Sentencia 2011-00493 de agosto 31 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 680011102000201100493 01

Aprobado según acta 082

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto el treinta e agosto de dos mil once.

Bogotá. D.C., treinta y uno de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Por disposición de los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 dispone en su inciso segundo que “(...) El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...). Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”.

Cambio de posición jurisprudencial. De antaño, quien funge como ponente en el trámite de las acciones de tutela, venía dando pleno acatamiento a lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, razón por la cual, luego de revisar la naturaleza jurídica de la entidad accionada y si no hacía parte de aquellas autoridades públicas del orden nacional, procedía a decretar la nulidad de lo actuado por violación al debido proceso.

Lo anterior en consideración a que no puede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander ni esta superioridad contravenir la máxima universal del debido proceso y concretamente la del juez natural, asumiendo el conocimiento de la tutela y su respectivo fallo, en tanto, determina la nulidad de la actuación, pues “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (resaltado fuera de texto), según lo advierte el artículo 29 de la Constitución Política.

Y es que siendo el debido proceso el conjunto de garantías(21) establecidas por el constituyente en favor de las partes y terceros con interés, es deber del juez de tutela velar por la conservación del mismo a fin de no transgredir sus derechos, pues de lo contrario se erige en causal de nulidad al tenor de lo consagrado en el numeral segundo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil(22).

En este orden de ideas, en el caso sub examine, habiendo sido demandado el municipio de San Juan de Girón y su secretaría de educación como directos responsables de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de educación de preescolar, básica y media a su población, no podía asumirse el conocimiento por esta Sala, en tanto solo le incumbe conocer de las tutelas contra las entidades nacionales directamente vinculadas con la vulneración de derechos fundamentales, no zonales, departamentales, regionales o municipales, por lo tanto, la competencia, conforme al numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, correspondería a los jueces municipales.

Sin embargo, se itera esta posición jurisprudencial, que ha sido esgrimida en radicados tales como 110011102000201100301 01, 760011102000201100018 01, 110011102000201000145 01, 660011102000201000155 01, entre otros, será replanteada, por las siguientes razones:

En esta superioridad se ha venido abriendo paso la teoría de la abolición de formas que entraben la administración de justicia, concebida para que sea célere, eficiente y eficaz, especialmente, cuando de acciones de tutela se trata, dejando a un lado las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000 y por ende ha optado por asumir el conocimiento de las mismas, sin importar la naturaleza jurídica de la entidad accionada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 Superior y al hecho de que tales reglas, que no tienen un fin distinto al de “racionalizar y desconcentrar el conocimiento de la acción de tutela”(23), no pueden desnaturalizar dicha acción constitucional impidiendo que sea resuelta en los términos perentorios dados por la Constitución y la ley.

En este sentido, la Corte Constitucional, ha señalado que, “...Siendo entonces la garantía de los derechos fundamentales un principio rector del Estado social de derecho, no cabe duda de que toda traba en la protección de los mismos debe ser inaplicada...”(24).

Luego entonces, a voces del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela puede interponerse “ante los jueces”, sin distinción alguna, razón por la cual todos los jueces de la República son competentes para conocer de la misma y por tal razón se emitirá pronunciamiento de fondo en el asunto de la referencia.

Asunto concreto. La señora Sandra Milena Zabala Calderón, actuando en nombre y representación de sus menores hijos Marcos Elías y Shirley Juliana Ángulo Zabala, interpuso acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Girón (Santander), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, vida digna, entre otros y por ende solicitó que se ordene a dicho ente territorial mantener a los menores en el mismo colegio privado donde venían estudiando, previa contratación con el mismo, así como garantizar la continuidad y permanencia emocional, sicológica y mental de los niños.

Lo anterior en consideración a que los dos menores están matriculados en el Colegio San Juan Bosco, en el grado octavo de bachillerato, en virtud del convenio educativo suscrito entre el municipio de Girón y el Banco de Oferentes, iniciando clases en enero de 2011, sin embargo en el mes de mayo del año en curso, “nos llego una carta de allá de la alcaldía diciéndonos que no iban a seguir con la contratación...” y de esta forma se vulneró el principio de la confianza legítima.

Así las cosas, esta Superioridad procederá a analizar los elementos de juicio recaudados, para establecer si se está ante una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales de los hijos menores de la accionante, para proceder a confirmar o revocar el fallo impugnado por la Alcaldía Municipal de Girón (Santander).

Para tal efecto, esta Sala considera necesario abordar los siguientes aspectos:

— De la procedencia de la acción de tutela

— De los derechos de los niños en nuestro ordenamiento jurídico. Carácter prevalente y fundamental.

— Del derecho a la educación. Núcleo esencial.

— Continuidad, permanencia y calidad del derecho a la educación.

— Del principio de confianza legítima

Procederá a realizar el análisis de manera independiente, sobre los citados aspectos, veamos:

1. Procedencia de la acción de tutela.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, cualquier persona tiene la posibilidad de promover la acción de tutela cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados, de tal forma que pueda presentarla por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre.

Lo primero que hace el juez de tutela, es determinar si conforme al artículo 6º del Decreto 2591 de 1991(25), la acción que se estudia en autos es procedente o no, antes de entrar al fondo del asunto debatido, test de procedibilidad respecto del cual se habilitaría la competencia para amparar o negar la protección de derechos fundamentales, pues de determinarse existencia de causal de improcedencia, se releva al juez constitucional de profundizar sobre el tema objeto de debate.

Así las cosas, es evidente que en el presente caso, la accionante no cuenta con otro mecanismo judicial por medio del cual, reclame la protección de los derechos fundamentales de sus menores hijos, toda vez que no existe acto alguno emitido por la administración en el que se ordene la desvinculación del colegio accionado, como para predicar que pueda acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en cualquiera de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Por otro lado, adviértase que no se atacan derechos colectivos, pues aunque son varios los niños que se encuentran en las mismas condiciones de los hermanos Ángulo Zabala, adviértase que la madre accionante se limita a deprecar la protección de los derechos de sus menores hijos.

Y es esta misma la razón por la cual no puede alegarse que se está atacando un acto particular, general y abstracto, porque si bien se están cuestionando los criterios y procedimientos para prestar el servicio público educativo en el municipio de Girón, también lo es que dichas decisiones afectaron el caso particular de los menores Marco Elías y Shirley Juliana Ángulo Zabala, toda vez que al no renovar o suscribir un nuevo contrato con el Colegio San Juan Bosco, se verían obligados a matricularse en otro establecimiento educativo y por ende afectaría su condición personal y este hecho, a juicio de la accionante, vulnera sus derechos fundamentales.

En suma, la presente acción de tutela se torna precedente.

2. De los derechos de los niños. Carácter prevalente y fundamental.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, los niños y niñas se convirtieron en sujetos de especial protección para el Estado colombiano, pues a sus derechos se les dio el carácter de fundamentales y prevalecen sobre los derechos de los demás, en efecto el artículo 44 de dicho texto, reza:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores” (resaltado nuestro).

Por tal razón, se consagró como principio de interpretación al momento de resolver los conflictos en los que estén involucrados los menores de edad, el denominado interés superior del niño, el cual, se materializa en nuestro ordenamiento jurídico, a través del citado mandato constitucional, en el que se ordena brindarles una especial y reforzada protección, razón por la cual, será deber de las autoridades y de los particulares ceñirse a dicho principio, debiendo prevalecer en todo momento su asistencia y protección.

Sobre el particular, la guardiana de la Constitución ha señalado:

“...en relación con el interés superior del menor, la Corte precisó, las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección, deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos...”(26).

También por vía jurisprudencial se ha establecido que deben respetarse los siguientes criterios, para la protección de los derechos e intereses de los menores, en aras de lograr su desarrollo armónico e integral, tales son:

• Prevalencia del interés del menor.

• Garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere.

• La previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable y en condiciones de libertad y dignidad(27).

Dicha corporación, ha aclarado que, “...la determinación del interés superior del menor debe atender a una “cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado”(28). Para definir esta ponderación, es necesario, entre otras cosas, satisfacer lo que la Corte ha denominado como “El Equilibrio entre los derechos de los niños y los de sus parientes, sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor...”(29).

Por su parte, los diferentes instrumentos internacionales, que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico ubicados en el bloque de constitucionalidad, también disponen que a los diferentes Estados les corresponde dar prevalencia a los derechos de los niños y brindarles una Especial protección. Así:

En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra que, “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales” (art. 25 num. 2º). Igualmente, la Declaración de los Derechos del Niño(30), señala que, “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño...” (Resaltado nuestro)

En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, se establece que todos los niños tienen “derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado” (art. 24).

Y en la Convención internacional sobre los derechos del niño(31), se reconoce que, por sus condiciones particulares, el niño es un ser humano en estado de inmadurez física y mental que necesita “protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que los niños constituyen un grupo de atención especial, al cual deben dirigirse políticas proteccionistas, para garantizar la efectividad de sus derechos.

Así las cosas, en nuestro ordenamiento jurídico, ocupan un lugar preponderante los derechos de los niños, y por tal razón, estos deben primar en la resolución de los conflictos en los que se encuentren involucrados, lo anterior en virtud del denominado, interés superior del menor.

Como medio para lograr la materialización de dicha protección efectiva a los niños y niñas, el legislador expidió la Ley 1098 de 2006 —Código de la Infancia y la Adolescencia—, cuyo objeto es “establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado” (art. 2)

Y obliga a dar a los destinatarios de esa norma(32), una protección integral, la cual es definida como “la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos” (art. 7).

Dicha normativa también se refiere al interés superior de los niños, niñas y adolescentes (art. 8º(33)) y a la prevalencia de sus derechos (art. 9º(34)).

En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico, no solo por mandato Constitucional, sino también legal, obliga al Estado, la sociedad y a la familia a proteger a los niños y niñas, respetando sus derechos, los cuales están clasificados como fundamentales, y dando prevalencia a sus intereses, cuando estén en pugna con los de cualquier otra persona.

3. Del derecho a la educación.

La Corte Constitucional ha considerado, de forma reiterada y consistente, que el derecho a la educación es un derecho fundamental, inherente a la persona humana, de aplicación inmediata y objeto de protección a través de la acción de tutela.

Y tal como se reseñó en precedencia, el artículo 44 Superior, enlista como uno de los derechos fundamentales de los niños, el de educación.

Por vía jurisprudencial, dicha corporación(35) ha definido las características de este derecho, así:

“i.) La educación por su naturaleza fundamental, es objeto de protección especial del Estado; de ahí que, la acción de tutela se estatuye como mecanismo para obtener la respectiva garantía frente a las autoridades públicas y ante los particulares, con el fin de precaver acciones u omisiones que impidan su efectividad.

ii.) Es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 26, 13 y 16), así como de la realización de distintos principios y valores constitucionalmente reconocidos, referentes a la participación ciudadana y democrática en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, al pluralismo, a la tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la convivencia ciudadana y a la paz nacional.

iii.) La prestación del servicio público de la educación se erige, como consecuencia de las anteriores características, en fin esencial del Estado social de derecho colombiano.

iv.) El núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”(36), así como de permanecer en el mismo(37).

v.) Por último, en virtud de la función social que reviste la educación, se configura como derecho-deber y genera obligaciones recíprocas entre los actores del proceso educativo”.

Es decir, dicho derecho no se limita a que los ciudadanos tengan acceso a un servicio educativo, sino que se debe garantizar su permanencia en el mismo, así como una formación adecuada, en atención a que la educación constituye una elemental herramienta para que el individuo se proyecte en la sociedad y además, facilita la realización de sus demás derechos.

Por otro lado, es necesario precisar que además de ser un derecho fundamental, la educación es un servicio público, siendo entonces deber del Estado garantizar una permanente y eficaz prestación del mismo.

En efecto, la Constitución Política en su artículo 67, consagra:

“ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.

Así las cosas, la educación es un servicio público, que debe ser prestado de forma permanente y eficiente por parte del Estado, garantizando su acceso a todos los ciudadanos en iguales condiciones, toda vez que por mandato constitucional, todas las personas son titulares de este derecho, sin distinción alguna y con la misma calidad para todos, sin que las condiciones socioeconómicas o personales tengan alguna incidencia en su prestación, ello como plena garantía del derecho a la igualdad de oportunidades.

De acuerdo a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional(38), el derecho a la educación, comprende:

1. El derecho a la disponibilidad, que consiste en la existencia de un sistema educativo público que garantice una planta mínima de docentes que alcance para cubrir las necesidades de educación de todo niño;

2. El derecho al acceso que consiste en la posibilidad que el Estado debe garantizar a todo niño, de acceder a la educación pública, básica, obligatoria y gratuita;

3. El derecho a la calidad que consiste en que las condiciones en que se presta el servicio de educación, le garantice al estudiante alcanzar los objetivos y fines suficientes para producir conocimiento o desarrollar un trabajo, independientemente de sus condiciones socio-económicas.

4. Continuidad, permanencia y calidad del derecho a la educación.

Al constituir un derecho y una necesidad de los coasociados, la materialización del derecho a la educación, por su carácter de servicio público, requiere que su prestación deba ser permanente y continúa por parte del Estado, ello en aras de garantizar el bienestar de la comunidad, por tal razón su interrupción debe ser excepcional y justificada.

La administración no puede dejar a un lado que uno de los fines del Estado, es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y que las autoridades están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. La educación genera una contraprestación a cargo del Estado que consiste en asegurar el adecuado cubrimiento del servicio público educativo. Esta prestación debe realizarse de manera permanente, tal como lo dispone el artículo 70 Superior, cuando consagra como deber del aparato estatal “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional...” (Resaltado nuestro).

Así las cosas, el derecho a la educación comprende un adecuado cubrimiento del servicio, para que se asegure a los infantes su acceso y permanencia en el sistema, como lo dispone el artículo 67 de la Carta. Por lo que la continuidad es un requisito indispensable para que esa permanencia se materialice, es decir, cuando por mandato Constitucional, se protege el derecho a la educación, dicha protección incluye las condiciones mínimas que lo hacen posible, incluidas aquellas obligaciones prestacionales por parte del Estado para la efectivización del derecho.

5. Del principio de confianza legítima.

La Corte Constitucional definió dicho precepto como la imposibilidad de que la administración ejerza sus potestades, defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan, el cual se encuentra fundado en los principio de buena fe, seguridad jurídica y respeto al acto propio. Según dicha corporación, este principio, es “éticamente deseable y jurídicamente exigible” y pretende proteger a los administrados frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades(39).

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos procede esta corporación a analizar el asunto sub examine:

En primer lugar, se tiene que el municipio de Girón (Santander), por expreso mandato legal, y en virtud de la descentralización de que fue objeto la educación en nuestro país, es la entidad encargada de “prestar el servicio público de la educación a través del sistema educativo oficial”(40).

Además, de acuerdo con lo informado por la gobernación de Santander, dicho municipio fue certificado a partir de enero de 2003, y por ende es el que está llamado a responder por el adecuado cubrimiento de los servicios educativos estatales y asegurar su prestación eficiente a todos sus habitantes, así como de la ampliación en forma progresiva de la cobertura del sistema educativo.

En virtud de dichas facultades conferidas por la ley, y ante la insuficiencia para prestar el servicio educativo en los establecimientos estatales de su jurisdicción, tiene la potestad de hacer uso de mecanismos tales como la contratación de prestación del servicio público educativo, en los precisos términos señalados en el Decreto 2355 de 2009.

Para poder realizar dicha contratación, deben reunirse los siguientes requisitos:

a) Realizar un estudio que demuestre la insuficiencia en los establecimientos educativos del Estado y, en consecuencia, la necesidad de la contratación. Este estudio deberá realizarse previamente a la conformación o actualización del Banco de Oferentes y a la celebración de los contratos y con base en los resultados de la planeación de cobertura y de la proyección de cupos, en los términos establecidos en la resolución de matrícula expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

b) Garantizar que, en desarrollo de la contratación que realicen, se preste el servicio educativo formal durante todo el año lectivo y se ofrezcan en su totalidad los programas curriculares y planes de estudio de los niveles y grados determinados en el proyecto educativo institucional (PEI) o en el proyecto educativo comunitario (PEC).

c) Establecer oportunamente el listado de los niños, niñas y jóvenes que serán atendidos en desarrollo de cada contrato. La relación de estos estudiantes deberá ser remitida a cada contratista debidamente firmada por el secretario de educación de la respectiva entidad territorial certificada y hará parte integral del contrato que se suscriba. (D. 2355/2009, art. 8º).

Siendo pertinente aclarar que dichos contratos son suscritos solamente por el término de un año lectivo (art. 12).

Aunado a lo anterior, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, a través de la Directiva Ministerial 24 del 18 de noviembre de 2009(41), “es fundamental que la planeación contractual de la prestación del servicio educativo sea preliminar al inicio del calendario académico garantizando oportunamente el acceso y la permanencia de los estudiantes” y antes de realizar dicha contratación, debe contarse con la aprobación previa favorable de dicha cartera del estudio de insuficiencia realizado por el ente territorial.

En este orden de ideas y en ejercicio de dicha facultad, el municipio de Girón viene suscribiendo contratos de prestación de servicios educativos desde el año 2005 con instituciones de carácter privado, las cuales hacen parte de un Banco de Oferentes, creado mediante la Resolución 926 de mayo 18 de ese año, lo que ha permitido que los menores que no pudieron obtener un cupo en un colegio público, fuesen atendidos directamente en los privados contratistas.

Los alumnos que han resultado beneficiarios de esta contratación han sido los siguientes(42):

AñoEstudiantes matriculados
20075.447
20085.416
20092.301
20103.728

De esta manera, en el año 2010, se suscribió el contrato de prestación del servicio educativo 197 cuya finalidad era la siguiente:

“El objeto del presente contrato es la prestación del servicio educativo a los estudiantes beneficiarios relacionados en el anexo No. 1, en el establecimiento educativo Colegio San Juan Bosco, dando estricto cumplimiento a las normas que regulan la educación y la prestación del servicio educativo en Colombia. El servicio se prestará en las condiciones y modalidades definidas entre las partes, y en ausencia de ellas en las mismas condiciones en las cuales se presta el servicio a los demás estudiantes matriculados al respectivo establecimiento educativo con sus propios recursos”.

Contrato que tenía como término de duración el año lectivo 2010 (diez meses), y en el listado anexo de beneficiarios de dicho convenio, se encontraban los hermanos Ángulo Zabala, quienes cursaron sus estudios en el Colegio privado San Juan Bosco del municipio de Girón, terminando sus clases en el mes de diciembre.

En ese momento, el gobierno del citado municipio no tenía definido si realizaría una nueva contratación con el banco de oferentes para el año 2011, pues en varios medios de comunicación publicó que no se suscribiría contrato de prestación de servicios educativos, toda vez que se habilitarían 3.200 cupos oficiales, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento de los mega colegios “Ciudadela Nuevo Girón” y “Facundo Navas de la Esmeralda”. Noticia que fue publicada desde el 14 de diciembre de 2010, en el diario “Vanguardia Liberal”, reiterada el 26 de enero, 29 de abril y 4 de mayo de 2011.

Por otro lado, y de forma simultánea, esto es, en el mes de diciembre de 2010, presentó al Ministerio de Educación, un estudio de insuficiencia, en aras de obtener la aprobación previa favorable y de esta forma realizar un nuevo contrato para el año 2011.

Ante tal incertidumbre, de acuerdo con lo informado por el plantel educativo y por la misma accionante, los hermanos Ángulo Zabala iniciaron clases nuevamente el 11 de enero de 2011 (calendario escolar académico 2011), para tal efecto se matricularon y han cursado ininterrumpidamente sus estudios en el grado octavo de bachillerato, tal como lo certificó el citado plantel educativo, pero en el mes de mayo el gobierno municipal les informó que no se suscribiría contrato de prestación de servicios educativos con el Banco de Oferentes y que debían matricularse en un Colegio Oficial, pues la cobertura se había ampliado.

Anterior situación que evidencia la falta de organización por parte del pluricitado ente territorial, que a pesar de estar obligado a realizar una planeación contractual de la prestación del servicio educativo de forma preliminar al inicio del calendario académico, en mayo de 2011 no había definido la necesidad de realizar un nuevo contrato, es decir, cuando ya había transcurrido medio periodo escolar.

Circunstancia que a todas luces se torna vulneradora de los derechos fundamentales de los menores hijos de la accionante, quienes han resultado afectados con dicha irregular situación administrativa del Municipio accionado, viendo amenazado su acceso y permanencia en el sistema educativo, desconociendo de esta forma los mandatos Constitucionales y legales reseñados al inicio de estas consideraciones.

Y es que si bien, el municipio suscribió el contrato 197 para garantizar el servicio educativo a varios menores durante el año 2010, incluidos los hermanos Ángulo Zabala, lo que les permitió desarrollar de forma completa y permanente sus estudios en ese período escolar, no realizó las gestiones necesarias para garantizarles la permanencia en el colegio donde venían realizando sus estudios para el presente año, lo cual, debió haberlo planeado con la suficiente anticipación.

Olvidando el ente territorial accionado que todo proceso de contratación debe estar precedido de la planeación, la cual empieza en el momento mismo en el que se estudia y evalúa la forma de satisfacer una necesidad específica, en este caso, la educación, en cumplimiento de sus fines constitucionales. Para ello debe contarse con una visión clara de los planes y programas del municipio.

En consecuencia, la planeación constituye la base fundamental del contrato y del proceso contractual que le da origen, permitiendo con ello que se ajuste a las necesidades de la entidad y que este se convierta en el instrumento para el cumplimiento su misión.

En este orden de ideas, estando demostrado que durante los últimos cinco años, la demanda educativa oficial ha sido mucho mayor a la oferta de cupos en los colegios públicos, lo que ha obligado al ente territorial a suscribir de forma sucesiva contratos de prestación con el Banco de Oferentes, es necesario que se adopten las medidas necesarias para que dicha contratación se haga de forma oportuna y siguiendo los parámetros fijados en la ley.

Anterior circunstancia que implica que los estudios de insuficiencia se realicen con la antelación suficiente, para que antes del inicio del período escolar se cuente también con el concepto previo favorable que debe brindar el Ministerio de Educación Nacional y de esta forma los contratos se suscriban oportunamente y no a mediados de año.

Ciertamente la contratación no puede realizarse de forma ligera y debe cumplir con los requisitos previstos en la ley y con los parámetros fijados por el Ministerio de Educación Nacional, pero tal circunstancia no puede constituir una patente de corso para que se vulneren los derechos fundamentales de los niños que necesitan el servicio educativo de dicho municipio.

Además, es evidente que el Gobierno Municipal de Girón no ha respetado tales parámetros, pues aunque a los hermanos Ángulo Zabala no se le has excluido en momento alguno del sistema educativo, sí han tenido que soportar la desorganización y falta de planeación del ente territorial, lo cual ha amenazado la permanencia, eficiencia y acceso de su derecho a la educación.

Por lo que se encuentra demostrada la vulneración al derecho a la educación de los hijos de la accionante, en la faceta de permanencia, así como de los Principios de buena fe, confianza legítima y debido proceso, toda vez que el municipio de Girón informó de manera extemporánea a los padres de familia la no continuidad de la contratación y desconoció los parámetros fijados en la ley para la prestación de dicho servicio, acto que constituye un irrespeto a tal derecho fundamental.

En este orden de ideas, siguiendo el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-698 de 2010(43), se concederá la acción de tutela para proteger el derecho de los hermanos Ángulo Zabala a permanecer en la institución educativa en la cual vienen estudiando, hasta que la Secretaría de Educación de Girón pueda modificar su situación particular, sin vulnerar los principios de buena fe y confianza legítima y aplicando el principio de progresividad y respetando el derecho al debido proceso, lo que incluye respetar los tiempos de antelación establecidos en la Directiva Ministerial 24 de 2009, según la cual, la planeación contractual debe ser previa a la iniciación del calendario académico.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991(44) , esta superioridad prevendrá a la Alcaldía del Municipio de Girón para que de forma organizada y planificada establezca con anterioridad al inicio de cada año lectivo, si existe insuficiencia para prestar el servicio educativo en los establecimientos estatales de su jurisdicción, tal como lo dispone la Directiva Ministerial 24, y de esta forma, a más tardar en el mes de diciembre de cada año tenga plenamente definido si se va a realizar contrato de prestación de servicios educativos con el Banco de Oferentes, respetando de esta forma, los principios de buena fe y confianza legítima.

Además, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2355 de 2009(45) y a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, referente a garantizar la continuidad del servicio educativo, el municipio de Girón, en el evento de que no cuente con disponibilidad de cupos en los colegios oficiales para los estudiantes que en la vigencia anterior eran beneficiarios del servicio contratado, deberá suscribir nuevo contrato con el lleno de los requisitos y exigencias previstas en la ley, garantizándole a estos mismos estudiantes la continuidad y permanencia y en las instituciones educativas donde venían realizando sus estudios de forma eficiente. Respetando entonces, el listado de estudiantes anexo a cada uno de los contratos previamente suscrito, claro está con la anuencia del ministerio del ramo a quien con la debida antelación pondrá los requerimientos del caso.

Dando de esta forma aplicación al principio de Progresividad y respetando el derecho al debido proceso, para ello, la planeación contractual debe ser previa a la iniciación del calendario académico.

Por lo expuesto en precedencia, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones señaladas en las anteriores motivaciones.

2. En consecuencia ORDENAR a la Secretaría de Educación de San Juan Girón garantizar la permanencia de los hermanos Marco Elías y Shirley Juliana Ángulo Zabala en el Colegio San Juan Bosco de ese municipio. Advirtiéndole que su situación particular solo podrá ser modificada antes de la iniciación del calendario escolar y sin vulnerar los principios de progresividad, buena fe, confianza legítima y debido proceso.

3. PREVENIR a la Alcaldía Municipal de San Juan Girón, para que se abstenga de adoptar medidas regresivas y vulneratorias del derecho a la estabilidad y permanencia en la educación de niños residentes en su jurisdicción, como la que originó las presentes diligencias, debiendo realizar la planeación contractual previamente a la iniciación del calendario académico, y de esta forma, a más tardar en el mes de diciembre de cada año tenga plenamente definido si se va a realizar contrato de prestación de servicios educativos con el Banco de Oferentes, en los términos previstos en la parte motiva de esta decisión.

4. ADVERTIR a la Alcaldía Municipal de San Juan Girón que en el evento de que no cuente con disponibilidad de cupos en los colegios oficiales para los estudiantes que en la vigencia anterior eran beneficiarios del servicio contratado, deberá suscribir nuevo contrato con el lleno de los requisitos y exigencias previstas en la ley, garantizándole a los mismos estudiantes la continuidad y permanencia en las instituciones educativas donde venían realizando sus estudios de forma eficiente. Respetando entonces, el listado de estudiantes anexo a cada uno de los contratos previamente suscritos.

5. SÚRTANSE las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

6. Una vez notificada la presente sentencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese y comuníquese a las partes en los términos de los artículos 16 del decreto en cita y 5º del Reglamento 306 de 1992 y cúmplase».

(21) Entre ellas las formas propias del juicio y el juez natural

(22) “...Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

Cuando corresponda a distinta jurisdicción

Cuando el juez carece de competencia”.

(23) Corte Constitucional, Auto 153-09 M.P. Juan Carlos Henao Pérez

(24) Ibídem

(25) “ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto».

(26) Sentencia T-397 de 2004

(27) Sentencia C- 1003 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.

(28) Sentencia T-408 de 1995 y T-808 de 2006.

(29) Sentencia T-408 de 1995 y T-808 de 2006.

(30) Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.

(31) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

(32) Todas las personas menores de 18 años.

(33) “ART. 8º.—Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.

(34) “ART. 9º.—En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”.

(35) Sentencias T-974 de 1999 y T-925 de 2002

(36) Ver la Sentencia T-534 de 1997.

(37) Ver la Sentencia T-329 de 1997, entre otras.

(38) Sentencia T-698 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(39) Ibídem.

(40) Ley 715 de 2001. Artículo 27

(41) “Para la viabilidad jurídica de la contratación de la prestación del servicio educativo efectuada por las entidades territoriales certificadas, es necesario que de manera previa al inicio de apertura del proceso de contratación reglamentado en el Decreto 2355 de 2009, el Ministerio de Educación Nacional haya aprobado el estudio de insuficiencia que evidencia la limitación para la prestación del servicio educativo en los establecimientos oficiales de su jurisdicción, de conformidad con las etapas del proceso de matrícula establecidas en la Resolución 5360 de 2006”.

(42) Información Suministrada por el Ministerio de Educación Nacional.

(43) M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(44) “ART. 24.—Prevencion a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o este se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión”.

(45) “ART. 13.—Continuidad en la prestación del servicio y continuidad del contratista. A los estudiantes beneficiarios del servicio contratado se Ies deberá garantizar la continuidad del servicio educativo, sin que ello implique que el contratista adquiere derecho alguno a continuar el contrato más allá de su vigencia inicial. En consecuencia, solo se podrá recurrir, en cada vigencia, a la modalidad de contratación de la prestación del servicio educativo, cuando no se pueda ofrecer disponibilidad de cupo en un establecimiento educativo oficial a los estudiantes que en la vigencia anterior eran beneficiarios del servicio contratado.

La entidad territorial certificada conservará la facultad, en todo caso, de no prorrogar ni suscribir un nuevo contrato, así como la de terminar uno existente, de acuerdo con las normas vigentes”.