Sentencia 2011-00464 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 25000-23-24-000-2011-00464-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Schlumberger Surenco S.A.

Demandado: UAE DIAN

Asunto: nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Cuestión previa.

El doctor Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver esta apelación(3), comoquiera que, cuando fungió como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, participó de la Sala y suscribió la sentencia recurrida.

El consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 140 del Código General del Proceso –anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil–.

La Sala aceptará su impedimento y lo separará del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, ya que de conformidad con el alcance de la misma, esta se configura por “[…] haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente […]”.

3. Actos demandados.

Son: (i) la Resolución 03-241-201-668-2131-001925 de octubre 20 de 2010, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual se sancionó a la sociedad Schlumberger S.A. con la multa establecida en el artículo 503 del Estatuto Aduanero (equivalente a $180.425.558), por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 1.6 del artículo 502 ib. y, (ii) la Resolución 10028 del 10 de febrero de 2011, proferida por la División de Gestión de Recursos Jurídicos, que resolvió negativamente el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior.

4. Problema jurídico.

Conforme a lo expuesto y en los términos del recurso de apelación corresponde a la Sala establecer si debe modificar, confirmar o revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

Vista la apelación, en concreto, la Sala debe definir si la mercancía importada mediante las declaraciones identificadas con los autoadhesivos Nº 13094090135001 del 14 de noviembre de 2007, 23224012593393 del 1º de octubre de 2007 y 23224012626881 del 12 de octubre de 2007 omitió las descripciones mínimas para la subpartida 85.06.50.10.00 y, en consecuencia, si debía considerarse como no declarada.

En efecto, el reproche de la apelante se circunscribe a cuestionar el hecho de que la administración aduanera exigiera una mayor descripción de la mercancía importada, cuando no estaba obligada a hacerlo, en virtud de lo dispuesto en artículo 4º de la Resolución 532 de 2002, proferida por el Ministerio de Comercio Exterior –hoy Ministerio de Industria y Turismo–.

Es por esa razón que la Sala empezará por (i) hacer unas precisiones respecto del contenido y alcance de la obligación aduanera en el régimen de importación y de las facultades de fiscalización y control aduanero asignadas legalmente a la DIAN y, luego (ii) analizará si en este caso se cumplieron los presupuestos para la imposición de la sanción.

5. Caso concreto.

5.1. Hechos probados.

Para resolver el recurso de apelación propuesto, la Sala considera debidamente acreditados los siguientes hechos:

— Mediante Oficio Nº 1-90-238-419-321 del 22 de febrero de 2010 (fl 2 cdno. 1 antec.), la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín trasladó a la Administración Seccional de Aduanas de Bogotá el Expediente RA-2007-2009-091/112 de Schlumberger Surenco S.A. “por tratarse de declaraciones de importación que no relacionan en su descripción la composición de la mercancía, toda vez que de conformidad con el artículo 232-1 esta mercancía se entiende como no declarada (…)”.

— El 10 de mayo de 2010, por medio del requerimiento ordinario Nº 03.238.420.403-01-002749 (fls. 155-157 cdno. 1 antec.), la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de Bogotá solicitó a Schlumberger Surenco S.A. poner a disposición de la administración las mercancías identificadas con los autoadhesivos Nº 13094090135001 del 14 de noviembre de 2007, 23224012593393 del 1º de octubre de 2007 y 23224012626881 del 12 de octubre de 2007. Para el efecto, otorgó un plazo de 15 días.

En respuesta radicada el 24 de mayo de 2010, Schlumberger Surenco S.A., entre otras razones, sostuvo que “lo que origina la aprehensión es que la mercancía no se encuentre amparada en una declaración de importación o que la descripción allí declarada no corresponda a la mercancía importada; al respecto debemos señalar que la mercancía sí se encuentra amparada en la declaración de importación, y sí se encuentra descrita, ahora bien, observando las causales de aprehensión establecidas en el artículo 502 mencionado, en ninguno de sus apartes se dispone como causal de aprehensión “cuando la mercancía no ha sido descrita con las descripciones mínimas”. // Por lo tanto, si se llega a presentar la aprehensión de la mercancía por la razón expuesta en el requerimiento ordinario de información, se estaría dando una aplicación extensiva a la norma que contempla las causales de aprehensión, violando flagrantemente el inciso segundo del artículo 476 del Decreto 2685 de 1999 (…)”.

Adicionalmente, con la respuesta, la demandante aportó (i) copia del documento de transporte, (ii) copia de la factura comercial de la mercancía y (iii) copia de las declaraciones de importación Nos. 13094090135001 del 14 de noviembre de 2007, 23224012593393 del 1º de octubre de 2007 y 23224012626881 del 12 de octubre de 2007 (fls. 158-163 cdno. 1 antec.).

— En Oficio 03-238-420-137 del 26 de mayo de 2010, el Grupo Interno de Investigaciones Aduaneras II solicitó al Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá que aplicara la medida cautelar de aprehensión a la mercancía en discusión (fls. 169 y 170 cdno. 1 antec.)

— En respuesta radicada el 22 de julio de 2010, el coordinador de la División de Gestión de Fiscalización de Aduanas de Bogotá informó que, mediante Acta de Hechos Nº 238-89-136 del 2 de julio de 2010, se realizó visita a la sociedad, en la que se solicitó al Gerente de Cadena de Suministro información sobre el destino final de una de las baterías amparadas en las declaraciones objeto de investigación, a lo que el gerente manifestó que “por la cantidad de unidades solicitadas no es posible tener los documentos soporte de envío a locaciones, pero que a más tardar se tendrá dicha documentación el 06/07/2010”. Que, luego, solicitó cinco días más de prórroga para dar respuesta a lo requerido.

Y, agregó, que en escrito radicado el 12 de julio de 2010, la sociedad manifestó que la búsqueda de la mercancía había sido bastante dispendiosa ya que las baterías se distribuyeron a lo largo del país y no había sido posible ubicarlas, por ser instaladas dentro de una herramienta de tipo petrolero, enviada al pozo mediante una orden de despacho, en donde se registra la herramienta, más no los componentes o piezas que conforman el equipo (fls. 181 y 182 cdno. 1 antec.)

— El 13 de agosto de 2010, mediante Requerimiento Especial Aduanero Nº 420-450-1-004993 del 13 de agosto de 2010, la DIAN propuso al importador una sanción de $180.425.558, en los términos del artículo 503 del Estatuto Aduanero, por encontrarse incurso en la causal 1.6 del artículo 502 ib., toda vez que la mercancía no cumplía con la descripción mínima requerida y pese a que fue solicitada para su aprehensión, no fue posible aprehenderla porque el importador no la puso a disposición de la autoridad aduanera (fls. 214 a 219 cdno. 2 antec.)

En respuesta radicada el 7 de septiembre de 2010, el importador insistió en que no existía causal de aprehensión, pues la mercancía fue declarada debidamente. Agregó que el artículo 4 de la Resolución 532 de 2002 exceptuó de la descripción solicitada a las licencias de tipo anual de las empresas petroleras, razón por la que no debía cumplir con las descripciones mínimas establecidas en el artículo 1º de la misma resolución (fls. 221 a 238 cdno. 2 antec.)

— El 20 de octubre de 2010, la DIAN expidió la Resolución Sanción Nº 03-241-201-668-2131-00-1925, en la que impuso al importador la sanción propuesta en el requerimiento especial aduanero (fls. 294 a 301 cdno. 2 antec.)

— Mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 2010, el importador presentó recurso de reconsideración (fls. 331 a 358 cdno. 2 antec.), resuelto negativamente el 10 de febrero de 2011, mediante la Resolución 10028 de 2011 (fls. 419 a 425 cdno. 2 antec.)

5.2. De la obligación aduanera.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), en el régimen de importación la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional, y comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes.

Por su parte, el artículo 3 ib., establece que son responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía. De igual manera, son responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.

Ahora bien, el artículo 469 de la misma compilación otorga a la DIAN plena competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante lafiscalizaciónposterior que se puede llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad. (Se subraya)

Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta podrá, entre otras cosas, “Verificarlaexactituddelasdeclaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando lo considere necesario para establecer la ocurrencia de hechos que impliquen un menor monto de la obligación tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos aduaneros”. Así lo dispone el artículo 470 literal c) del Estatuto en mención.

En el marco del proceso de fiscalización y la posterior apertura de la investigación aduanera, el artículo 471 ib. determina con claridad absoluta que en la actuación administrativa aduanera se permiten todos los medios de prueba. Adicionalmente, precisa que le son aplicables los procedimientos y principios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y el Estatuto Tributario, especialmente en lo dispuesto en los artículos 742 a 749, y en los términos que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 471. Pruebas en la investigación aduanera. Para la determinación, práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Policía y especialmente en los artículos 742 a 749 y demás disposiciones concordantes del Estatuto Tributario”.

Como se observa, la voluntad del legislador fue que tanto la DIAN como el administrado, objeto de investigación o fiscalización aduanera, pudieran presentar cualquier medio de prueba para acreditar su dicho. Adicionalmente, indicó a qué normas debía remitirse de manera supletoria para dilucidar aspectos relacionados con los principios y el procedimiento.

5.2. Del procedimiento administrativo sancionatorio aduanero adelantado en el caso.

En los actos acusados la DIAN sancionó a Schlumberger Surenco S.A. con la multa establecida en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, cuyo texto dice:

“Artículo 503. Sanción a aplicar cuando no sea posible aprehender la mercancía. Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o declarante, según sea el caso.

También se podrá imponer la sanción prevista en el inciso anterior, al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación, salvo que se trate de un adquirente con factura de compraventa de los bienes expedida con todos los requisitos legales. Si se trata de un comerciante, la operación deberá estar debidamente registrada en su contabilidad.

En aquellos casos en que no se cuente con elementos suficientes para determinar el valor en aduana de la mercancía que no se haya podido aprehender, para el cálculo de la sanción mencionada se tomará como base el valor comercial, disminuido en el monto de los elementos extraños al valor en aduana, tales como el porcentaje de los tributos aduaneros que correspondan a dicha clase de mercancía.

La imposición de la sanción prevista en este artículo no subsana la situación irregular en que se encuentre la mercancía, y en consecuencia, la autoridad aduanera podrá disponer en cualquier tiempo su aprehensión y decomiso”.

La norma impone una sanción administrativa para los casos en que habiendo lugar a la aprehensión de una mercancía, no es posible efectuarla.

Laimposicióndeestasanciónimplicalaexistenciadeunacausaldeaprehensióndelamercancíayquedichaaprehensiónnopuedahacerseefectiva en consideración a alguno de los siguientes eventos: a) que la mercancía hubiera sido consumida, destruida o transformada, o b) que el importador o el declarante o los otros sujetos a que se refiere la norma que intervienen en las operaciones de comercio exterior a quienes la autoridad aduanera les solicita poner a su disposición una mercancía, respecto de la cual es aplicable la medida de aprehensión, incumplieran dicha obligación(4). (Subraya la Sala)

La sanción es aplicable al importador o al declarante, según el caso, o al propietario, tenedor o poseedor, o a quien se haya beneficiado de la operación de comercio exterior, o a quien tuvo derecho o disposición sobre las mercancías, o a quien de alguna manera intervino en dicha operación.

Sobre el particular, la Sección Primera de esta corporación ha sostenido que(5):

“la norma no le impone a la administración la carga de determinar la responsabilidad de cada uno de los sujetos que participan en el trámite aduanero en aras de graduar la pena o sancionar únicamente al “culpable”; por el contrario, consagra la posibilidad de aplicar la misma sanción a cada uno de los individuos intervinientes en la operación por la cual se requirieron las mercancías que no fueron puestas a su disposición dentro del término otorgado. Lo anterior, por cuanto el espíritu de la norma no es otro que el de sancionar en forma contundente delitos como el contrabando, lavado de activos y la evasión de impuestos, que afectan en gran medida el patrimonio y el progreso del país”.

Entonces, el supuesto que, según la norma, da lugar a la imposición de la sanción pecuniaria es que habiendo lugar a la aprehensión de la mercancía esta no hubiese sido puesta a disposición de la autoridad aduanera, pese a existir un requerimiento para ello. Sin embargo, no es suficiente que se acredite el hecho objetivo de la no entrega de la mercancía requerida por la autoridad aduanera, sino que es necesaria la existencia de una causal de aprehensión y la individualización del responsable de la mercancía, toda vez que la obligación aduanera es de carácter personal y la responsabilidad derivada de ella está delimitada por la intervención del respectivo sujeto(6).

En el caso concreto se tiene que en ejercicio de la facultad de fiscalización y control prevista en los artículos 469 y 470, ya citados, la DIAN inició investigación a Schlumberger Surenco S.A., por considerar que las declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos Nº 13094090135001 del 14 de noviembre de 2007, 23224012593393 del 1º de octubre de 2007 y 23224012626881 del 12 de octubre de 2007 no relacionaban en su descripción la composición de la mercancía. En consecuencia, solicitó a la importadora poner a su disposición la mercancía para la correspondiente aprehensión.

Sin embargo, como se ha venido reiterando a lo largo de esta sentencia, la aprehensión no pudo efectuarse porque, según la demandante “la búsqueda de la mercancía había sido bastante dispendiosa ya que las baterías se distribuyeron a lo largo del país y no había sido posible ubicarlas, por ser instaladas dentro de una herramienta de tipo petrolero, enviada al pozo mediante una orden de despacho, en donde se registra la herramienta, más no los componentes o piezas que conforman el equipo”.

Así mismo, la sociedad importadora considera que no se configuró la causal para la aprehensión y que, por ende, debe revocarse la sanción impuesta, mientras que la DIAN alega que la mercancía no cumplió con la descripción mínima para la subpartida 85.06.50.10.00, de ahí que se tuviera como no declarada y se ordenara su aprehensión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Estatuto Aduanero, la aprehensión es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las cuales se configura alguno de los eventos previstos en el artículo 502 ibídem. En el numeral 1.6 de esta última disposición se establece como causal de aprehensión de las mercancías:

“Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

1. En el régimen de importación:

(…)

1.6. (modificado por el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002). Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, osehayaincurridoenerroresuomisionesensudescripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión.

(…)”

En este caso, la mercancía objeto de discusión está descrita en la subpartida 85.06.50.10.00 como pilas y baterías de pilas, eléctricas de litio. Cilíndricas.

Para dicha subpartida, la Resolución 532 de 2002, expedida por el Ministerio de Comercio Exterior, “Por la cual se señalan los requisitos de descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación”, estableció que, como mínimo, la declaración debe contener (i) la marca; (ii) la referencia; (iii) el voltaje nominal: en voltios; (iv) el tipo: ejemplo: N, AAA, etc. y (v) el sistema electroquímico: Ejemplo: zinc, carbón, alcalina, litio, etc.

Al revisar las declaraciones de importación, la Sala encontró que la sociedad, en la casilla 91 (Descripción de las mercancías), entregó la siguiente información:

— Declaración con autoadhesivo Nº 13094090135001 del 14 de noviembre de 2007: “ESTA LICENCIA AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS SEÑALADAS EN LA RES. 17 DE DIC. 24/96 ARTS. 10 Y 12, RES 06 DE JUNIO/99 Y LAS QUE LAS ADICIONEN O MODIFIQUEN. BATTERY SHARP 175C BATTERY *12 UNIDADES. D/E; DATE SHIFT CODE 07-183 SLIMPULSE P/N; H35 S/N; 660A, 660B, 661A, 661B, 669A, 669B, 668A, 668B, 670A, 670B, 671A, 671B, 666A, 666B, 667A, 667B, 662A, 662B, 663A, 663B, 664A, 664B, 665A, 665B, D/EMBALAJE; 258214A, 258214B, 258214C, 258214D, 258214E, 258214F, REF; H357845 CANT; 12 UND”. (Fl. 7 cdno. 1 antec.)

— Declaración con autoadhesivo Nº 23224012593393 del 1º de octubre de 2007: “ESTA LICENCIA AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS SEÑALADAS EN LA RES. 17 DE DIC. 24/96 ARTS. 10 Y 12, RES 06 DE JUNIO/99 Y LAS QUE LAS ADICIONEN O MODIFIQUEN. BATERIA, TST6 150C BATERIA * 2 UNIDADES, D/ STICKER; 150C, TST6, UN3090, P/N; T6017277, S/N; 740A, 742A SCHLUMBERGER. REF.; BATTERY, TST6 150 CANT; 2 UND.” (Fl. 82 cdno. 1 antec.)

— Declaración con autoadhesivo Nº 23224012626881 del 12 de octubre de 2007: “ESTA LICENCIA AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS SEÑALADAS EN LA RES. 17 DE DIC. 24/96 ARTS. 10 Y 12, RES 06 DE JUNIO/99 Y LAS QUE LAS ADICIONEN O MODIFIQUEN. BATTERY TST6 150C BATTERY * 6 UNIDADES, D/ (…); 150C, TST6, P/N; T6017277, DATE SHIFF CODE (…) SCHLUMBERGER UN 3090 D/EMBALAJE; 251486A, 251486B, 251486C, 251486D, 251486E, 251486F, (…) CANT; 6 UND.” (Fl. 152 cdno. 1 antec.)

No obstante lo anterior, la sociedad demandante advierte que no está obligada a consignar en la declaración los datos exigidos por la DIAN en los actos administrativos demandados, pues, conforme con el artículo 4º de la Resolución 532 ib., “Se excluyen de las disposiciones contenidas en el artículo 1º de esta resolución, lasimportacionesefectuadasalamparode sistemas especiales Plan Vallejo y Licenciasanualesdelasempresasminerasypetroleras.” Alega que que es una sociedad constituida para prestar servicios técnicos directamente relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, que incluye la asistencia técnica en el tema de perforación de pozos petrolíferos y que, además, cuenta con una licencia anual que le permite beneficiarse de la exclusión mencionada.

En efecto, revisado el certificado de existencia y representación que aparece en el expediente (Fls. 62 a 65 cdno. ppal. 1), la Sala pudo evidenciar que el amplio objeto social de Schlumberger Surenco S.A. está encaminado a: “LA COMPRA, VENTA, MANUFACTURA, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LÍQUIDOS, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS RELATIVOS A LODOS DE PERFORACIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RELACIONADOS A ESTOS; ESTIMULACIÓN, MANTENIMIENTO DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS; RECUPERACIÓN MEJORADA DE HIDROCARBUROS; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DE LABORATORIO Y SUPERVISIÓN QUE SE PRESTARÁN A LAS COMPAÑÍAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO PARA ASEGURAR LAS PROPIEDADES APROPIADAS EN FLUIDOS DE PERFORACIÓN, EN RELACIÓN CON LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS DE PÉTRÓLEO DE DICHAS COMPAÑÍAS; (…)”, entre otras actividades relacionadas.

Adicionalmente, se advierte en el expediente que la sociedad Schlumberger S.A. cuenta con un registro de licencia de importación anual, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Nº LIC-20085069-11122006, aprobada el 26 de diciembre de 2006, con vencimiento el 31 de diciembre de 2007 (fls. 68 y 69 cdno. 1 antec.), vigente para la fecha en la que se presentaron las declaraciones de importación (1º y 10 de octubre y 14 de noviembre de 2007). De ahí que, para la Sala, la sociedad demandante sí se encontraba amparada en la exclusión establecida en el artículo 4 de la Resolución 532 de 2002, expedida por el Ministerio de Comercio Exterior.

Sobre este aspecto, vale la pena resaltar que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, así como en la contestación de la demanda, la DIAN, al argumento de la demandante, se limitó a responder que “La normativa en transcripción (art. 4º R. 532 de 2002) contempla así mismo, una excepción de carácter restrictivo y, por ello, su aplicación no puede hacerse extensiva a otros eventos no previstos en ella” (Fl. 78 cdno. ppal. 1), sin hacer consideraciones adicionales.

Para la Sala el argumento expuesto por la DIAN no tiene fundamento, en la medida en que la norma expresamente considera excluidas de la obligación de consignar en las declaraciones las descripciones mínimas de la mercancía, a aquellas importaciones efectuadas al amparo de licencias anuales de las empresas mineras y petroleras.

No se trata de hacer extensivo un beneficio a una sociedad que no se encuentra amparada en la norma, pues, como bien está probado en el expediente, Schlumberger Surenco S.A. es una sociedad dedicada a prestar asistencia técnica para la exploración y explotación de petróleo y, a la fecha en que se presentaron las importaciones, contaba con una licencia de importación anual, concedida por el Ministerio de Comercio Exterior, que la hacía beneficiaria de la exclusión.

En consecuencia, al estar la sociedad importadora excluida de la obligación de consignar la descripción mínima de la mercancía en las declaraciones cuestionadas, no se configuró la causal de aprehensión establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Estatuto Aduanero y, por ende, no procedía la imposición de la sanción establecida en el artículo 503 ib., pues, como se advirtió en precedencia, para que proceda la imposición de la sanción mencionada, además de la imposibilidad de la aprehensión de la mercancía, debe existir una causal de aprehensión, lo que no ocurrió en este caso.

Es por esas razones que la Sala considera que el recurso de apelación debe prosperar. A continuación, entonces, la Sala procederá a revocar la sentencia recurrida, para, en su lugar, anular los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, declarará que la demandante no está obligada al pago de la sanción impuesta en los actos administrativos acusados, dado que no se configuró la causa que originó su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.

2. REVÓCASE la sentencia del 27 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por las razones expuestas. En su lugar,

3. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 03-241-201-668-2131-00-1925 del 20 de octubre de 2010 y 10028 del 10 de febrero de 2011, proferidas por la UAE DIAN.

4. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sociedad Schlumberger Surenco S.A. no está obligada al pago de la sanción impuesta en los actos administrativos acusados. En consecuencia, ORDÉNASE a la DIAN que, en caso de que se encuentre en curso proceso administrativo encaminado a obtener el pago de la sanción, el mismo se dé por terminado.

5. RECONÓCESE personería al abogado Augusto Fernando Rodríguez Rincón, para actuar como apoderado de la UAE DIAN, en los términos del poder conferido (Fl. 29 cdno. ppal. 2).

6. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

3 Mediante escrito radicado el 19 de febrero de 2018.

4 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 9 de marzo de 2007, proferida en el proceso con Radicado 2010-00781-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

5 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 29 de abril de 2015, proferida en el proceso con Radicado 2009-00283-01, C. P. María Elizabeth García González.

6 En ese sentido, la Sala reitera el criterio que expuso la Sección Primera en las Sentencias de 3 de julio de 2014, proferida en el proceso con Radicación 25000 2324 000 2009 00253 01, y 26 de noviembre de 2015, proferida en el proceso con Radicación 25000 2324 000 2009 00405 01, ambas con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala.