Sentencia 2011-00425 de mayo 6 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 170011102000201100425 02

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 36 de la fecha

Bogotá D.C., mayo seis de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Esta Corporación tiene competencia para conocer y revisar en segunda instancia las sentencias sancionatorias impuestas a los Jueces, entre otros funcionarios, según los artículos 256 numeral 3° de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996.

Previo a decidir de fondo, resulta procedente descartar de entrada la prescripción de la acción disciplinaria en los términos señalados por el recurrente, puesto que si bien en la investigación se hizo alusión a la no declaratoria de nulidad de un testimonio recepcionado erróneamente por el Juez comisionado, no es menos cierto que la sanción se fundamentó en el hecho de haber valorado en la sentencia el testimonio presuntamente viciado de nulidad, lo cual ocurrió el 13 de mayo de 2010.

La relación especial de sujeción, como categoría dogmática de origen constitucional, impone al funcionario obligaciones y deberes reforzados en el ámbito de una ética pública, tendentes al cumplimiento de los fines del Estado y en el marco del respeto de los derechos fundamentales; de allí que las relaciones especiales de sujeción sean instrumentos al servicio de la administración garantizadoras de los fines estatales.

Lo que se pretende, entonces, es que el funcionario en el cumplimiento de sus deberes debe realizarlos dentro de una ética del servicio público, con acatamiento a los principios constitucionales de “moralidad, eficacia y eficiencia(9)” entre otros, de allí que en el derecho disciplinario, la falta siempre supone la existencia de un deber que acatar, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta sancionatoria del Estado.

En ese orden, se deduce que el espacio desde el cual se legitima el reproche del Estado al servidor judicial, no es necesariamente el conocimiento y voluntad de este para lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que demuestren un cumplimiento parcial o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan en el desarrollo de la tarea de administrar justicia(10).

Bajo los anteriores presupuestos, de cara al asunto concreto, se impone determinar si el funcionario judicial infringió el deber de cumplir la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, tal cual lo determinó el operador disciplinario de primera instancia o, si por el contrario, se está en presencia de conducta atípica —por falta de adecuación a uno de los tipos, o ausencia de antijuridicidad— o causal que lo exonere de responsabilidad.

Con miras a solucionar el asunto sometido a decisión acorde al problema planteado, se hace imperioso señalar que en un régimen sancionatorio, la imposición del correctivo disciplinario debe estar revestido de la determinación cierta y concreta acerca de la materialidad del hecho y responsabilidad frente al comportamiento disciplinario —en sus aspectos objetivo y subjetivo— por cuanto bajo el presupuesto previsto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa”, de allí que no basta para efectos de la reprochabilidad que la conducta típica atribuida al funcionario exista objetivamente, sino que se impone además analizar si esta se halla excluida de responsabilidad disciplinaria o bajo una causal objetiva para disponer la terminación del procedimiento, tal como se señaló anteriormente.

En desarrollo de los anteriores presupuestos, la Ley 734 de 2002 en su artículo 142 contiene la exigencia procesal al momento de emitirse sanción disciplinaria, determinando que “No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado(11)”.

En este sentido, de cara a los anteriores requisitos son dos los presupuestos para proferir fallo sancionatorio: (i) certeza sobre la existencia de la falta y (ii) certeza sobre la responsabilidad del investigado. El primer presupuesto deviene del convencimiento que debe tener el fallador sobre la existencia del hecho investigado, vulnerador del ordenamiento jurídico, representado en el presupuesto fáctico vertido en el pliego de cargos; en cuanto al segundo, emerge frente al convencimiento de la responsabilidad del disciplinable respecto de la falta atribuida, modulada con los elementos integradores del comportamiento disciplinario —en punto de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad— o porque en su defecto surja a su favor una causal de exclusión de la responsabilidad.

Problema jurídico. El quid del asunto se concreta en establecer si el doctor CESAR AUGUSTO CRUZ VALENCIA, en condición de Juez Promiscuo de Familia de Chinchiná (Caldas), incumplió los deberes funcionales por darle validez al testimonio del señor José de Jesús Bastidas Garay, recibido por el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá, sin que hubiese sido ordenado por juez comisionado.

Solución. Según la primera instancia, el Dr. CRUZ VALENCIA incumplió con el deber contemplado en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, en armonía con los artículos 29 de la Constitución Política, 145, 174 y 181 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que debió anular el testimonio del señor Bastidas Garay, por haber sido recepcionado bajo la extralimitación de la comisión por parte del Juez comisionado.

Por su parte, el Juez disciplinado considera que de haber existido nulidad, la misma era saneable según los artículos 34, 140 y 144 del Código de Procedimiento Civil.

Para la Sala, contrario a lo expuesto por la Seccional, la conducta investigada corresponde a la interpretación autónoma que el doctor CRUZ VALENCIA le dio a lo sucedido con la prueba testimonial indicada.

Prima facie debe resaltarse que el testimonio del señor Bastidas Garay fue pedido por la parte demandante en el cuerpo de la demanda y, además, ordenado dentro del proceso, tal como surge del auto proferido el 3 de octubre de 2007(12), es decir, de ninguna manera puede sostenerse que el testigo era ajeno a dicha actuación y por eso tampoco le era desconocido a la parte demandada —quejosa en esta investigación disciplinaria—.

Ahora, en torno a esa situación, el disciplinado ha indicado que si bien es cierto, el testimonio de Bastidas Garay no se pudo practicar en la fecha fijada por la judicatura, no es menos que al ser recepcionado por el Juez 19 de Familia de Bogotá, era el abogado de la parte demandada quien tenía que haberse opuesto al momento de la diligencia, tal como lo señala el artículo 34(13) del Código de Procedimiento Civil, pero como el litigante que la representaba no asistió, la presunta irregularidad se subsanó en los términos del artículo 144 ibídem:

“La nulidad se considerará saneada, en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente”.

Además, prosiguió el investigado, las únicas nulidades que no pueden sanearse son las consagradas en los numerales 3 y 4 del artículo 140 de la misma codificación:

“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.

2. Cuando el juez carece de competencia.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”.

En ese orden de ideas, lo que se hizo por el disciplinable fue una interpretación lógica y coherente de las normas aplicables al caso, sin que se pueda afirmar que obedeció al capricho del Juez disciplinado, quien al respecto ha seguido las enseñanzas de tratadistas como Hernán Fabio López Blanco(14) y de la propia Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Una decisión con esas características jamás puede dar lugar a reproche disciplinario, no solo porque fue debidamente motivada, sino porque conforme con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, la misma se encuentra amparada por el principio de autonomía funcional, derecho de los jueces, debidamente desarrollado por la Corte Constitucional y esta Superioridad Recordemos que al respecto, la Corte Constitucional ha ido construyendo la línea jurisprudencial con fundamento en la función judicial para llegar a reconocer como un derecho de los jueces el de la autonomía funcional y de ahí sostener que: “(…) La responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno. Si se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución (…)”(15). Doctrina reiterada en múltiples oportunidades, verbi gratia, en la Sentencia T-238 de 2011:

“Así pues, es claro y no ofrece ninguna duda que los funcionarios judiciales se encuentran sujetos en sus actuaciones a la potestad disciplinaria del Estado. Empero, es igualmente diáfano que esa sujeción no se extiende al contenido de las decisiones y providencias que dicten dentro del ejercicio de sus funciones, pues este es producto de la autonomía e independencia que, según se explicó, caracterizan la función judicial. Como es obvio, esta regla general no impide que en situaciones verdaderamente excepcionales, en las que la discrecionalidad judicial se transforme en arbitrariedad y/o se emitan decisiones que desatiendan o contraríen textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable, pueda la autoridad disciplinaria cuestionar esos contenidos”(16). (Subraya fuera de texto).

Esta Corporación también en innumerables decisiones ha reconocido los principios de autonomía e independencia como un derecho de los jueces al momento de expedir sus providencias; aunque en ocasiones, se ha señalado que la jurisdicción disciplinaria debe cuestionar la actividad funcional cuando se esté frente a decisiones caprichosas o ilegales por violación a la Constitución o la Ley, o de cara a las omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de las funciones. De suerte entonces, que no porque el superior funcional revoque o no comparta la interpretación realizada por el inferior, se encuentre incurso en falta disciplinaria. Verbi gratia, dentro del Expediente Radicado 19980800, se dijo:

“No sobra advertir que la Jurisdicción disciplinaria representada por sus órganos competentes carece de facultad para evaluar las actuaciones judiciales, por ser un campo estrictamente reservado a la autonomía de sus operadores y, por tanto, en lo que se refiere a la comisión de las faltas, la facultad del juez disciplinario se extiende al análisis de todo comportamiento que resulte ser conculcatorio de la Constitución y las leyes de la República, así como por desconocimiento grosero de las pruebas válidamente recolectadas. Más en todo caso, no le es permitido al órgano disciplinario revisar aspectos diferentes de las providencias y demás determinaciones de los jueces, porque sería tanto como crear o instituir una instancia que la ley no ha fijado”(17) (resalto fuera de texto).

Juicio que se ha mantenido a lo largo de la existencia de esta Corporación, en tanto en diversas ocasiones se ha acudido al mismo para concluir en la inexistencia de conducta disciplinaria:

“Bajo el referente jurisprudencial anotado, y estudiados los criterios que deben ponderarse frente a las quejas contra decisiones judiciales, encuentra esta Sala, que solo son susceptibles de acción disciplinaria las providencias judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico, incurriendo con ello en lo que doctrinalmente se ha denominado vía de hecho, o cuando, para cimentar su decisión, distorsiona ostensiblemente los principios de la sana crítica, orientadores de la valoración probatoria, supone indebidamente pruebas inexistentes en el expediente o desconoce groseramente las que obran en el plenario.

Por fuera de esas situaciones, las interpretaciones de la ley o el valor asignado por el funcionario a las pruebas, así tales comportamientos en un momento determinado puedan juzgarse equivocados, escapan del ámbito de control de la jurisdicción disciplinaria.

Así las cosas, estima la Sala que ninguna posibilidad hay de cuestionar por vía disciplinaria la conducta de los aquejados, máxime cuando se encuentran amparada por los principios de autonomía e independencia funcional, consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, los cuales impiden a la jurisdicción disciplinaria formular reproche de esta naturaleza cuando simplemente el funcionario aplica el derecho, producto de la interpretación razonada y razonable de la ley o la valoración de las pruebas”(18).

Para el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, la función de la judicatura está revestida por dos tipos de independencia, una externa y otra interna. La independencia externa es la que posibilita el ejercicio de su función, decidiendo conforme a su comprensión del derecho. Pero esta independencia externa no basta para garantizar la función judicial, pues el juez no puede decidir conforme a su entendimiento del derecho si no goza de independencia interna dentro del propio Poder Judicial: “Una judicatura bien organizada, en el marco de un Estado de derecho, solo logra la imparcialidad cuando se garantiza el pluralismo ideológico, o sea, cuando sus integrantes tienen diferentes concepciones y consiguientes interpretaciones del derecho. No hay otra imparcialidad posible, porque como bien decía Carnelutti, los humanos no podemos ser imparciales porque todos somos parte. El juez es un ser humano, con su sistema de ideas y preferencias, su propia concepción del mundo y su consiguiente interpretación del derecho. Una judicatura democrática debe garantizar el pluralismo en el entendimiento del derecho y, por tanto, el debate interno. Lo contrario es suponer que hay Übermenschen, superhumanos, que están más allá de los valores, y por suerte estos no existen, o los pocos que existen están bajo tratamiento psiquiátrico. Para garantizar el pluralismo como condición de imparcialidad democrática, el juez debe gozar de independencia interna, es decir, de garantías ante los propios cuerpos colegiados de la judicatura”(19).

Un Poder Judicial no es una corporación vertical ni mucho menos. Es sabia la disposición de la Constitución italiana, que dispone que no hay jerarquías entre los jueces, sino únicamente diferencia de competencias. Tan juez lo es el del tribunal de última instancia como el de primera. La pluralidad de instancias sirve para hacer prevalecer la decisión de los jueces del cuerpo plural, pero estos no pueden impartirles órdenes a los de primera instancia en cuanto al modo de decidir en derecho, pues son tan jueces como ellos. Si sus decisiones no coinciden con las de los jueces de instancias menores, lo que deben hacer es revocar lo decidido.

Así, la independencia del juez o tribunal, no debe predicarse solamente de los demás órganos del poder público, sino también al interior de la estructura judicial, permitiendo el ejercicio de la función, conforme a la comprensión del derecho.

En ese orden de ideas, no puede esta jurisdicción descalificar la conducta del Juez Promiscuo de Familia de Chinchiná (Caldas), por el hecho de no haber procedido a decretar la nulidad de un testimonio que fue debidamente decretado, pero recepcionado equivocadamente por el Juez comisionado, puesto que su comportamiento estuvo ajustado a derecho, en tanto, cumplió su labor de interpretar la normatividad aplicable al caso, es decir, se trató de providencia respetuosa del ordenamiento jurídico y necesaria para garantizar los derechos de la demandante dentro del proceso de familia y, en esas condiciones, su conducta no merece ser objeto de censura.

Descartada la primera hipótesis fundamento del fallo sancionatorio de primera instancia, es indiscutible que la segunda se derrumba, pues al interpretar que la presunta nulidad del testimonio se saneó, era válido analizarlo en la sentencia que decretó la unión marital entre la demandante y el difunto Restrepo Medina; no obstante, resultan válidas otras consideraciones como las que pasan a documentarse.

La Corte Constitucional, al resolver una acción de tutela(20) en un caso donde se alegó la incursión en error fáctico por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, por admitir y valorar una prueba ilícita, indicó que existen dos posibilidades en las cuales se puede incurrir en vía de hecho dentro de una providencia judicial. La primera parte de una dimensión negativa, en la medida que el funcionario judicial deja de apreciar una prueba esencial para resolver el asunto, “ignora sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio”.

La dimensión positiva se presenta cuando el juez considera y valora un medio probatorio que ha sido aducido de manera ilegal, o sea, la que se ha recaudado con violación de las formas propias del juicio, la cual se encuentra regulada en el artículo 29 de la Constitución Política al disponer: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” —denominada regla de exclusión probatoria—. No obstante, se ha señalado que no toda irregularidad tiene la potencialidad de afectar el debido proceso, pues las que tienen una intensidad baja, como la afectación de las formas propias del juicio, no están cobijadas por la norma en cita:

“Las irregularidades menores o los errores inofensivos que no tienen el potencial de sacrificar estos principios y derechos constitucionales no han de provocar la exclusión de las pruebas. El mandato constitucional de exclusión cobija a las pruebas obtenidas de manera inconstitucional o con violación de reglas legales que por su importancia tornan a una prueba en ilícita”(21).

De otro lado, la Corte ha distinguido lo que es la prueba ilegal y la prueba inconstitucional. La primera, se presenta cuando la irregularidad de la prueba se deriva de su incompatibilidad con las formas propias de cada juicio, es decir, afecta el debido proceso en su “concepción procesal formal”, y, la segunda, cuando se opone a la vigencia de los derechos fundamentales, o lo que es lo mismo, afecta el debido proceso por “vulneración de derechos fundamentales de contenido sustancial”.

Señaló la Corte que el artículo 29 de la Constitución Política lo que sanciona con nulidad es la prueba obtenida ilícitamente, mas no los otros medios de convicción arrimados al expediente, “ni a la resolución de acusación y a la sentencia basadas en dicho acervo, conformado por numerosas pruebas válidas e independientes en sí mismas determinantes”(22). Y en ese sentido, indicó:

“el proceso sí puede quedar viciado de nulidad si el defecto probatorio consiste en haberse valorado una prueba ilegal o inconstitucional que incide decisivamente en la decisión adoptada por el juez. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que si la prueba ilegal o inconstitucional es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto es, si su incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no haberse tenido en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutela está obligado a anular el proceso por violación grave del debido proceso del afectado.

Concretamente, en materia penal, la Corte Constitucional ha establecido que el error fáctico por apreciación de prueba ilegítima no afecta la integridad del proceso, a menos que su peso en la definición de la responsabilidad penal sea decisivo, es decir, que sin la prueba ilícitamente apreciada, la conclusión judicial respecto de la responsabilidad del procesado habría sido posiblemente distinta. Sobre dicho particular, la Corporación sostuvo:

“En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29). Al respecto, resulta particularmente ilustrativo recordar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este punto específico, pues, en materia penal, aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”(23). Así, “solo en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”(24). De tal manera que la incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada”(25)”. (Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)

En conclusión de la Corte, el juez de conocimiento solo incurre en error fáctico susceptible de ser revocado por vía de tutela cuando la prueba que no puede valorarse, por ser ilegal o inconstitucional, es fundamental para el raciocinio de la decisión judicial, esto es, que haya servido como pieza fundamental para formar el convencimiento del juez. Por ello la Corte ha dicho que “a pesar de que una prueba judicial sea inconstitucional o ilegal, lo cual se traduce en la imposibilidad de reconocerle mérito probatorio, ello no implica —por sí mismo— que proceda forzosamente la acción de tutela por defecto fáctico contra dicha decisión, pues para el efecto se requiere que no existan otras elementos de convicción que permitan preservar la vigencia judicial del fallo cuestionado”(26).

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el Juez investigado, en la sentencia que decidió el proceso interpuesto por la señora Omaira Ávila Ballesteros, tras hacer una síntesis de la situación planteada en la demanda y de los requisitos consagrados en la Ley 54 de 1990 para declarar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, efectuó un listado detallado de todos los medios de convicción arrimados al expediente, entre los cuales se hallaba abundante prueba documental y, en torno a la testimonial —incluido el del señor Bastidas Garay—, hizo un resumen de lo que cada uno expuso al momento de la diligencia, para concluir:

“A los anteriores testimonios el despacho les da toda credibilidad por ser acordes, sinceros y precisos en el relato de los hechos que llegaron a su conocimiento por razón de amistad y parentesco con la señora OMAIRA AVILA BALLESTEROS y su excompañero SALOMON RESTREPO MEDINA, siendo concretos en manifestar que se enteraron de dicha convivencia durante aproximadamente 10 años hasta el fallecimiento del mencionado señor ocurrido el 21 de julio de 2004, tiempo este en el que concuerdan haberlos conocido, pero sin que desconozcan en ningún momento el extremo inicial de la relación del que se da cuenta en la demanda, más aun, el mismo testigo JOSÉ DE JESUS BASTIDAS GARAY afirma que esta venía desde el año 1986, según se lo comentara el señor SALOMON.

También afirmaron que dentro de la convivencia la citada pareja procreó a JEISON STEVENS RESTREPO AVILA (Q.E.P.D) y JESSICA MARIA RESTREPO AVILA, esta última menor, y que fuera de estos dicho señor reconoció a EDWIN RESTREPO AVILA, quien no era su hijo biológico; que ambos se encargaban del sostenimiento del hogar y que dentro de dicha unión adquirieron varios bienes en común”.

Del anterior extracto, se infiere que se hizo una valoración en conjunto de todos los testimonios, incluido el de José de Jesús Bastidas Garay, de quien se resaltó haber expuesto que la pareja tuvo su relación sentimental desde el año 1986, no obstante, al momento del fallo se decretó la existencia de la sociedad patrimonial desde el 7 de agosto de 2000, no desde 1986 como lo indicó el testigo.

En ese orden de ideas, es cierto que en el fallo se anunció, describió y valoró el testimonio del señor Bastidas Garay, sin embargo, esa irregularidad no afectó el proceso, en tanto que el mismo contaba con abundante prueba documental y testimonial demostrativa de la relación de pareja que existió entre la demandante y el de cujus, así como la procreación de varios hijos, no otra cosa se infiere de las exposiciones de Lucy Elvira Sánchez Carrasquilla, Adelaida y Damaris Jaramillo Restrepo —primas de las demandadas— y la tía paterna María Cielo Restrepo de Jaramillo, y de los documentos como los registros civiles de nacimiento de los hijos Edwin, Jessica y Jeison Stevens Restrepo Avila, la copia de la providencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná (Caldas), en la que se reconocen a los descendientes como interesados en la sucesión, fotografías, carné de una sede recreacional donde era titular el señor Salomón Restrepo Medina y beneficiarios los menores antes mencionados, certificados de tradición de varios inmuebles y de cámara de comercio.

En fin, así el Juez hubiese dejado de lado el testimonio de Bastidas Garay, la decisión seguía siendo la misma, pues todo el material probatorio apuntaba a la demostración de la existencia de la sociedad patrimonial entre la demandante y Salomón Restrepo Medina, incluso de los interrogatorios de parte entregados por las damas Victoria Eugenia y Luz Stella Restrepo Bedoya —hijas del matrimonio que Salomón tuvo con la señora Jenny Restrepo— se desprende que sus progenitores se separaron desde el 20 de julio de 1989, cuando su padre abandonó el hogar y, posteriormente, se inició proceso de separación de bienes que culminó con la respectiva sentencia.

Significa lo anterior, que la valoración del testimonio de Bastidas Garay era intrascendente para el proceso de “Declaración de Existencia y Disolución de la sociedad marital de hecho”, propuesto por la señora Omaira Ávila Ballesteros, porque no fue el fundamento esencial de la sentencia, en la medida que existieron otros elementos de convicción que permitieron llegar a la conclusión, circunstancia que impide arribar a un reproche disciplinario.

Aunado a lo anterior, debe observarse que la sentencia objeto de reproche fue consultada —que no recurrida por la contraparte— con el Superior funcional, esto es, con la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, donde se produjo su confirmación, al considerarse que la misma se ajustaba al material probatorio arrimado al expediente y cumplía con los requisitos de la normatividad aplicable al asunto. Reflexionó el Colegiado:

“Así las cosas, teniendo en cuenta que el compañero mantuvo una sociedad conyugal hasta el 4 de agosto de 1999, agenda en la cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, Risaralda, por medio de la cual se decretó la separación de bienes de los cónyuges Jenny Bedoya Sepúlveda y Salomón Restrepo Medina y resolvió declarar disuelta y en estado de liquidación de la sociedad conyugal formada entre los consortes; resulta admisible la tesis expuesta por el señor Juez A-quo, concerniente a que la unión marital de hecho comenzó a partir del 4 de agosto del año 2000”.

La segunda instancia tiene como función la de revisar lo actuado por el inferior, a fin de disminuir la posibilidad de error en las providencias judiciales, de ahí, entonces, que el mismo asunto, en los aspectos fáctico y jurídico, pueda ser escrutado por distintos jueces. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho:

“(…) Específicamente en relación con la doble instancia, esta Corporación ha señalado que esta garantía es aplicable por regla general en el derecho sancionador, especialmente en el derecho disciplinario:

En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus manifestaciones, no solo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los órganos judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y, específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho disciplinario.

La doble instancia es una garantía que se desprende del derecho de defensa, el cual, a su vez, hace parte del debido proceso. En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus manifestaciones, no solo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los órganos judiciales, sino también en el derecho sancionatorio.

Este principio tiene su origen en los derechos de impugnación y de contradicción que permiten la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa:

“Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta”.

La doble instancia tiene múltiples finalidades relacionadas con el derecho de defensa, tales como permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía, ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales (…)”(27) (resalto fuera de texto).

Suficientes los anteriores razonamientos para que esta Corporación proceda a revocar el fallo revisado en esta instancia, para en su lugar, absolver al Juez disciplinado, al considerarse que la conducta imputada en la formulación de cargos por la primera instancia, se encuadra en el principio de autonomía judicial, de raigambre constitucional.

Sin necesidad de otras consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia del 6 de febrero del año que discurre y, en su lugar, se ABSUELVE al Dr. CÉSAR AUGUSTO CRUZ VALENCIA, en calidad de Juez Promiscuo de Familia de Chinchiná – Caldas, de los cargos irrogados en la presente investigación.

2. Realizadas las respectivas anotaciones, devuélvase el expediente a la Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

9 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996.

10 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-181 y 948 de 2002; C-252 de 2003.

11 Principio armonizado en el artículo 20 Ibídem, “INTERPRETACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA. En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen”.

12 Fl. 364, cuaderno anexo: “Recíbase declaración jurada las siguientes personas sobre los hechos de la demanda: José Jesús Bastidas (…)”.

13 “El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia.
Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad solo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida solo será susceptible de reposición”.

14 Instituciones de Derecho Procesal Civil, Hernán Fabio López Blanco, Octava Edición, 2002.

15 Sentencia T-417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández G.

16 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

17 Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura, M.P. Dr. Enrique Camilo Noguera Aaron, Radicado 19980800-A, 10 de septiembre de 1988.

18 Rdo. 201101966 00, providencia del 28 de mayo de 2012, M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.

19 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Estructuras Judiciales, Porrúa, Buenos Aires, 1996. pág. 34.

20 Sentencia T-233 de 2007.

21 Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

22 Sentencia C-372 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

23 Cfr. Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Énfasis no original. La Corte decidió confirmar los fallos de instancia que negaron la tutela interpuesta por el peticionario, pues no encontraron que la no exclusión de una prueba ilícitamente obtenida constituyera un vicio de tal magnitud que hiciera procedente declarar la nulidad de todo el proceso, en la medida en la que la alegada prueba (la práctica irregular de un testimonio en el que se identificó el lugar donde se encontraba el arma con la que se había cometido el delito objeto de investigación: asesinato múltiple de indígenas en un predio ubicado en el departamento de Córdoba) no fue la única ni la determinante para llegar a la decisión tomada por las autoridades competentes, no obstante que a partir de dicha declaración (…) se practicó un allanamiento (…) dentro del cual fue encontrada una pistola Colt 45, la cual fue utilizada para cometer la masacre que inició la investigación. Se dijo entonces: “En el presente caso, resulta claro que la inexistencia de la declaración del testigo con reserva de identidad no tendría, necesariamente, el efecto de cambiar la decisión impugnada. Ciertamente, el Tribunal Nacional tuvo en cuenta otros elementos de juicio tales como el hallazgo de una de las armas homicidas en una finca de propiedad del condenado; la presunta relación de subordinación y confianza entre quien era el tenedor de la mencionada arma al momento del allanamiento a la finca “Los Naranjos” - quien se encuentra huyendo de la justicia - y el señor Tulena Tulena; el conjunto de testimonios de oídas que afirmaban la participación del actor en la comisión del delito; el eventual interés del encartado en la ejecución de la masacre, etc. Con independencia del valor de cada uno de estos elementos de juicio - lo cual no puede ser definido por el juez de tutela -, lo cierto es que la prueba que debió ser excluida no resulta determinante a la hora de resolver el caso planteado”. Contra esta decisión de la Corte se promovió un incidente de nulidad que fue negado unanimente por los magistrados de la Sala Plena mediante el Auto 026A de 1998.

24 Ibíd. sentencia T-008 de 1998.

25 Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

26 Sentencia T-212 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

27 Sentencia C-254A de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.