Sentencia 2011-00431 de febrero 6 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. 73001-22-13-000-2011-00431-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil doce.

(Discutido y aprobado en Sala de 1º de febrero de 2012)

Se decide la impugnación presentada respecto de la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2011 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en la acción de tutela promovida por la sociedad Restrepo Fonseca y Cía. S. en C. contra el Juzgado Civil del Circuito de Lérida (Tolima), trámite al que se vinculó a los intervinientes en el proceso en el que se acusa la vulneración de derechos.

Antecedentes

1. La sociedad comercial arriba mencionada solicitó la protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.

2. La acción constitucional se sustenta en que en el trámite del proceso de desande y amojonamiento que la sociedad accionante interpuso contra la señora María Consuelo Londoño de Silva se denegaron las pretensiones de la demanda, aun cuando en la prueba pericial practicada se determinó que los linderos de los predios habían sido movidos, en perjuicio del demandante, dando como resultado una alteración en el área correspondiente a 21,365 hectáreas.

Se señaló que en la audiencia en la que se adoptó la anterior determinación, llevada a cabo el 9 de agosto de 2011, no acudió la parte demandada, y el juez accionado, afirma la accionante, “negó como indispuesto y desubicado totalmente en su parte intelectual (fl. 32), y que incluso se desempeñó durante la misma de manera nerviosa, entre otras observaciones a su comportamiento.

Finalmente, manifestó que frente a la decisión adversa se interpusieron los recursos de reposición y apelación, y que denegado el primero, el tribunal de segunda instancia rechazó el segundo al considerarlo inadmisible, por versar sobre una providencial inapelable.

3. En apoyo de lo anterior solicitó que se ordene al juzgado de conocimiento dejar sin efectos la decisión atacada, y que proceda en consecuencia a alinderar y a amojonar los predios materia del proceso. Subsidiariamente solicitó que se compulsaran copias de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, para que se investigue al juez accionado, “recusando su actuar y enviando a un homólogo el proceso para que termine de tramitarlo” (fl. 39).

La sentencia impugnada

El a quo denegó al amparo suplicado tras advertir que la providencia objeto de estudio, no presenta razonamiento incongruente o una línea argumentativa contraria al ordenamiento jurídico” (fl. 57). Señaló, además, que el juez constitucional debe respetar el criterio jurídico y la interpretación de las normas que conforme a las reglas de la sana crítica determinó el juzgado accionado.

La impugnación

El accionante señaló que el a quo dejó de lado el argumento atinente al estado mental del juzgador acusado. En lo demás, reiteró los argumentos de la acción de tutela, insistiendo en la vulneración de la norma de procedimiento que regula el trámite de que se trata.

Consideraciones

1. Conviene poner de presente, para empezar, que la acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta Fundamental y el ordenamiento jurídico consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas.

De igual manera, se ha señalado que, en línea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de actuaciones judiciales, salvo que se está en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.

2. Para el caso que ocupa la atención de la Sala debe destacarse, en primer lugar, que el tema relativo a la presunta incapacidad mental del funcionario accionado escapa del alcance de la acción de tutela, comoquiera que la determinación de la aludida causal excede los fines del presente trámite breve y sumario. Por el contrario el juicio constitucional de tutela respecto de providencias judiciales, dada su procedencia excepcional, tiende solamente a verificar la existencia de alguna desviación, en la providencia censurada, respecto del ordenamiento jurídico que evidencie una actuación caprichosa, antojadiza o evidentemente errada.

3. Precisado lo anterior, la Corte estima necesario recordar que el objeto del proceso de deslinde y amojonamiento consiste en determinar los límites inciertos entre dos predios colindantes, en aras de garantizar “el ordenado y tranquilo desarrollo de las relaciones de vecindad” motivo por el cual “la intervención jurisdiccional se justifica entonces por la necesidad de individualizar en el espacio la línea donde termina el señorío de cada uno y empieza el de los demás. Así, el deslinde y amojonamiento en cuanto determine e individualiza el objeto sobre que recae el derecho de dominio tiene aptitud para preparar no pocas veces el ejercicio de la acción reivindicatoria (Cas. Civ., sent. sep. 23/56, G.J. t. LXXXIX, P. 150).

Bien sea que se trate del procedimiento reglado en el título XXV, libro tercero, del Código de Procedimiento Civil o el que se adelanta ante los jueces agrarios, la estructura procedimental del trámite de los procesos de deslinde y amojonamiento resulta semejante, en la medida en que una vez admitida la demanda, y surtido el traslado, solo proceden, como mecanismos defensivos, la proposición de excepciones previas y las de transacción y cosa juzgada, luego de lo cual debe adelantarse la diligencia de que trata el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, en la que se decide sobre el deslinde. De conformidad con la anterior norma, el único evento que impediría al juez de conocimiento fijar los límites sería cuando “encuentra que los terrenos no son colindantes, en caso contrario tiene el deber de señalar los linderos a que hubiere lugar, sin perjuicio del derecho que tienen las partes a oponerse al deslinde así practicado.

Puntualizado el aspecto procesal, bien pronto se avizora la prosperidad del reclamo constitucional, dado que el funcionario judicial accionado se alejó del procedimiento prescrito por la ley, profiriendo un auto en el que se abstuvo de efectuar el alinderamiento sin que concurriera la causal antes anotada, dejando sin recurso de alzada al accionante —por no tratarse de un auto de los taxativamente señalados como apelables— lo que generó, a su vez, inseguridad jurídica al no definirse de fondo el asunto sometido a su consideración.

En efecto, luego de surtido el trámite inicial, el juez civil del circuito de Lérida, en diligencia celebrada el 9 de agosto de 2011, señaló que “no hubo claridad en cuanto a la posible alteración de la línea divisoria entre los predios El Paraíso y Las Marías, si se considera que el dictamen pericial no fue contundente en este aspecto. La apreciación de la interumción (sic) de una cerca en el costado sur del predio Las Marías, que debían empalmar con el costado Norte de la misma cerca, no aparece debidamente soportado”. En adición señaló que “los testigos escuchados, con excepción del último a quien no le consta la situación de los linderos, indicaron que los linderos no habían sido alterados”. Y con base en este exiguo análisis resolvió “Abstenerse de alinderar los inmuebles” (fl. 17). Además, al desatar el recurso de reposición contra la anterior decisión, el juzgador manifestó que “el artículo 464, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil ... no excluye otras posibilidades [para denegar el alinderamiento, además de no ser colindantes los inmuebles], pues se establecería un límite inadecuado a la realidad probada (sic)”. En esa oportunidad expresó la verdadera razón del proceder acusado: “Al volver sobre el expediente ..., se concluye que tras la compra del predio que hoy se denomina Las Marías, al demandante, la demandada obtuvo unas hectáreas más, pero sí en las escrituras no se verifica una confusión de linderos, no es posible ordenar un alinderamiento que daría como resultado que los límites establecidos retrocedan para la finca Las Marías y se amplíen para el predio El Paraíso” (fl. 23).

De la cita en mención se aprecia, en primer lugar, que el juzgador omitió su deber de alinderar los inmuebles materia del conflicto de intereses, al proferir un auto en el que se declaró la improcedencia del alinderamiento con base en una causal diferente a la prevista por el rito civil. En adición se observa otra omisión en materia de pruebas, pues además de no decretar los medios de convicción necesarios para esclarecer los aspectos del dictamen pericial que motivaron su duda, efectuó un estudio superficial al material probatorio recaudado, ya que en el examen realizado no se indicaron las razones que se tuvo para asignarles determinado peso a cada medio de prueba, con lo que se está, además, en presencia de un yerro por inadecuada motivación de la providencia censurada.

4. Se concluye, en atención a los reparos anteriormente mencionados, que en el presente asunto sí existió una desviación del marco jurídico que regula la pretensión de deslinde y amojonamiento, por lo que se revocará el fallo impugnado, y en su lugar se concederá el amparo al derecho al debido proceso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas, y en su lugar CONCEDE el amparo invocado por la sociedad Restrepo Fonseca y Cía. S. en C. a su derecho fundamental al debido proceso.

Se ORDENA, en consecuencia, al Juzgado Civil del Circuito de Lérida que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, deje sin efectos las determinaciones que adoptó en la diligencia del 9 de agosto de 2011, y en su lugar proceda a tomar las medidas que estime pertinentes, ajustando su actuar a lo previsto en el ordenamiento jurídico procesal, y según los lineamientos reseñados en esta providencia.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a quo y a los demás intervinientes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez.