Sentencia 2011-00428 de enero 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 11001-32-25-000-2011-00428-00

Expediente: 1601-2011

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: José Alberto Rodríguez Tangarife

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se trata de establecer si los actos administrativos acusados, proferidos por la Policía Nacional, fueron expedidos con el desconocimiento del debido proceso y derecho de defensa, con falsa motivación y desviación de poder; o si por el contrario se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico.

Actos acusados

1. Auto de 5 de febrero de 2007, proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, mediante el cual declaró cerrada la investigación disciplinaria y corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 96).

2. Fallo de primera instancia de 22 de febrero de 2007, proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, mediante el cual resolvió sancionar al demandante con sesenta [60] días de suspensión en el ejercicio del cargo de subintendente e inhabilitarlo por el mismo periodo (fls. 114-149).

3. Fallo de segunda instancia de 13 de abril de 2007, proferido por el inspector delegado regional seis de la Policía Nacional, por el cual confirmó la anterior decisión con relación al accionante (fls. 150-160).

4. Auto de 25 de mayo de 2007, proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, a través del cual declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que cerró la investigación disciplinaria y corrió traslado para alegar (fls. 174-175).

5. Auto de 30 de mayo de 2007, proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, mediante el cual terminó el proceso disciplinario que se adelantaba en contra del actor en su condición de subintendente y cesó toda actuación (fls. 178-186).

6. Auto de 31 de julio de 2007, proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, mediante el cual revocó el auto de 30 de mayo de 2007, que había decretado la terminación del proceso y en su lugar dispuso dejar en firme los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia (fls. 198-199).

De lo probado en el proceso

De las actuaciones que dieron origen al proceso disciplinario

El 4 de junio de 2002 el señor Fray Yamid Muñoz Gaviria presentó queja ante la personaría municipal de Caracolí, señalando que los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife, así como el agente Víctor Manuel Luna Torres, procedieron a llevarlo sin causa justificada hasta las instalaciones de la Policía, ingresándolo a la sala de retenidos, donde procedieron a maltratarlo física y verbalmente sin que mediara motivo alguno, lo que le ocasionó lesiones físicas que mediante reconocimiento legal le dictaminaron una incapacidad definitiva de diez [10] días (fls. 755-758).

Del proceso disciplinario

El 20 de agosto de 2002 el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Antioquia, dio apertura a la indagación preliminar por los hechos ocurridos el 1º de junio de 2002 en el municipio de Caracolí - Antioquia, con ocasión de la queja que interpuso el señor Fray Yasmín Muñoz Gaviria ante la personería del municipio en contra de varios miembros de la Policía Nacional, entre ellos, el subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife. Decisión que fue notificada mediante despacho comisorio y además en la misma se le citó para que rindiera versión libre.

Mediante auto de 19 de febrero de 2003 el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Antioquia, resolvió dar apertura a la investigación disciplinaria.

Por auto de 18 de mayo de 2006, el jefe de control disciplinario interno del departamento de Antioquia formuló pliego de cargos en contra de los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife [demandante], porque presuntamente golpearon a un civil (fls. 440-450), para lo cual tuvo en cuenta las siguientes pruebas y consideraciones:

• Minuta de población de 1º de junio de 2002, hora 14.00, según la cual es conducido el señor Fray Yamid Muñoz Gaviria [quejoso], por encontrarse en alto grado de excitación y por tratar verbal y físicamente mal al personal uniformado, en la misma anotación aparece que los policiales que atendieron el caso fueron el SV Otero Pacheco, SI Posso Piedrahita y SI Rodríguez Tangarife.

• Minuta de vigilancia de la Estación de Policía de Caracolí, en la que se observan los servicios prestados por el personal y sus funciones.

• Minuta de información de 1º de junio de 2002 donde obra la anotación de salidas de los implicados a las 15.10 horas.

• Denuncia presentada en la personería municipal de Caracolí el 4 de junio de 2002 por parte del señor Fray Yamid Gaviria, quien da cuenta que el 1º del mismo mes y año fue golpeado por los policiales tantas veces nombrados.

• Diligencia de reconocimiento médico legal 048 de 5 de junio de 2002 al señor Fray Yamid Muñoz Gaviria, suscrito por el galeno Federico Zapata U., Médico de planta del Hospital Local del municipio de Caracolí - Antioquia, donde concluyó que presentaba: “trauma ecéfalo craneano leve, trauma cervical, trauma cerrado de tórax y abdomen y politraumatismo, dictaminándose una incapacidad médico legal provisional de diez [10] días”.

• Testimonio del patrullero Everino Palacios Palacios, quien manifestó que una vez llegaron con el retenido, los SI Posso y Rodríguez, traían al quejoso, uno de ellos llamó al guardián agente Luna para que bajara las llaves y poder ingresarlo a la sala de retenidos; se dirigió al segundo piso y observó cuando el SI Rodríguez le dio una patada al retenido para ingresarlo al calabozo, a la media hora el agente Luna llamó a los disponibles para que lo llevaran al hospital porque el retenido se encontraba muy aporreado, lo dejaron dos horas y luego lo regresaron al comando de Policía, donde manifestó que lo habían arrestado los subintendentes Posso y Rodríguez y que les iba a poner denuncia porque “eso no se quedaba así”, el testigo concluyó señalando que los responsables de las lesiones eran los referidos subintendentes que lo retuvieron.

• En su declaración el patrullero Cesar Patiño Olaya, indico que después de que tenían al retenido en el comando, lo llamaron para que lo llevara al hospital al parecer en estado de inconsciencia, lo cual hizo en compañía de dos policiales entre ellos Gutiérrez, allí le dijeron que tenía que esperar a que los atendieran por urgencias, luego llega la familia del retenido y estuvieron pendientes, ya luego se fueron y lo dejaron en ese lugar; no lo observó con lesiones visibles y chorreando sangre, que pero comentarios del agente Luna, le manifestó que al muchacho lo habían golpeado con tablas y puños, además que los subintendentes dijeron que no lo conocían cuando ya lo habían visto un par de veces y que por eso lo habían requisado y lo llevaron para solicitarle antecedentes, pero fue cuando lo cogieron en el calabozo, no lo entraron al comando directamente sino al calabozo; ellos tenían el sistema con Puerto Berrío para averiguar antecedentes y el procedimiento lo atendieron los subintendentes Rodríguez y Posso, pero cuando llegaron al comando con el retenido, el sargento se fue por otro lado y los subintendentes fueron quienes lo encalabozaron.

• El agente Luis Miguel Torres Cervantes manifestó que el día de los hechos [1º de junio de 2002], se encontraba en la sala de radio, cuando reportó el subintendente Posso por radio, para que le enviaran al centinela con el bastón de mando, el comandante de guardia le informó al agente Flores Rendón, pero éste manifestó que se encontraba de puesto fijo y por lo tanto no se podía desplazar hasta dicho lugar. Posteriormente los SI Posso y Rodríguez llamaron al agente Luna, comandante de guardia para que le lanzara las llaves de los calabozos para ingresar al retenido. Después escuchó en los calabozos unos gritos, como se encontraba en la parte superior de los mismos, se asomó y observó cuando los subintendentes maltrataban a una persona con golpes y puños; describió que el SI Rodríguez lo agarraba y Posso lo golpeaba, posteriormente el agente Luna les decía que no lo golpearan y después supo que esa persona estuvo en el hospital.

• Como normas presuntamente infringidas señaló lo establecido en el Decreto 1798 de 2000, que en el artículo 37 señala que son faltas gravísimas las contenidas en los numerales 2º y 7º correspondiente a “[…] violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideran de tal categoría” y “[…] privar ilegalmente de la libertad a una persona. […]”.

• Afirma que es inadmisible que la integridad de las personas se mengüe, como consecuencia del excesivo uso de la fuerza, toda vez que se retuvo ilegalmente al señor Fray Yamid Muñoz Gaviria, quien fue objeto de golpes por los subintendentes Rodríguez y Tangarife, así como por el sargento viceprimero Otero; fue encerrado, aislado, agarrado y procedieron a golpearlo, dictaminando el médico que el quejoso sufrió “Trauma encéfalo craneano leve, trauma cervical, trauma cerado de tórax y abdomen y politraumatisomos”, siendo sindicados los policías denunciados.

• En su versión libre el subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife, afirmó que por radio le solicitaron apoyo en un procedimiento policial que atendían el sargento viceprimero Otero Pacheco y el subintendente Posso Piedrahita, al llegar al lugar, los vio forcejeando con el señor Fray Yamid Muñoz Gaviria, quien presentaba una actitud demasiado agresiva e incluso atacaba física y verbalmente a los uniformados. Al dialogar con el señor Fray lo convenció que los acompañara voluntariamente a las instalaciones del comando, éste accedió y pudo observar que aparentemente presentaba un avanzado estado de alicoramiento, al verse en la entrada de la cárcel reaccionó de forma violenta y agredió nuevamente a los policiales, siendo estrictamente necesario el uso de la fuerza, como lo consagra el Código Nacional de Policía en el artículo 207, literales b) y c), para lograr el ingreso del señor Fray a las instalaciones de la Policía Nacional, de ahí afirma no tener conocimiento de que pudo haber pasado hasta las 18.00 horas, cuando el sargento viceprimero Otero, comandante de estación me reportó nuevamente para que los acompañara al hospital para llevar al retenido con el fin que fuera revisado por personal médico, teniendo en cuenta que se golpeó contra la reja y los muros con el propósito de obtener la libertad, razón por la cual fue tomado por la fuerza de sus extremidades y ropas para ingresarlo y como es debido se procuró tratarlo con el menor daño posible y en ningún momento fue golpeado.

• Por lo anterior calificó la falta como gravísima cometida dolosamente, teniendo en cuenta que tenía conocimiento que su proceder era contrario al ordenamiento jurídico y constitutivo de infracción penal.

Por auto de 25 de mayo de 2006 el jefe de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, le asignó a los imputados defensor de oficio, quien en la misma fecha tomó posesión y se notificó del auto de pliego de cargos (fls. 451-452) y el 12 de junio del mismo año, el operador disciplinario dejó constancia que vencidos los términos, éste no presentó descargos (fl. 453).

El 1º de agosto de 2006 el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, declaró cerrada la investigación disciplinaria y corrió traslado para presentar alegatos de conclusión, decisión que fue notificada personalmente al defensor de oficio (fls. 455-456).

El 11 de agosto de 2006 el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual sancionó al actor con multa equivalente a treinta [30] días de salarios y prestaciones. Decisión que fue notificada personalmente al defensor de oficio de los investigados (fls. 459-478), para lo cual tuvo en cuenta la siguiente fundamentación:

• La sanción disciplinaria surgió como consecuencia del análisis concienzudo de los medios de prueba legalmente aportados y arrimados al expediente, donde efectivamente se demostró la responsabilidad del procesado, que está siendo objeto de investigación.

• El comando del departamento consideró que el comportamiento del subintendente Rodríguez Tangarife merece un correctivo, pues la Policía Nacional no puede aceptar que la integridad de las personas se determine por acción del uniformado quien sin justificación alguna procedió a retener a un ciudadano y posteriormente lo golpeó en las instalaciones de la Institución.

• El bien jurídico afectado es de tan alta categoría que la Policía Nacional no puede pasar por alto el daño que se hizo por parte del subintendente Rodríguez, quien teniendo el deber jurídico en la protección de la vida, bienes y honra de las personas, sea el principal contraventor, además que la retención no goza de principio de legalidad y no es admisible el grave error en la conducción y privación del ciudadano quejoso.

El 14 de agosto de 2006 los disciplinados le confirieron poder a un abogado, quien interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión (fls. 479, 481 y 483-496), precisando lo siguiente:

• Las notificaciones no fueron realizadas en debida forma, toda vez que se efectuaron a través de despacho comisorio, librado por el coordinador de grupo de control interno disciplinario del departamento de Antioquia, proceder que es contrario a lo establecido en los artículos 6º, 76 y 133 de la Ley 734 de 2002, según el cual, el servidor público debe ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso.

• En cuanto a la versión libre rendida por los subintendentes Rodríguez Tangarife y Otero Pacheco, éstas fueron recepcionadas sin la presencia de un defensor, como lo disponen los artículos 17 del Código Disciplinario Único y 324 de la Ley 600 de 2000.

• Afirmó que cuando los disciplinados fueron notificados del proceso en la etapa de indagación preliminar estaba por culminar, violando de esta forma el derecho de defensa previsto en el artículo 17 de la Ley 734 de 2002, máxime que antes de la notificación se practicaron pruebas, lo cual está en contra vía de los artículos 100, 101 y 103 del Código Disciplinario Único.

Por auto de 31 de agosto de 2006 el inspector delegado regional seis de la Policía Nacional(4) (fls. 500-507), declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de 18 de mayo de 2006 inclusive, para lo cual argumentó lo siguiente:

• El auto de cargos fue proferido por funcionario sin competencia dentro de la actuación y no reúne los requisitos que establece el Código Disciplinario Único en el artículo 163, por cuanto el análisis de las pruebas en que se fundamenta cada uno de los cargos formulados, se limita a realizar una transcripción de las probanzas aportadas al proceso, sin realizar un examen da cada una de ellas, confrontándolas entre sí, y que permita inferir la responsabilidad del imputado (art. 165, ibíd.).

• Así mismo, sin agotar los presupuestos del precitado artículo, tan solo transcurrieron tres [3] días entre la emisión del auto de cargos y el nombramiento de defensor de oficio a los disciplinados, es decir, sin haber realizado el procedimiento que la misma norma preceptúa, como es notificar en forma personal [art. 101 CDU] y al no ser posible librar la comunicación a la última dirección registrada en el proceso, dejando para ello las respectivas constancias y certificados de correo.

• Lo anterior por cuanto al disciplinado en todo momento hay que garantizarle el debido proceso, para que así pueda ejercer el derecho de defensa que le asiste, por tanto, no es discrecional del operador disciplinario proceder a nombrarles defensor de oficio a los implicados en la comisión de una conducta típica, descrita en la ley como falta disciplinaria.

• Sin el respeto de las garantías constitucionales, el jefe encargado de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, mediante el proveído de 11 de agosto de 2006 profirió fallo de primera instancia, mediante el cual impone el correctivo disciplinario de treinta [30] días de multa, por cuanto encontró responsable disciplinariamente a los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife [actor], y como indicó, no intentó siquiera notificar en forma personal a los disciplinados, sino que de manera indiferente opta por notificar nuevamente al defensor de oficio, quien en el auto de notificación se enteró de la decisión sancionatoria y a su vez no apeló.

• Al ser palpables las violaciones al debido proceso y derecho de defensa que se aprecian en la presente investigación disciplinaria, que consideró necesario subsanar las irregularidades y retrotraer la investigación, a la etapa de práctica de pruebas, previamente ordenadas por el competente.

Por auto de 1º de septiembre de 2006 el comandante del departamento de Policía de Antioquia, traslado el proceso disciplinario a la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia (fl. 509).

Mediante auto de 2 de septiembre de 2006 el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Antioquia, avocó el conocimiento de la investigación disciplinaria 129 de 2003 adelantada en contra de los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife [actor] (fl. 511).

El jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, mediante auto de 7 de septiembre de 2006 dio cumplimiento a lo dispuesto por auto de 31 de agosto del mismo año, que decretó la nulidad de lo actuado y ordenó la práctica de la prueba testimonial(5) (fl. 512).

Para la práctica de los testimonios el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, por auto de 27 de septiembre de 2006, comisionó al personero municipal de Taraza - Antioquia, para que el 3 de octubre de 2006 a las 8.00 horas, con el lleno de los requisitos legales recepcionaron las declaraciones de los señores Santiago de Jesús Chica, alias el ‘Mocho’ y de Humberto González Herrera (fl. 552).

El 29 de septiembre de 2006 el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía del departamento de Antioquia (fls. 536-551), profirió pliego de cargos en contra de los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife [actor],(6) señalando lo siguiente:

• El imputado con su conducta desconoció lo previsto en el Decreto 1798 de 2000 que contiene las normas disciplinarias y de ética para la Policía Nacional, que en el artículo 37 establece como faltas gravísimas, “[…] 2º Violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría”, por encontrar inaceptable que la integridad de las personas se mengüe como consecuencia del excesivo uso de la fuerza, teniendo en cuenta que tres [3] policiales [entre ellos el actor] con pretensiones infundadas, proceden a retener de manera ilegal e indebida al señor Fray Yamid Muñoz Gaviria, quien señaló haber sido objeto de golpes por los SI Posso y Rodríguez, y el SV Otero, que lo encerraron, aislándolo, lo sujetaron y golpearon los policiales ya señalados, por lo que fue conducido al hospital, donde el galeno de turno dictaminó que el quejoso sufrió “Trauma encéfalo craneano leve, trauma cervical, trauma cerrado de tórax y abdomen y politraumatismos”.

• Como segundo cargo afirmó que se desconoció el numeral 7º de la precitada norma, por “privar ilegalmente de la libertad a una persona”, por tanto, no avala la retención transitoria del quejoso por parte de los imputados, debido a que el señor Fray Muñoz Gaviria no se encontraba en alto grado de excitación como pretendieron hacerlo ver los disciplinados.

• Por lo anterior calificó la falta cometida por el accionante como gravísima y dolosa, teniendo en cuenta que tenía conocimiento que su proceder era contrario al ordenamiento jurídico y constitutivo de infracción penal.

El apoderado del actor en el proceso disciplinario, propuso incidente de nulidad en contra del auto de cargos (fls. 554-561), para ello argumentó lo siguiente:

• El artículo 163 del Código Disciplinario Único establece los requisitos mínimos para formular pliego de cargos y una vez analizó los presupuestos, estableció que no se ajustaba al contenido de la precitada disposición.

• En el análisis de la culpabilidad se toma como fundamento para llegar a determinar el dolo, el artículo 22 del Código Penal, siendo que en un proceso disciplinario, bajo ninguna circunstancia deben invocarse normas de carácter penal o de otra codificación, razón por la cual deben desaparecer del auto de cargos, porque de estar siendo investigado penalmente por los mismos hechos, ello equivaldría a ser juzgado dos veces por un mismo delito.

• Además se tomaron como ciertas las afirmaciones efectuadas por el quejoso, sin que previamente hubieran sido corroboradas por el operador disciplinario.

Por auto de 15 de noviembre de 2006, el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, accedió parcialmente a la petición de nulidad del auto de cargos y en consecuencia la decretó su nulidad,(7) para lo cual argumentó que debido a que observó una de las causales de nulidad procesal, por falso juicio de identidad entre los cargos y los hechos, procedió a decretar de manera oficiosa la nulidad del auto de cargos de 29 de septiembre de 2006, además que es menester variar la naturaleza de la falta, pues los hechos no son de una intrínseca naturaleza constitucional (fls. 565-574).

El 17 de noviembre de 2006 el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, nuevamente profirió pliego de cargos en contra de los investigados [entre ellos el demandante], decisión que fue notificada personalmente a su apoderado el mismo día (fls. 576-592)

El 1º de diciembre de 2006 el apoderado del imputado, nuevamente presenta solicitud de nulidad del auto de pliego de cargos, en que reitera los argumentos antes planteados (fls. 594-600).

Por auto de 4 de diciembre de 2006 el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía Nacional, negó la nulidad propuesta por el apoderado del disciplinado, teniendo en cuenta que no ha incurrido en causal alguna de nulidad que afecte el debido proceso(8) (fls. 601-604).

El jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, por auto de 12 de diciembre de 2006 resolvió declarar cerrada la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del accionante y corrió traslado para presentar alegatos de conclusión(9) (fl. 608).

Mediante escrito de 14 de diciembre de 2006, el apoderado de la parte actora presentó recurso de reposición en que solicita se reconsidere su petición de nulidad del auto de cargos de 17 de noviembre del mismo año, con el fin de garantizar el debido proceso y derecho de defensa del implicado (fls. 612-615).

El jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, el 27 de diciembre de 2006 profirió fallo disciplinario de primera instancia, por el cual resolvió sancionar a los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de sesenta [60] días (fls. 623-648), pata lo cual argumento lo siguiente:

• El acervo probatorio da cuenta que los responsables de las lesiones sufridas por el quejoso son los disciplinados, al punto que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano con el fin de ser atendido por la contundencia de los golpes que le propinaron.

• Hizo referencia al auto interlocutorio en el cual se le resolvió la situación jurídica al disciplinado, con medida de aseguramiento de conminación con imposición de las obligaciones consagradas en el artículo 541 del Código Penal Militar, por el presunto punible de abuso de autoridad y lesiones personales, en los siguientes términos: “[…] En lo concerniente al error invencible esbozado por el defensor del SI. Rodríguez Tangarife, considera el despacho que tratándose de un profesional policial como así se asevera en el petitorio, lleva más de diez años en la Institución y tiene estudios del derecho, su conocimiento en cuanto a la normatividad de policía debe ser clara y más tratándose de la aplicación del Código Nacional de Policía, donde taxativamente se señalan las eventualidades en que debe hacerse un uso proporcionado de la fuerza para evitar se violen derecho o garantías constitucionales. Igualmente si el señor defensor resalta las calidades humanas y policiales del señor José Alberto Rodríguez Tangarife en nada confluyen con los hechos presentado el día 1º de junio del año 2002 pues en este desbordo con su actuación los límites permitidos por la ley como ya se ha considerado. […]”.

• La queja del señor Fray Yamiy Muñoz Gaviria, deja ver que no se encontraba en ninguna de las conductas establecidas en el Código Nacional de Policía que diera lugar a la retención transitoria en las instalaciones policiales, además individualiza a los sujetos procesales y señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar como se desarrollaron los hechos.

• El testimonio del patrullero Cesar Patiño Olaya, quien al complementar su declaración rendida ante el juzgado penal militar, citó que por comentarios del agente Luna, al muchacho lo habían golpeado con tablas y puños.

• El agente Luis Miguel Torres Cervantes, indicó que observó y escucho la algarabía y alaridos de Fray Yamit, y al asomarse en una de las ventanas que quedan en la parte superior observó cuando el quejoso era golpeado y para ello Rodríguez lo agarraba y Posso le pegaba.

• Por su parte el agente Patiño Olaya, indicó que fue el que condujo el vehículo para trasladar a Fray Yamit a la estación y que fueron sus compañeros los que supuestamente llevaron al ciudadano a pedirle antecedentes, situación que no ocurrió, pues directamente lo trasladaron al calabozo.

• Es cierto que el patrullero Palacios Palacios en su declaración ante el juzgado se contradice con lo que dice ante el operador disciplinario, pues en una manifiesta haber observado al joven tirado en el piso, y aquí alude que observó cuando Rodríguez le daba una patada al ciudadano, así las cosas no tuvo en cuenta su declaración como sustento probatorio.

• Igualmente aparecen como sustento de los cargos, los medios de prueba practicados por el Juzgado 162 de Instrucción Penal Militar y que fueron arrimados al proceso como pruebas trasladadas en la que Ana María Cuervo, manifestó que observó cuando Dray(sic) no se dejó subir al vehículo por los policiales y fue por ello que se ofuscaron Posso y Otero, quienes procedieron a golpearlo sin que éste reaccionara, no vio que se presentara algún forcejeo o enfrentamiento y previamente a los hechos el estado físico de Fray era normal.

• Darío Alberto Cano expone que cuando transitaba por la localidad hacía el sector del centro, se encontró con Fray Yasmín que iba con un wolman y observo cuando el vehículo de la policía en que iba Posso y el sargento, lo abordaron y le dijeron que se subiera a la fuerza, sin que este se dejara. En ese momento se fue a la alcaldía para que el burgomaestre se dirigiera al sitio de los hechos y observara lo que sucedía, pero al llegar vio ocupado al funcionario y a su regreso al sitio, ya no se encontraba Fray Yasmín.

• Ana del Socorro Tabares Galeano indicó que aproximadamente a las dos y treinta de la tarde el sargento y el subintendente Posso tenían a Fray Yasmín frente al vehículo policial, por lo que se dirigió hasta dicho lugar a preguntar que pasaba con aquel, y le manifestaron que no le importaba y fue en ese instante que Posso golpeó con la mano a Fray; posteriormente se enteró que a éste lo habían llevado del comando al centro asistencial de occidente, en cuanto al forcejeo no vio que este se hubiera presentado.

• Estas y muchas otras pruebas son las que dan cuenta que el ciudadano fue objeto de maltrato físico por los disciplinados y que no lo hicieron con una razón legítima, ni una causa que lo justifique.

El 2 de enero de 2007 el apoderado de los disciplinados interpuso recurso de apelación y solicitó se decretara la nulidad del fallo de primera instancia (fls. 681-693), teniendo en cuenta que:

• En cuanto a la notificación del auto que resuelve la solicitud de nulidad del pliego de cargos, afirma que el operador disciplinario tiene una enorme confusión en cuanto a lo que significa notificación y ejecutoriedad, pues las decisiones quedan en firme tres días después de la última notificación, tal como lo dispone el artículo 111 de la Ley 734 de 2002; en cambio el procedimiento para notificar las decisiones es el contemplado en el artículo 103 ibídem, el cual señala que para notificar las decisiones es el contemplado en el artículo 103 ídem, que señala que para notificar las decisiones es el contemplado en el artículo 103 ídem, el cual prevé que una vez proferida la decisión interlocutoria, a más tardar al día siguiente se librara la comunicación con destino a la persona que debe notificarse. Si lo anterior no se presenta “a la secretaria el despacho que profirió la decisión”, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos.

• En el presente caso, el operador disciplinario hizo una interpretación errada a la norma, pues mediante estado 001 de 11 de diciembre de 2006 notificó el auto que resolvió la nulidad al pliego de cargos, por lo que debería comenzar a contarse los tres [3] días de ejecutoria a partir de 12 de diciembre de 2006, término que vencía el 14 del mismo mes y año. Procedimiento y términos que fueron cercenados por la primera instancia, pues ni siquiera se tomó la molestia de revisar el recurso de reposición y se limitó a archivar original y copia, y manifestar que los términos habían vencido y que la decisión había quedado en firme el 11 de diciembre de 2006, situación que atenta contra el derecho de defensa del disciplinado.

• Se vulneró el derecho de defensa toda vez que, los términos otorgados por ley, fueron cercenados por voluntad del operador disciplinario de primera instancia; observa que el auto de cierre de investigación y traslado para alegar de conclusión, fue notificado por estado 001 de 12 de diciembre de 2006, es decir, el mismo día que se profirió y sin librar la respectiva comunicación a los sujetos procesales y no se contabilizaron los tres días de que trata el artículo 103 de la Ley 734 de 2002, y a partir de que estuviera notificada la decisión, es decir, el 18 de diciembre de 2006, se contabilizaría el término de ejecutoria del auto de cierre; porque de lo contrario se hubiera tenido que notificar personalmente a los disciplinados para que así empezara a correr los términos desde el 12 del mes y año en comento.

• Además, una vez en firme el auto de cierre de la investigación sin haberse interpuesto los recursos de ley, se le otorga un término común de diez [10] días a las partes, para que presenten alegatos de conclusión [CCA, art. 210], el cual vencía el 31 de diciembre de 2006 y no el 26 de diciembre de 2006 como lo pretendió hacer valer la primera instancia. Situaciones que ponen en evidencia la nulidad que solicita se declare.

Por auto de 24 de enero de 2007 el inspector delegado regional seis de la Policía Nacional,(10) resolvió declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 12 de diciembre de 2006 por el cual se había decretado el cierre de la investigación y se corrió traslado para alegar de conclusión, para lo cual tuvo en cuenta que el a quo debe resolver el recurso de reposición interpuesto por el defensor de los disciplinados toda vez que el auto de 12 de diciembre de 2006 cumple efectivamente el principio de publicidad una vez se fija en estado y se dejan transcurrir los tres días para que la decisión cobre ejecutoria, situación que no aconteció en el presente caso, por cuanto se omitió la contabilización del referido término y tampoco se resolvió el recurso de reposición, proceder que desconoce lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la Ley 734 de 2002 (fls. 702-707).

Por auto de 2 de febrero de 2007 el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia(11) (fls. 714-718), resolvió el recurso de reposición propuesto por el apoderado de los disciplinados en que solicitó la nulidad del auto de cargos, para lo cual indicó lo siguiente:

• Es cierto que se está debatiendo si las lesiones ocasionadas al señor Fray Yamit fueron perpetradas por parte de los disciplinados, pero también lo es que los policiales como funcionarios públicos tienen derechos y obligaciones, y como miembros de la Policía Nacional tienen la obligación de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, situación que no aconteció en el presente caso, sino que por el contrario fueron quienes presuntamente ejercieron actos violentos contra el quejoso.

• El hecho que se realice un análisis de las pruebas hasta ese momento recaudadas con el propósitos de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos materia de investigación, y poder así establecer si los disciplinaros incurrieron en una falta disciplinaria, no implica que se esté prejuzgando, sino que se están tratando de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los presuntos responsables.

• Se procedió a formular pliego de cargos porque objetivamente se demostró que los subintendentes Posso y Rodríguez presuntamente fueron los policiales que le causaron las lesiones al quejoso, quien había sido previamente retenido por éstos sin que mediara razón que lo justificara.

• Aduce que la referencia a normas penales es con el fin de desarrollar los principios y criterios del dolo y recuerda que en el presente caso, la investigación es de carácter disciplinario.

Mediante auto de 5 de febrero de 2007 el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia,(12) una vez más declaró cerrada la investigación disciplinaria y corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 721).

El 12 de febrero de 2007, el apoderado de los implicados presentó escrito de solicitud de nulidad y práctica de pruebas (fls. 727-738), para lo cual argumentó:

• Insiste en que la versión libre rendida por los subintendentes Posso y Rodriguez se hizo sin que contaran con defensa técnica, con lo que se desconoció el contenido de los artículos 17 y 21 de la Ley 734 de 2002; y 324 de la Ley 600 de 2000.

• Aduce que la investigación se inició en contra de varios policiales los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife, al sargento viceprimero Otero Pacheco, y el agente Víctor Manuel Luna Torres, sin embargo mediante auto de 19 de febrero de 2003 se dio por terminada la investigación con relación al agente y el sargento viceprimero, pero esto aconteció en los considerando pero en la parte resolutiva no se indicó nada, proceder que va en contravía del artículo 73 del Código Disciplinario Único.

• Se formuló pliego de cargo dando aplicación al Decreto 1798 de 2000 sin tener en cuenta que fue derogado por la Ley 1015 de 7 de febrero de 2006, por lo que debe corregirse ese error, porque no es admisible que el pliego de cargo o los fallos disciplinarios se funden en normas derogadas, lo cual atenta contra el debido proceso y derecho de defensa.

El 22 de febrero de 2007 el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia profirió fallo disciplinario de primera instancia (fls. 772-808), resolviendo sancionar a los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de sesenta [60] días, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el fallo disciplinario de 27 de diciembre de 2006.

El apoderado del subintendente Posso Piedrahita Jesús Elías, solicitó la nulidad y en subsidio apelación de la anterior decisión, para lo cual argumentó:

• En su sentir el cierre de la investigación se realizó de una manera abrupta y a espaldas de los disciplinados y por tanto fue clandestino, vulnerando el principio de publicidad; además solicitó la práctica de nuevas pruebas.

• La conducta es atípica por la ausencia de sujeto activo ya que las lesiones fueron ocasionadas por el mismo denunciante al momento de resistirse a la conducción al comando de Policía y fue en el calabozo que éste se golpeó.

• En el proceso disciplinario no se individualizó a los imputados, sino que se sancionó con la denuncia efectuada por el señor Fray Yasmín Muñoz Gaviria que de manera general expresa que fueron unos policiales que lo maltrataron. Por más comunidad de pruebas y pluralidad de investigados dentro de un proceso, a cada uno debe individualizársele en qué consistió su comportamiento, de lo contrario se estaría modificando el principio fundamental de que la responsabilidad es individual.

• De otra parte el juez disciplinario de primera instancia lo sancionó con prejuicio, al despachar desfavorablemente las pruebas solicitadas, los testigos de oídas fueron más allá, y al desestimarse estos cargos, el fallo sancionatorio queda sin piso.

• Afirma que el uniformado Torres Cervantes Luis, tiene interés en perjudicarlo, y así se demostró, además de ello se encontraba en imposibilidad de observar el procedimiento policial, razón por la cual es ilegal y debe ser rechazada por el investigador, y como quiera que la decisión de sancionarlo se fundamentó en esa prueba, se decrete su falsedad y pierda validez.

El inspector delegado regional seis de procesos disciplinarios de la Policía Nacional, el 13 de abril de 2007, profirió fallo disciplinario de segunda instancia (fls. 815-827), mediante el cual resolvió modificar la sanción del subintendente Jesús Elías Posso Piedrahita por multa equivalente a de diez [10], mientras que al subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife [demandante], le confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de sesenta [60] días. Al respecto indicó lo siguiente:

• En el trámite del proceso disciplinario se dio la debida publicidad a cada una de las actuaciones, las cuales fueron oportunamente notificadas por estado, el cual se fija y desfija dando el tiempo necesario para la notificación, otra cosa es que el defensor no esté pendiente de mirar que decisiones se han proferido en el mismo, y otra muy diferente el incumplimiento del deber de publicar cada acto administrativo.

• Obran pruebas en el expediente que demuestran que si hubo participación de los subintendentes sancionados en cuanto a los golpes propinados al señor Fray Yasmid Muñoz Gaviria, como son la declaración rendida por el agente Torres Cervantes quien a pesar de encontrarse de radioperador, escuchó los gritos y se asomó por unas rejillas del segundo piso, por las que se puede mirar hacia los calabozos y vio cuando el subintendente Rodríguez agarraba al quejoso y el subintendente Posso lo golpeaba con patadas y puños.

• También obra la declaración de la señora Ana del Socorro Tabares quien manifestó que Fray Yasmid fue golpeado por el subintendente Posso, con la mano, ante lo cual reaccionó la gente que se encontraba cerca y sin embargo siguieron golpeándolo.

• Además la historia clínica da cuenta de las condiciones en que llegó el señor Fray Yasmid al hospital de la localidad, y a quien le diagnosticaron una incapacidad médico legal de diez [10] días.

• En cuanto a las pruebas solicitadas fueron despachadas desfavorablemente por cuanto consideró el a quo que se había cerrado la investigación y el defensor no presentó recursos, lo que dejó sin oportunidad para acceder a la práctica de las mismas, argumento que comparte en esa instancia.

• No se demostró en el trámite de la actuación administrativa la existencia de rencillas entre el subintendente Posso Piedrahita y el uniformado Torres Cervantes, lo cierto es que el declarante es concordante con lo manifestado por los otros testigos, puesto que él al oír los gritos del ciudadano, lo que hizo fue ir hasta la puerta superior de la estación y observar por las rejillas y relató lo observado.

• En aplicación de la Sentencia C-404 de 2001 de la Corte Constitucional, modificó la sanción impuesta al subintendente Jesús Elías Posso Piedrahita, y en consecuencia le impuso multa equivalente a diez [10] días de salario.

La anterior decisión fue notificada personalmente a los subintedentes Jesús Elías Posso Piedahita y José Alberto Rodríguez Tangarife el 19 de abril de 2007 (fls. 163-164).

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, mediante fallo de tutela de 24 de mayo de 2007, tuteló el derecho fundamental al debido proceso del accionante [subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife], como consecuencia ordenó decretar la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario a partir del auto de 5 de febrero de 2007, por medio del cual, se declaró cerrada la investigación disciplinaria y corrió traslado para alegar de conclusión inclusive, con el fin de que se rehaga la actuación en debida forma, por considerar que se trata de un auto interlocutorio con el cual, el instructor del proceso le hace saber a los sujetos procesales que la investigación está al punto perfecta y que procede a dictar sentencia, sin embargo su notificación no se realizó conforme lo manda el artículo 103 y siguientes de la Ley 734 de 2002, al proceder a fijar el estado el mismo día en que se profirió la decisión(13) (fls. 833-845).

El inspector delegado regional seis de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, mediante auto de 25 de mayo de 2007, dio cumplimiento al fallo de tutela y procedió a decretar la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario a partir del auto de 5 de febrero de 2007 inclusive (fls. 174-175).

Mediante auto de 30 de mayo de 2007 el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, resolvió dar por terminado todo procedimiento disciplinario en contra de los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife (fls. 853-854), para lo cual argumento lo siguiente:

“[…] Observando la fecha de los hechos [1º de junio de 2002], se puede establecer que la investigación está próxima a prescribir y no existiendo más términos procesales, se procederá a terminar con la actuación, en congruencia con el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 que en su parte contextual manifiesta: ‘[…] Terminación del procedimiento disciplinario: En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que exista una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguir, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada asó lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias […]’ y en la investigación se dan los mencionados supuestos, pues no puede continuarse con el trámite normal del procedimiento, debido a que no existen los términos legales para lograr culminarla. […]”.

El Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Agraria-Familia, mediante sentencia de tutela de 10 de julio de 2007, revocó el fallo de 24 de mayo del mismo año proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, mediante el cual tuteló el derecho fundamental al debido proceso del subintendente Rodríguez Tangarife y en su lugar rechazó la acción por improcedente, al considerar que el accionante contaba con otro medio de defensa (fls. 190-197).

En cumplimiento del fallo de tutela el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional, por auto de 31 de julio de 2007 revocó el auto de mayo 30 de la misma anualidad, que decretaba la terminación del procedimiento disciplinario adelantado en contra de los subintendentes Jesús Elías Posso Piedrahita y José Alberto Rodríguez Tangarife; y en su lugar dispuso dejar en firme los fallos de primera y segunda instancia emitidos por el despacho y la inspección regional seis delegada y solicitó se verificara el cumplimiento de la sanción impuesta(14) (fls. 198-199).

A través de la Resolución 1659 de 14 de mayo de 2007, el director general de la Policía Nacional, ejecutó la sanción de suspensión del subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife, por el término de sesenta [60] días y lo inhabilitó por el mismo periodo(15) (fl. 941).

Del proceso penal

El Juzgado 162 de Instrucción Penal Militar, mediante auto de 30 de mayo de 2006 profirió medida de aseguramiento de conminación con imposición de las obligaciones consagradas en el artículo 541 del Código Penal Militar al subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife, por las lesiones causadas al señor Fray Yasmín Muñoz Gaviria (fls. 522-533).

Análisis de la Sala

De la potestad disciplinaria de la administración pública

La potestad disciplinaria es el deber que tienen todos los órganos e instituciones públicas de mantener y restablecer el orden, la disciplina y la moralidad que incumbe conservar a todo aquél que preste sus servicios al Estado como servidor público.

Lo anterior teniendo en cuenta que, si las funciones esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política en su artículo 2º, correlativamente, es deber de todo servidor público desempeñar sus funciones con estricto apego al bloque de legalidad ‘latu sensu’, como lo prevé el artículo 123 ibídem, al indicar que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”, además el artículo 6º del mismo ordenamiento dispone que los servidores del Estado responden por infringir la Constitución y las leyes y por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

En Sentencia C-028 de 2006, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto, la Corte Constitucional, al respecto, indicó:

“[…] El ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las más importantes manifestaciones del ‘ius puniendi’ estatal, la cual tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública, es decir, la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia, entre otros, que necesariamente deben orientar su actividad. […].

Entonces, resulta claro que el modelo de Estado adoptado por Colombia pone de presente, en las diferentes normas constitucionales, que el cumplimiento de las finalidades básicas y fundamentales por él trazadas, se logra a través del desarrollo de las funciones públicas atribuidas a los servidores públicos y a ciertos particulares, razón por la cual, dada la indiscutible relevancia que el buen ejercicio de dichas labores reviste, se hace indispensable la instauración de un régimen de responsabilidades que garantice el efectivo desempeño de las referidas tareas. […].

Así las cosas, debe afirmarse que el derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la administración pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional. […]”(16).

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de 1º de octubre de 2009, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, indicó:

“[…] Como ninguna parte de la actividad de las autoridades debe estar al margen de los valores que pregona la Constitución, es apenas natural que el debido proceso se deba aplicar a todas las actividades y desde luego a la administración de las sanciones disciplinarias, porque en ellas están comprometidos derecho fundamentales de los enjuiciados. Entonces, las sanciones no se administran de cualquier modo, sino con sujeción al debido proceso, tal como éste fue concebido por el legislador en el Código Disciplinario Único, y por tanto, sometido al examen del juez constitucional para ver su apego a la Carta Política. […]”

Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la jurisdicción contenciosa administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara.

Corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, entre otros, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, que la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa.

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esas pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que se ejerció en el presente caso por la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el Ley 734 de 2002 y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción.

De la normatividad aplicable - Aplicación de la ley en el tiempo

Aduce el demandante que se desconoció el ordenamiento jurídico aplicable, teniendo en cuenta que al momento de la ocurrencia de los hechos [1º de junio de 2002] estaba vigente el Decreto 1798 de 2000 y la Ley 734 de 2002; pero con posterioridad se expidió la Ley 1015 de 2006, que derogó el precitado decreto y demás normas que la contradijeran, sin embargo el operador disciplinario continuó dándole aplicación al Decreto 1798 de 2000, con lo cual dejó de aplicársele el ordenamiento jurídico vigente.

Para resolver el cargo planteado por el accionante, la Sala hará las siguientes precisiones:

Con relación a la aplicación de la ley en el tiempo, es preciso tener en cuenta que la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, en el artículo 40 prevé:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (se resalta).

Es decir, que la Ley 153 de 1887 estableció que las leyes de carácter procesal, rigen a partir de su vigencia y por tanto prevalecen sobre las anteriores, es decir, que deben aplicarse en forma inmediata; igualmente establece una excepción según la cual, cuando los términos hubieren comenzado a correr [el proceso se inició y viene tramitando a la entrada en vigencia de una nueva ley], continuarán rigiéndose por la ley vigente al tiempo que se inició la correspondiente actuación(17).

Ahora bien, la aplicación de la ley está supeditada a que su vigencia es inmediata e irretroactiva, es decir, que a) la vigencia es inmediata, porque surte efectos a partir de su publicación, y b) Es irretroactiva porque únicamente surte efectos hacia el futuro y no tendrá jamás efectos retroactivos. Con la precisión de que las leyes interpretativas, que tienen como propósitos declarar el sentido de otras leyes, por tanto, deben entenderse incorporada a aquellas que se interpretan, con la precisión de que no pueden afectar el sentido de las decisiones judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio.

En el presente caso el actor fue sancionado mediante los actos acusados con suspensión en el ejercicio del cargo de subintendente por el término de sesenta [60] días, porque se pudo constatar que efectivamente él junto a otro policial le causaron lesiones a un ciudadano, que fue retenido sin que mediara razón alguna, hechos que tuvieron lugar el 1º de junio de 2002 en el municipio de Caracolí - Antioquia.

Para ello se dio aplicación al Decreto 1798 de 14 de septiembre de 2000, “Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”, que en artículo 37 establece que son faltas gravísimas “2. Violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría” y “7. Privar ilegalmente de la libertad a una persona”.

Ahora bien, en el trámite del proceso disciplinario se promulgó la Ley 1015 de 7 de febrero de 2006, “Por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional”, por lo que a juicio del accionante los actos acusados son nulos porque el proceso disciplinario continuó su trámite conforme al Decreto 1798 de 14 de diciembre de 2000.

Al respecto dirá la Sala que tal afirmación no tiene vocación de prosperidad teniendo en cuenta que el proceso disciplinario fue tramitado conforme lo establecido en el Código Disciplinario Único - Ley 734 de 2002, y lo previsto en el Decreto 1798 de 2000, atinente a las normas de disciplina y ética de la Policía Nacional, esto por cuanto los hechos materia de investigación tuvieron lugar el 1º de junio de 2000 y no es posible como lo pretende el actor aplicar retroactivamente la Ley 1015 de 2006, lo cual constituiría una verdadera violación al debido proceso.

Por tanto, el cargo de indebida aplicación de la normatividad vigente no está llamado a prosperar.

De la violación al debido proceso y derecho de defensa

Para fundamentar el cargo, indicó que en el trámite del proceso disciplinario se desconoció de manera continua y flagrante el debido proceso y derecho de defensa, teniendo en cuenta que no fue notificado oportunamente de muchas de las providencias que se profirieron, lo que a la postre le imposibilitó ejercer en debida forma su derecho de defensa.

Al respecto previamente dirá la Sala que el artículo 29 de la Constitución Política, respecto al debido proceso indica que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha entendido,(18) que los derechos de contradicción y controversia tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo disciplinario, es decir, desde la indagación preliminar pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento(19).

La Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en el artículo 6º determina:

“ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”.

El respeto al debido proceso administrativo reconoce el derecho de contradicción que le asiste al funcionario investigado desde la etapa de la indagación preliminar, cuando el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 dispone que: “Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados”, para lo cual, el investigado tendrá derecho a conocer las diligencias y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de otras.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-036 de 2003, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, dijo:

“(…) 3.5. La Corte, en aquella ocasión, consideró que la facultad discrecional consagrada en esta disposición a favor de la autoridad disciplinaria de decidir si considera necesario o no oír en exposición espontánea al servidor público investigado, viola el derecho de defensa, pues olvida que esta solicitud del encartado en la indagación preliminar de ser escuchado, corresponde al derecho que tiene cuando sabe que su conducta puede estar comprometida por una queja o denuncia. En estas condiciones, dijo la Corte, que a su pedido de ser oído, la autoridad disciplinaria no puede negarse. Explicó la Corte:

“Ahora bien, de la lectura atenta del artículo 140 del Código Disciplinario Único, se tiene que el investigador “(...) podrá oír en exposición espontánea al servidor público que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado” (resaltado fuera de texto). Ello significa que, cuando no existe una persona claramente definida o, lo que es lo mismo, no se tiene certeza sobre el posible autor de la falta disciplinaria, el servidor público que tiene a su cargo el esclarecimiento real de los hechos que dieron lugar a la queja, puede acudir a los medios de prueba que considere pertinentes, sin que ello autorice al funcionario investigador a negarse a oír al servidor público que así lo solicite si este último lo estima pertinente, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si un servidor público tiene conocimiento de que su conducta puede resultar comprometida en virtud de una queja o denuncia instaurada y, solicita al funcionario investigador la recepción de la exposición espontánea, en aras de ejercer su derecho de defensa, tendrá que ser escuchado, sin que esta solicitud quede sujeta a la discrecionalidad del investigador.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Único, en cuanto hace referencia a la expresión “que considere necesario”, norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legítimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso” (Sent. C-892/99).

3.6. Ahora, frente a la misma expresión contenida en una disposición semejante, se concluye que se está frente a cosa juzgada, pues, la frase acusada, el legislador la reprodujo exactamente igual dentro de un contexto muy semejante al que se encontraba en el anterior Código Disciplinario Único y, como las razones expresadas por la Corte en la sentencia aludida para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 140 de la Ley 200 de 1995 son las mismas que ahora conducen a la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 150, inciso 5º de la Ley 734 de 2002, se declarará inexequible. […]”.

Uno de los puntos de discordia, que expresa el accionante, radica en la notificación irregular del auto de 5 de febrero de 2007, por medio del cual se declaró cerrada la investigación disciplinaria y se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, en tanto que fue fijado en estado Nº 001 de 5 de febrero de 2007, sin haber librado previamente la comunicación a los intervinientes, además que se fijó el mismo día y no por lo menos al día siguiente, tal como lo ordena el artículo 103 del Código Disciplinario Único.

Según da cuenta el acervo probatorio, el auto de 5 de febrero de 2007 corresponde a un auto interlocutorio, toda vez que está resolviendo una situación de vital importancia dentro del proceso disciplinario, teniendo en cuenta que con ella el operador disciplinario da a conocer a los implicados que a su juicio la investigación ya se encuentra perfeccionada, en su totalidad, y por tanto, ya no se admiten más pruebas.

Dicha providencia es de tal importancia, por corresponder al instante en que se cierran las puertas a los investigados para solicitar las pruebas que consideren necesarias, por tanto, debe ser notificada a las partes, pues puede acontecer que no pueda cerrarse aún la investigación por falta de algunas pruebas por practicar o encontrarse pendiente de ser anexadas al expediente, de suerte que su indebida notificación, necesariamente afecta el debido proceso y el consecuente derecho de defensa por parte del agente investigador.

De la notificación del auto de cierre de la investigación disciplinaria

Ahora bien, se tiene que efectivamente el auto de cierre de la investigación y que corre traslado para alegar de conclusión, fue proferida el 5 de febrero de 2007 (fl. 721), sin que exista comunicación alguna o al menos notificación vía fax como lo había autorizado el apoderado del accionante. Por el contrario, se advierte a folio 722 la notificación por estado efectuada por el instructor del proceso disciplinario, en el cual se lee que fue fijado en la secretaría del despacho a las 8.00 de la mañana de 5 de febrero de 2007 y desfijado en esa misma fecha a las 6.00 de la tarde.

La Ley 734 de 2002, en el artículo 105 dispone que la “[…] Notificación por estado. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil”, es decir, que las formalidades que se deben aplicar para este tipo de notificaciones son las establecidas en el Código de Procedimiento Civil que en artículo 321, prevé:

“Notificaciones por estado. La notificación de los autos que no deba hacerse personalmente, se cumplirá por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. La inserción en el estado se hará pasado un día de la fecha del auto, y en ella ha de constar. […]” (se resalta).

Por tanto, al remitirnos al contenido del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, donde claramente se lee que la inserción de la notificación del auto en el estado se hará pasado un día de la fecha del auto.

Al verificar el contenido del estado visible a folio 722 se observa que se realizó el mismo día en que se profirió el auto [5 de febrero de 2007], lo que constituye una irregularidad, dado que ello debe ser armonizado con lo establecido en el artículo 103 del Código Disciplinario Único, que dispone: “Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si ésta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos”.

Lo anterior quiere significar que transcurrido el día siguiente a la fecha en que se profirió el auto de 5 de febrero de 2007, que decretó el cierre de la investigación y ordenó correr traslado para alegar de conclusión, el secretario a más tardar el día siguiente debió libar la comunicación al disciplinado, esperar que se presentara dentro de los tres [3] días siguientes a fin de que se surtiera la notificación y si no se presentó, el día posterior al vencimientos de los tres [3] días, sí proceder a fijar la decisión en estado; lo que en el presente caso no aconteció, pues como se indicó antes, la notificación por estado se produjo el mismo día.

Es tal el desconocimiento al debido proceso y derecho de defensa que el día 12 de febrero de 2007 el defensor del disciplinado solicitó nuevamente la nulidad de lo actuado y la práctica de algunas pruebas, petición que debió haberse tramitado, en tanto que así se hubiese notificado como correspondía para la inserción en estado, el término para la impugnación de dicha providencia vencía el día en que se presentó el escrito por el apoderado del implicado, pero al haberse cometido la irregularidad que se analiza y no obstante que se le puso en conocimiento al operador disciplinario su existencia, éste procede a dejar constancia secretarias y negar el trámite de dicha solicitud (fl. 723), para luego emitir fallo de primera instancia.

Ahora bien, la acreditación de la indebida notificación no sería suficiente para decretar la nulidad de lo actuado, pues se debe examinar qué consecuencias se derivaron del posible incumplimiento de la notificación en debida forma y qué relevante es ello en el proceso disciplinario. Al respecto se tiene que el cierre de la investigación en un proceso disciplinario constituye un límite a cualquier actuación probatoria, de donde la oportunidad de recurrir el auto de cierre es un elemento fundamental para el ejercicio legítimo de los derechos y garantías del investigado, así las cosas constituye un verdadero desconocimiento al debido proceso y derecho de defensa del accionante, la indebida notificación de la providencia objeto de análisis, razón por la cual, el cargo de violación al debido proceso por indebida notificación del auto de cierre de la investigación disciplinaria está llamado a prosperar.

De la notificación del fallo de primera instancia

Así mismo se alega la falta de notificación del fallo disciplinario de primera instancia de 22 de febrero de 2007, mediante el cual el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia sancionó al demandante con suspensión en el ejercicio del cargo de subintendente por el término de sesenta [60] días sin derecho a remuneración.

Con la notificación de los actos administrativos se busca informar a los administrados sobre las decisiones adoptadas por la administración, en cumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política.

El artículo 103 de la Ley 734 de 2002 dispone que la notificación de los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y los fallos disciplinarios, se notificaran personalmente, para lo cual se debe adelantar el procedimiento establecido en el artículo 103 ibídem el cual establece:

“ART. 103.—Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si ésta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos. (…)”.

Si no se pudiere hacer la notificación personal del auto de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, o los fallos disciplinarios, se debe notificar la decisión por edicto tal como lo dispone el artículo 107 del Código Único Disciplinario (L. 734/2002), que en su tenor literal estipula:

“ART. 107.—Notificación por edicto. Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.

Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, previo el procedimiento anterior”.

La falta de notificación de los actos administrativos conlleva a que estos no produzcan efectos jurídicos, en razón a que si bien son válidos, no son eficaces, diferenciándose en que la validez se refiere al cumplimiento de los requisitos legales para su expedición, y la eficacia a los efectos jurídicos que este produce, de lo cual se deduce que el acto administrativo que no fue notificado no produce efectos jurídicos. El Consejo de Estado sobre el particular ha manifestado:

“(…) Respecto de los actos administrativos de carácter particular y concreto, es la notificación personal el medio idóneo para dar a conocer la decisión a su destinatario y darle la oportunidad de intervenir en defensa de sus derechos. Su ausencia, o la indebida notificación personal, conducen a la inexigibilidad de la decisión administrativa, es decir que frente al administrado, no resulta obligatoria ni se le puede oponer. Quiere decir lo anterior que, no obstante existir un acto administrativo investido de la presunción de legalidad, porque se asume que fue expedido con el lleno de todos los requisitos legales, el mismo le es inoponible al administrado, cuando no haya sido puesto en su conocimiento, en la forma indicada por la ley, lo cual se explica si se tiene en cuenta que nadie puede ser obligado a dar cumplimiento a una disposición que desconoce.

(…) El desconocimiento o pretermisión de una cualquiera de las exigencias que regulan la forma de hacer las notificaciones se sanciona con la inexistencia de la notificación y, por tanto, el acto no produce efectos legales”(20).

En el sub judice está probado de folios 772 a 807 que el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Antioquia el 22 de febrero de 2007 profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual resolvió sancionar al accionante con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de sesenta [60] días sin derecho a remuneración y en el artículo 5º dispuso que la decisión debía ser notificada personalmente, haciéndole saber que contra la misma procedía el recurso de apelación ante la inspección regional delegada seis de la Policía Nacional, dentro de los tres [3] días siguientes a la notificación en la forma y términos señalados en los artículos 111 y 115 de la Ley 734 de 2002.

El secretario notificador ad hoc, el 20 de marzo de 2007, profirió el siguiente informe:

“Auto trasladando investigación disciplinaria concediendo el recurso de apelación

El suscrito secretario notificador de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía de Antioquia, teniendo en cuenta que el señor profesional del derecho Wesley Uran Ramírez, defensor contractual del señor SI. Jesús Elías Posso Piedrahita, presentó por escrito y debidamente sustentado el recurso de apelación al fallo de primera instancia calendado el 22-02-2007, dentro del proceso disciplinario DEANT-2003-378, que se adelanta en contra del mencionado policial, en el cual se le impuso correctivo disciplinario al investigado la suspensión e inhabilidad por el término de sesenta [60] días.

Teniendo en cuenta que el mencionado recurso fue presentado dentro del término legal por encontrarse en curso la notificación del señor José Alberto Rodríguez Tangarife, disciplinado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 734 de 2002, es procedente trasladar la investigación de la referencia en el efecto suspensivo a la inspección regional número seis concediendo el recurso de apelación” (se resalta).

Del anterior informe se infiere por un lado que el otro disciplinado el subintendente Jesús Elías Posso Piedrahita para la fecha de presentación del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia cambió de apoderado [es decir, ya no era el mismo del aquí demandante], y que para el 20 de marzo de 2007 aún no había sido notificado el demandante y no obra en el proceso prueba de que ésta se haya surtido, de manera que se constituye en otra violación al debido proceso y derecho de defensa del actor, que afecto la legalidad de los actos acusados, pues al no surtirse la notificación del fallo de primera instancia, el disciplinado no contó con la oportunidad de presentar el recurso de apelación con el propósito de que el superior revisara la decisión y de ser el caso la revocara.

De la nulidad del auto que decreto la terminación de todo procedimiento en contra del subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife

Aduce el demandante que el jefe de la oficina de control interno disciplinario mediante auto de 25 de mayo de 2007 dio cumplimiento al fallo de tutela de 24 de mayo de 2007, proferido por el Juez Promiscuo de Santa Fe de Antioquia, que tuteló el derecho fundamental al debido proceso, y en consecuencia revocó todo lo actuado a partir del auto de 5 de febrero del mismo año, dentro del proceso disciplinario que se adelantaba en su contra.

Sin embargo posteriormente profirió el auto de 30 de mayo de 2007 mediante el cual resolvió declarar la terminación de todo procedimiento disciplinario en contra del accionante por considerar que la acción estaba próxima a prescribir y no contaba con más términos para continuar con la investigación disciplinaria. Empero por auto de 31 de julio de 2007 el Jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Antioquia, dijo estar actuando en cumplimento del fallo de tutela de segunda instancia de 10 de julio de 2007, proferido por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Agraria-Familia, mediante el cual revocó la providencia que había tutelado el derecho fundamental al debido proceso y rechazó la acción por improcedente al estimar que se contaba con otro medio de defensa.

La anterior decisión es contraria a derecho y desconocer el debido proceso y derecho de defensa del actor, por cuanto el auto que declaró la terminación de todo procedimiento no fue producto del cumplimiento de ningún fallo de tutela y no podía ser revocado por el operador disciplinario sin su autorización.

El fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia el 24 de mayo de 2007, resolvió: “[…] Decretar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la providencia de fecha 5 de febrero de 2007, por medio de la cual se declaró cerrada la investigación disciplinaria y se corrió traslado a los sujetos procesales […] a fin de que rehaga la actuación en debida forma. […]”.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el juez de tutela de primera instancia, el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Antioquia, el 25 de mayo de 2007, profirió el auto de con el cual declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 5 de febrero de 2007, lo cual correspondía con la orden impartida por el Juez Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia; así mismo el 30 de mayo del mismo año, el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, expidió auto por medio del cual dispuso la terminación del a investigación disciplinaria, bajo el entendido de que la acción no podía continuar porque estaba próxima a prescribir.

Para la Sala la decisión contenida en el auto de 30 de mayo de 2007, proferido por el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, no deriva su origen del fallo de tutela proferido por el Juez Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, por una parte, porque a la administración se le ordenó anular y rehacer la actuación, no terminarla y, por otro lado, el hecho de que se invoque una prescripción aún no causada para no continuar el proceso, no era suficiente justificación para terminar el proceso porque la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía debía tener conocimiento de la impugnación de la tutela [por cuanto fue presentada por esa dependencia], y en esa medida, cualquier decisión en el proceso disciplinario estaría condicionada al resultado de la impugnación, razón por la cual era aconsejable que la nulidad decretada se mantuviera incólume hasta el momento en el cual se decidiera la impugnación a la sentencia de tutela .

En otros términos, la administración excedió la orden impartida por el juez de tutela de primera instancia, al dar por terminado el proceso, cuando no estaba en la obligación de hacerlo, razón por la cual se considera que esa determinación hacía radicado en los investigados un derecho particular y concreto, no susceptible de modificación de manera unilateral por parte del operador disciplinario.

Por lo anterior, concluye la Sala que la revocatoria de la terminación del proceso disciplinario, acto administrativo que se encontraba en firme, y fue irregular, por lo que la nulidad se extenderá al acto administrativo de 31 de julio de 2007, que revocó la terminación del proceso y dejó en firme los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia.

Las situaciones que se advierten son las que le permiten a la Sala concluir que efectivamente al señor José Alberto Rodríguez Tangarife se le desconoció el derecho de defensa y debido proceso a lo largo de la investigación, pues el recuento de las actuaciones surtidas en el trámite del proceso disciplinario pone en evidencia que son múltiples las nulidades que son declaradas no solamente por el jefe de la oficina de control interno disciplinario del departamento de Policía de Antioquia, al ser advertido por el defensor del actor, sino que el inspector delegado regional de procesos disciplinarios de la Policía Nacional, al conocer en segunda instancia las decisiones del instructor, procedió a decretar su nulidad, lo que pone en evidencia la falta de conocimiento del procedimiento disciplinario por parte del director del proceso.

En esas condiciones el cargo de violación al debido proceso y al derecho de defensa está llamado a prosperar, en consecuencia la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y ordenará a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el término que duró la suspensión en el ejercicio del cargo de Subintendente, y no se ordenará el reconocimiento y pago de perjuicios morales y materiales porque no se demostraron y no pasar de ser una mera afirmación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección ‘B’, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las providencias de 5 y 22 de febrero, 13 de abril, 25 y 30 de mayo de 2007, proferidas por la Policía Nacional, mediante las cuales se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo al subintendente José Alberto Rodríguez Tangarife, por el término de sesenta [60] días, sin derecho a remuneración.

2. CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el señor José Alberto Rodríguez Tangarife, por el término que duró la suspensión en el cargo.

3. CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a cancelar todo registro que obre en la hoja de vida del señor José Alberto Rodríguez Tangarife, como consecuencia de la nulidad de los actos acusado, para lo cual oficiará a las entidades a la cuales le haya comunicado la sanción.

4. DÉSE cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase.»

(4) El actor fue notificado a través de su apoderado de forma personal 12 de septiembre de 2009 (fl. 519).

(5) El demandante fue notificado personalmente el 8 de septiembre de 2006 (fl. 514).

(6) El demandante fue notificado a través de su apoderado en forma personal el 29 de septiembre de 2006 (fl. 553).

(7) El demandante fue notificado a través de su apoderado en forma personal el 17 de noviembre de 2006 (fl. 575).

(8) El demandante fue notificado por estado que se fijó el 11 de diciembre de 2006 (fl. 606).

(9) El demandante fue notificado por estado que se fijó el 12 de diciembre de 2006 (fl. 606).

(10) El demandante fue notificado a través del apoderado de forma personal el 29 de enero de 2007 (fl. 710).

(11) A folio 780 obra la comunicación de 2 de febrero de 2007, hora 11:30, dirigida al apoderado de los disciplinados, doctor Hildebran Díaz Estrada, mediante la cual le ponen en conocimiento que en la fecha se resolvió el recurso de reposición por él interpuesto y deja constancia que no se presentó, razón por la cual, procedió a remitir la providencia vía fax, como previamente lo había autorizado. Esto en aplicación de lo previsto en el artículo 102 del Código Disciplinario Único - Ley 734 de 2002 (fls. 718 y 720).

(12) Los disciplinados fueron notificados por estado que se fijó el 5 de febrero de 2005 a las 8.00 a.m. y se desfijó a las 6.00 p.m., de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 734 de 2002 (fl. 722).

(13) El despacho advierte que el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín - Antioquia, mediante sentencia de 25 de mayo de 2007, negó la acción de tutela interpuesta por el subintendente Jesús Elías Posso Piedrahita, en la procuraba la protección del derecho fundamental al debido proceso (fls. 857-859).

(14) Decisión que fue notificada personalmente al demandante el 2 de agosto de 2007 (fl. 200).

(15) Decisión que fue notificada personalmente al demandante el 2 de septiembre de 2007 (fl. 940).

(16) Sentencia C-948 de 2002.

(17) Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de 30 de octubre de 2003, expediente 17213, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez.

(18) Inciso adicionado por el artículo de la Ley 1551 de 2012.

(19) Sentencias C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz; C-411 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes M.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, radicación 2002-01016-02. Actor: Departamento de Santander, sentencia de 20 de septiembre de 2007.