Sentencia 2011-00452 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Gabriel Valbuena Hernández

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001-03-25-000-2011-00452-00 (1746-2011)

Actor: Esperanza Acosta Tenorio

Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Asunto: Fallo ordinario Código Contencioso Administrativo. Sanción suspensión

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Problema jurídico.

El asunto se contrae a establecer si la demandante podía suscribir transacción como gerente general de la Industria de Licores del Valle del Cauca con la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc.

El control ejercido por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a las decisiones disciplinarias.

El Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016, expediente número 1210-11, M.P. Dr. William Hernández Gómez, sobre el control judicial integral de las decisiones disciplinarias expresó:

«[...] El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.

[...] Respecto a las decisiones proferidas por los titulares de la acción disciplinaria, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ejercerse contra dichos actos, hace las veces del recurso judicial efectivo en los términos de la Convención Americana, por cuanto el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo implica que puede y debe verificar: (i) La procedencia de la intervención de la jurisdicción contenciosa para examinar el control de decisiones disciplinarias; (ii) la existencia de un control integral y pleno de tales decisiones y de los procedimientos seguidos para el efecto; y, consecuencialmente (iii) la posibilidad de la jurisdicción de emprender exámenes sobre la actividad probatoria(1). [...].

[...] El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que et control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas per el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

[...].

Ahora bien, el juez de lo contencioso administrativo tiene competencia para examinar todas las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la Ley 1437. Si bien, prima facie, si juicio de legalidad se guía por las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto, que en virtud de la primacía del derecho sustancial, el juez puede y debe examinar aquellas causales conexas con derechos fundamentales, con el fin de optimizar la tutela judicial efectiva, de máxima importancia al tratarse del ejercicio de la función pública disciplinaria que puede afectar de manera especialmente grave el derecho fundamental al trabajo, el debido proceso, etc. [...].

[...] En ejercicio del juicio integral, tal y como acontece en el presente caso, el juez de lo contencioso administrativo puede estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria [...]».

De conformidad con lo expuesto por la Sala Plena de esta corporación, es claro que actualmente ha quedado atrás la posición invocada por la demandada, por lo que se debe tener en cuenta que el control que se ejerce en sede del análisis de la nulidad y restablecimiento del derecho es integral.

Teniendo en cuenta que no existen límites formales para el control judicial contencioso-administrativo de los actos administrativos demandados, la Sala se concentrará en analizar en el caso en concreto cada uno de los cargos formulados.

Caso concreto.

Entrando al caso concreto se verificará si la demandante estaba habilitada para suscribir los términos de la transacción en la cual se transaron actos administrativos ejecutoriados que gozaban de la presunción de legalidad, en nombre de la Industria de Licores del Valle del Cauca como gerente general de la misma con la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc.

Se tienen en el expediente los siguientes documentos:

1. Fallo disciplinario de primera instancia de 6 de julio de 2009, proferido por la Procuraduría Regional Valle del Cauca, mediante el cual fue sancionada disciplinariamente la demandante con la suspensión por el término de 4 meses (la cual es convertida en multa) (fls. 3-52).

2. Fallo disciplinario de segunda instancia de 16 de diciembre de 2010, expedido por el despacho de la procuradora primera delegada para la contratación estatal, en el que se resolvió confirmar el fallo de primera instancia (fls. 53-73).

3. Acuerdo número 5 de 26 de febrero de 2007, suscrito por la junta directiva de la ILV(2) mediante el cual se facultó al gerente general de dicha entidad, para que mediante conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos termine el litigio existente entre la firma DANA WINE & SPIRITS IMPORTERS, y para que modifique el contrato de compraventa para EU (fl. 75).

4. Acta de reunión ordinaria 03 de comité conciliación de 28 de marzo de 2007, en donde se aprobó la presentación de un memorial conjunto entre la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc., y la Industria de Licores del Valle, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 76).

5. Acta de transacción entre la Industria de Licores del Valle y la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc. de 17 de febrero de 2006 (fls. 85-89).

Por otro lado señaló, que ella estaba habilitada para realizar la transacción de conformidad con la Ley 80 de 1993 la cual expresa lo siguiente:

«ART. 68.—De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción. PAR.—Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada». (Negrilla fuera del texto).

A su turno el artículo 69 de la precitada ley estableció que:

«ART. 69.—De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales. Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal». (Negrilla fuera del texto).

Si bien es cierto que los anteriores artículos autorizan la utilización de mecanismos a fin de solucionar de forma directa conflictos surgidos del contrato estatal, en este caso la accionante manifestó que utilizó la figura de la transacción bajo los supuestos de las anteriores normativas, que la habilitaban para ello.

No obstante, lo anterior, se tiene que no es una figura idónea para revivir o modificar cláusulas contractuales de un contrato respecto del cual se declaró la caducidad y, el cual, adicionalmente, ya había sido liquidado de forma unilateral mediante acto administrativo que se encontraba en firme(3).

La figura de la transacción solo es aplicable en lo referente a los efectos patrimoniales derivados de un fallo condenatorio.

Se observa, que la transacción se realizó el día 17 de febrero de 2006(4), mediante la cual se restableció el contrato(5) entre la Industria de Licores del Valle del Cauca y la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc., pese a que se había liquidado previa declaratoria de caducidad y la liquidación(6) unilateral del mismo mediante actos administrativos que se encontraban en firme y amparados por la presunción de legalidad.

La aludida transacción trató sobre lo siguiente:

«PRIMERO: Transar las diferencias surgidas entre la Industria de Licores el Valle y la firma Danna (sic) Winne & Spirits Importers Inc. con ocasión al contrato celebrado el 3 de Marzo de 2003.

SEGUNDO: Se transan así mismo las diferencias con ocasión a la acción contractual impetrada por la firma Danna (sic) Wine & Spirits Importers Inc. contra la Industria de Licores del Valle, ante el tribunal contencioso Administrativo, cuya Magistrada ponente fue la doctora Luz Elena Sierra Valencia, con Número de radicación 2005-4122-00.

TERCERO: En consecuencia, hemos acordado modificar el contrato objeto de la presente transacción en lo siguiente:

a. La CLÁUSULA PRIMERA quedará así: El objeto del presente contrato es la compraventa de los productos fabricados por LA INDUSTRIA que se especifican en el presente contrato, con destinación a su comercialización en el territorio de estados (sic) Unidos de América, con un cubrimiento o cobertura en por lo menos en los siguientes estados o distritos: New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Florida, Texas, Illinois, California, Rhode Island, Georgia y Distrito de Columbia. El parágrafo de esta cláusula quedará igual.

b. La CLAUSULA (sic) SEGUNDA quedará así: EL CONTRATISTA será el distribuidor autorizado para comercializar los productos que son materia del presente contrato, en el territorio de los Estados Unidos de América; la ILV podrá celebrar contratos de distribución, siempre y cuando los nuevos eventuales contratistas obtengan los permisos necesarios para la importación requeridos por la BATF (Bureau Alcohol Tabocco & Firearms) dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la carta de representación que para tal efecto expide la ILV. Además deberán utilizar los mismos canales de distribución existentes y reunir las mismas condiciones de infraestructura, experiencia, características, solidez, red de distribución de la empresa Danna (sic) Winne (sic) & Spirits Inc y en ningún caso las metas de ventas del nuevo eventual distribuidor podrán ser inferiores a las que tenga la empresa Danna (sic) Wine & Spirits Inc para el año correspondiente y siempre respetando la estructura de precios que tenga el distribuidor autorizado. La ILV se compromete a no vender mediante el sistema de resolución administrativa en los Estados Unidos de América.

c. LA CLÁUSULA TERCERA quedará así: Cantidades de producto e incrementos de pedidos: El contratista adquiere a través del presente contrato, la obligación de comprar para los fines anteriormente enunciados los productos de la industria en cajas de nueve litros cada una, mínimo en las siguientes cantidades:

A 31 de diciembre de 2006: 6.000 (seis mil) cajas

A 31 de diciembre de 2007: 9.000 (nueve mil) cajas

A 31 de diciembre de 2008: 12.000 (doce mil) cajas

A 31 de diciembre de 2009: 15.000 (quince mil) cajas

A 31 de diciembre de 2010: 20:000 (veinte mil) cajas

PARAGRAFO (sic): En caso de prorroga (sic) se harán incrementos anuales de 10%, tomando como base el mínimo establecido para el año inmediatamente anterior.

Sin embargo, el contratista podrá formular a la Industria, pedidos por cantidades superiores de sus productos, sin que estas cantidades superiores a las mínimas exigidas se tengan en cuenta para el incremento del año siguiente.

d. De la CLAUSULA (sic) SEXTA se modifica el precio inicial del Aguardiente blanco del Valle por caja, en la modalidad convenida, el cual será de $US19 FOB Buenaventura, Colombia; y un precio inicial de producto RON (sic) TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE o su equivalente por caja en la modalidad convenida que será de $US15,90 FOB Buenaventura Colombia, ambos precios en Dolares (sic) de los estados (sic) Unidos de América. Los anteriores precios se ajustarán a partir del 1º de enero de cada año en el porcentaje del IPC causado en el año inmediatamente anterior.

e. Se suprime la cláusula Octava del contrato.

f. La CLAUSULA (sic) NOVENA quedará así: El contratista adquiere por este contrato la obligación de asumir, por su cuenta y riesgo la promoción de los productos de la industria para tal fin deberá destinar como mínimo un 40% del precio del producto, no obstante lo anterior, todos los planes, programas y proyectos de promoción de los productos serán aprobados previamente por la industria.

Adicionalmente la industria de Licores del Valle, se compromete a asignar un cinco 5% mas (sic) en producto, para efectos de publicidad y promoción.

g. LA CLAUSULA (sic) DECIMA (sic) se suprime.

h. El punto 12.1 de la Cláusula DECIMA SEGUNDA quedará así: Comercializar los productos de la Industria de Licores del Valle en Estados Unidos de América, en por lo menos los siguientes estados o distritos: New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Florida, Texas, Illinois, California, Rhode Island, Georgia y Distrito de Columbia, a través de una organización completa y eficaz que garantice la comercialización adecuada y oportuna de los productos.

i. El punto 12.3 de la Cláusula DECIMA (sic) SEGUNDA quedara así: Solicitar los pedidos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el presente contrato, en lo que se relaciona con las cantidades y periodos correspondientes de pedido, durante todo el término de vigencia del presente contrato.

j. La Cláusula DECIMA (sic) QUINTA se suprime.

k. El punto 17.5 de la cláusula DECIMA (sic) SEPTIMA (sic) quedará así: La póliza o garantía única de cumplimiento será anual y tendrá cobertura por un valor mínimo equivalente al 20% de la suma que resulte de multiplicar la cantidad establecida para la vigencia correspondiente por cajas de nueve litros de Aguardiente Blanco del Valle en la modalidad convenida. La anterior suma se calcula a la taza (sic) representativa del mercado a la fecha de otorgamiento de la póliza o garantía.

l. La cláusula DECIMA (sic) OCTAVA se suprime.

m. La CLAUSULA (sic) VIGESIMA (sic), quedará así: El presente contrato terminará el 31 de diciembre de 2010. La empresa contratista dentro de los 15 días anteriores a la fecha de vencimiento del periodo incial (sic) o de las prórrogas podrá manifestar por escrito su voluntad de dar por terminado el contrato, caso contrario el contrato se prorrogará automáticamente por cumplimiento en un periodo del doble del inicialmente pactado y un plazo de vigencia igual al de e1ecución y cuatro meses mas (sic), para tal efecto deberá adicionar y ampliar las pólizas o garantías establecidas en el presente contrato por el término por el que operará la prórroga automática.

n. De la CLAUSULA (sic) VEGESIMA (sic) NOVENA punto 29.11 se modifica el párrafo que expresa: “También se acudirá al conciliador del contrato, cuando agotada esta primera etapa no se obtuviere un acuerdo entre las partes” el cual quedará así: “Se acudirá al juez del contrato, cuando agotada la etapa de arreglo directo no se obtuviere un acuerdo entre las partes”, por lo tanto las partes no concurrirán a tribunal de arbitramento.

o. Las Cláusulas TRIGESIMA (sic) y TREGESIMA (sic) PRIMERA se suprimen» (fls. 86 a 89).

De lo anterior, se puede establecer que no se trató de una transacción sobre un tema patrimonial derivado de una condena, sino que fue encaminada a modificar las cláusulas de un contrato en donde se declaró la caducidad y posteriormente se liquidó tal como se ha analizado ut supra.

Asimismo, la figura de la caducidad está estipulada en la Ley 80 de 1993 la cual dice:

«ART. 18.—De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento». (Negrilla fuera del texto).

Aunado a ello esta corporación expresó mediante sentencia de 26 de junio de 2014. Sección Tercera - Subsección «B». M.P. RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO Radicación número: 25000-23-26-000-2000-02151-01 (26705) Actor: Sociedad Francisco Mahecha Rubiano y CIA. LTDA. Demandado: Distrito Capital y otros, que:

«De conformidad con lo prescrito por el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Administración está habilitada para declarar la caducidad del contrato por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre que se reúnen los siguientes presupuestos: (i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida delos derechos que dimanaban del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que setraducenen:(i)darporterminadoelvínculonegocia!sinquehaya lugar a indemnización para el contratista: (ii) ordenar su liquidación en elestadoenquese encuentre:(iii)hacerexigiblesgarantíasporconfiguración del siniestro del incumplimiento:(iv)hacerefectivalacláusulapenal pecuniaria y (v)configurarla inhabilidad para contratar con entidadespúblicas por 5 años». (Negrillas y subraya fuera del texto).

De acuerdo con el artículo precedente y el análisis de la sentencia citada, la consecuencia de la declaratoria de caducidad en un contrato es a simple vista la terminación y liquidación del mismo, además de las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993.

Al respecto de estas últimas, según la sentencia proferida por esta corporación de 24 de octubre de 2013,(7) M.P. Enrique Gil Botero se dijo que:

«La declaratoria de caducidad tiene implicaciones graves para el contratista, entre ellas: no puede participar en nuevos procesos de selección de contratistas —inhabilidad—, debe renunciar a los contratos que tenga en ejecución —inhabilidad sobreviniente— y no tiene derecho a indemnización en el contrato caducado. Dicha previsión se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley 80 en los siguientes términos: “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley”. En el mismo sentido, el literal c) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas que dieron lugar a la declaratoria de caducidad administrativa quedan inhabilitados para participar en procesos de selección. (...) el contratista que da lugar a la declaratoria de caducidad se hace acreedor a una sanción que lo inhabilita para celebrar negocios jurídicos con la administración. El término es de 5 años, según lo establece el inciso segundo del literal i) del artículo 8º del estatuto contractual, que establece: “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución ...” Finalmente, la declaratoria de caducidad también es constitutiva del siniestro de incumplimiento, lo que autoriza a la entidad estatal para cobrar el importe de la garantía única constituida en su favor por el contratista». (Negrilla fuera del texto).

Esta Sala considera y reitera, que la transacción no puede revivir un contrato terminado mediante actos administrativos que se encuentran en firme, solo opera para contratos vigentes o para transar asuntos patrimoniales derivados de un fallo condenatorio. Por ende, la demandante no puede inferir de los artículos 68 y 69 de la Ley 80 de 1993 que se encontraba habilitada para realizar una transacción de esta índole.

Sumado a lo anterior, se tiene que tampoco estaba habilitada o facultada para llevar a cabo dicha transacción, por cuanto la fecha en que se realizó esa figura (17 de febrero de 2006), es claramente anterior a la data en que supuestamente se le otorgó la facultad mediante Acuerdo 05 de 26 de febrero de 2007 para transar un arreglo como gerente general de la ILV con la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc.

Es claro para la Sala, a todas luces, que la señora Esperanza Acosta Tenorio no podía realizar ese acuerdo, porque no estaba facultada y porque transó actos administrativos debidamente ejecutoriados, que no eran transigibles.

En relación con los actos sancionatorios demandados, se tiene que en ellos se señaló por parte de la Procuraduría General de la Nación, que la señora Esperanza Acosta Tenorio se le endilgó el haber vulnerado los artículos 18, 77, 26 y 23 de la Ley 80 de 1993. Siendo que la anterior transgresión del deber funcional constituye falta disciplinaria de conformidad con los artículos 5º, 22 y 23 de la Ley 734 de 2002, tipificada en el numeral 1º del artículo 34 del decreto aludido, e incurrió en la prohibición estipulada en el numeral 1º del artículo 35.

Pero en su escrito de demanda y alegatos de conclusión no hace un cuestionamiento contundente sobre los mismos, sino que simplemente su argumento radica en estar actuando de acuerdo con los artículos 68 y 69 de la Ley 80 de 1993, tal situación no representa ninguna vulneración ostensible al derecho de defensa y al debido proceso.

Por otro lado, se evidencia que la demandante presenta los mismos argumentos que empleó en los descargos y oportunidades procesales en el proceso disciplinario, tal como lo evidenció la Sala al estudiar los actos administrativos sancionatorios hoy atacados en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con relación al procedimiento empleado por la entidad accionada se establece que se ejerció de acuerdo con todas las ritualidades constitucionales y legales, dándosele la oportunidad a la disciplinada para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. Se puede afirmar por esta Sala que según lo expuesto en los literales anteriores es evidentemente claro que sí existieron pruebas fehacientes que dieron certeza a los operadores disciplinarios para proferir las decisiones accionadas.

Se observa en el expediente que las decisiones adoptadas por el tallador disciplinario se basaron en pruebas legalmente obtenidas, las cuales cumplieron los requisitos de ley, aunado a esto está el principio de la sana crítica, el cual ejerció la autoridad disciplinante para cumplir su cometido.

En definitiva, se ha acreditado que no existió en el sub lite vulneración al debido proceso ni al derecho de defensa, tal como se aprecia en el expediente disciplinario.

Por otro lado, en cuanto a lo alegado por la demandante sobre las causales de exclusión de responsabilidad establecidas en los numerales 2º, 3º y 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 que a su parecer dice estar amparada, se tiene que este argumento no es de recibo en este caso por lo siguiente:

Se tiene que dichas causales de exclusión de responsabilidad tratan de lo siguiente:

«...

1. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.

En cuanto a las causales de exclusión de responsabilidad invocadas contenidas en los numerales anteriores, se tiene que no se configuran en este asunto.

Toda vez que frente a la establecida en el numeral 2º, se evidencia que, ella en su proceder no estaba actuando en cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el supuestamente sacrificado que según la demandante era un detrimento económico de la ILV, por cuanto que con la declaratoria de caducidad y liquidación del contrato se buscaba la protección de los recursos de la Industria de Licores del Valle y ella llevada por su sentir fue en contravía de ello. Es evidente que la señora Esperanza Acosta Tenorio también debía acatar la declaratoria de caducidad y liquidación del contrato de acuerdo con la Constitución y la ley, sin embargo no fue así.

En lo relacionado con la causal 3 de exclusión de responsabilidad que trata sobre el cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente con las formalidades legales, también está desvirtuada, ya que como se demostró ella realizó la transacción antes de que le fuera conferida esa facultad, por ende no actuó mediante orden legítima de autoridad competente. En consecuencia esta causal alegada tampoco tiene vocación de prosperidad.

En lo concerniente a la causal 6ª consistente en actuar con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, es un hecho notorio que ella como gerente general de la ILV tenía pleno conocimiento de la situación fáctica y jurídica en que se encontraba el contrato celebrado entre las partes al momento en que se suscribió el acta de transacción de 17 de febrero de 2006. Entonces ella no cumple con el requisito invencibilidad que exige la causal de exclusión porque ella podía como gerente general sobreponerse y resistir a una presunta convicción errada que tenía.

Por ello tampoco es de recibo esta alegada causal de exclusión de responsabilidad.

Adicionalmente la Sala vislumbra que la sanción fue razonablemente tasada y proporcional a la falta cometida.

Se puede concluir de todo anterior, que en el proceso disciplinario que originó los actos administrativos censurados no existió violación al debido proceso ni al derecho de defensa, toda vez que se dio el manejo que por ley es el correspondiente en este caso y que no existió un trámite diferente al que se da a estos asuntos, ya que la parte demandante tuvo todas las garantías constitucionales y legales para hacer valer sus derechos de defensa y contradicción dentro de este proceso.

DECISIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez valoradas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, la Sala procederá a NEGAR, las súplicas de la demanda incoada por la señora Esperanza Acosta Tenorio contra la Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, la subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora Esperanza Acosta Tenorio, en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme esta decisión, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Gabriel Valbuena Hernández—William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Vargas».

1 Sentencia C-500 de 2014.

2 Firmada por el presidente de la junta y el secretario de la junta de la Industria de Licores del Valle.

3 Se declaró la caducidad del contrato mediante Resolución 0964 de 3 de septiembre de 2004, por no haberse renovado la garantía bancaria y por incumplimiento con el pago de la factura número 00500 de 29 de junio de 2004. Según lo dice la Procuraduría General de la Nación a folio 207.

4 Fls. 85 a 89.

5 El contrato fue suscrito entre las partes el 3 de marzo de 2003, según lo dicen la parte demanda en su escrito de contestación a folio 207.

6 Se liquidó mediante Resolución 1103 de 3 de octubre de 2005 de acuerdo con lo manifestado por la Procuraduría General de la Nación.

7 Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección «C», M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 24 de octubre de 2013, Rad. 23001-23-31-000-2000-02857-01 (24697). Actor: Dislicores Comercializadora Internacional y otro. Demandado: Departamento de Córdoba.