que había una sección de la estación de policía Envigado disfrutando de permiso de cinco días por elecciones autorizado por la dirección general y el comando del departamento, debido al servicio prestado en el plan electoral, lo que supone desde luego que el personal que se quedaba a responder por la seguridad en la estación y su jurisdicción, obviamente debía realizarlo con mayor dedicación y entrega, con verdadero sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la misión institucional, al punto de duplicar su actividad laboral para así cumplir no solo con la obligación asignada sino además cumplir con la tarea de los integrantes de la escuadra que se encontraba en situación administrativa de descanso (...)”.

Así mismo, en la misma providencia, se indicó:

“(...) el comportamiento que asumieran los policiales patrulleros José Elías Morón Paba y Eduar Emilio Padilla Canchila, se encontraba bastante lejos del deber ser, sentido de pertenencia hacía la misionalidad institucional y lo más importante alejados del cabal cumplimiento como servidores públicos del Estado, al no garantizar cabal cumplimiento en su situación de disponibilidad y por el contrario realizar conductas que atentaran contra la institucionalidad establecida en el artículo 218 de nuestra Carta Magna (...)”.

Los apartes transcritos demuestran que la Policía Nacional efectuó un análisis concienzudo y suficiente sobre la afectación al servicio causada por la conducta del demandante. Dentro del referido auto, además, se determinó que si los dos policiales no se hubieran encontrado ingiriendo alcohol, estarían en la capacidad de prestar apoyo cuando ocurrieron los hechos.

Adicionalmente, consideró el actor que no se incumplió el deber funcional, comoquiera que no se encontraba en servicio, y el cargo que se le imputó consiste en consumir bebidas alcohólicas mientras se esté en dicha situación.

Sobre el particular, la Policía Nacional dentro de la audiencia de evaluación y lectura del fallo de primera instancia, aseveró:

“(...) el comportamiento asumido por los policiales aquí encartados, indiscutiblemente eclipsó sus atribuciones, puesto que ninguno de los investigados se encontraba en una situación administrativa tal que nos pudieran llevar a inferir que podían disponerse a realizar actividades diferentes al deber ser de la actividad policial, tales como dirigirse a departir y consumir licor en una situación diversa a la franquicia, pues tal y como se ha indicado, los uniformados fueron retirados a reposar, para posteriormente, entrar a retomar actividades propias del servicio de policía, de tal suerte que no entiende ni comparte este despacho, la actitud asumida por ambos uniformados, que superando sus atribuciones, olvidándose del deber ser de la función institucional, se dispusieron a realizar otro tipo de acciones que nada tenían que ver con la actividad de policía en momentos en que se encontraban en calidad de disponibles, al respecto, no puede pasarse por alto que únicamente en situaciones administrativas tales como franquicia o vacaciones, tienen una connotación tal que permiten que el policial pueda realizar con tranquilidad aquellas actividades personales, familiares y demás en busca de una satisfacción personal o similar, no así sucede en el caso de la disponibilidad , puesto que esta situación administrativa especial, obliga a que los funcionarios de policía a pesar de no hallarse en desarrollo de un servicio de policía como tal, deben encontrarse en circunstancias en las cuales puedan apoyar una labor de policía en el evento en que sea requerida (...)”.

Lo anterior permite afirmar que la entidad tuvo en cuenta la situación descrita por el actor, y consideró que a pesar de que el investigado no estaba en turno, tal y como se demostró con las minutas y las pruebas obrantes dentro del expediente, pues entregó su armamento a las nueve de la noche aproximadamente, debía estar en reposo para poder recibir el siguiente turno, es decir, a las siete de la mañana, en buenas condiciones físicas. Adicionalmente, consideró que debía encontrarse en situación de disponibilidad para atender cualquier situación que pudiera presentarse, de conformidad con el artículo 73 del reglamento del servicio de policía, contenido en la Resolución 912 del 1º de abril de 2009, disposición que incumplieron los investigados, por cuanto se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Así mismo, afirmó el demandante que se vulneró el debido proceso, por cuanto no se estableció si la conducta típicamente culpable se realizó con ocasión del incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones o violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.

No obstante, observa la Sala que la Policía Nacional desde el principio de la investigación disciplinaria, estipuló que la falta disciplinaria se originó por el incumplimiento de los deberes propios de los policiales. En efecto, en auto de 22 de septiembre de 2010 se manifestó:

“(...) véase que ante una eventualidad, incluso ante la misma eventualidad que origina este proceso, bien habría sido necesario llamar al personal que se encontraba reposando para coadyuvar con la atención del caso, nótese que no nos encontramos ante un motivo de policía absolutamente especial, en la hipotética necesidad de acudir a un apoyo por parte del personal que se encontraba descansando luego de terminar su tercer turno de vigilancia, de hallarse policiales consumiendo licor o bajo efectos del mismo, desde luego no habrían estado en condiciones físicas de apoyar a las unidades en servicio y el estado representado en los institucionales, no estaría en capacidad de cumplir con su deber constitucional y legal (...)” (resalta la Sala).

En el mismo sentido, la entidad se refirió en el fallo de primera instancia al incumplimiento del deber en los siguientes términos:

“(...) este despacho considera que en efecto los policiales aquí encartados, actuaron de una manera abiertamente irregular en lo que al desarrollo de su labor y calidad de funcionarios de policía respecta, y es este comportamiento, esta actitud es la que da lugar a su vinculación formal a este proceso y por ende, a considerar la necesidad de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes a fin de reencausar la disciplina policial quebrantada con el comportamiento de los institucionales investigados, dado que actuaciones como las de los aquí investigados desdicen en gran manera de la responsabilidad con la cual asumen el deber ser del servicio de policía (...)”.

Aduce además, que la entidad que adelantó la investigación desconoció su hoja de vida, los descargos rendidos y las pruebas practicadas, las cuales permiten establecer la inexistencia de la falta endilgada.

Al respecto, se observa que al momento de tazar la sanción, la entidad demandada analizó el historial del demandante dentro de la institución. El artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 establece que para las faltas gravísimas dolosas la sanción deberá ser destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por un término entre 10 y 20 años, en razón a ello, la entidad fijó la sanción de inhabilidad por 10 años. En fallo de primera instancia, señaló:

“(...) el PT. Morón Paba cuenta a su favor con un criterio favorable relacionado con su buena conducta anterior (40-1-e); así mismo en lo que podríamos llamar circunstancias desfavorables, no le concurre ninguna de las establecidas (...)”.

Por otra parte, manifiesta que no se demostró su responsabilidad, pues las pruebas allegadas y practicadas en el curso del proceso prueban su inocencia, afirmación que no es de recibo, pues fue el mismo actor quien en la versión libre y espontánea que rindió, aceptó su responsabilidad en los siguientes términos:

“(...) Yo lo que deseo es ratificarme en la versión libre que rendí en la indagación preliminar que fue amplia y extendida, solamente quiero agregar lo siguiente y es que para ese día yo me encontraba perfectamente y en buenas condiciones para prestar un buen servicio y que no me encontraba bajo el efecto del licor, así como es de costumbre en la policía me ha tocado servicios de 09:00 de la noche a 07:00 de la mañana que es un cuarto primer turno y el ese mismo día me ha citado a las 11:00 en cualquier eventualidad como estadio, preliminar de partidos y eso no quiere decir que estoy en malas condiciones para prestar el servicio, quiero aclarar lo que aparece en el expediente de que no he tenido sanciones, no he tenido investigaciones disciplinarias, tengo felicitaciones del comando, menciones honoríficas de la cual tengo dos pero solo figura una, no entiendo porque me están investigado porque me encontraba consumiendo licor en servicio, porque no lo estaba, estaba totalmente de civil, vuelvo y reitero, tengo claro que me tomé esa noche una Costeñita porque sabía que el otro día me tocaba recibir turno (...)” (resalta la Sala).

Ahora bien, aún cuando no obra en el expediente prueba de alcoholemia alguna realizada al demandante y los testimonios rendidos no son concluyentes en relación con la ingesta de alcohol, en el aparte transcrito se muestra que confesó haber consumido licor. Cabe resaltar que la falta no exige una cantidad determinada para su configuración, sobre el particular señaló la Policía Nacional lo siguiente:

“(...) es necesario indicar que el tipo disciplinario enrostrado al policial como infringido, lo constituye, entre otras, el hecho de haber consumido licor, situación que para este despacho, se encuentra evidenciada en el recaudo material probatorio allegado al proceso, no necesariamente se requiere, tal y como se ha indicado en el acápite anterior, que el investigado se encuentre bajo efectos evidentes del mismo (...)”.

En relación con los descargos, el actor manifestó que no fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada. Para efectos de resolver sobre la inconformidad, se tiene que en audiencia de 29 de septiembre de 2010(11) le fue puesto en conocimiento el cargo imputado en su contra, respecto a lo cual, declaró:

“No, yo considero que no lo he infringido porque si es por estar a esas horas donde me encontraba, que ya me iba a dormir porque tenía en cuenta que tenía que trabajar, recibir turno a las 07:00 de la mañana, reitero, porque me encontraba departiendo, bailando, no quiere decir que esta(sic) consumiendo licor y yo sé que con el tiempo que tenía era suficiente para descansar y presentarme a prestar un servicio en buenas condiciones (...)”.

La entidad demandada analizó tales argumentos y los desestimó al considerar que las pruebas obrantes en el expediente prueban que el actor se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas mientras se encontraba en situación de disponibilidad.

En las anteriores condiciones se concluye que dentro del trámite del proceso disciplinario se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa, y se falló con fundamento en las pruebas legalmente practicadas, por tal razón habrán de denegarse las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda instaurada por el señor José Elías Morón Paba contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, mediante la cual pretendía la nulidad de los actos de 27 de octubre y 12 de noviembre de 2010, proferidos por la oficina de control disciplinario interno y por el inspector delegado regional seis, respectivamente, y de la Resolución 4155 del 7 de diciembre de la misma anualidad, expedida por el Director General de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y una vez en firme este proveído, archívense las presentes diligencias cúmplase».

(1) Sentencia de 16 de febrero de 2012, M.P. Gustavo Eduaro Gómez Aranguren. Radicación: 11001-03-25-000-2009-00102-00. Número interno: 1454-2009.

(2) Folios 32-34, cuaderno 2.

(3) Folios 178-179, cuaderno 2.

(4) Folios 213-250, cuaderno 2.

(5) Folios 251 y 252, cuaderno 2.

(6) Folio 36, cuaderno 2.

(7) Folios 44-48, cuaderno 2.

(8) Folios 1 y 2, cuaderno 2.

(9) Folios 213-250, cuaderno 2.

(10) Folio 263, cuaderno 2.

(11) Folios 266-268, cuaderno 2.