Sentencia 2011-00452/21734 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Rad.: 080012331000201100452-01 (21734)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Demandante: Servicios Aerotécnicos del Caribe S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Ref.: Sanción por no presentar información – Prescripción de la facultad sancionadora.

Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Prescripción de la facultad sancionadora. Reiteración jurisprudencial(7) 

1.1. Según la demandante, los actos son nulos porque se configuró la prescripción de la facultad sancionatoria, por cuanto la declaración de renta del año gravable 2006, fue presentada el 5 de abril de 2007, y el pliego de cargos fue expedido el 19 de octubre de 2009, es decir, ya habían transcurrido los dos años de ley que tenía la administración para actuar. Que se debe tener en cuenta el año 2006 como referente de prescripción y no la fecha de vencimiento de presentación de la declaración de renta del año gravable 2007.

3.2. Al respecto debe decirse que, el artículo 638 del Estatuto Tributario contempla un plazo de dos años, contados a partir de la presentación de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del período en el que ocurrió la irregularidad sancionable, para proferir el pliego de cargos dentro del proceso sancionatorio.

3.3. La Sala ha concluido la forma en que se contabiliza el término de prescripción de la facultad sancionadora, teniendo en cuenta si:

a) Cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido.

b) Cuando la conducta sancionable sí se vincula a un período fiscal específico, en tanto es producto, para citar un caso, de irregularidades en la contabilidad de un período determinado, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada toda vez que de esta se deriva la conducta sancionable(8).

3.4. En el proceso se encuentra probado que mediante la Resolución 22412010000026 de 7 de enero de 2010 (fls. 132-136), y modificada por la Resolución 900015 del 28 de diciembre de 2010 (fls. 156-161), la DIAN le impuso una sanción a la sociedad demandante por valor de $ 296.640.000, por el incumplimiento de la obligación de suministrar información por el año gravable 2006.

3.5. La sanción tuvo como fundamento la facultad prevista en el artículo 631 del E.T., en virtud de la cual, la DIAN puede solicitar información a las personas y entidades, contribuyentes y no contribuyentes, con el fin de efectuar los estudios y cruces necesarios para el debido control de los tributos. Dicha facultad fue ejercida en la Resolución 12807 de 26 de octubre de 2006, “Por la cual se establece para el año gravable 2006, el grupo de personas naturales, personas jurídicas y asimiladas, y demás entidades, que deben suministrar la información a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario y el Decreto 1738 de 1998 a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; se señala el contenido y características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega”.

En dicha resolución se dispuso, entre otras obligaciones, que las personas jurídicas y asimiladas, obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, sean entidades públicas o privadas y las personas naturales obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, cuyos ingresos brutos en el año gravable 2005 sean superiores a $ 1.500.000.000, estaban obligadas a suministrar en medios magnéticos la información de que tratan los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del E.T.(9). Esta obligación, según el artículo 18 de la resolución, debía cumplirse antes del 2 de abril de 2007(10).

3.6. Para la Sala es claro que la información exógena solicitada por la DIAN no se vincula de manera directa a un período gravable específico, en tanto no es producto de la fiscalización de una declaración tributaria o de un período gravable concreto, sino del incumplimiento del deber u obligación general de suministrar información, en el plazo previsto en el artículo 631 del Estatuto Tributario.

Por tal razón, de acuerdo con lo expuesto en el aparte precedente, el término de prescripción de la facultad sancionatoria debe contabilizarse desde la fecha en la que el contribuyente presentó la declaración de renta por el año 2007, esto es, desde el 29 de abril de 2008 (fl. 71 c.p.).

3.7. De las pruebas aportadas al proceso, la Sección advierte que el pliego de cargos formulado por la DIAN al demandante fue notificado el día 5 de noviembre de 2009(11), esto es, en el término otorgado por el legislador, en vista de que la Administración tenía hasta el 29 de abril de 2010 para notificar dicho acto preparatorio.

Conforme con lo establecido en el artículo 651 ibídem, la contribuyente contaba con un mes para dar respuesta al pliego de cargos, esto es, hasta el 5 de diciembre de 2009, término que se contabiliza desde la notificación del acto.

Igualmente se advierte que la Resolución Sanción 22412010000026 del 7 de enero de 2010 (fls. 132-136), notificada el 14 de ese mes y año, fue proferida dentro del término contemplado en el artículo 638 del Estatuto Tributario, esto es, en los seis meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta al pliego de cargos, pues la administración tenía hasta el 5 de junio de 2010 para la imposición de la sanción.

Así las cosas, al no configurarse la prescripción de la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria en el presente caso, no es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados por esta razón, en tanto el pliego de cargos, así como la resolución sanción, fueron notificados dentro del término establecido en el artículo 638 del Estatuto Tributario.

2. Proporcionalidad de la sanción.

2.1 La Sala precisa que si bien la parte demandante no presentó en el concepto de la violación de la demanda argumento alguno con relación al principio de proporcionalidad de la sanción, y solo lo hizo con ocasión de la interposición del recurso de apelación, ello no impide a la Sala pronunciarse al respecto, con el fin de garantizar el debido proceso, derecho fundamental que el juez administrativo debe aplicar, incluso de manera oficiosa(12).

2.2 Recuérdese que los principios de razonabilidad y proporcionalidad rigen el derecho al debido proceso sancionatorio(13) y ella —la proporcionalidad— tiene especial relevancia en lo relativo a la imposición de sanciones, dado que al ser esta una manifestación del poder punitivo del Estado, es imprescindible que se respeten las garantías constitucionales, de manera que la sanción no sea arbitraria ni excesiva.

La proporcionalidad, hace énfasis en la relación de equilibrio que debe existir entre medios y fines. Por esto al momento de imponer una sanción, de cualquier índole, debe asegurarse que el medio a través del que se concrete el juicio de reproche —es decir la sanción— no sobrepase los límites de lo razonable.

2.3 Al respecto, la Sala ha reiterado que es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria. Por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no solo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, como fue expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 1998(14) .

También ha precisado que aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de esta inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido(15).

Ello, por cuanto mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de estas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero si, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega. Además, el criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente la actitud colaboradora del contribuyente.

2.4 En el presente caso se advierte que la sociedad no allegó la información requerida en el artículo 631 del Estatuto Tributario, lo que impidió a la administración practicar los estudios y cruces de información necesarios para el control de los tributos, sin que la demandante adelantara actividad alguna para subsanar su incumplimiento.

Además, la demandante se limita a decir que la sanción “resulta desproporcionada, atentando contra los intereses de una mediana empresa, que no tiene forma financiera de cubrir una sanción tan honrosa (sic)”, afirmación general, que no soportó. Por esto, no es procedente aplicar una sanción diferente al tope máximo previsto en la norma.

Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión recurrida, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. Se RECONOCE personería para actuar al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva, como apoderado judicial de la U.E.A. DIAN, de conformidad con el poder que obra a folio 208 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá, D.C., sentencia de 2 de diciembre de 2015 Exp. 20215.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2014 Exp. 20110.

9 Cfr. artículos 1º y 2º, literales a) de la Resolución 12807 de 2006.

10 Plazo fijado para los contribuyentes personas jurídicas cuyo NIT termina en 45.

11 Fl. 119 c.p.

12 Sentencia C-197/99.

13 Sentencia C-564/00.

14 Entre otras, ver sentencia de 23 de abril de 2015, exp 20355.

15 Ib.