SENTENCIA 2011-00452/44812 DE MARZO 23 DE 2017

 

Sentencia 2011-00452 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 730012331000201100452 01

Expediente: 44.812

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Luis Fernando Tamayo Niño y otros

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Temas: Cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de violaciones a derechos humanos; diferencias entre la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal individual y la acción indemnizatoria contencioso administrativa.

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2011, por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que la demanda se presentó el 30 de junio de 2011 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 1000 SMLMV por concepto de perjuicios morales para el principal afectado, la cual supera el monto exigido —500 SMLMV—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación(12).

2.2. La caducidad de la acción impetrada.

2.2.1. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (resaltados adicionales).

La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

2.2.2. Ahora bien, en tratándose del cómputo de caducidad del término de acción de reparación directa, la jurisprudencia de la Sección ha establecido que, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir de cuando éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Así pues, en estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad(13) —cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo(14)—, o cuando aquel se entiende consolidado —en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo(15)—, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

Bajo esta misma lógica, la corporación ha estimado que, en los eventos de daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición forzada o secuestro)(16), el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen(17).

Respecto del delito de desaparición forzada de personas, debe señalarse que el artículo 7º de la Ley 589 de 2000(18), estableció que el término de caducidad de los dos años de la acción de reparación directa derivada de ese delito, debe contarse a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

2.2.3. De igual forma, cabe resaltar que, comoquiera que lo que se persigue con la acción de reparación directa es obtener la indemnización de un daño producido por la Administración, resulta razonable que el inicio del cómputo de la caducidad deba empezar desde el momento en el cual la víctima tuviere conocimiento de la participación efectiva del Estado en la producción de ese daño, pues sólo a partir de ese momento la víctima está facultada y/o legitimada para adelantar la correspondiente acción de reparación directa.

El anterior razonamiento ya ha sido aplicado por esta Sección del Consejo de Estado en anteriores oportunidades. Así por ejemplo en providencia del 12 de diciembre de 2014(19), se precisó lo siguiente:

“Le asiste razón a los demandantes cuando indican que, mientras no tuvieran elementos de juicio que les permitieran estimar que la muerte del señor Durango Moreno y, como consecuencia de ella, el desplazamiento forzado que padecieron, pudieron ser ocasionados por agentes del Estado, no tenían razones suficientes para contemplar el ejercicio de la reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por dicha participación(20).

Así las cosas y comoquiera que los demandantes afirman no haber conocido de la supuesta participación de agentes de la fuerza pública en la muerte del señor Durango Moreno hasta el momento en que reconocidos paramilitares rindieron declaraciones en ese sentido en el año 2012, circunstancia que será objeto del debate probatorio a realizarse en el trámite del proceso(21), en aras de garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, así como la aplicación de los principios pro damnato(22) y pro actione(23), hay lugar a revocar la decisión del 13 de noviembre de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó por caducidad la demanda interpuesta” (resaltado fuera de texto).

2.2.4. De otra parte, resulta necesario precisar la diferencia existente entre la “imprescriptibilidad de la acción penal” y la acción de reparación directa, habida cuenta que las partes, el objeto y la causa en los procesos penales difieren a aquellos de los procesos contencioso administrativos en los que se pretende una reparación del daño. Sobre el particular, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“i) a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la [pretensión] de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ji) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular"(24).

Cabe agregar que esta Subsección del Consejo de Estado ha considerado inadecuado hacer extensiva la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 7º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a las acciones diferentes a la penal. Así lo precisó:

“Ahora, si bien la Ley 707 de 2007, por la cual se aprobó la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, en su artículo VII dispuso que la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción, es claro que esta previsión no puede hacerse extensiva por vía de interpretación a otro tipo de acciones”. “(…).

“Así las cosas, teniendo en cuenta que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor Wilfer Yohan Ángel Valenzuela el 23 de abril de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente acción podía interponerse hasta el 24 de abril de 2006, por lo que, la demanda presentada el pasado 24 de febrero de 2014, se hizo por fuera del término legal dispuesto para ello, en consecuencia, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Caquetá será confirmada por las razones aquí expuestas”(25).

En sentido similar al de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Corte Constitucional a través de Sentencia T-490 de 14 de julio de 2014(26) concluyó acerca de las diferencias entre las figuras de imprescriptibilidad de la acción penal y caducidad de la acción, en los siguientes términos:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que la caducidad es el fenecimiento de un término perentorio fijado por la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando una autoridad pública lesiona un derecho particular, por medio de un acto, hecho, omisión u operación administrativa(27). Por otro lado, de acuerdo con la normatividad procesal civil, el juez debe rechazar de plano la demanda cuando “exista un término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que término está vencido”(28).

(…) también ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado que, aun cuando el daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la acción de reparación se dé como consecuencia de una grave violación a los derechos humanos o un crimen de lesa humanidad, el término de caducidad será el mismo al contemplado en el numeral 8º del artículo 136 Código Contencioso Administrativo, pues la imprescriptibilidad de la acción penal derivada de crímenes de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario no es extensiva en sus efectos a las acciones de carácter indemnizatorio.

Lo anterior, por cuanto la legislación nacional consagra varias posibilidades para restablecer el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y tiene como finalidad promover la justicia, tales como acciones civiles y contencioso administrativas para que puedan satisfacer su derecho a la verdad y la reparación; incluso el sistema penal prevé una reparación para el tercero civilmente responsable, así, la prescripción que pueda darse respecto a las primeras acciones de carácter indemnizatorio no debe ser extensiva a la posibilidad de demandar al autor penalmente responsable del daño, ni excluye al Estado de la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. Tal como lo estableció la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, “las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas. (…).

Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dispuesto que cuando el daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la acción de reparación, haya sido acaecido como consecuencia de una grave violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el término de caducidad será el mismo al contemplado en el numeral 8º del artículo 136 Código Contencioso Administrativo. Lo anterior, en la medida en que es diferenciable la imprescriptibilidad de la acción penal de crímenes de lesa humanidad, que busca resguardar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, a las acciones de carácter indemnizatorio que pretenden garantizar el derecho a la reparación.

Sin embargo, tal como se mencionó en la parte considerativa de esta providencia, las acciones civiles y contencioso administrativas cuyo fin es buscar la reparación económica, están sujetas al fenecimiento de un término perentorio fijado por la ley para el ejercicio de éstas y, en todo caso, no excluye la posibilidad de que en el interior de un proceso penal se pueda solicitar a través del incidente de reparación, al patrimonialmente responsable del daño causado.

En este orden de ideas, considera la Sala que las autoridades judiciales accionadas actuaron de conformidad con la autonomía judicial e interpretó de manera razonable el alcance de la normatividad descrita, no actuaron de manera desproporcionada, arbitraria o caprichosa, razón por la cual no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia” (se ha resaltado).

Sin embargo, la misma Corte Constitucional en pronunciamiento de tutela posterior —Sentencia T-352 de 2 de julio de 2016—, desconoció el anterior razonamiento y señaló que el término de la caducidad de la acción de reparación directa, en tratándose de daños ocasionados por delitos de lesa humanidad resultaba “imprescriptible”. Así razonó:

“En el derecho interno colombiano, el recurso judicial efectivo para reclamar los perjuicios causados por los actos cometidos por las autoridades del Estado, es la acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Dicha acción de carácter individual, busca el reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado y por tanto la tasación de los perjuicios causados por la acción o la omisión de la entidad causante del daño antijurídico.

Dicha acción cuenta con una caducidad de dos años, contados desde que acaeció el hecho o desde que se tuvo conocimiento del mismo y, para los casos en los que se configure el delito de desaparición forzada, el tiempo se cuenta desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

Si bien el instituto de la caducidad dentro de la acción de reparación directa es válido y tiene sustento constitucional, en el presente caso se constituye en una barrera para el acceso a la administración de justicia de las víctimas del conflicto armado haciendo nugatorio la defensa de sus derechos y agravando aún más su condición de víctimas.

En consecuencia, la Sala considera que dar aplicación al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, relativo a la caducidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido por los instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”(29).

Sin perjuicio de las anteriores decisiones disímiles de la Corte Constitucional sobre los conceptos de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de caducidad de la acción de reparación directa, lo cierto es que para esta Sección del Consejo de Estado, la aplicación de los términos de caducidad establecidos en el ordenamiento jurídico —de cuyos alcances la jurisprudencia de esta Sección ha precisado sus matices—, no afectan los derechos a la reparación integral de las víctimas de este tipo de delitos y, por ende, no hay lugar a decretar su inaplicación en ningún supuesto fáctico.

Con fundamento en los anteriores fundamentos normativos y jurisprudenciales se procede a analizar la caducidad de la acción en el presente caso sometido a consideración de la Sala.

2.3. Los hechos probados.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso en debida forma, la Sala tiene establecidos los siguientes hechos:

— Que según la sentencia proferida el 28 de agosto de 2002 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, el señor Luis Fernando Tamayo Niño mientras se encontraba en su oficina de abogado en el municipio de El Espinal, Tolima, fue víctima de varios disparos por parte de un sujeto desconocido y fue trasladado al hospital de esa localidad donde lograron salvarle la vida(30).

— Que, con ocasión de los anteriores hechos punibles, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá en la sentencia del 23 de agosto de 2010, condenó a 108 meses de prisión al señor Jhon Fredy Rubio Sierra como responsable del delito de homicidio agravado en el grado de tentativa en la persona de Luis Fernando Tamayo Niño. Asimismo, lo condenó al pago a favor de la víctima directa de las sumas de 148,34 y 500 SMLMV por concepto de indemnización de lucro cesante y perjuicios morales, respectivamente(31).

Como fundamento de dicha decisión, la instancia en comento consideró que el responsable penalmente en calidad de perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia atentó contra la vida del señor Tamayo Niño, dada la presunta información que vinculaba a la referida víctima como auxiliador del frente 25 de las FARC. Al respecto el juez penal manifestó:

“La prueba recolectada indica que alguno de los integrantes de USOCOELLO manifestó al Bloque Tolima de las AUC que el abogado Tamayo Niño era un colaborador del frente 25 de las FARC y por lo tanto había que eliminarlo, por lo que el comandante ordenó darle muerte y Humberto Mendoza como comandante proporcionó dos hombres, uno de ellos alias LA VACA y El Mono Miguel o Jhon Fredy Rubio Sierra les entregó a esas personas $ 1’000.000 para viáticos, una caja de municiones y una pistola, pues era el comandante de finanzas. Alias la vaca y otros se trasladaron al municipio de El Espinal y alias La Vaca se encargó de ir a la oficina del abogado Luis Fernando Tamayo Niño con el pretexto de contratar sus servicios por la corrida de una cerca de una finca arrocera en el municipio de El Guamo y cuando el abogado se negó, estando en la puerta de la oficina, alias La Vaca le hizo varios disparos, fue herido y uno de ellos se alojó cerca a la columna vertebral”(32).

— De conformidad con la certificación secretarial del mencionado juzgado, la anterior sentencia cobró ejecutoria el 26 de octubre de 2010(33).

— A través de resolución proferida el 28 de diciembre de 2010 la Agencia Presidencial para la Acción Social decidió “[i]nscribir en el Registro Único de Población Desplazada al señor Luis Fernando Tamayo Niño y a los miembros de su hogar”(34).

— Mediante resolución proferida el 15 de diciembre de 2008 por el Programa para Víctimas y Testigos adscrito al entonces Ministerio del Interior y de Justicia se dispuso, entre otras medidas, vincular al señor Luis Fernando Tamayo Niño al citado programa, para lo cual ordenó la reubicación temporal a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia y de reubicación definitiva a cargo de la Fiscalía General de la Nación(35).

— Mediante acta del 4 de octubre de 2010, el comité de reparaciones administrativas, en virtud del Decreto 1290 de 2008(36), reconoció la calidad de víctima del conflicto armado al señor Luis Fernando Tamayo Niño(37).

— Que, el 23 de diciembre de 2010 el subdirector de atención a víctimas de la violencia de la Agencia Presidencial para la Acción Social otorgó a favor del señor Luis Fernando Tamayo Niño un cheque de gerencia a su nombre por valor de $ 12’360.000, por concepto de “reparación individual por vía administrativa”(38).

2.4. Análisis de la Sala.

De conformidad con lo hechos que fueron probados en el proceso, se tiene que el señor Luis Fernando Tamayo fue víctima de un atentado contra su vida el día 28 de agosto de 2002 por parte de un desconocido, quien, posteriormente dentro del proceso penal, se identificó como Jhon Jairo Rubio Sierra, miembro del Bloque Tolima de las AUC.

De igual forma, se tiene acreditado que el ahora demandante como consecuencia de ese hecho, fue inscrito en el registro de población desplazada, al tiempo que también fue incluido en el programa de protección para testigos y se dispuso su reubicación definitiva para garantizar su seguridad y la de su familia. Asimismo, recibió una indemnización administrativa en calidad de víctima del conflicto armado por tales hechos.

Así las cosas, comoquiera que la pretensión de la parte actora está dirigida a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados como consecuencia del atentado contra su vida ocurrido el 28 de agosto de 2002, y por el desplazamiento forzado que produjo ese hecho, la Sala analizará, por separado la caducidad frente a cada uno de tales hechos dañosos.

En primer lugar, respecto de la tentativa de homicidio, advierte la Sala que el inicio del cómputo de la caducidad debe empezar desde el día siguiente a la ocurrencia de ese hecho, es decir, desde el 29 de agosto de 2002, comoquiera que en este caso el actor conoció la existencia del referido daño desde el mismo día de su ocurrencia.

Ahora, si bien dentro del proceso penal se declaró la responsabilidad del señor Jhon Jairo Rubio Sierra mediante sentencia proferida el 23 de agosto de 2010, lo cierto es que dicha circunstancia en nada afecta el cómputo del inicio de la caducidad, dado que mediante esa sentencia no se determinó la injerencia —por acción u omisión— de algún miembro del Estado que eventualmente comprometa su responsabilidad patrimonial, razón por la cual no resulta aplicable la excepción a la regla de los dos años referida en el punto 2.2.3 de esta sentencia.

Así, pues, mal haría en sostenerse que por el hecho de que se hubiere proferido una sentencia penal en contra de un particular, se hubiese ampliado el término de caducidad, puesto que —reitera la Sala—, dicho término de caducidad no puede estar sujeto a aspectos subjetivos de las partes, ni tampoco puede permanecer indefinido en el tiempo, sino que el mismo obedece a aspectos determinados previamente en el ordenamiento jurídico(39).

De igual forma, frente al desplazamiento forzado, debe decirse que mediante resolución del 15 de diciembre de 2008, el programa para víctimas y testigos, entre otras medidas, dispuso la reubicación definitiva del ahora demandante y de su familia a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, se tiene que recibió una indemnización administrativa por tales daños, razón por la cual, entiende la Sala que dicha situación de desplazamiento forzado culminó para esa fecha, toda vez que, según el artículo 18 de la Ley 387 de 1997(40), “la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”.

Así las cosas, por haberse interpuesto la demanda el 30 de junio de 2011, la conclusión no puede ser otra sino que se demandó cuando el término de caducidad ya había fenecido, pues ya habían transcurrido los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sin que resulte del caso dar aplicación a ninguna de las excepciones consagradas en el ordenamiento jurídico para modificar el cómputo del inicio del término de la caducidad.

De otra parte, cabe advertir que si bien se allegó al proceso una constancia de solicitud de conciliación prejudicial, lo cierto es que fue radicada el 7 de septiembre de 2010, es decir, cuando el término de caducidad de la acción ya había fenecido(41).

Por consiguiente, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

2.5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 22 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró la caducidad de la acción interpuesta.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

12 Artículo 40, Ley 446 de 1998.

13 Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 30 de abril de 1997, expediente 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, expediente 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, expediente 15.785, C.P. María Elena Giraldo y 27 de abril de 2011, expediente 15.518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Condición que, como se deriva de lo sostenido por la Sala Plena de la Sección Tercera, debe analizarse de manera rigurosa. En efecto, en palabras de esta última: “Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008, C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”. Auto de 9 de febrero de 2011, expediente 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

15 Así, por ejemplo, en los casos de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos, esta corporación ha entendido que el daño se consolidó a partir de la culminación de los trabajos.

16 Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, expediente 40177, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de 2011, proferido por la Subsección C, expediente 41037, C.P. Enrique Gil Botero.

17 Lo anterior en consonancia con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, según el cual “La condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”.

18 “Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto proferido el 12 de diciembre de 2014, expediente 50.187, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de marzo de 2013, expediente 22.491, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

20 Contrario a lo que ocurriría si lo que se alegara en la demanda fuera la omisión en el deber de protección a cargo de entidades estatales pues, en este caso, la información requerida, esto es, la existencia de dicho deber y las falencias que hayan podido cometerse en el momento en que se produjo la muerte pudieron conocerse a partir de la ocurrencia de los hechos.

21 En esta etapa procesal obran copias de entrevistas rendidas en medios de comunicación aunque en el libelo introductorio se solicitó que se decretaran como pruebas la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación y el trámite surtido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos relacionados con militantes de la Unión Patriótica.

22 “(…) el principio pro damnato que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas” (Ricardo de Ángel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, Editorial Civitas, 1993. 3ª ed., pág. 154). Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 13 de diciembre de 2007, radicación 33.991, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

23 “Bajo tal precepto, se ha entendido que el sentido de interpretación del juez y en especial del juez constitucional, en cualquiera de las cuatro acciones constitucionales, debe permitir el acceso a la administración de justicia, interpretando el recurso o acción interpuesta, de la manera más favorable para la efectividad de los derechos”. Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 8 de marzo de 2002. Radicación, ACU 1235, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

24 Ver Sentencia de 23 de agosto de 2010 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 18480 y sentencia de 13 de agosto de 2008, expediente.: 16.533.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto proferido el 13 de mayo de 2015, expediente 51.576.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-490 del 10 de julio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

27 Sentencia C-115 de 1998.

28 Artículo 85 del Código de Procedimiento Civil.

29 Corte Constitucional, Sentencia T-352 del 6 de julio de 2016, M.P. Gabriel Mendoza Martelo.

30 Folio 3, cuaderno 1.

31 Folios 3 a 43, cuaderno 1.

32 Folios 3 a 42, cuaderno 1.

33 Folio 43, cuaderno 1.

34 Folios 50 a 52, cuaderno 1.

35 Folios 61 a 64, cuaderno 1.

36 “Por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

37 Folios 57 a 58, cuaderno 1.

38 Folios 59 y 60, cuaderno 1.

39 En el mismo sentido consultar también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de abril de 2012, expediente 20.847 y autos proferidos los días 21 de octubre de 2009, expediente 37.165 y el 6 de agosto de 2009, expediente 36.952, ambos con ponencia del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

40 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

41 El artículo 21 de la Ley 640 del 2001, prevé: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en los que éste trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.