Sentencia 2011-00402 de octubre 3 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 630011102000 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Proyecto registrado el 2 de octubre de 2012

Aprobado según Acta de Sala Nº 085

Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer el recurso de apelación presentado contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(13)y 59 de la Ley 1123 de 2007(14); ahora bien, establecida la calidad de abogada en ejercicio de la disciplinada, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

En la diligencia de calificación jurídica provisional, el magistrado de primera instancia imputó a la abogada Norma Patricia Medina Mayorga la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, que reza:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

En este orden de ideas, procede esta Sala a establecer si la conducta desplegada por la profesional del derecho investigada, se adecua al tipo disciplinario imputado y si se encuentra demostrada su responsabilidad en el grado de certeza requerido, para poder proferir fallo sancionatorio en su contra(15).

En primer lugar, es importante aclarar que no es el juez un convidado de piedra con la simple función de aprobación de la aceptación de cargos u observador de la confesión, sino que debe auscultar la realidad probatoria evidenciada en el proceso en orden a determinar si la prueba obrante es la necesaria para sancionar, es decir, si esa prueba conduce a la certeza de la falta disciplinaria y a la responsabilidad del procesado, pues de lo contrario podrían resultar sancionadas personas inocentes que de una u otra manera han optado por aceptar los cargos, con el objeto de resolver su situación jurídica mediante un procedimiento rápido.

Entonces, necesario es, que se establezca que las conductas imputadas se encuentren fehacientemente demostradas en el cuadro probatorio acopiado al expediente, y que las mismas comporten las características o elementos estructurales del tipo disciplinario que son la tipicidad, ilicitud y culpabilidad, para luego de ello, sí poderlo declarar responsable de la falta que se le imputó.

Teniendo en cuenta lo anterior y descendiendo en el asunto sub examine, se estableció que la señora Silvia Elena Navarro Carcamo confirió poder a la letrada Norma Patricia Medina Mayorga para que en su nombre y representación, adelantara proceso de divorcio contencioso de matrimonio civil y liquidación de la sociedad conyugal contra José Julián Rojas Garzón.

Con base en el anterior mandato, el 18 de julio de 2011 la profesional del derecho presentó la demanda de divorcio correspondiente, invocando las causales previstas en los numerales 1º —relaciones sexuales extramatrimoniales—, 2º —grave e injustificado incumplimiento de los deberes— y 3º —ultrajes, tratos crueles y maltratos— del artículo 154 del Código Civil. Y entre las pruebas allegadas con la demanda, obraba un CD con un video de contenido sexual (2:03 min.) y grabación de audio (9:59 min.). Así mismo, se anexaron unos mensajes electrónicos de contenido amoroso y unas fotografías íntimas para probar la relación extramatrimonial existente entre el demandado y la señora Luz Mary Pareja Linares.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero de Familia de Armenia, que mediante auto del 29 de julio de 2011 la admitió y decretó medidas provisionales y cautelares, ordenando además notificar al demandado.

El 1º de septiembre de 2011, el señor Rojas Garzón se notificó personalmente de la demanda y a través de apoderado, interpuso recurso de reposición contra el

auto admisorio y el día 15 siguiente, la contestó.

En auto del 24 de octubre de 2011, se resolvió el recurso impetrado por la parte demandada.

El 8 de noviembre de 2011, la señora Luz Mary Pareja Linares, impetró queja disciplinaria en contra de la togada Medina Mayorga al estimar que allegar el CD con la grabación del video con contenido sexual al proceso de divorcio, constituye una afrenta a su intimidad y por ende se configura un delito así como una falta disciplinaria por parte de la citada profesional.

No obstante lo anterior, la togada disciplinada en el curso de la primera instancia, indicó que su intención no fue ultrajar o deshonrar a la denunciante, sino demostrar la causal de divorcio alegada por su mandante, razón por la cual no aceptó los cargos imputados por el a quo ni confesó la comisión de la falta imputada en el pliego de cargos, indicando que nunca calificó la actuación de la quejosa y que solo buscaba establecer una relación entre esta y el demandado.

Sin embargo, luego de la audiencia de pruebas y calificación provisional, la disciplinada allegó memorial aceptando los cargos, circunstancia que como se dijo no es suficiente por sí sola para confirmar el fallo recurrido, siendo deber de esta superioridad analizar el acervo probatorio recaudado para establecer si se encuentra demostrado en el grado de certeza requerido no solo la materialidad de la conducta irrogada por el a quo, sino también la responsabilidad de la jurista investigada.

Así las cosas, es necesario recalcar que la Sala de primera instancia estimó que la profesional del derecho investigada incurrió en la citada falta disciplinaria al

aportar a la demanda de divorcio, el CD en el cual aparece Luz Mary Pareja Linares enviando un mensaje de índole sexual al señor José Julián Rojas, demandado en el proceso de divorcio, conducta con la cual afrentó e injurió a la citada ciudadana.

En este orden de ideas, debe indicarse que sobre la falta disciplinaria prevista en el artículo 50 del Decreto 196 de 1971, hoy recogida por el canon 32 de la Ley 1123 de 2007, esta superioridad de antaño ha señalado que protege el debido respeto que debe tenérsele a los colegas, a quienes participan en los asuntos profesionales de los abogados, como son (peritos, testigos, auxiliares de la justicia, la contraparte, los clientes) y obviamente a la administración de justicia, representada por los órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos asuntos sometidos a su consideración.

Así mismo, se ha indicado que la injuria es conocida como la imputación deshonrosa que una persona hace a otra(16), perjurando no solo su dignidad sino la estimación de la que goza en el espacio donde se desenvuelve. La jurisprudencia(17)ha señalado cuatro requisitos para que se configure el delito de injuria, a saber:

1) Que una persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso;

2) Que el imputador tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho;

3) Que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona y,

4) Que el imputador tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona.

Igualmente, en consonancia con la jurisprudencia de las demás Cortes, la Sala reiteradamente ha señalado que el animus injuriandi se constituye en elemento subjetivo indispensable para que se configure la falta prevista por el artículo 50 del Decreto 196 de 1971 hoy recogida por el canon 32 de la Ley 1123 de 2007, potencialidad de ofender, agraviar o deshonrar... Por tanto, se requiere que el agente haya tenido la intención de injuriar y que la conducta realizada posea la capacidad efectiva de agraviar a la persona contra quien va dirigido el hecho ofensor(18)(19)(subrayado y destacado fuera del texto).

Luego entonces, injuria es la imputación que una persona hace a otra de “... un hecho deshonroso, infamante o inmoral”(20)y acusaciones temerarias son las afirmaciones “... de hechos delictivos o ilícitos falsos...”(21), estos son los dos elementos normativos del tipo disciplinario en cuestión.

Sin embargo, se ha dicho también que no toda expresión mortificante o que cause desazón, pesadumbre o molestias al amor propio, puede ser considerada como imputación deshonrosa, jurisprudencialmente se ha señalado que esta “debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que este tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Por esta razón, la labor del juez en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento...”(22).

Por su parte, el buen nombre de una persona tiene que ver con la reputación o el concepto que de la misma tienen los demás y se ve afectado cuando se realizan expresiones ofensivas o informaciones falsas o tendenciosas en su contra que se difundan sin fundamento alguno, distorsionando el concepto público que se tiene de cada individuo.

Y la honra, es un derecho fundamental de todas las personas que se deriva de la dignidad humana y se refiere al criterio que los demás tienen de cada individuo, y que está íntimamente relacionada con las actividades que cada uno despliega.

Pero de forma reiterada la Corte Constitucional ha indicado que tanto la honra como el buen nombre “se ganan de acuerdo con las acciones realizadas por el

individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por

el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social(23)”.

Recalcando que para su adquisición, además del reconocimiento normativo, es necesario el mérito, es decir, el buen nombre se adquiere con un adecuado comportamiento del individuo, por “la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular’, lo que implica que quien lo desee defender deberá haber mantenido ‘un adecuado comportamiento’ que además debe ser ‘debidamente apreciado por la colectividad’. Es entonces el comportamiento (reflejado en los hechos, conductas, actitudes de la persona) que, una vez hecho público (manifestado, conocido por terceros) y evaluado por la colectividad (convertido en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc.) habilita al sujeto, gracias a la existencia de la norma constitucional, para exigir su protección(24)”.

En suma, ciertamente el buen nombre y la honra son derechos fundamentales que deben ser protegidos por el aparato estatal y respetados por los demás ciudadanos, pero no son derechos absolutos, pues dependen del comportamiento mismo del individuo y por lo tanto son denominados “derechos construidos por el titular”(25), es decir, esos derechos son una valoración externa de la manera como cada persona proyecta su imagen, razón por la cual, cada individuo, en pleno ejercicio de su personalidad, es responsable de todos y cada uno de sus actos. Al respecto, la Guardiana de la Constitución anotó:

“... En el pleno ejercicio del desarrollo de la personalidad, cada individuo puede forjarse su identidad y nadie más que él es responsable de su buen nombre. La honra, como la fama son una valoración externa de la manera como cada persona vende su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular, como se dijo, es responsable de sus actuaciones...”(26).

Concepción que también ha sido aplicada por la Corte Suprema de Justicia, al señalar: el derecho a la honra (C.P. art. 21), como aquel derecho fundamental de las personas a recibir una valoración externa (de parte de los demás) correlativa a su realidad (v.gr. personal, social, moral, etc.) integral (llamada honra propiamente dicha), no solo difiere del derecho a hacerse y poseer una valoración intrínseca conforme a sus principios (llamado derecho al honor), sino que se encuentra condicionada a la realidad correspondiente...”(27)(destacado nuestro).

Bajo el anterior panorama, y descendiendo al asunto sub examine es necesario indicar que no es la jurisdicción disciplinaria la llamada a calificar la ilegalidad, ilicitud o inconstitucionalidad de la prueba allegada por la abogada disciplinada al proceso de divorcio, no otra que el CD, que según lo manifestado por la Sala de primera instancia, tiene un contenido sexual y aparece la quejosa, pues ni siquiera se cuenta con el mismo para establecer si efectivamente se vulneró o no derecho alguno de la señora Pareja Linares con su presentación ante el juez.

Tampoco puede esta jurisdicción entrar a verificar si la relación de la señora denunciante y el señor Rojas Garzón estaba legitimada, ante la alegada separación de cuerpos con su esposa, la señora Silvia Elena Navarro Carcamo, demandante en el mentado proceso y cliente de la aquí juzgada.

Los anteriores aspectos tendrán que ser dilucidados por el juez de familia, quien dentro de su autonomía decidirá si tendrá tal video como prueba o no al interior del proceso de divorcio.

Así mismo, debe aclararse que no se reprochó a la letrada Medina Mayorga la consecución de dicha probanza, pues se demostró que el CD le fue entregado por su cliente.

En consecuencia, lo cuestionado a la citada jurista es el hecho de haber presentado como prueba al proceso de divorcio, el CD “de contenido sexual” donde supuestamente aparece la quejosa, conducta que a juicio del a quo, constituye una injuria en contra de la señora Pareja Linares.

En este orden de ideas, es necesario indicar que si en nuestro sistema jurídico existe como causal de divorcio “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”, la cual hace parte del grupo de las denominadas causales subjetivas y de naturaleza contenciosa, por medio de la cual, en palabras de la Corte Constitucional, “se censura el comportamiento del cónyuge infiel, debiendo el cónyuge afectado pasar a demostrar tal hecho ante el juez competente a través de los medios de prueba previstos en la ley procesal”(28), entonces esta superioridad se pregunta ¿Cómo puede probarse tal causal que está ligada a la intimidad de las personas?

Siendo en este punto relevante recordar que en la demanda, la profesional del derecho investigada realizó las siguientes aseveraciones:

“... Mi mandante dice que el demandado señor José Julián Rojas Garzón, dio lugar al divorcio por la causal que contempla la ley civil colombiana en su artículo 154 numeral 1º, y que falto (sic) y falta constantemente a los deberes que la ley le impone como esposo y padre, pues a lo largo de la vida matrimonial el demandado, ha sostenido relaciones sexuales extramatrimoniales con diferentes personas; tal como la señora Consuelo Esperanza Quintero Guerra, con quien tuvo un hijo extramatrimonial Diego José Rojas Quintero nacido el 17 de mayo de 1994 —se adjunta copia auténtica del registro civil; posterior a esa relación y tras darle una nueva oportunidad al demandado para seguir adelante con el matrimonio, se entera la demandante Navarro Carcamo, que también desde hace cinco años sostiene relaciones sexuales extramatrimoniales con la señora Claudia Milena Valencia Suárez... Posteriormente el señor Rojas Garzón regresó al hogar, pero hace poco, una nueva amante del esposo y demandado en esta acción señor Jose Julián Rojas Garzón, apareció en el panorama de la pareja de esposos, esta vez la señora Luz Mary Pareja Linares...”.

Y para demostrar sus afirmaciones, allegó diez fotos, correos electrónicos enviados entre la señora Pareja Linares y el señor Rojas Garzón, el pluricitado “video de contenido sexual —enviado en fecha del 25 de junio de 2011— con una duración de 2.03 minutos, donde la amante Pareja Linares, le narra deseos y situaciones íntimas sexuales al demandado...” y una grabación de audio de una hermana de la quejosa.

Anteriores aseveraciones que en momento alguno fueron desmentidas ni por la quejosa ni por el cónyuge demandado, contrario sensu, se tiene que en la contestación de la demanda se aceptó que “el demandado inició y concretó una convivencia estable o de pareja con la señora Luz Mary Pareja Linares” derivada de la separación de cuerpos por más de dos años con su esposa Silvia Elena Navarro.

Por lo tanto, es un hecho cierto que para la época de la presentación de la demanda, la señora Luz Mary Pareja Linares mantenía una relación extramatrimonial con el señor José Julián Rojas Garzón, a pesar de que este se encontraba casado legalmente con la señora Navarro, por lo tanto, la imputación de “amante” realizada por la disciplinada en la demanda y sustentada con el video aportado, no es falsa.

Tampoco es falso que mantuviesen relaciones sexuales a pesar de que el vínculo matrimonial del demandado seguía vigente y por ende, la quejosa no puede considerar una afrenta a su honra que se hubiese puesto en conocimiento de un estrado judicial tal hecho cierto y menos aún respaldar el dicho con la prueba consistente en una grabación de contenido sexual. Es decir, la imputación realizada por la encartada no puede considerarse como injusta y de esta forma constitutiva de injuria.

Siendo en este caso dado traer a colación lo reiterado por la jurisprudencia nacional, referente a que los derechos al buen nombre y a la honra son el reflejo de la conducta desplegada por cada individuo, por lo que al desconocer las normas sociales, no se puede pretender que tal hecho no sea evidenciado.

Es decir, cuando una persona en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad, decide sostener una relación amorosa con otra que está casada, corre el riesgo de verse avocada a que la intimidad que está compartiendo con esa persona, sea ventilada en un proceso judicial de divorcio, como el que nos ocupa, teniendo en cuenta que tal situación fáctica fue prevista por legislador como causal de divorcio.

Y es que en el escenario procesal de un juicio de divorcio, si bien no se está juzgando o reprimiendo la conducta de la amante, sino la del cónyuge infiel, estas dos personas se arriesgan a que su comportamiento sea sometido a escrutinio judicial, como ya se indicó.

Por lo tanto, la quejosa no puede pretender que por haber puesto de presente su relación sentimental ante un juzgado de familia soportándose en un video, se deba cuestionar a la togada Norma Patricia Medina Mayorga.

Puede ser reprochable procesalmente el aporte de una prueba violatoria de los derechos fundamentales, lo cual podría ser sancionado con la exclusión de la

misma del trámite de divorcio por orden del juez competente, pero no por ello y de forma automática, se irroga reproche disciplinario a la profesional del derecho apoderada de la cónyuge inocente, quien tiene como labor, tal como se dijo anteriormente, entrar a demostrar que el cónyuge culpable incurrió en infidelidad, siendo tarea del juez valorar el hecho y las pruebas aportadas, para establecer si hay o no lugar a la disolución del matrimonio por tal causa, con las consecuencias que ello conlleva.

Y en este punto, esta superioridad quiere ser enfática en que la profesional del derecho no divulgó el video de la quejosa, pues se demostró que solamente lo usó para sustentar la causal de divorcio alegada en su demanda y ante la autoridad judicial competente, es decir, no lo publicó —ni siquiera se allegó a las presentes diligencias— y por ende, no sometió a la señora Pareja Linares al escarnio público, es más, no fue la única “amante” mencionada en la demanda, en cuyo texto, dicho sea de paso, la disciplinada en momento alguno cuestionó o descalificó la conducta de la quejosa.

Resáltese que la prueba fue presentada al interior de un proceso civil, al cual no se tiene acceso ilimitado, pudiendo concurrir solamente los interesados, tampoco se difundió en una audiencia pública, es decir, no existía una posibilidad real de propagación y por ende no se afectó el deber profesional protegido por el legislador.

Además, ante el cuestionamiento realizado por la Sala de primera instancia, al irrogarle cargos por tal hecho, solicitó al juzgado la exclusión de dicha prueba.

Anteriores circunstancias que demuestran no solo la inexistencia de vulneración al derecho a la intimidad de la quejosa sino también la ausencia del ánimus injuriandi, elemento necesario para que esta jurisdicción la cuestione por tal conducta.

Y es que no está demostrado que la intención de la abogada fuese ultrajar la honra y buen nombre de la denunciante, lo único demostrado en las presentes diligencias, es el ejercicio del derecho de defensa de una cónyuge inocente, para lo cual, la letrada investigada se valió de los elementos materiales probatorios que su cliente le suministró para demostrar la infidelidad de su marido, los cuales necesariamente, por la naturaleza de la causal alegada, debían inmiscuirse en la intimidad del infiel y de la amante, pues el derecho a la libertad sexual en el matrimonio se encuentra limitado y su desconocimiento es sancionado, siempre y cuando esté plenamente demostrado. Sin embargo, se itera, la inclusión o no de la prueba, es labor del juez de familia, no de este juez disciplinario.

Sumado a lo anterior, debe indicarse que tan plausible es la conducta de la togada cuestionada que fue excluida por el legislador como merecedora de reproche penal, cuando en el artículo 228 del Código Penal consagró: “Las injurias expresadas por los litigantes o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes”.

Anterior norma que fue objeto de examen constitucional, en el cual se dejó sentado lo siguiente:

“... La conducta del litigante, apoderado o defensor deberá examinarse en concreto para saber si la injuria contenida en un escrito, discurso o informe cabe dentro de aquellas manifestaciones necesarias, útiles y pertinentes para la defensa de la causa que se le ha encomendado. Vale decir, deberá examinarse si se ha producido un escrito discurso o informe, o si simplemente se han hecho manifestaciones injuriosas que no guardan ninguna relación con la causa que se defiende.

Tampoco podrá hacerlo el litigante apoderado o defensor que haga público por cualquier medio, el contenido de los escritos, discursos o informes a que se ha hecho referencia. Cabe resaltar que no se trata solamente de la publicidad dada en un medio de comunicación, sino de cualquier difusión hecha por el litigante apoderado o defensor del contenido injurioso que haya producido ante la autoridad judicial...”(29).

En este orden de ideas, la conducta desplegada por la letrada Norma Patricia Medina Mayorga no solo no podría constituir el delito de injuria, sino que no encaja en la descripción del canon 32 de la Ley 1123 de 2007, pues las afirmaciones realizadas en contra de la quejosa y sustentadas con el pluricitado video, además de ser ciertas, se hicieron únicamente al interior de una actuación judicial, y eran necesarias, útiles y pertinentes para la defensa de la causa encomendada por su cliente, no otra que la demostración de la infidelidad de su cónyuge, se itera, el ánimo no era injuriar como lo exige el tipo disciplinario, su finalidad fue demostrar una causal de divorcio, que cualquiera sea la prueba para corroborar la relación sexual extramatrimonial, siempre serán violatorias de la intimidad, llámense fotografías, videos, testimonios, entre otras, las mismas como pertinentes llevan implícito dejar al descubierto algo que venía oculto, por ende, son nombres que se ventilarán y en consecuencia denigran del comportamiento humano determinado.

Aún más cuando, la Guardiana de la Constitución consideró admisible que “la inobservancia del compromiso de fidelidad otorgue al cónyuge inocente el pleno derecho a promover el divorcio si considera que dicha falta es irreconciliable frente a sus intereses personales y familiares, y comporta una traición a la confianza otorgada”(30).

En consecuencia, a juicio de esta superioridad no se encuentra demostrada la comisión de la falta disciplinaria endilgada y por ende se revocará el fallo impugnado y en su lugar se absolverá a la letrada Medina Mayorga.

Sin que, como se dijera al inicio de estas consideraciones, la aceptación de los cargos o confesión realizada por ella, sea suficiente para deducir la configuración de la falta y de esta forma imponerle sanción, como erróneamente se hizo en el fallo recurrido, pues aunado a la aceptación por parte de la procesada, debe existir plena prueba sobre la ocurrencia del hecho y sobre la culpabilidad.

Al respecto, la Corte Constitucional, al analizar en el ámbito penal, la figura de la sentencia anticipada, ha señalado:

“... Para efectos de dictar sentencia anticipada el legislador ha consagrado como presupuesto indispensable, que la aceptación de los hechos por parte del procesado, al igual que su responsabilidad en ellos, se encuentre plenamente sustentada en las pruebas obrantes en el proceso, ya que la culpabilidad no puede deducirse simple y llanamente del reconocimiento de esta por parte del implicado. En este, como en todo proceso penal, es indispensable desvirtuar la presunción de inocencia, labor que le corresponde efectuar a la autoridad judicial competente.

... El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que este es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia (...).

... Finalmente, cabe anotar que la aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el fiscal o el juez del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de inculpabilidad o de justificación. En consecuencia, resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado. El funcionario competente, en cada caso, puede desvirtuar la confesión, por existir vicios en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por error, fuerza, o por cualquiera otra circunstancia análoga que aparezca probada en el proceso...”(31)(destacado fuera de texto).

Posteriormente, reiteró lo siguiente:

“... Para que el juez pueda dictar la sentencia anticipada se exige el cumplimiento de dos requisitos sustanciales: (1º) que el imputado acepte íntegramente su responsabilidad en relación con los hechos que se investigan y, (2º) que exista plena prueba sobre la ocurrencia del hecho y sobre la culpabilidad del sindicado...”(32) (destacado fuera de texto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo objeto de alzada y en su lugar, ABSOLVER a la letrada Norma Patricia Medina Mayorga de la comisión de la falta imputada, conforme las razones consignadas en la motivación de esta providencia.

2. Por la secretaría judicial de la Sala, NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión a la abogada disciplinada; Para tal fin se comisiona a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, a quien se le concede un término de diez (10) días libres de distancia de no ser posible su comparecencia. Líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Cúmplase»

(13) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

(14) “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, en los términos previstos en la ley estatutaria de la administración de justicia y en este código...”.

(15) Ley 1123 de 2007, artículo 97.

(16) El Código penal tipifica en el artículo 220 el delito de injuria, en los siguientes términos: “El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión...”.

(17) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 29 de septiembre de 1983.

(18) Rad. 2004-607 01. Aprobado en Sala 37 del 11 de abril de 2007, M.P. Fernando Coral Villota, entre otras.

(19) Rad. 14370 A. Aprobado en Sala No. 67 de 1997, M.P. Álvaro Echeverri Uruburu.

(20) Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, acta 16 del 17-03-87.

(21) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sentencia del 22 de octubre de 1998.

(22) Sentencias T-028 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-392 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.

(23) Sentencia C- 392 de 2002.

(24) Sentencia C- 417 de 2009.

(25) Ibídem.

(26) Sentencia T-585 de 1992.

(27) Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de julio de 1992.

(28) Sentencia C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(29) Sentencia C-392 de 2002.

(30) Ibídem.

(31) Sentencia C- 425 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(32) Sentencia C- 277 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, reiterado en la sentencia SU- 1300 de 2001.