Sentencia 2011-00493 de marzo 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 050012331000201100493 01

Expediente: 49.851

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Actor: Jhon Gabriel Posso y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Tema: Cumplimiento sentencia de tutela - Dejó sin efecto fallo proferido por la Subsección A / Daños causados por minas antipersona - análisis del caso bajo los regímenes de responsabilidad subjetivo y objetivo / ausencia de falla del servicio frente a las obligaciones contempladas en la Convención de Ottawa - imposibilidad de imputación bajo los títulos de imputación de riesgo excepcional y daño especial.

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 10 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que la demanda se presentó el 16 de septiembre de 2010, y según lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, la cuantía debe establecerse por la suma de todas las pretensiones de la demanda, y en este caso la sumatoria de las pretensiones de la demanda equivalen a un monto mayor al exigido —500 SMLMV—, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época.

2. Caducidad de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la acción se ejerció dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, toda vez que el daño por cuya indemnización reclaman los actores, esto es, las lesiones producidas al señor Jhon Gabriel Posso, se produjeron el 23 de febrero de 2009 y la demanda se interpuso el 16 de septiembre de 2010.

3. Legitimación en la causa.

Con ocasión de las referidas lesiones causadas al señor Jhon Gabriel Posso, acudieron al proceso los señores Ana Elvia Posso Arteaga, Yuri Deicy Posso Arteaga, Wilmar Posso y José Aicardo Posso Jiménez, quienes se encuentran legitimados en la causa por activa, dado que concurrieron al proceso mediante apoderado judicial y allegaron los correspondientes registros civiles de nacimiento que dan cuenta de la relación de parentesco de madre y hermanos con la referida víctima directa (fls. 6 a 10, cdno. 1).

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se observa que la demanda se presentó en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, la cual tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que se le atribuye una supuesta falla en el servicio por omisión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contendías en la Convención de Ottawa.

4. Análisis de la Sala.

4.1. Problema jurídico.

Previa acreditación de la existencia del daño y teniendo en consideración los argumentos señalados en los recursos de alzada, la Sala examinará si en el presente asunto se configuran los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración demandada por las lesiones causadas al señor Jhon Gabriel Posso, como consecuencia de una activación de una mina antipersona.

A fin de resolver el problema jurídico que se deja planteado, la Sala dilucidará, en primer lugar, si en el presente asunto se encuentra acreditada una falla en el servicio por omisión de la demandada al no haber adoptado medidas frente a las obligaciones de desminado humanitario contenidas en el artículo 5º de la Convención de Ottawa; en segundo lugar, se analizará si el presente asunto puede ser estudiado a la luz de los regímenes objetivos de responsabilidad estatal, riesgo excepcional y daño especial.

4.2. El daño antijurídico.

En relación con el daño que originó la presente acción, esto es, las lesiones causadas al señor Jhon Gabriel Posso en hechos ocurridos el 23 de febrero de 2009, se aportó al proceso copia auténtica de la historia clínica de la atención de urgencias brindada en la Clínica León XIII de Medellín (cdno. 2), en la cual se señaló que aquel ingresó a esa institución de salud el día 24 de febrero de 2009, remitido de la institución municipal de salud de Dabeiba, por presentar múltiples lesiones en sus miembros inferiores, que le fueron producidas como consecuencia de la activación de una mina antipersona. En la epicrisis se consignó el siguiente diagnóstico de egreso:

Egreso: 03/04/2009. DX principal: Operaciones de guerra con otras explosiones y esquirlas. Fractura de la diáfisis de tibia, fractura del calcáneo (fls. 320 a 323, cdno. 2).

En el informe médico legal de lesiones, emitido el 15 de junio de 2010 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluyó respecto de las lesiones sufridas por el señor Jhon Gabriel Posso, lo siguiente:

Mecanismo causal: explosivos. Incapacidad médico legal definitiva: 120 días; deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; perturbación funcional del miembro inferior derecho de carácter permanente; perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente; perturbación funcional del órgano de la audición de carácter permanente (fl. 308, cdno. 1).

Como consecuencia de tales lesiones, la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen emitido el 13 de julio de 2010, estableció la incapacidad médica laboral definitiva del señor Jhon Gabriel Posso en el equivalente de 32,16%. Como sustentación del anterior dictamen, el médico encargado manifestó:

Paciente de 35 años, agricultor, viene por cuenta propia para valoración de pérdida de capacidad laboral, por solicitud de la Dirección de Derechos Humanos.

Febrero 23 de 2009, sufrió fractura de calcáneo en pie derecho por mina, fue atendido en la IPS Universitaria, manejado por ortopedia y cirugía plástica, se le colocó tutor externo. (…).

A la evaluación médica psicológica se encuentra: marcha apoyada en bastón, deformidad en calcáneo y pie derecho, aquilosis para inversión y eversión, dolor a la palpación en calcáneo derecho.

Con los diagnósticos de:

1. Restricción articular tobillo derecho.

2. Hipoacusia neurosensorial bilateral.

3. Disconfor pie derecho.

4. Deformidad en pie derecho.

Se califica con 32,16% de pérdida de capacidad laboral (fl. 288, cdno. 1).

De otra parte, la Sala tiene por acreditado el daño sufrido por los familiares del señor Jhon Gabriel Posso, a partir de los registros civiles de nacimiento de los señores Ana Elvia Posso Arteaga, Yuri Deicy Posso Arteaga, Wilmar Posso y José Aicardo Posso Jiménez, los cuales dan cuenta del parentesco existente entre la referida víctima directa y quienes acudieron al proceso en calidad de madre y hermanos, respectivamente (fls. 6 a 10, cdno. 1).

4.3. La imputación.

Establecida la existencia del daño, esto es, las lesiones de carácter permanente en la pierna derecha del señor Jhon Gabriel Posso, aborda la Sala el análisis de su imputación con el fin de determinar si en el caso concreto el mismo puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por tanto, si esta se encuentra, o no, en el deber jurídico de resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

En primer lugar, conforme a la certificación expedida por la Personería Municipal de Dabeiba el 27 de enero de 2011, el señor Jhon Gabriel Posso fue víctima de un accidente producido con una mina antipersona, el 23 de febrero de 2009, en la vereda “Corcobado” del Nudo del Paramillo, Antioquia (fl. 280, cdno. 1).

Como documento anexo a la anterior certificación, se relacionaron los nombres de 32 personas víctimas de minas antipersonas en zona rural del municipio de Dabeiba entre agosto de 2002 y noviembre de 2009, donde figura el señor Jhon Gabriel Posso como víctima de una mina el día 23 de febrero de 2009, en la zona rural conocida como Nudo del Paramillo.

Adicionalmente, en ese mismo documento se observa que el accidente con mina antipersona en el que resultó lesionado el señor Jhon Gabriel Posso, fue el único presentado en la vereda Corcobado del Nudo de Paramillo, entre agosto de 2002 y diciembre de 2009 (fls. 281 a 283, cdno. 1).

En similar sentido, la Dirección para la Acción integral contra Minas Antipersonal —Descontamina Colombia—, en oficio del 18 de enero de 2018 (fl. 930, cdno. ppal.), remitió un CD Room que contiene un archivo de Excel, el cual registra la información básica cuantitativa del número de víctimas de minas antipersonas (MAP), víctimas de municiones sin explotar (MUSE), incautaciones de tales artefactos y operativos de desminados humanitarios realizados por el Ejército Nacional en el municipio de Dabeiba, Antioquia, entre los años 1992 y 2014.

En esa base de datos, se registraron un total de 39 casos de accidentes con MAP entre el año 1992 y 2009, en el municipio de Dabeiba; sin embargo, en la vereda Corcobado, en ese período, solo aparece registrado el accidente con MAP objeto del presente litigio, el cual se produjo el 23 de febrero de 2009. Ese hecho aparece registrado con las siguientes coordenadas: “latitud 7,00276 y longitud 76,263894”; asimismo, se hizo constar que tales “coordenadas son aplicadas a la cabecera municipal”, dado que se desconocen las coordenadas exactas del lugar donde ocurrió ese hecho.

En cuanto a la asistencia humanitaria recibida por el señor Jhon Gabriel Posso como consecuencia de su lesión con una mina antipersona, la Directora de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través de oficio del 16 de mayo de 2012 (fls. 335 a 338, cdno. 1), hizo constar que aparece registrado como víctima en el Sistema de Información de Víctimas de la Ley 418 de 1997, así:

CasoNombreFecha siniestroHechoMunicipioReclamaciónEstadoActiva
1404-2009Posso Jhon Gabriel23/02/2009Mina AntipersonalDabeiba-Antioquia40 SMLMVAprobadoSi
8094Posso Jhon Gabriel23/02/2009Mina antipersonaDabeiba - Antioquia2 SMLMVAprobadoSi

En el proceso obran los testimonios rendidos ante el tribunal de primera instancia por los señores Elido Valle Valle, Jorge Herney Tuberquia Vera, Orbairo Cardona David y Luz Mary Osorio Monsalve, quienes eran habitantes del sector y conocían al señor Jhon Gabriel Posso, los cuales señalaron que desconocían las circunstancias en las que se produjo la lesión en sus piernas, salvo el conocimiento público que se tenía de que ese hecho se produjo en el mes de febrero de 2009, por la activación de una mina antipersona, en momentos en que regresaba de acampar en ese lugar (fls. 220 a 222 y 272 a 280, cdno. 1).

Respecto de tales declaraciones, advierte la Sala que se trata de testimonios de oídas, dado que los hechos de los que dan cuenta no fueron presenciados de manera directa por ellos, sino que les fueron transmitidos por terceras personas, respecto de quienes no especificaron su identidad ni la forma como obtuvieron la información que les transmitieron. Ciertamente, tales deponentes manifiestan haber tenido esa información por el rumor que circulaba en su pueblo, razón por la cual, no puede reconocérseles valor probatorio alguno en cuanto a ese aspecto, comoquiera que sus dichos no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para valorar este tipo de declaraciones(2).

De otra parte, en lo atinente a las labores de desminado humanitario, en la certificación expedida por la Personería Municipal de Dabeiba el 27 de enero de 2011, se hizo constar lo siguiente:

Por información verbal de varias personas que habitan las veredas del municipio de Dabeiba-Antioquia, se tiene conocimiento que en varias ocasiones, en algunas de ellas, han hecho presencia personas que se han identificado como integrantes de las FARC por el sector de Nudo de paramillo, Corregimiento de Camparrusia, vereda la Balsita, vereda Cuchillón, Corregimiento de Urama, entre otras.

El Ejército Nacional a través de la Brigada Móvil Nº 11 ha hecho presencia en ese sector, pero desconozco las fechas concretas en que se ha desarrollado patrullajes u operativos. Anexo envío el censo de las personas lesionadas con minas antipersona en este municipio.

La Alcaldía de Dabeiba-Antioquia, durante el año 2008 celebró convenio con el departamento de Antioquia, para la prevención del riesgo de accidentes de minas antipersonas, contratando los servicios del señor Alexander Londoño encargado de desarrollar talleres en varias veredas del municipio de Dabeiba-Antioquia, información que reposa en la Secretaría del Gobierno de Antioquia.

Por su parte la Personería Municipal de Dabeiba a través de la Emisora Comunitaria ‘Sol Estéreo’ ha dictado charlas sobre el tema de minas antipersonas y MUSE, y ha explicado la ‘Matriz ruta de atención a víctimas del MAP, AEI y REG’, documento suministrado por HANDICAP. También se dictó (sic) charlas a los habitantes de la vereda San Agustín, cercana al municipio de Camparrusia, y en las escuelas e instituciones educativas del municipio (resaltados adicionales - fls. 280, cdno. 1).

En ese mismo sentido, obra en el proceso la respuesta al exhorto 53 de 12 de enero de 2011, a través del cual el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra minas Antipersonas manifestó lo siguiente:

Antioquia es el departamento que reporta mayor número de víctimas civiles de minas antipersonal en el país. Entre 1990 y 2010 se registraron 931 víctimas civiles, de las cuales 172 (18%) murieron y 759 (82%) resultaron heridas en el accidente. Asimismo, contrario a lo que sucede en el resto del país donde el número de víctimas muestra una reducción sistemática en los últimos cuatros años, entre 2007 y 2010, Antioquia registró un aumento leve en el número de víctimas civiles del 3%.

Para prevenir esta situación el gobierno ha orientado su acción en tres frentes:

1. Educación en el riesgo por minas (ERM).

La educación en el riesgo de minas se refiere a procesos dirigidos a la población civil y encaminados a reducir el riesgo de daños provocados por las minas antipersonal (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE), mediante la sensibilización y el fomento de una cultura de comportamientos seguros. Para ello, se desarrollan actividades de difusión de información pública, educación y capacitación, y la adopción de un enfoque de participación y enlace comunitario para la acción contra minas antipersonas. La meta principal es reducir el riesgo a un nivel en el que las comunidades puedan vivir de forma más segura libre de las limitaciones impuestas por la presencia de MAP y MUSE.

Las principales acciones en materia de educación en el riesgo de minas (ERM), adelantadas en el departamento de Antioquia son:

— Promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. (…).

— Estrategia de retornar es vivir. (…).

— Acciones de formación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (…).

2. Desminado humanitario en el departamento de Antioquia.

Para despejar las zonas con altos niveles de afectación por minas, con los más altos estándares internacionales, Colombia cuenta con un Batallón de Desminado Humanitario con un total de nueve pelotones de desminado humanitario (cerca de 380 hombres), bajo órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares. Para 2012 este batallón contará con un total de 14 pelotones.

Adicionalmente, el país cuenta con tres equipos de desminado mecánico (1 mini minewolf y 2 Hitachi), igualmente, se realizaron avances para la aprobación de los protocolos nacionales de desminado mecánico, de desminado con perros detectores de minas y de desminado de emergencia.

Con esta capacidad, se han adelantado operaciones de desminado humanitario en comunidades y municipios de todo el país. En el caso específico de Antioquia, en 2008, 2009 y 2010 se iniciaron operaciones en los municipios de San Carlos, Granada y San Francisco. Gracias a esto a la fecha se han despejado 193.381 m2, y se han descubierto 242 minas antipersonal del tipo de artefacto explosivo improvisado y 7 municiones sin explotar.

(…).

El cronograma de trabajo que se ha establecido para este proceso de implementación de las actividades de desminado por parte de organizaciones particulares establece que éstas puedan iniciar operaciones durante el segundo período trimestre de 2011. Se espera que el suroriente Antioqueño se encuentre dentro de las primeras zonas asignadas a las organizaciones civiles para la realización de labores de desminado humanitario.

3. Desminado de emergencia en el departamento de Antioquia.

Con el objetivo de mitigar los peligros derivados de las MAP y las MUSE, en aquellas zonas donde la población convive con el riesgo de sufrir un accidente con estos artefactos, los grupos EXDE y MARTE de las Fuerzas Militares han venido realizando labores de desminado de emergencia. Es de aclarar que los terrenos sometidos a este tipo de desminado no pueden clasificarse como ‘campos libres de minas’, pues no se puede certificar que todos los artefactos explosivos han sido encontrados y destruidos en tanto que no se ajustan a los procedimientos estandarizados del desminado humanitario.

En el departamento de Antioquia, para fortalecer este procedimiento de emergencia, se estableció un convenio entre la Universidad de Antioquia, la Escuela de ingenieros Militares, la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para entrenar a los 200 primeros respondientes de los grupos EXDE y MARTE 2500 primeros respondientes de la Policía Nacional y 100 técnicos profesionales de la Policía en Atención Pre hospitalaria (APH) (resaltados adicionales - fls. 231 a 237, cdno. 1).

En el mismo sentido, obra en el proceso el exhorto 287 del 12 de diciembre de 2011, a través del cual el Comandante de la Brigada Móvil Nº 11 del Ejército Nacional, indicó lo siguiente:

2. Las unidades tácticas adscritas a la brigada Móvil Nº 11 del Ejército Nacional realizan permanentemente operaciones ofensivas y de control territorial en el departamento de Antioquia, con el fin de preservar y proteger la integridad de la población civil y sus recursos contra todos los agentes generadores de violencia para mantener el orden constitucional, garantizando la seguridad y convivencia ciudadana; como estrategia para la desactivación de campos minados se cuenta con personal militar especializado en la búsqueda y detección de artefactos explosivos en cada uno de los pelotones orgánicos de las unidades tácticas, quienes cuentan con la preparación y capacitación necesaria para llevar a cabo dichos procedimientos; al paso de la tropa y/o informaciones que suministre la población civil de la ubicación de artefactos explosivos; aunado a las campañas de sensibilización dirigidas a la población civil, mediante la capacitación, difusión de volantes y programas radiales relacionados con la afectación y los mecanismos de prevención de los artefactos explosivos.

3. En respuesta al numeral 5.2.2.4 en el que solicita se le informe cuántos ataques han sufrido los miembros del Ejército Nacional con artefactos explosivos o campos minados realizados por la guerrilla en el año 2007, en la zona rural del municipio de Dabeiba, Antioquia, le informo que de acuerdo con la base de datos llevada en esta unidad, que data desde la vigencia del año 2008, se registra un total de (23) miembros del Ejército Nacional heridos.

4. (…) El Ejército Nacional a través de los equipos EXDE (explosivos y demoliciones), y grupos MARTE (manejo de artefactos explosivos), quienes mediante capacitación, detectan y destruyen los artefactos explosivos improvisados AEI, minas antipersona MAP, y municiones sin explotar MUSE, al paso de cualquier unidad militar sobre el terreno o a información suministrada por la población civil que reside en el sector, esto complementando con campañas de sensibilización dirigidas a los habitantes del sector mediante capacitación, difusión de información y donación de elementos educativos, como cartillas y juegos que contribuyen a la prevención y conocimiento de minas antipersonas instalados por los grupos ilegales al margen de la ley.

(…).

5. En lo que concierne al punto 5.2.2.6 que refiere si es posible suministrar listado de cuántos ataques a civiles con minas antipersonales ha recibido la población civil en la zona, donde le ocurrió el accidente al señor Jhon Gabriel Posso, desde el año 2007 y quienes lo han realizado, me permito indicar que según la base de datos generada por el PAICMA (Programa presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersona), y el cual puede ser descargado de la siguiente dirección http://www.accioncontraminas.gov.co/paginas/victimas.aspx; registra dos civiles heridos en el año 1997, no obstante no se relacionan nombres de las víctimas (resaltados adicionales - fls. 309 a 311, cdno. 1).

Adicionalmente, en el oficio del 18 de enero de 2018 (fl. 930, cdno. ppal.), la Dirección para la Acción integral contra Minas Antipersonal —Descontamina Colombia—, informó lo siguiente:

El municipio de Dabeiba fue categorizado de alta afectación al presentar registros de víctimas posteriores al año 2010. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible su priorización para adelantar tareas de desminado humanitario al no contar con las condiciones de seguridad favorables descritas en el artículo 12 del Decreto 3750 de 2011. Esto se da, ya que al pretender realizar actividades en zonas con grupos armados ilegales se podría ocasionar una posible ‘acción con daño’.

Sin embargo el Ejército Nacional llevó a cabo desminado en desarrollo de operaciones de la siguiente manera:

El trabajo de información a la población se llevó a cabo a través de campañas de sensibilización de Educación en el registro de minas que buscan reducir el riesgo de muerte y lesiones causadas por estos artefactos explosivos. (…).

Para el año 2009 en el municipio de Dabeiba estas actividades las realizó como operador la Fundación Restrepo Barco en el marco del proyecto de sensibilización en el registro de minas antipersonas a las comunidades afectadas por MAP y MUSE, priorizados por el PAICMA.

Antioquia: municipios de Anorí, Carepa, Dabeiba, Ituango, Tarazá, Valdivia y Yarumal.

(…).

Se aclara que de acuerdo con el estándar nacional de ‘Señalización, marcación y organización de sitio de trabajo’, y con el propósito de no poner en riesgo al personal que realiza esta labor, la señalización se efectúa con personal entrenado, evaluado y acreditado para adelantar tareas de desminado humanitario, por lo anterior, estas no pueden adelantarse sin que el municipio sea asignado a un operador acreditado para adelantar las tareas de desminado humanitario, razón por la cual antes del año 2009 no se realizó señalización en este municipio (resaltados adicionales - fls. 930 a 943, cdno. ppal.).

Finalmente, en el CD Room anexo con el anterior oficio aparece el registro de 32 operaciones de desminado militar humanitario de emergencia en el año 2009, en las zonas rurales del municipio de Dabeiba por parte de miembros del Ejército Nacional.

4.4. Sobre el cumplimiento del Estado colombiano de la Convención de Ottawa para el caso concreto.

En primer lugar, resulta necesario precisar que según el glosario nacional de términos para la acción integral contra minas antipersonal (L. 759/2002, art. 1º), por “mina antipersonal” se entiende todo artefacto explosivo concebido para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas.

De otra parte, una munición sin explotar (MUSE), según ese mismo glosario, es toda munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armado o por el contrario preparada para su uso o ya utilizada. Puede haber sido disparada, arrojada, lanzada o proyectada pero que permanece sin explotar debido ya sea a mal funcionamiento, al tipo de diseño o a cualquier otra razón(3).

Ahora bien, se considera necesario en esta oportunidad precisar el contenido y alcance de los compromisos adquiridos por Colombia mediante la adopción de la Convención de Ottawa, en materia de prevención en el riesgo de accidentes con minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI), con la finalidad de que se pueda corroborar o descartar el incumplimiento del Estado, en el caso sub judice, de las normas y principios contenidos en dicho convenio.

La “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, conocida como la Convención de Ottawa, suscrita en Oslo el 18 de septiembre de 1997(4), y aprobada por Colombia mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000, establece en el artículo 5 las obligaciones en materia de destrucción de minas antipersonal ubicadas bajo la jurisdicción del Estado firmante de la Convención, así como la identificación de las zonas afectadas con MAP, así:

1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.

2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1o. dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal.

La Ley 554 de 2000(5) fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-991 de 2000, y entró finalmente en vigor el 1º de marzo de 2001. Respecto de las anteriores obligaciones contenidas en el artículo 5º, la Corte precisó lo siguiente:

La destrucción de las minas antipersonal colocadas en zonas minadas, cuenta con un plazo de 10 años, debiéndose identificar las zonas donde se sepa o sospeche que hay minas y adoptar las medidas necesarias para su vigilancia, en aras de la protección de los civiles. La respectiva señalización se hará según las normas ya fijadas con tal fin. Esta tarea podrá obtener una prórroga de diez años con renovación a la misma, con base en informes fundamentados en los cuales se describa lo efectuado en dicho período y los problemas del trabajo de desminado.

Como se puede deducir de las disposiciones reseñadas, no existe contradicción alguna de las mismas con el ordenamiento superior. Las reglas que allí se establecen, además, de estar ajustadas a los fines del instrumento internacional en estudio, especifican los compromisos que asumen los Estados Parte para la destrucción de las existencias de las minas antipersonales y de las ubicadas en zonas minadas, con protección a la población civil, atendiendo a plazos razonables para arrojar los resultados esperados pudiendo prorrogarlos, según las circunstancias propias de cada trabajo. Por lo tanto, la Corte únicamente resalta que la referida destrucción debe realizarse en condiciones que garanticen la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, pues sólo así se daría cumplimiento de los deberes a cargo del Estado (C.P., arts. 2º, 13 y 79) (se ha resaltado).

Ahora bien, de la lectura del artículo 5º de la Convención de Ottawa antes transcrito puede concluirse que en el primer inciso se estableció una obligación de resultado, es decir, cada Estado parte deberá destruir o asegurar la destrucción total de minas antipersona en el territorio de su jurisdicción. Para el cumplimiento de esa obligación se concedió un plazo máximo de 10 años. No obstante lo cual, el Estado colombiano, a través del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal— PAICMA, en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-Suiza, solicitó una extensión de diez años más para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de desminado humanitario, plazo que le fue concedido a Colombia, hasta el 1º de marzo de 2021(6).

En relación con el informe de la prórroga concedida en la décima reunión de los Estados parte de la Convención de Ottawa celebrada en Ginebra el 29 de noviembre de 2010, la Sala destaca lo siguiente(7):

vi) La Reunión estudió la solicitud de Colombia de prórroga del plazo para terminar de destruir las minas antipersonal en las zonas minadas de conformidad con el artículo 5º, párrafo 1, y accedió a prorrogar el plazo hasta el 1º de marzo de 2021.

vii) Al acceder a la solicitud, la reunión señaló que, si bien era comprensible que

Colombia hubiera pedido el máximo tiempo disponible, dada la magnitud del problema de la contaminación verificada o supuesta, esa petición se basaba en una imagen incompleta. Para dar una mejor idea de la situación, la reunión solicitó a Colombia que aclarara a la 11ª Reunión de los Estados Partes, en 2011, qué zonas se encontraban en proceso de “consolidación de la seguridad democrática” y en qué zonas se daban actualmente las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo tareas de desminado humanitario, y que proporcionara más información con respecto a esas zonas.

viii) Al conceder la solicitud, la reunión señaló además que, casi diez años después de la entrada en vigor, Colombia no disponía de los datos necesarios para informar de una manera más precisa sobre la ubicación de las zonas contaminadas con minas antipersonal o sospechosas de estarlo, y, por lo tanto, para elaborar un plan de aplicación sobre la base de información concreta. En ese contexto, la reunión pidió a Colombia que presentara información actualizada a la 11ª reunión de los Estados Partes sobre las medidas que estaba adoptando a fin de desarrollar y aplicar métodos más eficaces para determinar la ubicación y la superficie reales de la zona de presunto peligro en los municipios en que esto fuera posible.

La segunda obligación descrita en el ordinal 2º del artículo 5º, impone a cada Estado parte el deber de “esforzarse” en identificar, demarcar y cercar las zonas donde sepa o sospeche que hay minas antipersona y “adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible”. Es decir, se trata de obligación de medio.

Así pues, la obligación de identificación y demarcación de las zonas en las que se sepa o sospeche que hay minas antipersona no está sujeta a un plazo determinado, sino que, por el contrario, exige el cumplimiento de manera progresiva y en la medida de las posibilidades materiales de cada Estado.

De otra parte, en lo referente al cumplimiento de la referida obligación de identificación, demarcación o señalización de campos minados, deben tenerse en cuenta las disposiciones establecidas en el Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1999, el cual dispone lo siguiente:

1. Registro

a) El registro de la ubicación de las minas que no sean minas lanzadas a distancia, campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos se hará de conformidad con las disposiciones siguientes:

i) Se especificará con exactitud la ubicación de los campos de minas, zonas minadas, zonas de armas trampa y otros artefactos en relación con las coordenadas de por lo menos dos puntos de referencia y las dimensiones estimadas de la zona en que se encuentren esas armas en relación con esos puntos de referencia;

ii) Se confeccionarán mapas, diagramas u otros registros de modo que se indique en ellos la ubicación de los campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos en relación con puntos de referencia, indicándose además en esos registros sus perímetros y extensiones; y

iii) A los efectos de la detección y limpieza de minas, armas trampa y otros artefactos, los mapas, diagramas o demás registros contendrán información completa sobre el tipo, el número, el método de colocación, el tipo de espoleta y el período de actividad, la fecha y la hora de ubicación, los dispositivos antimanipulación (si los hubiere) y otra información pertinente respecto de todas esas armas colocadas. Siempre que sea posible, el registro del campo de minas indicará la situación exacta de cada mina; salvo en los campos de minas sembrados en hileras, donde bastará conocer la situación de la hilera. La situación precisa y el mecanismo de accionamiento de cada una de las armas trampa colocadas serán registrados individualmente.

b) Tanto la ubicación estimada como la zona de las minas lanzadas a distancia deberán especificarse mediante las coordenadas de puntos de referencia (normalmente puntos situados en las esquinas) y deberán determinarse y, siempre que sea posible, señalarse sobre el terreno en la primera oportunidad posible. También se registrará el número total y el tipo de minas colocadas, la fecha y la hora de ubicación y los períodos de autodestrucción.

c) Se conservarán ejemplares de los registros a un nivel de mando que permita garantizar su seguridad en la medida de lo posible.

d) Queda prohibido el empleo de minas producidas después de la entrada en vigor del presente Protocolo, salvo que lleven marcadas, en inglés o en el idioma o idiomas nacionales respectivos, la información siguiente:

i) nombre del país de origen. (…).

2. Especificaciones sobre detectabilidad:

a) Las minas antipersonal producidas después del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea.

b) Las minas antipersonal producidas antes del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado, o se les fijará antes de su colocación, de manera que no se pueda separar fácilmente, un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea.

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo dispuesto en el apartado b), podrá declarar cuando notifique su consentimiento a quedar obligada por el presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de dicho apartado por un período no superior a nueve años contado a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo. Mientras tanto, reducirá al mínimo, en la medida de lo posible, el empleo de minas antipersonal que no cumplan esas disposiciones.

3. Especificaciones sobre la autodestrucción y la autodesactivación:

a) Todas las minas antipersonal lanzadas a distancia se diseñarán y construirán de modo que, dentro de los 30 días siguientes a haber sido colocadas, no queden sin autodestruirse más del 10% de las minas activadas, y cada mina contará con un dispositivo de autodesactivación de reserva diseñado y construido a fin de que, en combinación con el mecanismo de autodestrucción, no más de una de cada mil minas activadas siga funcionando como tal 120 días después de haber sido colocada.

b) Todas las minas antipersonal no lanzadas a distancia que se empleen fuera de las zonas marcadas, según se definen en el artículo 5º del presente Protocolo, cumplirán los requisitos de autodestrucción y autodesactivación estipulados en el apartado a).

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo dispuesto en los apartados a) y/o b), podrá declarar, cuando notifique su consentimiento a quedar obligada por el presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de los apartados a) y/o b), con respecto a las minas fabricadas antes de su entrada en vigor, por un período no superior a nueve años contado a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Durante ese período de aplazamiento, la Alta Parte Contratante:

i) se esforzará por reducir al mínimo, en la medida posible, el empleo de minas antipersonal que no se ajusten a esas disposiciones; y

ii) en lo que respecta a las minas antipersonal lanzadas a distancia, cumplirá los requisitos de autodestrucción o bien los de autodesactivación, y con respecto a las demás minas antipersonal cumplirá por lo menos los requisitos de autodesactivación.

4. Señales internacionales para los campos de minas y zonas minadas:

Se utilizarán señales análogas a las del ejemplo adjunto y según se especifican a continuación para marcar los campos de minas y zonas minadas a fin de que sean visibles y reconocibles para la población civil (…).

La Sala observa que el Estado colombiano ha desarrollado importantes avances frente a las obligaciones contenidas en el artículo 5.2 del tratado de Ottawa, tanto para el momento de los hechos que dieron origen a la acción de reparación directa en estudio como con posterioridad a ellos, dentro de los que pueden destacarse los siguientes:

i) la implementación desde el año 2002, de una estrategia de gestión de información dirigida a recopilar y sistematizar los datos disponibles sobre el fenómeno de las MAP/MUSE/AEI en Colombia, a través del IMSMA(8), administrado por el PAICMA(9), el cual constituye la primera fuente utilizada para determinar la existencia de zonas sospechosas que requieren ser intervenidas, de acuerdo a la información reportada en él;

ii) la creación, mediante la Ley 759 de 2002, de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal CINAMAP, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, e integrada por varios miembros del Gobierno Nacional, encargada del diseño de la acción del Estado en aplicación de la Convención de Ottawa, la verificación del cumplimiento de las medidas contempladas en el CONPES en la misma materia, la promoción y coordinación con las autoridades nacionales de los procesos de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, destinada a las obligaciones adquiridas en la Convención, la aprobación de los informes dirigidos a la comunidad nacional e internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros;

iii) la reglamentación dirigida a permitir que organizaciones civiles adelanten gestiones de desminado humanitario “con el propósito de garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia armada en Colombia”(10);

iv) la creación del primer pelotón de desminado humanitario en el año 2005(11) y de tres pelotones adicionales a finales del año 2006, así como la instauración del Batallón de Ingenieros Nº 60 de Desminado Humanitario como parte de la Brigada Especial de Ingenieros en el año 2009(12), bajo las órdenes operacionales de la Inspección General de las Fuerzas Militares(13), cuyas unidades adelantaron las labores de desminado tanto de las 35 bases militares, como de los campos minados, y la creación de la agrupación de explosivos y desminado de la Infantería de Marina, mediante disposición 41 de 2014. Actualmente, el Batallón cuenta con seis pelotones de desminado manual y uno mecánico de Ejército y un pelotón de desminado manual de la Infantería de Marina(14);

v) la puesta en marcha del Observatorio de Minas Antipersonal a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el año 2002, encargado de “recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas’’; esa entidad ubicó como estrategia nacional de acción contra minas antipersonal todo lo referente al desminado humanitario; asistencia y rehabilitación a víctimas; destrucción de minas almacenadas; campañas de concientización y educación de la población civil; y todos aquellos aspectos que demanden el cumplimiento del tratado de Ottawa.

De otra parte, según el artículo 18 de la Ley 759 de 2002, el Ministerio de Defensa tiene a su cargo la designación del personal militar especializado en técnicas de desminado humanitario para adelantar labores de detección, señalización, georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersona, estando bajo su responsabilidad la realización de actividades y tareas de desminado humanitario en el territorio nacional.

Según esa misma normativa legal, el desminado humanitario debe llevarse a cabo únicamente en zonas del territorio nacional donde las condiciones de seguridad faciliten el acceso a las comunidades afectadas por MAP y MUSE, de manera sostenible y segura para la comunidad y las personas encargadas de esa labor, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-991 de 2000.

Ahora bien, en este punto resulta relevante destacar que el Estado colombiano expidió la Ley 759 de 2002, la cual estableció que la labor de desminado humanitario y demarcación de tales zonas afectadas con MAP y MUSE, es una labor interinstitucional y, por esa razón, dispuso que son varias las entidades del Gobierno colombiano las que participan en distintos frentes para hacer efectivos los compromisos adquiridos en la materia(15), entre las que se encuentran: La Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (CINAMP), autoridad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, integrada por el Vicepresidente de la República, los Ministros del Interior, de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Salud, el Director del Departamento de Planeación Nacional, el Director del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario; el Fiscal General de la Nación, el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional(16).

Dicha comisión es la responsable del diseño, de la aplicación y del cumplimiento de la Convención de Ottawa en materia de desminado humanitario, así como también de la promoción y coordinación con las autoridades nacionales de los procesos de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional en acciones de desminado(17).

De otra parte, se encuentran la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, que está compuesta por el Ministro de Defensa Nacional, el Inspector General de las Fuerzas Militares y el Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA), y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-PAICMA, que entre sus funciones, se encuentra la de impulsar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de las acciones relativas a minas antipersonal, elaborar y aplicar una estrategia nacional de Acción Contra Minas Antipersonal en todo lo referente al desminado humanitario; y el Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho internacional Humanitario, tiene a su cargo la obligación de proceder a solicitar a las autoridades competentes las medidas de desminado humanitario a que haya lugar(18).

De lo anterior se tiene que, el componente de desminado humanitario de las Fuerzas Militares debe someter sus actividades a las decisiones que adopte la instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario y la CINAMP y llevarlas a cabo con la coordinación, asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el PAICMA.

Lo anterior significa que el Ejército Nacional no es autónomo para establecer las referidas labores de señalización, demarcación o desminado humanitario, toda vez que, según se indicó, esas son obligaciones interinstitucionales, que están a cargo de varios organismos, entre ellos, la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (CINAMP), la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-PAICMA, motivo por el cual puede inferirse que el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no es la entidad llamada a tomar por sí sola la decisión de delimitar y desminar un perímetro determinado, ya que por disposición legal son varias las entidades del gobierno las que participan en distintos frentes, para hacer efectivos los compromisos adquiridos en la materia. Por lo tanto, el componente de desminado humanitario de las Fuerzas Militares debe someter sus actividades a las decisiones que adopte la instancia Interinstitucional de desminado humanitario y la CINAMP y llevarlas a cabo con la coordinación, asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el PAICMA.

Finalmente, cabe señalar que el Estado colombiano ha cumplido también con la obligación de indemnizar a las víctimas de minas antipersonal. Así pues, con el fin de cumplir con esos propósitos, el legislador creó el Fondo de Reparación a las Víctimas de la Violencia, el cual es administrado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas(19), el Fondo de Solidaridad y Garantía del sistema general de seguridad social en salud (Fosyga) y los recursos de la subcuenta de eventos catastróficos (ECAT) administrados por el Ministerio de Salud y Protección Social(20). Estos fondos de solidaridad permiten centralizar en una entidad extrajudicial las indemnizaciones otorgadas a las víctimas, con lo cual se les ofrece un sistema de reparación uniforme, más expedito y menos costosos que la vía judicial, a la vez que permite descongestionar a la jurisdicción(21).

Gracias a la existencia de estos fondos de solidaridad, las víctimas de minas antipersonal cuentan con diferentes asistencias, entre las cuales se encuentran: i) atención prioritaria en la etapa de atención de urgencias y hospitalaria, mediante; gastos de transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos(22), acceso a una ayuda humanitaria inmediata, hasta por un mes y prorrogable, consistente en atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia, alojamiento transitorio en condiciones dignas(23), inclusión en el Registro Único de Victimas-RUV del Ministerio Público(24); asesoría, atención, orientación y acompañamiento psicojurídico(25), afiliación al régimen subsidiado de seguridad social(26); ii) rehabilitación médica básica, física y psicológica, mediante el acceso al restablecimiento de sus condiciones físicas y psicosociales(27), acceso gratuito para los niños, niñas y adolescentes lesionados a un servicio gratuito y por el tiempo definido según criterio técnico-científico a tratamiento médico, prótesis y asistencia psicológica, que garanticen su plena rehabilitación(28); iii) atención médica y psicológica continuada, que consta del derecho a acceder nuevamente servicios en asistencia en salud por hechos sobrevivientes relacionados con el accidente por MAP, MUSE o AEI(29) ; iv) inclusión social, escolar y económica, mediante el acceso gratuito a educación preescolar, básica y media(30), acceso prioritario a los ciclos 1 al 6 de los modelos flexibles del programa nacional de alfabetización de las secretarías de educación certificadas, para personas mayores de 15 años y adultos iletrados(31), participación en procesos de selección, admisión y matrícula así como a incentivos que les permitan acceder a la oferta académica de las instituciones de educación superior, en especial a mujeres cabeza de familia, adolescentes y población en condición de discapacidad(32), participación en forma prioritaria en las líneas y modalidades especiales de crédito educativo, así como de los subsidios financiados por el ICETEX(33), acceso al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA— y acceso a programas de formación titulada, complementaria o de apoyo para el emprendimiento o fortalecimiento de un proyecto productivo con la colaboración del SENA(34); v) indemnizaciones administrativas conforme a lo estipulado en la Ley 1448 de 2011(35) y el Decreto 4800 de 2011(36); y vi) en casos de muerte de la víctima del accidente con MAP/MUSE/AEI, el derecho a recibir inmediatamente o en el menor tiempo asistencia funeraria o indemnización por gastos funerarios hasta 750 SMLV en favor de los familiares que no cuenten con recursos para sufragar estos gastos(37), derecho a una indemnización individual por vía administrativa por homicidio hasta 40 SMLMV(38)(39) o a indemnización por muerte de la víctima12.

4.5. Conclusiones probatorias y caso concreto.

En primer lugar, cabe señalar que con fundamento en las pruebas que obraban en el expediente al momento de proferir la sentencia del 26 de abril de 2017 y con las pruebas que se allegaron en virtud del auto del 15 de enero de esta anualidad, la Sala concluye que no se acreditaron hechos nuevos que permitan acreditar la alegada falla en el servicio del Ejército Nacional en el presente asunto, motivo por el cual, el sentido de tal decisión habrá de ser el mismo, tal y como pasa a explicarse:

En efecto, a partir de las pruebas relacionadas anteriormente, puede inferirse que la lesión en la pierna derecha del señor Jhon Gabriel Posso se produjo por la activación de una mina antipersona en hechos acaecidos el 23 de febrero de 2009, en zona rural del municipio de Dabeiba, Antioquia, específicamente, en la vereda Corcobado, del sector denominado Nudo de Paramillo, Antioquia.

Asimismo, se acreditó que como consecuencia de dicho accidente con mina antipersona, el señor Jhon Gabriel Posso recibió una ayuda humanitaria equivalente a 42 SMLMV por parte de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.

De otra parte, se probó que entre 1992 y 2009, en el municipio de Dabeiba se registraron un total de 39 casos de accidentes con MAP; sin embargo, en la vereda Corcobado, sector Nudo de paramillo, únicamente, se presentó un caso, esto es, el que actualmente se decide. Adicionalmente, cabe resaltar en este punto que el municipio de Dabeiba, está dividido administrativamente en 4 corregimientos (Cruces, Camparrusia, Urama y Santa Teresa) y, adicionalmente, cuenta con 117 veredas(40), todo lo cual suma una extensión de territorio que asciende a los 1.883 km2, por lo cual se infiere que no resultaba posible demarcar y de desminar la totalidad de esa zona tan amplia de terreno, máxime, teniendo en cuenta que el sitio específico donde ocurrió el accidente con mina antipersona, vereda Corcobado, no se había presentado ningún otro evento con anterioridad al año 2009, según el registro de víctimas de MAP y MUSE, contenido en el oficio del 18 de enero de 2018, expedido por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona.

Así las cosas, puede concluirse que las lesiones causadas al señor Jhon Gabriel Posso con una mina antipersona, el 23 de febrero de 2009, resultó un evento imprevisible e irresistible para la entidad demandada, en la medida en que no se probó que esta Institución hubiera tenido conocimiento efectivo sobre la presencia de minas en el lugar donde ocurrió el accidente y que, pese a ello, no hubiera adoptado medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población.

Cabe señalar que no resultaba posible realizar un plan estratégico de desminado humanitario ni de demarcación en el sitio, dadas las condiciones de alteración de orden público en la zona rural del municipio de Dabeiba y el grave riesgo para las personas que adelantan dicha labor de demarcación y desminado.

Ahora bien, en cuanto a las medidas adoptadas por el Estado colombiano respecto de la prevención de este tipo de hechos, en el proceso se acreditó que desde el año 2008, el Ejército Nacional en coordinación con la alcaldía municipal de Dabeiba, el SENA, la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, realizaron campañas educativas públicas y capacitaciones a la población civil, incluso a través de programas de radio, para prevenir ese tipo de accidentes con minas antipersona en esa región del país.

Conviene precisar en este punto que en el departamento de Antioquia entre los años 1990 a 2010, se presentaron 931 casos de accidentes con MAP y MUSE, por lo que a partir de 2010 el Gobierno Nacional adelantó planes estratégicos para prevenir ese tipo de hechos en esa zona, entre los que se encontraba la realización de labores de desminado humanitario con batallones especiales. Efectivamente, se acreditó que para la época de los hechos, el Ejército Nacional realizó labores de desminado humanitario de emergencia en inmediaciones del municipio de Dabeiba, específicamente, se realizaron 32 operaciones entre el año 1999 y 2009, con lo cual se logró despejar 193.382 M2 y se desactivaron 242 MAP y MUSE, según información suministrada por el Director del Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersona.

No obstante lo anterior, dada la extensión del territorio de Antioquia, sumado a las condiciones de alteración de orden público en la zona rural del municipio de Dabeiba y el grave riesgo para las personas que adelantan dicha labor de demarcación y desminado, antes del año 2009 no se pudo establecer un plan estratégico en esa zona para esa época.

Destaca la Sala que resulta materialmente imposible exigir de la fuerza pública la ubicación, señalización y desactivación de todas las minas puestas por los grupos ilícitos, toda vez que en la mayoría de casos, ni el Ejército ni la Policía Nacional conocen de la ubicación de esos artefactos prohibidos, los cuales son escondidos estratégicamente por los grupos armados ilegales y muchas veces camuflados en elementos de uso común como radios, latas de gaseosa, bolsas de basura, entre otros, para dificultar su identificación. Tampoco es posible pretender que las tropas regulares que se enfrentan al accionar de la subversión inspeccionen el área y los lugares de combate, pues se trata de personal ajeno a aquel que integra los pelotones de desminado humanitario, y que en consecuencia no cuenta con la capacitación y experticia requeridos para identificar, delimitar, cercar y limpiar campos minados. Se trataría de una exigencia que sólo repercutiría en altos riesgos para la integridad y vida de los propios soldados.

En este punto, conviene reiterar que el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no es la autoridad llamada a tomar por sí sola la decisión de delimitar y desminar un perímetro determinado, ya que, como se precisó, por disposición legal, son varias las entidades del gobierno las que participan en distintos frentes, para hacer efectivos los compromisos adquiridos en la materia. Por lo tanto, el componente de desminado humanitario de las Fuerzas Militares debe someter sus actividades a las decisiones que adopte la instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario y la CINAMP y llevarlas a cabo con la coordinación, asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el PAICMA.

Así las cosas, de conformidad con los hechos acreditados en el presente asunto, para la Sala no es posible establecer una falla en el servicio por omisión por parte de la Administración demandada, frente al deber de identificación y destrucción de las minas antipersonales, puesto que se acreditó que el Estado colombiano para la época de los hechos (2009), cumplió con la obligación contenida en el artículo 5.2 de la Convención de Ottawa, referente a desplegar todos los medios razonables a su alcance para la identificación de las zonas bajo su jurisdicción donde se sepa o se sospeche que existieran minas antipersonas.

Sin embargo, reitera la Sala, en lo que respecta al municipio de Dabeiba, esa labor no se pudo realizar, por cuanto: i) no se contaba con las condiciones necesarias de seguridad para proteger a la población civil y a los funcionarios encargados de esas labores; ii) la extensión territorial del municipio de Dabeiba (193.381 kms2) imposibilitaba demarcar y/o desminar toda la zona y; iii) antes del accidente objeto del presente asunto, en la vereda Corcobado, no se habían presentado accidentes con MAP, por lo cual resulta dable concluir que el daño padecido por el señor Jhon Gabriel Posso el 23 de febrero de 2009 fue un evento imprevisible e irresistible para la institución demandada, Ejército Nacional.

Respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso y en la no adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sección Tercera de tiempo atrás ha reiterado lo siguiente:

No es el Estado un asegurador general, obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia, pues la [A]dministración de [J]usticia, debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los cuales se edifica y sirve de razón a la imputación del deber reparador. Así en el caso presente la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance(41).

En un caso similar al sometido al conocimiento de la Sala en la presente oportunidad, en el cual se discutió la responsabilidad del Estado por un daño causado por una mina antipersonal, esta Subsección del Consejo de Estado razonó de la siguiente manera:

“… los hechos hasta aquí acreditados no permiten, por sí solos, hablar de una falla en el servicio por omisión por parte de la administración en el deber de destrucción de las minas antipersonales, toda vez que nada en el expediente indica que el Ejército tuviera conocimiento o, por lo menos, sospechara de que existían estos artefactos explosivos en el sitio específico donde ocurrieron los hechos, que lo obligara a demarcar el terreno, prestar vigilancia y proteger el área, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil; es decir, pese a que se trataba de una zona con presencia militar y guerrillera, ello no obligaba, per se, a que la fuerza pública realizara allí labores de desminado.

En ese sentido es preciso entender que, a pesar de que la demandada sabía de la presencia de grupos guerrilleros en la región, el acto violento de que fue víctima Donaldo de Jesús Oquendo el 28 de enero de 2009 fue imprevisible e irresistible para los miembros del Ejército Nacional, en la medida en que no se probó que esta institución hubiera tenido conocimiento sobre la presencia de minas en el lugar donde ocurrió el accidente y que, pese a ello, no adoptó medidas de prevención y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población.

A lo anterior resulta preciso agregar que la Sala tampoco encontró acreditado que, previo a los hechos, se hayan presentado enfrentamientos militares entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley en la vereda Bajo Inglés o, lo que es lo mismo, que esa zona haya sido escenario de combates, a partir de los cuales se pudiera inferir que la lesión padecida por el actor se hubiese causado en medio de la confrontación armada o como un daño colateral y posterior a ésta; al respecto, lo único que manifestaron los testigos fue que en la región hacen presencia tanto miembros del Ejército como grupos guerrilleros, pero nada dijeron respecto de enfrentamientos armados en el sector donde ocurrió el mencionado atentado.

Así las cosas, no existen en el expediente suficientes pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado el atentado en el que resultó lesionado el demandante, pues, se insiste, nada indicaba la presencia de minas y la inminencia de su activación, frente a la cual le resultara exigible una actuación de contención; por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el daño alegado por la actora no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza de la administración.

Así, lo que se tiene, en suma, es que los daños por cuya indemnización se reclama se produjeron como resultado de la actuación delincuencial y deliberada de un grupo ilegal armado, lo cual se traduce en un acto malintencionado de un tercero y esto hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio”(42).

Así las cosas, no existen en el expediente suficientes pruebas que demuestren con claridad y certeza que la demandada haya incurrido en una falla del servicio por no haber evitado el accidente con MAP en el que resultó lesionado el señor Jhon Gabriel Posso, dado que, se insiste, nada indicaba la presencia de minas en ese sector, circunstancia frente a la cual le resultara exigible una actuación de contención. Por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el daño alegado por la actora no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable en cabeza de la administración demandada.

Así, lo que se tiene, en suma, es que el daño por cuya indemnización se reclama una indemnización se produjo como resultado de la actuación delincuencial y deliberada de terceros ajenos a la administración, lo cual se traduce en la configuración de esa misma causal eximente de responsabilidad, circunstancia que hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio.

4.6. Ausencia de un riesgo excepcional en el presente asunto.

En este punto, resulta preciso señalar que de conformidad con los hechos acreditados en el proceso, no se probó que, previo a los hechos, se hubieran presentado enfrentamientos o combates entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley en el sector del Nudo de Paramillo, a partir de los cuales se pudiera inferir que la lesión padecida por el actor se hubiese causado en medio de la confrontación armada o como un daño colateral y posterior a ésta, pues lo cierto es que la lesión con MAP al señor Jhon Gabriel Posso se presentó en momentos en que regresaba a su casa de acampar en el sector denominado Nudo de Paramillo.

Así pues, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que cuando se debate la ocurrencia de un daño antijurídico proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa como lo puede ser el uso de armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos que, por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la sociedad, hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien ejerce dicha actividad, pues el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone con ello a las personas. En estos eventos, la responsabilidad del Estado sólo resulta procedente cuando se pruebe que tales artefactos son de dotación oficial o están bajo su guarda(43).

La corporación ha negado las pretensiones en casos en los que no se demuestra que los artefactos explosivos hubieren sido usados por la fuerza pública, es decir, que si las pruebas aportadas no permiten, como sucede en el sub lite, acreditar que el arma o munición que causó el daño es de dotación oficial, no será posible deducir responsabilidad alguna de la administración(44).

En ese mismo sentido, tampoco han sido de recibo alegaciones dirigidas a imputar al Estado la responsabilidad por granadas o artefactos explosivos abandonados por grupos alzados en armas, en virtud del monopolio del uso de la fuerza que el primero detenta, toda vez que:

Si bien es cierto que ese tipo de armamento es de uso exclusivo de las fuerzas militares en virtud del poder monopolizador de la coerción material en cabeza del Estado (art. 216 Superior) —conforme al cual la seguridad individual y colectiva de los asociados se le confía a únicamente a éste (C.P., art. 2º) como rasgo esencial del poder público en un Estado de Derecho (Hauriou) — no es procedente “presumir la propiedad del arma”(45), dado que —ha dicho la Sala— aunque esas armas sean de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la realidad del país Indica que “también están en manos de grupos subversivos’(46).

Así las cosas, es dable concluir que en el presente caso, habida cuenta de que no se probó que el artefacto explosivo hubiera sido de propiedad del Ejército Nacional o que hubiera sido abandonado luego de algún enfrentamiento en el que hubiera participado, no hay lugar a declarar la responsabilidad con base en el título de imputación de riesgo excepcional, habida cuenta de que según la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, “no se puede imputar un daño respecto de un riesgo que el Estado no ha creado ni del que tampoco tuvo la oportunidad de evitar”(47).

En conclusión de este apartado, se tiene que el daño producido con una mina antipersonal, no resulta atribuible al Estado, habida cuenta de que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero.

4.6. Ausencia de imputación por daño especial.

Por otra parte, siendo también motivo de controversia el asunto concerniente a la aplicación del título de imputación de daño especial por actos provenientes de terceros en medio del conflicto armado, es menester precisar que el principio constitucional de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución, indica que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que por acción u omisión le sean imputables, para que se le atribuya jurídicamente un resultado dañoso.

De tiempo atrás se ha dicho por esta Sección que los fundamentos de imputación que estructuran la responsabilidad del Estado, por daños producidos por terceros, puede operar por falla del servicio cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante institucional)(48); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el daño era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este(49).

En ese mismo sentido, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en relación con la responsabilidad de los Estados por el hecho de particulares, la Corte IDH ha precisado que el Estado está llamado a responder dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto y atendiendo al grado de previsibilidad y de los medios que tenía para contrarrestarlo. Sobre el particular ha discurrido de la siguiente manera:

Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención(50).

En otra oportunidad, al pronunciarse sobre la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el hecho ilícito de un grupo paramilitar, la Corte IDH discurrió de la forma que sigue:

Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía”(51) (resaltados adicionales).

De esta forma, el Estado puede ser responsable por las violaciones convencionales cometidas en forma directa por sus agentes (de cualquier órgano del Estado), o bien dicha responsabilidad puede surgir de una omisión del Estado, en aquellos casos en que particulares afectan los derechos convencionales, pues se entiende que el Estado no realizó una adecuada labor de control sobre tales actos ilícitos siendo previsibles y, en consecuencia, incumplió la obligación de garantizar activamente el libre y pleno ejercicio de los derechos contenidos en la Convención(52).

De otra parte, precisa la Sala que aparte de la falla del servicio, presentada en las variantes anotadas, el Consejo de Estado ha fundado también en el régimen de responsabilidad objetiva por los daños causados por actos violentos de agentes no estatales cuando el ataque se dirige contra establecimientos o personajes representativos del Estado(53). No obstante, en el presente asunto, precisa la Sala que no se acreditó que la mina antipersona que causó la lesión del ahora demandante hubiera estado dirigida en contra de una institución estatal o de una persona representativa del Estado.

Respecto de los requisitos para la procedencia del título de imputación de daño especial, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por daño especial, es indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos tipificadores de la figura, a saber:

a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona;

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los administrados;

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración.

Se trata, entonces, de una responsabilidad objetiva dentro de la cual demostrado el hecho, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro se produce la condena, teniendo en cuenta (...) que se presenten los demás elementos tipificadores de este especial régimen(54) (resaltados adicionales).

Así las cosas, se tiene que para la aplicación del título de daño especial, se requiere la intervención positiva, legítima y lícita de la entidad estatal, a fin de que sea viable el resarcimiento solicitado, es decir, se debe establecer que el daño proviene de una acción positiva y lícita estatal(55); a contrario sensu, de no existir tal actuación estatal, se excluiría de uno de los elementos estructurantes de la responsabilidad como lo es la imputación.

Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que tampoco resulta aplicable al presente asunto el título de imputación de daño especial, dado que a pesar de que las lesiones causadas al señor Jhon Gabriel Posso se produjeron como consecuencia del estallido de un artefacto explosivo en el marco del conflicto interno, lo cierto es que no se probó que el Estado hubiese desplegado conducta alguna en la configuración de ese lamentable hecho, amén de que no existe prueba que permita determinar que la mina antipersona estuvo dirigida contra una institución o personalidad estatal, por lo cual forzoso resulta concluir que no resulta procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado bajo este título de imputación.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, concluye la Sala que en el caso sub examine no existe criterio de imputación que permita vincular la conducta o comportamiento de la demandada —Ejército Nacional— para con los actos o hechos que produjeron el daño, amén de que, según se precisó, se encontró configurada la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, circunstancia que impone a la Sala la necesidad de revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

5. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de abril de 2013; en consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

2 Según el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil: “El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 226. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance”. Respecto del contenido y alcance de la anterior norma legal, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos: (1) las calidades y condiciones del testigo de oídas; (2) las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; (3) la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas y (4) la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 21.521, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia proferida por esta Subsección el 12 de marzo de 2015, expediente 30.143, entre otras.

3 Artículo 1º, Ley 759 de 2002 “Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal”.

4 Si bien la Convención fue suscrita en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, quedó abierta a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de ese mismo año.

5 “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”.

6 Plan de acción de desminado humanitario 2014-2016, en http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-minedareas/Colombia-National_Mine_Action_Plan-2014-2016.pdf

7 https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/10MSP/10MSP-FinalReport-sp.pdf

8 Sistema de información recomendado por las Naciones Unidas para la gestión de los datos básicos acerca de los programas de acción integral contra minas antipersonal.

9 Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

10 La Ley 1421 de 2010, en su artículo 9º, otorga facultades al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, para adoptar las medidas necesarias sobre la base de los estándares internacionales y los principios humanitarios y reglamentar así las actividades de desminado humanitario adelantado por organizaciones civiles. El Decreto 3750 de 2011, que reglamenta el artículo 9º de la mencionada ley, establece la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario como el ente interinstitucional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de implementar y dirigir la ejecución de actividades de desminado humanitario realizadas por organizaciones civiles de desminado humanitario.

11 http://www.ejercito.mil.co/wap/index. (página web consultada el 15 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m.).

12 “El Batallón de Desminado Nº 60, presta asesoría técnica al Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en los temas relacionados con el desminado humanitario y cuenta con ocho pelotones conformado por 40 hombres casa uno, dedicados a desarrollar actividades de desminado humanitario en todo el país. A la fecha hemos concluido con éxito la destrucción de los 35 campos minados en los que se ha identificado riesgo de accidente por minas antipersonal o munición sin explotar. Cumpliendo a cabalidad antes del 1º de marzo de 2011, fecha límite impuesta por la Convención de Otawa para cumplir con los compromisos del artículo V”. http://www.ejercito.mil.co/wap/index. (página web consultada el 15 de febrero de 2017 a las 10:00 a.m.).

13 Mediante disposición 0029 del 6 de agosto de 2009, del Comando del Ejército Nacional se crearon y activaron unas unidades tácticas en la Brigada Especial de Ingenieros Militares, entre las cuales se encuentra el Batallón de Desminado “BIDE”.

14 http://www.ejercito.mil.co/wap/index. (página web consultada el 15 de febrero de 2017 a las 09:30 a.m.).

15 Decreto Reglamentario 3750 de 2011: “ART. 1º—El Gobierno Nacional realizará actividades de desminado humanitario en el territorio nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, y demás autoridades nacionales que tengan, o se les señala esa función, subsidiariamente, las organizaciones civiles podrán realizar las actividades de desminado humanitario que le sean asignadas por el Gobierno Nacional, conforme a este decreto”.

16 Ley 759 de 2002, artículo 6º.

17 Ley 759 de 2002, artículo 6º.

18 Ley 759 de 2002, artículo 13.

19 Ley 1448 de 2011, artículo 46, 137, 292, 293.

20 Decreto 4800 de 2011, artículo 89 y 166.

21 Joñas KNETSCH, “Le droit de la responsabilité et les fonds d'indemnisation - Analyse en droits frangais et allemand”, op-cit, pág. 108.

22 Decreto 56 de 2015, “Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la subcuenta del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, por parte de la subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT”, artículos 25 y 29.

23 Ley 1448 de 2011, artículo 47 y Decreto 4800 de 2011, artículo 102.

24 Decreto 4800 de 2011, artículo 27.

25 Decreto 4800 de 2011, artículo 124.

26 Ley 1448, artículo 52 parágrafo 2º y Decreto 4800 de 2011, artículo 87.

27 Ley 1448 de 2011, artículo 135 y Decreto 4800 de 2015, artículo 88.

28 Ley 1448 de 2011, artículo 189.

29 Ley 1448 de 2011, artículo 59.

30 Decreto 4800, artículo 91.

31 Decreto 4800, artículo 91, parágrafo 2º.

32 Decreto 4800 de 2011, artículo 95.

33 Decreto 4800 de 2011, artículo 95, parágrafo 1º.

34 Decreto 4800 de 2011, artículo 96.

35 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

36 “Artículo 149.

37 Decreto 4800 de 2011, artículo 97 y Decreto 56 de 2015, artículos 19 y 28.

38 Decreto 4800, artículo 149.

39 Decreto 56 de 2015, artículo 19 y 28.

40 Información tomada de la página web: http://www.dabeiba-antioquia.gov.co/index.shtml, el 14 de febrero de 2018, a las 12:10 p.m.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9.940, M.P. Jesús María Carrillo, reiterada en sentencias del 26 de marzo de 2008, expediente 16.530. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y la proferida por la Subsección A el 28 de septiembre de 2017, expediente 39.324, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre otras.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente 48.901, M.P. Carlos Zambrano Barrera.

43 Consultar por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 27 de julio de 2000, expediente 12.099, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 29 de agosto de 2007, expediente 15.494, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 8 de junio de 2011, expediente 20.328, entre otras.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015, expediente 32.912, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, reiterada por esta Subsección en sentencias del 23 de marzo de 2017, expediente 48.901, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y del 19 de julio de 2017, expediente 54.118, M.P. (E) Marta Nubia Velásquez Rico, entre otras.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 1996, expediente 11.221, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, T. 326, fls.154 a 165: “Es verdad que en reiteradas oportunidades la Sala ha manejado casos similares al presente, con la tesis de la falla presunta del servicio o, por vía indiciaría. Sin embargo, ni una, ni la otra pueden ser aplicadas al presente caso. En cuanto a la primera, porque no se acreditó que la granada era de dotación del ejército, y si bien es cierto es procedente, en algunos casos presumir la falla, no lo es, presumir la propiedad del arma (...) La Sala ha señalado que en la época de violencia que padece el país, en la cual con frecuencia se registran enfrentamientos de las fuerzas del orden con grupos al margen de la ley, no se puede desconocer que éstos últimos se encuentran fuertemente armados, y por ello, los daños ocasionados a la población pueden originarse en material de guerra-minas, granadas, municiones abandonados por uno u otro extremo, sin que por esto se pueda predicar que la Nación deba responder en todos los casos”.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 1996, radicación 10514, C.P. Daniel Suárez Hernández, T. 300, fls. 171 a 187: “El hecho de que en esa lucha [que adelanta el Estado contra la subversión] no se logre el objetivo buscado, no puede calificarse como falla del servicio por omisión. La noción de falla por omisión debe referirse a un hecho concreto que la administración se haya negado a cumplir a pesar del requerimiento que se le haya realizado para el efecto”.

47 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 20 de junio de 2017, expediente 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, radicado 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Este fue el título de imputación a partir del cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, radicado 9.266, M.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, radicado 10.920, M.P. Jesús María Carrillo.

49 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 20 de junio de 2017, expediente 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

50 CrIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 173 y, en similar sentido, consultar, Caso Masacre de Pueblo Bello, sentencia del 31 de enero de 2006, párrafo 123.

51 CrIDH, Caso Masacre de Pueblo Bello, sentencia del 31 de enero de 2006, párrafo 123.

52 Claudio Nash Rojas, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos, Segunda Ed, Santiago de Chile, 2009, pág. 30.

53 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 20 de junio de 2017, expediente 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1991, expediente 6.453, M.P. Daniel Suárez Hernández, jurisprudencia reiterada de forma reciente por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 20 de junio de 2017, expediente 18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, expediente 21.515, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de agosto 23 de 2012, radicación 23219, M.P. Hernán Andrade Rincón.