Sentencia 2011-00441 de septiembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Radicado: 110010325000201100441 00

Número interno: 1691-2011

Consejero Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Actor: William Zorrilla Amórtegui

Demandado: Banco Agrario de Colombia

Asunto: Sanción disciplinaria a trabajador oficial consistente en destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para el ejercicio de cargos públicos.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Competencia

Procede la Sala a estudiar la competencia de esta corporación, con el fin de analizar la legalidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años al actor, quien laboraba como cajero conforme al contrato de trabajo a término fijo que suscribió con el Banco Agrario de Colombia S.A.

Al estar vinculado el señor William Zorrilla Amórtegui a través de un contrato de trabajo con el Banco Agrario, ostentaba la condición de trabajador oficial, por esta razón la Sala precisa la competencia para conocer de la demanda conforme al siguiente precedente jurisprudencial.

En efecto, el Consejo de Estado(8) acatando lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley 734 de 2002(9), ha sostenido, “[…] que la potestad disciplinaria se manifiesta sobre los servidores públicos, esto es, sobre aquellas personas naturales que prestan una función pública bajo la subordinación del Estado, incluida una relación derivada de un contrato de trabajo. En efecto, en aquellos casos en los cuales existe una relación laboral de subordinación entre el Estado y una persona, se crea una relación de sujeción o supremacía especial debido a la situación particular en la cual se presenta el enlace entre la administración y la aludida persona. Por ello, la Corte Constitucional ya había señalado que el “régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores públicos que le son, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, los miembros de corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios””(10) (resaltado fuera del texto).

En consecuencia, la Sala es competente para conocer de los actos administrativos demandados, los cuales responsabilizaron y sancionaron disciplinariamente con destitución al actor en la condición de trabajador oficial.

Igualmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado en providencia de unificación(11), que la corporación conoce en única instancia de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en las que se controvierten sanciones disciplinarias de destitución y suspensión expedidas por una autoridad nacional.

Es así, que los actos administrativos demandados comportan una sanción de destitución y fueron proferidos por el Banco Agrario de Colombia S.A., autoridad de orden nacional, por ende se reitera que la corporación es la competente para conocer de la demanda objeto del sub lite.

Caducidad

Por otra parte, la entidad demandada pese a que no planteó la excepción de caducidad en la contestación de la demanda(12), la invocó en los alegatos de conclusión, y siendo esta institución jurídica un presupuesto procesal de la acción, hoy medio de control, se entra a resolver conforme lo establece la parte final del numeral 3º del artículo 144 e inciso 2º del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Recientemente la Sección Segunda de esta corporación(13) respecto al tema de la contabilización del término de la caducidad unificó el criterio para determinar desde que momento se deben contar los 4 meses para controvertir los actos administrativos de carácter disciplinario que implican el retiro temporal o definitivo del servicio, en los casos en los que la sanción haya sido ejecutada por los funcionarios que prevé el artículo 172 del Código Disciplinario Único, precisando:

“A juicio de esta corporación, es claro que en principio y sin perjuicio de las situaciones que puedan presentarse en cada caso concreto, para el administrado resulta más favorable que el término de caducidad comience a contabilizarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria, en la medida en que esta actuación se realiza con posterioridad a la emisión del respectivo fallo disciplinario.

Esta circunstancia no solamente implica que el sujeto disciplinado dispone de un término más amplio para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que consecuentemente otorga a la persona una mejor oportunidad para elaborar su defensa ante las autoridades judiciales, lo que sin lugar a dudas redunda en un ejercicio más adecuado de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa.

(…).

En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración”.

Conforme este alcance jurisprudencial, en el caso en estudio, el acto que ejecutó la sanción, correspondió al oficio del 18 de enero de 2011 signado por la vicepresidencia del Banco Agrario de Colombia(14), con el cual se informó al actor que a partir del 19 de enero de 2011 se daba por terminado el contrato de trabajo; por ende, el término de caducidad se empezaba a contar a parir del día 19 de enero de 2011, por lo que los 4 meses vencían el 19 de mayo de esa anualidad; empero, como el actor solicitó la conciliación extrajudicial, el 3 de mayo de 2011 ante la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, está situación suspendió el término de la acción(15), hasta el 2 de agosto de 2011, cuando se realizó la audiencia de conciliación y se expidió la constancia respectiva(16).

En consecuencia, se reanudo el plazo de los 4 meses, los cuales vencían el 19 de agosto de 2011, y se encuentra acreditado que la demanda se presentó el 3 del mismo mes y año, lo que indica, que la misma se interpuso dentro del término de caducidad de la acción.

Así entonces, el señor William Zorrilla Amórtegui presentó la demanda objeto de estudio, dentro del término de caducidad, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y a los parámetros recogidos en el auto de unificación transcrito, por ende no se declarará probada la caducidad de la acción.

• Problema jurídico.

Consiste en determinar sí los actos administrativos demandados vulneraron el debido proceso del actor e incurrieron en las causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder, i) al valorar el estudio grafotécnico sin haber sido ordenada en el proceso disciplinario y ii) por desconocer el principio de tipicidad en los actos demandados, al no probar la falta disciplinaria gravísima endilgada al demandante.

La Sala con el fin de resolver el problema jurídico seguirá el siguiente esquema: 1. Actuación disciplinaria; 2. Acopio del estudio grafotécnico; y 3. Conexidad entre la tipicidad de falta disciplinaria y lo probado en los actos administrativos demandados.

1. Actuación disciplinaria.

La Oficina de Control Disciplinario Interno - Coordinación Disciplinaria - Dirección General y Regional Bogotá, radicado 029-002-2009, el 20 (sic) de marzo de 2009, abrió indagación preliminar, teniendo en cuenta el informe de seguridad bancaria SB-9166 del 25 de marzo de 2009, relacionada con la reclamación que hizo el señor José Martín Vargas, correspondiente a una consignación que realizó el 5 de febrero de 2008 por valor de $ 180.000 a la cuenta del Fondo Nacional del Ahorro, la cual no ingresó a la contabilidad; se estableció que la operación se efectuó en la oficina Avenida Jiménez del Banco Agrario, donde fungía como cajero, William Zorrilla Amórtegui (fls. 26-27, cdno. 2).

La oficina de control disciplinario interno - Coordinación disciplinaria - Dirección general y regional Bogotá, radicado 029-002-2009, el 10 de noviembre de 2009, abrió investigación disciplinaria en contra de William Zorrilla Amórtegui, en su condición de cajero de la oficina Jiménez del Banco Agrario de Colombia, teniendo en cuenta el informe de seguridad bancaria SB-9166 del 25 de marzo de 2009 (fls. 40-42, cdno. 2).

La oficina de control disciplinario interno - Coordinación disciplinaria - Dirección general y regional Bogotá, radicado 029-002-2009, el 5 de febrero de 2010, formuló pliego de cargos a William Zorrilla Amórtegui, en su condición de cajero de la oficina Jiménez del Banco Agrario de Colombia, por la falta gravísima contenida en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 a título de dolo; entre las pruebas que se acopiaron le señalaron:

“4.1.3. Fotocopia del estudio grafotécnico al sello húmedo cuestionado “Banco Agrario de Colombia OF AVENIDA JIMÉNEZ”, CUN. CAJA 6 05 FEB 2008 SABAN 0070 RECIBIDO” obrante a la cara anversa del comprobante TRANSACCIÓN EN EFECTIVO perteneciente a la cuenta 331920000709399 de fecha cinco de febrero de 2008, donde se concluyó que el sello es auténtico y emana de la misma matriz selladora (fls. 10 a 18)” (fls. 49-57, cdno. 2).

La Oficina de Control Disciplinario Interno - Coordinación Disciplinaria - Dirección General y Regional Bogotá, profirió fallo de primera instancia el 22 de julio de 2010, en el cual declaró responsable disciplinariamente a William Zorrilla Amórtegui, por incurrir en la conducta descrita en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, conforme a los siguientes argumentos:

Se concluyó que dentro del expediente disciplinario obran documentos suficientes para demostrar que existió una consignación por $ 180.000.00 a la cuenta del Fondo Nacional del Ahorro, suma que nunca ingresó a la cuenta respectiva, así como tampoco apareció el sobrante en el balance de caja al finalizar el día 5 de febrero de 2008, fecha en que ocurrieron los hechos.

De lo anterior, se deriva la falta disciplinaria gravísima consistente en incrementar injustificadamente el patrimonio, al apropiarse de los dineros provenientes del recaudo en la citada consignación por el valor aludido (fls. 83-99, cdno. 2).

Esta decisión fue apelada por el actor y mediante fallo de segunda instancia del 9 de diciembre de 2010, la Presidencia del Banco Agrario resolvió confirmar el fallo apelado, reiterando los argumentos expuestos en primera instancia y agregando que se trató de una apropiación del importe de una consignación a la cuenta del Fondo Nacional del Ahorro, la cual se encuentra acreditada por el comprobante de la consignación, cuyo sello resulto auténtico, según el dictamen grafotécnico realizado sobre el mismo.

Respecto de la no demostración del incremento patrimonial injustificado, el operador disciplinario destacó que tal conducta surge de la apropiación y disposición a título personal del dinero correspondiente a la consignación, sin que sea necesario establecer el destino dado a esos recursos apropiados por el servidor público (fls. 108-115, cdno. 2).

2. Acopio del estudio grafotécnico.

El estudio grafotécnico se realizó el 28 de enero de 2009, con el fin de determinar, “Si el Sigilógrama “Banco Agrario de Colombia OF. AVENIDA JIMÉNEZ CAJA 6 05 FEB 2008 SBAN 0070 RECIBIDO”, procede de la misma fuente que estampó los sellos originales existentes en los cinco (5) comprobantes TRANSACCIONES EN EFECTIVO del 5 de febrero de 2008 (…)” (fls. 10 y 11, cdno. 2).

El informe de Seguridad Bancaria SB 9166 del 25 de marzo de 2009(17), se fundamentó entre otras pruebas en el estudio grafotécnico, correspondiente al análisis del sello de recibo de caja por valor de $ 180.000, el cual dio como resultado la autenticidad de éste (fls. 1 y 2, cdno. 2).

Con base en el informe de seguridad bancaria y el estudio grafotécnico entre otras pruebas, se ordenó la indagación preliminar, posteriormente la apertura formal de investigación disciplinaria y en el pliego de cargos se citó de manera expresa el estudio técnico del sello, para demostrar la falta, al igual que se hizo en los actos administrativos demandados.

En ese orden de ideas, es claro que el estudio grafotécnico no se solicitó en la investigación disciplinaria, porque el mismo se realizó el 28 de enero de 2009 previamente al proceso disciplinario; sin embargo, el estudio fue puesto en conocimiento del investigado, hoy demandante, desde el momento de la indagación preliminar, apertura de la investigación, pliego de cargos hasta la culminación del proceso en los actos administrativos acusados, por lo que pudo siempre controvertirse, por esta razón la Sala encuentra que al valorarse el estudio grafotécnico, no se presentó violación al debido proceso ni al derecho de defensa y contradicción del actor, de ahí que éste no se puede considerar como una prueba ilícita(18).

3. Conexidad entre la tipicidad de falta disciplinaria y lo probado en los actos administrativos demandados.

En el pliego de cargos formulado al señor William Zorrillo Amórtegui, en su condición de cajero de la oficina Avenida Jiménez del Banco Agrario de Colombia, se le imputó como falta disciplinaria gravísima, la contemplada en el inciso segundo del numeral 3167 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifica la siguiente conducta:

“Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio (…)”

En los actos administrativos acusados se probó con base en el material probatorio acopiado, que el 5 de febrero de 2008 se realizó una consignación a la cuenta del Fondo Nacional del Ahorro, por valor de $ 180.000 a nombre del cliente y quejoso José Martín Vargas, operación que no se registró en el sistema, ni figura copia de la transacción en efectivo en los archivos, ejercicio bancario atendido por el cajero William Zorrilla Amórtegui, quien al finalizar el día no reportó sobrante alguno, por esta razón se descartaron los argumentos expuestos por el investigado, en cuanto que pudo ser un error operativo.

Conforme al material probatorio, la oficina de control interno disciplinario y la presidencia del Banco Agrario de Colombia, como operadores disciplinarios de primera y segunda instancia, respectivamente, fundamentaron la subsunción de la conducta endilgada al cajero en el incremento injustificado del patrimonio, al tener que el demandante el 5 de febrero de 2008, en ejercicio de sus funciones de caja se apropió de los dineros provenientes del recaudo de la consignación a la cuenta convenio del Fondo Nacional del Ahorro, por valor de $ 180.000; en otras palabras, sostuvo la segunda instancia, que el “enriquecimiento” patrimonial surge de la apropiación y disposición a título personal del dinero correspondiente a la consignación, sin que sea necesario dilucidar el destino dado a los recursos por el servidor público, en tanto cualquier inversión o gasto.

Determinados los supuestos fácticos que esgrimieron los operadores disciplinarios del Banco Agrario de Colombia para encuadrar o adecuar la conducta desarrollada por el cajero, constitutiva de falta disciplinaria gravísima, esta corporación se ha pronunciado respecto de la adecuación o subsunción típica de la conducta en materia disciplinaria, así:

“En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte Constitucional, en virtud de la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio para realizar el proceso de subsunción típica-margen que se activa, se infiere necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede —y debe— acudir a una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la adecuación típica. En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el derecho penal y el derecho disciplinario “se deriva de la admisión de los tipos en blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria, [y] hace referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción de las faltas disciplinarias debe ser objeto de complementación o determinación a partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan deberes, mandatos y prohibiciones”(19).

Así entonces, en el derecho disciplinario la adecuación o tipicidad de las conductas constitutivas de falta disciplinaria en algunos casos, tipos en blanco o abierto(20), conllevan a la remisión de otras disposiciones que resulten aplicables con el fin de que el operador disciplinario encuadre o subsuma la realidad fáctica en la norma que contiene la descripción de la falta disciplinaria.

En el sub lite se le citó al investigado como falta disciplinaria gravísima la contemplada en el inciso segundo del numeral 3º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que describe el comportamiento, “incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, a favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga”.

En el caso de análisis, el operador disciplinario en el ejercicio de la subsunción de la falta disciplinaria reprochada al demandante acudió a la fuente normativa contenida en la Ley 734 de 2002, de ahí que para acreditar el incremento injustificado del patrimonio se asista a lo previsto en el artículo 131 de la Ley 734 de 2002, libertad de prueba, «la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquier medio de prueba legalmente reconocido».

En ese mismo sentido, se han pronunciado las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al precisar:

“En cuanto a la prueba para uno y otro, ha indicado que en el enriquecimiento ilícito se requiere prueba técnica, mientras que en el incremento patrimonial, sólo se exige como prueba, la obtención de dineros o bienes, sin importar el que sea desproporcionado pues basta que se verifique y se pruebe el simple incremento de manera indebida, bien sea para sí o para un tercero, cuya carga indiscutiblemente le corresponde al Estado.

La falta disciplinaria endilgada a los señores Guillermo Gómez Bermúdez y Luis Argemiro García, es la contemplada en el artículo 48, numeral 3º, inciso 2º que dispone:

“Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, a favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga”.

Requiere entonces para su tipicidad que se trate de un servidor público que incremente injustificadamente su patrimonio, o que lo haga respecto de un tercero.

El verbo incrementar necesariamente evoca la necesidad de establecer cuál era su patrimonio inicial —sea del funcionario o el del tercero beneficiado—, para definir por lo menos por un parámetro de comparación el aumento del patrimonio; y además probar que fue injustificado. Es decir, que en el caso del servidor público no provino de prestaciones, retroactivo, o en general que no tuvo un origen laboral, ni que tampoco tuvo un origen lícito, esto es, de cualquier otro ingreso que el funcionario pueda percibir y probar.

Acorde con lo anterior, el incremento patrimonial injustificado puede demostrarse en el proceso disciplinario utilizando varios medios, verbi gratia a través de una prueba técnica —que es fundamental en el enriquecimiento ilícito, porque es un delito de resultado—, un peritazgo, un informe contable, o cualquier otra prueba que demuestre el aumento injustificado del capital, en fin, el investigador tiene libertad de prueba para demostrar la causal, siempre y cuando ella reúna los requisitos de contradicción y los demás presupuestos de la misma, como son la conducencia, pertinencia y utilidad(21) (resaltado fuera del texto)”.

En ese orden de ideas, en el caso objeto de estudio los operadores disciplinarios del Banco Agrario de Colombia lograron acreditar el incremento injustificado del patrimonio del cajero, con los medios probatorios referenciados en las diferentes actuaciones procesales y en los actos demandados, al establecer que el actor en el ejercicio de sus funciones de caja se apoderó de $ 180.000, lo que de manera objetiva demuestra el aumento del patrimonio del demandante en forma irregular, comportamiento que afecta a la entidad bancaria y a los destinatarios de este servicio, como en este caso el Fondo Nacional del Ahorro y al usuario, constituyendo una actuación contrario a la seguridad y a la confianza que demandan tales operaciones financieras.

Conforme a lo expuesto, se reitera que el incremento patrimonial injustificado se acredita por cualquier medio probatorio cuando se tiene el convencimiento de que los bienes se aumentaron por una circunstancia no justificada, como lo ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado(22).

Como corolario, se tiene que el demandante para el día 5 de febrero de 2008 incrementó su patrimonio, al momento de tomar el valor referido por la operación bancaria y disponer del mismo para un fin propio, bien sea en inversión o gasto; por esta razón el supuesto fáctico desplegado por el señor William Zorrilla Amórtegui se adecúa típicamente en la disposición que contempla la falta gravísima reprochada, en otras palabras, quedó demostrado el incremento patrimonial injustificado en su favor.

Así las cosas, no se encuentra vulneración al debido proceso, ni se advierte que los actos administrativos demandados se encuentren afectados por falsa motivación y desviación de poder. En consecuencia, la Sala rechazará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por William Zorrilla Amórtegui, contra el Banco Agrario por las razones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto proferido en el proceso con número interno 2740-2008, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

9 Artículo 25, Ley 734 de 2002: Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de este código.

10 Sentencia C-417 de 1993.

11 Por auto de 18 de mayo de 2011, N.I. 0145-2010. C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado, la Sección Segunda del Consejo de Estado, consolidó la línea jurisprudencial sobre su competencia, expuesta en las providencias de 12 de octubre de 2006, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, N.I. 799-2006; 27 de marzo de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, N.I. 1985-2006; 4 de agosto de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, N.I. 1203-2010, determinando que la competencia de esta corporación en única instancia para conocer de sanciones disciplinarias administrativas, no sólo se limita a las destituciones, sino también, a las suspensiones en el ejercicio del cargo, siempre y cuando las sanciones provengan de autoridades del orden nacional.

12 Artículos 144-3 y 164 del Código Contencioso Administrativo.

13 Auto del 25 de febrero de 2016, radicado interno: 1493-2012, actor: Rafael Eberto Rivas Castañeda, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

14 Folio 20.

15 Literal b) del artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, hoy artículo 2.2.4.3.1.3 del Decreto 1069 de 2015.

16 Folios 31-32.

17 Folios 1-2, cuaderno 2.

18 “Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos cueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sí que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales”. Proceso 29416. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2014, radicado interno 0263/2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

20 “En cuanto a los tipos abiertos “alude a aquellas infracciones disciplinarias que, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos”. Así mismo, afirma que “la tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina, pues, por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición, y de la norma que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria”. Sentencia C-030 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 10 de marzo de 2011, Referencia: 2740-2008, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren - Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012). Ref.: Expediente 110010325000201000270 00- Nº Interno: 2222-2010. Actor: José Uriel Medina Guzmán - Autoridades Nacionales.

22 Consejo de Estado, Sentencia del de octubre de 2012, Referencia: 2222-2010, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.